¿Estado de Derecho?

El Derecho y la Justicia de José Clemente Orozco.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución... y las leyes que de ella emanen... y si así no lo hiciere que la nación me lo demande."

Juramento presidencial, artículo 87 de la Constitución.

"En el laberinto de las leyes, el individuo aislado sólo puede defender sus derechos si sale al encuentro de las pretensiones burocráticas totalistas del estado incorporado a una de las organizaciones establecidas con esta finalidad."
"El hombre tiene valor sólo como miembro de una asociación, ahora bien, como ha indicado Theodor Eschyenburg, estas asociaciones se convierten cada vez más en un estado dentro de otro estado. Las guía el impulso de llegar a apoderarse de los puestos clave del aparato estatal."

Hermann Glaser, "Introducción a la Cultura Contemporánea".

"Los costos de no observar las leyes son siempre mayores que los de hacerlas cumplir."

Rosendo Fraga, Centro de Estudios de la Nueva Mayoría, Buenos Aires.

"Sólo los estados fuertes son capaces de establecer un marco de derechos individuales efectivos. Cuando el estado es incapaz de hacerlos cumplir, las garantías de las personas se convierten en buenos deseos consignados en libros decorativos llamados constituciones."

José Antonio Aguilar Rivera, en su ensayo "La soga y la razón".

"Conforme al modelo teórico del Estado de Derecho en que está organizado nuestro país, las autoridades quedan facultadas para hacer lo que la ley les permite; en sentido contrario, no pueden realizar aquello para lo que no están expresamente creadas."

Alberto Espinosa

"Somos esclavos de las leyes para poder ser libres."

Marco Tulio Cicerón

"Todo delito no castigado engendra una familia de delitos."

Marcela Gómez Zalce

"La ley, sin la fuerza, es impotente."

Blaise Pascal

"(A México), para no decir una palabra muy fea, le falta voluntad masculina para hacer cumplir sus propias leyes."

Jeffrey Davidow, exembajador de Estados Unidos en México

"Los norteamericanos son libres de no estar de acuerdo con la ley, pero no de desobedecerla; porque en un gobierno de ley, y no de los hombres, ninguno, por importante y poderoso que sea, ni ninguna chusma, por más ingobernable y alborotadora, tiene derecho a desafiar a un tribunal de ley."

John F.Kennedy

"Es una ilusión creer que podemos para siempre reclamar para nosotros lo que le negamos a los demás."

Bill Clinton, expresidente estadounidense

"Hasta que se respeten la Constitución, las leyes y el estado de derecho, podrá ser México un país pacífico y próspero."

Ana María Salazar Slack, académica del ITAM

"México sufre un mal endémico e histórico, las instituciones y los medios que están a disposición del estado mexicano han sido insuficientes para hacer valer el estado de derecho."

Ernesto Zedillo, expresidente mexicano (1994-2000)

"La fuerza cuyo empleo autoriza la ley, no es violencia."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Para Tomás Hobbes (1588-1679), su utilidad como protector de la vida y la propiedad de los ciudadanos es la razón de ser y justificación última del estado. Sin la fuerza estatal, el hombre no tendría más remedio que vivir en el 'estado de naturaleza', cuyas características centrales son la violencia generalizada y la imposibilidad de la vida civilizada. Por eso, la autoridad que falla en su obligación de proveer seguridad pierde su razón de ser."
"El enfoque hobbsiano es descarnado, pero no es fácil argumentar en contra de la propuesta que ve en la fuerza la esencia del estado. Max Weber (1864-1920) lo enunció así: 'el estado es la asociación que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia y no puede ser definido de ninguna otra forma'. Ahora bien la formulación anterior no evita que dentro de cada estructura estatal existan actores que niegan legitimidad al orden existente y proponen un discurso alternativo, como ocurre con los revolucionarios. En contraste, la delincuencia común desde siempre ha retado al estado y a la sociedad, pero sin justificar de manera teórica su desafío; el criminal simplemente se dedica a lo suyo y listo."

Lorenzo Meyer

"Después de la batalla por la ley, viene la batalla porque se cumpla. Lasciate oggni speranza. Al parecer hemos entrado a los linderos de La Cosa mexicana, donde por un lado se tienen leyes buenas o malas, según se vea, y por el otro esas leyes se cumplen o no, según se quiera."

Héctor Aguilar Camín

"En todas partes escuchamos pronunciamientos de respeto a la Constitución. La verdad es que solamente nos hemos dedicado a honrarla, no a cumplirla."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Las leyes en este país están hechas para ser atropelladas, para ser aplicadas sólo si así conviene a la clase gobernante."

Genaro Lozano, académico del ITAM y de la UIA

"Vivimos en pleno Estado de Derecho. Resígnate: si no tienes mucho dinero para conseguirte un buen abogado, o si no eres alto funcionario, te va a ir mal. Resígnate: la ley es dura, pero está tarifada."

Carlos Monsiváis

"¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo dormirá la justicia en nuestro país? Decía Almafuerte: no pidas nada, pero si vas a pedir, pide justicia, aunque sería mejor que no pidieras nada."

Germán Dehesa

"Corre, ve y dile al politicastro de turno que te consiga un empleo, que te quite el hambre y que le dé de comer a tus hijos y te darás cuenta de que el texto constitucional está plagado de publicidades muy engañosas."

Román Revueltas Retes

"Los mexicanos no creen en la ley porque con frecuencia es utilizada para favorecer al poderoso. Es una tragedia porque no hay democracia posible sin legalidad. Pero esa es una perniciosa herencia de abuso que duerme en las capas más profundas del alma nacional (Paz dixit)."

Federico Berrueto

"Una de las principales deudas que tiene el Estado Mexicano con sus ciudadanos, es la de una verdadera justicia, que les de certidumbre jurídica, tanto en su patrimonio, como en la propia convivencia social."

Eduardo Medina Mora, procurador general de la República

"Rayito dice que éste es el país de los 'ricos y poderosos'. Pues no. Es el paraíso de las pandillas."

Román Revueltas Retes

"México es un país a la medida de chantajistas de todo pelaje."

Román Revueltas Retes

"Una revisión al sistema que imparte la justicia no estaría de más, porque todos sabemos que siempre se emite el fallo a favor del que más tiene."

Martha González Escobar, divulgadora científica de la Universidad de Guadalajara

"El que hace la ley hace la trampa."

Eduardo García Máynez

"El estado de derecho no existe en México desde tiempos ya casi inmemoriales."

Pablo Gómez, senador perredista

"Muchos somos buenos para exigir nuestros derechos, pero pocas veces aceptamos nuestras obligaciones."

Juan Pablo Ferreira Santillán, agente de tránsito de Guadalajara

"Los problemas no se resuelven por el solo hecho de aprobar una ley. Cuando hacemos de la ley un símbolo y objeto de irracionales esperanzas, estamos convirtiendo el derecho en brujería."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"El estado de derecho es el Talón de Aquiles de México."

Ernesto Zedillo, expresidente de México

"Es tal la exasperación ciudadana en nuestro país por el engaño y la ineficacia de la autoridad en el combate a la delincuencia organizada, que más que un sistema de justicia, la opinión pública parece apelar a un sistema de venganzas."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Todo el mundo conoce o ha oído hablar de la majestad de la ley. Está dentro del poder del estado el controlar a la organización política que permite la existencia de la civilización. Eso es cierto. Sin el imperio de la ley todos estaríamos perdidos. Pero recuerden siempre que la ley también está llena de mierda. Yo puedo esquivar cualquier ley que ustedes promulguen. Se puede retorcer la ley, deformarla, para servir a una civilización corrompida. El rico puede escapar a la ley y, a veces, hasta el pobre tiene suerte en ello. Algunos abogados tratan la ley como los chulos tratan a sus mujeres. Los jueces venden la ley, y los tribunales la traicionan. Todo eso es cierto. Pero no disponemos de nada que funcione mejor. No existe otra forma de establecer un contrato social con nuestros semejantes."

Mario Puzo, "La cuarta K"

"La tarea más importante del estado es cumplir y hacer cumplir la ley. Es lo primero a lo que nos comprometemos los gobernantes. Y en esto el gobierno federal es absolutamente claro, hacer cumplir la ley sólo por la vía de la ley misma que es la fuente de toda legitimidad."

Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México

"El derecho no es una disciplina moral, sino una máquina que permite el funcionamiento de la sociedad."

Mario Puzo, "La cuarta K"

"Se abusa constantemente de la ley, según intereses personales o de grupo, incluidos partidos políticos y poderes públicos."

Jesús Vergara Aceves

"En México, todo y todos tienen un precio."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Sobre 3 pilares fundamentales se finca la vida pública de una nación: justicia, libertad y democracia. En los 2 últimos renglones hemos logrado avances importantes -aún nos falta mucho por conseguir en ambos-, pero en lo tocante a la justicia nuestro reloj va muy atrasado."

Armando Fuentes Aguirre "Catón"

"En este país no hay justicia."

Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara

"No habrá avance de la cultura de la civilidad, mientras la cultura de la ilegalidad se mantenga en la impunidad casi absoluta. Esa falta de penalización es, a final de cuentas, el origen de las mafias que ahora azotan al país."

Jaime Barrera Rodríguez

"Crímenes sin castigo son los que desbordan el vaso cuando el tejido sociopolítico se ha desgastado por la impunidad y laxitud frente a la delincuencia."

Raymundo Riva Palacio

"Muchas más personas harían negocios en México si la propiedad privada estuviera garantizada por un estado de derecho sólido."

Carlos Mota

"Cuando se prohibió la circulación de camiones con doble remolque, los transportistas bautizaron a los remolques como semirremolques, de manera que 2 semirremolques hacían un remolque. De esa forma se cumplen las leyes y reglamentos en los Estados Unidos de la Palabra."

El webmaster

"No cabe duda de que México pasa por una crisis de corrupción del sistema de justicia, crisis que no sería tan perniciosa de no ser por el poder de incidencia de traficantes de influencias y 'líderes morales', que se han erigido en jueces sin nombramiento para perpetuar injusticias."

Lydia Cacho

"De la necesidad a la ley apenas media un brevísimo paso, y la más expedita justicia, lo sabemos desde Caín, es la que hacemos con nuestras propias manos."

José Saramago

"Hemos vivido durante siglos con la herencia católica del perdón. Una cultura que con confesarse y arrepentimiento es suficiente para borrar cualquier pecado, circunstancia que nos condena a un estado de derecho inexistente. Un Estado que no castiga al que viola las leyes envía un mensaje de que se puede infringir cualquier norma sin consecuencia alguna."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Tan pronto como los hombres saben que pueden matar sin miedo al castigo o culpa, matan."

Simone Weil

"Cuanto más corrupta una sociedad, más numerosas sus leyes."

Edward Paul Abbey

"Sólo un Estado más fuerte que el crimen, aunque sea cometiendo excesos, puede abatir y someter la actividad delincuencial. Indeseable realidad."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Qué lejana ha quedado la aspiración del General Calles de que México pasara de la condición de 'país de caudillos y caciques a la más civilizada condición de país de instituciones y de leyes'."

Javier Hurtado

"El exceso de leyes corrompe la República"

Tácito

"En nuestro sistema judicial, culpable es aquél que no tiene dinero para costear su inocencia."

Flavio Romero de Velasco

"En este horrible lugar/ donde reina la tristeza/ no se castiga el delito/ se castiga la pobreza."

Letrero que estaba en el viejo penal de Escobedo

"Tiene más poder el que hace la ley y el que puede reformar la Constitución que el que simplemente se compromete a hacerla cumplir. La Corte sufre mucho cuando ve que una ley es injusta. Existe sistema para oponerse a las leyes inconstitucionales; pero no a las leyes injustas."

Juventino Castro y Castro

"Lo que los hombres valoran más en este mundo no son los derechos sino los privilegios."

H.L.Mencken

"No es la libertad la que libera, sino la ley."

Henri Lacordaire

"Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte."

Platón

"Un hombre de Estado pasa la mitad de su vida haciendo leyes y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas."

Noel Clarasó

"Las autoridades están acostumbrando a la ciudadanía a un hacer lo que a nadie beneficia y es: sin manifestación no hay escucha, mucho menos solución. Lo que querría decir que para que un problema tenga la atención de las autoridades, no basta con exponerlo por escrito, tampoco con solicitar audiencia, se requiere hacer expresiones públicas, manifestaciones que, otra vez, lastiman la convivencialidad, pero sin las que las autoridades, omisas en el cumplimiento de sus responsabilidades, no escuchan."

Lourdes Bueno

"Cuando la corrupción se vuelve normal, es la muerte de la confianza de los ciudadanos en el Estado."

Leoluca Orlando, alcalde de Palermo

"En los últimos tiempos a los mexicanos se nos ha nublado la razón y nos hemos puesto peligrosamente contra ella. Por un lado vivimos e intentamos desarrollarnos al margen de la ley, o con las leyes de la selva, y por otro lado el instinto nos dice que debemos cambiar, que tendremos más oportunidades de salir adelante haciendo valer el Estado de Derecho."

Ricardo Elías, arquitecto y empresario

"Hay un lugar común que es parte del ideario mexicano: la ley es letra muerta."

Roberto Medina

"Aterra la casi total incompetencia de la autoridad para investigar, dar con las causas, descubrir a los culpables, encontrarlos, enjuiciarlos y hacerlos cumplir la penalidad que la ley (letra muerta, de ordinario) establece."

Jaime García Elías

"En el México de hoy no siempre deben ganar quienes se movilizan y protestan por el simple hecho de hacerlo."

Emilio Gamboa Patrón, senador priista

"El respeto al estado de derecho y a la constitución y un sistema de justicia funcional es uno de los pilares que explica el poderío de los Estados Unidos. Esta es todavía una lección que se está aprendiendo en México."

Ana María Salazar Slack

"Un Estado donde quedan impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina en el abismo."

Sófocles

"En los tensos días del movimiento estudiantil de 1968, el presidente Díaz Ordaz dijo: 'Preferimos conservar la libertad que solamente se puede mantener con el orden. La libertad es como el alimento: no se puede vivir sin ella, y el orden es como el aire: sin él, el cuerpo social perece'."
"Siempre he sostenido que orden no quiere decir represión. Los han pretendido hacer sinónimos los profesionales del libertinaje que tienen una inconsciente proclividad al anarquismo. Desde la época de los griegos, al orden se le percibía como armonía, afinidad de las partes dentro del todo, como simetría estructural."

Flavio Romero de Velasco

"Si acaso doblaras la vara de la justicia, que no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia."

Don Quijote a Sancho Panza instruyéndolo para gobernar la Insula Barataria

"Por favor, ya no hagan más leyes, basta con que apliquen en serio las existentes y abatan de una vez por todas la impunidad imperante."

Armando González Escoto

"El ciudadano se sigue preguntando dónde puede demandar a los funcionarios que incumplieron su 'protesta' de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, se pitorrearon de las leyes... y le vieron, en fin, la 'p' en la frente."

Jaime García Elías

"A México le hacen falta 3 cosas: Estado de derecho, Estado de derecho y Estado de derecho."

Ernesto Zedillo, expresidente de México


Llueve igual a diario
sobre el justo y el injusto,
aunque más le llueve al justo,
pues el injusto tiene del justo su paraguas.

Copla inglesa citada por George Orwell



Links relacionados con el tema:

Led Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C.
Led Esto es la Justicia.org


Integrantes del Frente Único de Comerciantes de Jalisco, realizaron este lunes su 12a. manifestación en contra de la Reforma Fiscal.

Armados con mantas, cartulinas y silbatos, los comerciantes avanzaron por avenida Juárez, Federalismo, Hidalgo, hasta avenida Alcalde, donde bloquearon la vialidad por una hora.

(V.Notisistema del 21 de abril de 2014).
Las manifestaciones prohijando vandalismo son delitos, tanto como el establecimiento en plazas públicas, con paralelo cobro de prestaciones que por causas indefinidas por la autoridad, ésta no aplica el rigor de la ley.

En el orden de dificultades para aplicar las leyes, se aduce el cuidado a no incurrir en autoritarismo, pero contrariamente se contemplan flagrantes delitos que se emplean para el discurso protagónico de personajes inscritos en la nómina oficial, partidista, sindical o grupos de presión con poder factual.

Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 13 de abril de 2014).


Algunos policías comunitarios bloquearon la Autopista Siglo 21 a la altura de la caseta de Ziracuaretiro, para pedir la liberación de otros policías comunitarios detenidos.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 13 de abril de 2014).


Fue en tiempos de Fox cuando el entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, pedía desesperado ayuda a la federación porque los grupos delictivos aumentaban sin control, pero su voz y la de millones de michoacanos no fue escuchada en esa administración sexenal. Así, se sumaron faltas de responsabilidad, simulación y contubernios hasta llegar a la compleja situación en la que están varios estados, el más grave hoy: Michoacán.

Y tampoco en la administración de Calderón se hizo lo que se debía hacer para frenar al crimen organizado, su guerra contra la delincuencia, cruzada infantil vestido de soldadito, no fue basada ni en la información de la inteligencia del Estado, ni en una estrategia que involucrara todos los aspectos de este problema, luego, se dejó al estado sin Estado.

Porque no se puede decir que en Michoacán impera el estado de derecho, como tampoco que hay seguridad y mucho menos justicia. 3 de las condiciones que un Estado debe proveer a sus gobernados para avalar su derecho de ser, precisamente, Estado.

Y la población, cansada de no ser escuchada, de no ser protegida, de estar con la vida pendiente de un hilo; cansada del abandono del Estado, decidió defenderse de la única manera que el pueblo conoce: armándose, peleando, buscando por mano propia lo que desde las administraciones sexenales les fue negado: seguridad.

Las autodefensas han sido la respuesta que la población eligió ante la desesperación y el abandono del Estado. Con Fox el privilegiar la seguridad de los estados panistas y descuidar a los demás, y eliminar al organismo encargado de la inteligencia nacional. Con Calderón la violencia atizada de manera irresponsable, guerra declarada y todos los recursos asignados que no frenó al crimen organizado y la población siguió en la inseguridad.

Es así como esta administración recibe una bomba de tiempo y tarda tiempo en tomar en sus manos la problemática heredada... largos meses en que la población siguió a merced de la delincuencia organizada, con agravios como violaciones a las jóvenes y adolescentes de las poblaciones, robos de todo tipo y, desde luego, secuestros y asesinatos.

Pero el trabajo apenas empieza, porque restablecer la tranquilidad, garantizar la seguridad y retomar, donde se quebrantó, el desarrollo de la entidad, conlleva medidas integrales que hasta hoy no se han siquiera planeado, mucho menos implementado.

Y entonces, se entiende -aunque no se justifica- que las autodefensas no quieran desarmarse; se entiende que sabiendo que su vida sigue en vilo decidan protegerse de la manera que hasta hoy conocen.

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 12 de abril de 2014).


Para las áreas de inteligencia del Gobierno del Distrito Federal, los grupos anarquistas que operan frecuentemente en la Ciudad de México se articulan políticamente a través de una poderosa mujer: la diputada federal Aleida Alavez Ruiz, brazo derecho del protagonista de los videoescándalos René Bejarano.

Ante el recrudecimiento de la violencia de los anarquistas, Miguel Mancera ordenó crear una unidad especial para investigar a estos grupos.

Según sus informes, a los que tuve acceso, la legisladora Alavez orquesta la inyección de siete a 10,000 pesos diarios "irrastreables" que sirven para financiar la compra de material explosivo que usan en sus movilizaciones los grupos anarquistas y para pagar 200 pesos diarios por cabeza a quienes participan en las protestas.

Identifican además a la activista Rosa Isela Martínez como coordinadora política y financiera de una operación que vincula a los principales líderes del grupo Frente Oriente con políticos como el ex diputado Gerardo Fernández Noroña y el Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador.

El flujo de dinero se realizaría por medio de cuentas en Bancomer, Banco Wal-Mart, Banamex, Banorte y Banco Azteca a nombre de los dirigentes del Frente Oriente: Mónica Hernández Monroy, Rosa Isela Martínez, Gabriela Hernández Arreola y Vidal Rojas.

Ubican el origen del movimiento en el capítulo juvenil del Frente Popular Revolucionario, originario de Oaxaca y activo en las movilizaciones de 2006, y su ramificación defeña representada por la Acampada Revolución, que fue la más radical del movimiento #YoSoy132, nutrida de grupos del CCH Oriente, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y las "asambleas populares" de Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Ciudad Nexahualcóyotl, Cuauhtémoc y Los Reyes-La Paz.

Estas organizaciones se habrían luego aglutinado en el Frente Oriente, manteniendo vínculos con la Liga de Trabajadores Socialistas, el Frente Popular Revolucionario, la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (de Bejarano), el Frente Popular Francisco Villa Independiente y los grupos estudiantiles Colectivo Pan y Rosas, Colectivo Corriente en Lucha por el Socialismo, el Comité de Lucha de la UACM y el de la Prepa Popular Tacuba.

El informe señala que el Frente Oriente tiene como "brazos de choque" a los grupos Bloque Negro, Cuartel Anarquista, Acción Directa-Prensa Libre, La Mano Negra y La Lucha Sigue, la Alianza Anarquista Revolucionaria, Escarlata Revoltosa, Juventud Libertaria y La Llama de la Libertad, y #Yosoy26animalista.

Cuentan además con un frente jurídico, la Federación de Abogados Democráticos, que en diversas ocasiones ha defendido a detenidos en las protestas y recolectado dinero para las fianzas entre legisladores perredistas y petistas.

También tendrían un aparato de inteligencia y contrainteligencia en los grupos Centro Errante de Estudios Anarquistas, Fuego en las Cárceles, Guerrilla Comunicacional de México y Colectivo Veneno.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de abril de 2014).


En el caso Michoacán no hay un solo culpable o una única explicación, nos enfrentamos ante una erosión paulatina y sostenida de las instituciones del estado que hacen imposible que el orden se restablezca por la simple intervención de las fuerzas federales.

En Michoacán el Estado mexicano se juega mucho más que el control de un territorio perdido, se juega su capacidad de mantener el Estado de Derecho y las instituciones; se juega su razón de ser.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de abril de 2014).


Gran parte de los procesos se caen ante un juzgado de lo penal porque el juez, ya sentado en su escritorio, y a la hora de querer ver los elementos integradores de su presunta responsabilidad que se está presentando, no cumple la averiguación previa con los requisitos mínimos o que no está muy bien sustentada, formulada. Entonces el juez no tiene los elementos suficientes y lo dejan ir.

Dante Jaime Haro Reyes, investigador en seguridad de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 8 de abril de 2014).


Manifetación del Frente de Resistencia de Comerciantes del Estado.

Cientos de personas, integrantes del Frente de Resistencia de Comerciantes del Estado, nuevamente tomaron las calles del 1er. cuadro de Guadalajara para mostrar su inconformidad con la reforma fiscal, modificación de Ley que, aseguran, "los llevará a la quiebra".

Los inconformes bloquearon la circulación en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez, lo que causa serias complicaciones para los vehículos en el 1er cuadro de Guadalajara.

(V.periódico El Informador en línea del 7 de abril de 2014).


Estudiantes de diferentes escuelas normales de Michoacán realizaron bloqueos en diferentes puntos de la capital michoacana y en la carretera Pátzcuaro-Morelia. La manifestación de los jóvenes es en rechazo a la modificación de la convocatoria de nuevo ingreso a los 7 centros normalistas del estado.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 5 de abril de 2014).


El miércoles pasado integrantes de la Sección 22 de la CNTE entraron por la fuerza a las instalaciones de la SEP, en Arcos de Belén, en la colonia Centro, y tomaron el edificio, con lo que lograron la promesa de una mesa de diálogo en la Segob.

(V.pág.21 del periódico Milenio Jalisco del 4 de abril de 2014).


El ex secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, dijo que actualmente se comenten 27 millones de delitos en México, de los cuales un millón y medio son denunciados, y sólo 150,000 castigados.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 30 de marzo de 2014).


Los grupos de autodefensa en Michoacán son financiados por grupos criminales y por empresarios que persiguen intereses particulares y no los de los ciudadanos, aseguró Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y experto en temas de seguridad.

Aseguró que un mayor avance de los grupos de autodefensa en Michoacán propiciaría que se generalice el ambiente de "colombianización" que se vive desde la expansión de los cárteles de la droga.

Destacó que contrario a la percepción ciudadana, la expansión de las autodefensas no conducirá a la paz, ya que son grupos paramilitares que utilizan "tácticas ofensivas para limpiar la zona y cometer homicidios transgrediendo la ley".

"Estos grupos no son genuinos, no son electos bajo usos y costumbres como en el caso de Guerrero".

Buscaglia aseguró que las autodefensas han dañado la imagen exterior del gobierno mexicano, que ha pagado millones de dólares a consultoras extranjeras para "ocultar la realidad".

Asimismo, dijo que esos grupos, con presencia en Veracruz, Durango, Tabasco o Michoacán, se dividen entre aquellos que son financiados por "empresarios desesperados", los financiados por los propios Zetas y los que sí se autodefienden de forma genuina. "Entonces son 3 fuentes de paramilitarismo. En Michoacán hay una mezcla de estas 3 fuentes".

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 30 de marzo de 2014).


Hace una semana que se desató la violencia en el Estadio Jalisco y de entonces para acá las reacciones, las posturas, las opiniones, los análisis y las decisiones se han sucedido de manera vertiginosa y, con todo eso, creo que aún hay aspectos y cuestiones que estamos dejando al margen.

Mal que no se esté otorgando la debida importancia a estos acontecimientos, como una violación grave al principio de autoridad. La irreverencia, el nivel de violencia y de brutalidad de civiles contra policías en conjunto son, deberían ser un foco de alerta y una llamada de atención para la autoridad; un tema de análisis sin duda, pare revisar qué está pasando en el entorno social y en la esfera de lo público. En otras palabras, en las relaciones de la sociedad con sus gobernantes; de los ciudadanos y sus policías. Ojo. Es una realidad para no perder de vista y atender cuanto antes, digo, si es que les interesa la armonía y la estabilidad de la sociedad en la que estamos inmersos.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de marzo de 2014).


No hay que modificar los reglamentos ya existentes para evitar que se repitan incidentes tan deplorables como los del sábado pasado en el Estadio Jalisco. Basta con aplicar la ley... Con una condición: que la autoridad, considerando la gravedad de tales acontecimientos, dentro del margen de maniobra que tiene para aplicar su criterio, pondere los agravantes y actúe en función de ellos; que no se deje influir por estúpidas presiones sociales ni por el peligro de que, si obra con la severidad que el asunto amerita, la tilden de "represiva".

Las conductas de los trogloditas que agredieron de manera brutal a los policías que trataron de evitar que se arrojaran bengalas a la planta baja del estadio y eventualmente de detener a quienes de esa manera transgredían los reglamentos municipales, están tipificadas en el Código Penal como delitos: las lesiones que demoran más de 15 días en sanar y ponen en peligro la vida de las víctimas, son delitos graves; golpear con saña a una persona -policía o civil- inerme e indefensa, como lo hicieron los rufianes que los agredieron con pies y puños, con palos u otros objetos contundentes y aun con las macanas de los propios gendarmes, es un homicidio en grado de tentativa; ponerse de acuerdo dos o más personas para realizar una acción tipificada en la ley como delito, constituye delitos adicionales: pandillerismo y asociación delictuosa, verbigracia.

Es absolutamente falso que la sociedad esté indefensa, y condenada, por ende, a que esos episodios se repiten cada que 2 o 3 inadaptados así lo decidan... Hay leyes. Existen los recursos técnicos idóneos para identificar plenamente a los responsables. Existen las vías jurídicas adecuadas para que se les procese, se les sentencie y se les aplique, con el rigor que el caso requiere -proporcional a la saña y a la vesania con que actuaron-, las penas que la misma ley, creada en defensa de la sociedad, establece.

Único requisito: que se actúe, por una vez, con firmeza; no con la tibieza usual en esos casos.

Jaime García Elías
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 25 de marzo de 2014).


Asumir que darle mayor poder a las policías, y en nuestro caso al Ministerio Público, va a hacer más eficientes las investigaciones y van a permitir que los delitos sean combatidos con mayor eficacia, puede ser correcto. Sin embargo, existe el riesgo permanente de que las policías y los ministerios públicos aprovechen esas facultades para fabricar culpables y quedar bien con las víctimas que exigen justicia, o de plano para corromperse abusando de su poder.

El pasado 25 de febrero, derivado de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte estableció, con base en el texto del artículo 16 constitucional, que los estados no pueden legislar en materia de arraigo, lo que abrió la puerta a que todas las personas arraigadas con base en legislaciones locales y aquellas sentenciadas con pruebas obtenidas durante el arraigo se puedan amparar y posiblemente obtener su libertad.

Paradójicamente, la decisión de la Corte puede abrir las puertas a la impunidad; sin embargo, el problema no es su decisión, sino la desarticulación de la política criminal y las limitaciones que imponen los artículos 21 y 115 al desarrollo de las policías investigadoras.

El arraigo es una medida que utilizan los investigadores del delito con 2 objetivos fundamentales:

a) Anular de inmediato la peligrosidad de una persona considerada como miembro de un grupo criminal, privándola de la libertad, aunque no haya suficiente evidencia para imputarle un delito, y
b) Subsanar las omisiones de una investigación que no reúne suficientes elementos para presentar a un inculpado ante los tribunales para someterlo a un proceso.

En el mundo medidas análogas se han aplicado básicamente en contra de personas presuntamente involucradas en el terrorismo y en la delincuencia organizada, considerando que son delincuentes muy peligrosos que pueden hacer mucho daño a la sociedad y que dada la complejidad de los delitos que cometen es necesario que la policía o el Ministerio Público tengan la posibilidad de detenerlos para poderlos investigar -aunque no se haya probado su responsabilidad- y no al revés, como debería ser.

La hipótesis de la justicia democrática se basa en la presunción de inocencia y en el debido proceso, sin embargo, la gravedad de ciertos delitos como terrorismo y delincuencia organizada, y la peligrosidad de quienes los cometen, han obligado a los legisladores a permitir ciertas excepciones con el fin de facilitar su captura e impedir mayores daños a la sociedad. De esta manera la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada precisamente se funda en las razones de máxima eficiencia para determinar que se debe garantizar el procesamiento de este tipo de personas que cometen delitos graves de delincuencia organizada.

La historia de la justicia democrática está estrechamente vinculada con la idea de limitar los abusos del Estado en contra de los individuos y por ello se obligó a las autoridades a no detener a nadie a menos que hubiera una "causa probable" o estándares análogos como los contenidos en el articulo 16 y 19 de nuestra Constitución, a presentar a los detenidos ante el juez, a que antes de determinar que se ha roto con la presunción de inocencia haya un juicio con plenas garantías. Sin embargo, en toda la historia ha habido organizaciones criminales que han superado la capacidad del Estado para someterlos y esto ha provocado que se tomen medidas excepcionales que dotan de mayores poderes a las policías y los Ministerios Públicos para combatir estos crímenes.

Estas medidas son muy delicadas porque asumen que darle mayor poder a las policías, y en nuestro caso al Ministerio Público, va a hacer más eficientes las investigaciones y van a permitir que los delitos sean combatidos con mayor eficacia, lo cual puede ser correcto. Sin embargo, existe el riesgo permanente de que las policías y los ministerios públicos aprovechen esas facultades para fabricar culpables y quedar bien con las víctimas que exigen justicia, o de plano para corromperse abusando de su poder. Por eso se debe lograr un equilibrio que garantice el debido proceso y sin embargo se logre la eficiencia de las instituciones.

El texto constitucional negociado en 2008 por el constituyente permanente que estableció los equilibrios, presuponía la existencia del arraigo para los estados en tanto entra el sistema procesal acusatorio. Era una medida transitoria y una especie de amortiguador en el cambio de sistemas.

La SCJN con su resolución eliminó este amortiguador y pretende aplicar hacia atrás instituciones que debían tener una cierta secuencia. La afectación se verá en las víctimas de los delitos que no tienen la culpa de estas decisiones del estado. Las víctimas tienen derecho a la verdad y la justicia. Están hoy atrapadas en tecnicismos que no pueden controlar. Es importante construir el debido proceso para los imputados y las víctimas. Por eso deben buscarse los equilibrios hacia delante y no lastimar más a quien ya sufrió un gran daño en la vida de sus seres queridos, su libertad y el daño que los secuestros y otros graves delitos hacen, no sólo a las víctimas sino a la sociedad en su conjunto.

Alejandro Martí, presidente de México SOS
(recibido por e-mail el 24 de marzo de 2014).


Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero levantaron el bloqueo que tenían en la Autopista del Sol. Mientras, el gobernador Ángel Aguirre Rivero llamó a los docentes a dialogar y les pidió evitar los bloqueos.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 22 de marzo de 2014).


El bloqueo de la carretera federal 190 dejó 73 normalistas de Oaxaca detenidos, luego de que incendiaron un camión de una refresquera. El secretario de Seguridad Pública informó que los detenidos son por la quema y actos vandálicos.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 22 de marzo de 2014).


Tras horas de mantener bloqueadas las avenidas Ávila Camacho y Laureles, los empleados del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Zapopan se retiraron de la zona centro de Zapopan, sin haber llegado a un acuerdo con las autoridades.

Las afectaciones en las áreas municipales no han sido contabilizadas por la autoridad zapopana, sin embargo, el paro ocasionó enojo y problemas a la ciudadanía, pues no pudieron llegar a tiempo a su destino, a causa de los cierres viales.

Finalmente, los trabajadores decidieron retirarse para no ocasionar más afectaciones a la ciudadanía.

El sindicato sigue en lo mismo: No aceptarán el acuerdo que el ayuntamiento logró con los otros 5 sindicatos, respecto a tener un incremento escalonado del 4 al 6%; quieren un aumento generalizado de 600 pesos a todos los trabajadores, pues asegura que sus sueldos no están alineados a la canasta básica.

Su líder, Francisco Vázquez, reconoció que en la manifestación, que inició desde las 8:00 horas en la Calle 2, y que se fue rumbo a la presidencia municipal, no había sólo trabajadores de Zapopan, sino que también acudieron empleados sindicalizados del municipio de Guadalajara, por "solidaridad" con sus compañeros.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 21 de marzo de 2014).


Estudiantes normalistas tomaron este jueves la gasolinera propiedad del Gobierno del Estado de Oaxaca y la terminal de autobuses de primera clase de ADO en demanda de la asignación de 740 plazas automáticas.

Encapuchados, los jóvenes mantienen encerrados en la central camionera a pasajeros y empleados.

Los manifestantes también tomaron las instalaciones de la gasolinera Fonapas, administrada por el Sistema DIF estatal.

En el lugar, 100 normalistas se apostaron en todas las bombas, lo que obligó a que el personal las cerrara, y robaron productos de mostradores de aceite para dárselos a automovilistas.

En ambos sitios se presentaron policías estatales, quienes sólo observan desde el interior de sus camionetas.

Previamente, los inconformes retuvieron por lo menos cinco autobuses del transporte público.

Los integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca tienen 4 semanas realizando acciones de protesta para presionar a los gobiernos federal y estatal que les entreguen plazas.

Ayer, ese mismo grupo vandalizó una plaza comercial y saqueó una tienda de celulares. No hubo ningún detenido.

(V.periódico Mural en línea del 20 de marzo de 2014).


Una vez más, y con la misma impunidad, normalistas de Oaxaca volvieron a vandalizar la tarde de ayer -ahora en una plaza comercial de esa ciudad-. Los manifestantes exigen que se les asignen de manera automática 740 plazas docentes, y para ello han realizado, sin castigo alguno, diversas protestas que van contra la ley.

(V.pág.8 del periódico Mural del 20 de marzo de 2014).


Bloqueo afuera de la Preparatorio 10.

Un minuto por cada víctima mortal del transporte público en lo que va del año. 14 minutos en total fue el lapso en el que cerca de un centenar de manifestantes, entre bachilleres y algunos ciudadanos, mantuvieron cerrado a la circulación el Periférico en el sentido de poniente a oriente a las afueras de la Escuela Preparatoria Número 10, poco después de las 6 de la tarde.

En este lugar, hace una semana un camión de la ruta 368 arrolló a un grupo de personas que se encontraban en la parada, lesionando a 19 de ellas y posteriormente provocando la muerte de María Fernanda Vázquez, la más reciente víctima.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 15 de marzo de 2014).


Ayer el Gobierno del Estado ofreció a los productores pagarles 300 pesos extra por tonelada de maíz, para que reciban un promedio de 3,100 pesos por cada unidad, lo que finalmente fue aceptado por los maiceros.

Antes del acuerdo, la Avenida Alcalde y la Calle Ramón Corona fueron cerradas ayer mientras los campesinos dialogaban con autoridades estatales en busca de una solución a su demanda.

Además de los productores de maíz, también los profesores y habitantes de Poncitlán bloquearon la Avenida Alcalde en su cruce con las Avenidas Hidalgo y Juárez para exigir que los recibiera el Gobierno del Estado.

Los docentes rechazan las modificaciones a la Ley Estatal de Educación, que trajo la armonización de la reforma educativa.

(V.pág.3 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 13 de marzo de 2014).


El tema de Oceanografía es uno de los muchos asuntos que muestran lo generalizado de la venalidad. Pero no es único. El país demanda un quiebre en materia de justicia y legalidad. Es urgente acabar con la impunidad, especialmente la que viene del sector gubernamental y de la élite empresarial. Que el que la haga la pague. Así de sencillo.

Federico Berrueto
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 9 de marzo de 2014).


Por vez primera en 9 meses, los yaquis iniciaron ayer la tregua pactada con la Secretaría de Gobernación y dejaron libre el paso en la Carretera Internacional, luego de bloquearla parcialmente en protestas por el Acueducto Independencia.

Después de un cierre de sólo 2 horas (de 9:00 a 11:00 horas), donde se impidió el paso solamente a vehículos de carga, los inconformes cumplieron ayer con el inicio del retiro del bloqueo al menos durante los próximos 40 días que dura la Cuaresma, que es la celebración religiosa más importante de la cultura yaqui.

Juan Domingo Molina, yaqui opositor al Acueducto Independencia, dijo que se libera la carretera, pero se mantiene la exigencia de detener el bombeo de agua de la cuenca del Río Yaqui hacia Hermosillo.

(V.pág.9 del periódico Mural del 6 de marzo de 2014).


Un juez de Monterrey, suspendido desde hace 3 años, y 3 de sus secretarios, acumularon entre 2006 y 2011 más de 14 millones de pesos en depósitos bancarios no justificados.

Mediante amparos, beneficiaban a la empresa de casinos Entretenimiento de México (Emex), propiedad de los hermanos Rojas Cardona, para impugnar clausuras de autoridades municipales.

"Concurren elementos que hacen presumir que tanto el juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís, como los secretarios Héctor Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González omitieron cumplir con los deberes y obligaciones inherentes a sus cargos, pues de la información financiera vinculada con ellos y sus familiares, se observan ingresos adicionales a los percibidos con motivo de sus encargos, además de la existencia de depósitos sospechosos y falta de veracidad en declaraciones patrimoniales", dice la resolución.

(V.pág.4 del periódico Mural del 6 de marzo de 2014).


En Michoacán se vive una lucha de fuerzas. Por un lado, el gobierno federal, acotado por las leyes, no puede realizar una toma formal y total, pese al reconocimiento de una debilidad institucional que desvela la existencia de territorios que están en manos de grupos paramilitares que son la ley, imponen sus condiciones a las propias autoridades, las desafían y demuestran que en ese estado, o al menos en una buena parte de él, son ellos quienes mandan.

El gobierno federal está buscando la recuperación de ese cacho de su territorio nacional y este martes viajó el presidente Enrique Peña Nieto a Morelia, acompañado de todo su gabinete legal y ampliados, con senadores y diputados federales, para decirle a los michoacanos que no están sólo y que restituirán la paz y el Estado de Derecho. Hubo frases rimbombantes, lugares comunes, en el ejercicio de una retórica para un acto político que exige, en estos momentos, otro perfil y dirección.

El espejo del Estado Mexicano es el doctor José Manuel Mireles, uno de los líderes de los grupos de autodefensa, que en el mismo día del anuncio del Plan Michoacán, apareció en una entrevista publicada en el diario madrileño El País, asombrosa por lo brutalmente cándido y sorprendente por su beligerancia y desdén al gobierno. Es una de las voces más públicas del paramilitarismo en la entidad, que amalgama aquellos que frustrados legítimamente por la ausencia de quien les proveyera seguridad, se levantaron en armas para proteger a su familia y patrimonio, pero también a los intereses económicos que escudados en un movimiento militar sociopolítico, se sienten afectados en sus utilidades por la competencia desigual de los cárteles de las drogas, o los que vieron en las autodefensas la manera de cobrar facturas personales contra sus viejos camaradas en el sicariato del crimen.

Mireles habló abiertamente sobre lo que él y miles de michoacanos deben estar pensando en estos momentos sobre el pacto del gobierno con las autodefensas que, en unas cuantas frases, descalificó. "El pacto para legalizar las autodefensas es un teatro, están burlándose unos de otros", afirmó. "No vamos a parar hasta que caigan (sus enemigos declarados, los Caballeros Templarios). No podemos estar en paz en ningún lado mientras no caigan. Porque como ya los enfrentamos, mientras estén vivos, aunque estén detenidos, hay cárceles donde viven mejor que en sus casas y pueden dar orden de matar gente".

El líder de las autodefensas habló con la realidad que no alcanza a abarcar cualquier estrategia nacional. En una guerra con criminales, no hay códigos internacionales ni de honor. Si no los matan, serán asesinados por aquellos a quienes les perdonaron la vida. En sus propias palabras, no descansarán las autodefensas hasta que estén muertos los 7 líderes de los Caballeros Templarios, y no depondrán las armas, hasta que el Gobierno federal les entregue sus cabezas. Mireles ha dicho. Y las autodefensas siguen avanzando y cazando a sus enemigos. En términos de Estado de Derecho, la ley es inexistente. La Policía Federal tiene instrucciones de no frenarlos y de acompañarlos -cuantas veces sea posible, que no es siempre-. El gobierno federal se encuentra en un atolladero y está pagando el empoderamiento que les dio a estos grupos paramilitares cuando se presentaron en sociedad hace un año. Les dio la bienvenida, los consideró sus aliados, les facilitó financiamientos y que se armaran. Además, aceptó mediante la inacción, que grupos armados fueran tomando municipios y sustituyendo a la autoridad.

En una parte de Michoacán son los paramilitares, en efecto, quienes detentan el poder y establecen qué es justo y qué es ilegal, cuál es la estrategia y qué condiciones tiene que aceptar el gobierno federal para que entonces acepten realmente el plan de desarme. La debilidad institucional michoacana ha demostrado que esa debilidad, en ese territorio, también es federal. El presidente dijo este martes en Morelia que el gobierno es quien tiene el único derecho legítimo de la fuerza. Es absolutamente correcto en un país en orden. No es el caso mexicano, y mucho menos en Michoacán. El ejemplo de los paramilitares se está extendiendo, lo que deberá ser un aviso a las autoridades que algo no están entendiendo porque no lo están resolviendo.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 4 de marzo de 2014).


"No sabemos ni prender una computadora, cómo quieren que facturemos de manera electrónica", gritaba uno de los auto llamados pequeños comerciantes que por 4a. ocasión salieron a las calles a protestar contra los nuevos impuestos y recientes formas de comprobar los mismos. Desde alrededor de las 9:30 horas bloquearon las principales avenidas del centro histórico como Avenida Juárez, 16 de Septiembre, e Hidalgo.

(V.pág.13-A del periódico El Informador del 4 de marzo de 2014).


Para confiar en la justicia deben existir muestras claras de voluntad y un mecanismo que puede aliviar el hartazgo de la sociedad hacia el sistema existente y obsoleto, en eso puede convertirse el nuevo sistema de justicia penal donde se contemplan los famosos juicios orales, situación en la que Jalisco, a pesar de las buenas intenciones, se ha visto lento, salvo que esta misma semana se den noticias, avances significativos de un gran paso que necesita concretar nuestro estado.

En la actualidad, sólo en materia mercantil y según el tipo de juicio, se realiza algo similar, con un desahogo en las audiencias de 2 a 3 días.

Al iniciar los juicios orales se daría batalla al lastre más importante: la corrupción. Dada la rapidez de la acción, el acusado hace la declaración preparatoria, el juez dicta formal prisión o auto de libertad y entonces inicia el proceso oral que desahogaría la gran cantidad de expedientes acumulados.

Es obvio que no se le puede dar la misma importancia a una sentencia de un homicidio que a una por el robo de una cartera. Algunos estados de la república que ya aplican este nuevo sistema de justicia, Chihuahua, Oaxaca y Baja California, han cuadruplicado su efectividad en la resolución de los casos hasta en 45%. Los que no han llevado a la práctica esta reforma, resuelven 15% de los casos.

Los delitos menores se podrían resolver de otra forma y permitiría desahogar el sistema procesal.

Gabriela Aguilar
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 4 de marzo de 2014).


En México sólo se resuelve 3% de los delitos que se denuncian.

Con tanta impunidad, lo que debería sorprendernos es que no haya más delincuencia, ha dicho el investigador en seguridad de la Universidad de Guadalajara Marcos Pablo Moloeznik.

Vanesa Robles
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 2 de marzo de 2014).


La detección de 41 casos de clenbuterol en 8 ranchos de Jalisco no debe alarmar al consumidor de hígado de res, afirmó el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Guizar Macías [también conocido como "El Mataperros", recuerda el webmaster.].

El funcionario federal argumentó que hasta el momento no tienen registro de personas intoxicadas y que la cantidad de casos no se compara con los 309 que se contabilizaron en 2009. Sin embargo, resaltó la importancia de realizar una supervisión como lo establece la ley.

Para dar mayor certeza de que no se utiliza este anabólico para engordar las reses de Jalisco, se reforzarán las inspecciones en los ranchos.

(V.pág.14-A del periódico El Informador del 1o.de marzo de 2014).


Con excepción de su frenada marcha de ayer sobre Morelia, esos paramilitares "buenos", por supuesto armados hasta los dientes, han venido (¡desde hace un año!) brotando, creciendo, reproduciéndose y desplazándose por donde han querido sin que nadie los moleste.

Por sui géneris, "provisional" y explicable que sea la relación establecida por la federación con estos grupos, lo deplorable del caso es que las autodefensas parezcan ser las heroínas de la película michoacana, como si Ejército, Policía Federal y las demás instituciones del Estado fueran... sus comparsas.

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 28 de febrero de 2014).


Desdén en mayor o menor medida los mexicanos sentimos por la ley. El respeto a la legalidad no forma parte de nuestros usos y costumbres, y lo mismo ignoramos las señales de tránsito que las disposiciones constitucionales. Quien detenta autoridad, ya sea un simple gendarme o un funcionario poderoso, se siente absoluto, es decir absuelto de cumplir la ley, y los ordenamientos que lo obligan se los pasa por abajo de no voy a decir dónde. Se instaura así un ámbito de inseguridad, pues nadie está seguro si las leyes no se cumplen. Donde hay derecho hay sociedad, decían los romanos, esos grandes creadores de sistemas normativos.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas en línea del 27 de febrero de 2014).


Normalistas bloquearon ayer por más de 10 horas todos los accesos carreteros a la Oaxaca, Oax., así como los principales cruceros.

Los estudiantes demandan que la federación y el gobierno del estado les otorguen automáticamente plazas docentes.

Los jóvenes se niegan a presentar un examen de oposición para ganarse una plaza de maestros, tal y como lo exige ahora la legislación educativa.

Debido a sus bloqueos, miles de oaxaqueños tuvieron que caminar ante la imposibilidad de transitar en vehículos.

Las acciones de presión fueron organizadas por la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca, la cual aglutina a los jóvenes de las 11 escuelas que existen en la entidad.

Por la mañana, retuvieron camiones de pasajeros y los atravesaron en los accesos a la ciudad durante 5 horas.

Los bloqueos a la carretera federal 190 cerraron los accesos que comunican a Puebla y al Istmo; al sur, la ruta a la costa, y al norte, la vía que lleva a Veracruz.

Por la tarde los estudiantes se movilizaron hacia los 7 principales cruceros.

En la Calzada Niños Héroes de Chapultepec, la cual cruza el centro de la ciudad, atravesaron 30 camiones del transporte público en los cruceros del estadio de beisbol, IMSS, Crespo, Margarita Maza, Manuel Ruiz, ADO y Fonapas.

Durante esa acción, la terminal de autobuses de 1a. clase quedó cercada y las corridas fueron suspendidas. Decenas de visitantes quedaron varados por horas.

Debido al corte de las carreteras, los taxis, camiones y autobuses de transporte foráneo pararon su servicio.

Los pasajeros debieron caminar en promedio un kilómetro para abordar a otra unidad que los llevara hacia su destino en la ciudad de Oaxaca.

Mujeres que venden tortillas y verduras en el centro de Oaxaca tuvieron que llevar cargando, bajo el sol, sus bolsas y costales de productos.

Por la tarde, las calles lucían congestionadas por cientos de automovilistas que buscaban salidas alternas.

El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Antonio Iturribarría Bolaños, confirmó que los estudiantes reclaman la asignación automática de 740 plazas docentes para egresados de este ciclo escolar.

Sin embargo, el funcionario dijo que esa petición es imposible de cumplir porque tras la reforma educativa las plazas deben asignarse mediante un examen de oposición.

El funcionario ofreció como alternativa que el gobierno estatal financie cursos propedéuticos en los que los normalistas se preparen para el examen que exige la SEP.

(V.pág.8 del periódico Mural del 27 de febrero de 2014).


Pobladores de San José del Llano, en Celaya, Gto., bloquearon ayer la carretera a Querétaro. Los trabajos de construcción de un puente vehicular fueron suspendidos durante la protesta. Los habitantes exigen un puente peatonal y un acceso a su pueblo.

(V.pág.8 del periódico Mural del 27 de febrero de 2014).


Si a usted le roban la cartera, su casa o el carro ¿denuncia por convicción o por necesidad? Piense unos minutos su respuesta. En México el nivel de delitos no denunciados asciende a 92.1% de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 2013 del Inegi. Hace 2 semanas en un restaurante de la colonia Americana se encontraba comiendo un grupo de señoras; una de ellas más tarde se percató que "alguien" había sustraído de su bolsa colgada en el perchero el monedero donde llevaba 15,000 pesos dentro, resultado de los abonos que ese día había recibido y tendría que pagar a una firma de venta de cosméticos por catálogo.Nadie hizo nada al respecto, ni ella misma, porque decidió que sería una pérdida de tiempo ir a denunciar.

Días después, en un caso muy similar y muy cerca de donde ocurrió el incidente, otro episodio se escribe de igual forma. Ahí sí se logró detener a una persona involucrada en la sustracción de pertenencias de bolsos ajenos. La afectada denunció como marca la ley para enterarse 10 días después que el acusado estaba libre por ser "un robo simple" y por contratar una buena defensa que hoy ya lo tiene fuera de la cárcel.

Para los robos a casas y carros, si se cuenta con el seguro, es lógico tener que ir a pasar por todo el proceso que implica denunciar, para que al final de todos modos, el daño no se repare en su totalidad.

El "disco rayado" de las autoridades para hacer la denuncia ciudadana, salvo algunos casos, queda en el trámite. La falta de credibilidad es el principal problema. Será percepción o realidad: ante un robo es difícil, a veces imposible, recuperar lo que se llevan, pero seguro denunciar acarrea más de un problema -directo o colateral-. ¿Así cómo alentar la acción legal?

Gabriela Aguilar
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 25 de febrero de 2014).


México debe transitar a la legalidad. El país no podrá tener una economía en crecimiento si no hay certeza jurídica; si no hay un régimen judicial confiable; si no hay un sistema que reprima y sancione la corrupción; si los empoderados no se someten a la ley y no abusan de su investidura como ha sucedido con la extorsión de legisladores a gobernadores y presidentes municipales. Si no hay legalidad tampoco habrá seguridad y la impunidad prevalecerá. Si no hay leyes tampoco habrá bienestar social o menor pobreza.

La legalidad no pasa por el Congreso ni por la Constitución, es cuestión de actitudes, valores y, especialmente, voluntad. Mucho más de quienes tienen poder político, económico o de influencia. Importa mucho la denuncia social, los medios de comunicación, incluso la red con todo y sus excesos y abusos. Es muy útil la acción vigilante de la sociedad, aunque también hay que decir que el cambio debe darse en las personas, las que mantienen una postura, en el mejor de los casos, ambigua respecto a la ley, si no es que de apego selectivo, cumplo hasta donde conviene.

Es crucial interiorizar la legalidad. Es difícil porque implica que el cambio empiece por uno mismo. Ni cinismo ni hipocresía, simplemente actuar conforme al dictado de la ley. Entender y asumir, cosa nada fácil, que las leyes son nuestra mayor garantía y, por lo mismo, se debe cumplir rigurosamente con las obligaciones y deberes, así sean las cotidianas de vida cívica o las periódicas como las contribuciones o el ejercicio del voto. Vivir con apego riguroso a la legalidad en México no es fácil y en el servicio público requiere de valor y carácter. Logros importantes como la detención del narcotraficante más buscado no debe significar bajar la guardia.

Gobiernos vienen y van. México ha logrado superar su pasado no democrático. En cierto sentido ha sido hazaña, pero no hay mucho aprecio por ello porque persiste la inseguridad, la violencia y una apabullante desigualdad. En eso tienen razón quienes llaman a transitar a un país de leyes.

Federico Berrueto
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 23 de febrero de 2014).


Vagoneros invidentes bloquean la circulación de la Calzada de Tlalpan, debido a que avanzan en marcha hacia el Zócalo capitalino.

Más de 50 vendedores ambulantes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se reunieron a la altura del Metro Viaducto, para caminar a la Plaza de la Constitución.

La circulación vial de todos los carriles se encuentra severamente afectada hacia el centro, por lo que se pide evitar la zona.

(V.periódico Excélsior en línea del 20 de febrero de 2014).


Un grupo de 230 personas de grupos indígenas tomaron el cruce de Avenida Juárez y 16 de Septiembre a manera de protesta porque desde el 5 de marzo hicieron 2 peticiones al Gobierno del Estado y no han recibido respuesta. La 1a. se trata de un predio en Tlajomulco para que vivan familias indígenas, explicó Martín Guzmán, vocero del Frente Popular Revolucionario.

La 2a. solicitud son 2 mercados de artesanías.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 18 de febrero de 2014).


Las leyes, en mi limitada visión de las cosas, son para aplicarse -o sea, para respetarse- y sanseacabó. Pero, en este país las cosas no son tan lineales. Para empezar, doña Constitución es meramente un muy encomiable catálogo de buenas intenciones, o sea, una extensísima lista de derechos tan magnánimamente otorgados como imposibles de satisfacer vistas las limitaciones de un aparato público ineficiente y corrompido. Aun así, sabiendo que en México millones de ciudadanos no tienen siquiera asegurados los mínimos para vivir dignamente, los prohombres de nuestro congreso bicameral promulgan leyes cada vez más generosas: muy pronto, tendremos garantizadas las prerrogativas constitucionales al desayuno caliente, a la Internet de alta velocidad, al clima temperado y al aire puro en las ciudades, entre otras posibles asistencias que estará obligado a dispensarnos papá Estado.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 16 de febrero de 2014).


En días pasados integrantes de la horda de la CNTE, que supuestamente son maestros y que tienen la responsabilidad de educar a la niñez y juventud mexicana, bloquearon la calle Hidalgo en el Centro de la ciudad como una señal de protesta contra la Reforma Educativa.

El viernes pasado volvió a nacer otro bloqueo, ahora de los cultivadores de maíz protestando según ellos contra el precio actual del grano, siendo que no hay límite para el precio, sino que el mercado es el que lo determina.

Las autoridades tanto municipales, como estatales y federales, deben estar preparadas, sin que les tiemble la mano para poner en orden estas agresiones a la población y a la comunidad.

El año pasado en la Ciudad de México hubo más de 2,000 bloqueos, provocando cada vez un verdadero desorden en nuestra gran capital y sus habitantes.

Si no se previenen y se paran a tiempo estas arbitrariedades e irregularidades, las agresiones pueden iniciar un foco de violencia incontrolable que pudiere llegar hasta una degeneración cívica y humana, como empezó Michoacán, que su estado actual es una verdadera vergüenza y un caos que llama la atención a nivel mundial.

Es vergonzoso que ciudadanos normales hayan tenido que tomar las armas para defender su comunidad de malandrines, maleantes y del crimen organizado, secuestradores y asesinos.

En la Ciudad de México las marchas y bloqueos aparentemente pacíficos terminaron en actos de vandalismo, agresiones, perjudicando gravemente a la ciudadanía trabajadora y a los comerciantes respetuosos de la ley, y no se tomaron las medidas que se deberían haber tomado.

Siempre hay una norma obligatoria dentro de la ley para mantener el orden, como aquella vez que los globalifóbicos trataron de atacar a los asistentes a la Cumbre de las Américas en el centro de nuestra ciudad, pero las autoridades cumpliendo la ley y con mano firme los detuvieron llevando a la cárcel a más de 50 salvajes que aventaban bombas molotov, piedras, varillas, palos, etc.

José Manuel Gómez Vázquez Aldana
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 16 de febrero de 2014).


Spencer McMullen, del despacho de abogados de Chapala Law, advirtió que las condiciones legales en México y lo que ha visto en Chapala favorecen la impunidad de los delincuentes: "Muchos extranjeros no entienden el sistema aquí en México, la policía aquí es para la prevención del delito y si ya pasó el delito hay que levantar la denuncia en la ‘Procu’ y llevar un traductor. Muchos extranjeros como mexicanos tienen flojera sabiendo que una denuncia tarda meses y meses después de pasar horas en la ‘Procu’ y piden facturas, algo que no existe en Estados Unidos o Canadá. Muchos se hartan de las vueltas para dar seguimiento a su asunto". Y de los delincuentes detenidos, se estima que 98% salen libres y sólo el resto obtiene sentencia condenatoria.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 15 de febrero de 2014).


El gobierno federal acordó con la etnia Yaqui el retiro del bloqueo que mantenían integrantes de esa comunidad en la carretera federal México-Nogales 15, en su tramo Vicam Estación, mientras un tribunal resuelve el conflicto sobre el Acueducto Independencia.

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, se reunió con los gobernadores de la etnia, a quienes entregó el pronunciamiento del gobierno federal ante el conflicto social por el abastecimiento de agua a la ciudad de Hermosillo.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 15 de febrero de 2014).


Las múltiples violencias aquí o allá, en Guerrero o Michoacán, no brotan de la nada: se van incrustando en las grietas del muro desvencijado de un Estado constitucional de derecho mermado, hasta que un día el muro no resiste y aplasta a quienes esperaban de él cobijo y paz, en especial, los vulnerabilizados (sic) de siempre. Complicidades y cobardías previas permiten estas violencias, que no pasan forzosamente por las armas. Parte de esa larga lista son, por ejemplo, las acciones de legisladores que eligen a quienes debían garantizar el derecho a la ciudad, a los derechos humanos, a la vida en democracia, por cuotas de partido, como si de un mercado se tratara, y han dado a traste con instituciones ciudadanas, o a su servicio, que ya no lo son.

Guadalupe Morfín
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 14 de febrero de 2014).


Con ayuda de una muleta, Don Marcos Rodríguez llegó a duras penas al parabús del Par Vial, y se detuvo de uno de los pilares mientras detenía con su mano derecha una pequeña bolsa, la muleta reposaba en su axila. Pero el trolebús no pasaría, ya que la Avenida Hidalgo sigue cerrada por los miembros de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco.

Ahora los pasos de Marcos, dirigidos por sus sandalias, se dirigirán hasta la calle Prisciliano Sánchez; "hasta allá" dice con pesadez, donde tomará otro autobús que lo llevará a su casa en el Sector Libertad.

"¡La gente se pregunta: ¿y estos quiénes son? Somos maestros y queremos solución!", gritaban los profesores frente al Congreso del Estado, a unas cuadras, dejando atrás los 4 trolebuses detenidos a un costa de la catedral, uno tras otro usuario de transporte llegaba al parabús, notaba el tráfico y un taxista u otros usuarios comunicaban la lamentable noticia: "no está pasando el camión".

Y como previendo el trajín, las personas repetían las mismas señas: suspiro, mirada gacha, y luego daban un vistazo al cielo para notar el sol radiante que azotaba cada espacio sin sombra. Sin embargo, ni eso abatía a las decenas de maestros que seguían gritando consignas ahora no por la reforma educativa, ya que sus críticas se centraron en el secretario de Educación, Francisco Ayón.

A pesar de las molestias, los miembros de la asamblea se mostraban relajados, reían tras una rima pícara y daban un mordida al lonche, chupaban la paleta, o tomaban un sorbo de la botella de agua que les vendían comerciantes ambulantes que aprovechaban la ociosidad de los profesores.

Los manifestantes no dejaban de repetir que su movimiento es pacífico.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2014).


Antes de ser autoridad y cobrar lo justo prefieren ser amistosos y cordiales. Se trata de los ayuntamientos que sufren las deudas de sus ciudadanos por no pagar el impuesto predial, aunque en su conjunto superan los 4,440 millones pesos de cartera vencida en los municipios más poblados.

Ninguna de las administraciones de Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Puerto Vallarta y Zapopan quiere "presionar" a sus habitantes para que cumplan con el impuesto predial, sino que "la idea es tener la forma más cordial para negociar una forma de pago", afirma la directora de Ingresos del ayuntamiento tapatío, Sara Macías Arellano.

El Ayuntamiento de Guadalajara, con una deuda ciudadana de 458 millones de pesos, es la única administración que ha llegado a señalar y embargar bienes. "Se trata de una televisión, una computadora y una camioneta de modelo antiguo", dijo la funcionaria, sin detallar el monto de lo recuperado.

(V.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de febrero de 2014).


Lo único más injusto que subir los impuestos es que unos paguen y otros no. En la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco en general, el predial lo paga el que quiere. En la práctica es un impuesto opcional, y eso va en contra de todos aquellos que sí pagan pero reciben malos servicios porque el dinero no ajusta.

4,000 millones de pesos no son poca cosa. Ajustan nada menos que para 3 millones de metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico, con lo prácticamente se acabarían los baches. O si se prefiere es más o menos la mitad de lo que la ciudad necesita de inversión en colectores para acabar con las inundaciones. Por no hablar del tema de moda que es la movilidad, pues con eso se podría construir cerca de 100 kilómetros de líneas de BRT. O simplemente no sufrir para destinarle 4 millones de pesos a combatir el muérdago que está acabando con nuestros árboles.

Es cierto, el problema es de ida y vuelta: ciudadanos que no pagan y gobiernos que no hacen lo hay que hacer. Pero la responsabilidad de cobrar es del gobierno, para eso lo elegimos, para eso le pagamos y en ello confiamos todos los que sí pagamos.

Dego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 12 de febrero de 2014).


Calle Hidalgo cerrada.

Luego de sostener una reunión con los coordinadores parlamentarios del Congreso del Estado, los maestros que se manifestaron ayer a las afueras del Palacio Legislativo lograron la firma de un convenio con los diputados en torno a las peticiones por las que los docentes hicieron su protesta. Sin embargo, el plantón no fue levantado y en tiendas de campaña pasaron la noche afuera del Palacio Legislativo.

De acuerdo con información proporcionada por el vocero de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco, Carlos Scheel Martín, la comisión que ingresó a reunirse con los diputados presentó sus solicitudes, y tras la reunión lograron firmar una carta en la que los legisladores se comprometen a darle seguimiento a sus peticiones, las cuales se centraron en mantener la educación gratuita y la no retroactividad de las leyes en materia de la reforma educativa.

Minutos después de haber logrado los acuerdos, los docentes liberaron la circulación vehicular por la calle de Independencia, manteniendo el cierre parcial de la Avenida Hidalgo, desde la Avenida Alcalde hasta el recinto legislativo.

Tras deliberar el siguiente paso que tomarían en sus protestas, los maestros llegaron al acuerdo de pasar la noche en la Plaza de la Liberación, en donde alrededor de 500 docentes pernoctaron como parte de su manifestación.

El vocero del movimiento adelantó que se analiza la posibilidad de que hoy realicen una marcha hacia la Torre de Educación o de enviar una delegación de 15 a 20 maestros a que dialoguen directamente con el gobernador Aristóteles Sandoval, para que sea él quien mande llamar al secretario de Educación y se sostenga el diálogo con los maestros manifestantes.

(V.primera plana del periódico El Informador del 12 de febrero de 2014).


Ciudadanos de Zongolica, Ver., amenazaron con tomar las armas para defenderse de la delincuencia y el crimen organizado. Román Vásquez González, líder de la autodefensa, dijo que llegaron a esta decisión porque desde el 2011 solicitaron apoyo a las autoridades estatales y federales, pero éste nunca llegó.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 11 de febrero de 2014).


Asfixia con bolsas de plástico, toques eléctricos en los genitales, golpes que se amortiguan con toallas húmedas para no dejar moretones y aislamiento por varios días para "ablandar" al detenido, son métodos de "investigación policiaca" que no han podido ser erradicados en Jalisco. Y no sólo eso, sino que a pesar de que las autoridades han reconocido y lamentado los casos de este tipo, en los hechos no hay ninguna sentencia, a decir de expertos en derechos humanos y académicos consultados por La gaceta.

"Tristemente la Ley Estatal para Prevenir la Tortura, que tipifica esta conducta como delito, pareciera letra muerta. Lo más preocupante es que las autoridades reconocen y saben que esto ocurre, y ni siquiera hay un solo detenido", lamenta Francisco Macías Medina, especialista del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.

El fiscal general, Luis Carlos Nájera, aceptó preocupado que no se ha podido erradicar del todo esta práctica. Aceptó que "lo que decían de la tortura es algo real".

La ex ombudsman Guadalupe Morfín Otero resaltó varios pendientes: no sólo calificó de grave la vigencia de la tortura como táctica indagatoria, sino que aún falta mucho para que los derechos humanos sean el verdadero eje transversal de todas las políticas públicas en Jalisco. "La aceptación de que hay tortura me parece gravísima. Yo quisiera que aceptaran que se comprometen a erradicarla definitivamente, por todos los medios posibles".

María Guadalupe Ramos Ponce, investigadora de la UdeG y representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, reflexiona en el mismo tono: "Ha sido una práctica constante, primero en la Procuraduría de Justicia y ahora en la Fiscalía. Al tema no se le ha dado suficiente visibilidad, sobre todo para sancionar a quien utiliza la tortura como método de investigación. Quisiera saber cuántos casos se han sancionado, cuántos ministerios públicos o policías han sido dados de baja. No tenemos esa información. Sólo palabras, frases que dicen que aumenta o que no se practica, pero eso no nos dice nada".

Francisco Macías Medina, creador del Programa Preventivo contra la Tortura y responsable del proyecto de desarrollo institucional en Cepad, puntualiza: "El solo hecho de aceptarlo, sitúa a Jalisco en una práctica policial de Edad Media y que no debe ser admisible en un Estado de derecho, porque esto implica para una autoridad realizar investigación, sancionar, reparar y asegurarse de que eso no vuelva a ocurrir".

Mientras no haya castigos, concluye Francisco Macías, la ley seguirá como letra muerta y será imposible erradicar la tortura: "En la reciente actualización que hicimos en nuestros estudios para el tema de la tortura, no se han movido los indicadores. En Jalisco tenemos el problema de la práctica reiterada de tratos degradantes de todas las corporaciones policiales".

Julio Ríos
(v.pág.9 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 10 de febrero de 2014).


Un suceso escalofriante: en Chacté, una comunidad de Chiapas, el conductor de un taxi atropella a un chico, que resulta con una pierna rota. Los pobladores lo detienen, junto con su pasajero. Ambos son llevados a la cárcel municipal de San Juan Cancún. Llega luego una turba, los saca de la celda y los arrastra de vuelta al poblado donde, tras golpearlos, los amarran a un poste, los rocían de gasolina y les prenden fuego. Los 2 hombres mueren.

Esta noticia, que debiera quitarnos el sueño a todos los mexicanos, no ha figurado en los titulares de la prensa y, por lo visto, se inscribe ya en una suerte de normalidad hecha de sangre y horror. Pero, no está aquí el elemento, así de estremecedor como pueda ser, de la brutalidad que acostumbran esas organizaciones criminales que amedrentan a sus adversarios con cadáveres colgando de puentes, decapitaciones y otras aterradoras advertencias. Esto es mucho más inquietante todavía. Porque, señoras y señores, no estamos hablando de la siniestra actuación de un delincuente, canalla de necesidad, sino de la barbarie de los ciudadanos de a pie. Y tampoco se trata de un hecho enteramente aislado sino de algo que ha ocurrido hasta en la mismísima capital de la república, bajo un gobierno municipal que, por una extrañísima razón, se abstuvo de intervenir oportunamente siendo que las cámaras de las televisiones ya estaban ahí, en la plaza donde fueron linchados 3 policías, para registrar tan atroz suceso.

El huevo de la serpiente fue tal vez incubado en esa ancestral disposición de nuestras autoridades para acomodarse a la ilegalidad y para convivir con la realidad de un "México bronco" que, según nos avisan los agoreros, no sólo sigue estando entre nosotros sino que en cada momento, por esto o por lo otro -porque se llevó a cabo una reforma en el congreso o porque subieron los precios de la gasolina o porque el virus A/H1N1, identificado y aislado, ya no merece que se paralice la vida pública- puede llevarnos al precipicio del "estallido social".

En todo caso, resulta que el "pueblo bueno" ya no es tan bueno. No sólo eso: es bastante salvaje, cruel e inhumano, perfectamente capaz de perpetrar atrocidades como las que consigna el Antiguo Testamento y de colocar, a todo un país, en la angustiosa disyuntiva de convivir con el horror y de volver a los tiempos de la horda primitiva como si las leyes no existieran y la justicia fuera un mero asunto de quemar viva a la gente o de matarla a golpes en la calle.

No puedo dejar de recurrir, en este sentido, a la formidable frase del pensador español Fernando Savater: "Un pueblo sin educación es un pueblo ingobernable". Y es que lo primero que te podría venir a la mente es que, en estas comunidades donde han acontecido hechos terribles -en el Estado de México, la delegación Tláhuac del Distrito Federal, Chiapas y Guerrero-, la gente carece de la mínima formación como para mitigar sus instintos destructivos y sus comportamientos antisociales. La reflexión más apremiante, sin embargo, gira en torno al hecho de que los bárbaros son compatriotas nuestros. ¿Qué vamos a hacer con ellos?

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 9 de febrero de 2014).


Como bien lo dice el Dr. José Barragán Barragán: todos los actos y decisiones que está tomando el IFE son nulos de pleno derecho por hacerlo con tan sólo 4 de sus integrantes, cuando el quórum válido requerido para sesionar es contar con al menos 5 de los 9 integrantes de su Consejo General.

Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de febrero de 2014).


Un turba de indígenas tseltales golpearon y quemaron vivos a dos personas que habían atropellado a un menor en el estado de Chiapas, en el sureste de México, informaron hoy fuentes oficiales.

Los hechos ocurrieron el jueves en la comunidad Chacté cuando un taxi arrolló al niño Jerónimo Gómez, quien sufrió una fractura en una pierna, señaló la fiscalía estatal.

Algunos pobladores detuvieron a los 2 ocupantes del vehículo y los trasladaron a la cárcel municipal de San Juan Cancuc, adonde después llegó una turba y sacó a los sujetos y los trasladó nuevamente a la comunidad.

Allí los golpearon, los ataron a un poste y finalmente les prendieron fuego hasta que murieron.

De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos 6 meses han ocurrido al menos 9 casos de linchamientos similares en la zona, el más reciente el pasado mes en la comunidad de Yochib, municipio de Oxchuc, donde 2 presuntos asaltantes fueron quemados.

(V.periódico El Informador en línea del 7 de febrero de 2014).


Luis Carlos Vega Pámanes, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, asegura que la corrupción, la impunidad y la falta de certeza jurídica en Jalisco han ahuyentado importantes inversiones de la entidad, como una de la planta automotriz BMW. Y advierte: esa situación no cambiará si en Jalisco sigue existiendo un juez por cada 100,000 habitantes, mientras en México el promedio es de 4 jueces y en los países del 1er. mundo 14 por el mismo número de pobladores.

Para desgracia de los que aquí vivimos, Vega Pámanes no exagera, aunque tampoco dice nada de cómo se pueden hacer ahorros en el poder judicial, caracterizado por su opacidad, para crear más plazas de jueces, que nos ayuden a salir de la posición número 26 en la que está Jalisco en certeza jurídica, imparcialidad e incidencia delictiva. Para no dejar en la impunidad más de 97,000 delitos como nos ocurrió en el 2013. Condición que es el más poderoso estímulo para que la delincuencia crezca.

¿Están los casi 1,200 millones de pesos que tendrá el poder ludicial (STJ, Consejo de la Judicatura, Tribunal Electoral, Tribunal Administrativo, y el Instituto de Justicia Alternativa) en 2014 óptimamente utilizados o también se cometen excesos que no conocemos?

¿Por qué todas las dependencias que conforman el poder judicial subieron casi en un 4% su presupuesto este año respecto a 2013, menos el IJA, que redujo en más de un 21% sus recursos al pasar de 46 millones a sólo 38 mdp, pese a su importancia estratégica para quitar vía la mediación la carga que Pámanes dice que ahoga a los jueces y se come el poco presupuesto de este poder?

Si bien es cierto que el Supremo Tribunal de Justicia debe tener por ley un porcentaje del presupuesto estatal seguro como ya pasa en otra entidades del país, también es necesario primero que se transparente su operación y se optimice el manejo de un presupuesto a todas luces insuficiente.

Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 7 de febrero de 2014).


Operaciones financieras por 26 millones de pesos realizó entre 2006 y 2011 el juez federal Luis Armando Jerezano, quien está bajo investigación por beneficiar a casinos.

Lo anterior se concluyó en una indagatoria del Consejo de la Judicatura Federal que tomó 2 años y medio, por la cual el pasado 22 de enero se inició un procedimiento disciplinario contra el juez, quien encabezó el Juzgado 4o. de Distrito en Torreón.

Varios medios han publicado en días recientes reportes sobre una investigación de la DEA por una cuenta de Jerezano y su esposa en Estados Unidos, pero ese tema no fue parte del expediente del Consejo de la Judicatura Federal.

La investigación 7/2011 señala que Jerezano incurrió en "falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido" durante el trámite de al menos 12 amparos.

El caso más grave, que originó la indagatoria, fue el de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, vinculada con el Casino Royale de Monterrey.

En diciembre de 2008 la empresa ganó un amparo por el que se ordenó a Gobernación reconocer la validez de un permiso para operar 5 casinos que según la dependencia era falso, ampliar dicho permiso para autorizar 41 books deportivos y levantar clausuras sobre 2 casas de apuestas.

Entre otras irregularidades, Jerezano aceptó tener por cumplida la sentencia de amparo mediante un documento supuestamente expedido por Gobernación, que también era falso y fue presentado por los abogados de AEV, lo que es totalmente inapropiado.

En 2008 y 2009, el juez no se excusó de conocer amparos en los que estuvieron involucrados amigos cercanos.

(V.pág.2 del periódico Mural del 6 de febrero de 2014).


El secretario general de Gobierno de Jalisco, Arturo Zamora, tuvo que ir a "salvar" a su homólogo de Salud, Jaime Agustín González, al enfrentar las inconformidades de una centena de manifestantes que cerraron las calles del centro.

El bloqueo de Alcalde, con el amago de no retirarse hasta que fueran atendidos, motivó que llegara Zamora a atenderlos. El cierre sólo duró media hora.

Desde la semana pasada, los trabajadores del programa Patio Limpio, quienes combaten el dengue, se habían manifestado pidiendo les pagaran el mes trabajado y firmaran un contrato para garantizar su contratación.

(V.pág.5 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 6 de febrero de 2014).


Más de 2,000 personas provenientes de 200 comunidades de 13 municipios de La Montaña (Guerrero) bloquean paralelamente las carreteras de Tlapa hacia Guerrero y la que comunica con Chilpancingo en demanda de la instalación de una mesa de diálogo, en la que participen la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el gobernador Ángel Aguirre, para solucionar su demanda de vivienda y alimentación, luego de que quedaron damnificados con el paso de la tormenta "Manuel".

Desde las 11:00 horas marcharon desde la casa católica de Tlapa hacia las afueras de la ciudad donde dividieron el contingente en 2 para hacer sendos bloqueos en los puntos referidos.

Los inconformes que se desplazaron de sus lugares de origen hacia Tlapa desde la madrugada de hoy, se quejan de que los gobiernos federal y estatal no han cumplido sus promesas de apoyar totalmente a los afectados por las lluvias que azotaron la región entre el 13 y el 16 de septiembre y que dejaron muertos, viviendas y sembradíos destruidos, pueblos sepultados y abandonados, así como miles de damnificados que viven en la miseria en campamentos hechos con lonas y láminas.

Por ello, exigen que se instale una mesa de diálogo con Rosario Robles, Ángel Aguirre y los alcaldes de los municipios involucrados.

(V.periódico El Universal en línea del 5 de febrero de 2014).


El sistema judicial en México tiene deficiencias y contradicciones, ya que no hay orientación ni información de la cantidad de billetes falsos que circulan en el país, por lo que los ciudadanos se encuentran a expensas de ser víctimas de un fraude de este tipo, pero además de sufrir encarcelados injustamente. Así lo cree el investigador de la UdeG, Francisco Jiménez Reynoso, quien señala que no todas las personas cuentan con la capacidad o medios certeros para detectarlos, como sería el caso de las instituciones bancarias o las empresas.

Jiménez Reynoso atribuye la circulación de moneda falsa a la presencia criminal en el país, que la introduce en lugares donde "no es estricta la revisión", y a que México se encuentra entre los países más corruptos en el ámbito internacional.

Agrega que ahí radica el problema legal para los ciudadanos en general, ya que "hay un hilo muy delgado" en la interpretación jurídica, porque cualquiera que reciba "de buena fe" un billete falso y lo quiera usar, pone en riesgo su libertad, puesto que el código penal establece que la situación se agrava cuando el que lo usa sabe plenamente de ello, pero advierte que no es tan simple acreditar que se tenía este conocimiento, basado muchas veces sólo en dichos.

El académico reconoce que hay vicios en la estructura judicial del país que permiten estas afectaciones a personas inocentes, y refiere que en México el principio de la presunción de inocencia todavía es algo novedoso, y el inculpado debe "probar su inocencia" aun cuando se encuentre en medio de un proceso jurídico.

Agregó que tales problemas podrían eliminarse con el nuevo sistema acusatorio adversarial, que incluye los juicios orales, que permiten a los acusados confrontarse directamente con jueces y acusadores, pero que en Jalisco continúa siendo una iniciativa retrasada. También lamentó que en estas condiciones, en el país la constante es que quien no pueda pagar un buen abogado tiene menos posibilidades de recibir justicia.

El Banco de México dio registro en 2012, de 278 billetes falsos de 50 pesos por millón de piezas; 100 de 200 pesos por millón de piezas; 97 de 500 por millón de piezas y 125 de 1000 pesos por millón de piezas.

Willy Walter Cortez Yactayo, coordinador de la maestría en economía de la UdeG, señala que en términos macroeconómicos estos datos no representan mucho, pero sí un perjuicio a las personas. También advirtió que las estadísticas se basan en lo detectado por la banca mexicana.

Al no haber más información, "no se sabe la verdadera magnitud" del problema. Por ello la variación en el flujo de moneda falsa en los diferentes años, la que en 2007 alcanzó el mayor índice, de acuerdo a los mismos datos. Esta depende en gran medida de dicha capacidad de detección, que puede ser evadida, sobre todo en temporadas de compras o en la frontera.

También apunta que no es un fenómeno masivo. Concuerda en que el Estado debe promover una mayor concientización y apoyo a los ciudadanos, para que no sean víctimas de la falsificación.

Ya que la falsificación de billete es un delito federal, se persigue de oficio. El Artículo 234 del código penal establece una pena de cinco a 12 años de prisión, así como sanciones económicas, indistintamente de que se produzca, almacene, distribuya o utilice. Salvo el caso de producción, los otros aspectos citados, y sobre todo el de uso, deberá determinarse plenamente que el acusado sabía de ello, reitera Óscar Magallanes de la Rosa, director de Acreditación y Certificación del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Subraya que es el Estado el que tiene la obligación de probarlo ante el juez, lo cual "es subjetivamente difícil". Si este último no cuenta con elementos definitivos de la deshonestidad de la persona, sino tan sólo el billete, "tendrá que dejarla en libertad".

Dijo que en estos casos el afectado podría demandar al Estado y pedir resarcimiento de los daños y perjuicios, pero agrega que no hay casos documentados al respecto, porque normalmente la persona liberada y a la que sólo se le pide disculpas, desiste de iniciar otro proceso.

Roberto Estrada
(v.pág.9 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 3 de febrero de 2014).


"Si Guerrero fuera un país aparte, hoy sería visto como lo fue Colombia en los años 80, como un territorio sin ley, sometido por las bandas criminales y los escuadrones de la muerte. Así de grave y perturbadora es la destrucción de las instituciones que experimenta Guerrero en este momento. El estado de derecho, la ley y la justicia son convencionalismos de papel sin reflejo en la vida diaria". Esta cita no es de este año, ni siquiera del anterior. Es del 2010, y pertenece al libro Un Asesinato Político. El homicidio del diputado Armando Chavarría y la nueva guerra sucia en Guerrero, del periodista Tomás Tenorio Galindo.

¿Será que ya dimos por perdido a Guerrero y que por eso no nos sorprende la impunidad ahí de crímenes contra líderes sociales, políticos, activistas, estudiantes...?

Salvador Camarena
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 3 de febrero de 2014).


Ese carácter popular y revolucionario que algunos observadores le encuentran a los grupos de autodefensa se diluye por completo cuando su condición es reducida a la categoría de una milicia contratada por los potentados de Tierra Caliente que, de tal manera, se agenciarían ellos mismos su seguridad. Ya no estaríamos hablando, entonces, de una suerte de movimiento espontáneo de valerosos pobladores sino de la inquietante creación de guardias privadas para desempeñar las funciones que corresponden, por ley, a la fuerza pública.

Lo más interesante, sin embargo, es el componente económico del asunto: después de todo, Michoacán es un estado exportador de productos agropecuarios. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los propietarios de las explotaciones agrícolas para proteger supatrimonio? Por lo pronto, ya se han organizado, de una u otra manera, para evitar la extorsión de los delincuentes. Pagan por esa seguridad que el Estado no puede brindarles. Y, por lo que parece, en ese choque directo entre la economía delictiva -la del dinero obtenido en secuestros, robos y extorsiones- y la economía legal, la segunda es la que está resultando ganadora. Esto nos habla, creo yo, de la desbordante fuerza del mercado y de esa disposición, tan igualmente incontenible, de los individuos para defender sus bienes. Pero lo más desalentador, una vez más, es que la sociedad civil es la que ha terminado por dar solución a un problema. ¿Dónde se encontraba el Estado?

Peña Nieto no pudo evitar, en Davos, las preguntas sobre la inseguridad que se vive en México. Lo más visible, desde luego, es el tema de Michoacán. Pero los mexicanos, con sólo doblar la esquina, padecemos robos y secuestros. Tanto, que la primera preocupación de los ciudadanos de este país ya no es la economía sino la seguridad. Y, en este sentido, la pregunta sobre la ausencia del Estado es de una urgencia impostergable: Ciro Gómez Leyva, en una columna reciente, escribía que los caballeros templarios se movían a sus anchas en Tierra Caliente. Luego entonces, las autoridades no pecaron de omisión sino que, en infame complicidad, brindaron protección a los canallas. El gobierno federal, que uno supondría enterado de la situación, ¿se va a quedar cruzado de brazos? ¿No va a detener y a castigar a los responsables de la más nefasta descomposición social ocurrida en este país en los últimos tiempos?

Crear un país de leyes y de certezas jurídicas es la gran asignatura pendiente del actual gobierno. La solución implica terminar con la escandalosa ineptitud de muchos gobiernos locales, por no hablar de su abierta colaboración con los delincuentes. ¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar al México que no funciona?

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de febrero de 2014).


Uno de los factores del auge de los secuestros, y de la inseguridad, en México, son los tiempos infinitos, muertos, de los procesos judiciales.

El caso de Silvia Vargas Escalera, secuestrada el 10 de septiembre de 2007 y encontrada muerta el 12 de diciembre de 2008, sin que hasta hoy, 31 de enero de 2014, el juez que lleva el caso haya sentenciado a uno solo de los secuestradores y asesinos.

Alejandro Martí publicó en su cuenta de Twitter: No nada más Nelson Vargas espera sentencia de esos secuestradores asesinos, cientos de víctimas, incluyéndome a mí, esperamos justicia.

Fernando Martí, su hijo, fue secuestrado el 4 de junio de 2008 y encontrado muerto el l de agosto y a la fecha sus secuestradores y asesinos siguen sin ser sentenciados, lo mismo que los del hijo de la señora Isabel Miranda de Wallace.

Si el poder judicial no se involucra en la estrategia antisecuestros y sigue procesando a tiempos perdidos, esta será otra estrategia fallida, como en los gobiernos anteriores.

Alejandro hizo una crítica al sistema de defensores de oficio que litigan desde la medusa que complica y alarga por años los procesos, y reclamó la laxitud del Consejo de la Judicatura que es, dijo, una institución a modo.

[¡Y eso que son influyentes! ¿Qué será de los casos relacionados con los de a pie? - El webmaster.]

Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 31 de enero de 2014).


Qué difícil es vivir en un país donde no se pagan consecuencias por ninguna falta.

Causa impotencia y frustración comportarse como un ciudadano correcto, deseando hacer las cosas bien.

No hay consecuencias a nada, por eso los mexicanos burlamos las leyes una y otra vez, día a día.

Lo que más frustra y desespera es la falta de educación vial que tenemos todos los mexicanos, generalizo porque así es. Cuando estamos detrás de un volante, nos convertimos en cavernícolas energúmenos.

Es frustrante, por ejemplo, estar haciendo fila correctamente, esperando el semáforo para dar vuelta en la avenida Antiguo Camino Real, hacia Nueva Galicia, cuando de pronto llegan los muy listos y se brincan toda la fila, de más de 25 automóviles y, ¡peor aún...!, se pasan el semáforo en rojo.

Pero ¿quién los amonesta? ¡Nadie! ¿Quién les aplica una multa? ¡Nadie! ¿Quién les hace pagar consecuencias? ¡Nadie!

Sin tan sólo nos portáramos como ciudadanos educados y respetuosos, todo sería más fácil en nuestro país.

Así como nadie amonesta a quienes van hablando por celular mientras conducen, a quienes llevan a sus hijos en el auto sin sillas especiales, a quienes se pasan los semáforos en rojo, a quienes se estacionan en sitios para minusválidos, a quien tira la basura en la calle, a quienes fuman en sitios cerrados, a quienes manejan ebrios, simplemente... ¡No hay consecuencias en nada!

Cumplir con las leyes en México es una verdadera ¡burla!, por eso es tan difícil gobernar a este país.

Somos como niños malcriados y caprichosos, que hacemos exactamente lo que nos da nuestra regalada gana, porque "papá gobierno" nunca nos amonesta, ni nos hace pagar consecuencias por nuestros actos y nos deja a nuestro libre albedrío a que hagamos de nuestro país, ¡un desastre!

Necesitamos políticos de mano fuerte, de mano dura, que sepan imponer y cumplir las leyes. No políticos blandos, que buscan la aprobación del pueblo y que le tiene miedo al delincuente.

Si nosotros como mexicanos, todos y cada uno de nosotros, no cambiamos en nuestra actitud infantil, mal educada y prepotente, no vamos a progresar nunca.

Si colaboramos simplemente en hacer del tráfico algo menos desagradable, utilizando nuestra buena educación, dando oportunidad a que el otro pase, al uno y uno, y aplicando la cortesía y las buenas costumbres, habremos comenzado a civilizarnos y tener, ¡por fin!, el México que todos queremos.

Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.24 del periódico Milenio Jalisco del 31 de enero de 2014).


El caso de Esperanza Reyes, quien estuvo en prisión 34 meses por circular un billete falso de 100 pesos y ayer fue preliberada por la Secretaría de Gobernación, es un ejemplo de otros casos en el país: la PGR reconoce que existen 196 juicios concluidos o en proceso similares al de la mujer, de los cuáles 20 están en prisión por pagar tan sólo con un billete falsificado.

Información del Banco de México muestra que la circulación de papel moneda falsa va en aumento. Al menos en 2013, se estima que circularon 90 millones de billetes falsos. El repunte inició en 2008. Entre 2011 y 2012, el fenómeno creció 17%, y de 2012 a 2013 se calcula que aumentó 20%.

De los juicios concluidos o cerrados por este delito, en 176 casos las personas intentaron distribuir más de 3 billetes apócrifos. La pena por este delito es de 5 años de prisión y una multa económica.

Como Esperanza Reyes, está el caso del señor David Herrera Martínez, de 46 años y originario de Guadalajara, Jalisco, quien actualmente está preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. El hombre, un vendedor de mariscos, intentó pagar un sombrero de paja con un billete de 500 pesos, en el tianguis del municipio de Ocotlán. Los vendedores, al reconocer el billete como falso, llamaron a la policía y fue detenido.

Aunque en su declaración señaló que el billete le fue entregado por un cliente, Herrera Martínez continúa en el mismo penal dónde estuvo preso -y después huyó- el narcotraficante Joaquín Loera "El Chapo" Guzmán.

100 pesos. De esa cantidad era el billete con el que Esperanza Reyes quiso pagar una libreta en una papelería. Y aunque el papel con el rostro del emperador Cuauhtémoc resultó falso, adquirió un costo altísimo para la mujer: pasar 34 meses de su vida en prisión, incluidas las Islas Marías. Pero ayer, tras una campaña en internet para solicitar el indulto presidencial a su favor, la Secretaría de Gobernación le dio el beneficio de la preliberación, debido a que su proceso judicial estuvo marcado por anomalías.

La historia de Esperanza -46 años, indígena, analfabeta, trabajadora doméstica, con una hija de 10 años y un hijo de 7- inició el domingo 11 de marzo de 2011, en la capital de San Luis Potosí.

Tras ser acusada por circular un billete falsificado, la maquinaría del sistema judicial se puso en marcha. El día 12 la PGR la consignó a un juez federal. El 13 le tomaron la declaración preparatoria, con apoyo de un defensor de oficio. Y para el día 14, el juzgador le dictó auto de formal prisión. 8 meses después llegó la sentencia: 5 años de prisión. Un lustro de vida por cien pesos que no eran pesos.

Uno de los abogados que tomó su defensa a través de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, José Mario de la Garza Marroquín, cuenta las omisiones en el caso de Esperanza: nunca se tomó en cuenta su situación social, había contradicciones en el expediente y el defensor de oficio técnicamente no existió.

El 13 de enero pasado, la Barra lanzó la petición de indulto presidencial a través de la plataforma www.change.org, animados por el caso del profesor chiapaneco Alberto Patishtan, quien recibió la amnistía en diciembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto. Hasta ayer, el caso de Esperanza llevaba 18,940 firmas de apoyo.

Tras difundirse la historia, el caso de Esperanza llegó a manos de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, y de Humberto Castillejos, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a fin de que se analizara la viabilidad del indulto.

[Bonito asunto éste. El gobierno pasándole la bronca causada por su manifiesta incapacidad -para atrapar a los falsificadores y detener la circulación de moneda falsa- a la gente. - El webmaster.]

(V.Animal Político del 30 de enero de 2014).


Estado fallido en Michoacán, se lee. Lo que se entiende es que no hay instituciones políticas que funcionen para proteger la libertad, el patrimonio y los anhelos de los individuos a través de corporaciones policiacas, leyes y mecanismos para garantizar justicia, rumbo económico, cuidado educativo y protección sanitaria, entre otras cosas.

No cometeré el error de matizar el término de Estado fallido. Sólo apunto que se presta a equívocos y que en medio de esos equívocos produce una separación maniquea entre Estado y mexicanos. Parece que ese ente, cuando es inútil, debe ser sustituido por mexicanos nobles (es decir, no corruptos, no políticos) y peor incluso: mexicanos nobles con armas. Por esa razón y tras escuchar las reflexiones del teórico político Ángel Rivero en el Inacipe, propongo un nuevo término: la ciudadanía fallida.

La ciudadanía es el acuerdo entre los individuos y el orden que permite la protección de sus derechos. Un ciudadano es un sujeto de derechos (y sí, alcanza a quienes no votan) y la ciudadanía es el terreno en el que se pueden ejercer esos derechos. Más aún: es el terreno y las herramientas que protegen y amplían esos derechos.

En el fondo, hay cierta identidad entre los términos, pero poner el foco en la otra cara de la moneda del Estado nos lleva a pensar en soluciones distintas. Fue lo que pasó con la reforma constitucional que hoy protege los derechos humanos. Antes de junio de 2011, las garantías individuales parecían graciosas concesiones del Estado. Hoy, el Estado debe girar alrededor del individuo y sus derechos inalienables. Parece un giro de palabras, pero es un vuelco gigantesco en la forma de abordar el tema.

Lo mismo pasa con la idea de la ciudadanía fallida. Un Estado fallido parece justificar la autodefensa. En cambio, la ciudadanía fallida requiere instituciones confiables que la puedan volver a proteger. No es lo mismo decir que un ente se descompuso y se volvió contra el individuo, a decir que el terreno en el que un mexicano es sujeto de derechos se destruyó. En el 1er. caso, hay que combatir al ente; en el 2o., hay que reconstruir el terreno.

¿Cómo se hace esto? No hay que descubrir el hilo negro. El elemento que pega la relación entre individuos y acuerdo social es la confianza. Y para que haya confianza deben existir legitimidad y consensos elementales. Consensos sobre las reglas del juego, sobre quién tiene el garrote, sobre cómo quitar al que tiene el garrote.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 29 de enero de 2014).


Hay un área de la vida estatal estancada desde hace décadas: la justicia.

Es nulo el avance en seguridad jurídica, impartición de justicia, modernización de juzgados, sistema penitenciario, reinserción social, mecanismos de conciliación... en fin, todos los actos y facultades del poder judicial que deben permitirle al ciudadano percibir que ante la ley todos son iguales, sin importar su nivel socioeconómico, creencias religiosas o color de piel.

La realidad es que, como dicen en las aulas donde se enseña el derecho, las cárceles están llenas de pobres, los espacios de renovación del poder judicial -desde el mismo Supremo Tribunal de Justicia- son propiedad de las cúpulas políticas y partidistas, y los menos interesados en hacer de la administración de la justicia un espacio transparente, legal y equitativo, son precisamente quienes han hecho su fortuna en la impunidad, el influyentismo y la reserva en la que se mueven todos los que debieran garantizar un Jalisco justo.

¿En qué posición está Jalisco en este aspecto? Muy por debajo de su acostumbrada medianía. Se califica al sistema judicial estatal en la posición 26 entre todos los estados del país.

Jorge Octavio Navarro
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2014).


Si partimos de una visión estricta de las cosas, las mismas no se pueden justificar: el Estado es el único que debe tener el monopolio de la fuerza y la seguridad. Pero los hechos lo que indican es que, mientras se va recorriendo ese camino, en demasiadas ocasiones ese monopolio no está en manos del Estado y existen, en algunos casos, condiciones tan limítrofes para la seguridad que la gente reacciona para garantizarse esa seguridad a sí misma.

Varias preguntas y respuestas sobre las autodefensas. La primera y obvia: no todos los grupos de autodefensa o las llamadas policías comunitarias son lo mismo, tampoco tienen un origen común, ni las mismas intenciones, dentro de cada estado y mucho menos en las dos diferentes entidades en las que surgieron: Michoacán y Guerrero. En este estado la mayoría de esos grupos tiene una raíz ideológica clara: están relacionados con distintas organizaciones armadas, como el ERPI y otros. En Michoacán, los orígenes son otros: existen, sin duda, algunos grupos que pueden tener origen (o impulso) en grupos rivales de los Templarios, hay integrantes que están relacionados o lo estuvieron con el crimen, hay participación política, pero la mayoría de las autodefensas se explica por el expolio brutal al que fueron sometidas sus comunidades por el crimen organizado y sobre todo por los Templarios, en demasiadas ocasiones en complicidad o convivencia con las autoridades locales.

¿Deben ser desarmados? En el mediano plazo, sin duda. Pero en el corto, por lo menos en Michoacán, eso sería tan imposible como poco deseable. Esos grupos deben cumplir un papel específico protegiendo sus comunidades en el proceso de pacificación del estado y en la misma medida en que se puedan renovar las fuerzas de seguridad locales y también la clase política, buena parte de la cual no cuenta con la confianza de la gente. Desarmar a esos grupos hoy equivaldría, por otra parte, a fomentar un mecanismo de revancha de los criminales que alimentaría, por el contrario, a los propios cárteles.

¿Se deben convertir las autodefensas en policías o fuerzas de seguridad? Muchos de sus líderes no estarán interesados en ello. No nos engañemos: la mayoría de los líderes de esos grupos en Michoacán son agricultores, algunos de ellos muy prósperos, que se cansaron de ser chantajeados, secuestrados, robados por los criminales sin que nadie hiciera nada. Quieren recuperar sus negocios y sus tierras, no convertirse en policías. Pero entre "la tropa" por supuesto que habrá muchos que querrán seguir el camino de las fuerzas de seguridad. El secreto estará en contar con mandos en los distintos municipios que sepan y puedan darle cauce a esa incorporación, evitando la filtración de los propios criminales. Ese punto es clave, porque los Templarios no sólo controlaban al gobierno en turno o los recursos de obra pública de muchos municipios, también "ponían" toda la fuerza policial local: tenían con ello un doble objetivo, garantizaban su propia seguridad y complicidad pero también con esos recursos y salarios públicos le pagaban a sus integrantes y sicarios. Ése es el esquema que se está rompiendo y que no puede regresar.

¿Las autodefensas han sido creadas por el gobierno? No hay ningún dato que sustente esa información. Las autodefensas fueron surgiendo, en el caso de Michoacán, durante el año pasado, ante la ausencia de las autoridades y la explotación de los criminales que sobrepasaron todos los límites e incluso los "acuerdos" que podría haber habido con ellos en distintas zonas del estado. El gobierno se encontró con una situación de hecho y ante ello ha debido responder.

¿Hay un acuerdo del gobierno con las autodefensas? De hecho existe en la misma medida en que hay comunicación y en algunos casos intereses comunes. Si bien hay contradicciones e incluso se han dado algunos enfrentamientos, sobre todo en el primer momento del ingreso de las fuerzas federales, lo cierto es que las autodefensas se están haciendo cargo de la seguridad y el control de sus propias comunidades y eso le permite al Ejército y la policía operar con un margen mayor de autonomía, al mismo tiempo que mucha de la información con la que cuentan proviene de las propias comunidades a partir de esa presencia local.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2014).


Las noticias giran en torno a la situación de Michoacán. De pronto, parecemos descubrir que las cosas no andan bien ahí, que hay mucha violencia e inseguridad. ¿Qué ha pasado, para que el tema ocupe ahora tan machaconamente los titulares de la prensa? Digo, los grupos criminales llevan ya un buen tiempo asolando el territorio de Tierra Caliente -años enteros de secuestros, asesinatos y extorsiones que han dejado un siniestro reguero de cadáveres- y todo eso, tan escandalosa situación de desgobierno e ilegalidad, no merecía ni la atención global de los medios de comunicación ni tampoco una intervención contundente y decidida como la que vemos ahora por parte del gobierno Federal. Por lo visto, formaba parte de esa perversa "normalidad" de sangre, terror y muerte que viven tantos lugares de nuestra república.

Pues bien, lo que ha ocurrido es que el Estado mexicano se siente súbitamente desafiado al haber aparecido en el escenario unos grupos ciudadanos de autodefensa que, tomando en sus propias manos la seguridad de sus comunidades, constituyen una suerte de poder paralelo que, ahí sí, no es aceptable en un país que se precia de tener cierta mínima cohesión institucional (y esto, aunque lo otro, el aterrador avasallamiento que padeció durante años enteros toda una región significara ya, a mi entender, una directísima vulneración del estado de derecho y soslayando, de paso, la inaceptable realidad de que miles de mexicanos se hayan encontrado en la más absoluta indefensión, acosados por unas organizaciones criminales que, por si fuera poco, actuaban impunemente gracias a su turbia e indecente complicidad con las autoridades).

O sea que, al organizarse y tomar las armas los habitantes de Tierra Caliente, lo que hubiera debido ser anteriormente inadmisible se convierte, ahora sí, en algo absolutamente innegociable, por lo menos en lo referente al discurso público del gobierno (en varias zonas, los grupos de defensa participan hombro a hombro con las fuerzas oficiales de seguridad y esto podría ser una solución al problema siempre y cuando, desde luego, las milicias populares vuelvan a la vida civil una vez que ya no exista la amenaza de los Caballeros Templarios y otros grupos criminales).

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 26 de enero de 2014).


Estación del Macrobus de Guadalajara.

Dos horas después de lo pactado, el grupo #PosMeSaltoGDL se manifestó en las estaciones Agua Azul y San Juan de Dios del Macrobús y también en la estación del Tren Ligero contra el aumento a la tarifa del transporte público de 7 pesos.

Alrededor de 20 personas de este colectivo y otros más que se sumaron conforme la marcha avanzaba, tomaron las instalaciones de las paradas e invitaron a los usuarios a brincarse los torniquetes y no pagar por el servicio.

En las estaciones que tomaron, la mayoría de los usuarios atendieron a la solicitud de no pagar el servicio y ante la mirada de los vigilantes, pasaron libremente y decidieron no aportar la cuota. Con gritos como "bríncate, bríncate" y "7 pesos, 7 muertos" los inconformes continuaron con su manifestación en estas estaciones del transporte.

(V.primera plana del periódico El Informador del 26 de enero de 2014).


Me preocupa el hecho de que haya quienes aprueben, y aun aplaudan, la existencia de los llamados grupos de autodefensa, o defensas comunitarias. Cuidado con tal complacencia. Esas bandas de hombres armados vulneran el principio básico según el cual el Estado es el único que puede detentar fuerza legítima dentro de un territorio establecido. La existencia de grupos armados así a nada bueno puede conducir, y más temprano que tarde dará origen a toda suerte de problemas. Por otra parte no está claro su origen, y menos aún se conocen sus fuentes de financiamiento. ¿Quién los dota del armamento que usan, moderno y de alto costo? ¿A quién obedecen, y qué estructura tienen? Los que forman esas defensas comunitarias deben ser desarmados y quedar reducidos a su estricto papel de ciudadanos. Admito que los 3 niveles de autoridad -federal, estatal y municipal- han fallado en su tarea de garantizar a los particulares el ámbito de seguridad que necesitan para vivir y trabajar en paz. Pero tal cosa no significa que éstos puedan hacerse justicia por su propia mano. Eso conduce a la anarquía, al caos. No se dé trato de héroes a los integrantes de esos grupos armados, ni a quienes se ostentan como sus voceros. Se han apartado de la legalidad, y como violadores de la ley deben ser tratados. Eso sí: su presencia ha de servir de recordatorio a las autoridades, para que no se olviden del deber que tienen de restablecer el dominio del Estado ahí donde se ha perdido, ya a manos de los delincuentes, ya por la acción de esas defensas comunitarias.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas en línea del 23 de enero de 2014).


En teoría, el Estado se conforma por la necesidad que tienen los individuos de proteger su integridad física y patrimonial, delegando el poder de hacer justicia por propia mano en una entidad que ejerce dicho poder por, y a nombre de, todos. El Estado tiene, por ello, el monopolio de la fuerza física legítima y ningún ciudadano puede recurrir a ella para imponer reglas o sanciones, o para castigar delitos, salvo cuando se le usa en defensa propia.

La función crea así un órgano complejo, altamente especializado y profesional, capaz de sumar de manera estudiada y planeada un amplio conjunto de recursos humanos, logísticos y organizativos, junto con armamento y equipo especializados que, legalmente, están vedados a la ciudadanía. En teoría, el poder disuasivo y represivo de un aparato así resulta prácticamente imposible de igualar.

Pero en la práctica la realidad es distinta en México. El monopolio de la fuerza legítima hace rato que se le escapó de las manos al Estado mexicano. El uso, en algún momento, del concepto "Estado fallido" (entiendo que incapaz de cumplir con su función esencial) para describir lo que pasa en México, nos da una idea de la magnitud del problema.

La porosidad del Estado abarca varias dimensiones. Empieza con la tolerancia de facto ante la violencia que ejercen grupos radicales en manifestaciones públicas y culmina con el entronamiento actual del crimen organizado. El cobro de "derechos de piso" es la manifestación extrema de que la soberanía del Estado ha sido sustituida por otra, que impone sus propias reglas del juego en amplios segmentos del territorio nacional.

Así que en la práctica, lo que prevalece en varias regiones, es el poder del más fuerte, y en los hechos hemos vuelto al "estado de naturaleza", o mejor dicho, a la ley de la selva.

Esto es posible porque, en los hechos también, la teoría de la fuerza superior del Estado fue demolida por la sofisticada capacidad logística y el elevado poder de fuego que ahora tiene el crimen organizado, y que supera el de cualquier policía del País, con excepción, por un pelito, de la federal.

El problema de fondo es que la teoría constitucional Mexicana, no dice claramente qué hacer en situaciones como la presente, y en los hechos estamos a merced de la violencia, la corrupción y la impunidad, sin capacidad real de autoprotección. En una circunstancia donde la protección sólo se concibe al cobijo del Estado, pero donde el Estado no puede otorgarla, los ciudadanos quedan a merced del más fuerte, el crimen y la injusticia.

Especulo, porque no soy especialista en el asunto, que el matiz paternalista de nuestra cultura se observa también en nuestro constitucionalismo, imponiendo una visión que deslegitima el concepto de autoprotección mediante el uso de la fuerza armada (una especie de concepto algo distinto al de defensa propia). No encuentro otra razón para entender la ausencia de un debate serio sobre los grupos de autodefensa que han surgido en varias partes del país (curiosamente, en el centro y sur del territorio nacional).

Por ello, lo que se observa es una condena sumaria contra estos grupos, desde el gobierno y la sociedad, pero sin ofrecer razones de peso para condenarlos. Prevalece la sospecha de que algunos son creación del mismo crimen organizado, o de que se pueden crear regímenes de excepción en localidades determinadas.

Sin negar estas posibilidades, lo cierto es que, en los hechos, las autodefensas han enfrentado y detenido el avance de las organizaciones criminales en algunas regiones de México.

De alguna manera, están operando como verdaderos "sustitutos funcionales", y estarían haciendo la tarea que, constitucionalmente, le corresponde cumplir a los cuerpos de seguridad del Estado mexicano. Son hechos que obligan a una revisión de nuestra idea de seguridad, para allegarle al ciudadano más instrumentos legales y que pueda al menos "coadyuvar" en el resguardo de su seguridad y la de su familia.

Marco Antonio Cortés Guardado
(v.pág.9 del periódico Mural del 23 de enero de 2014).


Luego de que se presumió una inversión por 30 millones de pesos para la modernización del Rastro Tipo Inspección Federal 333 en León y de que se busca iniciar el proceso de exportación de diferentes tipos de carne a diferentes países, la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios, suspendió la matanza de reses, al encontrar clembuterol en más de 50% de las muestras que aplicó.

La suspensión se registró desde el sábado y ya suman unas 1,250 reses las que se han dejado de sacrificar. La Cofepris confirmó que el clembuterol se encontró en orina y sangre de 15 de los 26 animales que se muestrearon, por lo que se decidió suspender las actividades para prevenir riesgos a la salud.

La dependencia advirtió que las autoridades del rastro leonés no podrán reanudar la matanza de reses hasta que garanticen con evidencias que sólo están sacrificando bovinos libres de clembuterol.

(V.pág.14-A del periódico El Informador del 22 de enero de 2014).


Algo que debió hacerse... Pero que no se hizo.

Es la reflexión que priva en el pensamiento de la población michoacana sometida por la delincuencia organizada, que, saturada de la injusticia que ha derivado de -aunque les molesta la definición-, un Estado fallido desde varios gobiernos anteriores, con predominación perredista, ha hecho que se llegara hasta donde en el hoy se llegó.

Desde años atrás, con la inseguridad plena cobrando víctimas en la extorsión, el secuestro, "protección", dominios territoriales y asesinatos a mayor escala, ante la total y absoluta impotencia de las llamadas "fuerzas del orden", inmersas en un tenor de desidia e indiferencia, obligó al extremo de que la ciudadanía misma tomara las armas para defenderse.

Lo cierto es que día con día la preponderancia delincuencial, que se inició ostentándose como defensora, encontró su modus vivendi al atacar a los que un día, según esto, defendieron, aprovechando ya estar debidamente organizados.

Motes como "El Chayo", "La Tuta", "El Kike" y otros más, apoderados de la situación victimando a una población descarnadamente desesperada que, sumisa, tenía que acatar bajo amenaza de muerte el entregar a los grupos ranchos, propiedades, negocios y hasta jovencitas y señoras, hijas y esposas de los extorsionados, que eran llevadas a la fuerza para sus bestiales fines y devueltas después de violadas.

Todo ello llevó a los grupos de autodefensa...

Seguro estoy de que el gobierno de Peña Nieto, de inicio, no supo calibrar la gravedad flagrante de la situación.

A los motes y nombres de Los Templarios y Familia Michoacana con sus cabecillas, ahora en la contraparte, destacan los que figuran como líderes de autodefensas. El doctor Mireles, Estanislao Beltrán, "El Papá Pitufo", "El Comandante Cinco", Mora y Juan Bucio, entre varios otros, quienes al mando de los grupos bien pertrechados, ante las declaraciones del secretario de Gobernación, Osorio Chong, se muestran determinados a no dejar las armas hasta que no les entreguen a las cabezas de los delincuentes.

Tal vez el nombre de Gregorio López no le diga nada, pero es sacerdote en Apatzingán, acérrimo enemigo de los delincuentes, quien desde mucho tiempo pasado les señalaba a las autoridades quiénes y en donde estaban los cabecillas ahora buscados. Lo ignoraron, y...

Francisco Baruqui
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de enero de 2014).


Movimiento Ciudadano denunció que varias reses que dieron positivo a clenbuterol iban a ser sacrificadas en el rastro tapatío, pero al denunciarse el hecho, se detuvo la muerte del ganado que, hasta ayer, se encontraba en los corrales.

(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 16 de enero de 2014).


Los capítulos de violencia y conflictos armados en el Estado de Michoacán están lejos de terminar. Por un lado, la razón asiste a los ciudadanos que claman por seguridad social, pero por el otro, la autoridad no puede permitir la formación de grupos armados que pretendan controlar la violencia con violencia.

Cuando tenemos grupos civiles armados, tratando de defenderse de otros grupos civiles armados, es porque se ha fallado como Estado. Son palabras fuertes pero que en este caso no se alejan de la realidad.

Los ciudadanos no pueden condicionar a la autoridad e indicarle a ésta qué hacer. Pero en contraparte, la razón por la que se ha dado una constitución social como Estado es, precisamente, porque éste tiene el compromiso de brindar paz y seguridad, aspectos que, indudablemente, "han fallado".

Gerardo de la Cruz Tovar, investigador de la Universidad Panamericana
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 15 de enero de 2014).


El fenómeno de los llamados grupos de autodefensa se ha viralizado y es extraordinariamente peligroso. Si bien esa actitud individual de resistencia genera empatía, el fenómeno colectivo que desencadena es escalofriante. Esos grupos pueden acabar con el sistema político que tanto trabajo ha costado construir. Malón, pero en este sistema el poder tiene que lidiar con una Constitución, con leyes, con policías y con elecciones.

Para clarificar las cosas, es útil irnos al extremo puro. Digamos que no hay contaminación, ni de gobierno ni de grupos de narcotraficantes. Digamos que los hombres que se han armado en Michoacán y Guerrero al margen de las instituciones, son todos honestos ciudadanos en ejercicio de su derecho de estar hasta la m.

Así considerados, ¿deben permanecer armados para protegerse o deben ser detenidos? Deben ser detenidos de inmediato. No apelando a su voluntad y a su capacidad para continuar sufriendo atropellos, sino con la fuerza del Estado, la fuerza de su lado para protegerlos y en contra de ellos para desarmarlos. No deben ser un ejemplo a seguir y no deben ser el poder en su zona.

Hablar de la fuerza del Estado me saca ronchas, pero una de las funciones en las que debe estar presente, es en la atención de crisis de seguridad pública y crisis que amenacen al sistema. Y lo que tiene el país con los nuevos grupos armados es el aviso de una grave situación crítica que empeora a pasos agigantados. Los partidos políticos y los ciudadanos libres deben exigir la inmediata disolución de esos grupos y la inmediata garantía de su seguridad para evitar que vuelvan a salir.

¿Por qué? Porque esos grupos se pueden convertir, en dos segundos, en grupos paramilitares, si no es que ya hay algunos que merecen ese nombre: ya son grupos armados que actúan al margen de la ley y que, por lo visto, son tolerados por el Estado. Vayamos despacio. El término paramilitar varía de acuerdo con el contexto, y el contexto que México tiene más a la mano para comparar es el de Latinoamérica, en donde los grupos paramilitares fueron auspiciados por el gobierno, en la mayoría de los casos con fines de represión. No es así en México, pero ojo, en Colombia, por ejemplo, nacieron para defender a sectores específicos de los delitos de las guerrillas (principalmente secuestro). Y ya se vio el trabajo que ha costado disolverlos.

Un país no puede tener grupos armados al margen de la ley, por muy honestas que sean sus intenciones originales. Una organización armada tiene poder y el poder se usa, siempre. Y cuando el poder se usa, se abusa, siempre. Por eso necesita la ley, los partidos y todas esas instituciones que hemos inventado y que no están presentes en Michoacán.

Es una vergüenza nacional que los ciudadanos hayan tenido que salir a defenderse solos, pero será una desgracia nacional que no se les detenga.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 15 de enero de 2014).


La justicia en México y en Jalisco tiene un rezago histórico. En nuestro país, el poder judicial, elemento fundamental de toda democracia funcional pues es lo que nos permite vivir en paz pues ponemos en manos de otro la resolución de los conflictos y la aplicación de las leyes, ha estado históricamente supeditado al poder ejecutivo o su equivalente (la monarquía, el dictador o el presidente imperial).

La reforma del gobernador Guillermo Cosío a finales de los 80 buscaba romper con la subordinación del poder judicial al gobernador en turno y para ello se decretó la inamovilidad de los magistrados. Con Alberto Cárdenas en el poder se hizo otra reforma para crear el Consejo de la Judicatura, a imagen y semejanza al que había hecho Zedillo en el ámbito federal, para administrar y vigilar el trabajo de los jueces. Con el tiempo, el poder legislativo, nuestros queridos diputados, encontraron la manera se pervertir el espíritu de las reformas y hoy son ellos quienes nombran, en un singular reparto de cuotas, a los magistrados y consejeros del poder judicial creando nuevos lazos de dependencia.

El resultado es que en Jalisco los juicios tienen precio. El problema de fondo es que la justicia no es ni expedita, ni gratuita ni mucho menos equitativa.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de enero de 2014).


La reunión entre diputados locales y miembros de la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco que se prolongó por más de 2 horas concluyó sin acuerdos entre las partes.

Los inconformes que bloquearon la avenida Hidalgo, pedían a los diputados locales que se comprometieran a garantizar los derechos laborales de los maestros al margen de las evaluaciones académicas.

En este sentido, Guillermo Martínez Mora recordó que en los congresos locales no pueden modificar el sentido de las leyes federales.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 14 de enero de 2014).


El Estado, según la clásica definición de Max Weber, es el monopolio del uso de la fuerza y la violencia legítima en un territorio. El Estado es el depositario de ese pacto social donde todos cedemos la libertad de hacer lo que queramos, por la seguridad de una convivencia basada en la ley y en el estado de derecho. Sin embargo, ¿qué pasa si el Estado no cumple con su función original de dotar de seguridad a sus ciudadanos? ¿Es válido que los ciudadanos se armen y se defiendan a sí mismos ante las omisiones del Estado? ¿Cómo diferenciar la defensa justa de la seguridad ante las omisiones del Estado, de la justicia por propia mano característica de los tiempos previos al estado de derecho y de las repúblicas? No son respuestas fáciles.

José Manuel Mireles Valverde es el fruto de estas contradicciones. Conocido en los medios de comunicación como la cara más visible del llamado Consejo Ciudadano de Autodefensas Comunitario de Michoacán, su papel simboliza el fracaso y la incapacidad del Estado mexicano para controlar y gobernar su territorio. Es el espejo de la desesperación en la que viven miles de ciudadanos que ven como el Estado no sólo ha abandonado en vastos territorios del país su papel constitutivo de brindar seguridad a la población, sino que también ha renunciado al monopolio del cobro de impuestos y del control territorial.

El narco en amplias regiones del país, y en Michoacán con notable severidad, se ha convertido en un Estado al margen del democrático, capaz de extenderse y de cumplir roles de hacienda pública y hasta obras comunitarias. Territorios controlados por el crimen organizado que se fortalecen en la misma proporción en que las instituciones políticas se debilitan.

Mireles Valverde goza de amplia legitimidad, particularmente en los municipios donde existe alta presencia de los grupos de autodefensas. Médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su natal Tepalcatepec es una mezcla de todos los factores que han sido decisivos para el surgimiento de las autodefensas en México: ingobernabilidad, falta de seguridad, cobro de piso, violencia y terror en la población. Municipio de más de 15,000 habitantes ubicado en la inestable Tierra Caliente de Michoacán, y a unos cuantos kilómetros de la frontera con Jalisco, los problemas de ruptura institucional han alcanzado la toma del ayuntamiento por parte de los grupos de autodefensa que no reconocen al alcalde priista, Guillermo Valencia. Tepalcatepec se constituye como un espacio donde el Estado ha desaparecido y el control municipal enfrenta a los Caballeros Templarios y a los grupos de autodefensa que resisten el embate.

Mireles Valverde es más que un combatiente del crimen organizado, es un símbolo de la renuncia del Estado. Es todo menos un político y menos un poeta de los movimientos sociales como el Subcomandante Marcos. Es un hombre crudo y realista, frío y calculador. Sus palabras no esbozan un futuro mejor donde todos podamos convivir en paz y en armonía; por el contrario, en sus entrevistas refleja con mucha nitidez el sufrimiento y la desesperación que aquejan a miles de ciudadanos en Michoacán. Sin embargo, esa crudeza se entrelaza con sus largos trayectos para conseguir medicinas y dotar a la comunidad de los productos mínimos necesarios.

Su inconformidad se extiende más allá de los cárteles, narcos y delincuentes. Su denuncia es también contra la clase política, a la que no pocas veces juzga de criminal y delincuente en el mismo sentido que a sus enemigos narcotraficantes. Dentro del discurso se pueden localizar estas dicotomías continuas: una población buena e indefensa vs. un Estado malo y en colusión con la delincuencia. Aunque el problema de la criminalidad y la falta de gobernabilidad territorial están vinculados con la ausencia de Estado, para Mireles Valverde el Estado no es la solución, sino el problema. Su narrativa se sustenta en el justicierismo, una combinación de valores y justicia comunitarios. Por ejemplo, siempre ha dicho que se desarmaría solamente si le traen las cabezas de los 7 líderes de los Caballeros Templarios. Más que una coyuntura precisa, sus reclamos asoman una verdad muy clara para él: la comunidad y los de abajo, contra la alianza entre poderosos y criminales.

Lo cierto es que Mireles Valverde comanda algo más que una modesta policía comunitaria. Los datos proporcionados en entrevista, señalan que en Tepalcatepec hay 3,000 personas armadas las 24 horas del día listas para defender a las "familias y propiedades" de la población. Una cifra nada despreciable: es decir, uno de cada 5 habitantes de Tepalcatepec está armado, un verdadero escuadrón. Y no es la comunidad más armada, existen otras como Coalcomán que cuentan con 5,000 armados día y noche. Las emboscadas y los enfrentamientos entre cárteles y grupos de autodefensa en estos municipios, son más la regla que la excepción.

Las autodefensas no son, ni mucho menos, un fenómeno exclusivamente mexicano. Cualquier estado endeble e incapaz de hacer valer su entramado institucional, muestra como síntoma de descomposición a una sociedad civil que decide armarse. Y es que las autodefensas son una necesidad y al mismo tiempo una tragedia. Para muchas comunidades, permanecer pasivos ante la incapacidad estatal sería prácticamente firmar el acta de defunción. Sin embargo, antecedentes de este tipo de grupos en otras latitudes como Colombia o Perú, nos muestran que es difícil que estos grupos, aunque pudieron haber nacido con intenciones puras y castas, se mantengan por la línea de la defensa ciudadana sin alianzas con el narcotráfico o la guerrilla. Al final, como pasó con la Autodefensas Unidas de Colombia, devinieron en estructuras paramilitares y sicarios dispuestos a todo por el negocio (y con un vínculo ya explícito con el narcotráfico).

Así, es inevitable que existan dudas sobre el papel de las autodefensas en una democracia de estado de derecho.

También su autonomía con relación al narcotráfico está bajo sospecha. Por un lado, ¿cómo pudo Mireles armar con miles de armas a municipios tan pobres? ¿Qué estaba haciendo Mireles en tierra jalisciense hace algunos días, antes de su accidente aéreo? Son preguntas a las que no tenemos respuestas. Las narrativas de los gobiernos federal y estatal son completamente distintas, como lo hizo notar esta semana Jorge Fernández Menéndez. Mientras el gobierno federal prácticamente lo ve como un aliado y le ha dado un velo de impunidad argumentado que su "fin es bueno" (aunque sus medios disten de entrar en la legalidad), el gobierno de Fausto Vallejo ha sostenido en innumerables ocasiones que existe una relación estrecha entre las autodefensas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Será que el gobierno federal entendió que la única forma de recuperar Michoacán es debilitando a los sanguinarios Caballeros Templarios? Y es que el gobierno federal le pide a Mireles que exprese su lucha a través de los cauces de la legalidad, pero para eso, él ya exigió la cabeza de los líderes de los Caballeros Templarios.

Y es que parece que Michoacán se resiste a las fórmulas que han dado resultado en otros estados. Ni la militarización, ni la presencia de la Policía Federal, ni tampoco la apuesta por la depuración policial, han tenido el efecto deseado. No sólo está roto el tejido social, también está destruido el institucional y parece que la política ya no es solución.

La privatización de la seguridad no es algo nuevo en México: sólo hay que recordar los ejércitos de policías privados que cuidan a empresarios y a políticos día y noche. Son verdaderos ejércitos que responden a la misma lógica, la desconfianza del Estado y su fuerza para detener a los criminales. Autodefensas y policías privados, son 2 caras de la misma moneda.

Es imposible pedirle a una población que no se defienda como pueda, cuando el Estado la ha abandonado a su suerte. Sin embargo, en la parte del desafío estructural, las autodefensas no sólo no abonan a mejorar el estado de derecho y el entramado institucional, sino que son regresivas. Es la paradoja de las autodefensas: su éxito y multiplicación nos aleja cada día más de una verdadera solución.

Enrique Toussaint
(v.pág.3-B del periódico El Informador del 12 de enero de 2014).


En estos tiempos, en los que se supone que vivimos en un Estado de Derecho y que la justicia es pronta y expedita, todas las acciones dirigidas a hacer justicia por la propia mano, son reprobadas porque a los ciudadanos no les toca y si lo hacen, están fuera de la ley.

¿Pero qué pasa cuando la autoridad no tiene capacidad para que esa ley se cumpla? ¿Cuándo no quiere o no puede? Varias veces en este mismo espacio he hablado de los riesgos de que el Estado no cumpla con su responsabilidad en materia de seguridad. Recuerdo -y las referencias van más allá del sexenio de Calderón- varios linchamientos especial y curiosamente en el Estado de México.

Y en cuanto al surgimiento de los grupos de autodefensa, también escribí aquí lo peligrosos que son, nada más al considerar la posibilidad de que se convirtieran en grupos de paramilitares tipo Colombia.

Lejos de atenuar la gravedad de la situación, en Michoacán las cosas se han complicado dramáticamente y ahora, las tibias manifestaciones de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aun cuando sostiene que se devolverá la paz a esa entidad federativa, son más un signo de alerta que de alivio.

Los grupos de autodefensa se han ido integrando con habitantes de las mismas localidades asoladas por los grupos criminales como, en el caso de Michoacán, los Templarios o la Familia y la manera de enfrentar este conflicto que afecta a cientos de inocentes es combatir de manera efectiva a los delincuentes. Si no fuera por la actuación del crimen organizado en el estado vecino, especialmente en la zona de Tierra Caliente, las llamadas autodefensas no se hubieran formado.

Por si fuera poco, el contexto se complica con la protección que el gobierno federal está otorgando a uno de los líderes de esas autodefensas, José Manuel Mireles. Analistas y periodistas sostienen que el presidente Peña Nieto está jugando con fuego.

Michoacán está mal y las expectativas de una solución en el corto plazo, lejanas.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de enero de 2014).


Parácuaro

Un grupo de desconocidos prendió fuego al palacio municipal de Apatzingán y a dos oficinas aledañas cerca de las 20:30 horas, que no llegaron a arder por la intervención de los bomberos.

Posteriormente se reportaron disparos en zonas cercanas al centro histórico del municipio.

Además, por 3er. día consecutivo se registraron bloqueos en la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán de parte de miembros de las autodefensas, que tal y como ocurrió el jueves, quemaron vehículos en los accesos a la cabecera municipal.

Al menos 10 unidades fueron incendiadas a la altura del entronque a Parácuaro y a Los Espero, al igual que en el monumento a Lázaro Cárdenas de la ciudad de Apatzingán.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 11 de enero de 2014).


Un grupo de 40 ex elementos se manifiestan frente a las oficinas de la Policía Federal, ubicadas en Anillo Periférico, casi Luis Cabrera en la colonia Jardines del Pedregal, delegación Coyoacán.

Alrededor de las 10:00 horas, los manifestantes bloquearon los carriles laterales de Periférico, sin embargo, minutos después fueron replegados sobre los camellones.

Los ex elementos federales fueron destituidos de diversas áreas, luego de que les fueron practicados los exámenes de control confianza.

Piden que las autoridades reciban a una comisión para externar su problemática y puedan ser restituidos en sus puestos.

(V.periódico Excélsior en línea del 10 de enero de 2014).


El fenómeno de las autodefensas no fue atajado a tiempo.

Para la seguridad del país será el fenómeno más peligroso de 2014.

Carlos Puig
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 10 de enero de 2014).


Parácuaro

Vacinos de Parácuaro bloquearon por 4a. ocasión la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán. En esta ocasión incendiaron al menos 4 vehículos.

Entre los vehículos secuestrados había unidades de las empresas Sabritas, Santorini, Coca Cola y Lala. En total fueron 11 vehículos que los manifestantes amenazaron con incendiar si no llegaba algún representante del gobierno federal.

(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 10 de enero de 2014).


Ayer cientos de personas se movilizaron en Apatzingán y Parácuaro, y reanudaron el secuestro de vehículos y el cierre de carreteras.

Las unidades retenidas fueron atravesadas sobre la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán.

"Hasta que nos retiren a esas fuerzas de policías comunitarias, aquí vamos a estar", advirtieron los manifestantes desde el sonido local, que instalaron en plena vialidad.

El bloqueo fue respaldado por la presidenta municipal de Parácuaro, Lucila Barajas, y algunos de sus regidores.

Las movilizaciones de ayer provocaron nuevamente la cancelación de corridas de autobuses hacia esa región, hasta nuevo aviso.

Vía redes sociales, cuentas afines a grupos de autodefensa aseguraron que este tipo de manifestaciones son provocadas por el crimen organizado.

"El CO (crimen organizado) obligó a algunos taxistas a acudir a la marcha. En la radio frecuencia de los taxis se escuchaba: obligatorio asistir a la marcha, eviten que les quite el carro o se lo quemen", revelaron mediante la cuenta Valor por Michoacán de Facebook.

(V.pág.5 del periódico Mural del 9 de enero de 2014).


Tanto autodefensas como autoridades muncipales de Parácuaro han tomado carreteras e incendiado autobuses y tráileres, unos para reafirmar su posición y otros para exigir el retiro de las autodefensas.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 8 de enero de 2014).


La presencia continuada y sistemática de cientos de "mentores" afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, primero en pleno Zócalo de la ciudad de México, posteriormente en la explanada del Monumento a la Revolución, desde hace medio año, so pretexto de protestar por las afectaciones que al gremio magisterial le significa -según se aduce- la Reforma Educativa planteada por el titular del poder ejecutivo y convertida en ley por el legislativo, ha generado obvias incomodidades a muchos miles de personas, y evidentes perjuicios a vecinos, comerciantes, restauranteros y demás profesionistas de la zona.

Ahora bien, es probable que, a la vista de los hechos que han sido públicos y notorios, vengan al caso 3 preguntas:

1.- Si las leyes se hacen "en consonancia con la justicia", ¿no se supone que los encargados de elaborarlas ya deberían haber advertido la necesidad de hacer adecuaciones a las ya existentes, al efecto de evitar la injusticia de que las inconformidades de los menos perjudiquen a los más de manera ostensible y continuada...?

2.- Si se dictan, supuestamente, "para el bien de los gobernados", ¿no deberían de haberse propuesto las debidas acotaciones a las libertades de petición y reunión, consagradas en los artículos 8o. y 9o. de la Constitución...?

3.- ¿No existe, para tal efecto, un aparato legislativo (cuyos integrantes, por cierto, cobran como si sirvieran para algo)...?

Jaime García Elías
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 7 de enero de 2014).


No hay mejor forma de recuperar la confianza que hacer cumplir y respetar las leyes.

La seguridad no se puede negociar: si se secuestran niños el futuro de los secuestradores no puede entrar en una agenda de negociación.

Es verdad que siempre ha habido grupos de policías comunitarias en muchos municipios, sobre todo indígenas, del país. Pero lo que estamos viendo con las autodefensas es otra cosa. Un fenómeno, por cierto, que no tendría margen alguno si en lugares como Michoacán y Guerrero se le garantizara a la gente su seguridad cotidiana.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 7 de enero de 2014).


Luego de haber mantenido bloqueado el acceso a Parácuaro, Michoacán, por más de 8 horas, pobladores de ese municipio que exigen el retiro de los grupos de autodefensa que desde el sábado mantienen bajo su poder la zona, liberaron la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán.

Los inconformes secuestraron 3 camiones de carga y los atravesaron en el camino, cortando por completo el flujo vehicular.

Inocencio Carbajal señaló que mantendrán todas las medidas de presión hasta que las autoridades estatales o federales retiren por completo a los grupos de autodefensa de la zona, sin descartar nuevas quemas de vehículos.

El día de ayer se registraron enfrentamientos y quema de autobuses en las cercanías de Parácuaro.

(V.Sin Embargo del 6 de enero de 2014).


Varias decenas de integrantes del Frente Democrático Campesino bloquearon 3 de los 4 carriles del puente internacional "Libre" que conecta a El Paso y Cd. Juárez para protestar contra el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte que, consideraron, ha devastado al campo mexicano.

(V.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de enero de 2014).


Me parece un contrasentido que la Secretaría de Movilidad anuncie los días y horas en que implementará los operativos de alcoholimetría, y peor aún que informe los días en los que los cancelará.

El 23 de diciembre pasado, el titular de la Secretaria de Movilidad organizó una rueda de prensa y envió un boletín informativo a los medios de comunicación anunciando que los días 24 y 25 de diciembre no habría operativos de alcoholimetría "para que las familias jaliscienses festejen esas fechas con tranquilidad, pero que sí habría revisiones el día 31 de diciembre aunque haya sido martes".

Yo pregunto: ¿festejar con tranquilidad es saber que se puede ingerir alcohol a sabiendas que si luego conducimos un auto no hay riesgo de que nos detengan? Para mí, anunciar la suspensión de las revisiones produce exactamente el efecto contrario: intranquilidad. La intranquilidad de saber que todos los bebedores irresponsables -y vaya que los hay- considerarán el anuncio como una "licencia" para tomar y manejar ese día.

Es como anunciar que un determinado fin de semana no habrá policías en la ciudad, y de esa manera otorgarle a los ladrones una especie de "licencia para robar".

Para que los operativos de revisión de alcoholimetría sean efectivos, deben tener el carácter de permanentes, y sin que nadie sepa ni cuándo ni dónde se instalarán.

Sólo así funcionarán como lo que son: un disuasivo que induce a cambiar costumbres y a desistirse del irresponsable propósito de manejar un auto luego de haber ingerido alcohol, sea viernes o lunes, sea a la una de la mañana o a las tres de la tarde, pues no hay día ni horario bueno para provocar accidentes, ni para matarse o para matar a otros.

Anunciar las fechas que se suspenden significa establecer días de tolerancia al consumo de alcohol, y la tranquilidad de una familia o de un festejo no se logra "tolerando" la ebriedad, sino impidiendo que los ebrios manejen en ese estado.

El concepto de la disuasión se basa en 2 premisas fundamentales: la 1a. es que los castigos impuestos a los transgresores los conmina a no delinquir, y la 2a., que el miedo al castigo previene que otros cometan crímenes o delitos similares. La mayoría de la gente se autocontrola cuando sabe que hay castigos severos para quien viola la ley o pone en riesgo la vida de los demás. Sin embargo, un disuasivo pierde su razón de ser cuando las consecuencias negativas o la amenaza de castigo desaparecen.

Ha sido ampliamente demostrado que, más que la severidad de los castigos, lo que más efecto disuasivo tiene es la seguridad del castigo. De nada sirve aumentar las penas a un transgresor si éste no cree que será aprehendido por sus actos.

Por ello, los operativos de alcoholimetría serán más efectivos y cumplirán su propósito en la medida en que la sociedad sepa que las probabilidades de ser detenido y enviado a prisión por manejar en estado de ebriedad son realmente altas e insalvables.

En ese sentido, y contrario a lo que hasta ahora han hecho, lo que las autoridades deben anunciar es que los operativos serán permanentes, y serán instalados cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y mientras menos sepamos cuándo y dónde, mejor.

¿Por qué en los Estados Unidos, nadie se atreve a conducir un automóvil luego de haberse tomado unos tragos, ni a mentir o a violar la ley? Porque la seguridad de que seremos castigados es muy alta; porque la policía sale de donde menos la esperamos; porque los ciudadanos denuncian, y porque es prácticamente imposible sobornar a un policía, y las consecuencias de intentarlo son mucho peores.

Castigamos a quien viola ley en lugar de premiar a quien la cumple. Así funcionamos, porque desgraciadamente para muchos el autocontrol y la autorregulación no existen. La mayoría respeta la ley sólo si los vigilan o si los obligan.

Si queremos avanzar como sociedad no hay más opciones que respetar las leyes sin necesidad de vigilancia, adoptar como constitución política personal el bien común, y como freno a los impulsos y conductas nocivas, los dictámenes de nuestra propia conciencia.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 2 de enero de 2014).


El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero M., consideró que el "mayor reto" de México es combatir la corrupción y la impunidad, ya que sólo 7 de cada 100 denuncias del fuero común resultan con sentencia condenatoria.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 30 de diciembre de 2013).


Ni derechos ni seguridad; ni respeto a los derechos humanos, ni un ejército que se encargue de protegerlos. Esta es la cruda descripción del estado de cosas durante los últimos 5 años del gobierno de Felipe Calderón que presentó Human Rights Watch en uno de sus informes. Un país cada día más violento, cada vez más caracterizado por la tortura, homicidios e impunidad, levantones y atracos. Unas fuerzas de seguridad nacional, que al pelear la guerra contra el narcotráfico, reducen los crímenes cometidos contra la población a un simple "daño colateral" y crean la impresión de que todos las crímenes han sido por cárteles rivales. Entre 2003 y 2006, la Comisión de Derechos Humanos recibió 691 quejas de abusos cometidos por el Ejército. Entre 2007 y 2010, el número ascendió a 4,803. Tanto la Corte Internacional Americana como la Suprema Corte, han recomendado que México reforme el Código de Justicia Militar, para asegurar que los casos de violación de los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, sean procesados por la justicia civil.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.Razón y Acción del 28 de diciembre de 2013).


Integrantes de la CNTE cerraron ayer la carretera que comunica a Xalapa con el puerto de Veracruz.

Los docentes bloquearon la capital del estado para presionar el pago de aguinaldos y descuentos salariales que les han hecho a los faltistas.

(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 27 de diciembre de 2013).


México muestra todos los síntomas de una sociedad culturalmente incapacitada para sustentar un Estado de Derecho genuino. Incluso el debate público es a veces indicativo de que las competencias psicosociales requeridas para el imperio de una noción imparcial y universal de la justicia no se han desarrollado en la extensión y en el nivel requerido por esta forma de asociación colectiva.

La facilidad con la que se expande el crimen organizado o lo arraigado de la corrupción, por mencionar dos fenómenos relevantes, reflejan algo más que una falla endémica a nivel institucional. Junto a ellas es sintomática la violación cotidiana, con actos en apariencia irrelevantes, que la enorme mayoría de los mexicanos hace de algunas leyes locales y en general de normas que imponen una convivencia cívica de mediana calidad.

En estos día basta observar ciertas opiniones en torno a la legitimidad de la protesta social para entender lo torcido que está la conciencia legal, incluso de importantes actores de nuestra vida pública.

Anarquistas que destrozan el centro de la Ciudad de México, maestros que alteran de la peor manera el orden público, afectando los intereses de la generalidad de la población, o el caso específico de los opositores a la reforma energética que dañaron el edificio del Congreso en Jalisco son acontecimientos que, si bien han suscitado la condena de la sociedad, sorprende que no sean pocos los que además de justificarlas consideren totalmente improcedente el uso de la fuerza pública para contenerlas, ya no digamos penalizarlas conforme a la ley.

De verdad sorprende que cuando se pide que se aplique el rigor de la ley en casos como los mencionados, sobren aquéllos que ponen el grito en el cielo denunciando oscuras intenciones de criminalizar la protesta social.

Es cierto, la impunidad en el país es tal, que castigar el vandalismo de ciertas manifestaciones del activismo contestatario sonaría a medida de excepción. Pero la facilidad con la que esos actos vandálicos evaden la justicia es otro ingrediente más que robustece la impunidad imperante en este país.

La ley, quiérase o no, está para aplicarse sin excepciones, salvo en los casos previstos por el mismo régimen jurídico. No hay otra forma de darle sustento y posibilidad de existencia al Estado de Derecho.

En una sociedad con una conciencia de la legalidad medianamente desarrollada, se reconoce que la ley es producto de la misma voluntad del cuerpo de ciudadanos por dotarse de normas jurídicas que tutelen el interés colectivo y protejan a los individuos en su patrimonio e integridad física.

En México se la ve más bien -en amplios segmentos de la población y en la mentalidad de varios actores y movimientos políticos- como algo ajeno y extraño, que vale la pena desafiar, contravenir o incluso violentar.

Cierto: la ley no siempre encarna fielmente principios de justicia determinados. Toda ley puede ser injusta, y por lo tanto cuestionable y rebatible, pero en una sociedad democrática existen los caminos para cuestionarla, debatirla y modificarla sin recurrir a la violencia como método regular de procurar normas más justas.

La protesta social es legítima, pero cuando cae en la violencia vandálica deja de ser protesta para convertirse en delito puro y simple. Por ello, distintos movimientos en el mundo han hecho de la desobediencia civil el método de lucha política más efectivo y moralmente incuestionable.

Recurrir a la violencia y además ensalzarla al justificarla, equivale a justificar, en los hechos, otras formas violentas de violación de las leyes propias de la criminalidad a secas. Los motivos del que destroza bienes ajenos, públicos o privados, no lo exoneran per se, de un castigo que nadie cuestiona cuando se le impone a otro sujeto que hace los mismos destrozos, pero sin los motivos o la justificación ideológico política del primero. ¿A poco de veras cuesta trabajo entender esto?

Marco Antonio Cortés Guardado
(v.pág.7 del periódico Mural del 26 de diciembre de 2013).


Alrededor de 50 choferes del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara bloquearon la avenida Hidalgo en su cruce con 16 de Septiembre, esta última arteria tiene un carril cerrado, tomado por ellos mismos.

Los choferes pedían que se les pague su aguinaldo, ya que aseguran no les han depositado lo que les corresponde, y lo que sus superiores les dicen, según ellos, es depositarles una parte hasta el mes de enero, a lo que ellos se niegan.

Argumentan también que algunos de sus compañeros han sido despedidos injustificadamente.

El tráfico por el cierre en Hidalgo se resintió desde antes del túnel de esta avenida, ya que personal de Movilidad no dejaba ingresar a los carriles laterales, desviando a los automovilístas a las calles aledañas.

Alrededor de las 15:00 horas los choferes se retiraron de la avenida Alcalde y se reunieron en Plaza de Armas para llevar a cabo una negociación.

(V.periódico El Informador en línea del 24 de diciembre de 2013).


Elementos de la Policía Auxiliar bloquearon la avenida Ventura Puente, en la Ciudad de México, en demanda de que les sea cubierta la totalidad de su aguinaldo. Hasta ayer les habían entregado sólo la mitad.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 24 de diciembre de 2013).


El Distrito Federal registró en el año 7,910 movilizaciones, cifra mayor a las 7,319 que se presentaron en 2012, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

En el conteo de la dependencia están clasificados mítines, marchas, caravanas, plantones, concentraciones, bloqueos viales, toma de instalaciones, asambleas informativas y otros. Con 5,148 eventos, la zona norte de la ciudad fue la más afectada.

Entre las organizaciones más activas en la realización de marchas se encuentran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con 746; el Sindicato Mexicano de Electricistas, con 266; colectivos estudiantiles y anarquistas, con 175, y Antorcha Campesina, con 158.

De acuerdo con el registro, las vialidades más afectadas fueron Paseo de la Reforma, Insurgentes, Tlalpan y Periférico.

Para hacer frente a las movilizaciones, las autoridades desplegaron un total de 253,000 elementos, si se suman a todos los policías que participaron en las casi 8,000 marchas; en ocasiones se requirió el apoyo de corporaciones federales.

(V. Por Esto! del 22 de diciembre de 2013).


El debate sobre la consulta popular para revertir las reformas constituciones que logran la transformación más radical del sector energético en su historia, será la última discusión tensa e intensa del año. Y como tantas polémicas en la arena pública mexicana, está lleno de inteligencia emocional. Tantos gritos y epítetos cruzados donde se culpan mutuamente de "traidores" y "mentirosos", de "vende patrias" o "hipócritas", esconden la realidad legal en el país: ninguna consulta popular -que es instrumento de la democracia directa-, está por encima de la Constitución. Este postulado define el Principio de la Supremacía Constitucional, vigente en México desde 1857, cuando el congreso constituyente promulgó lo que hoy se conoce como las Leyes de Reforma.

Bajo la guía del ex candidato presidencial y líder moral de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, el argumento central es que la Reforma Energética, que cambió 3 artículos constitucionales, es reversible mediante una consulta popular. Para ello, buscan que se incorpore como ley dentro de la Reforma Política, a fin de que sea legalmente vinculante y que sus resultados puedan modificar la Constitución. El mensaje original de Cárdenas, repetidos en estos días por el líder del PRD, Jesús Zambrano, funda el alegato en el Artículo 35 constitucional, que permite votar en consultas populares "temas de trascendencia nacional". Como dije Zambrano, en ninguna parte de él se condiciona qué tipo de temas se pueden tratar o no. "Entonces -afirmó-, o son intereses obvios que no quieren que se haga una consulta popular en materia energética, o son ignorantes".

Ni uno ni otro, si se atiene uno a la ley.

La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho Constitucional donde coloca a la Constitución por encima de todo ordenamiento jurídico, al ser considerada como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Aunque está contenida en el Artículo 133 de manera expresa, el planteamiento de la izquierda topa con pared en el Artículo 135, que mantiene desde 1857 la premisa de que para modificar la Constitución se requiere el voto de las 2 terceras partes presentes del Congreso de la Unión, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. En este sentido, el planteamiento de la izquierda es engañoso. Parafraseando a Zambrano, por intereses o por ignorancia.

El alegato de la izquierda tiene que modificarse para poder avanzar con certeza sobre sus objetivos, porque de otra manera, cuando llegue su controversia a la Suprema Corte de Justicia, van a ser rechazados y habrán perdido más de 18 meses en construir un caso que carece de pies. Revertir la Reforma Energética los obliga a reclutar a los mejores constitucionalistas -hasta ahora, la ausencia de ellos en sus filas es memorable- para tener alegatos y estrategias que les permitan llegar a ese fin. No será, seguramente, en 2015 como plantean, sino mucho más adelante.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.21-A del periódico El Informador del 20 de diciembre de 2013).


Las recientes manifestaciones con final caótico -propias de la izquierda- en contra de la aprobación de la reforma constitucional en materia energética por el Congreso del Estado de Jalisco como parte -como el resto de las entidades federativas- del Poder Reformador de la Constitución, son un buen ejemplo de su fuerte tendencia violenta y antidemocrática.

Las justificaciones de los manifestantes y organizadores -como el mal llamado partido Movimiento Ciudadano y su líder Enrique Alfaro (que, al darse cuenta que todo se había salido de control, decidió no presentarse para cuidar su imagen y sin importarle dejar colgados a sus seguidores) y la organización lopezobradorista que pretende ser partido, Morena- son falaces y contradictorias:

a) "La reforma es un robo a la nación; si se comparan los daños entre el atraco y los daños irrogados, estos últimos no pintan". Y vaya, que incluso algunos izquierdistas se han aventado la simpática puntada de ofrecerse para pagar los destrozos siempre y cuando la reforma energética se repliegue. Sí, ajá.

b) "Todo fue una provocación al haber la policía arrestado a 2 manifestantes menores de edad". Es intrascendente: a los menores infractores se les arresta en flagrancia también. Pero independientemente de que ellos le llamaron secuestro al arresto, en realidad a quienes tenían secuestrados -ellos decían cerco- fue a los policías (que no podían entregar a los menores a las autoridades correspondientes al no poder salir), a los funcionarios y a los diputados.

c) "Que la violencia sólo fue un ratito". Ríase el lector.

d) "Por traidores a la patria se merecen eso y más". Tal como en Puebla, donde patearon "hasta que se cansaron" a un diputado, diría yo. Y por ello me parece correcto el uso de la fuerza para proteger su integridad. No quiero saber qué hubiera ocurrido dentro del recinto legislativo si no se hubiera expulsado a los manifestantes que de forma violenta se metieron al congreso y luego prendieron fuego. ¿Hubieran golpeado a los diputados, logrado un muertito o 2? Es posible.

Jalisco no debe asumir las blandengues formas de la Ciudad de México en relación con la violencia disfrazada de protesta. Muy bien que se prevea un descargo de responsabilidades que incluya a los funcionarios que se unieron o lideraron los destrozos. La protesta, como todo derecho, tiene límites: que sean pacíficas y no se dañe a terceros.

Sergio Aguirre
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de diciembre de 2013).


El secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, descartó ayer que existan recursos para apoyar a los productores que bloquearon lunes y martes carreteras de Jalisco para exigir más por el maíz, en lugar de los 2,700 a 3,100 pesos que les ofrecen.

"Con el presupuesto de Aserca no es posible (pagar 4,100 pesos por tonelada). Los bloqueos son algo que está fuera de la ley y eso no motiva a ninguna autoridad a salirse de un presupuesto. Nosotros no tenemos recursos. Tendremos que buscar otro tipo de soluciones", afirmó el funcionario federal, de gira por Jalisco.

Al pedir su opinión al respecto en entrevistas por separado, líderes maiceros amenazaron con extender sus protestas a Guadalajara y hasta el aeropuerto en caso de que no les cumplan con los pagos.

"Yo no entiendo cómo le van a hacer, el compromiso ya está y tienen que sacar el dinero de donde haya porque la Secretaría de Agricultura sí tiene dinero para eso y más y la Secretaría de Hacienda, nada más es que se pongan de acuerdo", dijo Miguel Sánchez, uno de los dirigentes.

"Esto ya no para hasta que se cumpla y si no que se atengan a las consecuencias".

[¡Orale, pinches políticos pendejos e ineptos! Síganle enseñando a la gente que chantajes y extorsiones son el único camino para conseguir lo que se le antoja y a ver hasta dónde van a parar. - el webmaster.]

(V.pág.1 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 19 de diciembre de 2013).


Profesores (?) de la Sección 18 de la CNTE instalaron un plantón afuera del Palacio de Gobierno de Michoacán y cerraron la circulación sobre la Avenida Madero en demanda de que el gobierno estatal les pague adeudos estimados en 14 millones de pesos.

(V.pág.9 del periódico Mural del 19 de diciembre de 2013).


Para exigir el pago de un bono anual que tuvo que ser entregado a más tardar el 10 de diciembre, unos 150 maestros jubilados bloquearon ayer la Avenida González Gallo, a la altura de la Calle Río Reforma y Privada El Porvenir.

Los docentes acudieron a la delegación regional de la Secretaría de Educación Jalisco, ubicada en esa zona, para demandar que se les entregue el bono de 10,000 pesos que se les entrega cada fin de año.

Ante la presión, a los profesores retirados se les aseguró que a partir de hoy y de manera escalonada se les estaría pagando el bono, pero ante la llegada de las vacaciones tienen desconfianza de que sea así.

Desde la semana previa, la SE enfrenta reclamos del magisterio por el retraso en el pago de aguinaldos.

Dicha demora se debió a la "ficción" presupuestal que ha vivido el ejecutivo del estado desde las pasadas administraciones, argumentó el lunes el secretario, Francisco Ayón.

(V.pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 19 de diciembre de 2013).


La felicidad de los jóvenes de la secundaria técnica 59, de Reynosa, Tamps., por haber celebrado ayer su fiesta navideña y el inicio de vacaciones se vio opacada por la tragedia cuando, al salir del plantel, 5 de ellos murieron atropellados por hombres armados que huían de un convoy militar.

Los menores que murieron eran 3 mujeres y 3 hombres de entre 13 y 15 años.

Una mujer de 31 años de edad y una niña de 5 años resultaron lesionadas.

La camioneta después se impactó contra 2 vehículos estacionados afuera de la secundaria, donde finalmente se detuvo.

Los tripulantes huyeron, aprovechando la confusión.

Padres de familia de la secundaria a donde asistían los 5 estudiantes que murieron atropellados cerraron la carretera durante 5 horas para exigir justicia y la colocación de un puente peatonal.

(V.pág.10 del periódico Mural del 19 de diciembre de 2013).


Logra Sinaloa acortar bloqueo yaqui en Sonora.

La 2a. visita del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, a la tribu yaqui, rindió frutos, ya que logró reducir los bloqueos de 14 a 4 horas en horarios establecidos.

Ayer, el mandatario sinaloense firmó el "Pacto de Vícam" con los inconformes que mantienen bloqueada de manera intermitente la Carretera Internacional en rechazo de la operación del Acueducto Independencia, megaobra del gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés.

A cambio de acortar el horario de la protesta, López Valdez se comprometió ante los líderes yaquis a gestionar ante la federación la solución al conflicto por el agua.

De acuerdo con el gobernador sinaloense, el bloqueo costaba 20 millones de dólares diarios a los productores sinaloenses, quienes ven en la exportación de hortalizas hacia Estados Unidos la oportunidad de recuperarse luego de un año difícil en materia económica.

Tomás Rojo Valencia informó que el bloqueo no se levanta, sólo se flexibiliza en cierres de 8:00 a 10:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas desde este lunes y hasta finales del mes de enero.

(V.pág.10 del periódico Mural del 19 de diciembre de 2013).


El ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, volvió a impedir el lunes una reunión entre sus hijos y su ex mujer, la francesa Maude Versini.

La cita fue tramitada por cauces legales y presuntamente debería haberse efectuado en el "Centro de Convivencia Familiar" del Poder Judicial del Estado de México.

Jaime Aparicio, uno de los abogados de Versini, acusó que ésto no ocurrió.

"Arturo Montiel, tal como ya lo hizo en anteriores visitas ordenadas por los tribunales, no presentó a los niños", señaló.

"Maude Versini había hecho el largo viaje de Paris a México sólo para esas 2 horas de visita. Esperaba, en vísperas de Navidad, ver finalmente a sus hijos -uno de ellos con autismo- por 1a. vez en 2 años", agregó.

Versini confía ahora en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte medidas cautelares para que las autoridades mexicanas le permitan reunirse con sus hijos.

(V.pág.8 del periódico Mural del 19 de diciembre de 2013).


Autoridades estatales y federales acordaron con productores de maíz buscar elevar a 4,100 pesos el precio de tonelada del grano, lo que permitió que después de 30 horas de bloqueo, cerca de las 19:00 horas del martes, se liberara la circulación en la autopista Guadalajara-México, en la caseta de Ocotlán. En distintos puntos de movilización se comenzó a normalizar el paso vehicular después de las 17:00 horas, Ocotlán fue el último sitio en abrirse el tránsito.

"Buscar por todos los medios garantizar el precio del maíz a 4,100 pesos la tonelada" en Jalisco, está entre los principales acuerdos logrados ayer entre autoridades y una comisión de productores de maíz.

Ahora sí "logramos una cosa muy bien", consideró Ricardo Hernández Yáñez, productor del grano que asistió a la reunión con autoridades.

[Sí, el gobierno les ha enseñado el camino para lograrlo - el webmaster.]

Reconoció que con los bloqueos afectaron a miles de personas y aseguró que restringieron el tránsito en alrededor de 15 o 20 carreteras de todo el estado.

En la reunión con los productores de maíz estuvo el gobernador (quien la inició), el secretario general de Gobierno, también participaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural, el delegado de Sagarpa y el titular de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).

Sin embargo, concretar el aumento no es sólo decisión de un gobierno, aquí interviene el precio que fija el mercado internacional. En este caso, los productores de maíz de Jalisco solicitan que se les compre a un precio por arriba del tabulado.

Para ello intervienen el gobierno federal -que también es un gran comprador del producto- con apoyo del gobierno estatal para llegar a un acuerdo y fijar un mejor precio con industriales del maíz que compran a productores locales.

En la caseta de Ocotlán el bloqueo ocasionó filas de vehículos, entre tráilers, autobuses de pasajeros y autos particulares que se extendió, aproximadamente, 20 kilómetros en el sentido La Barca-Guadalajara; en dirección contraria la acumulación de automotores alcanzaba cerca de 2 kilómetros.

Otras carreteras en las que de acuerdo a la Policía Federal también hubo bloqueos, son la vía de cuota de Guadalajara hacia Los Altos, en la caseta de Tepatitlán; la vía libre Guadalajara-Irapuato a la altura de Tototlán, así como el camino Santa Rosa-La Barca; además, hubo movilizaciones en la ruta San Luis Potosí-Guadalajara, tramo Tepatitlán-Puente de Calderón a la altura del kilómetro 118.

(V.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de diciembre de 2013).


Ayer contingentes de manifestantes bloquearon las vías carreteras en el municipio de Ocotlán para protestar por el precio del maíz. De acuerdo con medios locales, los productores cargaron un camión con toneladas de grano y en uno de los puntos de la manifestación lo regaron en la carretera. Después de esto se observó que habitantes de la zona se acercaron a recogerlo.

(V.pág.19-A del periódico El Informador del 17 de diciembre de 2013).


La proliferación de grupos delincuentes armados al margen de la ley es reto abierto a la autoridad. El caso de Michoacán es uno, pero no el único, y vemos con alarma que ha rebasado los límites territoriales con extensión a Jalisco.

La cercanía con la impunidad tiene arrinconada a la población en la zona metropolitana de Guadalajara, donde la incertidumbre lastima el derecho y aleja la tranquilidad sobre la persona y sus bienes expuestos a ser víctimas del delito.

Ni los mensajes sobreprotectores emitidos por la autoridad y tampoco la información a través de los medios de comunicación logran inducir la participación responsable de la ciudadanía, que en su mayoría carece de elementos medios culturales de disciplina y civilidad; propaladas por las autoridades, a su vez carentes de elementos eficaces para el cumplimiento de leyes y reglamentos.

Causa y efecto constituyen el reto a la autoridad asignada a preservar los derechos. Éstos subsisten sobre un clima consistente de respeto en el más amplio sentido del concepto. Puesto que el respeto se gana y así, también, se adquiere el derecho para ejercer autoridad.

Leer las páginas de prensa, oír las notas de radio o verlas e televisión fomentan malestar, aunque su proliferación fomenta la indiferencia, hasta que los casos ajenos se vuelven propios y se convierten en desesperación.

Carlos Cortés Vázquez
(v.oág.4-B del periódico El Informador del 15 de diciembre de 2013).


Vándalos en el Palacio Legislativo jalisciense.

Los ánimos en la jornada legislativa de ayer comenzaron mal, cuando minutos después de las 9:00 horas un grupo de manifestantes trató de ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo de Jalisco. Eso no fue permitido y la insistencia de los protestantes llevó a algunos a tirar una de las ventanas de la fachada. El vandalismo fue combatido con gas lacrimógeno.

Luego de la confrontación varios jóvenes con el rostro cubierto atacaron los vehículos de legisladores que se hallaban estacionados sobre la calle Pino Suarez, rayándolos con objetos filosos. También el edificio histórico, sede del poder legislativo, concluyó la jornada con leyendas contra la reforma energética, escritas con gis o con latas de aerosol.

(V.primera plana del periódico El Informador del 15 de diciembre de 2013).


El Artículo 35 Constitucional, desde agosto de 2012, permite las candidaturas independientes en tanto que el 116 aún dice que registrar candidaturas es un derecho exclusivo de los partidos políticos; el Artículo 13, desde 1917 establece que ninguna persona puede tener fuero y en 1977 reformaron el 61 para ponerle que los diputados y senadores tienen "fuero constitucional".

Ahora, con las reformas constitucionales en materia político-electoral estamos ante el caso inédito que de manera violenta (no existe otra palabra) se quiten atribuciones concedidas en la Constitución a los estados para otorgarlas a un organismo "nacional", atribuyéndose en el mismo acto el Congreso de la Unión la facultad de expedir 3 leyes generales en esa materia.

Dado que en materia electoral no precede el amparo, como tampoco las controversias constitucionales, y que las acciones de inconstitucionalidad solo pueden ser planteadas por las dirigencias de los partidos políticos, se está ante un hecho consumado que demuestra la debilidad de nuestro Estado de Derecho por carecerse de mecanismos de control de la constitucionalidad en lo electoral. Sólo las legislaturas locales, en un acto inusitado, podrían detener este atraco a la Constitución y a la soberanía de los estados.

El 28 de abril de 2008, en sesión de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se recordaba que la Corte no tiene competencia para conocer tanto del procedimiento como del fondo de reformas constitucionales; y que, por lo tanto, el llamado Constituyente Permanente no está sujeto a ningún tipo de control jurisdiccional, quedando los mexicanos en estado de indefensión ante "una alteración corrupta de la norma fundamental".

Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2013).


Durante las últimas horas de la protesta en el Ángel de la Independencia en contra de la Reforma Energética, tocaron una canción de la banda Molotov de 1997 sobre la corrupción del gobierno (Gimme the Power). Esa canción habla de cómo la gente se debe empoderar para enfrentar al Estado. Lo que en su momento fue una melodía subversiva, hoy es un reflejo de la realidad. La gente se ha impuesto a la autoridad con acciones de fuerza, que la tienen como rehén. La protesta y la violencia le florecen a los gobiernos como margaritas en la pradera del paisaje nacional.

En un año, de la nada tenemos ahora grupos paramilitares en Michoacán y Guerrero, y una organización de maestros disidentes que siempre ha estado en contra de cualquier gobierno, creció de 4 entidades donde tenía presencia, a más de 2/3 del país. Los cárteles de la droga regresaron con mayor fuerza y se apoderaron de franjas de territorios donde realizan las funciones que corresponden a los gobiernos. A nivel local, un jefe criminal en Michoacán sugirió estar coludido con un gobierno del PRI mediante un mensaje universal a través de YouTube, y en el Distrito Federal, para expresar la molestia porque el precio del Metro se incrementa, intelectuales y periodistas encabezaron un movimiento para que los usuarios usaran el transporte, pero sin pagar.

El poder mexicano de Molotov reciclado y mejorado, pero también alentado por la propia autoridad. No hay acción para desarmar a los grupos paramilitares, sino diálogo para convencerlos de que depongan las armas que, paradójicamente, el propio gobierno federal contribuyó a dárselas cuando apareció el fenómeno hace un año y le dieron la bienvenida para que contribuyera a proveer seguridad a sus comunidades. A los maestros de la Sección 22 les dieron dinero, suspendieron órdenes de arresto en contra de sus dirigentes y les cancelaron procesos judiciales, sin lograr su permiso para que la Reforma Educativa avance en el sur del país.

Quienes gritan, se movilizan, amenazan y atentan contra la vida de policías, son respetados al no ejercer acciones legales en su contra. Quienes capturan territorios y con la fuerza de los fusiles imponen su autoridad, son invitados a platicar.

Las autoridades luchan para no ser rebasados por la realidad que los abruma y con la que no atinan a lidiar. Con la Sección 22, después de que dijo el gobierno federal que ya no habría más negociación con ellos, volvió a abrirle las puertas de la Secretaría de Gobernación, con la que siguen jugando a las vencidas. Los narcotraficantes en Michoacán mandan en Tierra Caliente con el aval involuntario del gobierno. En Guerrero, la guerrilla transformada en delincuencia, secuestra y controla rutas de distribución de droga. En el Distrito Federal, el congreso local modificó una ley para que el gobierno capitalino no tuviera que castigar de manera enérgica a quien violenta la paz social.

En Tabasco, donde el estado se le incendió al gobernador perredista Arturo Núñez y la delincuencia organizada creció como en pocas partes del país, el gobierno federal lo cobijó, le entregó recursos para librar el endeudamiento que le dejó su antecesor, y le ayudó a ir judicialmente contra él, para ver si a través de los ajustes de cuentas con el pasado, la legitimidad que busca le da el tiempo para empezar a gobernar. En Sonora, el gobernador Guillermo Padrés ignoró un fallo de la Suprema Corte de Justicia por afectar los derechos de los yaquis, y ninguna consecuencia ha sufrido.

Es el México que acaba el 2013 con una revolución en los incentivos. Si alguien se enoja porque no le gusta cualquier cosa, se organiza, convoca, grita muy fuerte, ejerce violencia incluso, y es premiado: lo que buscaba, se le otorga. Si alguien se atiene a la ley, no grita, ni se moviliza y entiende que no vive en la anomia, no recibe estímulo ni premio. Al contrario. Más impuestos, menos servicios, calidad de vida inferior e inseguridad creciente.

La fuerza gana en este país que se dibuja en la concepción del estado de Naturaleza de Thomas Hobbes, que es un estado de guerra permanente donde el individuo está en constante riesgo. En su obra Leviatán, Hobbes señala: "Durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra, una guerra tal que es la de todos contra todos". Este estado de guerra, sostiene, "se alimenta por la competencia y la desconfianza, en un marco donde no hay leyes sino absoluta libertad donde lo que rige las relaciones humanas es la ley de la selva". O sea, México, 362 años después.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2013).


Pos me salto.

El director del Metro, Joel Ortega Cuevas, informó que por la mañana se registraron acciones de protesta en 14 estaciones, incluso usuarios se brincaban los torniquetes de ingreso. Más tarde, inconformes realizaron una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino, para exigir que la tarifa quede como estaba, es decir, 3 pesos. En su recorrido causaron caos vial por Reforma, Juárez y Bucareli. Además, incendiaron el tradicional árbol de navidad de una empresa refresquera cuando cruzaron Insurgentes -hubo 3 detenidos-. Para evitar desmanes, mil policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina vigilaban las inmediaciones de diferentes estaciones del Metro. Y ante posibles abusos policiales la Comisión de Derechos Humanos estuvo vigilante.

(V.primera plana del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2013).


Ayer, trabajadores del volante y transportistas de vehículos pesados realizaron durante varias horas bloqueos en distintos puntos de Acapulco, en demanda de que se les contrate para la construcción de obras importantes.

Por otra parte, integrantes de organizaciones sociales, encabezados por el abogado José Sánchez Sánchez, bloquearon la Avenida Cuauhtémoc, a la altura de la piñata del Parque Papagayo, en demanda de que se retiren las averiguaciones previas iniciadas ayer contra los parricipantes en el bloqueo.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2013).


En un gran sector de la ciudadanía, a menudo se piensa que la justicia en México no existe, ya que cualquiera puede perder el honor, la libertad y aún la vida si cae en manos del poder, un poder tremendo contra el que, una vez decidida determinada acción, por nefanda que sea, nadie puede luchar, así exponga en su defensa las pruebas más resplandecientemente claras y absolutorias.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 7 de diciembre de 2013).


El compromiso que lograron los comerciantes formales del primer cuadro de Guadalajara con el ayuntamiento tapatío, para retirar el ambulantaje que se ha estado dejando crecer, tuvo ayer su 1a. reacción con la movilización de vendedores que quieren instalarse en el entorno del Mercado Libertad o "San Juan de Dios", específicamente en el banquetón contiguo en Javier Mina.

Al mediodía partieron del mercado para llegar al Palacio Municipal de Guadalajara, liderados por David Domínguez. Ahí tuvieron un encuentro con el secretario general tapatío, Jesús Lomelí Rosas, que los dejó insatisfechos.

Como no hubo resolución, marcharon por 16 de Septiembre, luego por Juárez, Federalismo y nuevamente Hidalgo para reencontrarse frente al palacio; en su camino agredieron a un taxista. Por la noche aún esperaban una respuesta definitiva de parte del Ayuntamiento de Guadalajara.

Domínguez mencionó que de no autorizarse esos 70 permisos continuarán sus movilizaciones, cierres viales y hasta la obstrucción del Macrobús. Distintas voces del ayuntamiento están advirtiendo signos de ingobernabilidad en la ciudad, y un "polvorín" social que se está gestando peligrosamente en el entorno de la Calzada Independencia.

(V.primera plana del periódico El Informador del 7 de diciembre de 2013).


Nuevamente comerciantes establecidos de de San Juan de Dios, Obregón y Javier Mina bloquearon vialidades al no darle solución a su problema con el comercio ambulante que se instala a las afueras de sus negocios, causándoles bajas en sus ventas de casi 80%.

Cerca de 400 personas se instalaron a las afueras del Ayuntamiento de Guadalajara, bloqueando por algunos minutos la avenida Hidalgo, exigiéndole al alcalde Ramiro Hernández solucione el problema del ambulantaje, ya que para los comerciantes establecidos las acciones de la autoridad son una "tomada de pelo".

Al no tener respuesta, los inconformes bloquearon por algunos minutos las avenidas Alcalde e Hidalgo, mientras una comitiva era atendida al interior de palacio municipal por el secretario del ayuntamiento, José Luis Lomelí.

Luego de más de una hora los comerciantes salieron molestos, ya que, aseguran, la autoridad les está "viendo la cara".

"Puras aspirinas nos están dando", señaló Marco Antonio Pérez, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la ZMG.

Los inconformes dijeron tener conocimiento de por lo menos mil comerciantes ambulantes que operan con permisos que fueron otorgados por la autoridad municipal.

La manifestación se trasladó a la calzada Independencia y Javier Mina, en donde los quejosos bloquearon los carriles, incluidos los del Macrobús, el cual tuvo que cerrar el servicio en la estación San Juan de Dios.

Lo que desató el encono de los comerciantes fue la instalación un módulo de reordenamiento del ambulantaje en la zona de Obregón, en lugar de retirarlos.

(V.pág.12 del periódico Milenio Jalisco del 6 de diciembre de 2013).


La problemática que enfrenta Michoacán tiene amenazado al Estado mexicano, admitió ayer el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

"Hoy en Michoacán está amenazado el Estado mexicano, está amenazado el Estado de Derecho y estamos enfrentando uno de los grandes retos que tiene la nación", expresó el funcionario federal.

Sin hacer referencia a la violencia que se vive en la entidad, Videgaray reconoció que el desafío es recuperar el Estado de Derecho.

(V.pág.5 del periódico Mural del 28 de noviembre de 2013).


Van 48 cadáveres y contando; 48 cuerpos de personas que a lo largo de al menos 6 años han sido arrojados en fosas clandestinas en las márgenes del Río Lerma, en la división administrativa entre Jalisco y Michoacán.

El hecho de que de los cadáveres ninguno haya sido identificad o reclamado, cambia la visión o la menos debe cuestionarnos la idea que teníamos de la famosa guerra al narco que en esa zona ha sido particularmente cruenta, larga y hasta ahora sin salida. O los muertos no son de las comunidades cercanas o, como lo sugirió el domingo al cardenal Francisco Robles, el miedo se ha apoderado de las comunidades al grado que prefieren no saber ni de sus muertos.

La cifra de desaparecidos ha sido, desde la famosa guerra sucia de los años 70 y 80, un tema muy difícil de manejar porque hay 2 distorsiones básicas en la cifra.

Por un lado los que se reportan desparecidos, pero cuando aparecen no los reportan encontrados, por lo que nadie los da de baja de la lista, y 2o. por la cifra negra de desaparecidos, es decir aquellos que simplemente no tienen un familiar que los busque, como ha sido el caso de decenas de centroamericanos que simplemente nunca llegaron a su destino.

La fosa de todos los muertos termina siendo una buena, aunque terrible metáfora de esta confrontación en la que los malos no tienen límites, ni administrativos, ni morales; las autoridades o están coludidas o no tienen capacidad física y legal para imponer el Estado de Derecho, y los muertos no tienen nombre.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 26 de noviembre de 2013).


Con motivo de la ley antialcohol, mediante el nuevo dispositivo denominado Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) se ha suscitado una polémica en la sociedad.

Por genética, los mexicanos somos renuentes a cumplir las leyes y a tener una disciplina dentro de nuestra sociedad. Basta que nos quieran imponer algo, cuando todos reclaman, se indignan e incluso, ¡se amparan! contra una ley que lo único que busca es salvar vidas.

Nos quejamos de la corrupción de nuestro gobierno y no entendemos que nosotros somos parte del sistema corrupto que impera en todo el país.

Apenas unas horas de promulgada una ley y ya hay métodos para evadirla y para ampararse de ella.

En el colmo de este caso del operativo CURVA, hay páginas en las redes sociales donde indican a los jóvenes el lugar donde se encuentra el famoso torito, para evadirlo.

¿No es eso complicidad?

Demuestran una actitud infantil e inmadura, que en nada ayuda a las autoridades, que buscan evitar tantas muertes, en especial de jóvenes, que salen de los antros totalmente alcoholizados y se ponen al frente de un automóvil, dispuestos físicamente a arrollar a quien se ponga enfrente, ya que sus sentidos están completamente trastornados.

¿Qué dirán los familiares de las víctimas de un conductor ebrio?

¿Qué sentirán al ver toda la clase de trucos que éstos hacen para evadir esta ley, que de cumplirse hubiera salvado la vida de su familiar?

¿Así cómo? ¿Cómo evolucionaremos los mexicanos, si no tenemos respeto por las leyes, incluso aquellas que nos protegen la vida?

Así, ¿cómo avanza una sociedad que se burla de las leyes y que al mismo tiempo exige de sus gobernantes seriedad y legalidad?

¡Cuántos problemas nos evitaríamos si respetáramos las leyes!

Se quejan del monto de la multa que es un poco más de $12,000.00 pesos.

En California, el costo supera los $125,000 pesos (más de $10,000.00 dólares) incluyendo 48 horas a 6 meses de prisión, clases de rehabilitación, tratamiento por abuso del alcohol, pérdida de licencia de manejar por 4 meses, conducción a prueba por tres años, mayor pago de seguro de auto por 10 años y defensa legal.

Si la falta se repite las penas pueden llegar hasta un año de cárcel en una prisión federal y suspensión de por vida de la licencia de manejar (4ª ofensa).

¡Por eso, los mexicanos del otro lado, se portan tan bien al conducir!

Incuantificable es perder un ser querido por culpa de un conductor ebrio e irresponsable.

¿Cuánto le cuesta a la sociedad mexicana todas las muertes y accidentes causados por conducir en estado de ebriedad?

¿Se ha cuantificado la productividad de los días lunes en las empresas?

Es difícil alinear a mexicanos que desde niños vieron como algo normal a sus padres conducir ebrios después de una fiesta.

Si todos nos comportamos como adultos en una sociedad que necesita leyes y normas para su mejor convivencia, las nuevas generaciones se comportarán mejor y podremos lograr una sociedad madura y responsable.

Pero así... ¿cómo?

Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.33 del periódico Milenio Jalisco del 22 de noviembre de 2013).


Los gobernadores de Oaxaca, Gabino Cué, y de Chiapas, Manuel Velasco, como el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, sostuvieron que por ningún motivo emplearán el uso de la fuerza pública en contra de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Contrario a ello, estos mandatarios se pronunciaron por insistir en la vía del diálogo con el magisterio disidente.

Mancera sostuvo que "jamás aplicaremos la fuerza para reprimir alguna manifestación" y agregó que el malestar de la población de la Ciudad de México por las protestas de la CNTE en la capital del país, "no ha afectado ni ha dañado mi capital político".

Respecto a las pérdidas que reporta la economía y los empresarios de la zona, dijo que se está ayudando a los comerciantes que han sido afectados con el plantón magisterial. "Hemos planteado varias vías y caminos, junto con la Asociación Mexicana de Bancos para apoyarlos con créditos".

En tanto el gobernador de Oaxaca Gabino Cué, afirmó que la mesa de diálogo con la sección 22 no se ha roto a pesar de los hechos "desafortunados" que se generaron por la disputa de una escuela en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, que estaba bajo control de padres de familia y profesores comunitarios.

Cué, reconoció que seguirá privilegiando el diálogo para lograr la normalidad de las actividades escolares, evidenciando que cada vez son menos los conflictos, informando que restan 70 conflictos por desahogar, donde hay diferencias entre padres de familia y profesores de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Sin embargo, diputados federales reprobaron la actitud de la CNTE y exhortaron a sus líderes a no atentar más en contra de la ciudadanía, en particular contra alumnos y sus padres, como sucedió el jueves cuando los profesores irrumpieron violentamente en la escuela primaria Monte Albán.

[¡Políticos culeros ¿Así hacen cumplir las leyes "emanadas de la Constitución"?! Que no se hagan luego los occisos cuando se presenten enfrentamientos y linchamientos. - El webmater.]

(V.Agencia JM del 15 de noviembre de 2013).


Peritos de la Procuraduría de Michoacán denunciaron la venta de cartas de no antecedentes penales en esa dependencia por 35,000 pesos. Graciela Delgado, perito médico forense, advirtió que hay altos funcionarios implicados. También dijo que le comentó a Martha Guzmán, titular de Servicios Periciales, pero no ha hecho nada.

(V.pág.12-A del periódico El Informador del 13 de noviembre de 2013).


Si se acataran las determinaciones de la Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco, reformada en 2010, la vida nocturna en antros y bares de la ciudad terminaría a más tardar a las 04:00 de la madrugada, se le negaría el servicio a quienes se encuentren "visiblemente" embriagados y la venta de alcohol se suspendería a la 01:00 en tiendas y licorerías.

En la realidad, estos giros comerciales burlan la norma y los municipios metropolitanos se ven rebasados en su dirección de Inspección y Vigilancia para hacerlos cumplir.

(V.primera plana del periódico El Informador del 10 de noviembre de 2013).


Los productores se deslindaron de los bloqueos realizados ayer en la vía a La Barca. "Son principalmente productores de Michoacán" y "unos poquitos" los jaliscienses inconformes que se sumaron a sus protestas, dijo Miguel Sánchez, representante de los maiceros de la zona Ciénega.

Sin embargo, campesinos de Michoacán y de Jalisco bloquearon ayer los ingresos al municipio de La Barca.

(V.pág.12 del periódico Milenio Jalisco del 8 de noviembre de 2013).


Qué tanto preocupará el tema de los bloqueos carreteros en los límites de Michoacán y Colima, que el mismo secretario general de Gobierno, Arturo Zamora, sorprendió a los productores de maíz y sorgo al presentarse en una reunión en las oficinas de la Seder, la cual se adelantó un día merced a una sucia campaña de spots radiofónicos en la zona de La Barca (que los incitaba a presentarse hoy en la dependencia estatal asegurando que no se había llegado a ningún acuerdo y que nadie dice quién costeó).

La tremenda corte
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 8 de noviembre de 2013).


Feroces criminales salen libres "por fallas en el procedimiento". Y es que en las cúpulas de la magistratura hay luminarias capaces de hallarles fallas a las Pandectas, las Instituciones, las Siete Partidas y el Código de Napoleón, en tanto que las infanterías judiciales están llenas de rábulas o huisacheros salidos de quién sabe qué universidad perteneciente a la extensa franquicia "Little Duck", incapaces de escribir su nombre a las derechas y desconocedores absolutos del derecho. En esas condiciones conviene más ser victimario que víctima. Aindamáis el victimario tiene muchas veces de su lado a las izquierdas, como se ve en el caso de los maistros de la CNTE y los tontainas útiles que los consideran luchadores sociales. En cambio sus víctimas se hallan en estado de absoluta indefensión frente a ellos, y se ven en el extremo de tener que amenazar a la autoridad federal y a la de la Ciudad de México diciéndoles que si no cumplen su deber se harán justicia por su propia mano. Vivimos en medio del desmadre, si me es permitida esa ática expresión, donde los responsables de hacer cumplir la ley son los primeros en deshacerla.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas en línea del 7 de noviembre de 2013).


Acceso libre a datos personales de cualquier ciudadano con registro ante el IFE es lo que ofrece la página de Internet buscardatos.com con sólo teclear nombre y apellidos.

A través de este sitio se pueden obtener claves del IFE, CURP, RFC y domicilios de ciudadanos de México [así como información de ciudadanos] de Argentina, Chile y Paraguay.

Remiten a un padrón anterior del IFE, pero para quienes no han modificado su domicilio, la información es correcta.

En 2010 entró en vigor en México la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y corresponde al IFAI garantizar que se cumpla, pero el tráfico de bases de datos y listados del padrón electoral continúa en la red y se ofrece desde $ 4,000.

(V.primera plana del periódico Mural del 7 de noviembre de 2013).


Luego de negociaciones entre campesinos, la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se acordó modificar el precio del maíz. De establecerse un pago por tonelada de maíz en 3,370 pesos, la cifra ascenderá a 4,100 pesos para este año.

Durante 2 días, productores del cereal bloquearon carreteras ante la inconformidad por un pago "injusto" del grano.

(V.pág.13-A del periódico El Informador del 6 de noviembre de 2013).


Campesinos bloquearon carreteras en el estado, desde las 10:00 horas, ante la inconformidad con el precio al que les compran el maíz y permanecieron obstruyendo las vías más de 8 horas.

Uno de los líderes de los campesinos, Eleazar Ribera, dijo que se quiere pagar la tonelada de maíz a 3,370 pesos, cuando en 2012 se las compraron en 4,100 pesos y en 2011 a 5,300. Ellos pretenden que por lo menos se les den 4,500 pesos por tonelada del cereal y que el gobierno intervenga para lograr el propósito.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes confirmó bloqueo a la circulación vehicular en ambos sentidos de la autopista Maravatío-Zapotlanejo, obstrucción en la caseta de peaje Ocotlán; el cruce con la carretera La Barca-Atotonilco; y carretera Santa Rosa-La Barca, tramo: Ocotlán-La Barca.

En el municipio de La Barca participó en la movilización un grupo de unos 300 campesinos.

Asimismo, se registró un bloqueo en la carretera Irapuato-Zapotlanejo, Atotonilco. En el municipio de Ayotlán, Jalisco, 150 campesinos aproximadamente se presentaron.

Carretera Irapuato-Zapotlanejo, tramo: Atotonilco-Tototlán, cruce con la Carretera La Barca-Atotonilco. En el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, medio centenar participó.

La Policía Federal confirmó bloqueo en el kilómetro 402 de la autopista México-Morelia.

Tras las obstrucciones, cientos de personas se vieron afectadas. Por ejemplo, Antonio Gómez no pudo llegar a Guadalajara procedente de Celaya. El camión en el que viajaba entró a La Barca y ya no pudo salir de ahí. Lamentó las consecuencias para terceros en el conflicto.

También en La Barca se observó que personas se bajaron de camiones con todo y maletas, para avanzar a sus destinos y a agentes ministeriales se les impidió el paso.

(V. periódico El Informador en línea del 4 de noviembre de 2013).


En Huehuetoca, apenas anteayer, ante el asesinato de un joven de 14 años y la incapacidad policial, la población lisa y llanamente decidió incendiar el palacio municipal.

Cristina Cuevas es una maestra que trabaja en Campeche. Quiere cumplir con su trabajo, dar clases pues. Pero resulta que hay un grupo que tiene bloqueada la entrada a la escuela donde labora. La rodean, la quieren sacar del carro, ella acelera y atropella a 8 de los manifestantes, ninguno, por cierto, de gravedad. Es correteada, agredida y finalmente las autoridades inician un proceso... contra ella, por no dejarse agredir.

El delito original no lo cometió la maestra Cuevas, sino los que le impedían ingresar ilegalmente a su centro de trabajo y trataron de bajarla a la fuerza de su carro.

El hecho fue presentado como una terrible agresión contra los maestros (aunque la mayoría no eran tales) que bloqueaban la entrada a la escuela.

Imaginemos entonces por un segundo lo que ocurre en el Distrito Federal en el entorno al Monumento a la Revolución. La zona está tomada ilegalmente (imposible compilar todas las leyes y normas que viola el bloqueo de la CNTE) por unos centenares de manifestantes. Nadie se acerca a comercios, oficinas, restaurantes.

Después de semanas de abusos, la única propuesta de las autoridades es darle un préstamo a los afectados, mismo que, como su nombre lo dice, deberán regresar en algún momento y que no podrán pagar porque sencillamente los del plantón les impiden trabajar.

¿Qué va a pasar cuando, como ya ocurrió en Tepito y como hizo la maestra de Campeche, alguien o muchos digan "yo quiero trabajar, quiero salvar mi patrimonio, no voy a permitir que estos señores me lo impidan por la fuerza". La autoridad, y en este caso el desafío sí es local, no tiene respuesta y ni quiere imaginarse tener que dar una.

El viernes el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo algo incomprensible en Quintana Roo. Aseguró que lo que está ocurriendo en Michoacán (la violencia, las autodefensas, los ataques a la gente, a la CFE y Pemex) se da porque se recuperó el control de ese estado, y que ahora se puede circular libremente por sus carreteras.

No sé qué estaba imaginando mi muy apreciado Murillo Karam, pero al mismo tiempo que declaraba eso estaban tomadas las principales carreteras del estado y 18 casetas de peaje. Se dirá que eran maestros y normalistas.

Nadie lo ha comprobado, y en Michoacán hay grupos de maestros muy cercanos a la organización de los Templarios (cuyos líderes, como Servando Gómez "La Tuta", también vienen del magisterio), pero a la gente ¿qué le importa si los que bloquean son los normalistas o los Templarios?

Imaginemos por un momento que las autoridades, locales o federales en Michoacán, en el Monumento a la Revolución o en cualquier comicio municipal simplemente hicieran que se cumpliera con la ley.

No nos va mal por falta de imaginación: nos va mal porque la ley, en la mayoría de los casos, simplemente no se cumple.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 4 de noviembre de 2013).


Para operadores del transporte público la noche de Halloween resultó una pesadilla. Las unidades se convirtieron en distintos puntos de Guadalajara, como cada año, en el blanco del lanzamiento de huevos y piedras por parte de personas disfrazadas.

El saldo, sólo en el caso de Mutjal y TUTSA, fue de 80 camiones con vidrios rotos, un chofer descalabrado, 3 pasajeros con lesiones leves, así como la suspensión del servicio que afectó a cientos de usuarios al cancelarse las últimas vueltas por la noche del pasado jueves, después de las 20:00 horas.

(V.primera plana del periódico El Informador del 2 de noviembre de 2013).


Como muertos vivientes se multiplican quienes no acaban de vivir su duelo por perseguir la justicia; un bien tan escaso en México, que a algunos no les deja más que convertirlo en su misión de vida, abandonándolo todo, como las madres de hijos desaparecidos de municipios pequeños que se mudan a la capital del estado para dar seguimiento a una procuración de justicia negligente que no avanza ni resuelve cuando no hay dinero o recomendación de por medio.

Josefina Leroux
(v.pág.6 del periódico Mural del 31 de octubre de 2013).


El plantón de la CNTE en las calles aledañas al Monumento a la Revolución puso en jaque y bajó las ventas de por lo menos 14 restaurantes, 9 tiendas y 2 hoteles.

También afecta los accesos de 9 oficinas de gobierno, la CTM y la CNOP, así como a 3 empresas, 2 escuelas, 3 estacionamientos y las oficinas de un banco.

Las ventas de los restaurantes bajaron hasta en 90%, según sus propietarios.

Incluso ayer, desesperados por la situación, unos 150 empresarios, trabajadores, meseros, chefs y hoteleros protestaron en el Ángel de la Independencia para exigir la reubicación del plantón de la CNTE.

(V.pág.2 del periódico Mural del 31 de octubre de 2013).


Maestros integrantes de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco y 600 alumnos de algunas normales del país, quienes recordaron los 25 años de la supuesta represión de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Atequiza, marcharon de forma separada desde el sur y norte hasta el centro de la ciudad.

Aunque ellos no se unieron en una misma protesta, el caos sí se concentró en el centro desde las 12:00 hasta las 16:00 horas aproximadamente, pues fue necesario el cierre de Alcalde entre La Normal y la Plaza de Armas, y Enrique Díaz de León e Hidalgo en diferentes momentos.

Los maestros aseguraron que en la movilización de ayer participaron más de 30,000 docentes; la Policía Vial estimó que la asistencia fue de 1,200 personas.

(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 31 de octubre de 2013).


La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha observado con suma preocupación, que los cateos ilegales constituyen una práctica común de los elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las fuerzas armadas en auxilio a las labores de seguridad pública. Tales intromisiones ilegales, constituyen el inicio de una cadena de múltiples violaciones a los derechos humanos, en virtud de que además de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio al ejecutar dichos cateos, se ejerce violencia física y psicológica contra los habitantes de los domicilios que allanan; se realizan detenciones arbitraria, y con frecuencia se ocasiona un menoscabo en el patrimonio del ocupante, es decir, roban sus pertenencias. Ha puntualizado la Comisión, que de enero de 2006 a mayo de 2011, ha tramitado 3,785 expedientes de queja al respecto. ¿ A esto llamamos Estado de Derecho?

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.Razón y Acción del 26 de octubre de 2013).


Disfrazados de demandas de daños morales, hoy se tramitan en juzgados del Tribunal Superior de Justicia del DF juicios que atentan directamente contra el periodismo del país.

¿Es ilícito difundir escenas que suceden en audiencias públicas? El periodista de un comportamiento público ¿puede tener responsabilidad?

Es el caso de demandas contra Roberto Hernández, Layda Negrete, Cinépolis y otros, por la proyección de Presunto culpable; el testigo del juicio, los policías y la familia del asesinado reclaman más de 3,000 millones de pesos, por lo que han sufrido debido a su exhibición.

Estos juicios llevan "ventilándose" varios años en tribunales del DF, bueno, no "ventilándose", porque las audiencias han sido "cerradas", para evitar, dicen los jueces, que el interés público "los mediatice"; vaya contradicción: portazo judicial a un interés legítimo ciudadano, vetando la actividad periodística.

Por supuesto tampoco han permitido los jueces que se videograben estas audiencias, quedando con vida para el proceso únicamente lo que el juzgador quiere ingresar al expediente, llevándose el aire gestos, ademanes, comentarios que son vitales para una comprensión del caso; ¿cómo van a fundamentar las sentencias? ¡En expedientes! Integrados sin técnica y a modo.

El fuerte rechazo que el público sintió por cómo fue llevado el juicio en Presunto culpable sólo puede compararse con el abismo que parece existir entre los tribunales y su público; ¿cómo explicar la ratificación al juez de la película?

Entre tanto los demandados viven con la pesadilla de la condena, que cobra fuerza con las actuaciones de los tribunales en los juicios: parece que una sola pluma redactó las múltiples demandas, resoluciones judiciales con texto copiado, decretar privadas audiencias en principio públicas, etc.

¿No estamos ante un caso en que las demandas deben de ser desechadas de plano, por que los actores no tienen acción al invocar su propio dolo? Otro comportamiento en el juicio filmado les hubiera rendido diferente imagen.

¿No estamos ante un conflicto de intereses al pedirle al juez se pronuncie sobre un documental que el Tribunal considera dañino a su imagen? ¿Puede ser imparcial este juez?

El que no se hayan desechado de plano estos juicios, que les haya dado entrada el Tribunal, atenta contra el periodismo, pilar de la Libertad de Expresión, garantía fundamental en México y en el mundo.

El Tribunal censura el trabajo periodístico y castiga a sus autores al declararse competente de conocer estos juicios, que, para colmo de la frivolidad, demandan cifras absurdas como compensación por daños causados consecuentes del comportamiento de los mismos demandantes.

La pregunta no es ¿por qué se comportaron así si sabían que los estaban filmando? La gran duda es ¿cómo se comportan cuando no los están filmando? En ese sentido Presunto culpable no es realista, la realidad es mucho peor.

Ernesto Canales Santos, presidente de Renace
(v.pág.6 del periódico Mural del 24 de octubre de 2013).


Los jueces de Jalisco se niegan rotundamente a pasar exámenes de control de confianza. Eso no es novedad: en este país nadie quiere ser evaluado. A los policías no les preguntaron, simplemente les aplicaron la ley que ordenaba que pasaran ese examen. A los maestros tampoco: se modificó la legislación y ahora todos tendrán que ser evaluados. Los jueces se defienden como gatos boca arriba porque no quieren que alguien ajeno al sistema de control intervenga en las decisiones.

Si tuviéramos un poder judicial independiente y decente nadie estaría hablando de exámenes de control de confianza. Si los sistemas de evaluación y control de Consejo de la Judicatura fueran suficientes, no habría discusión. El problema es que la credibilidad del poder judicial está por los suelos y el sistema de justicia en manos del poder judicial no está funcionando; por lo tanto, tenemos que inventarnos algo que nos dé mayor confianza.

Hace un par de años un magistrado me confesó que dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco había operadores del crimen organizado, jueces, secretarios y secretarios de sala con el poder de cambiar expedientes de un juzgado a otro, de desaparecer pruebas y testimoniales, de no ejecutar resoluciones, etc. Si los magistrados no estaban directamente involucrados, él nunca los mencionó; es evidente que al menos lo toleraban y acataban. Ahora sí que donde hay miedo ni coraje da.

De los exámenes de confianza se dice cualquier cosa. Siempre hay un caso que sirve para descalificarlos: un policía bueno que no pasó porque cuando le preguntaron si era infiel se puso nervioso (ejemplo favorito, por no decir único, de quienes se oponen al control de confianza), o un policía malandro que pasó todos los exámenes a pesar de estar en las listas negras del Ejército. Seguramente tiene muchas fallas el sistema, más de las que todos quisiéramos, pero hoy por hoy no tenemos otro mejor para dar confianza a los ciudadanos.

Los sistemas de evaluación del Consejo de la Judicatura tienen que ver con eficiencia y calidad técnica de las resoluciones. Ésas deben seguir haciéndose, y ojalá cada vez con mayor rigor e independencia y no como forma de presión de los grupos de control político del poder judicial. Pero no es incompatible con los exámenes de control de confianza: son evaluaciones distintas que no sólo no se contraponen, sino que se complementan.

Los ciudadanos tenemos derecho a exigir que nuestros jueces y magistrados, a los que pagamos con nuestros impuestos y en cuyas manos ponemos el ejercicio de la justicia, sean de nuestra confianza y no de las del magistrado o poder fáctico en turno.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 22 de octubre de 2013).


Desde el 19 de octubre de 2012, el poder judicial debería tener en funcionamiento su propia Unidad de Control de Confianza y evaluar que sus integrantes lleven un nivel de vida acorde con sus ingresos, que no consuman drogas prohibidas ni tengan ligas con la delincuencia. Así lo establece la ley en la que la legislatura local innovó con respecto al marco federal, al incluir a los impartidores de justicia como servidores públicos obligados a certificar su probidad.

Una controversia constitucional promovida por el poder judicial en Jalisco, sin embargo, mantiene una suspensión sobre los efectos de la Ley de Control de Confianza, al considerar que hay una invasión sobre su esfera de competencia; será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que dicte la última palabra.

Reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que tanto los policías municipales y estatales como los agentes ministeriales presentan una tasa de reprobación de 1 de cada 4; de acatarse la ley, ¿qué resultaría de los 40 jueces penales en Jalisco?

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia [del estado], Luis Carlos Vega Pámanes, declara: "Tenemos otras medidas de control, no podemos estar sometidos a los mismos parámetros que otras dependencias policiacas, por ejemplo. Esta reforma fue promulgada en la Legislatura pasada y la publicó el anterior gobernador; en ese entonces yo dije, y lo sostengo: me formo detrás del último diputado y delante del ejecutivo para hacerme las pruebas, con mucho gusto".

Los nexos del crimen organizado con policías y MP han sido los más expuestos, pero su infiltración también está en el otro eslabón del sistema de justicia penal: el poder judicial. "Va siendo grave, poco a poco va aumentando. Sí es de preocuparse. Yo nomás pongo de ejemplo a mis alumnos que si el ‘Chapo’ Guzmán hace una seña, a ver si la observamos o no. De recibir un balazo a recibir un millón...", expone el especialista Felipe de Jesús Garibay Valle, académico de la UdeG.

(V.primera plana del periódico El Informador del 21 de octubre de 2013).


Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Educación realizan bloqueos en tiendas departamentales del Distrito Federal y Michoacán para expresar su rechazo a la Reforma Educativa.

En la Ciudad de México, maestros de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Veracruz instalaron un cerco en la sucursal de Walmart Buenavista, ubicado en la Delegación Cuauhtémoc.

En Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, líder de la Sección 18, anunció que estarán en centros comerciales y bancos de las principales ciudades del estado.

Dijo que además de las movilizaciones, se continuará con el paro.

Desde el martes pasado la CNTE inició una nueva jornada de movilizaciones en Michoacán.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 19 de octubre de 2013).


En el Estado de Michoacán, los pseudoalumnos de la escuela Normal de Tiripetío, los cuales tienen antecedentes de violencia, secuestros, vandalismo, bloqueos de carreteras y otras acciones tipificadas como actos delictivos en ya varias ocasiones, tienen tomada actualmente la Normal Rural y secuestrado autobuses del servicio público. "Advierten que no permitirán actos de represión policiaco-militar de las autoridades estatales y federales, porque ellos luchan por las verdaderas causas del pueblo, en contra de la injusticia y la miseria, en contra de la reforma educativa, en contra de las políticas neoliberales y oligárquicas, que benefician al imperialismo yanqui". Dicen que están siguiendo los principios de la "revolución cubana", profesando los ideales del "Che" Guevara. Siguen la constante de desorden/caos/ilegalidad y, seguramente, no me consta, la pseudoizquierda radical y revolucionaria y pseudodemocrática.

Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 16 de octubre de 2013).


En Morelia, Michoacán, este lunes elementos de diferentes corporaciones policiacas implementaron un operativo en las inmediaciones de la escuela normal, ubicada a unos 20 kilómetros de la capital michoacana, para evitar el secuestro de más unidades.

En Campeche, Campeche, maestros disidentes, apoyados por padres de familia y alumnos de la Escuela Normal Rural de Hecelchakán, inconformes con la reforma educativa, mantienen bloqueada la autopista tramo Campeche-Mérida a altura del municipio de Calkiní, en afectación de miles de automovilistas.

Al respecto, el gobernador Ortega Bernés, informó que se han interpuesto 20 denuncias por parte de empresas, pacientes de hospitales y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en contra de quienes resulten responsables, y precisó que el gobierno estatal, trabaja en la construcción de puntos de diálogo.

Mientras tanto, en Zacatecas, Zacatecas, maestros y campesinos tomaron las principales calles de esa ciudad en rechazo de la reforma educativa, los primeros, y por precio justo para el frijol los segundos. También tomaron Ciudad Administrativa, cuyos trabajadores fueron evacuados alrededor de las 15:00 horas.

Este lunes maestros del Movimiento Democrático Magisterial y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se declararon en paro definido, por lo que no hubo clases en por lo menos 50% de las escuelas del estado, informó uno de sus dirigentes, Roberto Ramírez.

(V.Notimex del 14 de octubre de 2013).


A largo plazo lo que México necesita aspirar es una justicia eficiente, no extrema. La única forma de crear los incentivos necesarios para debilitar la capacidad corruptora y el ejercicio de la violencia extrema como herramienta para ejercer control territorial sobre regiones del país, se requiere de estructuras que puedan impartir justicia en una forma contundente, rápida y justa dentro de los controles que establece el Estado de Derecho y protegiendo los derechos humanos.

El problema actual es que de facto no se cumple con ninguno de estos objetivos. La justicia no es contundente, rápida y justa. Además, de los pocos que eventualmente son condenados por algún delito son generalmente los pobres, los que tuvieron una pésima defensa, en donde no son procesados respetando sus derechos humanos. O sea, que estamos en el peor de todas las eventualidades: Pocos son castigados y aun así se les violan sus derechos.

En este momento literalmente cualquiera puede delinquir, torturar, robar, asesinar, violar y no pasa nada. Existe una cultura de impunidad que será difícil de revertir. Pero eso es lo que tiene que aspirar el país... Pero esto tardará décadas y generaciones futuras tal vez podrán disfrutar de las reformas que se implementen hoy día.

Ana María Salazar
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 12 de octubre de 2013).


Pese a ser obligatorio su uso en la entidad, aunque no existen mecanismos de control para su efectivo cumplimiento, en Jalisco solo una quinta parte de los vehículos registrados en la entidad, poco más de un millón y medio, cuenta con algún nivel de aseguramiento patrimonial, de acuerdo con informes de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y del Centro de Experimentación y Seguridad Vial en México.

Índice que además se encuentra por debajo de la media nacional que reporta asegurados hasta 25% de los poco más de 28.5 millones de vehículos automotrices que circulan en todo el país; de hecho, trascienden informes de que en la Ciudad de México y Nuevo León, hasta 50% del parque vehicular está protegido.

Es decir, a nivel nacional poco más de 7 de cada 10 conductores de un automotor no tienen en su poder un seguro vehicular y por lo tanto la mayoría no tiene la capacidad para afrontar daños materiales y humanos provocados en un accidente automovilístico. El Centro de Experimentación y Seguridad Vial México informó que la mayor parte de los conductores y peatones que son víctimas de un accidente se encuentran desprotegidos y obtienen una mínima, e incluso nula indemnización en caso de muerte, discapacidad o lesión. El organismo explicó que hoy en día, 14 estados de la república tienen como obligatorio disponer de un seguro vehicular, sin embargo en todos estos casos no se hace una inspección para conocer si esto se cumple, ni existen sanciones a quienes no siguen este ordenamiento.

(V.pág.32 del periódico Milenio Jalisco del 11 de octubre de 2013).


Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación avanzan en una marcha desde las inmediaciones de la estación del metro Taxqueña con rumbo al Monumento a la Revolución, lo que genera problemas viales en calzada de Tlalpan.

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que la ruta que seguirán los maestros es calzada de Tlalpan, San Antonio Abad, Izazaga, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma y Plaza de la República.

Seguridad Pública implementó un operativo de vigilancia y vialidad con elementos que se mantienen atentos para agilizar la circulación y evitar la comisión de probables ilícitos durante el trayecto.

(V.Notimex del 10 de octubre de 2013).


¿De qué sirve una ley si no se cumple? La responsabilidad de aplicar la ley no depende de la resistencia o de los costos políticos que su implementación signifiquen.

En cualquier lugar del mundo, si un empleado no se presenta a trabajar (sin causa justificada) simplemente lo despiden y por supuesto que les descuentan los días no laborados.

Pero parece ser que México no es cualquier lugar del mundo, y la frase "como México no hay dos" no es un mero dicho popular y nacionalista, sino un axioma incuestionable, un principio fundamental sobre el que día a día construimos nuestra sociedad y nuestra cultura. Nos hemos convertido en un país sui géneris ajeno al sentido común y a las normas de convivencia generalmente aceptadas. Inclasificable. Único en su tipo. Un país sin igual.

Pero desgraciadamente nuestra originalidad, y todo lo que nos diferencia de los demás, no siempre es para bien, y con frecuencia nos coloca más en el terreno de lo chusco, ameno y anecdótico que en del liderazgo serio y de las mejores prácticas.

Aquí se tiene que hacer una ley especial para poder descontarle el sueldo a un maestro que no se presenta a trabajar.

Aquí, la aplicación de la ley depende de la cantidad de personas que se nieguen a acatarla y del grado de resistencia que presenten, y como ya le han tomado la medida al gobierno, se logra más con palos, piedras y machetes, con bloqueos y vandalismo, que con argumentos y razones.

Si un grupo de ciudadanos pacíficos, educados y civilizados manifestamos por los canales institucionales, por escrito, con argumentos sólidos y avalados por miles de firmas (mucho más que las necesarias para bloquear una carretera) nuestra inconformidad a un impuesto, a una obra, a la corrupción que impera en el gobierno, o a cualquier asunto que nos parezca importante o injusto, nadie nos hace caso y ni noticia somos.

Pero si en lugar de presentar nuestras inconformidades por escrito en alguna ventanilla del congreso; si cambiamos los portafolios, las corbatas y las computadoras por pasamontañas, mochilas llenas de cadenas y bombas molotov; si en lugar de presentarnos al trabajo nos mudamos durante un mes al Zócalo de la Ciudad de México o a la plaza pública de nuestra localidad; si destruimos todo lo que encontremos a nuestro paso y paramos de cabeza la ciudad, las probabilidades de obtener lo que queremos aumentan exponencialmente.

Y si mientras nos dedicamos al arte de la manifestación callejera las deudas y los impuestos a nuestro cargo se nos acumulan, lo más probable es que en aras de apagar un conflicto y de "privilegiar el diálogo", el gobierno nos haga alguna condonación, nos otorgue algún subsidio especial y por supuesto, que no meta a nadie a la cárcel por evasión fiscal o daño en propiedad ajena.

Debido a que "como México no hay dos", en este país las leyes no se aplican siempre ni son parejas para todos: para los que más tienen, las influencias cuentan y la corrupción produce dividendos, y para los que menos o nada tienen, sólo hay de 2 sopas: tragarse las injusticias y convertirse en víctimas del sistema, u organizar manifestaciones lo suficientemente violentas y perturbadoras para lograr sus fines (lícitos o ilícitos) o para hacer valer sus derechos.

Cuando a la hora de aplicar la ley el influyentismo gana, lo único que se logra es acorralar al débil, dejándole la violencia como el único camino a su alcance para lograr justicia.

Si las leyes se aplican en función de intereses económicos y cálculos políticos, lo que estamos construyendo es una sociedad perversa, en la que ser honesto equivale a ser idiota, y la no violencia nos hace víctimas.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 10 de octubre de 2013).


Ayer maestros de Oaxaca, Veracruz, Michoacán y el DF volvieron a cerrar 5 horas el Paseo de la Reforma con la exigencia de nuevas mesas de negociación en Gobernación.

El bloqueo se hizo debido a que los profesores rechazaron en asambleas estatales el acuerdo de trasladar a los estados la solución a sus demandas.

Entre los principales reclamos de la CNTE está la derogación a nivel nacional de la reforma educativa recién aprobada por el congreso, en la que se incluye la evaluación magisterial.

La sección 22 de Oaxaca, que es la mayoritaria en el plantón del Monumento a la Revolución, incluye en sus demandas la liberación "inmediata y sin condiciones" de Lauro Atilano Grijalva, Mario Olivera, Sara Altamirano, Damián Gallardo y Leonel Manzano, acusados de secuestrar a los sobrinos del presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani.

Para la CNTE, los detenidos son presos políticos. Acordaron "brindarles todo el respaldo jurídico, político y económico".

Otra demanda es la liberación "inmediata" de sus salarios y que se les entreguen recursos federales y estatales para el denominado Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca.

En Chiapas, los maestros de la CNTE cumplieron 43 días en paro y ayer bloquearon casetas y tomaron las instalaciones de la televisora oficial y dos estaciones de radio a las que acusan de realizar una cobertura contra su movimiento.

En Veracruz, bloquearon carreteras, casetas de peaje, recintos portuarios y centros comerciales.

(V.pág.2 del periódico Mural del 10 de octubre de 2013).


En Ciudad de México, y en algunos otros puntos del territorio nacional, miles de personas sufren devastadoras pérdidas económicas a causa de los bloqueos de avenidas y la ocupación de los espacios públicos que tan alegremente perpetran los emisarios de la "protesta social". Los afectados, desde luego, se indignan y se quejan amargamente de la situación, a la vez que expresan (en privado) su descontento con unas autoridades "blandengues, timoratas y permisivas" que han decidido no cumplir con su deber de preservar el orden público (y de asegurar el patrimonio de sus gobernados) con tal de no sobrellevar el infamante mote de "represoras". Pero, hasta ahí. Los damnificados se quedan donde están y no manifiestan, como los otros, su inconformidad en las calles: no se coordinan, no se unen y no se movilizan.

La última vez que ocurrió una gran protesta auténticamente ciudadana en la capital de todos los mexicanos (me refiero, con esto, al carácter espontáneo de una manifestación masiva en la que no se tramitaban los intereses corporativos ni las prebendas de un grupo minoritario) fue cuando los habitantes salieron a la calle para exigirle al gobierno de López Obrador que les brindara seguridad, el primerísimo de los derechos que debe garantizar un Estado moderno. No le gustó al hombre que le echaran en cara sus incapacidades y, como es su costumbre, vio la mano de terceros detrás de la organización de los vecinos, denunció una conspiración de sus adversarios y, peor aún, descalificó majaderamente a los manifestantes.

Pues bien, hoy podrían también movilizarse los habitantes de una ciudad que ha sido sitiada, entre muchos otros grupos, por las huestes de la CNTE. Una urbe donde hay gente cuyos empleos peligran y que sufre, lo repito, pérdidas ruinosas. Ciudadanos, por otro lado, que cumplen, que pagan sus impuestos, que merecerían, más que nadie, habitar en un entorno de certezas y, luego entonces, que saldrían a las calles para decir que ya basta, que el respeto a la ley es fundamental, que el orden público sí importa y que el gobierno tiene unas responsabilidades tan ineludibles como imperativas. Pero, ¿dónde están, todas esas personas tan descontentas y tan enfadadas? Pues, en sus casas, señoras y señores. Conforman una abrumadora mayoría de individuos presuntamente conscientes e informados que, sin embargo, no reclaman visiblemente sus derechos.

Por ejemplo, sabemos de las mermas económicas que han padecido los comerciantes del centro histórico. Muy bien, si los minoristas de la capital fueran más solidarios, o estuvieran más organizados, tomarían medidas que las autoridades no podrían soslayar. ¿Imaginan ustedes, estimados lectores, un fin de semana entero sin establecimientos y negocios? Los miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ofreciendo un abierto respaldo a sus colegas comerciantes del centro histórico y enviando, de paso, una contundente advertencia a las autoridades, determinarían el cierre de todos los comercios, de los Oxxo, de El Palacio de Hierro, de Liverpool, de Office Depot, de BestBuy, etc., etc. ¿Ustedes creen que no pasaría nada, que no habría una respuesta, que no se obtendrían compromisos y ofrecimientos? Y, teniendo esta fuerza colosal, ¿cómo es entonces que no se movilizan los comerciantes? ¿Cómo es que no se organizan los taxistas? ¿Por qué los padres de familia de todos los niños sin escuela no hacen un cerco alrededor de la Secretaría de Educación?

Lo que pasa es que nuestros intereses, los de los ciudadanos no afiliados a las organizaciones que amparan el corporativismo, están mucho más diluidos que los de aquellos grupos, perfectamente organizados, que negocian, a punta de chantajes, privilegios inmediatos y concretos. Para mayores señas, la CNTE te puede asegurar un salario completo aunque no pongas jamás los pies en un salón de clases. Y, ante la mera perspectiva de perder prebendas y canonjías, el miembro de una organismo clientelar -por no hablar de los acarreados y de la gente pagada por las agrupaciones políticas (a esos sujetos violentos que adulteraron la celebración del 2 de octubre ¿quiénes los patrocinan?)- está perfectamente dispuesto a salir a la calle, a bloquear el acceso a un aeropuerto y a permanecer semanas enteras en un campamento.

Mientras no nos organicemos los ciudadanos independientes, no obtendremos las garantías que reclamamos. Así de sencillo. Por lo pronto, sigamos en la queja.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 6 de octubre de 2013).


Las pasadas semanas hemos atestiguado como una minoría puede hacer y deshacer en la Ciudad de México, mientras el gobierno prefiere esconderse para no pagar los costos de actuar. Por un lado la CNTE ahorca el tráfico citadino cada vez que quiere. Pasa por encima de los demás sin problema alguno. Cuando la impunidad prevalece, los envalentonados saltan por doquier. Así, los maestros que han paralizado las clases en sus estados, que les impiden a los niños ir a la escuela, decidieron también paralizar el aeropuerto y ¿por qué no? el Congreso. Y entonces, como el elefante que se columpiaba en la tela de una araña y como veía que resistía, decidieron golpear policías.

La mayoría perredista en la capital también es responsable de lo que sucede en los desmanes semanales. Haber modificado la ley para sacar a unos porros de la cárcel en diciembre pasado, ha resultado muy costoso para todos los capitalinos. Resulta curioso que en esta metrópoli golpear policías sea una práctica muy extendida. Da igual si es un grupo de docentes o uno de anarkos. La policía para ellos es un saco al que hay que pegar, una pelota para patear, una cubeta donde escupir. Golpear policías no parece ser tanto un desafío a la autoridad como un pasatiempo urbano. Por supuesto esto incluye destrozos de edificios y comercios. Desde la llegada de Peña al poder los llamados anarquistas salen cada que pueden perderse entre otros contingentes para realizar actos vandálicos. Lo mismo da si son del magisterio o si son forevers del 68 o estudiantes con conciencia social. Como la ciudad resiste, como la tela de una araña, ellos hacen lo que quieren y la autoridad también hace lo que quiere: nada.

Pero no solamente sucede en con el gobierno capitalino. En el gobierno federal parece que la situación no es muy distinta. Como el oficio político del priismo se mueve bajo la máxima de: en política lo que cuesta dinero sale barato, han repartido a diestra y siniestra sin arreglar los problemas de fondo. Porque en política no todo se puede arreglar con dinero, porque el que aprende a chantajear, toma ventaja sobre el chantajeado, pues conoce su debilidad. De esa manera, hace unos meses la Secretaría de Gobernación decidió arreglar un problema con el SME dándoles 2,000 millones de pesos. El resultado es, ya con el dinero en la bolsa, los de ese sindicato siguen en la calle y se incorporan a cuanta marcha les parece digna de reconocimiento.

Sentirse el elefante en la tela de una araña para ver cuánto resiste puede ser divertido si es un juego, pero si se es gobierno, estar viendo a qué hora se rompe la tela no parece ser la mejor de las ideas.

Juan Ignacio Zavala
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 6 de octubre de 2013).


En nuestro país no solo existen leyes imperfectas (las que imponen obligaciones sin establecer sanciones por su incumplimiento), sino que también derechos incompletos; es decir, aquéllos que se conceden sin reglamentar su ejercicio. Este es el caso del derecho de reunión establecido en el párrafo segundo del artículo 9° Constitucional, que permanece sin reformas desde 1917 y carece de una ley reglamentaria que lo regule, propiciando el caos y desordenes que en todo México caracterizan a las llamadas marchas de protesta.

En la memoria colectiva aún existen las imágenes de los desmanes ocurridos el 1 de diciembre pasado en diversas ciudades del país, entre ellas Guadalajara. Ahora, se nos presentan las suscitadas en el aniversario del 2 de octubre de 1968, en las que las conductas son similares: daño al mobiliario urbano y a la propiedad privada; afectaciones al libre tránsito; robos y saqueos; y lesiones a las fuerzas de seguridad que tienen que soportar estoicamente las agresiones, por actuar como "escudos humanos". Los causantes, encapuchados que se autonombran "anarquistas" (Miguel Bakunin debe estarse retorciendo en su tumba por semejante impostura).

Dado que el pasado 26 de diciembre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó la ley para que pudieran salir libres los 14 jóvenes detenidos por los delitos cometidos 25 días antes, el pasado jueves el diputado federal del PAN, Jorge Francisco Sotomayor; presentó una iniciativa para regular las marchas en el Distrito Federal. Bien por ello. Lo malo, es que el Congreso de la Unión ya no tiene atribuciones para legislar en esa materia, que es competencia de la ALDF, por lo que la propuesta más bien parece juego de pirotecnia política.

Legislar para regular las marchas es una necesidad inaplazable. Si en verdad se quiere hacerlo, lo más sencillo sería presentar una iniciativa para crear la Ley Reglamentaria del párrafo 2o. del Artículo 9° Constitucional que tendría vigencia en toda la república y no solo en el Distrito Federal, como indebida y equivocadamente se pretende.

Si para algo sirvió la propuesta del diputado Sotomayor fue para que los legisladores que soliviantan a esos jóvenes (que son los mismos que pagaron la fianza a los de diciembre pasado) demostraran una vez más quienes son los que los azuzan y financian, saliendo a cuestionar la iniciativa con el petate del muerto de que se quiere "implantar el fascismo en México".

El problema de las marchas ya no solo es del Distrito Federal, sino de todas las ciudades de México. Si el Congreso de la Unión no se atreve a regular el ejercicio de ese derecho, nada impide que los congresos de los estados puedan hacerlo, en el entendido de que cuando aquél lo haga la legislación por ellos emitida desplazaría a la local.

Los legisladores deben proceder ya a armonizar el ejercicio del derecho de manifestación social, con los derechos y libertades de las demás personas, y establecer castigos severos a quienes financien y azucen a menores de edad para que cometan delitos y ataquen a la autoridad. El país entero se los agradecerá.

Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador en línea del 5 de octubre de 2013).


Empiezan a aprender el camino desde muy jóvenes.

Padres de familia y alumnos de la escuela primaria Miguel Lerdo de Tejada mantienen un bloqueo en Periférico y Eje 5 Sur, en la colonia Chinampac de Juárez, Iztapalapa, para exigir mejoras en la infraestructura del centro educativo.

Uniformados y con su mochila de útiles escolares, los niños están sentados en la avenida para impedir el paso de los vehículos y reclamar la presencia del delegado Jesús Valencia.

Felices por no tener clases, aunque acalorados, los niños sostienen cartulinas en las que piden la entrega de desayunos escolares.

El bloqueo empezó alrededor de las 8:00 horas y afirman que continuarán ahí hasta recibir una solución de parte de las autoridades delegacionales.

"Llevamos más de 4 años pidiendo, tanto a la delegación como a la Secretaría de Educación Pública, maestros, baños, salones, no tenemos biblioteca, no tenemos una sala de cómputo digna. ¡Vaya!, faltan muchas cosas en la escuela", dijo la señora Catmin Espinosa.

"Ahorita van a faltar 5 maestros en la escuela, hay grupos que no tienen clases. La dirección dice que está en trámite, que todo está en trámite", denunció.

"(Exigimos) que nos pongan maestros, que nos den aulas dignas. Es una escuela de calidad y, sin embargo, ustedes pueden pasar a la escuela y es humillante. Es una mentada de madre para los niños entrar a esa escuela", dijo la madre de familia visiblemente molesta.

(V.periódico Milenio Jalisco en línea del 4 de octubre de 2013).


El 68 sirvió para crear
en el gobierno un síndrome
que le inhibe su capacidad de ejercer
la fuerza para cumplir la Ley.

Nemesio Maisterra
(v.pág.9 del periódico Mural del 3 de octubre de 2013).


No es que esperemos que el gobierno sea el padre protector del pueblo, pero sí el que garantice su seguridad, lo que da su razón de ser, así como el que haga cumplir las leyes y los derechos de cada uno de los habitantes. Pero nada de esto sucede.

Josefina Leroux
(v.pág.8 del periódico Mural del 3 de octubre de 2013).


Algunos afirman que es el costo de la democracia. No les conviene darse cuenta que en los países democráticos no se permite a los grupos de poder bloquear carreteras, calles, centros de distribución de combustible, escuelas, accesos a edificios o casetas de peaje.

El que el Paseo de la Reforma, la principal avenida de la ciudad de México, haya podido ser tomada ayer durante todo el día para un chantaje por un grupo político, y el que los bloqueos de calles se hayan convertido en una pesadilla cotidiana para los capitalinos, no es señal de que en México haya más democracia sino de que tenemos un gobierno débil.

La democracia es un sistema para escoger de manera ordenada y equitativa a los gobernantes. No es un fuero para exentar a los grupos políticos o a los poderosos de las leyes.

En una democracia el gobierno debe escuchar las quejas de los gobernados y negociar la aplicación de políticas públicas. Pero para la CNTE "negociar" significa que el gobierno ceda ante todas sus exigencias. Por eso los líderes se quejan de que el gobierno "no quiere negociar" a pesar de que ha habido decenas de reuniones.

La única negociación válida para la Coordinadora es que la autoridad ceda en todas las exigencias. Pero millones de mexicanos no estamos con acuerdo la posición reaccionaria que sostiene que la educación pública debe ser propiedad privada de un grupo sindical.

Las autoridades capitalinas pretenden evadir su responsabilidad y afirman que la reforma educativa es un tema federal y por lo tanto no tienen por qué hacer nada para proteger a los ciudadanos agredidos en las protestas sobre ese tema. Pero esto sería tanto como decir que la policía del Distrito Federal no tenía derecho a desalojar el plantón de pilotos de Mexicana de Aviación que bloqueó el Eje Central de la ciudad de México el 9 de noviembre de 2011, ya que la aviación es un tema federal, o no debe detener a criminales que participen en ejecuciones o narcotráfico porque éstos son delitos del fuero federal.

Las autoridades federales priistas están festejando las movilizaciones de la CNTE. El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, era el más popular político de la izquierda con vistas a la elección presidencial de 2018, pero hoy su aprobación ha caído dramáticamente. El gobierno federal, sin embargo, también es responsable de los abusos de la CNTE. Durante años no ha hecho ningún esfuerzo para levantar los bloqueos con los que la organización busca preservar sus privilegios.

La afirmación de que no es posible regular las marchas porque se violaría la libertad de expresión no tiene sentido. En los países democráticos las marchas están reguladas. La autoridad autoriza las horas y las rutas y no permite bloqueos o agresiones contra los ciudadanos.

Se nos ha querido presentar la idea de que sólo hay una alternativa posible ante un bloqueo: la aceptación sumisa de todo abuso o la represión violenta. Esto es falso. En las democracias no se permiten los bloqueos ni las agresiones a los ciudadanos, pero tampoco se responde con matanzas. Ya Manuel Mondragón y la Policía Federal demostraron el 13 de septiembre pasado en el Zócalo que se puede hacer un operativo limpio y legal para liberar un espacio público tomado por un grupo de poder.

Los ciudadanos no tenemos por qué aceptar que las autoridades a las que pagamos para protegernos nos digan que no pueden hacer su trabajo, pero sigan cobrando su sueldo. Permitir que un grupo de poder lastime a los ciudadanos no es el costo de la democracia. Es el costo de la complicidad o de la cobardía. Y los ciudadanos no tenemos por qué pagarlo.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 3 de octubre de 2013).


En los últimos sexenios hemos visto como el nivel de corrupción en los niveles federal, estatal y municipal ha ido aumentando por la falta de la aplicación de la ley, porque no hay mejores reglas o que estas no se cumplen para el adecuado uso de los recursos públicos, además las instancias de supervisión y evaluación no funcionan o están amañadas, porque no hay una decisión de estado de frenar este desorden, este saqueo, esta rapiña.

Pero actualmente vemos con mucha preocupación como hay indicios de re-centralizar los recursos y las atribuciones que ya tenían los estados y municipios en materia de educación, salud, hacendaria, infraestructura y varias más. Como ejemplo tendríamos la centralización del pago de la nomina a los maestros en la Secretaría de Educación y la compra de medicamentos de la Secretaria de Salud, IMSS, ISSSTE... Las decisiones que se están tomando tiene como fundamente que estos recursos descentralizados fueron usados discrecionalmente, con altos índices de corrupción y de ineficiencia, en algunos casos estos recursos ni si quiera llegaron a el destino final.

Ya en esta columna se ha tratado el tema del uso de los recursos financieros del Seguro Popular en el sexenio pasado en varios estados de la república, como ejemplos Tabasco, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Coahuila, Zacatecas... está claro que el nivel federal no quiso intervenir para sancionar y solucionar el uso indebido y corrupto de los recursos financieros, sobre todo para la compra de medicamentos y el pago de las nominas de contratos. Hay funcionarios estatales, secretarios, gobernadores, acusados de corrupción que todavía caminan impunemente por la calle, hay funcionarios federales que se lavaron las manos y no actuaron conforme a la ley... Creo que ya hay que sancionarlos... De lo contrario seguirá la corrupción y la impunidad...

Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.5-A del periódico El Informador en línea del 2 de octubre de 2013).


Bloqueo de la CNTE.

La presión surtió efecto. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon las inmediaciones del aeropuerto capitalino y tras una reunión con el subsecretario Luis Enrique Miranda, serán recibidos hoy por el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Los maestros utilizaron un tráiler para bloquear la vía. El líder de la sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez, afirmó que se le planteará a Osorio Chong la revisión de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias, el cese de la "represión administrativa, física y laboral" contra los mentores.

El secretario recibió el 12 de septiembre a los líderes de la CNTE y en aquella ocasión les manifestó que la reforma seguirá adelante.

Durante el bloqueo, los profesores golpearon a un policía, que se encuentra en estado de coma en un hospital. "Lo golpearon entre todos, le despojan del arma, le despojan de su equipo, del radio; en ese momento nos empiezan a informar de que hay una actitud violenta por parte de un grupo que acompañaba a los maestros, y la instrucción al señor secretario de Seguridad Pública fue conminarlos a que liberaran la arteria o en 15 minutos se procedía a liberar la misma", dijo Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno del Distrito Federal.

Las autoridades informaron que el agente Álvaro Sánchez Valdez tiene un traumatismo craneoencefálico, debido a que recibió varios golpes en la cabeza con palos. Agregaron que otros 6 agentes resultaron heridos, de los cuales la mitad ya fue dada de alta.

(V.pág.4-A del periódico El Informador en línea del 2 de octubre de 2013).


El secretario general de la Sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez, informó sobre el acuerdo con el gobernador de la entidad, Gabino Cué, de no sancionar a los maestros paristas.

Al término de una reunión que sostuvieron con el mandatario estatal en la Secretaría de Gobernación, aseguró que se llegó al acuerdo de que las actas administrativas levantadas contra los mentores que participan en el paro, no tengan validez.

Indicó que en la reunión las autoridades de la Secretaría de Gobernación y de Oaxaca acordaron con la CNTE "no permitir ninguna agresión o lesión a los derechos laborales de los trabajadores de la educación".

La CNTE planteó que "en tanto dure la jornada de lucha", se impida en todo momento que se agreda a los trabajadores de la educación.

Previo a la reunión, Núñez Ginez encabezó una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia la sede de la Segob, en la que estuvo acompañado del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, y Juan José Ortega, de la Sección 18 de Michoacán de la CNTE.

(V.periódico El Informador en línea del 27 de septiembre de 2013).


Son tantos los ejemplos en los que el desaseo, la torpeza y/o ineptitud, los excesos y la corrupción marcan el sendero de la procuración de justicia en nuestro país, que nadie debería llamarse sorprendido por el hecho de que la relativamente reciente ponderación del "debido proceso" por parte de jueces, derrumbe, literalmente, los casos que arma la PGR, incluso contra personajes cuya culpabilidad no se encuentra en duda, al menos no en el imaginario popular, pero que las autoridades están obligadas a probar en tribunales.

Resulta que el juez cuarto de distrito en materia de amparo, Francisco Sarabia, resolvió que en el auto de formal prisión de la maestra Elba Esther Gordillo, se presentaron una serie de pruebas circunstanciales "que no prueban nada", confusión de delitos, omisiones y hasta la participación de un funcionario de la Secretaria de Hacienda que aún no se desempeñaba como tal, por lo que concedió un amparo por las deficiencias técnicas en el caso y que violan el derecho al "debido proceso".

Dentro de los detallitos que encontró el juzgador vale la pena recordar que el Ministerio Público de la Federación no ha logrado probar el origen ilícito de los 2,000 millones de pesos que Gordillo presuntamente usó en cirugías, compras en tiendas de lujo o adquisición de propiedades; que se pidió la orden de aprehensión contra la maestra el 20 de febrero, cuando no estaban terminados los dictámenes periciales en materia contable y financiera, y que los autos de formal prisión en contra de Elba Esther por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada están basados en omisiones, errores, pruebas circunstanciales, confusión de delitos y hasta en la formulación de la querella por parte de un funcionario de la Secretaría de Hacienda que presuntamente no estaba en funciones.

Bueno, pues la PGR responde que impugnará el amparo a la ex dirigente sindical y calificó de "endebles y sin consistencia jurídica" los argumentos del juzgador.

Ahora bien, lo más probable es que "La Maestra" no salga de prisión en 3 meses, como supone su abogado Marco Antonio del Toro Carazo; que la PGR ahora sí haga bien su chamba y que la administración Peña Nieto haga todo lo que deba hacer (en los terrenos político y jurídico) para que las tradicionales torpezas del andamiaje de procuración de justicia no se conviertan en la más grande y grave pifia del "nuevo PRI".

Lo notable es que la apuesta de Peña Nieto con la aprehensión de "La Maestra" era muy alta, por lo que cometer errores de forma y fondo en un asunto que transitaría bajo la lupa de medio mundo, deja en evidencia el tamaño de la incapacidad, falta de herramientas y pulcritud, de conocimiento del derecho procesal penal y media docena más de puntos que hacen la diferencia entre un sistema de procuración de justicia eficiente y honesto y lo que tenemos.

Así las cosas, pareciera que lo único que mantiene en prisión a los que actualmente purgan alguna sentencia es la falta de más jueces que se tomen la molestia de revisar a fondo los expedientes.

Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 27 de septiembre de 2013).


No lograron entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto y, en protesta, integrantes del Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon, por más de 3 horas, la avenida Paseo de la Reforma.

A las 10:30 horas partieron del Monumento a la Revolución, y llegaron a las 13:20 a las inmediaciones de la residencia oficial Los Pinos, resguardada bajo un fuerte operativo de seguridad.

Los líderes de la Sección 22, Rubén Núñez, y de la Sección 18, de Michoacán, Juan José Ortega, pidieron dialogar con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o con el presidente Enrique Peña.

Ante la negativa expresada por un funcionario de Participación Ciudadana, los dirigentes emplazaron a la Presidencia de la República para que en menos de 30 minutos fueran atendidos.

"El planteamiento es que sea el propio Enrique Peña Nieto quien esté en la mesa de negociación compañeros" explicó Rubén Núñez.

Al ver que su petición fracasó, la cúpula magisterial ordenó a los profesores de Oaxaca, Michoacán, Distrito Federal, Veracruz y Chiapas dispersarse por Paseo de la Reforma, a fin de colapsar esa arteria vial.

A las 14:40 horas, el bloqueo de maestros se extendió sobre Paseo de la Reforma, desde la Estela de Luz hasta Juárez, evitando la circulación por ambos lados de la avenida.

Agrupados en contingentes de 100 a 200 maestros, se apostaron en los cruces principales de Paseo de la Reforma, incluyendo Juárez, Eje 2, Insurgentes, Niza y Sevilla.

Sentados o acostados sobre las banquetas y el pavimento, los maestros aprovecharon el tiempo para comer, leer y hasta tomar una siesta.

Hacia las 18:00 horas, ante el rechazo de audiencia, las bases recibieron una llamada de la comisión negociadora, ordenando el retiro del bloqueo y el inicio de asambleas representativas.

En Morelos hubo un bloqueo en el kilómetro 84 de la autopista México-Cuernavaca por maestros de la sección 19 del SNTE.

En Veracruz hubo un bloqueo en la carretera Veracruz-Xalapa por docentes de la CNTE.

(V.pág.3 del periódico Mural del 26 de septiembre de 2013).


Maestros disidentes atacaron ayer a policías que viajaban en 3 patrullas de la Policía Federal, con las que se toparon cuando se dirigían a una manifestación en la Ciudad de México, en contra de la reforma educativa.

Informes oficiales indican que en el ataque también resultó lesionado un agente federal, quien fue alcanzado por los manifestantes, bajado de una de las unidades y golpeado.

Los hechos se registraron en el tramo Zinapécuaro-Maravatío, sobre la Autopista México-Guadalajara, donde profesores esperaban la llegada de otro contingente, a fin de integrarse a la caravana y continuar el trayecto hacia la capital del país.

El ataque fue confirmado por fuentes de la Policía Federal, cuya corporación alistaba ayer una denuncia penal por estos hechos.

"Había un bloqueo que tenían establecido los maestros cerca de Maravatío, y esto fue lo que originó que llegaran los compañeros y no los dejaran pasar", explicó un mando de la Policía Federal.

Afirmó que fueron entre 50 y 60 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los que participaron en la agresión.

"Los maestros (estaban) muy agresivos. Alcanzaron a pasar unas unidades, las cuales fueron apedreadas, pero salvajemente, con piedra grande para romper vidrios laterales y medallón (de las patrullas). Para que rompas algo así, es piedra grande y lanzada con gran fuerza", comentó.

De acuerdo con esta versión, los policías que habían logrado sortear la manifestación regresaron para rescatar a su compañero, sin que precisaran si fue necesario usar la fuerza o amagar con sus armas.

En la Policía Federal se informó que 2 de las unidades agredidas presentan daños considerables, y la tercera solamente destrozos en cristales.

En contraste, el magisterio acusó a la Policía Federal de obstruir al contingente y realizar disparos al aire para intimidar a los manifestantes.

(V.pág.3 del periódico Mural del 26 de septiembre de 2013).


Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bloquean los carriles centrales de Paseo de la Reforma, a la altura de la embajada de Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes, los inconformes se trasladaron en pequeños grupos, minutos después de las 10:00 horas, desde su campamento ubicado en el Monumento a la Revolución hacia el número 305 de la avenida Paseo de la Reforma.

Alrededor de 200 manifestantes encabezados por la sección 22 de Oaxaca, la 18 de Michoacán y 19 de Guerrero, bloquean la circulación hacia el poniente.

Se prevé que realicen manifestaciones en otras embajadas como la de Francia y España.

(V.periódico Excélsior en línea del 24 de septiembre de 2013).


Situaciones anómalas como el que vecinos se armen y formen milicia para proteger comunidades ya nos parecen normales. Habría que recordar que de suyo no lo son y cada una que se forme significa una bofetada a las autoridades legalmente constituidas ya que exhiben en toda su magnitud su nivel de incapacidad de resolver problemas graves... aunque ya nos parezca normal.

Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 23 de septiembre de 2013).


Durante los primeros 10 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto han surgido en el país nuevos grupos de autodefensa. En febrero pasado, distintos informes apuntaban que estos grupos habían surgido en 8 entidades mexicanas; sin embargo, un reporte de la firma de análisis de riesgo Southern Pulse apunta que las llamadas policías civiles ya extendieron su operación a 10 entidades, las más recientes: Colima y Tabasco.

Un recuento de febrero pasado, hasta esa fecha operaban 26 grupos de autodefensa, 20 de ellos en Guerrero en las comunidades de El Troncón, Zacatzonapa, Tecoltzintla y El Potrero.

Además, en Jalisco hay un grupo de autodefensa; en el Estado de México existen 2 y el mismo número se registra en Veracruz, Oaxaca y Chihuahua.

En Morelos se reportan 3 grupos más y en Michoacán se identificaron 4 grupos de civiles armados, según el reporte llamado La alargada sombra de los grupos de autodefensa en México.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 23 de septiembre de 2013).


La venta ilegal de datos personales es un delito grave que se ha denunciado desde hace muchos años, y sin embargo, las autoridades no hacen nada por frenarlo. Saber que nuestros datos personales son objeto de venta al mejor postor por Internet, da escalofrío, y más, cuando nos enteramos de la nula respuesta que tienen las autoridades para castigar el tráfico de datos.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, reveló que han denunciado este delito ante la PGR, desde el 2012. Estas listas las denominan "Personas mexicanas que poseen altos ingresos". Un título más que tentador para los delincuentes. Todo esto lleva a la impunidad y por consiguiente, le facilita el camino al crimen organizado.

Qué fácil es para un delincuente, conseguir los datos de sus víctimas. Con tal solo ingresar a una página en Internet, está allí, el banco de datos de millones de ciudadanos con el perfil perfecto para realizar sus fechorías. Pida, pague e imprima. Más fácil, imposible.

Y nosotros los ciudadanos, totalmente vulnerables. Como en las ferias de pueblo, somos como los patitos de metal, al que se les apunta con un rifle, para que vayan cayendo.

¡Qué desprotegidos estamos los mexicanos por todos lados! No tenemos seguridad en ninguna parte. Ni en nuestras casas, ni en nuestras empresas, ni en los sitios públicos. Cualquiera tiene todos nuestros datos personales y nadie nos defiende. Es como si viviéramos en una anarquía. No hay autoridad que detenga tanta delincuencia y tanto cinismo.

¡Esos son nuestros servidores públicos! Los que nos van a defender de la delincuencia. ¿Con qué autoridad moral pueden detener a la delincuencia? ¿Cómo impondrán penas por delitos que se cometen dentro de las mismas instituciones públicas?

La verdad qué aguantadores somos los mexicanos.

Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.32 del periódico Milenio Jalisco del 20 de septiembre de 2013).


En demanda de servicios como agua potable y vuelos a la Ciudad de México, unos 50 turistas bloquean la Avenida Costera Miguel Alemán.

Algunos de los afectados se hospedan en hoteles y otros en el albergue del Centro de Convenciones.

"Nos dijeron desde hace 3 días que nos apuntáramos en las listas de los vuelos del Ejército, pero no ha salido nadie del albergue, por lo que es mentira que están tomando en cuenta a los afectados", afirmó Francisco Villegas, vecino de Tecámac, Estado de México.

(V.periódico Mural en línea del 19 de septiembre de 2013).


Argumentando que no se les está enviando suficiente basura para separar y vender, pepenadores de la planta de transferencia Matatlán y del relleno sanitario Los Laureles bloquean desde ayer el paso de los camiones con desechos, por lo que no pueden ingresar a las instalaciones.

Los pepenadores acusan a la empresa Caabsa Eagle, responsable del manejo de los residuos sólidos de la mayor parte de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, de no enviarles material para reciclar.

(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 19 de septiembre de 2013).


Tiene más poder el que hace la ley y el que puede reformar la Constitución que el que simplemente se compromete a hacerla cumplir. La Corte sufre mucho cuando ve que una ley es injusta. Existe sistema para oponerse a las leyes inconstitucionales; pero no a las leyes injustas.

Tenemos que empezar con la Constitución, que establece el principio de justicia como una garantía constitucional; pero en realidad no tiene sistema para poder valorar la ley. Es un problema universal. Se dice que se resuelve con interpretación; pero para eso se necesitan jueces dispuestos a dar de sí sin volverse legisladores; sin tomar el espíritu de la ley.

No hay sistema para plantear a la Corte: "esta es una ley injusta", como sí hay sistema para plantear si una ley es inconstitucional.

Es necesario plantearse la justicia de la ley en un recurso legal. Que se pueda decir que una ley es injusta porque viola principios de la Constitución.

Juventino Castro y Castro, ministro retirado de la Corte, en una entrevista el 20 de julio de 2010
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 16 de septiembre de 2013).


Tuvo que haber una razón que se debería conmemorar como se hace cada año en todo el país, que es la Independencia de México y un acto que se realizará empezando con el Grito de Independencia el día 15 desde el balcón presidencial de Palacio de Gobierno y con el Zócalo libre de pelafustanes y posibles peligros para el pueblo mexicano que llena el Zócalo sin que nadie los acarree, con el corazón de México en la mano para escuchar el Grito de Independencia.

Al fin se aplicó la ley y tuvieron que desalojar por la fuerza con tanquetas de agua a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en lugar de llamarles maestros han llegado al extremo de convertirse en vándalos y delincuentes.

La operación estuvo muy bien planteada, además les avisaron diciéndoles que tenían tiempo para retirarse en función de un acto patriótico nacional; sin embargo, no hicieron caso, tuvo que llegar la Policía Federal para desalojarlos, lo que debieron haber hecho tiempo atrás que es cumplir con la ley, aunque no fuera la Policía Federal sino la policía del GDF, que demostró que tienen prioridad las hordas de vándalos antes que la mayoría de los habitantes de Ciudad de México; lo mismo había pasado en otras ciudades de la república.

Estratégicamente estuvieron presentes notarios y los representantes de la inútil y parcial Comisión Nacional de Derecho Humanos, que como ya lo dije antes nunca han defendido al pueblo de México, pero sí a los malhechores y vándalos.

También hubo declaraciones queriendo revivir el "burro manadero" (que cada día es más chica su manada) de Andrés López, tratando de agitar a las masas diciendo que "los maestros no fueron escuchados y ahora los desalojan con el uso de la fuerza". Es una mentira absoluta que flota entre sus orejas, porque no es ningún tonto y a él le consta que han sido escuchados lo suficiente y que sus argumentos son totalmente en contra de México, de una calidad de educación y una formación adecuada para niños y jóvenes que son el futuro del país.

En las redes sociales aparecieron irresponsables y agitadores mensajes anunciando que va a suceder otro "Tlatelolco" y que "van a asesinar a los que educan a sus hijos". Como ustedes se dan cuenta es una campaña de agitación orquestada; esperemos no haya necesidad de usar más fuerza de las autoridades para hacer cumplir la ley, ponerlos en paz y que vuelvan a sus aulas a cumplir con su deber, a enseñar lo que dicen que saben.

José Manuel Gómez Vázquez Aldana
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 15 de septiembre de 2013).


La implacable presión callejera de una turbamulta de mal llamados maestros, ha humillado al gobierno y agraviado la dignidad del poder legislativo. La capital de la República Mexicana ha sido tomada como rehén de oscuros intereses sindicales de "maestros" que se niegan a ser evaluados y que exigen que sus puestos de trabajo sean seguros y hereditarios. Los grupos vandálicos, concientes y sabedores de su impunidad, y ante el ánimo estupefacto de una ciudadanía que solo acierta a expresar su cólera con encendidos epítetos actúan con desparpajo e insolencia interrumpiendo vialidades en calles y carreteras, ante la pasividad de autoridades medrosas y sometidas. Ya entradas en exigencias grupales, añaden de paso en sus algazaras el rechazo abierto a la ley energética que es estandarte e insignia de la totalidad de las tribus de izquierda.

¿Dónde ha quedado la declarada presencia del estado de derecho? La devaluada figura de una violenta y desprestigiada lucha sindical, en el ánimo público ha quedado destinada, por su desprestigio, al bote de basura de los movimientos sociales.

Es vergonzosa nuestra incapacidad y decisión para hacer valer esta ley; la falta de decisión para emplear la fuerza a que autoriza la propia ley... ¿En qué oscuro rincón de nuestras desmemorias ha quedado confinado nuestro ánimo para actuar con determinación y arrojo?

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 14 de septiembre de 2013).


En los últimos días ha crecido la ira del sector privado. Lo que sucede en el DF ahonda la desconfianza y difícilmente puede contribuir a atraer los flujos de inversión que tanto se requieren. Ahora además de la inseguridad, está el beligerante accionar de los seudo profesores de la Sección 22 del CNTE y la posición de no intervenir adoptada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de la capital a cargo de Miguel Ángel Mancera, pese al impacto económico y del nivel de vida de muchos capitalinos. Para los extranjeros lo que sucede es incomprensible. Ayer Coparmex que comanda Juan Pablo Castañón emitió en un comunicado un ¡Ya basta! contra los grupos particulares que "cooptan los espacios públicos" y "autoridades cómplices y omisas". La 1a. función del Estado en cualquier parte del mundo es salvaguardar la seguridad jurídica, lo que hoy lamentablemente no sucede, dando paso a un espectáculo vergonzante con funcionarios públicos muy lejos de las expectativas.

Alberto Aguilar
(v.pág.33 del periódico Milenio Jalisco del 13 de septiembre de 2013).


El Gobierno del Distrito Federal debería condonar el pago de predial y del impuesto de nómina de este año a todos los inmuebles y empresas del corredor Reforma-Centro Histórico. Esto sería apenas justo considerando los daños que ha permitido que la CNTE ocasione a los residentes y a las empresas de la zona.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 11 de septiembre de 2013).


La Procuraduría General de Justicia del Estado investiga un 2o. caso de presunto linchamiento a 2 ladrones que fueron sometidos por vecinos de Cancún, e informó de la detención de 4 personas que sometieron al par de asaltantes de vecinos de la Región 200 de Cancún.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 11 de septiembre de 2013).


La Secretaría de Gobernación no ha obtenido respuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre el documento en el que le propone dejar los bloqueos, marchas y plantones en la Ciudad de México, a cambio de otorgarles sus pagos retenidos.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 9 de septiembre de 2013).


El presidente de la república, Enrique Peña Nieto -en su 1er. Informe de Gobierno, el 2 de septiembre pasado-, dijo que no permitiría que nadie hiciera justicia por propia mano. Diana la Cazadora de choferes no alcanzó a escucharlo, o no quiso, para cuando se realizaba el acto presidencial, ella ya daba cuenta de la muerte de 2 operadores de la ruta 4 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Había comenzado su venganza.

Ninguno de los 2 choferes asesinados tenía antecedentes penales.

Juan Levid Lázaro
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 8 de septiembre de 2013).


El titular del ejecutivo federal aportó escasas cifras en su mensaje y las pocas que pronunció, sin el contexto debido, es decir, insuficientes para comprender, por ejemplo, por qué se habla de que ha mejorado la seguridad en el país y en las calles no se nota.

Me parece muy bien, por otro lado, la siguiente afirmación: "No toleraré que nadie pretenda hacer justicia por sus propios medios", claro, así debe ser en un Estado que funciona, que con el monopolio de la violencia garantiza la seguridad de todos y digo todos, es decir, los más de 118 millones de mexicanos que somos.

Laura Castro Golarte
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 7 de septiembre de 2013).


Ciudad de México.- Luego de ser despojada de 45,000 pesos en efectivo y de ver cómo el asaltante golpeó en repetidas ocasiones a su marido, una mujer de la 3a.edad persiguió y atropelló a su agresor, causándole fracturas expuestas en sus 2 piernas.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 7 de septiembre de 2013).


Ya no son advertencias para el futuro. La ley de la selva está aquí. El Estado ha perdido el monopolio del uso de la fuerza que Max Weber consideraba indispensable. Hoy cualquier grupo tiene más fuerza que un gobierno impotente.

Quizá el mayor ejemplo, el más contundente, lo encontramos en Tamaulipas. S-Mart, una pequeña cadena regional de supermercados, que ha logrado competir exitosamente contra las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, se vio obligada a cerrar las puertas de sus seis tiendas en Reynosa y sólo pudo abrirlas con vigilancia de patrullas militares. Según el columnista Alberto Aguilar de El Universal, quien ha conversado con los directivos, S-Mart recibió amenazas y exigencias de extorsión. Los delincuentes pedían, entre otras cosas, que apagara todos sus sistemas de seguridad. Tras rechazar las exigencias, tres empleados fueron secuestrados.

Los captores saben que los secuestrados y sus familias son de escasos recursos. A la compañía le están exigiendo fuertes cantidades de dinero a cambio de los empleados. Pero la empresa sabe que si cumple con la exigencia, sólo motivará que otros trabajadores sean secuestrados. Tal es siempre la lógica de secuestradores y extorsionadores.

Esta lógica no la entienden las autoridades del Distrito Federal, que siempre buscan "negociar" con grupos criminales. Ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una organización que busca mantener la propiedad privada de las plazas de la educación pública, tomó nuevamente como rehén a la Ciudad de México. Realizó bloqueos en distintos puntos de la ciudad y en particular en los alrededores del aeropuerto.

El objetivo de la CNTE ha sido siempre el mismo que el de los extorsionadores de S-Mart: hacer tanto daño como se pueda a inocentes para que los dueños de una empresa o los políticos accedan a entregar dinero o prebendas.

Las autoridades y legisladores federales han hecho lo correcto al negarse a la extorsión. Derogar una ley que busca devolver al Estado el control de las plazas de la educación pública sería inaceptable. Si lo hicieran los políticos que actualmente ocupan los máximos peldaños del poder, más les valdría entregar sus cargos públicos a los extorsionadores para que ellos los ejerzan.

Sin embargo, ninguna autoridad, ni federal ni capitalina, ha levantado ni un dedo en defensa de los ciudadanos agredidos. El presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en Rusia. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está... bueno, la verdad, es que no sé dónde está. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se limitó ayer a decir: "El costo político siempre se tiene que asumir... hay que asumirlo con toda la responsabilidad".

Una situación similar ocurrió en Colombia en los 80cuando los narcotraficantes y las FARC tomaron el control de partes muy importantes del país. Hubo, al igual que en México, un vacío de autoridad. Pero la naturaleza aborrece el vacío y algo o alguien surge siempre para ocuparlo. En Colombia fueron grupos de paramilitares, "policías comunitarias", si quiere usted llamarlas con el nombre que ahora se emplea en México, que empezaron por hacer justicia por propia mano y terminaron cometiendo crímenes como todos los demás grupos armados.

El Estado debe tener el monopolio de la fuerza porque de otra manera la sociedad cae en la ley de la selva y el derecho es remplazado por la ley del más fuerte. Esperemos que nuestros gobernantes se den cuenta de lo que su parálisis está generando antes de que sea demasiado tarde.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 6de septiembre


El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo, Jorge Dávila Flores, demandó a las autoridades capitalinas terminar con las manifestaciones de los maestros, puesto que los sectores que representa ya han registrado pérdidas superiores a entre 800 y 900 millones de pesos por cada marcha.

El líder empresarial indicó que es necesario hacer cumplir la ley, puesto que las personas y el sector empresarial están viendo afectados considerablemente sus actividades económicas.

Dijo que las autoridades tienen que hacer cumplir la ley, "no forzosamente usando la fuerza pública, esa sería la última alternativa. Hay muchas formas de hacer labor de convencimiento. La autoridad tiene que garantizar que se cumpla la ley y que todos podamos transitar libremente".

Flores señaló que los cierres de las vías que conducen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México representan impactos muy negativos para el turismo, pues reducen la ocupación hotelera y el número de visitantes en el país, y dijo que los daños podrían ser peores en el mediano plazo, por el desprestigio que esto conlleva ante los turistas.

(V.periódico Milenio en línea del 6 de septiembre de 2013).


Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación volvieron a las inmediaciones del aeropuerto para bloquear esta vez 9 horas los carriles centrales y laterales del Circuito Bicentenario.

Cerca de las 9:00 horas, la disidencia magisterial comenzó a reunirse en las cercanías de la estación del Metro Zaragoza, desde donde caminaron al bulevar Puerto Aéreo.

2 horas después, los manifestantes destruyeron la malla ciclónica que divide los sentidos del bulevar y se apropiaron de los tubos que la sostenían para blandirlos como posibles armas.

De esta manera, brincaron la división y cerraron por completo la circulación en la zona.

A partir del mediodía y hasta las 18:30 horas, la situación se mantuvo tensa. Mientras se mantenía el bloqueo, una negociación de 3 horas en la Secretaría de Gobernación entre la dirigencia de la sección 22 de Oaxaca, encabezada por Rubén Núñez; el subsecretario Luis Enrique Miranda, y el gobernador Gabino Cué, dio fin al cierre de los accesos al aeropuerto.

(V.pág.28 del periódico Milenio Jalisco en línea del 6 de septiembre de 2013).


Prodemex ganó los concursos para edificar y dar distintos servicios en 2 penales federales: Gómez Palacio, Durango, y La Ruana, Michoacán. Esta segunda obra ha sido una pesadilla.

Los reportajes de Juan Pablo Becerra-Acosta dan cuenta de cómo los Caballeros Templarios han detenido los trabajos en un par de ocasiones. Y de cómo los tienen detenidos en este momento. Los testimonios de los lugareños narran extorsiones indiscriminadas, a ingenieros y albañiles. En La Ruana se habla de ejecuciones por pagos exigidos y no entregados.

La Policía Federal vigila la, literalmente, obra negra, pero nadie está trabajando.

El cliente es, desde luego, el gobierno federal, en una historia muy del México contemporáneo: criminales con el poder para frenar la construcción de una cárcel de alta seguridad.

Criminales que extorsionan afuera de lo que quizá algún día sea una cárcel.

Ciro Gómez Leyva
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco en línea del 6 de septiembre de 2013).


Pues sí, ganó el partido de [Arturo] Montiel quien ahora sí no ha de poder dormir por todos los reclamos públicos que ha hecho, y con justa razón, su ex mujer Maude Versini. Justamente ayer escuché una espléndida entrevista que le hiciera Carmen Aristegui en MVS noticias. Maude vino a México para pasar por un interrogatorio (con una jueza del Estado de México a quien Montiel le habla de tú y la llama "Lupita") con el objeto de recuperar a sus tres hijos, a quienes no ha visto desde hace casi 22 meses, porque su padre, Montiel, nunca se los regresó después de unas vacaciones que vinieron para pasarlas en México, no obstante debieron de haber regresado con su madre el 2 de enero de 2012. Maude se oía devastada, ya que a pesar de que ella tiene legalmente la custodia (el juicio es para quitarle esta custodia) de los gemelos de 9 años y de Alexis, de 8, quien padece de autismo, no le permiten verlos ni de lejos. La madre ya mandó cartas a Peña Nieto, nuestro ahora presidente (¿te acuerdas que era el gobernador del Estado de México y el tío (?) de Montiel?), a Norberto Rivera y al presidente de la CNDH y, curiosamente, las tres misivas fueron regresadas juntas en un sobre a Maude, hasta París. "¿Pesa más el poder político de Montiel que el poder de la justicia?", se preguntó Aristegui al finalizar la entrevista. ¿Entiendes por qué Montiel no ha de dormir tranquilo? Porque ahora sí enfrenta un conflicto legal, en Francia, por la custodia de sus hijos.

Así, con esa justicia tan incierta y vendida, estamos en este país.

Guadalupe Loaeza
(v.pág.9 del periódico Mural del 5 de septiembre de 2013).


"Los gobiernos fuertes son tolerantes, los débiles utilizan la fuerza", frase de Jesús Murillo Karam para la posteridad, digna de ser inscrita con letras de oro en el palacio de la ignominia, y que refleja el absoluto desprecio de lo que prometen nuestros gobernantes: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Esto no es de hoy, se basan en las reglas no escritas de la política a la mexicana: a los amigos y cómplices la benevolencia, a los enemigos la ley, y decretar la muerte política de quien se atreva a denunciar.

Como la aplicación de la ley depende del ánimo de los que gobiernan, nos encontramos con un estado fallido en donde la impunidad es la norma.

Si la frase de referencia fuera cierta, Guadalajara tendría el gobierno más fuerte de la república, aquí se tolera a los ambulantes, a los rateros, a los que venden piratería y productos robados, a los franeleros, a los valet parking que se adueñan de los espacios públicos, a los constructores que levantan edificios fuera de toda norma y que dañan a los vecinos, a los giros negros en zonas habitacionales y frente a hospitales.

Miguel Jasso
(v.pág.4 "Cartas del lector" del periódico Mural del 5 de septiembre de 2013).


Camiones con docentes que llegaron desde Puerto Vallarta, Tomatlán, Autlán, Ciudad Guzmán, Mazamitla, Jalostotitlán, Arandas, Ameca, La Barca, Degollado, Atotonilco, Tototlán y Poncitlán, así como municipios metropolitanos, se reunieron en la Glorieta de la Normal, donde comenzaron la manifestación que terminó en Plaza de Armas a las 15:30 horas tras un bloqueo de los 2 sentidos de Avenida Alcalde.

"Evaluación urgente para el Presidente", "¿En dónde está, en donde está? El sindicato que nos iba a apoyar", y "Maestro callado, seguro diputado", fueron algunas de las consignas que se escucharon durante el paso de los docentes por el centro.

En Jalisco, la marcha fue convocada por la Red Magisterial del Sur, Movimiento del Magisterio Independiente del Sur, Colectivo Magisterial Democrático, Movimiento de Bases Magisteriales, el Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres y el Movimiento de Telesecundarias.

En el sentro, el secretario general de Gobierno, Arturo Zamora, bajó a Plaza de Armas para atender a los docentes, recibió el pliego petitorio de los voceros, pero tuvo que regresar al Palacio de Gobierno ante abucheos y gritos de "traidor" de parte de algunos maestros.

El secretario de Educación, Francisco Ayón López, dijo que se analizará la situación de los profesores que fueron a la marcha, para ver si les descuentan o no su salario.

Maestros marcharon también en el DF, Estado de México, Veracruz, Durango y Chihuahua.

(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 5 de septiembre de 2013).


El movimiento de las autodefensas es una realidad en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y Tlaxcala.

En el caso de Michoacán, además, el hartazgo ciudadano ante la inexistencia de un Estado de Derecho y el abandono de las autoridades, que recrudeció los homicidios, violaciones, cobros de piso y secuestros en la región de Tierra Caliente, ahora se ha trasladado a la capital del estado, Morelia, donde habitantes de colonias de la parte sur de la ciudad amenazan con constituir los primeros grupos de autodefensa urbana en el territorio nacional.

Verónica Omaña, integrante de la directiva del fraccionamiento Bonanza y de la asociación "Di Sí a la Loma", informó que los habitantes de la zona sur son víctimas de asaltos a mano armada, robos a casa habitación, cobro de piso, robo de auto, secuestro y secuestro exprés, despojo de pertenencias en los cruceros, las glorietas, en los autobuses, en los restaurantes, asesinatos por oponer resistencia y otros, sin que los gobiernos federal, estatal y municipal hayan escuchado sus demandas y menos los protejan.

La dirigente explicó que la inseguridad le pega de directamente a unos 50,000 habitantes que se asientan en más de 30 fraccionamientos y colonias de la zona sur, quienes se han unido para alzar la voz contra el problema de la inseguridad, por lo que entregaron un pliego petitorio al Gobernador interino, Jesús Reyna García, y solicitaron una audiencia.

Pero, afirmó Omaña, si el gobierno del estado no les da una pronta solución a sus demandas de seguridad tienen un Plan B: crearán las primeras autodefensas urbanas del país, pues ya consideran armar a guardias privados y a vecinos, así como instalar barricadas en los accesos a sus colonias.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 4 de septiembre de 2013).


Tan solo la semana próxima pasada se calcula una pérdida económica de más de 400 millones de pesos en el ámbito turístico.

Y todo gracias a que tal parece que autoridades y ciudadanos padecemos del mismo mal: falta de memoria, y no hacemos nada por remediarlo, no obstante que somos los que no pertenecemos a la llamada "clase dorada" los más perjudicados, pues la inacción, falta de decisión y el "nadar de muertito" de las llamadas autoridades -aunque no la ejerzan- solapó que los miembros de la Corriente (sí que les queda) Nacional de "Trabajadores" de la Educación, mejor conocidos como CNTE, hicieran del llamado "ombligo del mundo" un tianguis y desorden vial, sin que nadie les diga, ni haga nada.

Aunque bueno, eso de que nadie les diga nada es sólo un decir, pues cerca de 20 millones de habitantes de la capital del país y sus alrededores, más todos aquellos que tuvieron necesidad de ir al Distrito Federal la semana próxima pasada, y por tanto tuvieron que caminar largos trayectos, pasar largas horas en un taxi con el taxímetro puesto, perdieron alguna cita de trabajo, llegaron tarde o de plano no pudieron llegar a trabajar o estudiar... todos ellos se lamentaron y se las mentaron a los manifestantes por transgredir su derecho a realizar sus actividades de manera normal.

Así, mientras que los "profes" o lo que sean se divertían jugando baraja en plena avenida Reforma, dejaban a miles y miles de niños sin clases y miles y miles de padres de familia con problemas de atención a los mismos, y las autoridades "respetuosas del derecho de manifestación y de los más sagrados derechos humanos", no hicieron absolutamente nada por evitar el desquiciamiento propiciado por quienes se oponen a ser evaluados por entes externos a su "parapeto sindical".

Los miembros de la famosa Corriente siempre se han distinguido por su comportamiento violento, pero ¿qué acaso las autoridades no tienen la fuerza del Estado de su parte, precisamente para guardar el orden y evitar que los derechos de millones sean pisoteados por unos cuantos vivales?

Cuauhtémoc Cisneros Madrid
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 2 de septiembre de 2013).


Los ciudadanos de este país aspiramos, como todos los demás, a una vida de normalidad. No hay, creo yo, expectativa que pida un mayor cumplimiento que ésta: la normalidad es una de las más inmediatas manifestaciones de la certeza y, como deseo prácticamente universal de los individuos, debería de ser asegurado en todas las sociedades.

Pero, ¿qué pasa? Ocurre, señoras y señores, que los mexicanos nos enfrentamos casi en todo momento a situaciones de excepcionalidad. Es decir, la incertidumbre es una parte consustancial a nuestra existencia cotidiana. Y no hay ámbito donde la ausencia de certidumbres se manifieste de manera más palmaria que el universo de la justicia.

He repetido machaconamente, en muchas otras columnas, que sin justicia no puede haber seguridad. Y, como derivado directo de tal aseveración, expresé también que la estrategia implementada por Felipe Calderón para combatir las mafias criminales no podría tener un buen desenlace sin un previo -aparte de colosal- desmantelamiento de la corrompida estructura de nuestro aparato de justicia.

El propio Calderón, en su momento, denunció públicamente la actuación de ciertos jueces y fue muy criticado por ello. Se le censuró haberse inmiscuido en asuntos exclusivos del poder Judicial (como si la independencia de los poderes de la República obligara a sus miembros a una automática postura de acrítica pasividad). La observación del antiguo presidente, sin embargo, era totalmente pertinente y, ahora mismo, los integrantes del ejecutivo han presenciado, con total asombro, la esperpéntica liberación de Rafael Caro Quintero -un delincuente que, encima, tiene cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos- en lo que parece un auténtico "madruguete" judicial.

Tenemos así, en los extremos de la cadena, a los buenos policías -o, en tantos otros casos, al comando de la Marina integrado por individuos valerosos y bien entrenados- que consuman una ejemplar hazaña deteniendo a peligrosísimos delincuentes y, del otro lado, al agente del Ministerio Público, incapaz o declaradamente corrupto, que no prepara adecuadamente la famosa "averiguación previa" o al juez, de parecida calaña, que no dicta la sentencia que merecen los criminales. ¿Qué posible seguridad para los ciudadanos puede resultar de un parecido estado de cosas?

No para el asunto ahí: llevamos también décadas enteras vislumbrando esa "cultura de la ilegalidad" que, en su posible condición de rasgo consustancial a la identidad nacional, determina grandemente los desenlaces en cualquier asunto relacionado con la ley. Ahora mismo, con la escandalosa actuación de una minoría de manifestantes en Ciudad de México, consentida por las autoridades, podríamos seguir hablando de ello: impedir el paso a los ciudadanos -beneficiarios del derecho a la libre circulación- es una infracción; bloquear el acceso a un aeropuerto, perjudicando así a miles de viajeros, no sólo es una ruindad sino un contravención; y, finalmente, alterar el orden público, en sí mismo, es un delito castigado con penas de diversa severidad.

Pues bien, la abierta perpetración de estas ofensas legales no merece ninguna respuesta por parte del gobierno local, primerísimo responsable de asegurar las garantías de sus ciudadanos, mientras que las autoridades federales se lavan también las manos. Y, no sólo eso: muchos comentaristas, descubriendo no sé qué virtud en el hecho de que los gobernantes no cumplan con su deber (y aduciendo, justamente, una suerte de "excepcionalidad mexicana" tan nebulosa como perniciosa para la vida pública de este país), aplauden la presunta "prudencia" de los antedichos gobiernos al tiempo que nos tachan, a quienes propugnamos simplemente el cumplimiento de la ley, de formular "histéricos" llamamientos a la "represión".

Ahora bien, si aceptamos que el incumplimiento es una forma de administrar los asuntos públicos -una especie de estrategia que perseguiría beneficios superiores sacrificando los rendimientos inmediatos (por no hablar del inobservancia de las leyes)- entonces tendríamos que descubrir, antes que nada, la ventaja final de esta actuación. En lo que toca a la respuesta que las autoridades le han dado a la CNTE, ese repliegue ¿le sirve de algo a la nación mexicana?

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 1o.de septiembre de 2013).


Ahora resulta que la "fortaleza" de un gobierno es su debilidad: "los gobiernos débiles utilizan la fuerza y los fuertes son aquellos capaces de ser tolerantes". Ayer, al leer esa declaración en los medios de comunicación, cualquiera pensaba que se trataba del jefe de Gobierno del Distrito Federal o de un líder del PRD. Pero no, se trataba del titular del Ministerio Público Federal.

El que un gobierno haga de su debilidad o incapacidad para aplicar la ley una virtud y convierta su omisión en filosofía del ejercicio (o más bien dicho del no ejercicio) de sus atribuciones y obligaciones constitucionales, realmente es lamentable y debe ser preocupante. No los elegimos para practicar la tolerancia, sino para ejercer la autoridad.

El que el Gobierno del Distrito Federal haga de la tolerancia a los manifestantes de la CNTE el valor principal de su desgobierno, es comprensible por las complicidades que existen entre esas autoridades, el partido que los postuló y quienes los financian.

Detrás de esta visión equivocada de lo que es la supuesta fortaleza de un gobierno, existe una incomprensión de los componentes de la debilidad-fortaleza de un gobierno, de la diferencia entre poder y autoridad, y de lo que en realidad es una democracia y el estado de derecho.

La debilidad o fuerza de un gobierno es producto de las atribuciones constitucionales y de los poderes reales de que disponga para aplicarlas, que en esencia son producto de una correlación de fuerzas políticas. El partido del Presidente de la República es el que, con mucho, mayor fuerza política tiene. No existe pretexto alguno para no ejercer sus facultades legales respecto al Distrito Federal, como lo son el mando sobre la fuerza pública que lo tiene el ejecutivo federal y la remoción por el Senado del jefe de gobierno "por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público del Distrito Federal" (Artículo 122 Constitucional).

Si el señor Mancera no quiere utilizar la fuerza pública para restablecer el orden y la libertad de tránsito en la Ciudad de México, pues entonces que asuma el mando de esa fuerza armada el Presidente de la República. Y, si el Gobierno del DF es omiso y tolerante con manifestantes que están impidiendo el adecuado funcionamiento de los Poderes de la Unión, pues entonces los senadores -en lugar de andar "a salto de mata" sesionando en sedes alternas- que declaren la remoción del jefe de gobierno de esa ciudad. Así de simple.

El poder es la capacidad que alguien tiene para lograr que otros hagan lo que se quiere de manera libre y voluntaria. La autoridad es para obligar a un tercero a cumplir la ley (le guste o no le guste) y después de que por medios pacíficos se le conminó a hacerlo y no lo hizo.

La democracia no es el gobierno de la fuerza ni de las personas, ni el de la inobservancia de la ley en aras de la tolerancia. Es la sujeción de gobernantes y gobernados al imperio de la ley. Nada más, pero tampoco menos.

Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 31 de agosto de 2013).


Los que estamos en la formalidad cumplimos, trabajamos, aportamos, apostamos a Jalisco, nos portamos bien, ¿y cómo nos pagan?

Defendiendo a capa y espada a quien evade el fisco, a quien incumple las leyes, a quienes trastornan el tráfico y la vialidad, a quienes invaden lugares turísticos e históricos y afean la imagen de la ciudad. No se vale que en lugar de incentivarnos nos den esos mensajes.

Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Si dejan llegar a una horda de pseudo maestros a bloquear y acorralar a los mismísimos diputados en el D.F. que son quienes tienen autoridad e influencias y que legislan nuestras leyes, y este acto vandálico y a todas luces retador, no tiene consecuencias, ¿qué podemos esperar que hagan con el comercio informal, que es más bien una más de las tantas mafias que existen en nuestro país?

Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.33 del periódico Milenio Jalisco del 30 de agosto de 2013).


Ayer la CNTE hizo una vez más despliegue de fuerza en las calles de la ciudad de México al desfilar por el Paseo de la Reforma con alrededor de 20,000 personas.

Este grupo ya sabe que puede hacer lo que quiera. El cuerpo de granaderos de la ciudad de México, según el secretario de gobierno de la capital, Héctor Serrano, cuenta sólo con 1,800 efectivos, pero como trabajan en 3 turnos el gobierno sólo puede contar con 600 en un momento determinado. Esto es, por lo menos, lo que me dijo ayer el secretario Serrano.

Lo curioso es que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal anunció apenas el 24 de mayo que desplegaría a 5,552 efectivos para la final de la liga de futbol, mientras que en la semana santa de 2010 la misma SSP anunciaba que 30,000 efectivos cuidarían la ciudad. Claro, que no todos son granaderos.

Lo innegable es que ni el gobierno capitalino ni el federal han podido o han querido utilizar la fuerza pública para evitar las agresiones a los ciudadanos a manos de la CNTE. Son las mismas agresiones, de hecho, a las que han sido sometidos los oaxaqueños durante años.

La CNTE está retando al estado mexicano. Me gustaría decir que tenemos un gobierno fuerte que puede enfrentar un reto de esta naturaleza, pero cada vez es más claro que tenemos no sólo un estado débil sino timorato.

No sólo la ciudad de México está tomada. La carretera Acapulco-Pinotepa está bloqueada por un grupo de "policías comunitarios". La carretera Ciudad Obregón-Nogales está tomada desde hace meses. A esto hay que añadir la extorsión a negocios en el estado de México y en Michoacán y a la presencia del crimen organizado en amplias regiones del país.

La idea de que vivimos en un estado fuerte ha caído por tierra. La debilidad, de hecho, explica una parte de la pobreza del país. Es muy difícil, si no imposible, administrar un país si tiene un gobierno sin fuerza para gobernar.

El exceso de fuerza es dictadura, pero la falta impide el surgimiento de un verdadero estado. Esto no es algo que no supiéramos. Pensadores tan diversos como Maquiavelo, Pascal, Washington, Webber y Trotski lo han señalado.

En el caso de los maestros de la CNTE, el reto es particularmente hiriente porque quienes lo hacen son empleados del gobierno. Exigen, por otra parte, una inaceptable garantía de propiedad privada sobre las plazas magisteriales que ocupan. La razón por la cual los activistas de la CNTE pueden seguir ausentándose de las aulas y agrediendo a los ciudadanos es porque los gobiernos débiles han permitido que lo hagan.

Yo no sé si el Distrito Federal tiene sólo 600 efectivos disponibles para enfrentarse a una banda que ha paralizado las actividades de la ciudad. Pero sí sé que si el gobierno de Oaxaca y el federal dejan de subsidiar a la CNTE, ésta no podrá mantener mucho tiempo su movimiento.

La prueba de fuego la veremos hoy o mañana. Si los maestros reciben su quincena normalmente, a pesar de no haber trabajado un solo día desde el inicio de clases, más valdría que el gobernador Gabino Cué, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y el presidente Enrique Peña Nieto entregaran sus cargos a los dirigentes de la CNTE. Si no se hace el pago, si se deja de subsidiar a estos activistas, será sólo cuestión de días o semanas para que se disuelva el movimiento.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 29 de agosto de 2013).


Policías comunitarios, quienes fueron despojados de sus armas por el Ejército Mexicano, bloquearon 23 horas la carretera estatal Acapulco-Pinotepa Nacional, en exigencia de la liberación de agentes detenidos y el regreso de sus armas.

En la carretera se pudo apreciar al menos 200 vehículos varados sobre el asfalto, algunos de ellos fueron estacionados en una cancha deportiva de la localidad; tráiler de lácteos, carnes, frutas, refrescos entre otros estuvieron por horas sin moverse.

Cabe mencionar que durante la noche del martes ninguna autoridad ni fuerzas de seguridad acudieron a la zona para persuadir a los manifestantes.

Por la mañana, a algunas ambulancias procedentes de Acapulco en dirección al estado de Oaxaca y viceversa les permitieron el paso.

Así también, contingentes de maestros que acudían de Oaxaca a Ciudad de México, también les dieron libre acceso; cabe recordar que la CRAC ha apoyado al magisterio disidente contra las reformas educativas del gobierno federal.

Y aunque algunos conductores manifestaron su descontento por las acciones de los grupos de autodefensas, otros aplaudieron, pues consideraron que desde su presencia el número de robos, asaltos y extorsiones ha disminuido. Un grupo de mujeres indígenas de la comunidad mixteca fue quien se mantuvo al frente de los bloqueos acompañadas de niños, mientras otro grupo de hombres se manifestaba con pancartas en contra de las autoridades.

Tras más de 20 horas, las autoridades no atendieron a los manifestantes pero sí se apreciaron el sobrevuelo de dos helicópteros, uno de la Fuerza Aérea Mexicana y otro de la Policía Federal, cada vez que aparecieron fueron recibidos con abucheos.

Al lugar arribaron los ex líderes de la Comunitaria Valentín Hernández Chapa y Luis Ramos, quienes tras dialogar con el líder de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Herrera, acordaron retirarse a sus comunidades para después ser atendidos en Ciudad de México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

(V.pág.7 del periódico Mural del 29 de agosto de 2013).


El gobernador Aristóteles Sandoval anunció que presentará una propuesta para reformar el Código Penal estatal para aumentar penas a varios delitos, incluyendo cadena perpetua a feminicidios, parricidios y homicidios cometidos en contra de policías.

Desde la óptica del mandatario el endurecer penas contribuirá a que los jaliscienses no experimenten miedo de salir de sus casas, ni estar con la angustia de que los asalten o que los secuestren. Si efectivamente se presenta la iniciativa y ésta es avalada por el congreso, Jalisco se sumaría a la cada vez más larga lista de entidades que optan por aumentar sanciones para intentar inhibir los delitos. Chihuahua, por ejemplo, aprobó aplicar la cadena perpetua a los secuestradores, extorsionadores, multihomicidas y a homicidas de periodistas y policías; y el Estado de México hizo lo propio en casos de asesinatos que generalmente se ligan con el crimen organizado como decapitaciones, mutilaciones, quemaduras o desmembramiento de víctimas y para casos de extorsión (cuando las víctimas son mujeres o niños), y por violación tumultuaria.

Y qué bien, fortalecer el marco jurídico y endurecer penas sería el camino adecuado para navegar por aguas de orden y seguridad, para inhibir conductas ilícitas salvo el pequeño detalle de que en México el problema no es de leyes y reglamentos, sino de impunidad. O en palabras de Amnistía Internacional, México es un país de leyes sin justicia: "existe un abismo entre la ley y la realidad diaria de quienes necesitan su protección, ya sea en el ámbito federal o en el estatal".

Para lograr efectivamente que en Jalisco y en el resto del país "no exista la tragedia, ni el dolor, ni la desesperanza", para asumir ese compromiso en serio, con riguroso apego a la realidad, habría que explorar otras rutas, de manera paralela, al simple elevar las sanciones. Valdría la pena, para tranquilidad de todos, imaginar que en el Estado se están instrumentando estrategias puntuales para atacar a la madre de todas nuestras broncas que no es otra que la impunidad. El día en el que quien la haga la pague, viviremos en otro país, en otro estado.

Un par de datos para dimensionar el tamaño del reto: según el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa y a propósito de la guerra contra el narco, "el Estado mexicano ha sido incapaz de construir instituciones de justicia que investiguen y resuelvan estos casos, al punto en que el 80% de los crímenes queda sin respuesta ni castigo". De 1997 a 2012, la estructura del Estado mexicano permitió resolver en promedio 4,350 crímenes al año, pero sólo en 2010, el Inegi contabilizó 24,572 homicidios, de los cuales 21,000 aproximadamente quedaron sin sanción, lo que equivale al 84% del total.

Según la información disponible en Inegi, el año pasado se cometieron en el país 27,200 homicidios dolosos, y sólo alcanzaron sentencias condenatorias 523 inculpados, lo que da una tasa de éxito al sistema mexicano de justicia de apenas 1.8%. Con la certeza casi absoluta de burlar al sistema de justicia, ¿a qué delincuente le importará si la sanción por el delito que comete se endurece? Sabe que primero tendrían que atraparlo y luego probar su culpabilidad en un debido proceso y tal cómo están las cosas, llegar a pagar con cárcel es tanto como sacarse el Melate.

No sobra tener consignados en los códigos sanciones ejemplares, cadena perpetua para quién cometa un delito de alto impacto, pero falta un sistema de procuración de justicia que permita que el referente legal aterrice y que las conductas ilícitas tengan consecuencias. Efectivamente, México es un país de leyes, pero en los hechos, valen queso... aunque se endurezcan.

Alejandro Irirgoyen Ponce
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 28 de agosto de 2013).


Durante la última semana nuestras instituciones han sido agredidas, vulneradas, ofendidas, asaltadas, secuestradas... por un grupo de radicales y/o delincuentes del CNTE.

Cuanto nos cuesta y cuanto nos va a costar, tolerar, dialogar, transigir con estos facinerosos. Los ciudadanos comunes se preguntan ¿vale la pena?, ¿por cuánto tiempo?, ¿qué representan y a quién representan?... y un sin número de preguntas.

La mayoría de los medios de comunicación, los analistas políticos, han comentado con mucha preocupación lo que ha acontecido en la ciudad de México, durante toda la semana pasada... bloqueos, la toma de la Cámara de Diputados, el bloqueo a la Cámara de Senadores, el bloqueo del Aeropuerto de la Ciudad de México, la destrucción de bienes de la nación y de particulares.

Las autoridades del Distrito Federal y del gobierno federal han mencionado que han evitado derramamiento de sangre, que es importante oír a estos "maistros", que se debe de privilegiar el diálogo y la tolerancia.

La mayoría de los políticos, de sus partidos, los gobernadores de los estados de donde provienen (Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas), las autoridades federales... saben quiénes son, qué representan, conocen sus antecedentes penales, quiénes caminan con la guerrilla, quiénes están involucrados en la delincuencia organizada.

Hoy los mexicanos se preguntan: ¿Vamos por el camino de la gobernabilidad o de la ingobernabilidad? ¿Hasta dónde debe de llegar la tolerancia y la prudencia? ¿Permitiremos más impunidad y violencia de parte de estos grupos minoritarios?

Hoy muchos hablan de preservar y defender a las instituciones de la república, de garantizar el estado de derecho, de hacer justicia, de cumplir con nuestras leyes vigentes. Esperamos que no sea sólo en el discurso, esperamos que los responsables de las instituciones de la república cumplan con su deber y su obligación, para que no lo lamentemos mañana.

Deseamos vivir en paz, con estabilidad social, política y económica.

Deseamos que se concreten las reformas más importantes para que este país pueda desarrollarse. Pero no creemos que para concretarse estas reformas se deba de permitir la violencia, la delincuencia, la impunidad, el chantaje...

No generemos desconfianza y descontento en la mayoría de los mexicanos por complacer a las minorías violentas y radicales. Sería más costoso para el país.

No queremos tener un país de secuestrados y de secuestradores.

Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 28 de agosto de 2013).


Cientos de maestros (?) disidentes cercaron ayer varias embajadas en la Ciudad de México para pedir a legisladores y al gobierno federal que tengan en cuenta sus propuestas en las leyes reglamentarias de la reforma educativa.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 27 de agosto de 2013).


A las 7:15 de la mañana de antier domingo, Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, tomó una pistola y lanzó un disparo desde el Hemiciclo a Juárez de la capital nacional.

Unos minutos antes lo habían abucheado 2 veces. Ante más de 15,000 personas los maestros de ceremonias anunciaron su nombre en la salida del XXXI Maratón de la Ciudad de México y la respuesta de los atletas fue de repudio al mandatario, segundos antes del disparo que los puso a correr 42 kilómetros.

Durante toda la semana, y marcadamente el viernes con su intento de tomar el aeropuerto metropolitano, los maestros sindicalizados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desquiciaron la ciudad y los policías de Mancera los observaron pacientes mientras el clamor la mayoría de la gente pedía desalojarlos usando la fuerza pública, no matar ni herir a nadie, con una operación policiaca antimotines eficaz, como sucede en los países más democráticos, incluso gobernados por la izquierda.

A Mancera le ha llovido. Se le culpa de tibio frente al caos. Si bien es su responsabilidad mantener un DF viable, el jefe de Gobierno está lejos de ser el principal culpable de que las cosas hayan llegado hasta donde están con la CNTE.

Pongo primero en la lista de los responsables al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. La CNTE lo tiene domesticado: los maestros no van a clases y Gabino les da un bono, los maestros marchan y Gabino les sigue pagando, los maestros quieren manifestarse en el DF y Gabino financia los autobuses. La educación de Oaxaca está bajo control de la CNTE y es uno de los estados con peor nivel académico, pero Gabino no los toca.

Tampoco se puede dejar de señalar el trato privilegiado que el gobierno federal ha dispensado hasta ahora a la CNTE. Frente a violencia, mesas de diálogo. Frente a secuestradores vinculados a la CNTE, el gobierno tratando de no hablar del tema. Frente a marchas, los líderes del congreso a su disposición. Frente a bloqueos, cita con el secretario de Gobernación.

Varios de los dirigentes sindicales de la CNTE tienen un historial que les merecería ocupar la celda contigua a la de su archirrival Elba Esther Gordillo. La CNTE ha ido mucho más allá en su desafío al Estado de lo que alcanzó a hacer Gordillo. Lo de ella fue un justo y bien ganado golpe. ¿A la CNTE no la tocan?

Cortarles el financiamiento, contener sus afectaciones a terceros y proceder contra sus líderes abyectos podría ser una salida que ubique a la CNTE en su lugar, tome en cuenta sus demandas razonables (que el examen de maestros comprenda la situación económica y alimentaria de los alumnos así como las instalaciones escolares, que los maestros en funciones no sean despedidos porque eso violaría sus derechos adquiridos, que se invierta más en educación).

Y desprecie las que sólo buscan mantener sus privilegios (heredar plazas, no ser examinados, no rendir cuentas sobre el dinero que les llega, derogar la reforma educativa).

De otra forma sólo se llega a una conclusión: a la CNTE le tienen miedo.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 27 de agosto de 2013).


El principal problema actual de México es hacer que se obedezcan las reglas, o dicho de otra forma, evitar que se haga trampa. Ante eso no parece haber una solución o receta que solucione el problema que parece convertirse en crónico. Todos los hombres queremos vernos libres de restricciones y al mismo tiempo reconocemos la necesidad de un orden.

El Estado tiene la función de hacer cumplir un orden: el establecido en la Constitución. Que se convierte en la expresión máxima del bien público y una suerte de síntesis de la legalidad. Hacer cumplir la Constitución y las leyes es esencial para las instituciones públicas, pero la negativa de las autoridades de castigar, y castigar de manera efectiva, a aquellos que incumplen la ley, augura, la erosión del orden que observamos.

En la sociedad actual esto sucede incluso cuando el gobierno responde de manera ideal a las demandas de los ciudadanos que se manifiestan en las calles para expresar inconformidades, y lo hacen precisamente violando la ley.

Las manifestaciones de profesores en la Ciudad de México son una muestra de este dilema que está desgastando a las instituciones y que fomenta involuntariamente la percepción de impunidad que vivimos, lamentablemente, en el país.

El privilegio de los acuerdos políticos que redundan en violaciones flagrantes a la ley es un camino muy peligroso. Cuando se acepta que las voluntades personales de líderes y representantes políticos pueden ponerse por encima de la Constitución, se abren los caminos del autoritarismo y se cierne en una verdadera amenaza a la libertad de las personas.

Dañar a personas inocentes con el pretexto de expresar inconformidad y con ello manipular la agenda de los medios de comunicación para conseguir potenciar el impacto de un hecho es un acto de impunidad.

La supuesta lucha de los profesores pide que se incumpla la Constitución y que se dé marcha atrás a la evaluación continua que, por supuesto, deben tener tanto profesores como directivos.

Las cosas han llegado a un punto en el que las autoridades deben elegir en este dilema: respetar las normas que protestaron cumplir o privilegiar acuerdos políticos que las vulneran.

Sentar el precedente de optar por la negociación por encima de la ley lleva, tarde o temprano al camino de la erosión del poder público y abre las puertas del crecimiento de la impunidad.

Los profesores que han dejado sin clases a sus alumnos no tienen derecho a dañar a los demás y mucho menos a cobrar su sueldo cuando no asisten a sus labores.

Ha llegado la hora de que las autoridades actúen con determinación e instauren los procedimientos que permitan dejar de cubrir los salarios de los incumplidos.

El límite a la libertad de la persona es el inicio del derecho de la otra persona que convive en sociedad y el estado debe asegurarse de que este límite se cumpla.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 26 de agosto de 2013).


La Fiscalía General solicitó que 2 jueces sean desaforados porque dejaron en libertad a un par de presuntos delincuentes. Uno es de Puerto Vallarta y otro de Lagos de Moreno. Cuando lo reveló el presidente del poder judicial, Luis CarlosVega Pámanes, el martes 20 de la semana pasada, lo calificó con tino: fue una petición sin precedentes en Jalisco. Y reveló más: de acuerdo con las copias certificadas de las resoluciones, éstas son ilegales. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia admitió la petición.

El jueves 22, habló del caso Arturo Zamora Jiménez: los jueces referidos "han liberado indebidamente secuestradores, homicidas y miembros de la delincuencia organizada. La ley es muy clara, se trata de delitos cometidos en contra de la administración de justicia, y en ese sentido, la Fiscalía General está actuando".

El funcionario dijo también que en los últimos meses la Fiscalía General ha despedido a 12 agentes del Ministerio Público señalados como corruptos, y contra 7 se levantará acusaciones penales.

Del lado de los jueces se ha señalado que ministerios públicos integran mal las averiguaciones previas, coludidos con delincuentes; en sentido inverso, la misma acusación de vínculos con el hampa liga a jueces. La inseguridad pública no sólo significa más secuestros, homicidios o asaltos, sino que también incluye el actuar deshonesto de fiscales y juzgadores.

Sergio René de Dios
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 26 de agosto de 2013).


No queremos que corra la sangre, avisan, muy piadosos, los encargados del orden público y la seguridad en la capital de todos los mexicanos. Una ciudad sitiada por hordas de maestros inconformes que impiden la mismísima apertura del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la nación y que han obligado a nuestros representantes populares a buscarse una sede alterna para discutir las leyes que van a promulgar; una ciudad cuyas avenidas han sido bloqueadas y cuyos habitantes pierden horas enteras atascados en un tráfico infernal; una ciudad en la que, anteayer, los viajeros no pudieron llegar al aeropuerto, ni en taxi ni en metro ni a pie, porque los manifestantes les cerraban el paso (4,000 viajeros perdieron sus vuelos y no hace falta siquiera imaginar la frustración y el enojo de esa gente, por no hablar de las colosales pérdidas económicas); una ciudad afeada, profanada y manchada; una ciudad en la que lo meramente cotidiano se vuelve una humillante experiencia de sometimiento; una ciudad en la que no se puede ejercer un derecho tan elemental como el de la libre circulación; una ciudad extorsionada; una ciudad en la que los intereses directos de la inmensa mayoría de sus habitantes se sacrifican sin mayores problemas; una ciudad sin ley o, mejor dicho, una ciudad supeditada a los caprichos de una minoría de insolentes, majaderos e irresponsables; una ciudad donde mandan los que peor comportamiento cívico tienen; una ciudad donde no importa el bienestar de sus habitantes, sino la "apertura al diálogo" y la "libertad de ideas" que merecen, extrañamente, aquellos que se imponen con arrogancia a los demás; una ciudad que se desprestigia; una ciudad que pierde recursos y competitividad; una ciudad donde el orden público no es un valor; una ciudad sin certezas; una ciudad de autoridades tembleques que invocan el respeto a grandiosos derechos para no cumplir con sus más inmediatas obligaciones; una ciudad donde sobran los pretextos para disfrazar los intereses clientelares; una ciudad que se ha olvidado de la belleza y que entrega indignamente sus plazas y monumentos a turbas de agitadores oportunistas; una ciudad que no se da a respetar; una ciudad donde pierden los que cumplen y ganan los que incumplen; una ciudad de huecas palabrerías para justificar la deliberada falta de acción de las autoridades; una ciudad de intereses distorsionados por la politiquería; una ciudad de prioridades confundidas; una ciudad, en fin, que acoge a los desobedientes y que los premia creyendo que los va a satisfacer siendo, por el contrario, que ellos no solo no se darán nunca por satisfechos, sino que irán cada vez más lejos y pedirán cada vez más, más y más.

Pero, por favor ¿quién diablos ha dicho que debe correr la sangre? ¿Alguien ha propuesto que a los maestros de la CNTE se les masacre? ¿En qué mente cabe, salvo en la cabecita de algún loco furibundo, que deban ser ejecutados, fusilados o aniquilados? ¿De qué sangre derramada hablamos si han sido algunos de esos individuos, más bien, quienes ya han agredido y lesionado a policías desarmados?

¿Acaso la única manera de salvaguardar el orden púbico y de ponerle un límite a los provocadores es perpetrando un baño de sangre? ¿No sabemos, acaso, que hay maneras perfectamente civilizadas de contener y dispersar a una multitud? ¿Una fuerza policiaca antimotines debe de ser forzosamente una pandilla de bárbaros sanguinarios? ¿No han visto, esos funcionarios municipales tan ejemplarmente contenidos, que en muchas ciudades del primer mundo se utilizan vehículos que lanzan chorros de agua a alta presión que no matan a nadie? ¿No confían, las autoridades de la capital, en sus propias fuerzas del orden? ¿No pueden dar instrucciones precisas para rodear a los sublevados, contenerlos, aislarlos y dispersarlos siendo que han sido los otros, en primer lugar, quienes han desplegado la violencia al impedir que ciudadanos inocentes lleguen a su destino?

Y, la gran pregunta final: ¿hasta dónde va a llegar todo esto y a qué posible modernidad puede aspirar una ciudad sin ley y sin orden?

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 25 de agosto de 2013).


Luego de tener bloqueados los accesos de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por más de 8 horas, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se retiraron ayer del Boulevard Puerto Aéreo en torno a las 21:00 horas.

El desbloqueo de la terminal aérea se logró después de que los integrantes de la Sección 22 de Oaxaca se reunieron con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y con el de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor.

El caos no se hizo esperar con la protesta, en la que participaron unas 3,000 personas, y provocó embotellamientos en la zona de la Terminal 1 del aeropuerto, además del cierre de 3 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Pero la situación está lejos de solucionarse. La CNTE informó que continuará en paro nacional indefinido en protesta contra la Reforma Educativa y que mantendrá el plantón en el Zócalo, así como otras acciones "contundentes" en la Ciudad de México.

Ninguna autoridad, ni local ni federal, quiere confrontar a los maestros que protestan contra la Reforma Educativa.

Después de que los maestros de la CNTE cerraran ayer uno de los principales accesos al aeropuerto capitalino por más de 8 horas, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, dijo que los maestros no serían evacuados del aeropuerto porque se tendría un enfrentamiento con resultados fatales.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, dijo que no comparte la estrategia de la CNTE para manifestarse. Afirmó que "lastimando la normalidad de la Ciudad de México, la CNTE está lejos de ganar simpatías, no comparto esa estrategia". En otro mensaje, opinó que en la defensa de sus puntos de vista, la CNTE no debe lastimar los derechos de terceros.

(V.primera plana y pág.3-A del periódico El Informador del 24 de agosto de 2013).


Tienen un punto de razón los priistas que, como el coordinador de los senadores, Emilio Gamboa, le exigen garantías al Gobierno del DF, al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En el mundo ideal, la Policía Federal tendría que hacerse cargo del interior del Palacio Legislativo de San Lázaro y el edificio del Senado, y la policía capitalina de la calle y los accesos. El problema es que, desde hace mucho, nadie, en el DF o en México, se hace plenamente responsable de la calle.

Mancera tiene razón, por tanto, cuando afirma que, en el punto en que se encuentran las cosas, soltar a la policía equivaldría a crear un campo de batalla. Que no se le pida de un día para otro a la autoridad de la capital que resuelva un desastre que nadie ha tenido la inteligencia ni las agallas de resolver.

Y que los priistas se hagan cargo de sus decisiones. Fueron ellos quienes aceptaron la solicitud del PRD de "bajarle a la reforma" para que los maestros de la CNTE "le bajaran a la protesta". Ahí están las consecuencias: se le quitó el corazón a la reforma educativa (aunque Manlio Fabio Beltrones insiste en que solo será por "2 o 3 semanas") y los maestros estuvieron ayer más agresivos que nunca.

Mancera no tiene la culpa. No en esta circunstancia. No mientras los gobiernos no comiencen a dirimir este tipo de conflictos con inteligencia y anticipación, y aprendan a imponer el orden dentro de la legalidad.

Si el gobierno federal y los otros gobernadores no lo han hecho, no lo hacen ni lo saben hacer, no jodan entonces a Mancera.

Ciro Gómez Leyva
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 23 de agosto de 2013).


La pregunta que más se escucha en estos días es por qué el gobierno no hace nada para impedir que los militantes de la CNTE bloqueen calles, ocupen el Zócalo y tengan sitiadas las sedes del Congreso, el Senado, en Paseo de la Reforma, y la Cámara de Diputados, en San Lázaro, lo que llevó a los legisladores a sesionar en un centro de convenciones por el rumbo del Hipódromo de las Américas.

Esta ha sido una semana marcada por la fuerza de la CNTE y la aparente debilidad del Estado mexicano en todos sus niveles, siempre en aras de evitar lo que llaman la confrontación y la violencia, lo que me parece bien.

En lo que no estoy de acuerdo es en que la opción para resolver esta ocupación magisterial sea esa: sangre o anarquía.

Desde los tiempos de 1968, Díaz Ordaz, Tlatelolco, Plaza de la Tres Culturas, 2 de octubre, quedó el síndrome reforzado con la matanza del Jueves de Corpus, 1971, 10 de junio, Rivera de San Cosme. Un trauma oficial, porque nadie quiere ser Díaz Ordaz, nadie quiere ser Echeverría, nadie quiere una matanza ni la mancha histórica ni la carga moral.

Ese es el justificante político, pero es tiempo de superarlo.

Y no digo, ni por un instante me pasa por la cabeza, que el uso de la fuerza sea la salida, que nunca solución, sino la construcción de una estrategia que impida llegar a los extremos de esta semana, a lo que están obligados todos los niveles verticales y horizontales del Estado, todos los que son gobierno, todos los que son poderes.

Los acuerdos se tienen que tomar antes de que los problemas sean irresolubles.

Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 23 de agosto de 2013).


Bloqueo en la Morelia-Salamanca.

El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, fue recibido ayer en Morelia con el bloqueo de varias vialidades, al estilo de algunas movilizaciones promovidas por grupos delictivos.

Sin mencionar sus demandas, los manifestantes cerraron por espacio de 3 horas importantes vialidades y 2 de los principales accesos a la capital.

Algunos de los manifestantes llegaron al sitio de los bloqueos, convocados por sus dirigentes pero sin saber las razones. De no haber participado en la manifestación habrían sido sancionados.

Los bloqueos iniciaron a las 8:30 horas en la Avenida Madero, la más importante de Morelia. El cierre se efectuó sobre los 4 carriles, a la altura del Palacio de Gobierno.

Más tarde se extendieron a la salida a Salamanca, vialidad que conecta con la Autopista México-Guadalajara, y continuaron en las carreteras a Pátzcuaro y en la libre a Guadalajara.

En ciudades como Morelia, Apatzingán y Uruapan, transportistas y comerciantes han realizado en el pasado protestas contra grupos de autodefensa o la Policía Federal, presuntamente promovidas por el crimen organizado.

Cerca de las 14:00 horas, ayer el gobierno estatal informó que los bloqueos ya habían sido desactivados.

(V.pág.6 del periódico Mural del 22 de agosto de 2013).


El magisterio opositor a la reforma educativa dobló a los diputados federales.

Los legisladores no pudieron entrar al recinto parlamentario, tuvieron que sesionar en una sede alterna y al final del día cedieron a las presiones de los maestros y de la izquierda, por lo que decidieron no aprobar la ley para evaluar a los docentes.

La Cámara de Diputados amaneció cercada por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se apostaron en todos los accesos para impedir que se instalara la sesión con la que se abriría el periodo extraordinario y con ello la discusión de las leyes educativas.

La CNTE condicionó el retiro del cerco al Palacio de San Lázaro a que tampoco se aprobaran la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y las reformas a la Ley General de Educación.

(V.primera plana del periódico Mural del 22 de agosto de 2013).


En España la ley prohíbe las manifestaciones cerca del Congreso cuando éste se encuentra en sesión para evitar presiones indebidas a los legisladores. Es antidemocrático que los legisladores sean amenazados o presionados en el ejercicio de sus funciones. Para eso sirve realmente el fuero. La legislación española refleja una preocupación histórica y busca que no se repitan las presiones que los grupos fascistas ejercían sobre los parlamentos en la década de 1930.

En México, en cambio, las presiones contra los legisladores son constantes. Lo que vimos ayer, sin embargo, rompe con todo precedente. Un grupo de presión, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cercó durante horas el Palacio Legislativo, como días antes lo hiciera con el Senado, no sólo para impedir el inicio del período extraordinario de sesiones sino para exigir el retiro de 3 iniciativas de ley.

Si el chantaje contra un parlamento es inaceptable, más lo es que los líderes del congreso hayan aceptado negociar con los chantajistas. Ayer les ofrecieron retirar una de las iniciativas, la Ley General del Servicio Profesional Docente. Pero los miembros de la CNTE se negaban a levantar el cerco a menos de que los legisladores retiraran las 3 iniciativas de leyes reglamentarias al Artículo 3o. constitucional.

Un caso más abierto de presión a un congreso para legislar de conformidad con los deseos o intereses de un grupo no se ha visto en el pasado. Uno puede estar de acuerdo o no con las iniciativas. Pero aceptar que por la fuerza se puede obligar al congreso a legislar a conveniencia de un grupo, por muy numeroso o poderoso que sea, sería aceptar el fin de la democracia.

Lo peor de todo es que los grupos que se llaman a sí mismos progresistas afirman que la CNTE está actuando de forma correcta. No entienden que las reglas deben aplicarse a todos. Imagínese usted si los grupos de presión que chantajean al congreso fueran de derecha y buscaran, por ejemplo, mantener los privilegios de las grandes empresas.

El que una sociedad registre diferencias entre grupos e individuos es natural. La razón por la cual tenemos un sistema democrático es precisamente para evitar que estas diferencias se diriman a golpes o a balazos. Que el sistema no es perfecto, quizá. Tampoco lo es ningún otro en el mundo. Pero una cosa es tratar de mejorarlo y otra muy distinta buscar reemplazarlo con un régimen en que los más poderosos o los más violentos puedan imponer su voluntad.

La CNTE está tratando de conservar privilegios que a mí me parecen inaceptables. Coincido en lo fundamental con la filosofía de la reforma educativa que busca establecer procedimientos de medición de calidad de los maestros y de la enseñanza y que busque que sólo los mejores sean contratados para posiciones magisteriales y sólo los mejores permanezcan al frente de las aulas. No sé si la prueba ENLACE es la mejor posible, pero sí respaldo el principio de contratar a los mejores y medir su desempeño.

Pero independientemente de mi posición, la cual es compartida por millones de mexicanos, sobre todo padres de familia que no pueden pagar escuelas privadas y quieren que la educación que se imparte a sus hijos sea la mejor posible, el problema de fondo es que la ley educativa que finalmente surja, sea no la que bien o mal generen los legisladores sino la que imponga un grupo por la fuerza. Si permitimos como sociedad que esto ocurra, estaremos abriendo las puertas al fascismo.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 22 de agosto de 2013).


En la Cámara de Diputados, un día después, seguía oliendo a chamusquina. Dos vehículos con portezuelas estrujadas y los asientos de uno a medio incinerar, seguían teniéndolos allí, a las 6 de la tarde, a la vista de todo el mundo, como también una hilera de macetas rotas y otra de baldosas que, en uno de los patios, alguien desprendió con martillo o zapapico o con algún instrumento parecido.

En una de las historias que permanecen en esa atmósfera manchada con hollín, de la puerta 5 del estacionamiento de San Lázaro, se cuenta que de pronto un vehículo salió del estacionamiento. Era la diputada federal del PRD Socorro Ceceñas Chapa, quien insistió a los policías federales y de la vigilancia que le abrieran la reja, para salir. Se negaban, pero insistió. Le abrieron y fue cuando unos 200 maestros entraron, enfrentándose con una hilera de policías federales que habían permanecido allí, haciendo turnos de guardia, desde la madrugada.

Tan luego amaneció, la Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que informaba que ha presentado una denuncia de hechos contra los maestros, y puso en el papel el nombre del profesor líder de la Sección 22, de Oaxaca. Rubén Núñez, quien de inmediato respingó, diciendo que si bien ellos ingresaron a la fuerza y enfrentaron a los policías, ningún profesor miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intentó incendiar o atacar a vehículo alguno. Y lo atribuyó a infiltrados; gente encapuchada, y embozada, que infiltró a la columna de maestros y se sirvió de la confusión para prender mechas que los maestros no traían.

Vicente Bello
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 21 de agosto de 2013).


En Guerrero, los grupos de autodefensa o policías comunitarios, los mismos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias que un día secuestran y retienen militares, luego negocian en Gobernación, más tarde reciben hasta acreditaciones como policías por parte del generoso gobierno local y mientras tanto siguen con sus retenes, bloqueos y acciones a todas luces ilegales, el fin de semana volvieron a marchar en contra de la reforma energética en cuatro municipios guerrerenses, en Tixtla, Olinalá, Huamuxtitlán y Ayutla, pero ahora ya han elevado su discurso, ya dicen que ante esa iniciativa de reforma "hay que dar la lucha sin cuartel contra el gobierno opresor". Ese movimiento es apoyado por los grupos de las normales como la de Ayotzinapa, por los maestros de la Coordinadora en el Estado y por el PT local.

Al mismo tiempo, más de un millón de alumnos no comenzaron ayer el ciclo escolar. En Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán y en Tabasco, los maestros de la Coordinadora decidieron iniciar un paro laboral en contra de la reforma educativa y, ya que estaban, también de la energética. Todos ellos pero sobre todo los oaxaqueños de la sección 22 han decidido, como lo vienen haciendo desde hace días, aumentar los bloqueos en la Ciudad de México. Ayer ya llegaron al DF sus contingentes. Mientras Morena y López Obrador anuncian manifestaciones simultáneas con las de estas organizaciones que, en realidad, son partes, todos ellos, de un mismo movimiento, quizás con distintos orígenes pero todos con el mismo fin: desestabilizar. No hay propuestas alternativas, no hay interés en dialogar ni en llegar a acuerdos: la apuesta es romper con la posibilidad de que las fuerzas políticas los alcancen y salgan las reformas adelante. La idea es vieja y simple: cuanto peor, mejor (para ellos).

El problema es que todo esto se hace amenazando con la violencia, desde la armada en estados como Guerrero, con grupos que como saben perfectamente las autoridades están ligados al ERPI, hasta los maestros de la Coordinadora donde conviven, literalmente, todo tipo de personajes, incluyendo los ligados al EPR por una parte y a grupos tan oscuros como los que manipulan los Templarios y la Tuta (el mejor ejemplo son los autodefensas de Aquila, detenidos y desarmados por el Ejército la semana pasada).

En Guerrero, Ángel Heladio Aguirre (cercanísimo a Marcelo Ebrard) duerme, en los hechos, sobre un barril de pólvora que, paradójicamente, parece estar alimentando desde el propio poder; en Tabasco, con Arturo Núñez, el magisterio decidió acompañar un paro magisterial que nunca antes se había planteado, y llama la atención de que el propio Núñez diga que él se opone a esa medida. En Oaxaca, Gabino Cué está haciendo esfuerzos políticos enormes para evitar el paro magisterial, pero la decisión de avanzar en él no pasa por sus manos. En Michoacán, la Sección 18 y la Coordinadora que tienen desde la administración de Leonel Godoy un enorme control del sistema educativo y su presupuesto, se enfrentan a un gobierno local debilitado y rebasado. En Morelos, hay fuerzas de la Coordinadora y se cuelan también algunos de los grupos armados de Guerrero.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de agosto de 2013).


Trabajadores de Aseo Público de Zapopan bloquearon la circulación en Periférico, a la altura de Pino Suárez.

Los manifestantes generaron un severo congestionamiento vehicular en Periférico, en el sentido poniente-oriente, al mantener bloqueados tanto carriles centrales como laterales de la arteria en esa dirección.

((V.pág.4-B del periódico El Informador del 20 de agosto de 2013).


La venta de favores, primicias y laudos es algo cotidiano en prácticamente todos los tribunales -según afirman abogados litigantes de mi confianza-, nada se puede hacer si no se cubren las cuotas correspondientes, mismas que incluyen desde el nivel inicial, hasta el más alto de cualquier juzgado, e incluso en el ámbito de los magistrados, -se dice- que "no dan paso sin huarache".

Un ejemplo público de ello ha quedado al descubierto mediante las denuncias del Secretario del Trabajo y Previsión Social en la entidad, Eduardo Almaguer, quien ha iniciado una cruzada en contra de los abogados conocidos como "talibanes", quienes tienen su feudo en la Junta de Conciliación y Arbitraje y sus alrededores, e igual estafan empresas o ciudadanos, pero siempre con el respaldo de malos servidores públicos que en lugar de aplicar la Justicia, la distorsionan en favor del mejor postor.

Los actuales usos y costumbres del poder judicial están como para hacer "reventar" a la sociedad, no es posible que nos sigamos quedando con los brazos cruzados, pues el mal no sólo está enquistado en el terreno laboral, sino que también es evidente en el penal, el civil, agrario y todos los que nos podamos imaginar.

No cabe duda, los funcionarios panistas que mal gobernaron Jalisco durante 18 años, trajeron consigo hambre de poder y de enriquecimiento ilícito, lo cual no podrá quitarse de "un plumazo", pero es necesario no quitar el dedo del renglón.

Cuauhtémoc Cisneros Madrid
(v.pág.13-A del periódico El Informador del 19 de agosto de 2013).


Para el especialista en derecho penal, Julio Hernández, la liberación de Caro Quintero por errores formales en el proceso, evidencia una vez más la "incompetencia" de la Procuraduría y de un sistema judicial "disfuncional".

"Una justicia que tarda 28 años en determinar que una persona está siendo juzgada ante una autoridad incompetente resulta más incompetente que la propia incompetencia determinada".

El llamado capo de capos fue liberado luego de que el juez determinó que el proceso por secuestro y asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala en febrero de 1985, no se debió llevar en la jurisdicción federal.

"Un caso tan relevante, en donde la fiscalía no hace nada por detenerlo y sale de la prisión prácticamente a escondidas, de madrugada y sin que nadie se entere de su salida, despierta la suspicacia".

Por ello, en su opinión, la "negligencia" o la "corrupción" por parte de los jueces están detrás de que Caro Quintero haya abandonado la prisión tras haber cumplido 28 años de los 40 a los que fue condenado por tráfico de drogas.

Para el también abogado Agustín Acosta, si el Ministerio Público no pudo demostrar que Camarena era un diplomático, lo que convertiría al caso en federal, "el error estaría en la fiscalía".

En su opinión, "se debe dirigir la mirada más sobre las procuradurías y cómo arman sus casos que sobre los jueces que dictan sentencias sosteniendo principios constitucionales".

Acosta fue el abogado de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro en México y posteriormente liberada por errores en su debido proceso.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 18 de agosto de 2013).


En Michoacán, el gobierno federal se topó de frente con el rostro social de la delincuencia organizada. La sorpresa no es que existiera una base social, eso es evidente y esperable, en Sinaloa existe desde hace 30 años, pero nunca había aparecido de manera tan nítida y con la complicidad de tantas omisiones.

¿Qué son las autodefensas: parte de la delincuencia organizada o álter ego de ésta? Como principio son una respuesta organizada a la delincuencia, pero igualmente fuera de la ley. Hay algo en ellas que puede sonar auténtico y hasta heroico, pero a fin de cuentas ejercen la violencia de manera ilegal y terminan conformando otra forma de organización violenta.

Cuando La Familia Michoacana salió a luz en la zona de Tierra Caliente, su discurso no era muy distinto del que ahora tienen las autodefensas, con el ingrediente del narcotráfico en medio. Cuando el Cártel Nueva Generación hizo su presentación pública en internet, su discurso era similar: hacían hincapié en que no sólo no pretendían dañar a las comunidades sino que estaban dispuestos incluso a tomar acciones contra todo aquel delincuente que fuera denunciado ante ellos. Ambos grupos han formado bases sociales y armado gente en la zona noroeste de Michoacán y lo que hoy tenemos ahí es una mezcla explosiva.

Tierra Caliente es un polvorín. Las historias de lo que ahí sucede rayan en lo increíble. Los productores de limón y aguacate pagan, voluntariamente a fuerza, derecho de piso y seguridad a los delincuentes, pero lo hacen en instituciones públicas (para que no tengan que dar dos vueltas), en oficinas de ayuntamientos o dependencias estatales. Lo peor es que, ante el buen resultado de su seguridad, ahora la pagan, si no con gusto, sí con la certeza de que efectivamente tienen seguridad. Los mineros de la zona comenzaron pagando un precio por camión, luego llegaron a un acuerdo para pagar una cantidad fija a todos los miembros de la comunidad. Hoy, con la llegada de nuevos grupos de delincuencia organizada vinculados a las autodefensas, los comuneros que extorsionaron a los mineros tienen que pagar un porcentaje de lo que reciben. El extorsionador extorsionado.

Por alguna razón aún no explicada, el gobierno de Peña Nieto toleró las autodefensas cuando éstas surgieron a principios de año. No les dieron importancia, y la respuesta de la Secretaría de Gobernación y la de los gobernadores fue tan tibia que rayó en la displicencia. Dejaron crecer el problema: los grupos que antes portaban armas de cacería hoy tienen rifles de asalto. Lo que en un principio pudo ser un asunto que se resolvía con fuerzas estatales, hoy requiere de la intervención del Ejército y la Marina, con las consecuencias que esto tiene en denuncias por violación de derechos humanos, desgaste de la imagen de las fuerzas armadas, ruptura de tejido social, etc.

Más grave que las autodefensas ha sido la autoaniquilación del Estado en Michoacán.

Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 16 de agosto de 2013).


Después del vertiginoso arranque del nuevo gobierno que nos llenó de optimismo y entusiasmo, inyectándonos confianza y estimulando nuestros deseos de emprender nuevos negocios o de impulsar los que ya existen, pensando que si esto sólo era el comienzo, los pasos siguientes nos iban a dar sorpresas del abatimiento de la delincuencia, del repunte de la economía, de la disminución de la inflación, del combate a la corrupción y, en fin, que podíamos confiar en un futuro promisorio.

La desilusión fue ganando terreno al optimismo ante la actitud pasiva de las autoridades frente a las agresiones a la sociedad perpetradas por grupúsculos de agitadores que con, o sin razón, tomaron carreteras, casetas de cobro, oficinas publicas y calles de las ciudades; llegando al extremo de que un par de mujeres dolidas por la desaparición de sus hijos, cerraron el tránsito de una calle en la capital del país.

El mal ejemplo cunde. La cantidad de personas afectadas en sus intereses o agredidas por la delincuencia es enorme y todos se sentirán con el mismo derecho a protestar en la misma forma, a sabiendas de que no habrá represalias por parte de las autoridades. Al parecer la actitud pasiva se basa en el principio de que "el tiempo lo cura todo", o bien, no quieren actuar para no entorpecer las reformas estructurales que son de vital importancia.

Para los afectados por estas manifestaciones públicas, que son muchísimos más que los inconformes, les indigna la pasividad de las autoridades y se preguntan a qué se debe la ausencia de ejercicio del poder, dado que el gobierno está obligado a tomar medidas para restaurar el orden público cuando se actúa en contra de las mayorías. La duda es ¿cuál es la razón de esta pasividad? ¿es por temor al ruido que hacen los derechos humanos? ¿es por los malos antecedentes de Acteal y San Salvador Atenco? ¿por temor a que se les juzgue como un gobierno represivo? -Lo peor es que se les está juzgando como un gobierno debilucho, que no ejerce el poder para no despeinarse, como dijera un experimentado político jalisciense.

Luis Jorge Cárdenas Díaz
(v.pág.23-A del periódico El Informador del 16 de agosto de 2013).


Durante alrededor de 3 horas los automovilistas que circularon por carretera a Chapala este jueves, padecieron la marcha lenta de 120 camiones de volteo y góndolas que protestaron en la arteria. Los manifestantes transitaron por el carril de baja velocidad pausadamente, por momentos suspendían totalmente el avance, ocasionando conflictos viales severos en la ruta al ocupar uno de los 2 cuerpos del camino.

"La manifestación es en contra de una compañía que está bajando el costo de los fletes lo que nos deja fuera de mercado, no nos permite competir de una manera legal. Ellos, pretenden que andemos fuera de reglamento sobrecargando las unidades", explicó Diego Bolio Corona, delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos.

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 16 de agosto de 2013).


Si las personas no denuncian, los asaltantes salen libres, pero no denuncian porque los procesos para hacerlo son engorrosos, laberínticos, tardados, odiosos, incómodos, poco útiles salvo por el valor estadístico y, en general, deplorables en todos sus pasos. Ahí el ayuntamiento podría simplificar los procesos de denuncia, hacerle la vida fácil a los ciudadanos, para que, por ejemplo, puedan denunciar en cualquiera de los módulos de Policía que funcionan en la ciudad de una manera sencilla. Ahí nadie está haciendo nada.

Jorge Zul de la Cueva
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 13 de agosto de 2013).


Los muestreos que realiza periódicamente la dirección de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco arrojaron los primeros 3 resultados positivos a clenbuterol en productos de carne. Una de las muestras fue tomada en el rastro municipal de Ixtlahuacán del Río, el pasado 16 de julio, y 2 más en el rastro municipal de Atotonilco el Alto, el 15 de julio.

Tras enviarse al laboratorio, el resultado dio positivo a clenbuterol en las muestras de hígado, músculo y tejidos blandos en grasa.

Hasta el momento no se han detectado casos de intoxicación por la sustancia en personas.

(V.pág.3-B del periódico El Informador del 13 de agosto de 2013).


Otros campos siguen sufriendo las consecuencias de un sistema que no funciona en muchos terrenos, que no es eficiente, ni representa las exigencias de la sociedad. La justicia es uno de los más evidentes. Los ejemplos de las últimas semanas son más que preocupantes: puede ser, como dicen fuentes del poder judicial, que lo que sucede es que se esté intentando construir un sistema de justicia más garantista, que respete más las garantías de los acusados, pero en los hechos lo que tenemos es un sistema de justicia que no está haciendo justicia y que está utilizando esas sanas intenciones para dejar en libertad a criminales mientras las cárceles continúan llenas de miles de hombres y mujeres cuyos derechos procesales sí han sido vulnerados. Y en donde la corrupción, mal que le pese a muchos de los defensores del sistema, es también un mal endémico.

Un caso simultáneo con el de Caro Quintero se dio en Veracruz con la liberación del asesino de la periodista Regina Martínez Pérez, crimen ocurrido el 28 de abril de 2012 pasado, revocando la sentencia condenatoria por 38 años y 2 meses de prisión en contra de Jorge Antonio Hernández Silva, "El Silva", la cual había sido emitida por la juez tercero de primera instancia del Distrito Judicial de Xalapa, luego de la indagatoria realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado. El magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, decidió dejar en libertad al asesino de la periodista argumentando que no existían pruebas suficientes y errores de procedimiento, pese a que ya tenía condena en firme y que durante la indagatoria se acumularon todo tipo de pruebas respecto a su participación.

¿Por qué entonces dejarlo en libertad? No lo ha explicado el magistrado, pero lo cierto es que es, el suyo, un caso peculiar. El magistrado ponente Álvarez Peña no llegó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz por méritos de carrera judicial sino más bien como parte, aparentemente, de una prebenda política, ya que ha sido casi de todo en la administración pública y es también dueño de una cadena de medios de comunicación en Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Edel Álvarez, es un político, y ahora magistrado, ligado políticamente a Roberto Madrazo, ha sido alcalde de Coatzacoalcos -aunque nació en Tlacotalpan-, diputado local suplente por ese distrito, dirigente juvenil de la CNOP, dirigente estatal del PRI en Veracruz, Delegado del CONAFE, Director General del Registro Público de la Propiedad y de inspección y archivo general de notarías, de donde partió para ser magistrado. Dueño de una extensa cadena de medios, dicen en el ámbito local que esos intereses, conflicto por partidas publicitarias, han estado detrás de la liberación del asesino de Regina Martínez. Un ejemplo palpable de porqué la política (y además la propiedad de medios) no puede ser compatible con administrar justicia. Por eso no funciona nuestro sistema.

Decía el senador Omar Fayad, uno de los políticos que aspira en algún momento en ser parte del gabinete federal en áreas de seguridad, que es de ignorantes culpar al ejecutivo por la liberación de Caro Quintero y otras que se han dado en las últimas fechas. En realidad no es así: el ejecutivo por supuesto que no tiene decisión directa respecto a la liberación de Caro Quintero o de otros criminales. Pero sí la tiene en 3 ámbitos: 1o. y principal es saber qué medidas se adoptan en el terreno judicial y poder actuar en consecuencia. 2o., en explicarle a la gente qué sucede, por qué se toman decisiones que resultan incomprensibles. 3o., debe actuar en consecuencia contra los responsables, ya sea de haber violado derechos individuales pero también contra aquellos que vulneran con sus decisiones el propio estado de derecho. El silencio de las autoridades (y por supuesto del Consejo de la Judicatura) en el caso Caro Quintero es incomprensible. Como lo es el de las autoridades judiciales de Veracruz ante la decisión de un magistrado que arriba a esos cargos tan decisivos en la justicia sin experiencia judicial y con una larga lista de intereses políticos y empresariales detrás. Si no le pedimos explicación a las autoridades sobre sus decisiones, entonces ¿a quién?

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 13 de agosto de 2013).


28 años después, los jueces descubrieron que Caro Quintero, asesino del agente de la DEA Enrique Camarena, había sido mal juzgado, que tendría que haber comparecido ante un tribunal del fuero común en lugar de uno del fuero federal porque Camarena, si bien era agente de la DEA, no estaba acreditado como funcionario diplomático.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 12 de agosto de 2013).


En 1985, cuando Rafael Caro Quintero fue detenido, encarcelado y condenado a 40 años de prisión, el país en términos de procuración de justicia era simple y sencillamente salvaje, rupestre. La confesión era la reina de las pruebas y, por supuesto, cualquier sospechoso y/o detenido confesaba luego de pasar por los sofisticados interrogatorios de los judiciales estatales y/o federales.

La chicharra, que no era otra cosa que toques eléctricos especialmente en los genitales, el submarino que era sumergir repetidamente la cabeza en un tambo de agua sucia o el retrete; los golpes con objetos cubiertos de tela para evitar moretones visibles, el cascanueces que ponía a prueba la resistencia de cada hueso de los dedos de pies y manos y media docena más de técnicas siniestras demostraron miles de veces ser más efectivas que cualquier método científico y de investigación. Difícilmente habría quién no confesara el delito que se le imputaba, y todos los que "la ley" quisiera, incluida la violación de las once mil vírgenes. Lo importante era tener a un culpable para refundirlo en la cárcel, sin importar demasiado si efectivamente era culpable o no.

En esa época el debido proceso que no es otra cosa que el principio legal por el cual el gobierno debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley, o dicho de otra forma, que el gobierno está subordinado a las leyes que protegen a las personas de El Estado, no era más que un referente que tenía el mismo efecto entre los policías y ministerios públicos que un vientecillo ligero en una estatua de Juárez: nulo.

Se supondrían cambios sustanciales en la procuración de justicia en nuestro país en estos 28 años, pero la realidad es que hoy, por ejemplo y según datos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sólo en 3 de cada 10 casos se le informa a la persona la razón de su detención. Y eso sería lo simple, lo básico, ya que en casos de alto impacto, en lo que cabría esperar que las procuradurías se esmeraran en presentar pruebas irrefutables, demostrar labor de investigación y capacidad de armar con solvencia el vínculo entre el hecho ilícito y el responsable, se registran fallas graves.

Rafael Caro Quintero salió libre por errores procesales, detectados 28 años después. El caso es extrañísimo, por decir lo menos y por lo pronto otro famoso narcotraficante de la época, Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto" ya acaricia su salida argumentando exactamente lo mismo que dejó libre a Caro. Si es así y el ejemplo se generaliza, si todos los afectados por las formas de hacer justicia reclaman lo mismo, el país tendría que prepararse para vaciar las cárceles, ya que los casos en los que se privilegió el debido proceso son los menos.

Si no, si el de Caro Quintero es "un caso especial", quedan en el aire decenas de preguntas, y todas ellas cuestionan el sistema judicial mexicano y de pasadita, la administración política de los temas penales. Parece que en 28 años no hemos logrado avanzar ni un ápice en lo sustancial; tal vez se registrarán menos cascanueces, submarinos y chicharras, pero la procuración de justicia sigue siendo un terreno siniestro, contaminado hasta la médula por la corrupción y la ineficiencia.

Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 12 de agosto de 2013).


En los 2 casos paradigmáticos que en los últimos meses han sido noticia, Florence Cassez y Rafael Caro Quintero fueron dejados "en absoluta libertad", por errores procesales de los encargados de administrar justicia.

El desenlace jurídico de ambas historias fue cacareado, en su momento, como pruebas fehacientes de que en México se vive en un Estado de Derecho. "Tan sacrosanto es en México el respeto irrestricto a la Ley -llegó a decirse-, que se prefiere el riesgo de liberar a un culpable, antes de cometer el atropello -¡horror de los horrores...!- de encarcelar a un inocente". De ahí que Florence Cassez y Rafael Caro Quintero hubieran sido liberados... a despecho de los indicios de culpabilidad que había en ambos casos.

Lo que no se dice es que para subsanar las imperfecciones judiciales tuvieron que transcurrir varios años, en el primer caso, y muchos, en el otro. Ni se dice -lo más importante- que no son los únicos: que, menos famosos que ellos, en las cárceles del país hay muchos ciudadanos más a los que se ha amputado buena parte de la vida... y que no tienen la menor esperanza de que alguien, algún día, les devuelva la libertad de la que nunca debieron haber sido despojados, con un "usted dispense" como único premio de consolación.

Jaime García Elías
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de agosto de 2013).


Florence Cassez, el caso Acteal o la liberación de Rafael Caro Quintero son casos paralelos que ilustran la debilidad del Estado mexicano para conducir correctamente los procesos jurídicos de "peces gordos" en casos donde al final los jueces terminan ordenando la liberación por vicios en los procedimientos. En el caso de Caro, una mezcla entre la conclusión de su condena (28 años) y los vicios del procedimiento en relación a la muerte de Enrique Camarena, provocó que saliera libre en las primeras horas de ayer.

La explosión de casos como el comentado en los últimos años, obedece a un Estado incapaz de llevar correctamente los juicios respetando las garantías de todos los actores involucrados en el proceso, pero también responde a una tendencia "liberal" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la introducción del concepto de "pro-persona" en las leyes mexicanas. Ahora, la SCJN ha puesto más atención a los vicios en los procedimientos jurídicos adoptando la tesis de "corrupción sistémica", eje de la liberación de Cassez y defendida en los últimos casos por el ministro Arturo Zaldívar. Esta visión jurídica es muy característica del sistema acusatorio norteamericano que señala que la violación al debido proceso implica la anulación de los cargos, ya que sin un proceso justo es imposible determinar la culpabilidad del acusado. Así, ante la incapacidad del Estado mexicano, las víctimas, como en el caso Cassez, quedan sin posibilidad de exigir castigo para quien ellos consideran que cometió los ilícitos señalados. Así, como señala el Instituto Mexicano para la Competitividad, la aplicación de la ley, la impunidad y el Poder Judicial son lastres muy pesados que impiden la modernización y el desarrollo económico del país.

Para entender lo que puede enfrentar Enrique Peña Nieto con esta liberación es fundamental utilizar el caso Cassez como un espejo. Al final, según los datos publicados por las encuestadoras Ulises Beltrán y Asociados, así como por Parametría, demuestran que la opinión mayoritaria en México siempre estuvo del lado de la culpabilidad de la francesa. La no liberación, en aquellos meses del periodo final de la presidencia de Calderón, supuso 2 o 3 puntos de aumento en la popularidad presidencial. En una época donde los asesinatos vinculados al crimen organizado tocaron su máximo histórico (2011), el ex presidente tomó el caso Cassez como una oportunidad para relanzar su proyecto político de cara a las elecciones del año siguiente. La reacción de Enrique Peña Nieto, en este caso, será clave. Tomando en cuenta su reacción tras la liberación de Cassez donde afirmó que "respeta la autonomía de la Corte", todo parece indicar que el Presidente no buscará incidir en la determinación de los juzgados.

Enrique Toussaint

De las personas que están en prisión, de cada 5 personas, 2 están en prisión preventiva, en el proceso, y de esas 2 una tercera parte ya fue sentenciada, pero está en apelación o en un amparo y alrededor del 40% de ellos van a tener éxito. Estos casos ocurren a diario, pero fuera de la atención de la opinión pública.

Si bien de cada 100 personas consignadas, 90 son declaradas culpables con los mismos argumentos de las fiscalías, son cada vez más los inculpados que logran su libertad o reducción de sentencias tras apelar o recurrir a recursos legales, precisamente, porque en las subsecuentes revisiones de los casos, los jueces se percatan de los errores en los que incurrieron los procuradores de justicia.

Urge modificar el modelo de gestión de las procuradurías y fortalecer la investigación científica para defender a la sociedad cuando se presentan cargos contra probables delincuentes.

Guillermo Zepeda Lecuona, investigador experto en derecho del ITESO

La liberación de Caro Quintero se debió a que los tribunales reconocieron que se le enjuició incorrectamente en las cortes federales en lugar de procesarlo por el fuero común. Esto, por el servilismode las autoridades mexicanas que sucumbieron a la presión de Estados Unidos, que demandaba la cabeza de Caro, señalado por el asesinato de un agente de la DEA.

Tal liberación será la correcta en la medida en que se siga el mismo criterio en todos los procedimientos penales, sin importar el personaje del que se trate. Si es así, habría prácticamente que vaciar la cárceles mexicanas, porque yo diría que una buena parte de la gente que no tiene recursos que se encuentra en la cárcel está ahí porque no se cumplieron las formas jurídicas correctas. Si vamos a ser congruentes deberíamos empezar por revisar todos los procesos que hay.

Jaime Tamayo Rodríguez, politólogo de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 10 de agosto de 2013).


Con el comercio ambulante lo penalizable debe ser el clientelismo de líderes vivales de todo signo partidario que explotan a los ambulantes; el lucro político que con él realizan funcionarios gubernamentales; y, la extorsión que con ellos practican autoridades corruptas.

La autoridad municipal ha sido incapaz de situarse por encima de las partes en conflicto y dejar de ser un actor en él. Lo peor es cuando funcionarios del ayuntamiento lo utilizan para ajustes de cuentas en sus disputas internas por el poder político.

Suponer que la aplicación a pie juntillas de un reglamento resuelve un problema es tan ingenuo como asumir que la realidad se transforma emitiendo una ley y que esta debe adaptarse al reglamento y no al revés. Si la sola aplicación de la ley solucionara todo, eso sería el fin de la política y el surgimiento de una sociedad auto regulable que no necesitaría de jueces ni de gobernantes.

Si tanta es el ansia por aplicar ese reglamento, exíjase también que se cumpla su artículo 110 que prohíbe el comercio ambulante y semifijo a 50 metros de las escuelas por dañar más a la sociedad esta actividad que la venta de artesanías (si es que algún daño causara), al expender alimentos que agravan la obesidad infantil.

Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 10 de agosto de 2013).


Vivimos en un México sin ley ni control. Aquí todos hacemos lo que nos viene en gana. Es una anarquía total, en el que se ha desbordado la violencia de la delincuencia común y la no común, ¿cómo podríamos llamarle? ¿Delincuencia organizada o VIP?

¡Pero si ya toda la delincuencia está organizada! Mucho más que el gobierno. Eso está clarísimo. De no creer que todos los celulares que se roban, van a parar a los mercados en puestos callejeros, así a la luz del día, vendiéndolos al mejor postor. Y no hay ninguna autoridad que prohíba vender artículos robados, incluso, sobre pedidos.

Y lo más patético es que la mercancía robada se venda de inmediato. Los mismos consumidores que se quejan de haber sido robados, van y compran artículos robados. ¡Qué círculo tan vicioso y tan patético!

Si no hubiera quién los comprara, no hubiera quién los robara... Y ahora, quieren hacer legal la informalidad. ¡Las autoridades pidiendo permiso, negociando con pillos, poniéndoles todas las facilidades!

El problema no es sólo que no se respeten las leyes, el problema es que no tenemos valores para respetar las leyes. Las leyes allí están, pero nadie las cumple.

Parece ser que los mexicanos tenemos la deshonestidad grabada en los códigos genéticos, con esta herencia será muy difícil que podamos remontar las cifras de la delincuencia que a diario estamos viviendo.

¿De qué servirá la reforma energética tan anunciada, si no le dan seguridad a la inversión extranjera? ¿Quién va a querer venir a invertir en un país sin ley y sin valores? ¿En un país en el que todos sus habitantes son cómplices del mal que tanto se queja?

Si compramos mercancía pirata, si no pagamos nuestros impuestos, si compramos mercancía robada, si damos mordida para evadir alguna ley, si no denunciamos los delitos, si nos prestamos a la mentira, al disimulo y a la corrupción, todos somos cómplices de aquello que diariamente nos quejamos.

Nos roba el mecánico, el médico, el dentista, el técnico de la computadora, nos roba el gobierno, nos roba el mercader, nos robamos todos!

¡Ni cuándo acabar con esto!

Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.34 del periódico Milenio Jalisco del 9 de agosto de 2013).


Hemos pasado de las manifestaciones a los bloqueos de calles y carreteras, y de éstos a los secuestros de funcionarios, policías y soldados. La espiral es producto de los incentivos perversos que genera el propio gobierno, el cual primero no parece tener mecanismos para escuchar los agravios ciudadanos y después no sólo se abstiene de castigar los actos delictivos sino que se desvive para dar a quienes los cometen todo lo que piden y más.

En El Pericón, Guerrero, un grupo armado, de esos que se autonombran policías comunitarios, bloqueó esta semana la carretera Tierra Colorada-Ayutla. No contento con ello "retuvo" (un eufemismo que significa "secuestró") a unos 60 militares junto con su comandante. Cuando funcionarios guerrerenses y de la Secretaría de Gobernación federal se presentaron a negociar, también a ellos se les retuvo.

Después de 36 horas, el grupo armado aceptó liberar a los secuestrados y permitir el paso por la carretera a cambio de la promesa de que sus líderes podrían reunirse con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Si no se les da todo lo que quieren, regresarán a sus bloqueos y secuestros... saben que gozan de impunidad.

La técnica es cada vez más socorrida. Esta semana ha habido también bloqueos en Oaxaca, conforme los maestros de la CNTE dan por terminadas sus vacaciones y se preparan... para no regresar a clases. A ellos se añaden los estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez. En Sonora, los bloqueos de más de 2 meses en la carretera de Ciudad Obregón a Nogales, en el poblado de Vícam, han provocado pérdidas multimillonarias que se reflejan ya en la desaparición de empleos. En la ciudad de México los bloqueos de calles son una experiencia cotidiana y frustrante que castiga a los ciudadanos con la complicidad de la policía local. En Michoacán tanto los normalistas como otros grupos han aprendido que la forma más segura y rentable de protestar es bloquear vías de comunicación.

El que en los países democráticos no se registren estos bloqueos no debería sorprender. No es que no haya causas -válidas o no- que provoquen protestas, pero éstas no se traducen en bloqueos de calles y carreteras porque la autoridad no lo permite. El intento de los indignados de Wall Street por cerrar el puente de Brooklyn el 1o.de octubre de 2011 culminó en la detención de 400 manifestantes. En México los activistas bloquean las vías de comunicación porque nadie se atreve a detenerlos.

Un estado democrático debe tener instituciones que permitan el diálogo con personas que tengan agravios y que busquen solución a los conflictos. Si estos mecanismos no funcionan, la protesta debe ser siempre una opción.

Pero una cosa es permitir las protestas y otra muy distinta las agresiones a los ciudadanos. Los bloqueos de calles y carreteras, o los secuestros de funcionarios, policías o soldados, son delitos que deben castigarse aunque los cometan integrantes de movimientos sociales. Estas acciones lastiman no a la autoridad sino a ciudadanos inocentes.

En México los funcionarios están tan aterrados del uso legítimo de la fuerza pública que aceptan que los grupos políticos tomen a los ciudadanos como rehenes. Cada vez que permiten una protesta que se convierte en agresión, y que premian a los participantes con dinero o prebendas, están sembrando las semillas para que la fuerza se convierta en la única manera de conseguir justicia en el país. Quieren, al parecer, que la ley sea reemplazada por la ley de la selva.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 8 de agosto de 2013).


Opositores al acueducto Independencia, que suministra agua a Hermosillo, Son., mantienen bloqueada la carretera 15 México-Nogales.

(V.pág.8 del periódico Mural del 8 de agosto de 2013).


De indignante y vergonzoso calificaron generales en activo y retirados el canje de militares retenidos 30 horas a cambio de una reunión entre el gobernador de Guerrero y policías comunitarios.

El martes, 60 soldados fueron liberados luego de haber sido retenidos por pobladores de Tecoanapa, Guerrero, tras recibir la promesa de que Ángel Aguirre Rivero, mandatario estatal, recibiría a una comisión de los grupos de autodefensa.

El general retirado Samuel Lara Villa lamentó que un problema político avergüence al Ejército Mexicano.

"Los políticos son los que nos han fallado y nos han llevado a donde estamos. El origen de todo esto que pasó en Guerrero tiene un nudo político, y por eso el Ejército en qué vergüenzas anda cayendo. ¿Cómo es posible?", consideró el ex mando de infantería.

El general de división retirado Luis Garfias señaló que el gobierno tiene toda la autoridad legal para desarmar a los grupos de autodefensa.

"El problema es político. Los gobernadores, que, más que gobernar, desgobiernan, no tienen el carácter suficiente para aplicar la ley porque tienen miedo", dijo.

Otro general retirado, que solicitó el anonimato, calificó de vergonzoso el canje de militares.

"La retención y canje de militares para negociar con grupos armados, sean los que sean, es una vergüenza para el Ejército Mexicano. Después de esto, ¿qué nos queda?", expresó.

"Es un peligro para la seguridad pública que un grupo armado, independientemente de sus justos objetivos, sea el garante del pueblo. No tienen la instrucción ni los cánones de trabajo militar o policiaco", agregó el militar.

Un general diplomado del Estado Mayor actualmente en funciones cuestionó la tolerancia hacia grupos civiles armados.

"Es bochornoso. Es una vergüenza (que los militares hayan sido retenidos). No pueden haber otras fuerzas armadas en el país de las que ya cuenta. Estos grupos (de autodefensa) no pueden crecer.

"Aquí no estamos hablando de la mota que venden o cultivan, no es por ahí, sino las armas de alto poder que poseen. Eso es lo que hay que combatir", opinó.

(V.pág.4 del periódico Mural del 8 de agosto de 2013).


La tensión entre los grupos de autodefensa de Michoacán y Guerrero y los elementos del Ejército persistió ayer con nuevos bloqueos, y la retención de funcionarios por parte de los civiles.

En el municipio michoacano de Aquila, elementos del Ejército y de la policía estatal fueron a rescatar a un soldado que había sido retenido por los ciudadanos armados cuando viajaba vestido de civil en un vehículo.

Los militares abandonaron la demarcación después de las 18:00 horas, luego de realizar el rescate, mientras que los miembros de la autodefensa retomaron sus actividades.

En Aquila, como en otros municipios de la Tierra Caliente, los policías comunitarios se han alzado en armas en contra del cártel de Los Caballeros Templarios, que pretende apropiarse de todas las actividades productivas y del territorio. La situación es tal que el alcalde, Juan Hernández Ramírez ni siquiera despacha ahí.

El grupo de autodefensa en Aquila es de alrededor de 200 personas y prácticamente han sustituido a los policías municipales.

Un empleado de la Oficialía Mayor del ayuntamiento afirmó ayer que aunque la situación es normal, a la gente le inquieta que el grupo de autodefensa ande armado en las calles.

Los propios Caballeros Templarios han acusado al cártel Jalisco Nueva Generación de armar a los policías comunitarios, y los militares ya han comenzado a desarmarlos debido a que portan rifles de alto poder. Lo que ha provocado mayor tensión.

Ayer los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria bloquearon las carreteras Chilpancingo-Tixtla-Huamuxtitlán para que el Ejército respete sus territorios y dejen de hostigarlos.

"Estamos viendo que el gobierno no brinda seguridad a la ciudadanía, ahí están los casos de los habitantes de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, que por temor a ser agredidos por la delincuencia organizada salieron de sus pueblos", dijeron a la prensa los dirigentes Gonzalo Molina González y Pastor Coectecón Plateado.

A la par, pobladores de El Pericón, municipio de Tecoanapa, impidieron por segundo día consecutivo la salida a 3 unidades del Ejército. La prensa local informó que un grupo de militares que pretendía salir del municipio fue retenido a la altura del crucero de El Pericón, y hasta anoche fueron liberados.

Los miembros de la autodefensa también tenían retenida a una comisión de funcionarios federales y estatales enviados por el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

La comitiva era encabezada por el sobrino y asesor del gobernador, Ernesto Aguirre, y el secretario de Gobierno, Jesús Martínez.

Ayer, Aguirre Rivero advirtió que se iba a aplicar la ley en contra de quienes bloquearan las carreteras. "No podemos permitir que se cometan actos al margen de la ley; en este caso no hay razón para que se esté bloqueando".

Los comunitarios liberaron a los funcionarios y a los militares alrededor de las 20:40 horas luego de acordar una reunión con el gobernador Aguirre Rivero y con la Secretaría de Gobernación.

Las autodefensas también lograron evitar que se vuelva a instalar un retén militar en la zona.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 7 de agosto de 2013).


Ayer el nuevo jefe de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento tapatío, Ignacio Mestas Gallardo, el que tiene como encargo meter en orden a los vendedores ambulantes, reconoció sin tapujos que lo que hay con los comerciantes ambulantes son acuerdos políticos, algo que todos sabíamos, pero se agradece la sinceridad. Lo grave fue lo que vino después: dijo, palabras más o menos, que los acuerdos y los reglamentos tenían el mismo valor y que, en todo caso, su chamba sería modificar los reglamentos para que se cumplieran los acuerdos.

Hay 2 cosas que hay que dejar claras. Primero, que los acuerdos políticos, que son sin duda parte fundamental de la chamba de quienes gobiernan la ciudad, no pueden estar nunca al mismo nivel que un reglamento. Y dos, que los ciudadanos no tenemos por qué cargar con acuerdos políticos de los partidos. Dicho de otra manera: el trabajo del ayuntamiento es defender el espacio público, no negociar con él. Detrás de los vendedores ambulantes, gente trabajadora y seria, hay líderes políticos que hacen negocio vendiendo lo que no es de ellos, vendiendo lo que es de todos: las plazas, las banquetas, los parques.

Está claro y no se debe perder de vista es que las ciudades que han resuelto el problema del ambulantaje, como Morelia o Querétaro, lo han hecho aplicando los reglamentos, no los acuerdos.

Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 6 de agosto de 2013).


Debido a que 2 policías comunitarios fueron desarmados y retenidos por militares, miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero bloquearon la carretera Tierra Colorada-Tecoanapa.

Los militares aseguraron que al revisar el vehículo en el que viajaban el autodenominado "comandante Garza" y un acompañante, encontraron 5 armas de uso exclusivo del ejército, por lo que procedieron a hacer la detención.

La vía fue cerrada desde las 10:00 horas, por lo que militares acudieron al lugar para abrir el camino.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 6 de agosto de 2013).


La semana pasada, regidores de oposición, apoyados en un informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento [de Guadalajara], señalaron que a cada operativo de la autoridad para retirar a los vendedores ambulantes de las zonas en que los reglamentos prohíben expresamente que ejerzan su oficio -no porque sea ilícito, sino porque todo debe hacerse con orden-, la Secretaría General respondía... con nuevas concesiones para que las disposiciones legales y las ordenanzas del presidente municipal, respaldadas por el cabildo, se siguieran violando. La respuesta del Supremo Gobierno ("que no se equivoca nunca", decía, socarrón, Pito Pérez) fue contundente: no destituyó a quien supuestamente violaba la ley y desacataba las disposiciones emitidas por la legítima autoridad, sino, por denunciarlo... ¡al director de Inspección y Vigilancia!

Es un secreto a voces: los vendedores ambulantes son votos; si se les tolera -y, de paso, se les extorsiona inicuamente-, votarán a favor de quienes cierran los ojos para evitar que la ley se aplique; si se les combate, votarán contra los gobernantes estrictos.

Sin embargo, entre una elección y otra transcurre mucho tiempo. Y en ese ínter, la violación ostensible y sistemática de la norma sólo se explica merced a un mecanismo de corrupción, del que los mismos supuestos encargados de "cumplir y hacer cumplir" las normas, medran.

Más claro: si los vendedores ambulantes operan donde se supone que no deberían hacerlo, no es que no haya gobierno: es que la corrupción es la norma suprema de quienes dizque gobiernan.

Jaime García Elías
(v.pág.8-B del periódico El Informador del 5 de agosto de 2013).


Alejandro Martí dijo por primera vez que hoy está convencido de que ni Sergio Ortiz Juárez ni Lorena González tuvieron que ver con el secuestro y asesinato de su hijo Fernando, hace 5 años.

La puntilla contra la farsa ha sido el reportaje publicado en Nexos de este mes.

Resumo: contra Lorena González (y uno asume que igual sería contra Ortiz Juárez, que murió a la mitad del proceso) no hay ni una sola evidencia de que haya sido secuestradora más que un testimonio de una víctima. Esa víctima, por cierto, la habría visto menos de 30 segundos en momentos de alto estrés, y la mujer tenía una gorra y lentes oscuros. Esa misma víctima/testigo padece miopía y ese día no llevaba lentes.

El resto de los testigos con los que fue encarcelada Lorena han resultado ser falsos (el IFE ha certificado que sus credenciales eran balines; en otro caso, la SEP ha dicho al juez que una cédula profesional era también falsa). En todo caso, ninguno de todos esos testigos utilizados en los primeros momentos se han presentado a ratificar ni a carearse ni ampliar declaración. Evidentemente, nunca existieron.

Por supuesto, nunca hay que olvidar que hay una mujer presa en una cárcel federal que ha confesado ser aquella del retén que el DF acusa a Lorena de ser.

La procuraduría del Distrito Federal debe mostrar algo de decencia, de honor y desistirse de las absurdas acusaciones y dejar que Lorena salga de la cárcel.

Carlos Puig
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 2 de agosto de 2013).


Una de las acusaciones más difíciles de enfrentar en los tribunales mexicanos es la de enriquecimiento ilícito. Este delito, de hecho, no existe en otras legislaciones del mundo, quizá porque revierte la carga de la prueba: en lugar de que la fiscalía deba demostrar la existencia y responsabilidad de un delito, el acusado debe acreditar "el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre" (artículo 224, Código Penal Federal). Probar la proveniencia legítima de los recursos usados para toda compra a lo largo de una vida suele ser difícil cuando no imposible.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 1o.de agosto de 2013).


Son 21 minutos con el médico José Manuel Mireles, líder de un consejo de autodefensa, que elabora con claridad un mapa completo de la situación en Tierra Caliente. Lo encuentran en Youtube.

Mireles ubica el problema 12 años atrás, con los Zetas. Ellos fueron expulsados o asesinados por el cártel de La Familia, que se apropió del territorio y trabajó relativamente en paz con las comunidades hasta hace 4 años. Es más, hicieron asambleas para explicar cómo funcionaría la cosa: cada quien a lo suyo sin ataques a los pobladores.

Pero esa convivencia pacífica terminó, del cártel se escindieron los Caballeros Templarios y los traficantes, dice Mireles, murieron o se fueron. El caso es que el negocio cambió y la explotación arrancó. 1000 pesos por vaca vendida, 15 pesos por cada kilo de carne, 4 por la venta de cada kilo de tortilla, 500 por tener auto, 20 pesos semanales por niño. No se salvaba ni el señor que vendía jitomates en el piso. La gente pagaba por vivir y el miedo fue el pan diario hasta que los delincuentes se cobraron también con la dignidad de las mujeres y las niñas. 14 violaciones en un mes, sólo en una secundaria, narra Mireles.

Los de Tepalcatepec organizaron una operación en secreto, 80 ganaderos salieron y en un día detuvieron a los principales agresores. No los quemaron. Los entregaron. Pero para echar a perder la cena, esa noche estaban todos libres. ¿Siguiente escena? Policía de autodefensa y "limpieza" general. No pregunten cómo; el médico no dice, pero en 3 semanas acabaron con 4 años de extorsión, ellos ahí y otros iguales en al menos 9 municipios más.

Ahí fue cuando nos enteramos; cuando las pantallas se llenaron de imágenes de comunitarios, cuando la radio nacional entrevistó a los líderes, cuando Enrique Peña Nieto mandó al Ejército a poner orden y a desarmar a los comunitarios, que para algo hay ley y él es el señor Presidente.

Sonaba bien, pero algo definitivamente apesta, porque la ley llegó parcial.

"Se llenaron las planas diciendo que venían a desarmarnos (...) Pero no hubo ni un renglón que dijera que iban a desarmar a los delincuentes y al crimen organizado", se queja Mireles.

Asegura que ya les dijeron a los militares dónde están los Caballeros y no mueven ni un dedo, dejan flancos abiertos, y no detienen a absolutamente a nadie. La inseguridad ya regresó, se lamenta.

Eso pone a pensar. Primero, las autoridades no cumplen su función; luego, los ciudadanos llenan huecos y violentan el Estado de Derecho, pero al final, cuando llega la fuerza del Estado, vuelven a ser vulnerables. No me sorprende la fuerza de la mirada de Mireles cuando advierte: "Nunca nos vamos a desarmar".

Ivabelle Arroyo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 31 de julio de 2013).


Los recientes acontecimientos en Michoacán y la posterior declaración del Presidente de la República reconociendo que en ese estado "hay regiones que se han dejado o ha ganado el crimen organizado", deben motivar a la reflexión respecto a si la postura asumida hasta el momento por el Estado mexicano para enfrentar una situación que tiende a agravarse es la más adecuada, o de si esta estrategia debe ser modificada.

Desde 1857, el Artículo 29 de la Constitución mexicana establece el recurso de la suspensión de garantías; para que, "en casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto el Estado podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación". Precisa el texto en vigor que dicha suspensión deberá ser "por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona".

Lamentablemente este tema es un tabú y la posibilidad de su aplicación nadie se atreve a plantearla públicamente, mucho menos las autoridades. En el fondo, existe el mito de que tal recurso es o puede ser como un golpe de Estado o un procedimiento para implantar una dictadura. Nada más falso: la suspensión de las garantías es justamente para lo contrario; es decir, para restablecer la plena vigencia de los derechos y libertades consagrados en la Constitución que por razones extraordinarias han sido vulnerados, quebrantados o anulados.

En las zonas o municipios controlados por el crimen organizado las mafias han suspendido de facto, y por tiempo indeterminado, las garantías individuales. Para que se puedan restablecer, el Estado debe suspenderlas a toda la población de una o varias regiones; ya que los criminales en ellas se escudan para delinquir bajo el anonimato y la impunidad. Por ejemplo, los criminales explotan en su beneficio el derecho a poseer armas en su domicilio y a no ser molestados en el mismo, sino mediante mandamiento judicial expedido por la autoridad competente y con las formalidades legales.

En la historia reciente de nuestro país las garantías sólo se han suspendido en 1942, por el estado de guerra en el que el país se encontraba con las potencias del eje (Alemania, Italia y Japón). Como la Constitución no señala que ello sólo se pueda hacer cuando el país le haya declarado la guerra a otro, existe la causal de perturbación grave de la paz pública que ha puesto a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Los llamados policías comunitarios o grupos de autodefensa, han surgido porque el Estado se niega a ejercer las facultades que la propia Constitución le confiere para defender a la población. Negarse a ejercer esas facultades por respetar tabúes y mitos injustificables, debería ser causal de responsabilidad para las autoridades del Estado.

Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 27 de julio de 2013).


En México no todos los detenidos por el delito de crimen organizado pisan la prisión. De hecho, de acuerdo a un análisis de la organización Insight Crime, sólo son 3 de cada 10 los que fueron declarados culpables entre 2007 y 2011.

El documento concluye que debido a lo anterior, debe haber una reorganización todo el sistema de justicia en México.

"Mejorar la eficiencia del sistema judicial sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta el actual presidente Enrique Peña Nieto, al igual que durante el mandato de su antecesor, Felipe Calderón, quien realizó una serie de reformas en la materia en 2008".

Datos de la Organización de Naciones Unidas indican que 9 de cada 10 detenidos durante los primeros 5 años de la administración de Felipe Calderón fueron eventualmente liberados.

En tanto, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que menos de 2 de cada 10 personas fueron condenadas por homicidio en 2012.

El mismo procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, manifestó en mayo que urge construir un nuevo sistema de justicia. "El sistema tiene que garantizarnos el derecho que todo ciudadano tiene a ser inocente hasta que se le pruebe lo contrario".

En junio, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que el reto del país es transformar dicho sistema para dar plena transparencia a la impartición de justicia.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 27 de julio de 2013).


La diputada del PAN en la Asamblea Legislativa del DF Laura Ballesteros encabezó el miércoles un bloqueo en la calzada Tlalpan. Y luego denuncia a los bloqueadores del PRD. ¿Unas sí y otros no?

Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 26 de julio de 2013).


Dos jóvenes tapatíos que fueron detenidos y consignados por narcotráfico en Sinaloa, a causa de que autoridades estadounidenses no retiraron un paquete de cocaína de una camioneta que aseguraron y que después subastaron, permanecen presos en una cárcel de Mazatlán pese a que las autoridades del país vecino ya enviaron las pruebas de la inocencia de los adolescentes.

Los jóvenes encarcelados son Sergio Alejandro Torres Duarte y Julio César Moreno Guzmán. De acuerdo con el padre del primero. Los 2 muchachos eran estudiantes de preparatoria en Tec Milenio cuando decidieron viajar a Mazatlán, a un certamen de deportes. Les faltaba un mes para terminar sus estudios. No pudieron viajar en el autobús de la escuela, pero el papá de Sergio les prestó una camioneta para que siguieran al vehículo escolar.

La camioneta fue adquirida en febrero de 2012 en una subasta de vehículos asegurados o embargados por autoridades norteamericanas. En junio, ya tenía placas; en noviembre se la prestaron a Sergio Alejandro.

A la altura de Escuinapa, Sinaloa, 60 kilómetros antes de Mazatlán, un retén policial revisaba los vehículos. A Sergio y Julio César, en el tablero, tras los controles del aire acondicionado, les hallaron un paquete con un kilogramo de cocaína.

La familia primero tuvo que investigar para localizar a los muchachos; luego se dedicó a buscar información sobre el vehículo y descubrieron su origen. Solicitaron información a las autoridades de EU y así pudieron identificar la droga como la misma del decomiso: "La juez les manda que es una pureza 9.1, envuelta en papel carbón negro; traía impresas unas letras que decían ‘Good’. Estados Unidos manda decir que, efectivamente, el paquete es igual al que ellos tienen allá, que probablemente se les haya olvidado y que Julio César y Sergio no tenían conocimiento del paquete". Tras 8 meses y medio en prisión, entregaron las pruebas al fiscal en Mazatlán.

Sin embargo, recién en días pasados la parte acusatoria solicitó datos al gobierno estadounidense: "Los americanos (sic) contestaron que ya no tenían manera de hacer esa prueba porque ya habían destruido las evidencias".

Con la nueva solicitud del Ministerio Público de Sinaloa, deberán esperar 7 meses más, y la respuesta será sencilla: ya destruyeron la evidencia.

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 23 de julio de 2013).


La bancada del PRI en la Cámara de Diputados está marcada por la ilegalidad electoral, ya que 104 de sus 164 legisladores de mayoría, es decir 63%, obtuvieron la representación violando la ley al rebasar el tope de gastos de campaña.

Esa mancha, al ser el priista el grupo parlamentario más numeroso, se traslada a la cámara en general, porque de los 300 diputados de mayoría que integran la actual legislatura federal 116, es decir 39%, hicieron trampa para llegar a su asiento.

No es poca cosa lo que concluyó el dictamen de la Unidad de Fiscalización del IFE en su auditoría a los gastos de las campañas federales de 2012. El proceso produjo un congreso con poca legitimidad y su bancada más grande, la priista, es resultado de la ilegalidad. 48% del grupo se excedió en el gasto, pero si consideramos que de los 213 diputados de ese partido 104 violaron la ley y otros 49 llegaron por la vía plurinominal y por lo tanto son beneficiarios de la trampa original, llegaríamos a 71% de los representantes tricolores beneficiados por el chanchullo.

Llama la atención que en los 40 distritos federales del Estado de México todos los candidatos del PRI gastaron más de lo permitido y que los que más rebasaron el monto, con excesos superiores a un millón de pesos por cabeza, fueron 6 de los 7 aspirantes priistas de Hidalgo: José Antonio Rojo, Emilse Miranda, Dulce María Muñiz, Darío Badillo, Mirna Hernández y Francisco González. (La lista completa se puede consultar en www.carlosloret.com).

Los politólogos hablan de calidad de la democracia. Este dictamen pinta un triste panorama en ese rubro. Pocas legislaciones electorales en el mundo son tan estrictas como la nuestra pero pocos contendientes en el mundo tienen un costal de mañas tan grande como los nuestros.

El gasto total de los partidos en el proceso, incluyendo la elección presidencial, fue de 2,572 millones de pesos y hubo un rebase total de 108 millones de pesos.

Los que más violaron los límites fueron la coalición encabezada por el PRI, con 58 millones, y la encabezada por el PRD, con 48 millones. El primero y segundo lugar en la contienda presidencial rompieron las reglas. La consecuencia: una multa que pagarán con el dinero que obtienen del erario y a seguirle.

El estilo de contabilidad de los partidos que postularon a Peña Nieto contrastó con el de los que presentaron a López Obrador: Los primeros acumularon los gastos en sus campañas de diputados, por lo que al final aparecieron sin rebase del tope en la presidencial y con 179 candidatos a diputados gastando en conjunto 58 millones más de lo permitido (sólo 104 ganaron). Los del Movimiento Progresista concentraron sus erogaciones en la presidencial y por eso AMLO tuvo un exceso de 46 millones mientras que sólo 11 candidatos al congreso tuvieron rebase.

Lo cierto es que ambos bandos torcieron la ley sabiendo que todo queda en sanciones mínimas. Ya se habla de una reforma electoral más. Difícil creer que ahora sí los partidos se amarrarán las manos.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 23 de julio de 2013).


Uno de los síntomas más evidentes de que algo no funciona en una sociedad es cuando lo justo y lo legal están disociados. En una sociedad democrática con pleno Estado de Derecho, la aplicación de la ley es sinónimo de justicia, y cuando un ciudadano pide justicia lo que demanda no es otra cosa que la aplicación de la ley que por principio es una e igual para todos. Los mexicanos, contrario a lo deseado, tenemos perfectamente disociado lo que es legal de lo que es justo. No sólo no pensamos que son una sola cosa, 2 caras de un mismo individuo, sino que las vemos como parientes lejanas: lo legal casi nunca es considerado como justo, y lo que se pelea como justo muchas veces es francamente ilegal.

Para muchos de los mexicanos, lo legal es la forma en que los poderosos justifican sus fechorías. Y no falta razón. La burocracia justifica sus acciones, fuera de todo sentido de justicia, en la legalidad de éstas; los empresarios amparan sus abusos en la legalidad. Pero igual las demandas de justicia se hacen fuera del marco legal. Que los vendedores ambulantes se apropien del espacio público es ilegal, pero se considera un acto de justicia; que unos manifestantes atenten contra el patrimonio ajeno es ilegal, pero se vuelven intocables si su causa es considerada justa.

Cuando la legalidad justifica la injusticia y la justicia se ampara en la ilegalidad, algo no está bien. Tenemos que acercar la ley a la justicia y la justicia a la ley. Hay que desprendernos de la idea de que la justicia la hace el poderoso, el que otorga las becas, reparte los útiles escolares, entrega las medicinas o las escrituras de un terreno, el que resuelve de un plumazo una carencia saludando siempre con dinero ajeno, para concebirla como un derecho universal que emana de un principio básico: todos somos iguales ante la ley.

Hay, también, que quitarnos de la cabeza que lo legal es sólo una serie de normas burocráticas a cumplir para no ser castigados, y concebirlo como la estructura que le da sentido y soporte a la vida social. La función de las leyes es facilitar la convivencia, dar certeza a todos de que lo que se hace respeta siempre los límites de lo ajeno, no meter al ciudadano en un laberinto burocrático.

Es evidente que nuestras leyes están lejos ser un facilitador de la justicia: estamos sobrenormados y al mismo tiempo desprotegidos. Pero mientras no avancemos en la construcción de un Estado de Derecho donde legalidad y justicia sean lo mismo; mientras los mexicanos consideremos a la legalidad como un asunto burocrático y la justicia como algo exógeno, que es administrada por una fuerza superior, sea una divinidad o un poderoso, nuestra democracia está condenada a no pasar del ámbito electoral.

Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 22 de julio de 2013).


Un grupo de comerciantes de Plaza Guadalajara se manifestó a las afueras de la Presidencia Municipal tapatía bloqueando el tránsito en la Avenida Alcalde. Pedían dejar en libertad a 4 vendedores que, según sus versiones, fueron detenidos con violencia mientras se montaba un operativo policial ayer al mediodía.

Tras el arribo de policías tapatíos y agentes viales, los quejosos liberaron el bloqueo después de 45 minutos.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 20 de julio de 2013).


Seguramente usted ya recibió una llamada de Telefónica México, empresa dirigida por Juan Abellán, donde le informan que si es cliente de prepago o tarjetas de recarga de cualquier compañía, la mejor opción es cambiarse con ellos.

Y eso no tiene nada de raro ahora que todos se promocionan por teléfono, pero usted debería cuestionarse quién les pasó su número de celular.

Si se anima a preguntarles, los del centro de atención de Telefónica le dirán lo obtuvieron a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que preside Mony de Swaan.

El problema es que, hasta donde se sabe, la Cofetel no tiene números telefónicos de cada usuario y de acuerdo con la Ley Federal de Datos Personales en Protección de los Particulares no se pueden usar sus datos sin su autorización.

(V.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 18 de julio de 2013).


La incertidumbre jurídica es una de las razones más importantes de la pobreza del campo mexicano. Hoy estamos viendo un caso ejemplar en la mina de Peñasquito en Zacatecas. Peñasquito es una mina de oro, plata y cinc en el municipio de Mazapil, quizá el más pobre de Zacatecas. La zona tuvo actividad minera desde hace 4 siglos, pero tras perderla la ha recuperado con esta operación. En 2005 se hicieron los acuerdos de arrendamiento con los ejidatarios. Después de realizar inversiones por 1,500 millones de dólares, la empresa canadiense Goldcorp empezó actividades en 2010.

Sin embargo, gracias a una legislación agraria que permite a los ejidatarios retractarse de acuerdos de venta o arrendamiento sin importar el tiempo transcurrido, el Tribunal Unitario Agrario del distrito I de Zacatecas ha ordenado a la empresa devolver 599 hectáreas al Ejido Cerro Gordo.

La empresa ha construido viviendas, escuelas, centros sociales, un aeródromo e incluso una carretera. En la zona que tendría que devolver ha puesto, además, una subestación eléctrica indispensable para la mina. La operación ha representado, según un desplegado periodístico de los integrantes del Ejido Cedros, que se oponen a la devolución, "el rescate de la miseria en miras de una nueva prosperidad".

El proceso contra Goldcorp fue promovido por 29 ejidatarios, de los cuales sólo 5 viven en el lugar. Sin embargo, ha contado con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, activistas y políticos, como los diputados federales José Isabel (Chabelo) Trejo Reyes y Tomás Torres Mercado.

La falta de definitividad en los acuerdos o contratos con ejidos es producto de una legislación que trata a los ejidatarios como menores de edad que requieren de una tutela especial del Estado porque se les considera incapaces de tomar sus propias decisiones. La ley, sin embargo, termina haciendo daño a los ejidatarios y al país porque inhibe las inversiones productivas.

No es necesario que todos los miembros de un ejido repudien una transacción para que los tribunales agrarios la revoquen años después. Por eso la extorsión que pequeños grupos de ejidatarios, asesorados por activistas o políticos, han hecho a empresas o personas que de buena fe han comprado o arrendado terrenos ejidales se ha convertido en un pingüe negocio.

En el caso de Peñasquito, las 599 hectáreas que el Tribunal Agrario ha ordenado devolver al Ejido Cerro Gordo no representan la totalidad de la mina, pero los activistas que han promovido la acción saben que de aplicarse la medida la empresa registraría pérdidas de cientos de millones de dólares. Por eso han iniciado un proceso de "negociación".

En este caso, sin embargo, el Ejido de Cedros, con 434 integrantes, ha promovido un amparo contra la decisión del tribunal agrario y ha conseguido, por el momento, una suspensión provisional. Los ejidatarios afirman que la decisión de cancelar el arrendamiento viola "nuestros derechos humanos, al pretender privarnos del acceso al empleo, a la alimentación, a la protección de la salud, a la vivienda, al agua, así como a la educación, a la seguridad social, al desarrollo económico, social y cultural". Los ejidatarios saben que el cierre de la mina, que genera 3,200 empleos directos, significaría la ruina económica del lugar.

"Pedimos que no se entregue la tierra para que la empresa siga trabajando -dijo en una conferencia de prensa Rubén Carranza del Ejido Mazapil, tercero de los ejidos de la zona-. Queremos que saquen las manos los diputados y que dejen negociar con voluntad a los ejidatarios".

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 18 de julio de 2013).


El 80% de los mexicanos considera corrupto al sistema judicial.

Cuando en 2006 murió el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ernesto Díaz Infante, esperaba ser sentenciado por segunda ocasión por los delitos de cohecho y contra la administración de justicia. En 2003 fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por haber recibido un soborno de 500,000 dólares y usar sus influencias para obtener la libertad del empresario Alejandro Braun, quien en 1986 violó y asesinó a una menor de 6 años en Acapulco, Guerrero.

El pasado 22 de mayo, Ana María Orozco Castillo, ex pareja del ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel acusó al padre de sus 2 hijos de encarcelarla a través del "tráfico de influencias", bajo el cargo del delito de fraude genérico. La mujer estuvo un año en prisión.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 15 de julio de 2013).


La carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano continúa bloqueada por transportistas a la altura del crucero del poblado de Arcelia. Desde el viernes los inconformes se adueñaron de la vía cerrándola con camiones de volteo y taxis, en demanda de que se dé a conocer el paradero de un conductor que fue detenido presuntamente por elementos de las fuerzas federales.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 15 de julio de 2013).


Layda Negrete, productora de Presunto culpable, me explica con voz suave, pausada y gran claridad la situación judicial por la que atraviesa a raíz de que su documental exhibiera las deficiencias del sistema judicial mexicano. "Presunto culpable tiene una multiplicidad de demandas en su contra. Todo aquel que participó en el filme está siendo acosado judicialmente. Si bien hay un fundamento como para preguntarse cuál es el límite de la libertad de expresión en la película, lo que ha sucedido es que tenemos múltiples demandas con un idéntico reclamo. Las que más nos preocupan son aquellas del Distrito Federal, ya que fue justamente la judicatura que Presunto culpable denunció. Nosotros hicimos una crítica de un caso penal en el Distrito Federal, y ahora son todos los colegas del juez que apareció en la cinta quienes van a decidir sobre nuestro futuro, nuestro patrimonio, toda nuestra vida".

Layda no exagera al decir que su patrimonio está en juego, ya que el monto de las demandas suma cientos de millones de pesos. "En el peor escenario, podemos perder todo el patrimonio presente o futuro, y quedar en la bancarrota por el resto de nuestros días". Dice que siente que entra a un partido con la cancha, reglas y árbitro del contrario.

Layda Negrete y Roberto Hernández han dedicado muchos años al estudio del sistema judicial mexicano. Su intención al realizar Presunto culpable no era hacer una película sino dar a conocer un problema a la mayor cantidad de gente posible con el objetivo de que las cosas cambien. "La película no está en contra de las personas: fue un documental para denunciar un sistema. Es decir, cualquier persona en una situación parecida tendría una respuesta de conducta similar". Layda y Roberto lograron su cometido: Presunto culpable es el documental más visto en la historia de México.

El miércoles pasado acudí, junto con muchos otros periodistas, a la audiencia por la demanda que enfrentan los productores del filme. La juez 17 de lo civil, María del Rosario Mancera, negó el acceso a cámaras y grabadoras (lo cual está dentro de sus facultades). Con anterioridad Layda había solicitado permiso para grabar su audiencia, que le fue negado. Elementos de seguridad cerraron las puertas del tribunal y pidieron que ingresáramos sin cámara por otra puerta. Dentro de la sala únicamente estábamos 2 reporteras. Había varias sillas vacías y nos sentamos en silencio. El ambiente era tenso. A los pocos minutos nos informaron que la audiencia sería privada y que debíamos abandonar el lugar. Así lo hicimos. Layda nos dedicó una sonrisa entre triste y preocupada antes de que saliéramos. Otros compañeros esperaban afuera: había dos policías que les impedían el acceso.

Hablé con Layda para preguntarle cómo le había ido en esa larga audiencia en la que no pude acompañarla. Me dio gusto escucharla más tranquila y optimista. Me dijo que, sorpresivamente, la juez tenía una actitud completamente diferente a la de la primera audiencia. Fue sumamente cuidadosa, lo que Layda atribuye a que se siente observada, ya que, si bien no entraron los medios, permitieron el acceso a un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien acudió para asegurarse de que no hubiese violaciones graves al debido proceso.

A pesar del cambio positivo, Layda piensa impugnar la decisión de la juez de impedir la grabación de las audiencias. Estoy totalmente de acuerdo con ella: los tiempos cambian, y si bien levantar actas de los juicios fue muy útil durante mucho tiempo -era la tecnología de punta en la época de la Colonia, como dice Layda-, hoy las nuevas tecnologías pueden ser grandes aliados de la imparcialidad en un juicio. Presunto culpable propone, prácticamente, que para mejorar la procuración de justicia y evitar abusos resulta muy útil videograbar las detenciones, interrogatorios y juicios. "Nuestra petición de entrar con cámaras no era para hacer una película; fue para tener un registro fidedigno del proceso. Nos preocupaba que nos fueran a volver a editar a la mala y que nos perjudicara en términos del juicio acumulado. Lo que editaron la audiencia pasada no puede cambiarse; no me puedo defender. Por eso me parecía indispensable tener un registro, por lo menos audio grabado, y así lo solicitamos".

Esto no es solo por Presunto culpable: tener un registro fidedigno en audio y video de los juicios es una gran herramienta para todos. Sabemos que hay ademanes, tonos sarcásticos o altaneros que no pueden verse reflejados en actas y que pueden afectar el proceso. Esto protegería no solo al demandante y demandado, sino también a los miembros del poder judicial.

Layda me comenta que en las reformas al Código Penal existe una prohibición para los ciudadanos (no así a la autoridad) de grabar los juicios. Ella considera fundamental que esta prohibición se elimine de las reformas. Coincido con ella: la justicia en México tiene que mejorar, y para ello es indispensable que podamos contar con registros fidedignos que eliminen la opacidad que da pie a la corrupción. Nada pierde el sistema judicial al permitirlo. El que nada debe, nada teme, ¿o no?

Fernanda de la Torre
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 14 de julio de 2013).


La firma consultora EY (antes Ernst & Young) afirmó que México es el país de Latinoamérica con mayor grado de corrupción y pago de sobornos entre empresas y gobierno para concretar negocios. Al presentar la 12 Encuesta Global de Fraude EY, el socio de investigación de fraude de la firma, José Claudio Treviño, destacó que 60% de los empresarios entrevistados consideró que estas prácticas ilícitas son comunes en el país, y se han incrementado ante el complicado entorno económico global que ha persistido en los últimos años.

Los sectores energético, farmacéutico y de la construcción son los más vulnerables ante el fenómeno y, según cálculos de la Asociación de Examinadores de Fraude, provoca pérdidas hasta de 5% en ventas. EY explicó que las prácticas más comunes son pagar entretenimiento a funcionarios para obtener contratos, dar obsequios para concretar negocios y dar dinero para retener negocios.

Las empresas consultadas reconocieron que se ven obligadas a simular los sobornos que pagan dentro de su contabilidad, lo cual pueden cubrirlo a través del uso de facturas falsas.

(V.periódico Milenio Jalisco en línea del 12 de julio de 2013).


Autoridades de la Policía Federal y pobladores del poblado kilómetro 30 acordaron retirar el bloqueo de la carretera federal Acapulco-México, que instalaron tras la detención de 2 jóvenes de esa localidad.

Después de una reunión en las instalaciones de la Policía Federal, ubicadas en Costera 125, el abogado defensor José Sánchez Sánchez dijo que ambas partes llegaron a 4 acuerdos.

El mas importante es la indemnización a 4 mujeres del poblado, a quienes supuestos agentes les robaron objetos y lesionaron durante la detención de 2 jóvenes por posesión de arma y drogas.

En la reunión estuvo el comisario de la Policía Federal, Omar Hamid García Harfuch, quien firmó el acuerdo.

Según el abogado, de los jóvenes detenidos, uno fue liberado ayer bajo fianza y el segundo quedará libre hoy, tras pagar la fianza correspondiente por portación de arma de fuego.

Por su parte, el ex comisario del poblado conocido como El 30, Juan Manuel Solís Suárez, declaró que se comentó con las autoridades que hubo abuso de fuerza durante la detención.

(V.Notimex del 11 de julio de 2013).


Habitantes del poblado kilómetro 30 bloquearon ayer un tramo de la carretera federal Acapulco-México, luego de que policías federales realizaron cateos en varias casas del lugar para capturar a 3 individuos con orden de aprehensión.

(V.pág.3 del periódico Mural del 11 de julio de 2013).


La Suprema Corte de Justicia negó ayer 4 amparos promovidos por importadores de vehículos usados de Baja California, quienes durante el trámite de los juicios aprovecharon suspensiones otorgadas por jueces federales para internar miles de autos al país.

La primera sala de la Corte declaró constitucionales diversas reglas publicadas por el Servicio de Administración Tributaria en 2010 y 2011, que señalan los requisitos para importar vehículos usados desde Estados Unidos.

Los requisitos incluyen condiciones en materia ambiental y para evitar introducción de chatarra, presentación del título de propiedad y del certificado de origen del vehículo cuando se busca obtener el trato arancelario preferencial contemplado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Los amparos fueron negados a las empresas JC Autos y Servicios, Comercializadora Grupo Muso y Distribución de Comercio Exterior Asia México, así como a Violeta Adauh Rodríguez Tinajero, que son solo algunas de las personas físicas y morales que han prosperado con la importación a gran escala de autos usados por la vía de la promoción de amparos.

De hecho, otras empresas, como Estructura Automotriz y Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier, fueron señaladas en junio pasado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores como las principales beneficiarias de los amparos, que solo de enero a abril de este año permitieron la introducción de 207,000 unidades al país.

(V.pág.2 del periódico Mural del 11 de julio de 2013).


La Procuraduría General de la República acabó con la farsa de los testigos protegidos que utilizó la administración pasada para acusar a 5 militares, entre ellos 3 generales, a los que se vinculó con el crimen organizado.

Luego de más de 13 meses de cárcel, la PGR se desistió del juicio contra los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez.

Lo mismo ocurrió en los casos del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y del mayor Iván Reyna Muñoz, quienes recuperaron su libertad por lo que hace al delito de delincuencia organizada.

Sin embargo, este último permanecerá preso, pues también enfrenta una acusación en Querétaro por el delito de extorsión.

Posteriormente, el juez tercero de distrito de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, ordenó la libertad de los soldados, tras declarar el sobreseimiento de la causa penal.

Los militares permanecieron en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México. Las acusaciones fueron formuladas cuando Marisela Morales Ibáñez, hoy cónsul en Milán, estaba al frente de la PGR.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia Barrientos, ratificó las conclusiones no acusatorias contra los militares, con lo que se vino abajo la imputación de nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 5 de julio de 2013).


El no respetar el reglamento de tránsito, el tirar basura o desechos sin control al medio ambiente, la desfachatez de funcionarios para lucrar en contra del erario público, el que nuestros hijos sean corrompidos por la delincuencia organizada, el asesinar a mansalva a inocentes y aun a los no tan inocentes es un reflejo de que nos sentimos superiores a cualquier autoridad y pareciera que como sociedad nadie nos puede regular o decir cómo hacer las cosas.

Y peor aún, en caso de que quisiera ejercer su poder esa autoridad, siempre existe la forma de "arreglarse" para no pagar esas consecuencias de nuestros actos. Con la misma tranquilidad con que nos pasamos un alto, son engañados y asesinados unos menores; al final de cuentas las repercusiones parecen ser las mismas.

¿Cómo vamos a aprender a respetar a nuestras autoridades si ellas no se dan a respetar? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a respetar a sus superiores si nosotros no somos ejemplo para ellos y actuamos en consecuencia de nuestros actos?

Felipe Escoto
(v.pág.4 "Cartas del lector" del periódico Mural del 4 de julio de 2013).


Transportistas de diversas entidades del país se manifestaron bloqueando parcialmente las carreteras de diversos estados, lo que originó caos vial.

Los transportistas demandan frenar el incremento al precio del combustible, acabar con las extorsiones de la Policía Federal e impedir el paso de unidades de doble remolque.

El presidente de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, había amagado con otra movilización sobre la carretera 57 rumbo al Distrito Federal para exigir cumplimiento a acuerdos y apoyos a favor del transporte.

En Toluca, los transportistas se manifiestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir la liberación de 76 unidades de diversos municipios.

En tanto, en Naucalpan de Juárez, transportistas generaron caos vial en Periférico Norte, con dirección a la Ciudad de México.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 2 de julio de 2013).


Unos 20 choferes de la Alianza de Organizaciones de Transportistas, se sumaron ayer a las protestas nacionales del sector, con un recorrido en la carretera a Chapala que se prolongó más de 2 horas y afectó a cientos de automovilistas.

(V.pág.3-B del periódico El Informador del 2 de julio de 2013).


Miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del municipio de Tixtla, Gro., retuvieron a 10 policías municipales, 5 de ellos resguardaban la casa del alcalde del lugar, Gustavo Alcaraz Abarca.

El secretario de Seguridad Pública de Tixtla, Rubén Reyes Cepeda, informó que después de las 0:30 horas integrantes del grupo de autodefensa arribaron a la vivienda particular del presidente municipal, a quien intentaron "secuestrar", pero los 5 elementos policíacos municipales de su seguridad impidieron la acción.

Ante esto, los agentes fueron retenidos por los integrantes de la comunitaria. Durante el recorrido que llevaron a cabo durante la madrugada, también retuvieron a otros 5 agentes de tránsito quienes llevaban a cabo un operativo en la ciudad. Con los elementos policíacos, también fueron retenidas 2 patrullas de seguridad.

Reyes Cepeda informó que los inconformes se llevaron consigo 6 armas de fuego y equipos de radiocomunicación.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 1o.de julio de 2013).


Ha llegado a ser tal la exasperación por el engaño y la ineficacia de la autoridad en el combarte a la delincuencia organizada, que más que un sistema de justicia, la opinión pública parece apelar a un sistema de venganzas, y en última instancia, a la vigencia sombría de la ley de Lynch.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 29 de junio de 2013).


Muchos son los políticos de todos los partidos que sucumben a la corrupción. Muchos los que abusan del poder para hacer del erario público su caja de gastos personales y ofrecer a sus allegados dádivas con dineros del pueblo, ponen a sus familiares en puestos importantes, aunque su ignorancia sea absoluta.

Para el caso de México, la lista es larga y se pensó que con la alternancia esta práctica terminaría; fue lo contrario, la corrupción que se ejerció resultó ser, además, cínica.

No se lograron las bonanzas prometidas, pero quienes sí ganaron fueron los gobernadores que se liberaron del control del centro, de la fiscalización y de los castigos que en tiempos idos se daban.

Una libertad con abuso del poder en la recién nacida democracia, de quienes han sido depredadores de la ciudadanía.

La clase política en México y en la mayoría de países, está evidenciando la falta no sólo de principios democráticos, sino de aquellos que la más básica ética requeriría. Así la proclividad de los políticos a la corrupción, no es única de estas latitudes, porque la corrupción está como la economía: libre y globalizada.

Pero hay una enorme diferencia, mientras en México se desvanecen pruebas, se perdonan fraudes, desvíos y robos, y no se regresan los dineros, en otros, como España, estos delitos tienen duras penas.

En México se pagan favores, se ocultan evidencias, se les envía al extranjero...

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de junio de 2013).


En un régimen democrático, lo que las víctimas de las atrocidades cometidas por el crimen organizado y sus brazos operadores esperamos de las autoridades son dos cosas fundamentales: por una parte, que los victimarios sean procesados y sentenciados por un sistema de procuración e impartición de justicia eficaz y oportuna, que limite al máximo la impunidad y la corrupción; por otra, una reparación del daño conforme a los derechos que ahora ya le son concedidos en la legislación.

Hace 5 años tuve la desgracia de vivir en carne propia la experiencia más traumática que puede sufrir un padre: perder a un hijo. Esto en sí mismo ya es muy difícil de superar para cualquier persona, pero cuando la muerte de un ser tan amado se presenta en un entorno marcado por el secuestro, la violencia y la impunidad, el trauma y el dolor son indescriptibles.

Desgraciadamente en los más de 4 años que he tenido que padecer los vicios y deficiencias del sistema de justicia penal no he podido perder mi capacidad de asombro ante las "chicanadas" legales que proponen los abogados defensores.

En el caso del secuestro de mi hijo Fernando todavía hay muchos cabos sueltos y varios procesos pendientes, la mayoría de ellos bajo la incertidumbre de que los culpables salgan libres o les reduzcan las penas ya sea por deficiencias en la integración del expediente, porque hay contradicciones entre las pruebas, por errores en las actuaciones judiciales, o bien porque las estrategias legaloides impulsadas por los abogados defensores privados o de oficio logran posponer la resolución final del caso, siempre buscando una "estrategia de forma" para liberar a los criminales.

De los 21 delincuentes involucrados en este secuestro 19 están detenidos y 2 continúan prófugos. Sin embargo, para alguien que conoce el caso resulta sorprendente que con pruebas tan contundentes como las redes de vínculos obtenidas de sus celulares, la obtención de huellas digitales, las pruebas de ADN o las declaraciones testimoniales donde confiesan conocerse y que demuestran claramente la relación cercana entre todos los integrantes de la banda, ahora resulta que a dos años y medio de iniciado el juicio, por recomendación de los abogados de oficio, estas personas soliciten al juez el careo entre ellas con el objetivo de negar los hechos y, lo que es peor, negar que se conocen para de esta forma seguir alargando el proceso y buscar la oportunidad jurídica para que salgan impunes. Ello sin mencionar el costo económico que le representa esta estrategia a los contribuyentes, quienes al final somos los que financiamos la ineficiencia e ineficacia del sistema penal.

Lo irónico de esto es que con nuestros impuestos pagamos a abogados de oficio que sin ética alguna defienden a criminales (que por cierto no pagan impuestos); que con acciones "legaloides" ayudan a quienes secuestraron y asesinaron a nuestros hijos. Confieso que me produce una gran insatisfacción y tristeza escuchar cuando amablemente el Ministerio Público o mi abogado me dicen: "no te preocupes, los abogados de oficio siempre proponen la misma estrategia jurídica".

Frente a ello, no pienso bajar la cabeza ni conformarme. Estoy convencido de que, en el marco de todas las reformas propuestas en el Pacto por México y muchas de las iniciativas legislativas que ya han sido presentadas al Congreso, se deben introducir mecanismos de certificación y evaluación permanente de todos los que de una forma participan en el proceso penal. Tal vez no sea un experto en temas jurídicos, pero creo que ese es el camino que debemos tomar.

Si resolvemos este eslabón de la cadena judicial, seguramente muchos de los recursos desperdiciados como consecuencia de las "estrategias jurídicas" propuestas por los abogados se podrán destinar a otras causas prioritarias como la educación, la salud, la cultura o el deporte.

Alejandro Martí, presidente de México SOS
(recibido por e-mail el 28 de junio de 2013).


En busca de justicia, denuncia o sólo visualización, los ciudadanos usan las redes sociales para llevar a la esfera pública los problemas que los aquejan, pues confían más en estas instancias que en las autoridades, señalaron expertos.

José Igor Israel González Aguirre, académico de la Universidad de Guadalajara, indicó que buscar esas vías responde a la falta de confianza y altos índices de impunidad en las instituciones.

"Ya no les produce por lo menos un grado de confianza para ir y levantar una denuncia o poner una queja en Derechos Humanos", afirmó, "pareciera mucho más efectivo colocar el desencanto en las redes sociales que movilizarse por la vía institucional".

Explicó que las redes sociales han logrado transformar la esfera pública, llevando sus demandas y necesidades de manera más directa, evitando la burocratización.

González Aguirre señaló que en ocasiones el ciberespacio se convierte en una especie de Ministerio Público en el que se juzgan crímenes o actos delictivos sin fundamentos, pues aún no existe un filtro para evaluar si lo que se comparte es cierto o falso.

Jaime Figueroa, investigador del Tec de Monterrey, indicó que las denuncias difundidas en redes logran pasar del mundo online a la vida real y generar alguna repercusión.

"Las autoridades se dan cuenta que la sociedad civil está atenta a esos problemas que antes estaban reducidos a algún archivo o una declaración", expresó.

Las denuncias en redes logran presionar a los gobiernos, los cuales están atentos a las tendencias que se generen en la web, mencionó.

El experto en redes sociales agregó que dependiendo del tamaño del movimiento, traducido en la cantidad de "Me Gusta" y retuits que sumen contenidos, será la reacción del gobierno.

(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 27 de junio de 2013).


La única forma de verdadera de golpear y acabar con la corrupción es por la vía judicial. Las acusaciones políticas, por sí mismas, no alcanzan para frenarla y tampoco para acabar, en el corto o mediano plazo, con la popularidad o el peso de un político o una fuerza partidaria.

Contra una acusación penal sustentada y que no se debilita por presiones políticas, un proceso que sea transparente resulta imposible de contener.

En nuestro país la justicia no funciona así. Por una parte resulta muy difícil y complejo trascender de las acusaciones mediáticas o políticas a las penales, en parte porque hay acusaciones que no están sustentadas judicialmente o porque creemos que con la denuncia es suficiente; en parte porque el propio sistema hace difícil hacer justicia. En buena medida, además, porque al no tener el proceso plena transparencia, la sospecha, se evolucione en uno u otro sentido, siempre está presente.

Los ejemplos pueden ser interminables, pero podemos concentrarnos en los dos que están hoy en el debate: el principal el de Andrés Granier, el ex gobernador de Tabasco; el otro el de Luis Reynoso Femat, ex mandatario de Aguascalientes. En ambos, con innumerables acusaciones mediáticas y políticas que no terminan de concretarse fehacientemente en los tribunales, con defensas que especulan con desacreditar las acusaciones, desviándola hacia otros colaboradores o atribuyéndolas a conjuras políticas. La transparencia es el antídoto de la impunidad.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 25 de junio de 2013).


Que el Servicio de Administración Tributaria condonara adeudos a instituciones gubernamentales de Jalisco que incumplieron con el reporte del Impuesto Sobre la Renta es un acto que emite una señal de impunidad sobre manejos financieros que, en realidad, son equiparables a la defraudación fiscal: un delito.

Así lo afirma el especialista Horacio González Vázquez, presidente de la Academia de Derecho Fiscal de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, al referirse a casos como los de los ayuntamientos de Guadalajara y de Tonalá, el Congreso del Estado y hasta algunas dependencias del gobierno estatal, que retuvieron parte del salario de sus trabajadores para pagar el ISR al fisco, pero usaron ese dinero para otros fines, como pagar pasivos.

No obstante, en lugar de que el SAT les exigiera el pago por los adeudos que generaron por incumplir esa obligación, fueron "premiados" con un "borrón y cuenta nueva". Por los casos hechos públicos hasta ahora las condonaciones ascienden en conjunto a más de 394 millones de pesos.

"Ellos tenían la obligación de enterar ese impuesto a la federación; cuando existen este tipo de condonaciones se mandan mensajes perniciosos de impunidad: además de que incumplen una obligación sustantiva, es también una conducta típica de delito. El Artículo 109 del Código Fiscal federal establece los supuestos equiparables a la defraudación, y éste es uno de los contenidos en ese numeral".

La fracción II del artículo cita: comete defraudación fiscal quien "omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado". Subraya que así, aunque "hay una obligación constitucional de contribuir y existen leyes específicas que le asignan responsabilidad en este caso a los empleadores, para que sean ellos los que retengan y enteren, es el propio Estado (mexicano) el que rompe esos esquemas virtuosos de un estado de derecho".

La posibilidad de condonar el pago de adeudos por el ISR a entidades gubernamentales como congreso y gobiernos estatales o ayuntamientos fue determinada por los legisladores federales, que así lo establecieron en la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, como una alternativa a la mano de cualquier instancia de gobierno interesada en el país y sin importar de qué partido político emane.

No obstante, esta excepción a la regla en la Ley de Ingresos federal puede ser vista igualmente como una defraudación con implicaciones penales, cuando se lleva a la práctica.

De acuerdo con Horacio González Vázquez, esta incongruencia es un síntoma de acuerdos políticos que rebasan el estado de derecho mexicano: "Se realizan acuerdos para vulnerar el contenido de disposiciones jurídicas. Es cierto que en el país hay un gran problema de liquidez tanto en personas de derecho privado como en las personas de derecho público (los gobiernos), pero esa falta de liquidez desde luego que no justifica que aquellas cantidades que ellos ya les retuvieron a sus empleados, se las queden, y no las enteren a la federación, porque es realmente una conducta indeseable".

Esta práctica "es una de las conductas más anómalas tratándose del cumplimiento de obligaciones fiscales y que por eso está sancionada desde el punto de vista penal. Es una conducta punible y tipificada como delito. Esos acuerdos políticos posibilitan que esas conductas infrinjan el contenido de las normas".

El Código Fiscal federal establece que este conducta se sanciona "con prisión de 3 años a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 2'054,890 pesos".

A los servidores públicos se les estuvo haciendo la retención de una parte de su salario devengado para el pago del ISR. La autoridad se gasta ese recurso en otro fin, pero el adeudo que generó se perdona por el SAT. ¿Tiene derecho el trabajador a decirle a su empleador: "Como me estuviste descontando parte de mi salario, y el fisco ya no exige que cumplas con el impuesto, entonces quiero que me regreses lo que me quitaste"?

A decir del especialista, no. En términos legales, refiere, la parte de su salario descontada, a la hora de ser retenida por el ente gubernamental, se vuelve justo en ese momento recurso del fisco, y ya no le pertenece ni al empleado ni al empleador.

Es precisamente por eso que haberlo desviado a otros fines es una "conducta típica de delito a la que se refiere el artículo 109 del Código Fiscal, que implica que hay un menoscabo, que hay una conducta que está defraudando y afectando al fisco federal, y es éste el que está facultado en su caso de las querellas o denuncias".

(V.primera plana y pág.3-B del periódico El Informador del 24 de junio de 2013).


Llama la atención la manera en que los gobernantes buscan tranquilizar a la opinión pública en materia de seguridad, afirmando las cosas más insólitas a la hora de aclarar y afirmar de manera contundente que sí están dando resultados, sea porque se busca o se contrata, como inveteradamente se ha hecho, chivos expiatorios que se acusen de ser zetas, templarios, o carteleros de cualquier denominación, bajo el delito de asaltantes carreteros, secuestradores o narcos, sea porque se afirma que la mayor parte de los delitos cometidos han sido aclarados en tiempo y forma.

En México un "caso" se cierra por razones políticas, pecuniarias, precautorias, o porque así le vino en gana a la superior autoridad, rara vez porque se hizo efectivamente justicia.

Armando González Escoto
(v.pág.7-B del periódico El Informador del 23 de junio de 2013).


Ante la falta de respuestas de las autoridades a las peticiones de intervenir por el clima de inseguridad reinante en la zona, unos 600 integrantes armados del nuevo grupo comunitario Protección Ciudadana, bloquearon por más de 24 horas la carretera Acapulco-Zihuatanejo, y tras reunirse ayer con representantes del Gobierno de Guerrero, acordaron retirarse, no sin antes imponer condiciones.

Los alzados en armas lograron que el estado avalara la conformación de la policía comunitaria en la Costa Grande, y les permitiera participar codo a codo de los operativos coordinados entre las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal.

Leopoldo Soberanis Hernández, presidente de la Asociación Ciudadana Defensora de Derechos Humanos, agregó que además se gestionará la presencia de la Marina en los poblados El Porvenir y Santa Rosa de Lima, así como la rotación de los elementos.

A la reunión acudieron, además: Florentino Cruz Ramírez, secretario general de Gobierno; Sergio Javier Lara Montellanos, titular de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, y Omar García Harfuch, jefe la Policía Federal en el estado.

Soberanis Hernández explicó que se decidió bloquear la vía federal para que los habitantes supieran de la presencia de este grupo de autodefensa, al igual que las autoridades, de las cuales dijo: "Nunca quisieron hacer algo para frenar la violencia".

Denunció que la presencia de Los Caballeros Templarios en la región "ha afectado al turismo y la producción de los pueblos". El líder dijo que tiene registradas 45 muertes, en su mayoría de empacadores de mango, y de 28 desaparecidos.

El bloqueo se realizó en plena temporada de vacaciones, lo que provocó largas filas de automovilistas, y además los comunitarios retuvieron un camión con 31 estudiantes de la Universidad del Pedregal, que fueron liberados y obligados a seguir su camino a pie.

(V.primera plana del periódico El Informador del 22 de junio de 2013).


El 10 de junio fueron rescatados 275 jornaleros y sus familias, incluidos 15 niños, de las barracas en donde vivían en la empresa Bioparques de Occidente, en Tolimán, Jalisco. Pizcaban jitomate.

De entonces a la fecha el asunto ha generado diversidad de reacciones; el caso ha llegado incluso a la prensa internacional y se suma a las desafortunadas noticias de la explotación que persiste en diferentes partes del mundo.

Podría parecer increíble que estemos repitiendo términos como barracas y capataz y tienda de raya... Pero es la realidad, una realidad que se nos cae encima y nos aplasta y nos confronta con nosotros mismos.

Los políticos ahora en el poder aprovechan la situación y bueno, al parecer están poniendo orden, tratando de hacerlo por lo menos, aun cuando no se sabe quién o quiénes son los dueños y se cuidan bastante bien de no mencionarlos. Se dictó auto de formal prisión contra los 5 capataces que fueron detenidos en el operativo del 10 de junio, pero no se menciona ni a los directivos ni a los propietarios de una empresa que tiene años operando en el sur del Estado de Jalisco al igual que otras, incluso señaladas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace 15 años y que operaban en Sayula.

Así es, expuesta desde hace tiempo, esta situación no es nueva y las autoridades de todos los niveles han pecado de omisión en el menos peor de los casos; pero se ha llegado incluso al otorgamiento de títulos como empresas "socialmente responsables" y de ¡subsidios millonarios! en administraciones panistas.

Si el PRI ahora en el poder, que no es ajeno a este tipo de prácticas que se dan y se han dado a lo largo de décadas a lo largo y ancho del país, realmente quiere hacer algo, es preciso llegar hasta las últimas consecuencias, más allá de los señalamientos coyunturales y los operativos que se emprendieron días después de lo sucedido en Tolimán, espectaculares por cierto. Y bueno, que se luzcan si quieren, pero que garanticen que las empresas que trabajan bajo estos esquemas, explotando y esclavizando a la gente, serán sancionadas y los jornaleros restituidos en sus derechos e indemnizados ampliamente.

Jorge Enrique Rocha, académico del ITESO y estudioso de estos temas, especialmente en el sur de Jalisco desde hace años, llamó la atención sobre las condiciones laborales que ahora todos conocemos y que son deplorables, pero además con respecto a los daños al medio ambiente por el uso de agroquímicos y otros productos que contaminan la tierra.

Es urgente que se tomen medidas de fondo que vayan hacia la erradicación de estas prácticas vergonzosas y denigrantes; que se sancione con todo el peso de la ley; y que sean detenidos no sólo los capataces (léase "chivos expiatorios") sino los dueños de las empresas.

Laura Castro Golarte
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 22 de junio de 2013).


Para Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, no hay duda. El SME no levantará el plantón de la calle de Bucareli cerca de Gobernación porque "Las calles son nuestras".

No ha dicho Esparza cuándo se las escrituraron o quién se las vendió, pero la presencia del plantón durante casi un mes indica que tiene razón: Bucareli ha sido privatizada. Esta propiedad de las vías públicas parece a punto de ampliarse, ya que el propio Esparza prevé que el plantón se extienda al Paseo de la Reforma por la llegada de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Guerrero.

No sería ésta la primera vez en que una organización presuntamente de izquierda privatiza una vía pública. Andrés Manuel López Obrador no sólo cerró el corredor Reforma-Zócalo durante 6 semanas en 2006 sino que contó con el apoyo activo del gobierno del Distrito Federal encabezado entonces por Alejandro Encinas.

Las escuelas son nuestras, anuncian los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos son dueños de las escuelas, aun cuando las abandonen para realizar manifestaciones y plantones. Cuando los padres de familia buscan maestros que sí den clases, como los de la Sección 59 en Oaxaca, el Gobierno del Estado interviene para garantizar que la CNTE mantenga sus derechos de propiedad.

No sólo las escuelas son nuestras, también las plazas magisteriales. Ni el Estado ni los padres de familia pueden exigir que haya exámenes para escoger a los mejores para ocupar los puestos de maestro. Los docentes deben ser seleccionados por el sindicato o las plazas deben ser heredadas o compradas. Ningún maestro que ya tenga plaza puede ser destituido, aun cuando no se presente a trabajar o no realice de manera correcta su trabajo. Las plazas son propiedad de los maestros y del sindicato.

Las banquetas son nuestras, dicen los líderes del comercio ambulante. Ellos tienen derecho a ocupar el espacio dedicado a los peatones para sus negocios particulares. Tienen también derecho a tomar la electricidad sin pagar, a vender mercancía robada o de contrabando, a utilizar el arroyo vehicular como baño, a disponer de aceites en el drenaje, a colocar y emplear tanques de gas en la vía pública.

Los mismos grupos que privatizan las vías de comunicación o las instituciones públicas cuestionan la inversión privada en petróleo o en electricidad. Dicen que esto es privatizar y por lo tanto inaceptable. Poco importa que tal inversión pueda resultar en un aumento de la producción o en una mejora del servicio. Al parecer el petróleo es nuestro, pero no de los mexicanos sino de los líderes sindicales y políticos. Y en cuanto a la electricidad, si alguien se atreve a invertir dinero en nuestro país para generarla y venderla al público a un precio menor o con mejor servicio que la Comisión Federal de Electricidad, tendrá que pagar con cárcel su atrevimiento ya que estará violando la Constitución.

No extraña que México sea tan pobre. Si los derechos claros de propiedad son necesarios para la inversión y la prosperidad, en México los entendemos al revés. Lo que es de la sociedad en los países prósperos, como las vías de comunicación, las aceras o las escuelas públicas, aquí es privado. En cambio se impide la inversión privada en petróleo o electricidad, pero para proteger un monopolio que sólo beneficia a unos cuantos.

NEWS DIVINE

Se cumplen 5 años de la tragedia de la discoteca News Divine. En un operativo que buscaba extorsionar a jóvenes que cometían el pecado de divertirse, la policía capitalina mató el 20 de junio de 2008 a 12 personas al cerrar las puertas del lugar para evitar que algunos jóvenes se escaparan. En lugar de castigar a quienes ordenaron el operativo, los jueces sentenciaron a 29 años de cárcel al administrador, Alfredo Maya Ortiz, quien no participó ni en la extorsión ni en el homicidio masivo.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 20 de junio de 2013).


No es suficiente que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya detenido a Elba Esther Gordillo para que los ciudadanos nos convenzamos de que el sistema político de nuestro país está comprometido con un cambio real en la forma de proceder contra los funcionarios que han convertido la función pública en un botín y en una fuente de enriquecimiento personal.

No es suficiente que el ex gobernador Andrés Granier enfrente cargos por desvío de recursos en Tabasco, el estado que malgobernó y lo convirtió de la noche a la mañana en un hombre rico a pesar de la pobreza que prevalece en su entorno.

No es suficiente que la prensa informe sobre los gastos millonarios del ex gobernador Humberto Moreira durante su "exilio académico" en Barcelona y que siga recordándonos las irregularidades, opacidad e ilegalidad con que se manejó el escandaloso endeudamiento público de Coahuila durante su administración.

No es suficiente, porque en el pasado hemos sido testigos de situaciones similares y nuestro sistema político sigue siendo una incubadora de personajes que ansían ocupar un cargo, el que sea, no porque estén comprometidos con el servicio público y el bien común, sino porque saben que tendrán la oportunidad de enriquecerse en el corto plazo en un entorno de impunidad.

En enero de 1989 el gobierno de Carlos Salinas detuvo y encarceló a Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", líder del poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. ¿Qué cambió?

Cambió la cabeza sindical y en su lugar llegó otro líder que con el tiempo acumuló gran poder e incluso más riquezas que "La Quina". El corporativismo sindical, la opacidad en el manejo de los recursos de la paraestatal, el clientelismo electoral siguen allí, sin cambio alguno.

También en el sexenio de Salinas se retiró a Carlos Jonguitud como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se fue "El Maestro" y llegó "La Maestra", Elba Esther Gordillo, y todo siguió igual, o peor, pues la calidad de la educación básica nacional fue en picada y su impacto en el desarrollo del país dejó mucho que desear.

Bajo el gobierno del presidente Miguel de la Madrid cayó Arturo "El Negro" Durazo, el polémico director de la Dirección de Policía y Tránsito del Distrito Federal bajo la administración de José López Portillo. Se le acusó, entre otros, de abuso de autoridad y de acopio de armas, nunca de desvío de recursos o de enriquecimiento ilícito.

Su detención y posterior encarcelamiento no supusieron cambio alguno en la forma en que funcionan los cuerpos policiacos y de seguridad que, como en el resto del país, continuaron operando por la senda de la corrupción y la impunidad.

También durante el gobierno de la "Renovación Moral" de De la Madrid se detuvo y condenó a Jorge Díaz Serrano, ex director de PEMEX, por fraude contra la empresa. Los problemas en el manejo de los recursos de la paraestatal no cambiaron por este hecho.

Qué bueno que el gobierno de Peña Nieto ha emprendido y/o apoya causas judiciales contra figuras como Elba Esther o Granier. Antes poderosos e intocables, hoy son los eslabones débiles de una cadena de corrupción e intereses con profundas raíces en la cultura política y las instituciones del Estado.

Una vez más nos formulamos la pregunta de si el gobierno recurrirá al sacrificio expiatorio de ambos personajes como un recurso temporal para aplacar el repudio de la sociedad ante la impunidad que corroe al sistema y nuestra clase política, o si el Presidente y su partido están verdaderamente comprometidos con una cruzada que permita sentar las bases del cambio estructural que requiere con urgencia la vida política nacional, sin importar los intereses que afecte ni quién tenga que caer.

El asunto es harto complejo y comprometedor, porque durante décadas la corrupción y la impunidad han sido la levadura que permitió al sistema consolidarse, alimentando una casta política que se ha apropiado de forma patrimonial de las instituciones del Estado.

Esa casta se rehúsa a aceptar transformaciones que han tenido lugar en el contexto de nuestra aún joven democratización y la modernización social de las últimas décadas porque aspira, de forma miope y suicida, a seguir operando como en el pasado, al amparo de la impunidad y dando la espalda al Estado de Derecho.

Lucrecia Lozano
(v.pág.7 del periódico Mural del 20 de junio de 2013).


Un nuevo grupo de autodefensa, que esta semana hizo su aparición en el municipio de Aquila, Michoacán, acusó al crimen organizado de explotar los recursos minerales de esa zona.

"Nos están explotando nuestros recursos naturales, el hierro", dice un hombre encapuchado a través de un video que difundieron por Internet.

"Ese día que llegó el gobierno le dijimos donde estaba nuestra mina que nos está explotando este grupo de criminales y ese día fue cuando el gobierno los resguardó a ellos. Entonces no le tenemos confianza", acusó.

En 2012 la Procuraduría General de la República reveló que el crimen organizado había encontrado en la actividad minera de esa región, otra forma de lucrar mediante el cobro de cuotas por el mineral extraído.

En tanto, un grupo de habitantes salió ayer a las calles de Aquila para protestar en contra del grupo de autodefensa, al cual acusa de supuestos malos manejos en la mina.

Los aproximadamente 200 manifestantes llegaron hasta el Palacio Municipal, mostrando pancartas con mensajes de rechazo al comando civil.

Aquila se suma a los municipios de Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec, Coalcomán y Chinicuila donde han surgido este año grupos de autodefensa.

Un grupo de habitantes tomó ayer la alcaldía de Buenavista Tomatlán, ante el aviso de que el edil Luis Torres Chávez pretende regresar al cargo después de haber solicitado licencia por 15 días.

El alcalde se separó temporalmente del puesto, presionado por el grupo de autodefensa que opera en ese lugar, y podría retornar antes del viernes.

Ante esa posibilidad, decenas de simpatizantes del grupo de autodefensa se apoderaron de las instalaciones municipales y advirtieron que no permitirán el regreso del edil.

En mayo pasado, el grupo de autodefensa que opera en esa localidad acusó a Torres Chávez de presuntos nexos con el crimen organizado.

Por esa razón mantuvieron tomadas las oficinas municipales durante semanas y obligaron la salida del pueblo, tanto del alcalde como de los elementos de la policía local.

(V.pág.5 del periódico Mural del 20 de junio de 2013).


Con lo que roban en la Colonia Americana y la zona Chapultepec se podría pagar varias veces la deuda de Guadalajara, una deuda que nos heredó Aristóteles Sandoval (al gato su cascabel).

Los casos de robo abundan, crecen como pasto durante las lluvias. Las autoridades, los comandantes de la policía, se reúnen inútilmente con vecinos tratando de generar proximidad y eficiencia, pero la violencia cotidiana en la villa hipster no se detiene.

Historias ya tengo para aventar para arriba. La primera tiene que ver con bicicletas robadas (a mí me han robado 2) y lo que se puede hacer cuando a uno le roban una bicicleta: muinas, corajes, rumiar la propia mala suerte, subir una foto a internet, comprarla de nuevo en algún tianguis si tiene la suerte de verla. Nunca fue encontrada una bici denunciada; denunciar es perder tiempo, así de simple.

Pero eso no es todo: amistades personales mías van al menos una decena que me cuentan historias similares: estaba por subirme al auto y llegó un señor, me puso unos golpes y se llevó mi bolsa y mi celular. Me amenazó con una navaja, me tocó de manera obscena y se llevó mis cosas en una calle de la Colonia Americana... No le dimos dinero al viene-viene y nos golpearon. La gente no sale sola ya, la gente más que miedo tiene un profundo hartazgo y una enorme impotencia.

Las autoridades no pueden ser omisas: van a tener que actuar de manera coordinada con los ciudadanos. Lo están intentando pero con temerosa lentitud que se traduce en ineficacia. Se necesita recuperar esa área de la ciudad y no tener internet libre pero no poder usarla porque te roban la computadora.

Hay un límite para el robo simple que pueden aguantar los ciudadanos y creo que la zona en cuestión ha sido un foco rojo por largo tiempo sin que las autoridades hayan hecho lo necesario para controlarlo. Desde la incapacidad incluso para controlar a los apartalugares, que suelen ser halcones, que más que culpa de los uniformados es parte de un problema mucho mayor: una ley anquilosada, rebasada y permisiva. Un sistema judicial roto, ineficiente y rebasado y un gobierno omiso.

Sé que los ciudadanos están intentando organizarse desde hace tiempo, con las complejidades que esto implica. Lo primero sería conocer las verdaderas estadísticas, los focos rojos, porque los procesos de denuncia son tan absurdos, complejos e inútiles que nadie se molesta. Ahí también lo primero que debería hacer la autoridad: permitir la denuncia por internet, en los módulos de policía con un formato sencillo, en lugar de complicar y burocratizar las cosas para presentar, a fin de año, informes maquillados. Esperemos a ver si hay voluntad real para cambios de fondo en las autoridades o si los ciudadanos (que es lo más seguro) tendremos que obligarlas a cambiar.

Jorge Zul de la Cueva
(v.pág.5-B del periódico El Informador del 18 de junio de 2013).


De la homilía dominical del cardenal Francisco Robles Ortega, vale la pena rescatar la frase que externó en alusión a los casos de Granier en Tabasco y el del ex director del SIAPA, Rodolfo Ocampo: "Cualquiera que sea la persona que está en el ejercicio de su autoridad y que hay pruebas de que lo hizo bajo la corrupción tiene que ser sometido a la ley y pagar por su irresponsabilidad".

Se escucha bien, que el que la haga la pague, que los responsables de cualquier delito, abuso, arbitrariedad y negligencia se sometan a la justicia, que los corruptos que abundan en la fauna de la clase política y/o gobernante deberían ser sometidos a un proceso administrativo y penal para pagar sus culpas, pero realmente sólo en casos excepcionales se cumple con el deseo del prelado y por eso es que las rara avis de los políticos en desgracia resultan tan festejados y aplaudidos.

Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 17 de junio de 2013).


La cuestión de la justicia en nuestro país es un asunto que sigue pendiente, que exfuncionarios públicos de alto nivel sean sometido a ella pudiera ser una buena señal, pero hay todavía que esperar a conocer bien la trama.

Armando González Escoto
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 16 de junio de 2013).


Granier Melo se encontraba en Miami, una ciudad a nivel del mar, por recomendaciones médicas, según explicó, y regresó sorpresivamente a la Ciudad de México esta semana para dar la cara ante las detenciones de varios de sus más cercanos colaboradores por presunta corrupción y lavado de dinero, para "limpiar su nombre". Su decisión causó extrañeza, porque ante la falta de credibilidad del sistema judicial mexicano, quienes tienen posibilidades de afrontar a la ley desde el extranjero, escogen ese camino. La decisión de regresar para declarar en forma voluntaria, porque hasta ese momento no había acusaciones formales en su contra, no fue interpretada por quienes lo conocen como un acto de valentía, sino como un gesto de cobardía. Pero al mismo tiempo, como él justificó ante la prensa, por la preocupación sobre sus hijas, que están viviendo en Villahermosa.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 16 de junio de 2013).


Los policías también tienen derechos. Lo dijo, así de claro y de contundente, el encargado de la seguridad en la capital de todos los mexicanos.

Jesús Rodríguez Almeida fue más allá y declaró también que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal actúa, en muchos de los casos donde se cuestiona la intervención de las fuerzas policiales, de manera sesgada.

Vaya, pues ha sido un funcionario de un gobierno de izquierdas en una ciudad progresista quien ha puesto los puntos sobre las íes: ahí donde tantos otros, de las más diversas proveniencias, se abstienen cuidadosamente de soltar las verdades que los comunes mortales sospechamos, este señor no se ha andado por las ramas.

Pero, ¿de qué estamos hablando? Pues, de una suerte de tradición nacional de ocultamiento de ciertos temas. Asuntos que nuestros gobernantes y funcionarios no pueden tocar, bajo pena de ser ferozmente denostados. Y, ¿cuáles son esas cuestiones, tan espinosas y peliagudas? Son cosas que nosotros los ciudadanos de a pie soltamos alegremente en la sobremesa o en cualquier charla de café, señoras y señores. Apreciaciones que, en algunos casos, se derivan de prejuicios o de la simple ignorancia pero que también pueden contener una sustanciosa dosis de sentido común. Dictámenes perfectamente personales y particulares que, yendo de lo esperpéntico a lo razonable, tienen por denominador común la condición de no encontrar eco alguno en el acartonado discurso de los hombres públicos, tan ajenos a la gran mayoría de nosotros que pareciera que gobiernan otro país y que viven otras realidades.

Naturalmente, no se trata de consagrar públicamente la barbarie privada: si tú le preguntas a mucha gente, te dirá que a los delincuentes hay que ahorcarlos o matarlos sin mayores trámites y aunque esta postura sea entendible a partir del enojo del ciudadano indefenso no se puede volver una acción concreta de gobierno. No es tampoco admisible instaurar la pena de muerte por más que millones de mexicanos parezcan aceptarla. Pero, entre las fantasías de autoritarismo justiciero de tantas personas y las demandas sensatas de tantas otras, tiene que haber un punto de encuentro con los funcionarios. Los taxistas de Ciudad de México están verdaderamente hartos de los bloqueos y cierres de calles. ¿No hay manera de regular las manifestaciones para que no afecten directamente a miles y miles de automovilistas, comerciantes, amas de casa, niños y empleados que no tienen nada que ver? Y, antes que nada, ¿no puede salir, por ahí, un representante de nuestras autoridades a decirnoslo que deseamos escuchar, a saber, que ya basta de tanto desorden, que el caos no es un sistema adecuado para convivir, que el orden público es importante y, sobre todo, que las turbas de provocadores y las hordas de violentos no tienen más derechos que la inmensa mayoría de la población?

¿En qué momento hemos visto que un funcionario del Gobierno de Ciudad de México declare que está dispuesto a poner un alto, a tener firmeza y a aplicar la ley siendo que es precisamente eso, orden y seguridad, lo que los ciudadanos desean y en lo que parecen estar conjuntamente de acuerdo?

Hasta ahora, ha sido el mundo al revés: mandan aquí los encapuchados incendiarios, los revoltosos, los vándalos y todo aquel que esté dispuesto a poner la ciudad de cabeza. ¿Por qué son ellos los que se imponen, por qué la tibieza, por qué el consentimiento, por qué la renuncia a ejercer la autoridad, por qué la permisividad y, dicho más directamente, por qué la cobardía?

Supongo que la incapacidad de los ciudadanos para organizarse colectivamente y su no menos censurable pasividad explican en parte el asunto. Y ya sabemos, de cualquier manera, que nuestro "sistema", en una interesada -y deliberada- confusión de sus atribuciones, no quiere parecer "autoritario" ni "represor". Pues bien, las declaraciones del señor Rodríguez Almeida nos aportan una brizna de esperanza a quienes esperamos que los gobernantes gobiernen de verdad.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 16 de junio de 2013).


Sorprende la franqueza con que el secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, dijera ayer que la Comisión de Derechos Humanos del DF hace una investigación sesgada y parcial del comportamiento de sus policías frente a los porros que volvieron a aporrearlos, esta vez durante la conmemoración del 10 de junio.

Y es que algunas comisiones oficiales, ávidas de credibilidad, operan a veces como ONG patito.

"Nunca toma en consideración las aportaciones respecto de la actuación (de los probables infractores), sino simplemente las de sus quejas", reprochó, pero, recordó, "la policía también tiene derechos...".

Sabe que tiene agentes abusivos, mas pareciera temer, valga la exageración, que con el pretexto de los derechos humanos, sus golpeados efectivos terminen siendo acusados de lastimar con la mejilla los nudillos de sus agresores, o de quebrar con sus dientes y ojos las rocas que los protofascistas les aventaron...

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 14 de junio de 2013).


La imagen es, casi, familiar. Una serie de jóvenes marchan por las calles de la Ciudad de México.

Por fin, llegan al sitio de confrontación. Como en los viejos tiempos donde las batallas tenían hora y fecha específicas, así se han transformado las protestas civiles.

Y en la hora y cita pactada se da el sordo enfrentamiento. De pronto, encapuchados bajo el uniforma del paliacate, la chamarra de algodón desgastada y la mochila gritan, vociferan, empujan a los granaderos que, en primera instancia, tienen la orden de no moverse.

Y los protestantes se expanden en el objetivo. Rompen calles, apedrean, empujan a la prensa, usan botes de pintura como lanzallamas improvisados que acercan a los escudos plastificados de una policía que, aún en esa circunstancia, se queda inmóvil.

Acaba la protesta y la policía persigue, somete, inmoviliza a manifestantes sin máscara pero que son testigos de la agresión anterior.

Los medios reportan la detención, la confrontación y el ataque. Algunos refieren el proceso por el cual los jóvenes fueron detenidos.

Y miembros de los colectivos o simpatizantes de los mismos usan los foros a su alcance -medios afines, redes sociales, blogs- para denunciar represión y violaciones a los derechos humanos además de exigir la inmediata liberación de los detenidos.

La historia de nunca acabar que, no obstante, merece ciertos matices.

¿Si los episodios son tan semejantes, porque los movimientos no se deslindan de los provocadores?

¿Si saben que los encapuchados van a causar desmanes, porque seguir la misma ruta que ellos?

¿Si ven que están en el ataque a los policías, porque no deshacer la manifestación y dejar solo al grupo violento?

¿Si la policía sabe ya el modo de operación de esa banda, porque no la neutraliza antes de llegar a la confrontación?

¿Si, como parece, siempre son los mismos, no sería una buena medida pedir a los medios denunciarlos?

¿Si en realidad, como lo dicen, son un grupo de violentos, no debieran los manifestantes -que están muy coordinados- y policía -que pasa todo lo contrario- ponerse de acuerdo y desenmascarar sus verdaderas intenciones?

Gonzalo Oliveros
(v.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 14 de junio de 2013).


Todo indica que el gobierno priista de Jalisco sigue el mismo guión que Peña Nieto: la detención de Elba Esther Gordillo sirve para enviar un mensaje a servidores y actores políticos de que se puede dirigir la justicia en contra de ellos, sin embargo no se trata de una proyecto de combate a fondo de la corrupción, pues de ser así, habría decenas o centenas de procesos judiciales en contra de personajes corruptos y con fortuna inexplicables. Pero no es así.

Todo indica que la detención de Rodolfo Ocampo en Jalisco servirá a los mismos propósitos: de propaganda del nuevo gobierno, pero no de lucha frontal contra la corrupción.

Rubén Martín
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de junio de 2013).


La venta ilegal de datos personales es un delito grave que se ha denunciado desde hace muchos años, y sin embargo, las autoridades no hacen nada por frenarlo. Saber que nuestros datos personales son objeto de venta al mejor postor por Internet, da escalofrío, y más, cuando nos enteramos de la nula respuesta que tienen las autoridades para castigar el tráfico de datos.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, reveló que han denunciado este delito ante la PGR, desde el 2012. Estas listas las denominan "Personas mexicanas que poseen altos ingresos". Un título más que tentador para los delincuentes. Todo esto lleva a la impunidad y por consiguiente, le facilita el camino al crimen organizado.

Qué fácil es para un delincuente conseguir los datos de sus víctimas. Con tan solo ingresar a una página en Internet, está allí, el banco de datos de millones de ciudadanos con el perfil perfecto para realizar sus fechorías. Pida, pague e imprima. Más fácil, imposible.

Y nosotros los ciudadanos, totalmente vulnerables. Como en las ferias de pueblo, somos como los patitos de metal, a los que se les apunta con un rifle, para que vayan cayendo.

¡Qué desprotegidos estamos los mexicanos por todos lados! No tenemos seguridad en ninguna parte. Ni en nuestras casas, ni en nuestras empresas, ni en los sitios públicos.

Cualquiera tiene todos nuestros datos personales y nadie nos defiende. Es como si viviéramos en una anarquía. No hay autoridad que detenga tanta delincuencia y tanto cinismo. ¿Cómo los van a detener, si ellos están igual o peor?

Leemos en las noticias de políticos golpeadores o nietos de golpeadores a los que no se les hace nada. Todos los delitos quedan impunes.

Causa náuseas, leer sobre esos políticos que se ufanan de tomar los vinos más caros y calzar de los más caros modelos de zapatos, cuando existe tanta miseria en nuestro país.

Senadores que golpean a sus ex-mujeres, nietos de políticos con cargos de alta responsabilidad que desfiguran el rostro a sus ex-novias. Ex-gobernadores que se van a Europa a estudiar doctorados y muertos de la risa, presumen que están becados y muestran el lujo con el que viven. Y los líderes corruptos, es otra historia. ¡Esos son nuestros servidores públicos! Los que nos van a defender de la delincuencia. ¿Con qué autoridad moral pueden detener a la delincuencia? ¿Cómo impondrán penas por delitos que se cometen dentro de las mismas instituciones públicas?

Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.31 del periódico Milenio Jalisco del 7 de junio de 2013).


Hace 3 semanas el alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, denunció haber sido amenazado de muerte por quienes venían acaparando la venta ilegal de alimentos y combustibles: los que se ostentan como autodefensas.

Dos semanas después, uno de estos paramilitares fue hallado con un balazo en la cabeza y calcinado.

En esa misma demarcación y en Felipe Carrillo Puerto, a finales de abril, matones armados con granadas y rifles prohibidos asesinaron a 10 y dejaron heridos a 7 integrantes de las llamadas guardias comunitarias.

Para terminar con este perlario de horror, el sobreviviente alcalde Valencia Reyes anunció ayer que Tepalcatepec tendrá como director de Seguridad Pública a un militar, y el experimento será el punto de partida para la conformación del mando único en Michoacán.

Y es que para la Tierra Caliente, como para cualquier otro lugar con problemas semejantes, solo pueden ensayarse la solución correcta, la incorrecta... y la militar.

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 7 de junio de 2013).


Ayer vecinos de las colonias Pensador Mexicano, Balbuena, Moctezuma y Aquiles Serdán [en el Distrito Federal] bloquearon el Circuito Interior para protestar porque las autoridades capitalinas no los atienden sobre la desaparición de un menor y un joven de 18 años desde el viernes pasado.

(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 7 de junio de 2013).


Colosio, en su campaña a la Presidencia, decía: "México está sediento de justicia". Han pasado casi 20 años y esa sed persiste. La corrupción, impunidad y un estado de derecho inexistente continuarán mientras los ciudadanos no acorralemos y exijamos a los políticos y gobernantes que asuman sus responsabilidades.

Hoy no se necesita salir a las calles con pancartas, las redes sociales y medios electrónicos son la mejor herramienta, pero debemos tener claro que sólo con unión y participación podremos cambiar las cosas para que los casos Moreira, Deschamps, Granier, desfalcos en los estados, tráfico de información, etcétera, y tantos crímenes sin resolver dejen de existir o, al menos, se castiguen conforme a la ley para saciar esa sed.

Jorge Cortés
(v.pág.4 "Cartas del lector" del periódico Mural del 6 de junio de 2013).


La accionista mayoritaria del Hipódromo de las Américas es Codere, una firma española fundada en 1980. La empresa cotiza en la Bolsa de Madrid desde 2007, lo cual le genera obligaciones de transparencia inusuales en el negocio de las apuestas. Quizá por eso Codere es reconocida como una de las empresas más serias del mundo en esta actividad.

La firma, sin embargo, está registrando pérdidas. No ayuda que las cuantiosas inversiones que ha hecho en México, al adquirir operaciones de apuestas legítimas de Grupo Caliente y de CIE, incluyendo el Hipódromo de las Américas, hayan recibido golpes contundentes por decisiones arbitrarias.

Las pérdidas del hipódromo han sido tradicionalmente compensadas por los centros de apuestas. Cuando CIE obtuvo la concesión recibió también permisos para operar varios de estos establecimientos. Manejar el hipódromo, con sus pérdidas, pero su gran generación de empleos, era una contraprestación por las previsibles ganancias de las apuestas.

Codere decidió entrar al mercado mexicano con estas reglas y como parte de un esfuerzo de internacionalización que la ha llevado a tener presencia en 8 países de Europa y América. Su ventaja competitiva radica en ser un participante profesional, respetuoso de las leyes y pagador escrupuloso de impuestos, en un negocio muchas veces dominado por personajes oscuros.

Las decisiones de las autoridades mexicanas, sin embargo, suelen ser perversas o interesadas. Es más fácil o rentable clausurar a los que respetan la ley que a los informales. El ataque incendiario al Casino Royale de Monterrey el 25 de agosto de 2011, en el que murieron 52 personas, generó una enorme presión política contra el alcalde panista Fernando Larrazábal. Margarita Arellanes, también del PAN, quien asumió la presidencia municipal en octubre de 2012, lanzó en febrero de 2013 una campaña moralizante contra los "casinos" y cerró 10, 5 de ellos de Codere. Pero sólo tocó uno de Juan José Rojas Cardona, el "Zar de los Casinos", dueño del Casino Royale. Un oportuno pitazo le permitió un día antes a su hermano Arturo promover amparos para sus 10 casinos en Nuevo León. Le quedan 5 abiertos en Monterrey.

Más que convencer a los regiomontanos de lo inmoral de las apuestas, las clausuras sólo han fortalecido a los operadores turbios. Si antes había que pagar por abrir un casino, quizá hoy hay que pagar para que las autoridades cierren la competencia.

Inquieta que las autoridades cierren los centros que operan en la legalidad para beneficiar a quienes lo hacen de manera oscura.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 6 de junio de 2013).


Se cumplen 5 años del secuestro y posterior asesinato de Fernando Martí y continúa un proceso insólito para tratar de esclarecer el hecho. Hay 2 bandas detenidas, una acusada por la procuraduría del DF, la otra apresada por la Policía Federal, donde no se han encontrado nexos entre ellas y mientras las autoridades capitalinas siguen insistiendo en la responsabilidad de una amorfa banda de la Flor, las federales han mostrado todos los entresijos de la banda de los Petriciolet, casi todos ya detenidos, incluyendo el testimonio de los principales responsables del secuestro y muerte del joven. Las dos bandas no pueden ser responsables. Y el mantener abierto el proceso aleja cada día más la posibilidad de hacer realmente justicia. Establecer con verosimilitud todo lo ocurrido y la cadena de complicidades que llevaron a esa muerte irracional es hoy, pasado tanto tiempo, casi imposible.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 5 de junio de 2013).


Ayer, 52 trabajadores del ayuntamiento, sindicalizados, adscritos al Patronato del Bosque de Los Colomos, llegaron al término de su emplazamiento, en demanda de un incremento a sus salarios y prestaciones. Hasta ahí, todo en orden... Sin embargo, ante "la cerrazón" -desde su muy respetable perspectiva- de los patrones, del diálogo decidieron saltar a las medidas de presión. Porque consideraron que el paro, contemplado por la Ley Federal del Trabajo como el siguiente paso, era insuficiente, decidieron realizar una manifestación en la vía pública; al efecto de llamar la atención de los demás ciudadanos, resolvieron cerrar dos carriles de circulación de la Avenida Patria, cercanos a su fuente de trabajo, en plena primera "hora pico" del día... La consecuencia fue un colapso vial kilométrico que se prolongó durante algunas horas.

Antes de que se llegara al acuerdo y a la consiguiente disolución de la manifestación, la máxima autoridad en el municipio decidió que el asunto no era de su incumbencia directa, sino de un conflicto entre Patronato y trabajadores... aunque apuntó que, a la vista de la afectación que estaban resintiendo varios miles de automovilistas, "no descartaba la posibilidad de hacer uso de la fuerza pública".

Se supone que las manifestaciones forman parte de las garantías individuales, tuteladas por los artículos 8o. y 9o. de la Constitución, referentes a los derechos de petición y de reunión. Empero, en el momento en que dichas manifestaciones alteran el orden público, afectan directamente los derechos de terceros y pueden interpretarse como métodos orientados a forzar la decisión de las autoridades a favor de la causa que motiva la protesta, cualquiera diría que se está en el caso preciso para el que tanto leyes como reglamentos municipales contemplan, en beneficio de los derechos de los más, el empleo de la fuerza pública en contra de quien se empeña en despreciarlos... y aun en demostrar que puede hacerlo impunemente.

Tal vez no venga al caso, pero hay "autoridades" que dan la sensación de encomendarse todas las mañanas a San Poncio Pilatos (aunque aún no haya sido canonizado), patrono de timoratos, tibios y pusilánimes.

Jaime García Elías
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 4 de junio de 2013).


Bloqueo de Avenida Patria, frente a Los Colomos.

Luego de más de 5 horas de diálogo, autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara y líderes sindicales acordaron un incremento al salario de 7% para los 51 empleados sindicalizados del Bosque Los Colomos. Originalmente la Junta de Gobierno había aprobado un aumento de 5% tanto para los 19 trabajadores de confianza, como para la cincuentena de sindicalizados.

Otros logros obtenidos a partir de las negociaciones que terminaron en torno a las 14:00 horas de ayer son 200 pesos en vales de despensa, 100 pesos de transporte y seguros de vida. La solicitud de los manifestantes era un aumento salarial de 800 pesos mensuales directos, es decir, 14%, pero finalmente cedieron a la mitad.

(V.pág.6-B del periódico El Informador del 4 de junio de 2013).


Al menos 35 trabajadores sindicalizados del Bosque Los Colomos bloquean desde las 07:24 horas 2 de los 3 carriles de Avenida Patria, a la altura de la entrada de Los Colomos II, en el sentido a Ávila Camacho, para exigir salarios y condiciones laborales "dignos".

Entre otras cosas, los manifestantes solicitan aumento salarial de 800 pesos mensuales directos, en vez de los casi 300 que se les ofrece, informó el secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores del Bosque Los Colomos, Jaime Vázquez. Asimismo, piden un incremento de ayuda de transporte de 150 pesos a 200 pesos, incluir al personal del bosque en un apéndice de la póliza de seguro de vida, contratado para los empleados del Ayuntamiento de Guadalajara y la construcción de un comedor digno.

Los trabajadores perciben casi 6,000 pesos mensuales. Es el 3er. año consecutivo que se manifiestan para pedir un aumento al salario mayor, indicó el secretario.

(V.periódico El Informador del 3 de junio de 2013).


7,729 juicios laborales son investigados por presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos y nueve abogados de cinco despachos. Falsificación de firmas de empleados y notificaciones apócrifas destacan entre las anomalías, así como la forma ilegal en que litigantes "inflaron" salarios para aumentar las ganancias en laudos.

"El ejemplo es cuando un trabajador despedido (injustificadamente) llegaba con estos abogados, les decía cuánto ganaba y los abogados ‘inflaban’ esa cantidad (para incrementar el laudo). Ésa es la mayor ganancia para ellos (los despachos)", revela Eduardo Almaguer, secretario del Trabajo en Jalisco. "Hay despachos que le compran al trabajador su demanda y con sus recursos ‘inflan’ las cantidades, no negocian, no concilian, y se van hasta el final del juicio para quedarse con todo el dinero (acumulado por salarios caídos). Es el modus operandi de los últimos 5 años".

Eduardo Almaguer no titubea: la corrupción fue el principal problema en el sexenio pasado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco, que "sólo actuaba por interés económico". Si no había dádiva del trabajador demandante "no había avance en los juicios laborales", dice el secretario. Por eso hay casos con más de 8 años de antigüedad en detrimento de los derechos de empleados y patrones.

El siguiente es uno de los casos de corrupción entre los 7,729 juicios laborales en investigación: "Hemos encontrado casos en la Junta donde, a pesar de que el patrón acreditó al presidente auxiliar que el poder que exhibía el abogado defensor del trabajador (demandante) era de un mes posterior al acta de defunción de ese trabajador, siguió el juicio y se emitió un laudo contra el patrón. Éste buscó la nulidad, pero después la esposa del fallecido volvió a demandar y condenaron de nuevo a favor de ella. Es parte de las mismas extorsiones".

El resultado final fue un laudo por 700,000 pesos. El patrón prácticamente perdió el negocio. "Estamos investigando; ya lo turnamos al Ministerio Público", enfatiza el secretario.

(V.primera plana y pág.8-B del periódico El Informador del 27 de mayo de 2013).


Viajar por carretera por algunas zonas de México se ha convertido en un deporte extremo. Para llegar a La Ruana, un pequeño pueblo de unos 10,000 habitantes del Estado de Michoacán, llamado oficialmente en los mapas Felipe Carrillo Puerto, hay que contar primero con la protección de la Policía Federal, salvar después un control de los Caballeros Templarios y ganarse luego la confianza del grupo de autodefensa local, que se ha levantado en armas contra ese cártel.

El pueblo, como el vecino Tepalcatepec y otros de la zona como Coalcomán, sobrevive sitiado desde hace varias semanas por este grupo de narcotraficantes, escisión de La Familia Michoacana, que dirige un antiguo maestro de escuela, Servando Gómez Martínez, apodado "La Tuta". No es una mafia cualquiera. En pleno territorio de los antiguos indios purépechas reivindica un pasado medieval de cómic y tiene un carácter sectario-religioso: convoca manifestaciones políticas, establece treguas como hizo cuando el Papa Benedicto XVI visitó México en 2012 o le da por imponer la ley seca en sus territorios.

Ahora, los habitantes de La Ruana han dicho basta. Se han armado y se niegan a pagar las extorsiones "cuotas" que les imponen los Templarios. Con pocos víveres, sin muchas medicinas y sin gas ni gasolina -empresas como Bimbo, Coca-Cola o Pemex, entre otras, ya no se atreven a distribuir sus productos por allí-, este pueblo dedicado al cultivo del limón resiste en una guerra fantasmal, propia de un pasado que parecía definitivamente apagado. Una guerra de pobres en la que sólo existe una certeza: en esta zona del país, Tierra Caliente de Michoacán, y no es la única, el Estado mexicano no existe.

Cuenta Hipólito Mora que las cosas comenzaron a torcerse años atrás, cuando los Caballeros Templarios sustituyeron a La Familia Michoacana en el control del territorio. El pueblo llevaba décadas cultivando mariguana y en los últimos tiempos también cocinaba droga (metanfetamina). Pero a los narcos el negocio no les rentaba lo suficiente y empezaron a extorsionar a los vecinos. 100 pesos por vivir en tu propia casa, 150 por cada máquina en la tienda de videojuegos, 2,000 por saltarse un vado de la calle con el automóvil... y empezaron a duplicar el precio de los productos. "Todo lo dobletearon", dice un vecino. Lo peor llegó cuando se hicieron con el control de las 5 empacadoras de limón del pueblo, la fuente de su riqueza, y comenzaron a pagar 2 pesos por kilo cuando su precio en el mercado era de 3.50 pesos.

La Ruana se rebeló y la policía comunitaria, una institución tradicional en el México rural, se convirtió en grupo de autodefensa. También llegaron las armas. Existe la sospecha de que se las proporciona el cártel Jalisco Nueva Generación, rival de los Templarios y considerados aliados del cártel de Sinaloa, que dirige Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Los vecinos de La Ruana no pueden entrar en Apatzingán a comprar o a que les vea un médico. Un retén de los Caballeros Templarios a la entrada de esa localidad les pide la cédula electoral y al ver que son de La Ruana les impiden el paso.

El estado de sitio se agudiza cada día. 2 de cada 3 comercios del pueblo están cerrados y los que siguen abiertos ofrecen una imagen desoladora, desabastecidos o con productos caducados. La gasolinera está cerrada, los pocos cigarrillos que quedan son de la marca Glory, que incitan a dejar el vicio, y las medicinas escasean. Los coyotes que vienen de los estados vecinos de Colima y Jalisco con lo más básico inflan los precios: el litro de gasolina Premium lo venden a 15 pesos cuando en el resto del país está a 11.32 pesos.

Hombres y adolescentes armados hasta los dientes a bordo de camionetas patrullan unas calles casi desiertas.

El alcalde de Tepalcatepec, a unos 20 kilómetros y también sitiado, ha declarado que entre 20% y 30% de los vecinos se han marchado. De La Ruana también se fue el cura tras ser amenazado por apoyar a la gente.

El miércoles 22, justo en Buenavista Tomatlán, los policías comunitarios se encapucharon, al estilo de las autodefensas, para defender a 4 de sus compañeros detenidos por los militares, por una supuesta extorsión a personal del centro de salud. Para exigir la liberación de sus miembros, el grupo comunitario, al que también se sumaron guardias de la autodefensa y habitantes de la Ruana, retuvieron por 9 horas a 28 soldados, entre ellos un general de tropa. Al final, los habitantes michoacanos se salieron con la suya: recuperaron a sus 4 compañeros a cambio de los 28 soldados.

El jueves, los gobiernos federal y estatal se empeñaron en afirmar que ya reinaba la tranquilidad en Buenavista Tomatlán. Las Fuerzas Armadas, que llegaron a los focos rojos de Michoacán para regresar a sus actividades normales a los habitantes -a los policías comunitarios a sus quehaceres de vigilancia menor y a los autodefensas a sus parcelas- aún no controlaban la situación en ese municipio, pues las autodefensas continuaban con sus retenes carreteros.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 26 de mayo de 2013).


Durante los primeros meses de la administración de Enrique Peña Nieto, numerosos escándalos han caído en los bordes de esta interpretación: la actuación de Humberto Benítez en el caso de la "Lady Profeco"; la presunta intervención de Murillo Karam para que la golpiza de su nieto a la hija del director del Cisen no pasara a lo legal; los gastos excesivos del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier y su hijo; o incluso la vida de lujos excesivos que lleva el hijo del líder petrolero Carlos Romero Deschamps. Unos dirían que el simple efecto público de estos escándalos demuestra la construcción de una sociedad mexicana menos propensa a aceptar los privilegios y menos conformista con la impunidad. Otros dirían que son casos esporádicos que no reflejan un país que haya cambiado sustancialmente, solamente son las redes sociales y otros instrumentos que permiten la masificación de la información.

Todos los casos tienen un eje rector: el abuso de poder. Tanto el nieto del procurador general de la República como la hija de quien fuera titular de la Profeco o el hijo del líder del gremio petrolero, consideran que se encuentran en el espacio de la impunidad. Son familiares que se comportan como si el México de López Portillo siguiera presente. Por su cabeza no atraviesa ni la fuerza de las redes sociales, ni el papel de la prensa ni la vulnerabilidad del poder político. Mientras la sociedad avanza conquistando mayores espacios de acceso a la justicia y a la rendición de cuentas, ellos siguen atrapados en el estado de los privilegios.

En el caso de la "Lady Profeco", Humberto Benítez Treviño vio cómo la Presidencia no pudo aguantar el vendaval de indignación en los medios de comunicación. Todo esto aunado a una declaración desafortunada del ex titular de la Profeco donde señala que "nunca pasó por su cabeza renunciar", fueron un cóctel difícil de mantener en equilibrio. En el caso de Jesús Murillo Karam, la operación fue mucho más sigilosa y más aseada. El joven, -por voluntad propia y arrepentimiento-, acudió a la procuraduría para enfrentar las consecuencias de su reprobable actuación. Al final, la rápida actuación del procurador, evitó que se multiplicaran las interpretaciones y que se exigiera su cabeza por conflicto de interés en este caso preciso. Del líder de los petroleros, sabemos que no veremos una repuesta similar. Debido a una preocupante interpretación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, los líderes sindicales quedan al margen de la fiscalización y la rendición de cuentas. La fortuna del líder sindical Carlos Romero Deschamps no concuerda con su posible ingreso en el sindicato, sin embargo se encuentra en las sombras del Estado. ¿El caso de Elba Esther Gordillo puede ser una señal de alerta? ¿Habrá una ofensiva del Estado contra el líder petrolero o se mantendrán sus privilegios si coopera en la no lejana reforma energética?

La justicia selectiva es un viejo vicio de los países donde el estado de derecho nunca se ha podido afianzar. Es decir, la justicia manchada de intenciones políticas. La ley como escudo en la lucha contra el poder, no como combate frontal y auténtico contra la impunidad. En el caso de los familiares incómodos y la inmersión de la vida privada en los asuntos públicos, parece que la narrativa presidencial es no tolerar estos excesos. La declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando se anunció la remoción del titular de la Profeco, no deja lugar a dudas: el escándalo manchó la imagen institucional de la Profeco. Es un rasero subjetivo e interpretable, pero que puede meter en problemas a la administración federal en otros casos. Con este listón de calificación, hubiera sido difícil que funcionarios como Marisela Morales, Genaro García Luna o incluso el fallecido Juan Camilo Mouriño continuaran en el gabinete de Felipe Calderón. Sobre todo este último, que experimentaba un problema similar a los tratados en este artículo: contratos energéticos que habían beneficiado a su círculo cercano.

La política mexicana siempre ha tenido un componente familiar muy marcado (igual que las empresas). Ahí están textos como los de Roderic Ai Camp que muestran con mucha nitidez las redes familiares que sostienen la política nacional. Muchos apellidos de colaboradores cercanos a Enrique Peña Nieto nos recuerdan a dinastías políticas que han gobernado este país durante décadas (Ruiz Massieu, Lozoya, Lerdo de Tejada, De la Madrid).

Enrique Toussaint
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 26 de mayo de 2013).


El cumplimiento de la Constitución, no es una opción para el gobernante, sino una ordenanza sin excusa ni evasión. La Secretaría de Gobernación a través de la Sub-Secretaría de Asuntos Religiosos ¿que hace para poner orden a tantos desvíos de servidores públicos aliados descarada, e impúdicamente, con un clero provocador?

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.Razón y Acción del 25 de mayo de 2013).


Los pobladores de Buenavista Tomatlán decidieron anoche mantener a sus hombres armados en los retenes montados desde hace varias semanas en diferentes puntos de esa comunidad y aseguraron que no permitirán la entrada de las fuerzas armadas a la cabecera municipal.

Este desafío ocurre tras el incidente del miércoles, cuando el Ejército detuvo a 4 integrantes de la autodefensa. En respuesta, un general y más de 20 elementos de tropa fueron retenidos en las oficinas de la policía municipal hasta que hubo un canje de unos por otros.

El secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, advirtió el martes pasado que, si las autodefensas eran sorprendidas con armas, serían detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes.

La Policía Federal sí podrá ingresar a la zona, de acuerdo con lo que decidieron unas 200 personas reunidas frente a la presidencia municipal.

"El Ejército no puede entrar aquí. Así lo decidimos. Y nosotros vamos a seguir portando armas en los retenes que tenemos aquí y en la entrada del pueblo, en el puente (justo donde fueron capturados sus 4 compañeros)", dijo quien se ostentó como vocero luego del mitin.

-¿Qué pasará si viene el Ejército los vuelve a detener y desarmar?

-¡No nos vamos a dejar!

-Puede haber un enfrentamiento...

-Ni modo, pues no enfrentamos...

Ni modo. El reto. Ahí, en el retén ése, el del conflicto, los pobladores colgaron una manta: "Preferimos morir con las balas de la Policía Federal y del Ejército que con las de Los caballeros templarios". Es decir, que según dicen, prefieren enfrentarse al Estado que al crimen organizado.

Ahí estaba uno de los 4 detenidos. Por el momento ninguno de sus compañeros (una veintena) ni él portan armas, o no están a la vista, pero de cuando en cuando revisan algún coche que transita por la carretera y que les parece sospechoso. 4 camionetas de la Policía Federal con 4 elementos cada una fueron estacionadas en el lugar. Los efectivos, con armas de alto poder, simplemente miran lo que ocurre, pero no intervienen.

La mayoría de la gente en las calles, en los negocios, dice lo mismo: que no se van a desarmar hasta que el gobierno federal capture a los miembros del cártel que los ha asolado.

Sin embargo, hay división en el pueblo: mucha gente sí quisiera que el Ejército patrullara en la cabecera y sus colindancias. Así se evidenció en la asamblea de la tarde-noche. De hecho, en una glorieta hay otra manta en la que se pide que el Ejército y la Policía Federal permanezcan en el lugar.

(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 24 de mayo de 2013).


Apenas 24 horas después de que la Sedena tomara el mando del operativo de seguridad en Michoacán, decenas de pobladores retuvieron por más de 6 horas a 28 militares en Buenavista Tomatlán.

El desafío de los pobladores a las fuerzas armadas ocurrió por la detención que hizo el Ejército de 4 guardias comunitarios armados con 6 armas, 4 largas y 2 cortas, y encapuchados, que vigilaban el acceso a la comunidad.

Apenas el martes, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien coordina el operativo en Michoacán, se mostró sorprendido por la facilidad con que los militares habían incursionado en las zonas que estaban ocupadas por las guardias comunitarias y el crimen organizado en los límites con Jalisco.

Sin embargo, ayer, al tronido de cohetones la gente se congregó por cientos en Buenavista. Ahí fueron enterados de que elementos del Ejército habían detenido a 4 integrantes del grupo de autodefensa que ahí opera y los condujo hacia Apatzingán.

Los detenidos presuntamente realizaban labores de vigilancia en el acceso a Buenavista, armados y cubiertos del rostro, cuando fueron detenidos por la milicia.

Desde el lunes, fuerzas federales peinan las poblaciones de Buenavista, Tepalcatepec y Cojumatlán ante la violencia que han desatado grupos de autodefensa y miembros de la organización delictiva Los Caballeros Templarios en los últimos 3 meses.

Cienfuegos advirtió que no se permitiría a civiles andar armados en el área.

Sin embargo, para las 13:00 horas unos 200 habitantes ya estaban concentrados en el acceso al pueblo para exigir la liberación de los civiles armados.

Como medida de presión, bloquearon la carretera Buenavista-Apatzingán en sus 2 carriles e impidieron el paso de unidades militares y de la Policía Federal. La tensión fue escalando al grado de que pobladores amagaron con quemar vehículos y poner plazo de media hora a los soldados para resolver su demanda.

Al lugar arribaron cerca de 30 vehículos del Ejército y Policía Federal, algunos adaptados con artillería.

En respuesta, a las 15:00 horas la turba civil decidió llevarse retenidos a 28 militares.

De acuerdo con reportes de autoridades locales y testigos, los soldados no fueron desarmados y tampoco hubo violencia física para retenerlos. Enseguida fueron escoltados por hombres, mujeres y niños hacia el campamento que servía como centro de operaciones de la Policía Comunitaria de Buenavista.

Los habitantes advirtieron que no liberarían a los soldados hasta que les entreguen a los 4 guardias civiles detenidos.

Ese grupo de autodefensa surgió el pasado 24 de febrero y de inmediato tomó control de la seguridad pública, obligando la salida del pueblo del Alcalde Luis Torres Chávez y de 82 policías locales.

La Procuraduría General de la República acusó a los civiles rebeldes de presuntos nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y detuvo a 51 de sus integrantes. Sin embargo, el grupo de autodefensa siguió operando hasta que el martes anunció su repliegue, tras un acuerdo que permitiría a la milicia tomar el control de la seguridad pública.

Luego de casi 6 horas de negociaciones, los 28 militares fueron liberados.

(V.pág.4 del periódico Mural del 23 de mayo de 2013).


Todo estaba listo para "la limpia". La agencia antidroga de Estados Unidos, la DEA, iba a financiar la operación y proveer el equipo técnico de video e intervención de comunicaciones para atrapar a los corruptos.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional había determinado cuáles de sus agentes realizarían las escuchas a jueces, magistrados, ministros y colaboradores más cercanos.

La Procuraduría General de la República había diseñado un plan de capacitación para el personal del poder judicial y la Policía Federal apoyaría en los operativos para ejecutar las órdenes de aprehensión contra las "ovejas negras".

Así, 3 dependencias mexicanas y una del Gobierno de EU estaban listas para realizar un megaoperativo conjunto de limpieza a petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El plan incluía renovar el sistema de video, escuchar llamadas realizadas desde los teléfonos fijos, cotejar vehículos que usaban los funcionarios con sus niveles de ingresos y poner "marcaje personal" (seguimientos, escucha de celulares, revisión de cuentas) a aquellos jueces que causaran sospechas.

Nunca se llevó a cabo. El discurso entre los dos poderes se tensó. Ejecutivo contra judicial. La escalada llegó a una confrontación entre el presidente Felipe Calderón y el ministro presidente Silva Meza. Ganó la desconfianza.

Por un lado, unos pensaron que los órganos de inteligencia del ejecutivo, aliados con el gobierno estadounidense, estarían fascinados con una "intervención" que ponía en posición de vulnerabilidad a la Corte, que sería "encuerada" por agentes externos que no necesariamente mantendrían con profesionalismo y secrecía las investigaciones; se les antojaba como un doble desafío a la soberanía entre 2 poderes y 2 países.

Por el otro, permeó la idea de que el poder judicial no tenía un deseo real de limpieza, sino que más bien les interesaba la protección de sus intereses y el mantenimiento del estado actual de la impartición de justicia en México.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 22 de mayo de 2013).


El privilegio y la impunidad son 2 conceptos que suelen comunicarse. En una democracia inconclusa, no se entiende el primero sin la segunda. Incluso, la impunidad es, en gran medida, el origen de los privilegios. En un estado de derecho, solamente la impunidad puede asegurar que los privilegios dividan a los ciudadanos entre los que son lo suficientemente poderosos como para escapar la ley y sus limitaciones, y aquellos a los que su debilidad económica o política los obliga a seguir las reglas y respetar el pacto social constitutivo.

México es un país de privilegios. Lo vemos en los sindicatos, en las empresas, las universidades, la iglesia y en los gobiernos. No estar supeditado a las normas que nos rigen a todos, es señal de desarrollo personal. "La ley es para los débiles" dijo alguna vez un politólogo norteamericano hablando del concierto entre las naciones.

Los privilegios y el abuso de autoridad no constituyen características exclusivas de la clase política, sino que es un reclamo que se extiende a toda la sociedad. El constituirse en parte de la élite política o económica del país implica "jugar con otras reglas". Se tiene acceso a ese mundo donde todo es posible: evadir multas, no pagar impuestos, violar las leyes de tránsito o encapricharte con una mesa en un restaurante de lujo. Ante los privilegios, el ciudadano común se encuentra frente a una asimetría de poder donde las leyes ya no son caparazón. El anhelo por privilegios afecta a empresarios, sacerdotes, políticos y maestros. Parecería que ser tratado por el mismo encuadre legal representa un fracaso; la conquista del poder, en cualquier de sus variantes, pierde sentido. No es raro que en México se haya popularizado entre la clase política la utilización de la famosa "charola", que en la práctica significa legalizar la impunidad.

El escándalo del pasado 26 de abril colocó su nombre en las primeras planas. Ante el discurso de "nadie es intocable" de Enrique Peña Nieto, la utilización, por parte de su hija Andrea, de los inspectores de la Profeco para tomar revancha contra un restaurante que no le había dado la mesa que ella quería, resulta inaceptable. Mantener a Benítez Treviño significaba para Peña Nieto una piedrita que le podía causar molestias durante toda su gestión. Los costos superaban a la amistad, la cercanía y los posibles beneficios. La eficacia de Benítez Treviño como funcionario público no es debatida por la clase política, pero la terquedad podía traerle desgaste a Peña Nieto. Recordemos que Felipe Calderón, durante su sexenio, prefirió aguantar los ataques a miembros de su gabinete y nunca prescindió de algún funcionario por escándalos. Eso hizo que el panista cargara con los errores de secretarios de la talla de Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora o incluso el propio Juan Camilo Mouriño. Paradójicamente, la única sacrificada fue Josefina Vázquez Mota cuando fue secretaria de Educación Pública, todo para mantener la cordialidad con la hasta ese momento pujante lideresa sindical Elba Esther Gordillo.

El discurso "modernizador" del Presidente de la República, así como de los partidos que integran el Pacto por México, sólo tendrá credibilidad en la medida en que se combatan los privilegios. Las prerrogativas por encima de la ley perviven en todos los ámbitos: educación, salud, tránsito, impuestos, sindicatos, medios de comunicación y el mercado económico. Una economía sin privilegios significa, un entorno mercantil competitivo y abierto, sin barreras insuperables de entrada. Un sistema de derecho sin privilegios significa medir a todos por igual y que cada quien pague por las consecuencias de sus actos. Una política sin privilegios significa que los funcionarios públicos tengan que obedecer las mismas reglas y leyes que ellos aprobaron. La modernización del país pasa necesariamente por el combate a los privilegios. Una democracia atravesada por privilegios metalegales es una simulación permanente. La destitución de Humberto Benítez Treviño (e incluso el arresto de la "maestra" Gordillo), puede ser simplemente la cabal salud de la que goza nuestro tan mexicano sistema de "justicia selectiva", donde los amigos y aliados viven en la impunidad y los adversarios en la eterna fiscalización o un avance real en términos de combate a la impunidad. La justicia como chantaje y amenaza no fortalece el estado de derecho.

Existe la percepción entre una parte de la sociedad según la cual "el encanto con los privilegios" es parte de la genética mexicana. Es un asunto cultural, dicen algunos. No podemos hacer realmente nada contra ello, la aceptación de las desigualdades y la sumisión ante los privilegios están estampadas en el ADN de los mexicanos. Hay que decir que los privilegios son un asunto de impunidad y falta de transparencia. Los privilegios sobreviven en un entorno de opacidad y carencia informativa. Y si a este contexto, le añadimos que la posibilidad de pagar por lo hecho es realmente baja, tenemos un cóctel de incentivos para la profundización de los excesos y la competencia por los privilegios. El cese de Benítez Treviño es producto de la presión social. El tema no salió de los medios de comunicación, las redes sociales siguieron presionando por decisiones y la ciudadanía no bajó su asombro ante la impunidad. Un entorno de más información y mejor administración de justicia es el mejor antídoto contra una sociedad de privilegios.

Enrique Toussaint
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 19 de mayo de 2013).


¿Y lo del enriquecimiento, desde luego sospechoso, de tantos otros políticos y funcionario públicos, incluyendo ex presidentes y ex gobernadores?

El manejo político de los problemas burocráticos tiene sus límites, pero aún así lo que debería privar es el estado de derecho, y dada la situación de corrupción crónica que padecemos, no actuar solamente cuando una acción abusiva se comete o se divulga en los medios, sino ejercer una constante vigilancia de la actuación de los mandos. En esta misma línea de pensamiento ¿se habría despedido al director de la Profeco si el asunto no hubiese llegado a los medios de comunicación?

(V.Razón y Acción del 18 de mayo de 2013).


Después de 24 horas de haber sido repelidas por el Ejército, más de 150 personas con armas de grueso calibre se reagruparon y se apoderaron del centro del municipio de Coalcomán donde, hasta el cierre de esta edición, mantenían retenidos a cuatro agentes de seguridad. Los atacantes presuntamente son grupos de autodefensa de Tepalcatepec.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reconocieron que en la población de la localidad hay miedo y tensión después de que ese grupo de autodefensa se enfrentó a balazos contra otros civiles armados y quemó 3 aserraderos.

(V.periódico Excélsior en línea del 17 de mayo de 2013).


Un grupo de normalistas robaron en la madrugada de este miércoles 7 autobuses de la terminal de Zamora, Michoacán. Ya tienen decenas de vehículos y 4 personas secuestradas. Las autoridades michoacanas y federales les tienen miedo y se siguen escondiendo.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 16 de mayo de 2013).


Guillermo Valencia Reyes, alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, denunció que grupos de autodefensa de la zona lo tiene amenazado de muerte.

De acuerdo con el edil, el surgimiento de estas agrupaciones ha provocado además que al menos 30% de la población del municipio haya huido.

Valencia Reyes aseguró que tanto la federación como las autoridades del estado están al tanto de las intimidaciones. Pero, dijo, no existe ninguna respuesta.

Declaró que en la demarcación existe una escasez de víveres y gasolina, además de que los comercios permanecen cerrados.

Los integrantes de las guardias comunitarias venden alimentos y combustibles al doble del precio.

El funcionario detalló que él va muy poco al municipio porque está tomado por integrantes de grupos de autodefensa fuertemente armados, a quienes acusó de que "podrían servir a intereses delictivos", e incluso aseguró que hay niños que componen sus filas.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 14 de mayo de 2013).


El tema parece ser uno más de una larga sucesión de hechos de violencia que se consideran menos importantes, pero lo cierto es que refleja perfectamente el deterioro institucional que sufren varias regiones del país.

Desde hace una semana y un día, 5 policías estatales están secuestrados en la normal rural de Cherán, en Michoacán. Junto con ellos están secuestradas varias patrullas y una treintena de camiones de carga, de pasajeros y tráilers.

La carga fue saqueada y algunos de los autobuses fueron secuestrados con todo y pasaje, y las víctimas aseguran que les fueron robadas sus pertenencias.

Para movilizar esos camiones o autobuses, cuando los normalistas deciden hacerlo, roban gasolina y en muchas ocasiones toman las casetas de peaje, donde no le cobran el mismo a los automovilistas, pero les solicitan una "aportación voluntaria" que es difícil de rechazar cuando el carro está rodeado de manifestantes poco dispuestos a tener un no como respuesta.

Para liberar a los policías los dizque estudiantes de Cherán y de otras normales rurales, que hace meses que no funcionan y que tienen un régimen de autogobierno, dicen que les tienen que otorgar 1,200 plazas de maestros para sus "estudiantes", plazas que por supuesto no se otorgan por mérito alguno, sino en automático y para maestros cuyas posiciones son inamovibles.

Es difícil entender por qué se permite este tipo de hechos.

Un secuestro es un secuestro, se escude bajo un reclamo supuestamente político o no.

Un rescate a cambio de un secuestrado es eso: un rescate, se solicite dinero, productos en especie o plazas magisteriales, sobre todo en un estado donde existe el mayor número de aviadores magisteriales de todo el país, junto con Guerrero y Oaxaca.

Las autoridades no pueden permitir que existan policías secuestrados y simplemente ponerse a negociar con los secuestradores, apelando a su buena voluntad para que liberen a sus víctimas.

¿Se llegará a comprender la magnitud del daño que se ocasiona a la gobernabilidad y a la legitimidad de las instituciones?

Porque el ejemplo cunde cuando simplemente no pasa nada: con banderas políticas se puede secuestrar sin costos.

Las policías locales ya no quieren intervenir en este tipo de casos y en esas zonas porque simplemente el Estado no los defiende.

Hay cosas que no pueden ser ni negociables ni admisibles. Y ambas, lo inadmisible y lo innegociable se dan hoy en Michoacán.

No demasiado lejos de donde están secuestrados los policías, los autobuses, los camiones, está secuestrada toda una comunidad, la del municipio de Buenavista Tomatlán y, sobre todo, las del poblado conocido como La Ruana.

Allí están enfrentados guardias de autodefensa que supuestamente están relacionados con unos grupos del crimen organizado, en lucha con sus rivales en la zona, también del crimen organizado.

La gente no puede salir de sus casas, no llegan los alimentos, sus cosechas se están perdiendo porque no pueden sacarla de la zona ni comercializarla, no hay gasolina, dos empacadoras de aguacates han sido incendiadas porque no pagaron derecho de piso, el hermano del alcalde ha sido asesinado porque éste no quiere darle a los de las autodefensas las armas de la policía municipal.

Vamos, hasta Servando Gómez, "La Tuta", jefe de los Caballeros Templarios, entró en el debate sobre lo que ocurre en la zona vía video, dando órdenes a los suyos.

Pero no pasa nada: ¿tan difícil debe ser rescatar a una comunidad, para que pueda vivir en paz, o simplemente comer, y no entre los fuegos de 2 grupos criminales?

Algo está muy mal en Michoacán y está mal desde la propia cabeza de las instituciones.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 14 de mayo de 2013).


En Jalisco hay 17,373 presuntos responsables de ilícitos que no han podido ser capturados por los agentes de la Fiscalía Central del Estado, sustraídos a la acción de la justicia, aunque se les ha acreditado ya su probable involucramiento en actos delictivos, lo que hace pesar sobre ellos órdenes de aprehensión y reaprehensión giradas por jueces penales.

De acuerdo con un diagnóstico realizado por esta dependencia de la Fiscalía General, sobre el periodo comprendido del año 2006 hasta el 8 de mayo pasado, el rezago en materia de aprehensiones no cumplimentadas es de 13,125, más otras 4,248 órdenes de reaprehensión de individuos que, habiendo sido consignados antes, se fugaron mientras se desahogaba su juicio.

El rezago de la Fiscalía se encuentra en su mayor parte en el interior del estado, esto es, de cada 10 de estos mandamientos judiciales pendientes de ejecutar, 6 tienen que ver con individuos acusados de delinquir fuera de la metrópoli (10,298), el resto lo habría hecho en la urbe.

A la carga laboral creciente con la incidencia delictiva y la reducida plantilla de policías ministeriales, se suma la limitada capacidad de investigación de la Fiscalía, gran dependiente de que la captura se haga en el momento mismo del ilícito o por medio de la confesión, según advierte el especialista Guillermo Zepeda Lecuona.

"Si un delito no se resuelve en las primeras 7 u 8 horas que se cometió y se captura a la persona, la probabilidad de que llegue a ser investigado, esclarecido y, luego, capturado el responsable, ya es muy baja".

De los individuos que llegan a ser enjuiciados penalmente en Jalisco, cerca de 90% fueron detenidos en flagrancia o muy poco tiempo después de cometido el ilícito, mientras que sólo 10% llega por la cumplimentación de una orden de aprehensión.

El Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, en un estudio de 2012, ubicó a Jalisco en el lugar 23 de entre todas las entidades federativas por su bajo nivel de eficiencia en la cumplimentación de órdenes de aprehensión, con un 22.86%, donde el número uno, Colima, era el mejor calificado, con 75.74%, seguido por el Distrito Federal (74.73%) e Hidalgo (59.21%).

Dice la organización: "Este indicador permite valorar el grado de impunidad de las investigaciones que han sido resueltas dado que, aunque existe un probable responsable, éste continúa en libertad por falta de cumplimiento de una orden de aprehensión".

El año 2007 terminaba con 1,312 órdenes de aprehensión y reaprehensión sin concretar, sólo en 2012 se generarían 3,254 no ejecutadas.

Dice al respecto el especialista en el sistema de justicia penal mexicano, Guillermo Zepeda Lecuona: "Es lamentable que cuando hay una ejecución, la autoridad, para transmitirnos algo de alivio, dice -tenía 5 ingresos a la penal y tenía 3 órdenes de aprehensión en su contra esta persona-, lo que nunca nos explica es por qué los sicarios lo ubicaron en 24 horas, y ellos tenían 3 años o más con la orden de aprehensión (sin ejecutar)".

El pasado 2 de mayo, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, prometió más efectividad en este sentido: "Muchas de las órdenes de aprehensión que se tenían ya giradas estaban archivadas".

El gran rezago existente en la cumplimentación de las órdenes de aprehensión en Jalisco es atribuido principalmente por la Fiscalía Central a sus limitaciones en personal operativo, es decir, a la reducida cantidad de policías investigadores con los que cuenta.

En los municipios metropolitanos únicamente hay 40 policías investigadores dedicados a la cumplimentación de las órdenes de aprehensión, más otros 50 para todo el interior del estado: 90 en total.

Si en la metrópoli hay 7,075 órdenes de aprehensión y reaprehensión no ejecutadas, esto significa que cada uno de los policías investigadores en la urbe tendría que indagar para dar con el paradero de 176 individuos (más lo que se acumule); en el interior del estado, cada elemento deberá rastrear a 205 presuntos responsables.

(V.primera plana y pág.1-B del periódico El Informador del 13 de mayo de 2013).


Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, durante 2011 se cometieron en el país 22.4 millones de delitos; de éstos, 20.5 millones no fueron denunciados o no se inició una averiguación previa. Ahora bien, el porcentaje de delitos sobre los que se inició una averiguación previa y que terminaron con el presunto delincuente en la cárcel se mantiene en el rango tradicional de 5%.

Los casos del general Tomás Ángeles Dauahare y Noé Mandujano son escandalosos, pero no los únicos: durante el sexenio de Calderón se detuvo a medio millón de personas y de éstas, 450,000 quedaron en libertad luego de que un juez determinó que el Ministerio Público simplemente no logró integrar el expediente en forma correcta (según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito); tan simple como que faltaron elementos para probar la responsabilidad del indiciado. Probablemente muchos, por no decir la mayoría, eran culpables, pero las procuradurías no pudieron demostrarlo.

Según datos de la ahora Fiscalía Central del Estado hay 17,373 personas a las que un juez acreditó su probable responsabilidad en un ilícito y que no han podido ser capturados. Entonces la estadística señala que en Jalisco se han girado en poco más de 6 años 17,000 órdenes de aprehensión que no se han podido cumplimentar por falta de personal y, evidentemente, falta de capacidad. Miles de presuntos culpables caminando por las calles.

Ahora, un par de diagnósticos: un investigador de la UNAM y consultor de la ONU de nombre Raúl Benítez Manaut, dice que el problema en nuestro país es que el sistema de justicia no sólo es "inquisitivo" sino que data de la época de Porfirio Díaz; y el especialista del ITESO, Guillermo Zepeda Lecuona, dice que "no hay suficiente investigación criminal en México; dependemos mucho de sorprenderlos con las manos en la masa, que obviamente es el porcentaje menos capaz de los delincuentes".

Y para el remate la frase del entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien a propósito de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, en mayo de 2007, reconoció que "en México aún no tenemos las instituciones policiacas que se merecen los mexicanos" y que en materia de justicia se viven procesos lentos y oscuros y hay falta de recursos, por lo que resultaba impostergable renovar el sistema de procuración de justicia.

Tenemos entonces un número importante de delitos que no se denuncian por desconfianza de los ciudadanos y/o lo engorroso y hasta riesgoso de emprender el laberinto para que los policías y Ministerios Públicos hagan lo que supuestamente tienen que hacer. Y luego tenemos que los delitos denunciados caen en otro laberinto, el de la corrupción y/o ineptitud de las instancias obligadas por ley a perseguir y castigar el ilícito. Y para cerrar la pinza de lo que es la justicia en México, tenemos la incapacidad para cumplimentar las órdenes de aprehensión simplemente porque la visión "inquisitoria", eso de que "para qué investigar, si con 2 cachetadas sueltan la sopa", se mantiene tal cual desde antes de la Revolución.

La nuestra es una procuración de justicia pirata, una mala copia de lo que debería ser y persiste gracias a la retórica de funcionarios (como en su momento lo fue Medina Mora), que nunca pasan de reconocer lo evidente, pero sin atacar los problemas estructurales y de concepción misma de lo que debe ser la justicia. Así las cosas, a seguir navegando en el país de la impunidad, quién sabe por cuántos años más.

Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 13 de mayo de 2013).


La Constitución Política del país establece en su artículo 16 que el arraigo por un máximo de 80 días es una medida de investigación exclusiva contra la delincuencia organizada, un delito del fuero federal; en la práctica, no obstante, autoridades estatales como las de Jalisco lo utilizan para la persecución de delitos del orden común, argumentando que podrían estar vinculados con la primera, como el homicidio y el secuestro.

El arraigo fue introducido a la carta magna con la reforma del 18 de junio de 2008, la misma que creó el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral que debe estar operando plenamente en 2016 (y respecto al cual Jalisco está muy atrasado). "Fue el resultado de una transacción: el entonces gobierno dijo: ‘¿Quieren juicios orales? Damos juicios orales pero a cambio tengo todo este arsenal de instrumentos’, entre ellos, el arraigo", recordó el especialista Guillermo Zepeda Lecuona, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Antes de esa fecha ya existía una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaraba la inconstitucionalidad de la medida, un criterio que tuvo que ser cambiado.

Si los argumentos garantistas en contra del arraigo no son suficientes, dice Zepeda Lecuona, hay que sumar su baja efectividad. El especialista señala que el Ministerio Público federal promedia cerca de 1,600 de estas órdenes concedidas por año, de las cuales termina fincando cargos (consignando) sobre 17%. "Se funda en que hay una sospecha, en que ‘les late’ a las autoridades, pero no siempre con una evidencia clara".

En el Distrito Federal, de todos los arraigos concedidos de enero de 2008 a mayo de 2010, sólo 20.24% de los mismos terminaron con una sentencia condenatoria (datos recogidos por la diputada federal Aleida Alavez Ruiz).

Por eso el académico del ITESO califica de "lamentable" que siendo éste un tema en el que está de por medio la libertad de las personas, y que requiere un "seguimiento escrupuloso", la Fiscalía Central no elabore estadísticas sólidas para medir estos indicadores de eficiencia en Jalisco.

A la "providencia cautelar" él la llama el "suicidio de la investigación", producto de la falta de investigación criminal con medios científicos por parte de instituciones ministeriales más bien atenidas a las capturas en flagrancia (9 de cada 10 enjuiciados fueron aprehendidos con "las manos en la masa"), o a la confesión del detenido.

"Cuando alguien quiere investigar a la delincuencia organizada le interesa investigar cómo se dan las transacciones, quién reporta a quién, y cuando se arraiga a una persona se inhibe y se desintegra la célula, ya no la ves operar. No por detener a alguien se va a investigar mejor. Es un paliativo burdo, contrario a los derechos humanos y muy ineficaz".

(V.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de mayo de 2013).


¿Por qué es tan difícil hacer una Norma que limite los riesgos que produce el transporte de carga? Ex funcionarios de la SCT reconocen que pesa mucho la presión de las autotransportistas, agrupados en asociaciones entre las que destacan la Canacar y la Asociación Nacional de Transporte Privado, que representa a grandes compañías que tienen sus propias flotillas, por ejemplo Bimbo o Grupo Modelo. Un reglamento muy estricto tendría costos económicos para los transportistas y/o para sus clientes. Prohibir el sobrepeso permitido de 4.5 toneladas encarecería el precio de los fletes, porque obligaría a hacer más viajes o contratar más unidades.

A la autoridad le tembló el pulso porque es un sector que tiene enorme capacidad de movilización, (perdón por la redundancia). Ha demostrado que es capaz de bloquear las carreteras con tanta eficacia como si fuera un sindicato de maestros guerrerenses.

Es imposible saber si un reglamento más estricto hubiera podido evitar la tragedia que ayer ocurrió en el kilómetro 14 de la México-Pachuca. Estadísticamente es seguro que una parte de los accidentes se podrían evitar con reglas menos blandas. En un plato de la balanza tenemos los costos económicos de una reglamentación muy dura. En el otro, el costo en vidas de un reglamento laxo. Hasta ahora ha predominado la indecisión y la ambigüedad. Mientras tanto tenemos 1.6 accidentes por día y cientos de muertos por año.

Luis Miguel González
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de mayo de 2013).


No hay una autoridad que haga respetar los tonelajes máximos en los millones de viajes de transportes de carga que se hacen al año en México, la mayoría con exceso, lo que ha disparado los accidentes carreteros en nuestro país, hasta llevarlo a uno de los índices más elevados del mundo.

Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 10 de mayo de 2013).


Eliseo Villar Carrillo, coordinador general de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y de la Casa de Justicia, realizó 10 peticiones, entre las que exige el uso de armas de alto calibre, autorización de la licencia colectiva 110 de la Sedena, así como libre tránsito de la policía comunitaria de Guerrero y todo el territorio nacional.

Por otra parte, integrantes de las policías comunitarias desarmaron a 18 elementos de Seguridad Pública de los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec (La Montaña y Costa Chica), y aseguraron 18 fusiles AR-15 y 3 pistolas calibre 9 mm, y los despojaron de sus equipos de comunicación.

(V.pág.24 del periódico Milenio Jalisco del 10 de mayo de 2013).


Lo más sorprendente es que la autoridad no sólo tema arrestar a cualquiera que ande encapuchado, sino que además entable un diálogo conciliatorio con esos criminales: "pa' que no se sientan agredidos". ¡Y que luego les retire todas las demandas que haya en su contra y les conceda lo que pedían!, que era la razón por la cual causaban destrozos.

Alberto Martínez Vara
(v.blog del 9 de mayo de 2013).


¿Cómo explicarle a un extranjero de un país serio que la Rectoría de una universidad en México estuvo tomada por 14 encapuchados durante 12 días? Sobre todo cuando se trata de la institución educativa más grande e importante del país, con un presupuesto anual de 33,700 millones de pesos, 4 veces más que el de la Universidad Complutense de Madrid y superior al presupuesto anual de 19 de las 32 entidades federativas de nuestro país.

Es fácil pedir desde los medios de comunicación que se haga cumplir el estado de derecho, pero ¿por qué a los responsables de decidir tal curso de acción les parece mejor idea no hacerlo? No sólo en la UNAM, sino en Chilpancingo o en las calles de la Ciudad de México la autoridad suele permitir que una minoría violenta destruya inmuebles o afecte a terceros.

La lógica para no actuar parece contundente. Desalojar por la vía de la fuerza implica un enorme costo político e incertidumbre para quien toma la decisión. Si se hiciera bien, habría aplausos por algunos días, pero siempre está el riesgo de que algo salga mal. Un herido o peor aún una muerte puede transformar un problema acotado en una pesadilla que lleve incluso a perder el puesto, lo más sagrado para casi cualquier funcionario.

No actuar tiene consecuencias negativas para la institución afectada. Al ser tan barato ponerse una capucha y dedicarse a destruir, más de uno realizará actos similares en el futuro. Sin embargo, es un costo que se suele pagar a plazos, y una buena parte de éste lo pagará el sucesor.

Si ésta es la lógica dominante, ¿por qué no está el mundo lleno de encapuchados violentos? Porque en los países donde hay estado de derecho sería inaceptable tolerar ser rehén de un pequeño grupo de vándalos. La presión social para actuar sería enorme, empezando por la propia comunidad afectada que le exigiría a la autoridad proteger a la institución.

Es revelador del espíritu puma que una comunidad tan politizada y activa como la de la UNAM no ofrezca una resistencia efectiva frente a la violencia de una minoría. Sus más de 330,000 estudiantes y más de 37,000 profesores nada hicieron para evitar que los vándalos dictaran sus términos. Recolectaron más de 100,000 firmas y hubo algunas cartas de personajes notables, pero nadie fue más allá de la prosa. Nadie utilizó el instrumento por excelencia de los universitarios, la marcha, para demandar la liberación de la UNAM. Se podía hacer sin confrontar a los encapuchados directamente en la Rectoría. La UNAM es bastante grande como para poder organizar la marcha en otro lado.

Quizás en el fondo la comunidad universitaria no comparte la idea de que el estado de derecho implica sancionar a quien toma violentamente un edificio. ¿Prevalecerá el miedo de que la defensa del estado de derecho vaya a ser utilizada en algún plantón en otro lado? ¿Creerán que se pierde menos autonomía aceptando a los encapuchados en su campus que a las fuerzas policiacas para desalojarlos?

Tampoco quien paga impuestos tiene internalizado el principio de que la obligación del rector es cuidar el patrimonio de la UNAM, el cual es de todos los mexicanos. Por ejemplo, desde septiembre del 2000 el auditorio Justo Sierra está tomado por un grupito de rebeldes que lo usa como hotel de paso, comedero de fritangas y venta de sustancias ilegales. Esta aberrante ilegalidad ha sido aceptada por la autoridad universitaria. Esto sería intolerable en Cuba o en Estados Unidos, por citar 2 países polares, pero en México no produce mayor enojo de la sociedad y ésta no ejerce presión para desalojarlos. ¿Para qué pagar el costo de actuar si nadie lo reclama y es más fácil ir por la vida dando discursos?

Los encapuchados liberaron la Rectoría con la oferta de parte de las autoridades universitarias de negociar este jueves 9 de mayo. No queda claro qué quieren o pueden negociar, salvo que se les levanten las actas penales correspondientes por haber destruido el patrimonio universitario y robado desde artículos personales de quienes ahí laboran, aparentemente incluidos los del rector, hasta documentos importantes. Sería un error hacerlo. La autoridad deberá ratificar todas las órdenes de aprehensión correspondientes y empezar a recuperar los espacios tomados por vándalos en el resto de la universidad. Sólo así la UNAM podrá ser, en los hechos, el referente que el país requiere y no un lugar donde se declama sobre los bienes y males del país.

Carlos Elizondo Mayer-Sierra
(v.periódico Mural en línea del 9 de mayo de 2013).


El general retirado Óscar Naranjo Trujillo asesor externo de la Presidencia de la República en materia de seguridad, censuró ayer la institucionalización de las llamadas autodefensas y la militarización de las policías.

Al participar en el Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, el ex director de la Policía Nacional de Colombia advirtió que un Estado que no asegure el monopolio de la aplicación de justicia y el legítimo uso de la fuerza, da origen a un "paraestado".

"Lo voy a decir con mucho respeto, espero la comprensión de los ciudadanos en México: cuando a una autodefensa se le empieza a llamar policía se produce una distorsión que realmente, lejos de invocar el deber ser, destruye el deber ser y es imaginario".

"Lo primero que habría que hacer para no incurrir en fallas y equivocaciones al debido proceso, es que el Estado se asegure que es el único que aplica justicia y ejerce el monopolio de la fuerza".

Naranjo aseguró que la militarización de las policías hace mucho daño.

Si algo necesitan las corporaciones, sostuvo, es conducción política y liderazgo civil.

"Cuando uno revisa lo que está sucediendo en América Latina, encuentra que ante un pasivo de profesionalismo de las policías, hemos incurrido en varios países en una especie de militarización de las policías, y eso realmente produce mucho daño, porque un policía ni es un civil ni es un militar".

"Es fundamentalmente un policía que obedece al mandato político del gobernante en un estado de derecho, y por lo tanto, una manera de asegurar que haya menos equívocos a la hora de participar del proceso penal y no violentar el debido proceso tiene que ver con esos 2 liderazgos", señaló.

(V.pág.9 del periódico Mural del 9 de mayo de 2013).


México no se va a mover mientras no haya una justicia eficaz, consideró Alejandro Martí, presidente de la organización México, S.O.S. Por esta razón urgió a que se agilice la aplicación de la reforma en materia de justicia penal, para dejar atrás el sistema ineficaz vigente.

Martí señaló que el reto de garantizar derechos de primera generación es mayor y se intensifica si se consideran los alcances de la nueva Ley de Amparo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a toda autoridad a apegarse a la convencionalidad y a la constitución en materia de derechos humanos.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 8 de mayo de 2013).


En 2007, apenas hace 5 años, Eufrosina Cruz se metió de cabeza en la absurda aventura de querer ser alcalde de su pueblo. Las buenas conciencias se escandalizaron: la llamaron marimacho, homosexual, borracha y loca. Además, violaba la ley: las mujeres en Santa María Quiegolani, Oaxaca, ni votaban ni podían osar a ser votadas. ¡En 2007! ¿Por qué? Ah pues por la bonita idea de respetar los "usos y costumbres". Participó, pero sus votos fueron invalidados y no encontró respaldo ni en el congreso ni en el Instituto Electoral de Oaxaca, pues esas eran las reglas de su municipio, según ellos.

Los usos y costumbres sirven para preservar la identidad, pero también son la excusa de las instituciones mexicanas para violentar derechos individuales, explica Eufrosina. En 2010, consiguió apoyo para ser diputada local y se convirtió en la primera mujer indígena del Congreso de Oaxaca.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 8 de mayo de 2013).


Los mismos compradores ponen en duda la fiabilidad de las micas que supuestamente ayudan a ocultar las placas de los autos para evadir las fotomultas de la Secretaría de Movilidad.

Alejandro Pérez utiliza un forro en las placas de su automóvil y, aunque encuentra la ventaja general de que se pierde la visibilidad del número, la utilidad mayor que él le encuentra es la posibilidad de evitar que las cámaras de fotomultas lo registren cuando maneja a exceso de velocidad, aunque esto no es posible, según la Secretaría de Movilidad.

Para Luis Rentería, quien por estética decidió ponerle una mica a sus placas, este aditamento no funciona, pues aún así le llegó una fotomulta a su domicilio.

Incluso, la Secretaría de Movilidad utilizó Twitter para informar, como respuesta a los usuarios que comentaron sus inquietudes sobre estas micas, que se sanciona cualquier tipo de alteración a las placas de los vehículos. "No está permitido y se les aplica una multa sustentada en el artículo 163, fracción II, de la Ley de Vialidad".

Una alternativa para combatir el uso de las micas que alteran la visibilidad de las placas de vehículos es elevar la sanción monetaria al tipificar específicamente ese delito, comenta Diego Monraz, quien el sexenio pasado fungió como titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, hoy Secretaría de Movilidad.

El abogado y profesor de la Universidad de Guadalajara Antonio de Jesús Mendoza Mejía, opina que las autoridades han sido omisas en sancionar el uso de estos aditamentos, y que el problema seguirá mientras las autoridades dimensionan el riesgo vial y de seguridad que conlleva.

No hay multa por sólo comprar el objeto, sino por utilizarlo para violar los reglamentos.

Sobre la efectividad de los protectores, indica que el conflicto no es si funcionan o no, sino que se circule por la ciudad con un accesorio que cubre las placas, pues ahí está la falta a la ley.

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 8 de mayo de 2013).


En Michoacán han surgido grupos con armas de alto poder autodenominándose "policías comunitarios".

La semana pasada el líder del cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, "La Tuta", denunció en un video que hay grupos en Michoacán que se denominan de autodefensa, pero que en realidad son miembros del cártel Jalisco Nueva Generación que portan armas de grueso calibre.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 7 de mayo de 2013).


Será hora, a partir de esta misma semana, de retomar muchos capítulos de la agenda política que habían entrado en una suerte de impasse para no alterar la visita del mandatario estadounidense.

Sin duda, el 1o. y más importante es retomar el control en territorios como Guerrero y Michoacán que están viviendo situaciones sumamente difíciles y marcadas además por la impunidad.

En Guerrero, el jueves se dio un 1er. paso deteniendo a 4 de los 39 activistas de la CETEG que contaban con orden de aprehensión y que eran acusados de los numerosos actos vandálicos... y se dieron varios pasos atrás al liberarlos apenas 12 horas después, sin ninguna explicación.

En Oaxaca, todos los detenidos por los actos vandálicos del miércoles fueron puestos un día después en libertad.

Y los 14 "estudiantes" que tomaron la Rectoría se fueron tranquilamente luego de saquear las oficinas, incluyendo la del rector y la caja fuerte de la Secretaría de Finanzas, a golpear policías en la marcha del primero de mayo.

Pero todavía falta mucho por ver y hoy mismo se esperan fuertes movilizaciones de la Coordinadora que tendrán que tener una respuesta de las autoridades.

En Michoacán los secuestros de camiones de carga y de pasajeros, los bloqueos, las agresiones son una constante que no ha tenido respuesta de ninguna autoridad.

Y a eso se suma la violencia en Tierra Caliente. ¿Ahora que se fue Obama habrá alguna respuesta?

Además, la tentación de la imitación en varios otros estados está latente.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 6 de mayo de 2013).


La Arquidiócesis Primada de México subrayó que no puede haber desarrollo sin paz y no puede haber justicia si persiste la impunidad, ante los casos de llamadas "policías comunitarias" en algunas zonas del país.

En el editorial del periódico Desde la Fe, la Arquidiócesis alertó sobre el riesgo que pueden generar estos grupos en el país en cuanto a la seguridad y afectación de vías de comunicación.

La publicación subrayó que la prudencia, la mesura y el diálogo "siempre serán encomiables, pero estas actitudes no pueden ponerse en práctica con quien delinque".

"La ley fue hecha para aplicarse, no para negociarse a costa de los derechos de miles de ciudadanos que ven afectada su vida diaria, su seguridad y su patrimonio por la falta, precisamente, de la aplicación de la ley".

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 6 de mayo de 2013).


El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, José González Morfín, afirmó que ante la expectativa de que pueden agravarse las protestas en el país, se deben tomar las medidas pertinentes, pero sobre todo legales, que den solución a los conflictos.

"No podemos aceptar ni permitir que la impunidad sea el común denominador en los conflictos que se viven en México porque ello representa un retroceso de una sociedad que busca avanzar en desarrollo y democracia".

Las autoridades del país no pueden convertirse en rehenes de grupos que delinquen y que, cobijados por la libertad de manifestación, incurren en delitos de diversa índole en donde se afecta a cientos o miles de personas.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 6 de mayo de 2013).


¿Qué se necesita para que un joven no tenga mayor problema en expresar que quiere ser narcotraficante?, que su anhelo es ser sicario, tener dinero y una camioneta, mujeres y pistola y que, con un poco de suerte, llegar a ser "bien pesado" porque entonces sí, se acabaron todos los problemas...

Bueno, pues resulta que en el municipio morelense de Puente de Ixtla los jóvenes de secundaria y preparatoria, en un porcentaje significativo, responden a sus profesores cuando les preguntan sobre lo que quieren ser de grandes, que sicarios, narcotraficantes, según lo reconoció el alcalde, Julio Espín Navarrete, quien caracteriza el fenómeno como preocupante.

Entonces lo que se necesita para que los jóvenes se expresen en tales términos es, en 1er. lugar, un contexto con opciones de desarrollo muy limitadas, con cierto grado de miseria, de la económica, pero también de la moral, esa que se alimenta del dejar pasar, dejar hacer y, por supuesto, el reiterado mensaje de las autoridades, de los 3 órdenes de gobierno, de que el incumplir con las reglas, el navegar en los excesos e incluso la comisión flagrante de algún delito como la toma de rectoría de la UNAM, el bloqueo de carreteras, el vandalismo, no tiene consecuencias.

En un país en el que más de 95% de los delitos denunciados quedan impunes, en el que hacer trampa y engrasar cotidianamente la obesa maquinaria de la corrupción dibuja a la perfección el día a día de cualquier ciudadano y en el que, además y gracias a la exposición mediática, se registran hechos flagrantes constitutivos de delitos y simplemente no pasa nada, la tentación de caminar con cierta garantía de éxito por el sendero de la ilegalidad, es grande, demasiado grande.

En el editorial del semanario Desde la Fe, de la Arquidiócesis de México, se critica ayer al Estado y se asegura que "todos los días escuchamos declaraciones en el sentido de que ya vivimos en paz, que la violencia va desapareciendo, y que todo está bajo control, pero lo cierto es que las declaraciones no cambian la realidad". Y en su parte medular consigna que "hoy se habla en todos lados de un Estado de Derecho fuerte, donde nadie está por encima de la ley, pero sólo nos encontramos con signos aislados de acciones efectistas, más que eficaces".

El semanario remata con un contundente: "cómo podemos hablar de un Estado de Derecho cuando los más variados grupos de la sociedad alteran el orden público, afectando a millones de ciudadanos en sus derechos básicos al cerrar vías primarias de comunicación, al destruir edificios y bienes públicos, o al secuestrar la producción agrícola de gente que nada tiene que ver con el crimen organizado. Ante estas situaciones, los ciudadanos vemos con frustración la falta de decisión con la que actúan las fuerzas públicas, muchas veces dejando en libertad a los causantes de tales acciones ilícitas y vandálicas".

Bueno, pues eso es justo lo que se necesita para que jóvenes consideren el camino de la delincuencia en una de sus formas más brutales y sanguinarias, la de ser sicario, como un "anhelo" para superar su condición actual y llegar a ser "bien pesado". Un Estado permisivo, un sistema de procuración de justicia ineficiente, una clase política que se agota en la simulación y un contexto social que, por acción u omisión permite todo lo anterior.

La experiencia que refiere el alcalde de Puente de Ixtla no es única ni extraordinaria y es en el fondo la impronta que deja en los hechos la corrupción, contubernio y/o ineptitud de todos los responsables de que el Estado de Derecho no quede en mero recurso retórico.

Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 6 de mayo de 2013).


El programa gubernamental de "testigos protegidos" en parte copiado del existente en el país de los güeros, ha mostrado, en más de algún caso, su enorme capacidad para encarcelar al inocente, liberar al culpable, satisfacer todo tipo de venganzas y provocar resentimientos crónicos.

El programa se basa nada menos que en la buena fe del testigo que, por lo general involucrado en el delito, puede aminorar la pena delatando a sus cómplices. Pero también se basa en la todavía más buena fe de la autoridad que ha de creer con total certeza, anotar minuciosamente, y proceder de inmediato contra cuanta persona sea delatada. Que el testigo protegido aproveche el aventón para vengarse de culpables y de inocentes es algo que, al parecer, no fue suficientemente considerado.

¿Y en qué radica la "protección"? en condiciones abominables que en la historia humana han generado infinidad de atropellos e injusticias: en primer lugar en el anonimato, que confiere al delator toda suerte de garantías lo mismo para denunciar al que sí está implicado que sobre todo al que no. Le sigue la posibilidad de afirmar sin tener que demostrar, o demostrar orquestando escenarios, sobornando testigos, montando trampas, o hasta haciendo fotomontajes de los que hemos conocido ya tantos, sabedor el delator de que las pruebas que aporte jamás serán mostrados a las personas inculpadas. Y como un ciego está guiando a otro se sigue que ambos se asocien para cometer injusticias.

En tiempos de las monarquías absolutas que fueron también los tiempos aciagos de la inquisición, este programa ya existía, innumerables personas fueron entonces acusadas, juzgadas y ejecutadas sin haber jamás sabido el origen de su acusación, ni mucho menos conocer los nombres de los acusadores, ya que éstos o eran "testigos protegidos", o "cómodamente" anónimos, por lo que ni la Corona ni el "santo" Tribunal sabían quién había sido el delator, interesados como estaban los inquisidores, morbosamente, en perseguir al delincuente, o al antipático, o al oponente o al competidor, con el pretexto que fuera. El aislamiento y la tortura hacían el resto, la misma familia del reo quedaba infamada por tres generaciones, y por supuesto, los bienes del inculpado eran confiscados. Que los monarcas llamaran a eso justicia no sorprende, porque el pretendido y amañado supuesto origen divino de su autoridad todo lo justificaba, pero ¿puede el programa de testigos protegidos del presente ampararse en la legalidad constitucional?

En cuanto a la denuncia anónima, sería viable si va seguida de una honesta, profesional y acuciosa averiguación, sin la cual de ninguna manera se podría proceder; pero que un testigo conocido por la autoridad tenga el privilegio de acusar sin ser careado con su acusado es inadmisible, significa una regresión jurídica de 200 años, y un atropello contra la dignidad humana avalado por la propia autoridad.

Por supuesto, a ninguna institución, ni pública ni privada, secular o religiosa, se le debe permitir el ejercicio de esta forma criminal de "justicia", pues sería tanto como admitir que dentro de un estado de derecho puedan existir otros "poderes" que pisotean el derecho y por ese ilegal camino destruyan las vidas y los bienes de sus víctimas. ¿Y qué hacer con los falsos testigos?, bueno, 800 años antes de Moisés, el código de Hamurabi ya penaba el falso testimonio con la misma pena que hubiese recibido el falsamente acusado, en México andamos algo retrasados.

Armando González Escoto
(v.pág.6-B del periódico El Informador del 5 de mayo de 2013).


Los 4 maestros detenidos tras las marchas y agresiones a edificios públicos, el pasado 1 de mayo, fueron puestos en libertad, informó la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero.

En conferencia de prensa, los maestros liberados, Cesáreo Rosendo Feliciano, José Lucas Juárez Tlatempa, Genaro Guevara Hernández y Mauro Lázaro García, afirmaron que fueron tratados con respeto y que en ningún momento fueron violentados físicamente.

Genaro Guevara Hernández, uno de los docentes liberados, informó que gracias a la movilización del resto de sus compañeros, se logró su libertad, pero indicó que su movimiento continuará hasta lograr resultados favorables.

Por su parte, el alcalde Mario Moreno, dijo que el municipio presentó denuncias penales contra maestros de la CETEG y que está dispuesto a retirarlas, si ello resuelve el conflicto.

En las últimas movilizaciones en Chilpancingo fueron dañadas instalaciones de oficinas gubernamentales, entre ellas las del Ayuntamiento de este municipio. Mario Moreno señaló que se tienen bien identificados a los responsables de estos desmanes.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 4 de mayo de 2013).


Las épocas de tenerle miedo a la autoridad deben quedar atrás. Es tiempo de confiar en que al final la ley será aplicada correctamente, y pugnar para que cualquier acción, queja o inconformidad se manifieste por los cauces y conductos adecuados.

No nos debe preocupar que alguien se inconforme con la reforma educativa o con la mesa que le asignan, lo que nos debe preocupar es que una manifestación de ideas nos impida transitar o que un berrinche sea suficiente para clausurar un lugar.

Como la Comisión de Derechos Humanos no sanciona y sólo emite recomendaciones, debería haber una Procuraduría especial para denunciar Funcionarios Prepotentes y Abusivos (Profupa), y ahí sí pondría al frente al papá más influyente de todos los ciudadanos, para que a la primera queja nuestra les quiten sus prebendas y les clausuren su dependencia.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 2 de mayo de 2013).


Sin duda uno de los ámbitos donde mayor rezago ha existido en los últimos años, en el terreno institucional y de seguridad, ha sido en la procuración de justicia. Falla el sistema de justicia y el penal en su conjunto, lo hace en el espacio federal y mucho más en el local. A la falta de implementación del nuevo sistema de justicia penal, basado en la oralidad de los procesos, se ha sumado un creciente abandono de la PGR (y de las procuradurías en general) que genera un círculo vicioso que se traduce no sólo en la liberación de detenidos que hubieran podido ser responsables o no de presuntos delitos (lo que se podría aplicar tanto a Florence Cassez como al general Tomás Ángeles o al ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano), sino a la población en general. No nos cansaremos de insistir en la cifra porque es la más palpable demostración del fracaso en la seguridad y la justicia: 98% de los delitos denunciados (no de lo cometidos, sino de los denunciados ante un ministerio público) quedan impunes, incluyendo, por supuesto, la gran mayoría de aquellos que más impactan en la opinión pública.

Se analizó en el congreso la figura del arraigo. El lunes, en un foro sobre derechos humanos, representantes de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional México, insistieron en la eliminación de esa figura que identifican como un sinónimo de violación de los derechos humanos. En distintos ámbitos se opina lo mismo, al igual que se insiste en la desaparición de los llamados testigos protegidos o colaboradores, sobre todo después de los sonados fracasos que ha habido en casos muy importantes. Es políticamente correcto plantearlo, pero sería un error perder esas 2 opciones sobre todo en la lucha contra la delincuencia organizada: en todos los países que han tenido que enfrentar este tipo de desafíos se han tenido que utilizar figuras similares. El problema es cómo se utilizan, qué regulación tienen, quién las controla. El arraigo no puede prolongarse durante meses, debe ser una medida coyuntural que se puede y debe aplicar en casos muy específicos, fuera de la discrecionalidad de alguna autoridad. Las reformas en el congreso parecen encaminadas en ese sentido.

Los testigos protegidos son útiles, pero lo son cuando sus dichos se pueden confrontar con pruebas: sin pruebas que les den sustento, las declaraciones de los testigos protegidos no deberían servir como base para una acusación penal. Pueden ser útiles para la investigación en sí, para obtener esas pruebas, pero la declaración de un delincuente que busca beneficios a partir de sus acusaciones no puede convertirse, por sí sola, en un elemento probatorio de un presunto delito. Es otra figura que se debe regular, que debe tener límites mucho más estrictos y una utilización más clara y definida.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 1o.de mayo de 2013).


Hay más de 39 órdenes de aprehensión libradas en contra de quienes encabezaron los actos vandálicos en Chilpancingo, el miércoles pasado (esos fueron los más notorios, pero los actos de violencia se vienen sucediendo en el estado desde hace meses) incluyendo los 2 líderes más públicos (porque los verdaderos dirigentes no aparecen) de la CETEG, Minervino Morán y Gonzalo Juárez. Ninguna se ha ejecutado hasta ahora, pese a que Morán y Juárez estuvieron ofreciendo ruedas de prensa hasta el viernes pasado. Ese grupo de maestros llevan en paro 60 días (lo suficiente como para arruinar el año lectivo) pero siguen cobrando su salario. Se supone que el viernes cobraron y levantaron, dicen, el campamento, para regresar a sus casas, dejar dinero y tomarse una suerte de puente hasta el primero de mayo cuando tienen convocada su próxima manifestación.

Porque los paristas cobran rigurosamente su salario, pero si algún maestro de la Coordinadora no acude al pase de lista en el campamento o si decide trabajar, dar clases, su salario le es descontado por el propio sindicato disidente. En otras palabras: para cobrar su sueldo los maestros deben estar en paro y participar del movimiento. Si dan clases, no cobran o son transferidos a plazas remotas. Por cierto, el PRD y Movimiento Ciudadano decidieron no presentar denuncia contra los manifestantes que destrozaron e incendiaron sus sedes partidarias en Chilpancingo. Es algo así como la mujer golpeada que no denuncia a su marido porque siente que se merecía la golpiza.

Los de la CETEG se fueron algunos días a su casa, pero el bloqueo, el mismo viernes, lo realizaron los de la normal de Ayotzinapa, que secuestraron autobuses, ocuparon la Autopista del Sol y reclamaron "justicia" para 2 compañeros muertos en el desalojo de diciembre pasado. Obviamente ignoraron el hecho de que ellos mismos provocaron la muerte de un trabajador de una gasolinera que los manifestantes incendiaron ese mismo día. Al trabajador muerto, que obviamente no militaba en ningún grupo, nadie ha intentado hacerle justicia, ni la reclama. Pero los jóvenes de Ayotzinapa no se limitaron a bloquear la autopista y secuestrar camiones, también destrozaron los cristales de otros, con pasajeros dentro. Además, atacaron los camiones de la propia Policía Federal. Nadie los molestó.

En Morelia, también el viernes, otro grupo de normalistas y maestros de las Coordinadora decidieron secuestrar siete tráileres con carga y conductores, llevarlos al centro de la ciudad, estacionarlos frente al Palacio de Gobierno y allí desvencijarlos y repartir la mercancía (una parte importante de la misma se cargó en camionetas de los manifestantes que partieron con rumbo desconocido). Todo ocurrió a pleno día. Dijeron que habían realizado esos actos para pedir "una cita" con el gobernador interino Jesús Reyna. No sabemos si les dieron "la cita", pero lo cierto es que nadie los molestó en absoluto.

La torre de rectoría en Ciudad Universitaria en el DF continúa tomada por un puñado de jóvenes que en su mayoría ni siquiera son estudiantes de la UNAM. Muchos vienen de la Universidad de la Ciudad de México, que tuvieron ocupada durante semanas. La rectoría ha ratificado la denuncia por la ocupación, pero pasan los días y nada sucede. Leyeron una declaración diciendo que al amenazarlos con el desalojo se están "afectando sus libertades" (¿cuál es la libertad de secuestrar una institución?) y que eso los "daña psicológicamente". El último punto es incontrovertible: están dañados.

Esta suma de relatos ocurridos en menos de 12 horas de un viernes, sirve sólo para confirmar la magnitud que alcanza la impunidad. No importa que existan órdenes de aprehensión, que sean evidentes los actos de vandalismo, que se secuestren autobuses o camiones de carga, que se tomen oficinas públicas. No pasa nada. Nadie es responsable, nadie es castigado, nadie asume, tampoco, su responsabilidad. Los únicos que pagan las consecuencias son los ciudadanos que ven cómo se deteriora su vida, cómo son asaltados sus negocios, cómo se acaba con el turismo, el comercio, la tranquilidad. Y cómo sus niños hace tiempo que no gozan del derecho a la educación y ellos el de vivir en paz. La pregunta es hasta cuándo. Por lo pronto, cada uno de los 3 órdenes de gobierno asegura que el problema no es de ellos sino de los otros, al mismo tiempo que todos declaran que se hará cumplir escrupulosamente con una ley que nadie respeta.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 29 de abril de 2013).


El coraje se apoderó de los pobladores del municipio de Temoac, en Morelos, luego de que 3 sujetos intentaron asaltar un camión de gas LP. Los habitantes los golpearon, desnudaron y los rociaron con gasolina para prenderles fuego, pero la policía lo evitó.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 28 de abril de 2013).


Alrededor de 500 presuntos integrantes de la Escuela Normal rural de Tiripetío "tomaron" las instalaciones del centro comercial Plaza Las Américas, en Morelia, Michoacán.

De acuerdo con medios locales, los jóvenes llegaron en vehículos que supuestamente robaron en las inmediaciones de la carretera Morelia-Pátzcuaro exigiendo la derogación de la Reforma Educativa.

Un vocero normalista declaró que estos manifestantes tienen aún en su poder 10 autobuses y 3 tráilers con lo que generaron caos vial sobre las avenidas Camelinas y Enrique Ramírez.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 28 de abril de 2013).


Las circunstancias actuales provocadas por diferentes grupos de vándalos encabezados por la CETEG pueden ocasionar una situación difícil para México, ya que esta manada de pelafustanes que se dicen "maestros", no solamente justifican sus actos de vandalismo y acciones ilegales que son delitos federales, como el continuo bloqueo de la Autopista del Sol, el ataque y destrozo a sedes de partidos políticos, sobre lo cual vimos imágenes de cómo destruían computadoras, dándoles garrotazos.

Además, en diferentes estados causaron problemas a la comunidad mexicana, como el caos vehicular por la marcha del "Frente de Organizaciones en Defensa de la Educación Pública" desde el Ángel de la Independencia hasta Los Pinos. A pesar de todos esos actos de evidente vandalismo y delincuencia, los líderes aceptando cínicamente sus hechos, exigen impunidad, pidiendo que no se aplique la ley, que cancelen las órdenes de aprehensión que por cierto no se han ejecutado, según las noticias son alrededor de 40 y amenazan que si no se cancelan las órdenes de aprehensión habrá más agresiones y confrontaciones.

Por otro lado, es vergonzoso e indignante que un puñado de delincuentes encapuchados que no tienen nada que ver con la UNAM hayan tomado la Rectoría, lo que pone en duda además de ratificar sus hechos delictivos, que no son maestros ni estudiantes. Los mismos alumnos de la Universidad Autónoma de México se manifestaron expresando que están totalmente en contra de las acciones que realizan los encapuchados que ocupan la Rectoría.

Todo esto origina una incógnita ya que aparentemente lo que piden estos "dizque" maestros del CETEG, que además apedrearon la sede del SNTE, es que no haya exámenes de calidad a los maestros para ratificar su capacidad de enseñar y que se puedan heredar los puestos; esas dos variantes pequeñas, pero con grandes consecuencias positivas para garantizar y mejorar la calidad de la educación, cualquier persona pensante lo apoyaría.

La incógnita es: ¿qué es lo que realmente quieren estos vándalos?, ¿quién los está manipulando?, causando en algunos lugares del país situaciones de ingobernabilidad y caos; éstos quieren conservar el derecho de heredar o vender sus puestos, apoyando que cualquiera que solicite ser titular de la enseñanza sin demostrar su capacidad lo haga y, al mismo tiempo, amenazan diciendo que la policía comunitaria está lista a entrar en acción si es "necesario".

Todo el pueblo de México espera y exige que se aplique la ley en contra de la delincuencia, del vandalismo y la impunidad. Eso tiene que ser de una manera sensata, pero también de acuerdo con la reacción de los vándalos y la necesidad de ratificar y consolidar el estado de derecho.

José Manuel Gómez Vázquez Aldana
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 28 de abril de 2013).


Convertido en lugar común el bloqueo de carreteras y manifestaciones, obstaculizan la vida cotidiana y en algunos casos, como el Estado de Guerrero, tienen expresiones de reto a las normas establecidas por la Constitución con el secuestro de facto a los propios representantes, integrantes del poder legislativo, sin que la autoridad quiera, se atreva, pueda o tenga autorización federal para reclamar respeto constitucional; que teniendo por origen en el gremio magisterial merecen reprobación.

Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 28 de abril de 2013).


Gonzalo Juárez Ocampo, secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, anunció que en los próximos 5 días, hasta el 1 de mayo, suspenderán sus movilizaciones con el fin de entablar nuevamente un diálogo con autoridades del estado; sin embargo, por la tarde los maestros cetegistas, arropados por normalistas y padres de familia, bloquearon por una hora la Autopista del Sol.

Juárez Ocampo, quien tiene una orden de aprehensión en su contra por los desmanes contra las sedes de partidos políticos del miércoles, además negó que estén vinculados con grupos guerrilleros como el Ejército Popular Revolucionario y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, como lo sugirieron, en días anteriores, los gobernadores de Guerrero, Ángel Aguirre, y el de Morelos, Graco Ramírez.

Estudiantes normalistas secuestraron 7 vehículos repartidores propiedad de diferentes empresas y tras manifestarse afuera de Palacio de Gobierno de Michoacán los saquearon, regalando la mercancía entre los ciudadanos que caminaban por el lugar. Las unidades fueron interceptadas en diferentes puntos de Morelia por los estudiantes y trasladadas con todo y choferes al centro de la capital michoacana. Ahí fueron estacionadas frente a Palacio de Gobierno y condicionaron su liberación a la entrega de un pliego petitorio y la realización de una reunión con el gobernador interino, Jesús Reyna. Tras varias horas de negociación, finalmente los estudiantes accedieron a la liberación de las unidades.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 27 de abril de 2013).


Human Rights Watch hizo hoy un llamado al congreso mexicano a fin de rechazar un proyecto de reforma constitucional sobre el arraigo que reduciría el período máximo de arraigo de 80 a 40 días.

La organización argumentó que el instrumento no se adecuaría a las normas internacionales de derechos humanos, por lo que el congreso de México debería directamente eliminar esta práctica.

"El arraigo contraviene algunos de los principios más fundamentales de la Constitución de México, como las garantías frente a detenciones arbitrarias", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Señaló que la figura del arraigo ofrece a los agentes del Ministerio Público un "incentivo perverso" para privar a personas de su libertad sin antes haber efectuado una investigación exhaustiva.

"La única forma de asegurar que se realicen investigaciones eficientes y profesionales... es eliminar el arraigo completamente de la Constitución".

(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 26 de abril de 2013).


Durante más de 2 horas, grupos de encapuchados, en su mayoría, recorrieron el centro de Chilpancingo provocando los peores destrozos de que se tenga registro en la capital de Guerrero y, si me apuran, los más graves actos vandálicos de que haya registro, solo comparables con los del pasado 1 de diciembre en la Ciudad de México.

Las hordas enfilaron su furia contra los partidos políticos, cuyos diputados habían rechazado sus exigencias.

Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 26 de abril de 2013).


La impunidad no concluye cuando las fuerzas policiacas imponen el orden. Una vez que concluyen los conflictos, se ha vuelto práctica que quienes delinquieron no enfrenten sanción legal o social. La solución se vuelve amnistía y abre la puerta grande a la impunidad. Esto explica el caso de Uriel Sandoval, parista de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien perdió un ojo en los desmanes de la toma de posesión presidencial y ahora es partícipe en la invasión de la Torre de Rectoría de la UNAM. Mientras no haya consecuencias, los profesionales del vandalismo se harán presentes.

Chilpancingo vivió el bandolerismo el pasado miércoles; su objetivo fueron las instalaciones de los partidos políticos. El gobernador Aguirre anunció que se emitieron órdenes de aprehensión contra Minervino Morán y Gonzalo Juárez, líderes magisteriales acusados de ser autores intelectuales de los actos delictivos. Minervino, convencido de que la impunidad continuará, se muestra desafiante y, más que eso, confeso de los delitos. En entrevista con Carmen Aristegui este jueves, en la pregunta de ¿por qué se llegó a esos niveles extremos de violencia y ataques a instalaciones de partidos?... ¿si lo acontecido fue acordado o se salió de control y si él repudia las acciones delictivas?, el entrevistado afirmó: "Desde luego que nosotros, como dirigencia, las avalamos".

El país debe encaminarse hacia la legalidad. Lo mismo en el desempeño imparcial de las autoridades, la no utilización electoral de los programas gubernamentales o que la inconformidad y la protesta se conduzca por medios legales. La impunidad es una espiral que se reproduce indefinidamente y se contagia. Sus incentivos perversos están en que nada pasa y nada sucede a quienes se apartan de la ley. Para el caso del conflicto en Guerrero se entiende que la prioridad de las autoridades es que regrese el orden y la tranquilidad, como también que en la UNAM los invasores se retiren. Sin embargo, no será suficiente. Se requiere, además de todo eso, que quien la hizo la pague. Que quede claro que incumplir con la ley tiene consecuencias.

Federico Berrueto
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 26 de abril de 2013).


El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que "en Guerrero no es una protesta de maestros, hay estrategia de guerrilla, policías comunitarias, vandalismo político, hay que deslindarnos, no puede aceptar la izquierda vandalismo como el de Guerrero", expresó en conferencia en el Senado.

El perredista aseguró que el que no se actuara no es responsabilidad solo de Aguirre, sino del gobierno federal, porque se atacaron vías federales, por lo que pidió que se tomen acciones drásticas contra los líderes, como se hizo con Elba Esther Gordillo.

"No es un tema del gobernador, es parte, pero la decisión debe ser del Estado mexicano, hay que actuar y tomar decisiones drásticas. Hay que detener a los dirigentes que son delincuentes, no son maestros y que respondan del agravio (...) Es un problema del país, o paramos esto o el país va a hundir".

Ante esto, su compañero de partido y senador, Alejandro Encinas, rechazó las declaraciones y se deslindó de los dichos del mandatario local.

Expresó que estas declaraciones están cargadas de "frivolidad y megalomanía", ya que consideró que México no necesita mano dura, "la mano dura es sinónimo de abuso de autoridad y es propio de un lenguaje de prepotencia e impunidad".

(V.pág.22 del periódico Milenio Jalisco del 26 de abril de 2013).


Estudiantes normalistas desquiciaron ayer la ciudad de Morelia, por 3er. día consecutivo, en demanda de plazas automáticas y apoyos económicos.

Alrededor de 400 jóvenes secuestraron 14 camiones, incluidas 2 pipas cargadas con 20,000 litros de combustible cada una, con los que bloquearon los principales accesos a la ciudad. También se enfrentaron con policías antimotines y atacaron 2 patrullas.

"El altercado se originó cuando llegamos al lugar porque había reportes de secuestro de autobuses. Hay varios policías lesionados con piedras y sin su equipo táctico", informó Manuel Maceda, subdirector de Tránsito en el estado.

Los bloqueos iniciaron a las 9:30 horas con el cierre de la carretera Morelia-Salamanca, donde los jóvenes -quienes portaban palos- se apoderaron de 2 pipas de Pemex con capacidad de 20,000 litros cada una y amagaron con extraer el combustible.

También interceptaron 8 autobuses de pasajeros e igual cantidad de tráileres, los cuales atravesaron sobre la vialidad.

Hora y media después, a las 11:00 horas, los bloqueos ya se habían extendido a la carretera Morelia-Pátzcuaro y la Avenida Enrique Ramírez, en la zona comercial más importante de Morelia.

"Tenemos miles de automovilistas aquí varados, molestos. Ya están hartos de los actos de vandalismo", señaló el mando de la SSP, cuando trataba de hacer desistir a los paristas.

Sin embargo, Alejandro Valencia, uno de los voceros del movimiento, acusó a las fuerzas policiacas de provocar los disturbios.

Afirmó que previo a los bloqueos, elementos de la SSP estatal interceptaron y retuvieron 2 autobuses donde se transportaban los normalistas.

(V.pág.8 del periódico Mural del 25 de abril de 2013).


Maestros, normalistas y estudiantes desafiaron ayer a autoridades federales y estatales mediante toma de carreteras, secuestro de vehículos, destrozo e incendio de sedes partidistas y más tomas de planteles educativos.

En Guerrero, la molestia del Movimiento Popular Guerrerense por el revés que sufrió el martes su propuesta de Ley Estatal de Educación derivó ayer en ataques a las sedes de los partidos políticos en Chilpancingo, así como a las instalaciones de la Contraloría de la Secretaría de Educación estatal.

(V.pág.8 del periódico Mural del 25 de abril de 2013).


Antorcha Campesina nuevamente salió a las calles.

Ayer a las 11:25 horas, integrantes de la organización iniciaron una manifestación en la que participaron cerca de 300 personas que partieron del Puente Matute Remus hacia las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Durante la marcha bloquearon los carriles laterales de Lázaro Cárdenas en la dirección que va de oriente a poniente, entre San Ignacio y Niño Obrero, durante más de 3 horas.

Una comisión entró a dialogar con el nuevo director general del Centro SCT en Jalisco, Bernardo Gutiérrez, y con quien acordaron reactivar algunas obras viales en caminos rurales para varias comunidades y rancherías de diferentes municipios enclavados en las regiones de la Costa Sur, Costa Norte, Sierra Occidental, Valles y Sur del estado.

El argumento para iniciar la manifestación, según indicó Salvador Mateo Martínez, vocero de Antorcha Campesina, es porque en una reunión sostenida la semana pasada con personal de la delegación, ésta desconoció algunos acuerdos realizados con anterioridad para la construcción de esas obras viales.

(V.pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 25 de abril de 2013).


La semana pasada terminó con 2 episodios que arrasaron por completo gobiernos. En uno, maestros normalistas y decenas de personas que los apoyaron, sellaron por horas vías de comunicación federales y el Congreso de Guerrero en Chilpancingo, con lo que impidieron que legislaran sobre Ley Estatal de Educación. En el otro, amenazas, bloqueos de carreteras y cierre de alcaldías, paralizaron el territorio michoacano. En México, acostumbrado a violaciones a las leyes ante la debilidad de las autoridades por la falta de consensos para gobernar, pasó como un paisaje más del descontento nacional. En otros lados, sería un escándalo, porque son 2 de los episodios más graves que se han vivido en México.

Lo que sucedió en el Congreso de Guerrero fue el equivalente a un golpe de estado técnico, al haber impedido un grupo radical que legislara. Al atacar, sellar el recinto y amagar con entrar al Pleno, inhibieron a los diputados locales cumplir con su tarea -con la que los manifestantes están en desacuerdo-, que por miedo no se presentaron para votar. Que los manifestantes hayan cerrado las vías de comunicación federal -que parece para estos días algo normal-, y con ello incurrido en delitos federales, parece una afrenta de segundo nivel.

De la misma forma se podría percibir lo que sucedió un día después, el viernes, en Michoacán, donde la toma de carreteras propició que se cortaran las comunicaciones durante 5 horas, paralizaran comercios en decenas de municipios, y cerraran 16 alcaldías y 752 primarias. Al igual que en Guerrero, en Michoacán se vivó la toma del poder por parte de grupos que fueron capaces de frenar durante todo el tiempo que lo desearon con la vida política y económica de un estado, y alterar el comportamiento de la sociedad ante la impotencia de un gobierno que, como con su vecino, recibió un tímido apoyo federal.

La reacción del gobierno federal frente a la toma de carreteras fue el envío de fuerzas para desalojarlas. Con el objetivo de no caer en enfrentamientos, aceptaron en Guerrero que los maestros y los grupos que los apoyaran mantuvieran el control de la principal autopista turística del país, y dejaran sólo un paso limitado. En Michoacán acudieron 4,000 soldados, policías federales y locales ante reportes de presencia de grupos armados en ocho ciudades, y hasta después de unas 10 horas de paralización en el estado, se empezó a recuperar la normalidad.

Esta normalidad es aparente y efímera. Que los maestros y sus bases de apoyo se hayan tomado el fin de semana, no significa que el problema se acabó. El PRD, que ocupa el gobierno estatal, tiene mayoría en el congreso local, e históricamente ha respaldado a los maestros de la Coordinadora que mantiene en vilo al estado, no ha podido negociar con ellos la ley local. La postura del PRD ante cada acto de mayor violencia es dialogar. No ha llegado a ningún lado y los maestros han escalado del chantaje político a actos extremos como la toma del congreso, el jueves.

A los maestros de Guerrero se les han ido sumando otras fuerzas sociales, como sucedió en Michoacán, donde por las mismas razones que en Guerrero, maestros de la Coordinadora también están en rebelión. En Michoacán se les sumaron otros grupos el viernes, algunos como informó el gobierno estatal, vinculados con La Familia Michoacana, el cártel de drogas que renació en el joven gobierno de Enrique Peña Nieto, que en otros tiempos probó capacidad táctica para movilizar a la sociedad ante actos que los afectaran.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 23 de abril de 2013).


Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Gro., tomaron las instalaciones de radiodifusoras de Chilpancingo para exigir al Gobierno del Estado una respuesta favorable a su pliego petitorio, como el pago de becas económicas, entre otras.

Apoyados por el Movimiento Popular Guerrero, un grupo de 50 jóvenes con los rostros cubiertos ingresaron a las estaciones ABC Radio, Capital Máxima e incluso a la emisora gubernamental Radio y TV de Guerrero.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 23 de abril de 2013).


La indefensión de los ciudadanos honorables y la impunidad de quienes basan su forma de vida en saltarse esos semáforos con los que a costa de tiempo, esfuerzo y sensatez, hemos organizado nuestras ciudades: normas de conducta, derechos y libertades basados en el respeto y la convivencia. Víctimas de un buenismo excesivo enraizado en hondos complejos históricos, sociales y políticos, aquí nos hemos pasado de rosca legislando para un mundo ideal, angelical a ratos, que no resiste los embates del lado oscuro e inevitable de la condición humana. Eso nos ha convertido en rehenes de un Estado maniatado por su propia estupidez, incapaz de defender a quienes le cedieron el monopolio de la violencia legítima. Presa ideal para quienes viven de saltarse semáforos. Rebaño de ovejas a merced de lobos sin escrúpulos.

Arturo Pérez-Reverte
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 21 de abril de 2013).


Si bien lo que puso en libertad a Florence Cassez fue el montaje sobre su detención, hubo también serias dudas acerca de los testimonios presentados por las víctimas de secuestro. Y no olvidemos el caso de la edecán Paola Durante, a la que un preso vio y escuchó en un reclusorio cuando participaba en la planeación del homicidio del conductor de TV Paco Stanley. El procurador del DF, Samuel del Villar, persiguió con saña a la edecán, a quien sólo un presidente de la CDH del DF como Luis de la Barreda logró poner en libertad.

Luis González de Alba
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 21 de abril de 2013).


Los funcionarios que permitieron o persiguieron políticamente al general Tomás Ángeles Dauahare tienen nombre y tienen que dar la cara ante las acciones que ejercieron en contra de este general y otras personas inocentes: su ex comandante supremo, Felipe Calderón, el ex secretario de Defensa y su jefe general Guillermo Galván Galván, y la ex procuradora Maricela Morales.

Aun eliminando el arraigo y el uso de testigos protegidos, si un presidente y su gabinete están dispuestos a usar la justicia como una arma política, o buscan por cualquier mecanismo tapar la incompetencia de sus funcionarios, como sucedió el sexenio pasado, las injusticias continuarán.

En este caso el problema no son los procedimientos, son los individuos. Si no hubiera habido un nuevo presidente y nuevo gabinete, yo me imagino que en este momento el general Ángeles continuaría en el penal de alta seguridad, y probablemente enfrentando una condena de culpabilidad que implicaría años de prisión.

También habría que cuestionar cuál es la responsabilidad de los jueces ante este tipo de casos. Mantener una posición de imparcialidad, y permitir que individuos pasen meses, sino años en la cárcel, ante lo que parecería un proceso donde había poca o nula prueba, o ya había fuertes indicios de que los testimonios del famoso "Jennifer" no eran de fiarse.

Finalmente, habría que ver cuál es la responsabilidad de la DEA y cuánto sabía de cómo se estaba usando el testimonio de su testigo protegido. Hay una implicación jurídica en todos los procesos que se están llevando a cabo en México, sino en todos los procesos donde haya tenido participación Jennifer en los Estados Unidos. ¿Habría una responsabilidad civil que podría perseguir el general Ángeles en contra de los Estados Unidos de demostrarse que se sabía del uso indebido del testimonio de un testigo protegido?

Más que dar la cara ante la "infamia" que hicieron contra Ángeles, la forma de asegurar que no se siga usando la justicia como arma política o que se abuse de los derechos humanos por incompetencia de sus funcionarios, es importante que haya consecuencias penales y económicas para enviar un mensaje contundente a los funcionarios nacionales e internacionales.

Ana María Salazar
(v.pág.6-B del periódico El Informador del 21 de abril de 2013).


La Universidad Nacional Autónoma de México levantó un acta ante la PGR contra quien o quienes resulten responsables de los daños causados a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

En un comunicado la máxima casa de estudios repudió la violencia extrema en que incurrió un grupo de personas en sus instalaciones, luego de la marcha que realizaron algunos embozados desde el Parque Hundido a Ciudad Universitaria, la cual interrumpió el tránsito vehicular durante varias horas.

Subrayó que entre los manifestantes figuraban varios de los expulsados del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, cuyos expedientes se encuentran en proceso en el Tribunal Universitario.

A su llegada a la Torre de Rectoría, con diferentes objetos, destruyeron vidrios de la fachada principal y se introdujeron al vestíbulo de ese edificio.

La Universidad Nacional dejó claro que bajo ningún concepto las conductas violentas pueden ser camino por el que se conduzca hacia la solución de una demanda o diferendo.

(V.Notimex del 20 de abril de 2013).


La noche de ayer los grupos de civiles que habían bloqueado 2 tramos de la autopista que une a Pátzcuaro con Uruapan y también la zona de Cuatro Caminos, liberaron las vías de acceso. El Gobierno del Michoacán afirmó que no se trata de grupos aislados o con demandas sociales, sino vinculados al crimen organizado.

De acuerdo con reportes de medios, transportistas y organizaciones civiles se movilizaron en demanda a una solución real a la inseguridad y en rechazo a la presencia de elementos federales.

"Fue un bloqueo de entre 3 y 4 horas que afectó a 4 de los accesos a la ciudad, que afectó 2 tramos de la autopista que une a Pátzcuaro con Uruapan y también la zona de Cuatro Caminos, en Tierra Caliente. Manifestaciones que no tenían una demanda concreta, sino 5, 6, 7 u 8 demandas", dijo Julio Hernández Granados, vocero del Gobierno de Michoacán.

La tarde de ayer, el Gobierno del Estado reconoció las manifestaciones, que incluyeron bloqueos en las arterias de los principales accesos de la capital y la región de Apatzingán, en demanda de mejores condiciones de seguridad, pero aseguró que sólo buscan generar miedo entre la población.

En al menos 10 municipios de Michoacán fueron desalojadas las oficinas administrativas tras recibir por la mañana llamadas anónimas que amenazaron con realizar ataques.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 20 de abril de 2013).


La expresión "limosnero y con garrote" no alcanza para describir lo que una rabiosa turba de maistros (se dicen de "izquierda", pero son profundamente reaccionarios) hizo ayer ante el Congreso de Guerrero.

Sus nuevas agresiones al recinto se añaden a incontables anteriores y a la perpetrada unos días atrás contra las oficinas de los diputados que, así sea por puro miedo, les han venido dando por su lado con la pendejada de impulsar una reforma educativa muerta desde su concepción.

No hay diferencia sustancial entre lo que experimentan muchos notarios que escrituran despojos de casas y terrenos como "venta" con AK-47 apuntándoles a la cabeza y lo vivido ayer por una veintena de legisladores más como 100 trabajadores asediados y virtualmente secuestrados por quienes exigen leyecitas a modo.

En Oaxaca, sus contlapaches de la coordinadora "conquistaron" imponer el sello de su sección 22 a uniformes escolares y ¡a los libros de texto gratuitos!

Armados de garrotes y marrazos, quieren su propia evaluación, seguir mercando plazas y continuar, impunes, maleducando a niños...

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 19 de abril de 2013).


El acto de presión del Movimiento Popular de Guerrero para lograr la aprobación de la reforma educativa inició con un nuevo bloqueo a la Autopista del Sol y derivó con la toma de todos los accesos al recinto legislativo, y la retención hasta anoche de más de 80 personas.

Mientras que la Policía Federal alistó tropa y equipo para actuar ante un eventual desalojo de la autopista -como los que se registraron el 5 y el 11 de abril-, en el congreso no se solicitó protección extra ni operativos con policías antimotines para vigilar la sesión programada a las 11:00 horas.

A las 10:30 de la mañana, la movilización -que partió del plantón de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la colonia Burócratas- reunió a contingentes de las secciones 22 y 9 del magisterio, así como a integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Comité YoSoy132, maestros de las regiones Acapulco, Centro, Costa Chica, Costa Grande y la Montaña, así como alumnos de escuelas normales y padres de familia.

"Vamos a dejar que los diputados hagan su trabajo", explicó el dirigente de la CETEG, Gonzalo Juárez, al iniciar la marcha, acompañado por el vocero de la organización, Minervino Morán, y unos 50 elementos del grupo de avanzada, integrado por maestros de Guerrero que llevaban palos y tubos.

Alrededor de las 11:00 horas, los manifestantes tomaron los carriles Norte-Sur, rumbo a Acapulco, lanzando consignas contra los diputados y el gobierno.

Más de 100 elementos de las policías comunitarias llegaron, a pesar de que el comisario en Acatempa, Pastor Coctecón Plateado, aseguró que recibió amenazas para que no fuera.

Media hora después, la vanguardia inició el bloqueo de los carriles Sur-Norte, con lo que la autopista quedó bloqueada por completo.

Al iniciar el regreso hacia Chilpancingo, la marcha se extendía a lo largo de 3.4 kilómetros por cada sentido de la autopista. A la altura del Centro SCT, a solo medio kilómetro del congreso, los manifestantes empezaron a colocar rocas y palos para evitar que continuara la circulación.

La movilización se mantenía dentro de los carriles de la autopista cuando, de forma sorpresiva, un grupo de la avanzada se desprendió del contingente y corrió hacia el edificio legislativo. Eran las 15:00 horas.

Los primeros en llegar fueron los hombres de la avanzada que portaban palos, tubos, hachas y varillas, mismas que utilizaron para forzar la puerta central, de ahí enfilaron hacia la explanada Benito Juárez, que conduce a la sala de plenos y arremetieron a pedradas contra los cristales, que en pocos minutos quedaron destrozados.

Con las hachas y los tubos arremetieron contra la puerta que permite el acceso a la biblioteca Siervo de la Nación, tras varias acometidas declinaron y se replegaron a petición de sus dirigentes, bajo el argumento de que solamente realizarían un cerco multitudinario en las instalaciones del inmueble.

Algunos profesores portaban resorteras y con ellas lanzaron piedras al interior del inmueble, pese a la presencia de trabajadores y reporteros. Dieron 15:30 de la tarde. La autopista seguía bloqueada.

(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 19 de abril de 2013).


"Los testigos protegidos y el arraigo son unas aberraciones", fueron las primeras palabras del general de división Tomás Ángeles Dauahare, tras abandonar anoche el Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México.

El ex subsecretario de la Defensa Nacional fue liberado anoche luego de que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ratificara que no tienen fundamento las acusaciones de testigos protegidos que lo acusaron de proteger a los Beltrán Leyva.

"Les manifiesto que fueron imputaciones dolosas y falsas... Desafortunadamente en cuanto a la procuradora anterior Marisela Morales, pues desafortunadamente no hay buenos comentarios. Lo estamos viendo, lo estoy viviendo yo, lo están sufriendo los compañeros militares y cantidad de internos en este penal y creo que en todos".

"Yo les llamé aberraciones jurídicas a los testigos protegidos y al arraigo, se está llevando o se estaba llevando mal", dijo en breve entrevista el militar de más alto rango en la jerarquía del Ejército que ha sido acusado de colaborar con el crimen organizado.

Se reservó comentarios para Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, y mencionó que por ahora no ha definido si va a demandar o denunciar, por las acusaciones que calificó de dolosas y que lo mantuvieron privado de su libertad durante casi un año.

"La verdad necesito ver que actitud asumir de demanda, de denuncia, lo tengo que consensuar, consultarlo con personas que saben de esto y sobretodo considerando que es una nueva administración. No quiero lesionar para nada a esta administración que ha cumplido su palabra de apegarse estrictamente al estado de derecho", dijo.

(V.pág.6 del periódico Mural del 18 de abril de 2013).


Al considerar que el arraigo abre la puerta a actos de tortura, que atenta contra la presunción de inocencia y que además su efectividad es mínima, organizaciones de la sociedad civil presentaron ayer en la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa de reforma al artículo 16 constitucional que busca la eliminación de la medida de privación de la libertad.

El texto contempla la posibilidad de que sea en la ley reglamentaria en la materia, ya sea el Código Penal o la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, donde puedan establecerse medidas cautelares alternativas a la detención preventiva compatibles con la carta magna y los tratados internacionales.

Asimismo, pretende de que los individuos que fueron sujetos a arraigo y resultaron absueltos tengan la oportunidad de demandar a las procuradurías de justicia la adopción de todas las medidas de reparación integral contempladas en la Ley General de Víctimas por error judicial, tortura, desaparición forzada, daños al honor y la reputación o cualquier otro menoscabo de derechos.

"Datos oficiales proporcionados por la PGR indican que sólo el 3.2% del total de personas sometidas a arraigo recibe una sentencia condenatoria al final del proceso, lo que prueba la poca efectividad de la medida, así como su carácter de innecesaria", señalaron.

(V.pág.6 del periódico Mural del 18 de abril de 2013).


En México proliferan los grupos de autodefensa y policías comunitarias por la incapacidad del Estado de proporcionar seguridad a todos los ciudadanos. Y aún más, vale la pena recordar la vieja máxima de que un Estado que permite a los ciudadanos armarse para hacer justicia por sus propias manos es un Estado fallido, ya que en el lance claudica a uno de los fundamentos de su existencia misma y que no es otro que el monopolio sobre el uso de la fuerza.

En Guerrero, decenas de hombres se suman a las policías comunitarias, con sus escopetas y rifles al hombro, algunos con revólveres a la cintura, 2 o 3 mujeres, que se asumen como los únicos garantes de la seguridad en sus comunidades. Y el Estado, en sus 3 órdenes, ausente, distante, impulsando grupos de trabajo para analizar y dar seguimiento a las acciones de los grupos de autodefensa y las policías comunitarias, "a fin de influir legislativamente en la atención a este problema social", según la Comisión de Seguridad del Senado.

Y entonces tenemos por un lado a las bandas de la delincuencia organizada que desde hace años sostienen una encarnizada lucha por el control territorial y por el otro a ciudadanos que se hartaron de la complicidad, contubernio, corrupción o, en el mejor de los casos, mera ineptitud de las autoridades y que deciden enfrentar el problema en propia mano; y en medio a los personajes que fueron electos para desempeñar cargos públicos y que ante el "coctel molotov" que tienen enfrente, deciden convocar a mesas de trabajo para analizar el tema, mientras los ciudadanos se ven obligados a establecer nuevas pautas de "normalidad" en medio de escopetas y revólveres.

Es la ley de cada quien como pueda, dependiente de su propia capacidad de organización y su habilidad en el manejo de armas, como en la selva, dónde la norma jurídica sirve lo mismo que la hojarasca seca, sólo para prender fuego... tal cual, como si no hubiera Estado.

Enrique Peña Nieto sostiene que en el caso de las autodefensas se aplicará la Ley, la que dicho sea de paso no las contempla en ningún lado y la salvedad serían las policías comunitarias que nacen y se regulan en base a necesidades específicas de comunidades indígenas y que parte del respeto a sus usos y costumbres. Lo que hoy prolifera en Guerrero y otras entidades es una cosa totalmente distinta, son vigilantes, son milicias que lo mismo le disparan a una pareja de turistas que no se detiene en uno de sus retenes, que intercambian balazos con células del hampa y ante esta realidad no hay retórica ni eufemismos suficientes para ocultarla.

Mientras las autoridades quieren analizar y dan seguimiento al tema, en Michoacán se reportan diversos enfrentamientos en el municipio de Buenavista Tomatlán, entre grupos de autodefensa, elementos del Ejército y grupos armados. Nadie sabe exactamente qué ocurrió y quién le disparó a quién... bueno, y mucho menos el gobierno que en los hechos pareciera agotarse en el análisis.

Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 15 de abril de 2013).


Lo que se juega en Guerrero y Oaxaca es mucho más que la reforma educativa; hay una didáctica social de por medio de la que debe concluirse que basta ya de la imposición de una minoría dispuesta a todo en la defensa de su privilegiada posición. La calidad educativa es deplorable en los estados donde los agitadores se han hecho del liderazgo magisterial y esto por sí mismo es un tema para atender con prioridad. Pero lo que ahora ocupa no es solo el tema de la educación, sino la legalidad, la obligación de las autoridades para cumplir y hacer cumplir la ley.

Desde hace mucho tiempo los gobernantes se volvieron complacientes y, en algunos casos, cómplices del radicalismo; ocurrió por miedo a que los conflictos escalaran; esto abrió la puerta a que la protesta social se tornara un generoso negocio y una forma abierta de impunidad de la que disfrutaba un sector privilegiado de la sociedad, de allí el interés de no pocos de sumarse a la movilización. La inconformidad legítima tiene su espacio y razón; lamentablemente, con facilidad es suplantada por el chantaje y la manipulación de los mercaderes de la protesta social. Queda claro que las autoridades, al conceder, promovieron la práctica periódica y generalizada de esta forma de ganar favor de las autoridades, siempre a cuenta de los de por sí escasos recursos públicos.

Los gobiernos de Guerrero y Oaxaca tienen la oportunidad histórica de poner término a la sumisión a la que llevaron a los mandatarios de dichos estados. No se trata de reprimir, sino de resistir, de no ceder ante la violencia. Una acción fuera de la ley debe ser corregida y sancionada. Un maestro que abandone su responsabilidad debe enfrentar las consecuencias administrativas y laborales de su decisión. Las normas se deben aplicar por igual, concluir con el privilegio del que han disfrutado los irresponsables.

Ceder es reiterar los incentivos perversos que existen en muchas actividades de la vida pública y social; le va mejor a quien incumple, pero grita y patea. Los perdedores son esa mayoría silenciosa, que cumple y que sólo espera que las autoridades hagan su parte. Precisamente, por la sumisión del gobernante al que más reclama ha llevado a muchos perder la confianza y aprecio en sus autoridades y, también, en el valor del voto. ¿Para qué sirve votar si por igual uno y otro se someten al poder de los vociferantes?

Guerrero y Oaxaca, al igual que Chiapas y Michoacán han vivido la alternancia con gobiernos supuestamente de izquierda. El desencanto en Chiapas, Guerrero y Michoacán con los gobernadores de la primera alternancia fue evidente, como ahora ocurre con Gabino Cué en Oaxaca y Ángel Aguirre en Guerrero. Las razones del desencanto tienen que ver con la debilidad con quienes hacen del chantaje y la intimidación recurso de lucha para mantener o acrecentar sus privilegios. Por igual obstruyen vialidades importantes en periodos vacacionales, bloquean accesos a tiendas departamentales, se hacen de espacios públicos o recurren a actos vandálicos en el afán de presionar a las autoridades. No son los líderes quienes encaran y encabezan el riesgo, sino grupúsculos echados andar con el veneno del rencor social.

No ceder ante la protesta es fundamental para la salud del país. El reclamo justo o injusto no puede transgredir la ley, tampoco dañar a terceros o al patrimonio público. Para dar una respuesta eficaz, racional e inteligente, las autoridades requieren capacidad para responder a estos eventos. Las heridas históricas como el 2 de octubre o el jueves de Corpus son hechos que demuestran la peor cara del autoritarismo: intolerancia y represión criminal. Tampoco se pueden cometer los errores de acciones pasadas como las del pasado 1º de diciembre o en mismo Guerrero en la protesta de normalistas al final de 2011, hechos que muestran autoridades descoordinadas y actuando a destiempo y en exceso.

Los provocadores quieren mártires, sangre que abone su causa; por eso las autoridades deben actuar con energía y firmeza, pero con cuidado y prudencia. Resistir y mantener el orden público. Dialogar y escuchar siempre, pero nunca ceder ante el chantaje o la intimidación. Dejar en claro, como se ha dicho, que la ley no se negocia y, todavía más, que quien la haga la pague, que no habrá impunidad. Que hay respeto a quien disiente, pero no a quien infringe la ley.

En este nuevo escenario es fundamental el apoyo del gobierno federal a los mandatarios estatales, no para conceder, sino para que se tengan confianza en su obligación de hacer cumplir la ley. Gobernadores arrinconados, temerosos y complacientes deben dar lugar a mandatarios firmes, sensibles y decididos a actuar por el interés general y la legalidad.

Federico Berrueto
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 14 de abril de 2013).


Ya no caben organismos de autodefensa, pues para eso están las leyes y deben cumplirse cabalmente, sin distingo y mucho menos disimulo. Las leyes están diseñadas para su estricta observación y cumplimiento.

Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.6-B del periódico El Informador del 14 de abril de 2013).


En Guerrero, el intento para reeditar la APPO oaxaqueña es más que evidente, las provocaciones no cesan y los bloqueos (ayer el último nuevamente en la Autopista del Sol) buscan llegar a un límite que obligue a las autoridades a implementar un acto de "represión". Es el ingrediente que les falta. Tarde o temprano, en esta dinámica de desafíos y provocaciones, terminarán teniéndolo. Esa presión política quiere comprobar hasta dónde está dispuesto el gobierno federal a llegar para sacar adelante sus propuestas, y hasta dónde llegarán sus aliados. Lo que estamos viendo con la reforma educativa es sólo una suerte de prueba respecto a lo que debemos esperar cuando llegue la hora de las reformas energéticas y fiscal: están poniendo a prueba hoy la verdadera disputa de mañana.

No está de más recordar que el sexenio de Fox perdió toda la iniciativa política cuando el gobierno se doblegó en su intención de construir un nuevo aeropuerto ante las manifestaciones de Atenco y, tiempo después, cuando mostró una completa parálisis ante la toma de Oaxaca por la APPO. Un gobierno no necesita mostrar continuamente su fuerza si se sabe que cuenta con ella, pero es suficiente con que una vez que haya mostrado su debilidad para que la misma se vuelva endémica.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 13 de abril de 2013).


En Chilpancingo maestros pertenecientes a la CETEG que desde las 10:00 horas bloqueaban super mercados, tiendas departamentales y plazas comerciales de la zona sur de la capital en protesta, porque los diputados no han aprobado sus propuestas, mismas que quieren plasmar en la Ley de Educación de Guerrero.

Cerca de las 15:00 llegaron al lugar Policías Estatal Antimotines, mismos que les pidieron de la manera más atenta, que se retiraran del lugar. Ante esto, los docentes se retiraron y los accesos quedaron libres.

Cabe recordar que con palos en la mano, los manifestantes se apostaron en los accesos de las tiendas departamentales y de autoservicio de esta ciudad, al considerar que las reformas constitucionales "no son en beneficio del pueblo, sino de las grandes trasnacionales".

La advertencia de la dirigencia de la CETEG y la Policía Comunitaria que se ha sumado al movimiento es que no cesarán en sus acciones de protesta, hasta que logren avances importantes en torno a la reforma de la Ley de Educación estatal, para revertir los efectos de la reforma constitucional en materia educativa.

(V.periódico Excélsior en línea del 12 de abril de 2013).


El Movimiento Popular Guerrerense bloqueó durante más de 2 horas la Autopista del Sol, en tanto sus dirigentes atendían la instalación de una mesa de trabajo en el congreso estatal en la que presentaron una propuesta de iniciativa de reforma educativa.

Cerca de 10,000 integrantes del movimiento se dieron a la tarea de bloquear ambos sentidos de la autopista.

Después de 2 horas de mantener bloqueados ambos sentidos, 5 camionetas de la Policía Federal se ubicaron en un extremo de la marcha y empezaron el operativo de desalojo.

(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 12 de abril de 2013).


Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron una marcha del Monumento a la Revolución al Palacio de Justicia Federal, ubicado en San Lázaro, lo que provocó problemas viales en la zona.

Los maestros de la CETEG marcharon sobre la Autopista del Sol para exigir que el gobierno guerrerense tome en cuenta la propuesta a la Ley Estatal de Educación que -aseguran- fue propuesta y enviada por el gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero al congreso, y que se desechó por ser contaria a la Reforma Educativa federal.

Cuando pasaron por el congreso estatal le arrojaron piedras y con una hacha intentaron abrir la reja del estacionamiento.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de abril de 2013).


Tenemos innumerables problemas: desde la inseguridad hasta la educación, desde la necesidad de incrementar la productividad del país hasta nuestra dependencia del petróleo. Desde la pobreza y el hambre hasta la desigualdad. Pero si se hace un estudio más detenido de esa suma de problemas y desafíos, llegaremos a la conclusión de que el mayor, sin duda, es la impunidad. La cárceles están llenas, pero en ocasiones de inocentes y casi siempre de pobres que no pueden pagarse una buena defensa. El dato duro es que el 98% de los delitos que se denuncian quedan impunes, una cifra de escándalo que sólo palidece cuando se insiste en que se habla de los delitos que se denuncian, no de los que se cometen que son muchísimos más.

Si en términos de seguridad ello es altísimo, cuando hablamos de los delitos que se cometen con una coartada o tras una bandería política, ese porcentaje de 98% que parecería insuperable se torna un límite irrisorio. Es difícil recordar que haya verdadero castigo ante un delito político. Ejemplos hay miles, desde la impunidad que ronda a cualquier tipo de manifestante que acude a la violencia para tratar de imponer sus reclamos hasta políticos que desconocen las resoluciones de la Suprema Corte y alegan que existe un complot en su contra. Si cualquier ciudadano no paga sus impuestos y retiene el ISR o las cuotas del IMSS puede terminar en la cárcel, si los partidos no pagan impuestos o retienen cuotas no sucede nada, aunque los partidos, vaya paradoja viven de los recursos públicos, o sea de los impuestos que ellos mismos no pagan. No deja de ser un poco ridículo que los legisladores de los distintos partidos reclamen en el congreso que los partidos paguen los impuestos que deben cuando ellos mismos son parte del delito que condenan.

Pero es más grave aun cuando la que queda impune es la violencia. Se ha hecho una norma desde hace años que cualquier grupo de manifestante puede cometer todo tipo de delito y no pasa nada. Eso se aplica desde aquellos que queman carros de simples transeúntes hasta los que destrozan negocios u oficinas públicas o de partidos; para los que pueden bloquear durante 10 o más horas una carretera federal con miles de automovilistas varados o estrangular la vida de una ciudad. Para los que pueden golpear y agredir a un opositor o un policía que está custodiando una calle. Para aquellos que deciden portar armas de uso exclusivo del las fuerzas armadas por las calles sin que nadie se lo impida. O los que secuestran y amenazan con quemar vivos (y en ocasiones lo hacen) a funcionarios o policías.

Me parece muy bien que se esté implementando una mesa de negociación con los grupos del magisterio disidente, pero me parece inconcebible que, como dijo uno de sus dirigentes, el sólo sentarse en esa mesa implique que el gobierno quite las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes o que se libere a los que han cometido agresiones y actos de vandalismo evidentes, públicos, notorios. La impunidad no puede ser nunca una base para la negociación: funciona como chantaje y el mismo se torna cada día más costoso para la sociedad y para las autoridades. ¿Cómo puede ser que uno de los líderes de las llamadas autodefensas sea detenido portando una pistola 9 mm y sea liberado porque los propios miembros de ese grupo marchan armados por una carretera y llegan hasta el centro de Chilpancingo?

No estamos hablando de cancelar ningún derecho, pero es inadmisible que, como han dicho los dirigentes de la Coordinadora, se exija a las autoridades que ellos tengan "libre tránsito", o traducido al español que puedan bloquear lo que quieran, donde quieran, por el tiempo que sea y que no sean "reprimidos".

Ya ocurrió con los dirigentes de Atenco, con los del SME, con el Francisco Villa, con los 400 Pueblos, con la propia Coordinadora en innumerables oportunidades, y sucedió el 1o. de diciembre pasado cuando hasta se hizo una reforma al código de procedimientos penales del DF al vapor para aplicarles ese nuevo código en forma retroactiva (lo que se supone es ilegal) a los vándalos que destrozaron ese día el centro de la ciudad y que no fueran a la cárcel. Por cierto, nadie indemnizó a las víctimas de aquellos destrozos como tampoco se castigó a los responsables de la muerte de aquel trabajador de la gasolinera de Chilpancingo que murió apagando las llamas de ese establecimiento incendiado por los mismos manifestantes que ahora piden "libre tránsito" e impunidad.

Nadie puede estar en contra de la negociación con éste o con cualquier grupo, pero no se puede negociar con un cuchillo en el cuello, no se puede negociar sobre la base de aceptar todo o cuando se exige impunidad por delitos cometidos que dañaron a cientos de miles de personas. Esa la diferencia entre estar negociando o ser víctima de un chantaje.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 11 de abril de 2013).


Es importante ejercer la fuerza pública cuando así lo ameriten hechos ilegales (bloqueos, agresión física, destrucción, bombas molotov, piedras y fusiles), que violan los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Los ciudadanos ven con mucho aliento que el Estado salvaguarde el estado de derecho, y que queden al margen el chantaje y la manipulación, ejerciendo el cumplimiento de la ley.

Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 10 de abril de 2013).


Hace ya algunos meses cuando comenzaban a aparecer los grupos de autodefensa en Guerrero, mostramos en el programa Todo Personal de Proyecto 40 cómo esos grupos, en realidad, eran parte de la estrategia de las organizaciones armadas que operan en Guerrero (y también de los grupos del narcotráfico que lo hacen en Michoacán) y advertíamos del evidente peligro que representaban para la estabilidad del Estado. En esa ocasión el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, me llamó para decirme que estaba equivocado, que eran buenos muchachos de la comunidad, que no tenían otros intereses más que defenderse de los delincuentes. Me invitó a visitarlos en Tlapa. A los pocos días se puso de manifiesto que los buenos muchachos (que no dudo que en lo personal pudieran serlo) tenían una agenda y que, como dijeron las autoridades federales, estaban violando la ley.

Antes en el libro La élite y la raza, que publicamos con Bibiana Belsasso, explicábamos cómo las distintas tendencias que confluían en la Coordinadora estaban ligadas con esos mismos grupos que ahora formaban las organizaciones de autodefensa y cómo el propio núcleo duro de la Coordinadora tenía una agenda que nada tenía que ver con la educación, y sí con la lógica y la estrategia de esas organizaciones radicales. Dijimos también, y seguimos creyendo en ello que el mayor obstáculo para la reforma educativa no sería Elba Esther Gordillo (cuyos conflictos con el poder eran de otro origen y por otras razones) y muchos menos el SNTE que debía ser un instrumento para sacarla adelante, sino la propia Coordinadora, con la que no habría margen alguno para negociar.

Hoy las autodefensas marchan armadas por Chilpancingo reclamando la libertad de sus dirigentes, que son también los de la Coordinadora, y custodiando a unos dos mil activistas de esa organización que reclaman a su vez la liberación de otro de sus líderes, originario de la Montaña y que tendría, según fuentes oficiales, relación con los mismos grupos armados y radicales de los que hablábamos.

Lo cierto es que, la agenda ya nada tiene que ver con la educación y lo que se pide es la desaparición de poderes en el estado, la caída de Aguirre Rivero como hace 7 años, en un movimiento prácticamente idéntico en sus intereses y participantes se pedía la cabeza de Ulises Ruiz en Oaxaca. Que Aguirre haya llegado al poder vía el PRD les importa poco, al contrario: lo que se quiere romper es con la línea dialoguista de ese partido y por ende con los gobernadores que pudieran representarla.

A estos grupos de Guerrero además, no se les olvida que Aguirre Rivero llegó por primera vez al poder como interino del PRI, después de que Rubén Figueroa fuera obligado a renunciar acusado de haber ordenado la masacre de Aguas Blancas. La línea que llevan es clara: el país no se debe reformar, se debe radicalizar o si se quiere, revolucionar. Y para eso los reformistas, buenos o malos, eficientes o no, de derecha o de izquierda, son un obstáculo. La demostración fue el ataque a las instalaciones del PRD en Chilpancingo.

La estrategia ya es suficientemente clara y los datos evidentes. Si hace 7 años estos grupos confluyeron en la APPO, poco antes habían creado, supuestamente para oponerse a la construcción de un aeropuerto, el movimiento de Atenco. Lo que hicieron fue exhibir la debilidad del gobierno de Fox.

Las autoridades, sobre todo las federales, han sido muy prudentes, quizás hasta la exageración, ante esta situación. La administración Peña ha querido dar una imagen dialoguista, basando buena parte de su accionar en torno al Pacto por México, al mismo tiempo que ha respetado escrupulosamente sus tiempos políticos, para que le permitan llegar al último trimestre concentrados en sus dos puntos estratégicos: la reforma fiscal y la energética. Estos movimientos lo que buscan es desestabilizarla y romper con esa estrategia y esos tiempos. La prudencia no debe ser confundida por la opinión pública con debilidad.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 10 de abril de 2013).


Decenas de integrantes de la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero marcharon armados hasta el centro de Chilpancingo,para exigir la libertad del comandante comunitario Nahum Santos Bartolo y unirse por primera vez a los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero, que protestan contra una reforma educativa nacional.

Portando escopetas y uniformes de su agrupación, unos 50 policías comunitarios caminaron los 15 kilómetros que separan al municipio de Tixtla de Guerrero de Chilpancingo, para unirse a los maestros disconformes, quienes exigían la libertad del profesor Mario Durán Torres, detenido el pasado viernes en el desalojo del bloqueo de la Autopista del Sol.

Santos Bartolo fue dejado libre, pero los maestros continuaron con su protesta y en su manifestación dañaron 2 patrullas policiacas, además de que anunciaron más movilizaciones para mañana.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de abril de 2013).


La violencia, los bloqueos interminables, el manifiesto desinterés por los derechos de los otros, han confirmado en estas semanas que, como hemos dicho muchas veces y desde hace meses, no era Elba Esther ni el SNTE (la caída de Gordillo tiene otros orígenes y razones) el mayor desafío que tenía la reforma educativa en el país: el verdadero desafío para transformar la educación está en ese núcleo duro de la Coordinadora, que opera sobre todo en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y parte de Chiapas, que se dice de izquierda, pero que en realidad constituye un movimiento violento, intolerante y organizado en torno a los intereses y los negocios particulares de sus líderes, que han dejado a los estados en donde operan con las peores calificaciones educativas del país y en algunos casos del continente.

No le importan los niños ni sus familias, la educación ni los intereses de la sociedad: pueden cometer cualquier tipo de destrozo, desmán o agresión, pero siempre quieren impunidad.

No deja de asombrar la tolerancia del Estado ante estos grupos, no ante sus posiciones políticas (tienen derecho a sostener la que sea) sino ante sus actos: en los últimos años hemos visto de todo: desde opositores apedreados, arrancados de una estación de radio, embadurnados en chapopote y arrojados en las calles, hasta destrozos de todo tipo e incluso muertes que también quedan impunes (como la del trabajador de la gasolinera incendiada en aquel desalojo de los maestros de Ayotzinapa).

Pero no se trata de simple vandalismo: lo que está detrás es una clara estrategia política que combina estos actos con operaciones de otro tipo, incluyendo la creación de los grupos de autodefensa que tienen orígenes diversos (aunque los afluentes principales siguen siendo dos: organizaciones armadas y del narcotráfico), en un proceso de evidente desestabilización y creación de estructuras paralelas a las del Estado.

Por eso hacer justicia por propia mano termina estando tan relacionado con obligar a establecer programas educativos alternativos, propios.

Los vietnamitas tenían, cuando estaban en guerra con los Estados Unidos, un concepto para eso: el poder dual, la construcción de un poder alternativo al de las autoridades constituidas que operaba, de facto, en forma simultánea a las mismas.

Por supuesto que nuestros líderes de la Coordinadora y las autodefensas, emparentados unos con otros, distan mucho de tener el pensamiento político mucho más sofisticado de aquellos vietnamitas, pero la idea allí está y ante la permisividad, y en ocasiones la complicidad, de las autoridades la misma sigue germinando.

La fórmula fue ensayada primero en Atenco y hace siete años en Oaxaca, con el movimiento que tomó aquella ciudad y que se congregó en torno a la APPO.

Fue responsabilidad de los políticos y de los medios no condenar, en paralelo a los excesos que pudieran haber cometido las autoridades locales, las barbaridades que se hicieron supuestamente como parte de ese levantamiento popular.

Desde entonces la fórmula se ha repetido una y otra vez, llegando incluso al exceso de que la asamblea legislativa del DF, controlada por el bejaranismo, aprobara en horas modificaciones al código penal local para evitar que los autores de los desmanes del primero de diciembre pasado fueran sancionados.

O hablando ahora de represión cuando los vándalos de la Coordinadora fueron desalojados de la Autopista del Sol luego de más de 6 horas de bloqueo (lo incomprensible es cómo se les permitió mantener ese bloqueo tantos días sin haber tomado medidas mucho antes).

Un desalojo que duró apenas 7 minutos y que se puedo realizar sin violencia, a pesar de que estos grupos colocan, siempre, en primera línea a sus golpeadores mezclados con mujeres y niños.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de abril de 2013).


El tema del uso de la fuerza pública es importantísimo en un país, como el nuestro, donde cualquier grupillo de manifestantes puede desmadrar por completo el tráfico, la actividad comercial y la vida de millones de ciudadanos.

Siempre me he preguntado, justamente, por qué parece no importar los intereses de todos esos mexicanos que, sin deberla ni temerla, son los primeros perjudicados.

Los dueños de restaurantes que pierden clientes, los hoteleros que se quedan con las habitaciones vacías, los niños que no pueden asistir a las escuelas, los turistas que permanecen varados durante horas enteras en una autopista, los trabajadores del sector de los servicios que no consiguen la paga habitual porque los agitadores bloquearon un centro comercial o cerraron las puertas de un supermercado, en fin, toda esa gente, muchísima, ¿no merece que los diferentes gobiernos -los municipales, los estatales y el federal- cumplan con su primerísima responsabilidad de salvaguardar el orden público y garantizar los derechos de la mayoría?

Y a nuestros gobernantes, que no solamente han recibido los votos de quienes arrojan piedras y destrozan la fachada de un congreso local o de quienes bloquean una carretera, ¿no les preocupa que millones de ciudadanos sean rehenes de unos grupos minoritarios?

¿No cuentan, en México, los empleados, los empresarios, los meseros, los vendedores, los comerciantes y todos aquellos que resultan directamente afectados cuando, por ejemplo, un grupo de profesores salvajes e incivilizados bloquea, por sus pistolas, la circulación de la autopista que lleva a uno de los principales destinos turísticos?

¿Por qué nuestras autoridades no toman medidas para evitar los colosales perjuicios que resultan de la "protesta social"?

Es una lógica muy extraña la de esos gobernantes que, sabiendo de motines, algaradas, desmanes, violencias y abusos, no solamente se lavan las manos sino que, mientras más salvaje y más abusiva es la rebelión, más dispuestos están a "dialogar".

Maldita palabra, en este caso: un vocablo, "diálogo", que exhibe en toda su dimensión la grandeza del proceso civilizatorio al implicar, por su propia definición, una ejemplar disposición de los hombres para entenderse a través de la razón, ha sido corrompido fatalmente aquí porque resulta de la pasividad, de oscuras complicidades, de interesadas cobardías y de simple irresponsabilidad.

Llegan los vándalos, incendian y destruyen, y la primera respuesta que reciben, innecesariamente conciliatoria porque su lenguaje de ellos ya era el de la violencia y la brutalidad, es que las autoridades están dispuestas a "dialogar", a "atender sus demandas", a "buscar soluciones de común acuerdo" y, sobre todo, a "no utilizar la fuerza".

Vaya renuncia escandalosa al ejercicio de la autoridad y vaya actuación inmoral en tanto que significa una grosera complicidad con la perpetración de actos abusivos y declaradamente ilegales.

Pero, cuando sí hay respuesta por parte de la fuerza pública, entonces tampoco podemos hablar de una actuación razonable y correcta: frente a los vándalos y los destructores tenemos a unas policías que tampoco saben administrar los niveles de violencia y que responden de manera tan excesiva como indiscriminada y torpe. Para contener a una turba de agitadores no es necesario matar a nadie ni fracturarle el cráneo a un desconocido que iba pasando por ahí. ¿No hay quien pueda venir a entrenar a nuestros gendarmes, a falta de especialistas de casa? ¿No hay, tampoco, líneas de acción y procedimientos claramente estipulados en manuales para determinar cómo actuar en cada caso?

El asunto es urgente y apremiante. Porque, señoras y señores, ya basta de desorden, de pérdidas y de perjuicios. No hay lugar para tanto desbarajuste en un México que aspira a ser una nación moderna de verdad.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 7 de abril de 2013).


La paradójica lección de los maestros. Bueno, el problema es que lo que ellos pretenden no tiene partes. Acaban enseñando que la ley es cosa secundaria. Si la reforma educativa ya está en la Constitución, si para eso tuvieron que aprobarla la mayoría de los congresos locales, no importa. Si bloquear una autopista es contrario a la ley, tampoco importa. No asistir a clases, menos.

Sus alumnos aprenden, una y otra vez el valor (nulo) de la ley. En todo caso, un valor instrumental: es para someterla a los fines de uno. En defensa de lo que consideran sus derechos, los derechos de otros no importan.

Los educadores enseñan que la educación tampoco importa. Es un discurso, un pretexto.

Prefieren no educar a aceptar algún cambio. Mejorar los resultados educativos, la capacidad para pensar, aumentar y apropiar la información valiosa, eso pasa a segundo plano, tanto en ellos mismos, los maestros, como en sus propios alumnos. No tiene valor ni el conocimiento ni la experiencia de su cultivo. Entre el civismo y el cinismo, una sola letra.

Luis Petersen Farah
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 7 de abril de 2013).


A lo mejor estos señores tienen toda la razón en lo que están exigiendo, pero son tan malos para comunicarse que no hay manera de escucharlos y de no sentir entre lástima, vergüenza, odio y rabia por ellos.

Sus argumentos no son los de un especialista en educación comprometido con sus estudiantes sino los de un flojonazo que quiere seguir mamando gratis del sistema.

Para empezar, no estamos hablando de todos los maestros de México, estamos hablando de varios grupos de estados muy concretos que comparten cualquier cantidad de problemas políticos y sociales.

Esto es gravísimo porque nos invita a pensar en que están pagando justos por pecadores, a que la reforma es excelente porque si no lo fuera, las protestas serían en todos, absolutamente todos los estados de la república.

Porque nos lleva a concluir que atrás de este conflicto, más que un genuino interés académico o sindical, existe una intención política, y porque todo esto convierte a esos manifestantes no en maestros que protestan sino en enemigos del pueblo, en delincuentes, en terroristas.

¿Qué pasa si se salen con la suya? ¿Qué pasa si la autoridad no los castiga?

Lo peor, al pueblo de México se le manda un mensaje de impunidad, de que aquí el que viola la ley es el que manda y de que nuestras autoridades son unas incompetentes a las que cualquier puñado de criminales puede manipular a su antojo.

El afectado no es el gobierno, somos usted y yo, los que viajamos en transporte público, los que queremos circular con nuestros vehículos, los que queremos vacacionar, trabajar, hacer negocios, gastar o invertir nuestro dinero.

¿Qué persona en su sano juicio va a darle un abrazo solidario a un maestro después de haber perdido cuatro horas de su tiempo parado bajo el sol, sin baño, comida ni nada de nada?

¿Qué hombre o qué mujer se va a unir a un movimiento que lo privó durante horas de su libertad, que es lo más valioso que puede tener un ser humano después de la vida? ¿Quién?

¿Esos maestros nos secuestran y esperan que les demos las gracias? No, pues estaremos estúpidos. A eso me refiero cuando le digo que esa gente no sabe hacer las cosas.

¿No están de acuerdo con la reforma? Den argumentos, demuéstrenle a la sociedad que lo que están haciendo es lo mejor, pónganse a trabajar con más ganas para que, al ver a nuestros hijos mejor educados, nos pongamos de su lado.

¡El colmo! Estamos en tiempos de comunicación y de redes sociales y estos personajes, en lugar de diseñar una estrategia de medios, ofenden nuestra inteligencia y nos agreden. ¡Así no se puede!

¡Pobres maestros de esos estados tan específicos! Necesitan todo nuestro reconocimiento y apoyo, y lo único que van a obtener, si siguen como van, va a ser nuestro rechazo y desprecio.

Alvaro Cueva
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 7 de abril de 2013).


La opinión pública exige la aplicación de la ley a los mentores disidentes, mientras que continúa la recriminación a los gobernadores de Oaxaca y Guerrero por su ambigüedad. El secretario Chuayffet demanda el despido de los profesores por abandono de trabajo. Ayer la CETEG bloqueó temporalmente la Autopista del Sol para presionar a las autoridades de Gobernación, y en Oaxaca sus pares de la CNTE se han declarado en paro indefinido.

Quienes más pierden con las protestas son los alumnos pobres de los estados más pobres. La indignación pública es natural y es obligado demandar que se castigue a los responsables. Para el caso de Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre señaló que corresponde a las autoridades federales liberar la carretera que comunica a Acapulco con la capital. Antes, el secretario de Gobierno de Guerrero amenazó con órdenes de aprehensión por los daños ocasionados a instalaciones de gobierno.

Los gobernadores saben que los privilegios por el desorden en sus estados llegan a muchos maestros y que enfrentan un problema político mayúsculo, como se puede apreciar por el tamaño de la protesta. No ceder se vuelve fundamental para la salud del país, pero tampoco se puede caer en la provocación, no es preciso enviar a los revoltosos al patíbulo. Lo que debe hacerse es acabar con el ciclo de impunidad que ha caracterizado a estas protestas y que quienes las promuevan o participen en ellas asuman los costos y las consecuencias de su irresponsabilidad o, en su caso, de la comisión de delitos.

Las autoridades federales y los gobernadores deben ser apoyados en su empeño por mantener la legalidad; los espacios de la protesta y la crítica los garantiza la Constitución, bien por el diálogo con los disidentes en la Segob; empero, debe quedar claro que no es permisible el vandalismo ni la extorsión, vengan de donde vengan.

Federico Berrueto
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 5 de abril de 2013).


Hoy los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevarán a cabo nuevas movilizaciones en la ciudad de México. Con ellas generarán molestias y problemas a los ciudadanos. La animadversión que la gente común y corriente muestra ya hacia su causa se incrementará.

¿Por qué lo hacen entonces? Porque les funciona. Éste es el mecanismo con el que han logrado obtener recursos y tratos de privilegio a lo largo de las últimas 3 décadas. Lo inusitado sería que dejaran de recurrir a una táctica que les ha dado tan pingües resultados.

Estas movilizaciones, con sus bloqueos y plantones, son relativamente raras en el mundo. Si bien en los países en que se respetan las libertades individuales existe el derecho a la manifestación pública, los reglamentos limitan las circunstancias o los tipos de marchas o protestas.

En los Estados Unidos la primera enmienda constitucional reconoce el derecho a la manifestación pública (right of assembly), pero las leyes secundarias y los ordenamientos locales establecen restricciones que han sido ratificadas por los tribunales. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, los organizadores deben pedir permiso previo a la autoridad municipal señalando la fecha, la hora y la ruta de una marcha. El gobierno puede modificar estos detalles, siempre y cuando no discrimine por el tema de la protesta, debido a consideraciones de tránsito o de molestia a los ciudadanos. Los bloqueos de vías de comunicación simplemente no se permiten. Cuando el primero de octubre de 2011 una marcha del movimiento de indignados trató de plantarse en el puente de Brooklyn, la policía de inmediato desalojó a los manifestantes y detuvo a 400.

En Londres o Madrid existen restricciones similares e incluso más severas. Las marchas deben ser aprobadas por la autoridad municipal. En la capital británica no se permiten las protestas frente al 10 de Downing Street, la sede del gobierno. En Madrid no se autorizan junto a las Cortes, esto es, el parlamento. Se considera inaceptable que los legisladores realicen su trabajo bajo presión de una muchedumbre. Cuando el 26 de septiembre de 2012 una protesta se aproximó a demasiado al Congreso de los Diputados, la policía madrileña dispersó la protesta y detuvo a 35 manifestantes. En la acción se registraron 64 lesionados. En ningún país democrático, por otra parte, se permiten las manifestaciones violentas, por ejemplo con ataques a la policía con piedras o bombas molotov, ni los bloqueos de vías de comunicación que en México sí se toleran.

Nadie sostiene que en nuestro país se respeten más las garantías individuales que en Estados Unidos, la Gran Bretaña o España. Lo que ocurre es que en México hemos permitido que organizaciones como la CNTE, el SME, los Panchos Villa y muchas más violen abierta e impunemente los derechos de terceros. Esto no es producto de una decisión filosófica del Estado para darle preponderancia al derecho a la manifestación pública sobre el de libre tránsito, sino una simple consecuencia de la cobardía o debilidad de los gobiernos del país.

Hoy los ciudadanos de la ciudad de México tendremos que aguantar nuevamente marchas y bloqueos de la CNTE, como los que han sufrido en días pasados los habitantes de Oaxaca o los usuarios de la Autopista del Sol. Que no nos hagan creer que éstas son molestias menores que hay que soportar para mantener las libertades públicas. No. Las extorsiones a las que somos sometidos los ciudadanos por grupos de poder que buscan y obtienen beneficios del gobierno son una muestra más de que vivimos en un país con gobiernos débiles y gobernantes cobardes.

Una vez más la Sección 22 bloqueó ayer los accesos a comercios en Oaxaca. Quienes pagan impuestos para sostener a los maestros y a los gobernantes tienen que aguantar estas agresiones directas porque el gobernador Gabino Cué no se atreve a usar la fuerza pública para defender a los ciudadanos.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 4 de abril de 2013).


Diputados y senadores del PAN llamaron a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales a "hacer cumplir" la Constitución y disolver a las policías comunitarias y otros grupos armados integrados por civiles.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 30 de marzo de 2013).


Es preocupante la actitud de una ciudadanía hastiada de tanta retórica repetitiva sobre el deber del Estado de garantizar la seguridad de sus gobernados.

La actividad delictiva ha rebasado los límites de la prudencia. Asaltos, secuestros, extorsiones, crímenes y violaciones, han propiciado que surjan grupos armados de defensa ciudadana a los que se les designa eufemísticamente policías comunitarias. Con el rostro descubierto unos, y embozados los más, están en el filo de lo paramilitar. Su alarmante proliferación es el símbolo del hartazgo de quienes a diario viven a merced del crimen organizado. Estos grupos -advierten los conocedores- corren el riesgo de convertirse en instrumento de las mafias de delincuentes a las que pretenden combatir, o bien de los diversos grupos y cárteles que a diario expanden su dominio... Evidentemente, estas improvisadas organizaciones mal armadas operan al margen de la ley, y su obligada desaparición, deja inerme al ciudadano frente al embate inmisericorde de transgesores que tienen de rodillas a la sociedad.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.Razón y Acción del 30 de marzo de 2013).


Una de las frases de Groucho Marx (1890-1977) que me parecen más indicativas de su humor mordaz es la que dice: "Estos son mis principios, y si no les gustan, bueno... tengo otros".

Esta última frase aplica perfectamente a lo que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre hizo cuando el pasado viernes 22 de marzo advirtió 2 cosas a los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y que luego no ejecutó: primero les dijo que si "bloqueaban" la Autopista del Sol, aplicaría la ley, en coordinación con el gobierno federal y siguiendo los protocolos, con la participación de derechos humanos y notarios; y luego les dijo que les descontaría los salarios a 6,000 maestros que debido al paro laboral no impartieron clases.

Los "firmes" principios morales y legales del gobernador establecían que "a los maestros que no trabajan, no hay por qué pagarles".

Y como estos principios de equidad y justicia eran además una demanda de la sociedad, aseguró que no daría marcha atrás.

Bueno, pues parece que los principios del gobernador de Guerrero son los mismos que los de Groucho Marx: como a los maestros paristas no les gustaron esos principios, sacó otros que sí fueron del gusto de los indecentes docentes.

Ahora los principios que rigen en Guerrero son: si alguien no asiste a trabajar, se le paga su salario completo; y si alguien bloquea una vía de comunicación, no pasa nada.

No importa si los estudiantes no tuvieron clases, o si dejaron atoradas a miles de personas en la carretera, incluyendo niños y bebés, sin acceso a servicios sanitarios ni alimentos; si afectaron la ocupación hotelera y los ingresos de otras tantas familias que dependen de la temporada vacacional. Nada de eso importó.

En lugar de aplicar la ley, desalojarlos por la fuerza, y hacerlos responsables de los daños y perjuicios causados, tal y como los principios originales indicaban, el gobernador cedió al chantaje, cambió de principios y les pagó la totalidad de sus salarios.

El final de estos principios es impunidad y desesperanza.

Estoy seguro que la mayoría de vacacionistas varados en la carretera a Acapulco, hubieran sentido que sus penurias valieron la pena, si a la bola de patanes que se dicen maestros les hubiesen descontado sus sueldos y demostrado que los principios de legalidad y justicia aplican para todos.

Lo que se logró con la "doblada de manos" del Gobierno de Guerrero fue lo peor de todos los escenarios posibles: los ciudadanos y los negocios fueron afectados y el gobierno perdió poder y credibilidad. En otras palabras: las negociaciones y capitulaciones del Gobierno sólo lograron que "le tomaran la medida".

Ahora, como sabemos que en Guerrero quien ejerza suficiente presión puede salirse con la suya, la ironía será oír al gobernador decir que sancionará a alguien con todo el rigor de la ley (jajaja).

A nadie le gusta un gobierno autoritario, pero pienso que es menos peor que tener un gobierno cobarde, incapaz de hacer valer la ley y los derechos de los demás, y que ceda ante las amenazas y chantajes de los grupos de poder.

El principio de "no negociar con terroristas" tiene su razón de ser.

Basta que una vez se ceda a sus demandas para estar atrapado y en sus manos para siempre.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 28 de marzo de 2013).


Pensé, ingenuamente, que el hecho de que se presentara un cambio de gobierno, y de tendencias políticas, iba a traducirse en acciones concretas y dirigidas a propiciar el orden y el respeto, pero lamentablemente esto está muy lejos de suceder.

Como ejemplo, el bloqueo de una vía federal de cuota por 9 horas, hecha por un grupo de profesores que se niega a cumplir con el trabajo para el cual fue contratado. El gobierno federal calló y no actuó en beneficio de los usuarios de esta carretera, el de Guerrero cedió, va en camino una contrarreforma educativa y si no sale pronto vuelven a bloquear.

Qué miedo, ya están temblando el comisionado de Seguridad Nacional y el gobernador de Guerrero.

¡Sigan así, los dos van muy bien!

Luis García Aranda
(v.pág.4 "Cartas del lector" del periódico Mural del 28 de marzo de 2013).


Cientos de sujetos armados de un grupo de autodefensa tomaron el control de una población mexicana de unos 20,000 habitantes cercana a Acapulco por el asesinato de uno de los suyos y mantienen retenido al jefe de la policía municipal y 8 agentes, confirmaron fuentes oficiales.

De madrugada el Grupo de Autodefensa de la Costa Chica tomó los accesos y las calles de Tierra Colorada, perteneciente al municipio de Juan R.Escudero, en busca de los autores del asesinato del "comandante" Guadalupe Quiñonez Carbajal, de 27 años.

Bruno Placido Valerio, líder del grupo de autodefensa y de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, afirmó que los asesinos fueron "delincuentes" y acusó a la policía municipal de "encubrir al crimen organizado".

El jefe de la Policía Municipal de Juan R.Escudero, Oscar Ulises Valle, y 8 policías más están retenidos por los que tomaron la población, que con escopetas y armas de varios calibres buscan a los asesinos de Quiñonez Carbajal por la población.

Según dijo la titular de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, Marta Elva Garzón, los miembros del grupo de autodefensa han prometido entregar al jefe policial hoy por la tarde.

Garzón señaló que a los alzados "les interesa detener al presunto homicida" de su compañero, quien había hecho denuncias de "extorsión y amenazas" y puede haber sido asesinado "por venganza".

"Nosotros ahorita estamos tras lo mismo, detener al probable responsable. Yo creo que ésto tiene que llegar a un buen fin", señaló la funcionaria estatal, quien admitió que hasta el momento no ha podido hablar con el jefe de la policía de Tierra Colorada.

De momento los sujetos armados controlan con varios filtros de revisión en los accesos.

Además tienen tomadas las instalaciones de la policía y realizan rondas de vigilancia por la carretera federal Chilpancingo-Acapulco a la altura de Tierra Colorada.

Una vendedora del poblado que pidió el anonimato dijo que "reciben con gusto a los comunitarios -como se llama en la zona a los grupos de autodefensa- porque ya no se puede salir en las noches por culpa de los sicarios, además de que cobran cuotas a los comerciantes y molestan a las niñas".

(V.Agencia Efe del 26 de marzo de 2013).


El 12 de marzo distintos medios publicaron sobre el reporte del surgimiento de un grupo de autodefensa en el "Barrio Bravo" de Tepito, en el Distrito Federal.

La noticia comenzó a circular tiempo después de que el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, asegurara que no se permitiría en la ciudad "a ninguna persona armada que no sea del cuerpo de seguridad".

El nacimiento de este presunto grupo era un hecho desconocido para el delegado de la Cuauhtémoc, Alejandro Fernández.

(V.pág.2-A del periódico El Informador del 25 de marzo de 2013).


Cuando se habla de que el Estado es el único agente con la facultad de ejercer la violencia -y que este ejercicio de la fuerza es perfectamente legítimo- se está reconociendo que la utilización de la brutalidad es necesaria, en algunas ocasiones y en casos obligadamente extremos, para responder a la insubordinación de ciertos individuos. Esto no lo tenemos muy claro en un país como el nuestro, donde la actuación de ciudadanos desobedientes, transgresores, indisciplinados y rebeldes no es controlada por la fuerza pública aunque se vean afectados seriamente los intereses generales y los derechos de terceros.

Hay aquí una interesada, y muy nefasta, confusión entre el término "reprimir" -entendido éste en la segunda acepción que nos ofrece el diccionario de la Real Academia: Contener, detener o castigar, por lo general desde el poder y con el uso de la violencia, actuaciones políticas y sociales- y otros vocablos como "poner orden", "proteger" los bienes de los afectados por los desmanes y, en todo caso, "asegurar" las garantías fundamentales de la mayoría de los habitantes de la nación.

Las autoridades de este país han decidido desentenderse criminalmente de la aplicación de la ley en todo aquel caso en que exista la más mínima sospecha de que pueda tratarse de una manifestación "social". Y así, ocurren auténticas atrocidades: el linchamiento de 3 policías en las afueras de la capital de la república -consentido por un gobierno local que no solo se abstuvo de intervenir para cumplir con sus responsabilidades sino cuyo mandatario de turno, irremediablemente infectado de benévolo y paternalista populismo, prácticamente justificó la barbarie (pretextando unos "usos y costumbres" que, madre mía, ojalá nunca adquieran patente de corso); el terrorífico suceso en que unos estudiantes normalistas de Guerrero quemaron vivo al empleado de una estación de servicio (un hecho, encima, en el que no se ha hecho justicia precisamente porque nuestros fiscales y nuestros jueces no intentan siquiera castigar un bestial asesinato, sino que su mayor preocupación es llevar la fiesta en paz con los agitadores); o, por último, el asesinato de un vecino que, en Oaxaca, intentó simplemente abrirse paso entre una turba de maestros salvajes para llegar a su casa. Y no hablemos ya de los bloqueos, del cierre de supermercados, de las afectaciones a los comerciantes y de las colosales pérdidas económicas causadas por todos estos revoltosos que, un día sí y el otro también, alteran catastróficamente el orden público, sean los maestros de la CETEG y los alumnos normalistas en Guerrero, los profesores de la CNTE y la Sección 22 del SNTE en Oaxaca, los militantes de Antorcha Campesina que se disputan rutas de microbús y que incendian los vehículos de sus competidores en el Estado de México, los macheteros de Atenco que retienen por la fuerza a funcionarios a los que están a punto de quemar vivos (y los policías que luego intervienen con una brutalidad absolutamente innecesaria), los estudiantes de la UACM que toman por asalto durante semanas enteras las instalaciones de su universidad, los jóvenes incendiarios que perpetran actos vandálicos a su antojo el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto o, en un apartado que no corresponde ya a las movilizaciones debidas presuntamente a "causas sociales", los violentos que destruyen las instalaciones del Metro en Ciudad de México o que aterrorizan a los aficionados que acuden a los estadios.

Estamos hablando aquí de una inquietante manifestación de mala ciudadanía por parte de millones de mexicanos. Gente que está más allá de cualquier preocupación sobre la necesidad de convivir pacíficamente con sus semejantes, que no tiene la menor intención de respetar las reglas y a la que no le interesa en lo absoluto el bien común. Personas sin sentido de comunidad y sin capacidad alguna para entender los valores cívicos. Ciudadanos, como ya lo he dicho muchas veces, que ya están ahí y con los que tendremos que lidiar todos los demás. Este colosal problema, ¿sigue sin preocuparles a nuestras autoridades?

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 23 de marzo de 2013).


Autopista del Sol.

[Si nosotros somos más, ¿por qué seguimos tolerando que grupúsculos de patanes nos sigan bloqueando el paso? - pregunta el webmaster.]

El Gobierno de Guerrero dobló las manos. Tras una intensa jornada de negociaciones que se extendió durante 7 horas, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y el Gobierno del Estado llegaron a un acuerdo, lo que evitó un nuevo bloqueo en la Autopista del Sol, justo en el primer día de vacaciones de Semana Santa.

El viernes, luego de que se rompiera el diálogo con el gobierno guerrerense, miembros de la CETEG bloquearon la carretera por casi 9 horas, lo que provocó filas de más de 3 kilómetros. Estas acciones afectaron a 47 hoteles, según la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco.

Ayer, el gobernador Ángel Aguirre Rivero se comprometió a realizar el pago de los salarios retenidos a 6,000 maestros, publicar las convocatorias de nuevo ingreso en las instituciones normalistas y cancelar las averiguaciones previas en contra de manifestantes. Pero entre las inconformidades de los mentores también está su oposición a la reforma educativa.

Por su parte, los docentes se comprometieron a no realizar máas protestas y entregar el palacio de gobierno en las próximas horas.

Se tiene previsto que las clases reinicien el 8 de abril. En el encuentro también estuvieron presentes el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, y la titular de la Secretaría de Educación de Guerrero, Silvia Suárez Romero.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 24 de marzo de 2013).


El ex presidente Felipe Calderón mencionó que las administraciones anteriores habían optado por no hacer cumplir la ley. "O hacer cumplir la ley, que es el deber, o cambiar la ley". "En mi opinión, la aplicación de la ley es una tarea muy difícil, pero es absolutamente necesaria. Y si México quiere ser una de las naciones desarrolladas, lo que necesitamos, es el imperio de la ley".

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 23 de marzo de 2013).


El director general de Banorte, Alejandro Valenzuela, aseguró que la posible aprobación de una reforma del sector financiero en México debe acompañarse de mejoras en el sistema judicial y de todos los actores del sector.

"Una reforma financiera puede servir, pero serviría mucho más si se hacen las reformas judiciales que se requieren y el entrenamiento para que para que los jueces entiendan mucho mejor los temas financieros y darle fluidez a la economía mexicana".

(V.pág.29 del periódico Milenio Jalisco del 22 de marzo de 2013).


En Guerrero, el gobernador Angel Aguirre afirmó que continúan vigentes los descuentos salariales para los maestros que desde hace 25 días mantienen cerradas más de 1,100 escuelas.

La Confederación Patronal de la República Mexicana local denunció que la movilización de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero ha provocado pérdidas por 400 millones de pesos a 800 empresas.

Fernando Meléndez Cortés, dirigente de la Coparmex en Chilpancingo, dijo que durante los 25 días de plantón de los maestros en edificios públicos y el bloqueo de calles han provocado que 100 negocios hayan cerrado y 50 más estén en vías de hacerlo, especialmente de aquellos que se ubican cerca de los edificios donde permanecen.

Los plantones han obstruido los accesos a algunos negocios, tanto los ubicados en las cercanías del palacio de gobierno como en el congreso del estado.

En Michoacán, el secretario de Gobierno estatal, Jesús Reyna, no descartó un posible desalojo luego de que estudiantes normalistas determinaron mantener por tiempo indefinido el bloqueo de la principal avenida de Morelia en demanda de más de 1,200 plazas automáticas.

El funcionario manifestó la voluntad de las autoridades en dialogar y tratar de dar respuesta a las demandas estudiantiles.

Sin embargo, dejó en claro que no se les entregarán bases laborales a los futuros profesores, porque la Constitución lo prohíbe.

(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 22 de marzo de 2013).


Trabajadores y técnicos de operación y trabajo en campo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública bloquearon ayer carriles de la carretera a Chapala en el kilómetro 7 por la mañana, y de Periférico y Colón alrededor del mediodía. Se quejaban de que hace 22 días no les pagan su salario y que les hicieron firmar un contrato por un mes que les cancela su antigüedad, además de que tienen la duda de si los recontratarán.

(V.pág.11 del periódico Milenio Jalisco del 22 de marzo de 2013).


El artículo 7 de la Ley Federal de Extinción de Dominio señala que ésta se aplicara sin importar que todavía no se haya comprobado la responsabilidad, y se sustentará en los datos que recabe el Ministerio Público conforme se vaya integrando la averiguación previa correspondiente.

Además, en el artículo 8 de la ley también se estipula que se ejercerá sobre los bienes instrumentos del ilícito, o que sean utilizados para mezclar u ocultar los productos del mismo.

Por lo anterior también quedan sujetos a embargo los negocios utilizados para "lavado".

"Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo", se establece en la fracción III.

"Será responsabilidad del Ministerio Público acreditarlo, lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado del delito".

La ley se podrá aplicar sobre los bienes que estén a nombre de terceros, y que el acusado se comporte como dueño.

(V.pág.5 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 21 de marzo de 2013).


Las calles del primer cuadro de la ciudad y los portales del ayuntamiento tapatío se llenaron ayer de protesta, por alrededor de 5 horas.

Esta vez no se trató de comerciantes ambulantes; los protagonistas fueron los propios trabajadores del municipio.

Poco después de las 9:00 horas, aproximadamente mil empleados, integrantes del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento, partieron del Parque dfe la Revolución hacia la Presidencia Municipal, para exigir un incremento y homologación salarial.

Tras la presión en las calles, ganaron sus demandas, equivalentes a 64 millones de pesos del gasto tapatío.

Según detalló el secretario general de la organización, Fernando Jaime Gaytán, las negociaciones que se venían realizando con las áreas de Tesorería y Recursos Humanos se complicaron la semana anterior, por lo que recurrieron al acto de protesta.

El acuerdo al que llegó ayer la organización con la Secretaría General y la Dirección de Recursos Humanos fue de un incremento directo de 750 pesos mensuales al salario, un día económico más, y una nivelación salarial para 6,022 sindicalizados y más de mil trabajadores de confianza.

(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 21 de marzo de 2013).


El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ordenó ayer la liberación del pago de salarios a los 6,000 profesores que están en paro de labores y en reciprocidad, los maestros disidentes retiraron el bloqueo al congreso local.

Luego de la reunión que sostuvieron ambas partes, el vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Minervino Morán, informó que el gobernador les comentó que por el momento quedan en suspenso las averiguaciones y órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes magisteriales por la toma de edificios públicos y cierre de vías.

(V.pág.8 del periódico Mural del 21 de marzo de 2013).


Estudiantes normalistas emprendieron ayer bloqueos en vialidades de Morelia para exigir la entrega de 1,100 plazas automáticas en el sector educativo, y hasta un viaje a la Riviera Maya, y advirtieron que no aceptaran una negativa de las autoridades.

"No es para que vengan a decir que no se puede. Ellos son la autoridad y tienen el poder, la facultad de cumplir y de respetar nuestra matrícula y nuestra convocatoria", afirmó César Torres, vocero del movimiento estudiantil.

Desde las 12:00 horas, los jóvenes colocaron mobiliario escolar y un par de autobuses sobre la Avenida Madero, lo que provocó cortes en la circulación en varias calles, donde confluyen las sedes de los poderes ejecutivo y legislativo, así como la catedral y las principales plazas de la ciudad.

Un día antes, los alumnos tomaron 2 casetas de peaje y la semana anterior secuestraron autobuses, como parte de sus acciones de presión.

Ayer, los inconformes exigieron también apoyos económicos para costear, lo que dijeron, será un viaje de prácticas a la Riviera Maya.

El paseo implicaría un desembolso de al menos 400,000 pesos al Gobierno de Michoacán.

Al respecto, el gobernador Fausto Vallejo advirtió que no hay recursos para seguir otorgando plazas automáticas a los egresados de escuelas normales, como se ha venido haciendo en los últimos años.

Recordó que las nuevas disposiciones federales marcan los mecanismos que deben de aplicarse para la contratación de maestros.

En la manifestación de ayer participaron principalmente alumnos de la Escuela Normal de Tiripetio.

Se trata de los mismos jóvenes que, en octubre de 2012, escenificaron un enfrentamiento con elementos de la Policía Federal, dejando como saldo 25 personas heridas de ambos bandos y una veintena de vehículos incendiados. En esa ocasión, los estudiantes exigían que se echaran abajo las modificaciones al plan de estudios que entró en vigor ese año y, el cual, contempla la impartición de la materia de inglés.

(V.pág.8 del periódico Mural del 21 de marzo de 2013).


Existen 15,000 alumnos y sólo 300 participaron activamente en el paro. Es decir, existe una mayoría silenciosa, pacífica, trabajadora, animada por estudiar, que aprovecha las bondades de justicia social y tolerancia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para tener un empleo y avanzar en una carrera al mismo tiempo.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 20 de marzo de 2013).


Apenas la semana pasada, un grupo llamado Sociedad Civil Organizada en Pro de la Autodefensa, originario de la región de Uruapan y Tancítaro, en Michoacán, subió un video a Youtube en el que anuncia la formación de un grupo armado para enfrentar al cártel de Los Caballeros Templarios.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 18 de marzo de 2013).


El que grupos de personas se unan, armen y pretendan tomar la justicia por su propia mano, llamados de autodefensa, crean una dicotomía entre la razón y la infracción. Por una parte es fehaciente muestra de inconformidad y hasta desesperación, pero por otra constituyen el peligro del empleo de armas con fines ulteriores de anarquía.

Ciertamente, impunidad, inmunidad y corrupción son ingredientes de la sociedad derivados de la envidia y hasta la codicia que se emplea para alcanzar objetivos.

La inmunidad en quienes debieran ser el reflejo nítido de honestidad, en toda la extensión de su comportamiento, conduce la impunidad, expuesta a casos de la ilegítima riqueza en cruel contraste con la falta de atención a los requerimientos de una gran parte de la población, a su vez expuesta a la tentación del delito convertido en cultura transformada en insatisfacción y ejemplo en el seno de la familia, donde prevalece aquello de que quien transa avanza.

Mediante las leyes se intenta cumplir parte de responsabilidad al plantear las normas, pero el fiel de la balanza está en administración honesta de la justicia.

Aquello que el juez por su casa empieza es una sentencia certera y estamos urgidos de verla aplicada en quienes con su comportamiento hacen el doble daño de ejemplo negativo y formación de rencor social.

Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.8-B del periódico El Informador del 17 de marzo de 2013).


Ayer hubo una mega manifestación que paralizó durante algunas horas buena parte de la Ciudad de México en un día especialmente conflictivo: viernes de quincena en la víspera de un fin de semana largo. Fueron maestros, alrededor de 4,000, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, inconformes por la reforma educativa. Al término de la marcha, en las puertas de la Secretaría de Gobernación entregaron un pliego petitorio que incluye, entre otras cuestiones, la derogación del Artículo Tercero Constitucional.

Laura Castro Golarte
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 16 de marzo de 2013).


Algunos de los asistentes compartieron con la audiencia experiencias tan abominables como estas:

-En Ayutla de los Libres, además de las extorsiones, la violencia y el terror llegaron a tal extremo que los criminales llamaban a cualquiera exigiéndole: "¡Mándame a tu hija (o a tu esposa) aquí al hotel!, o ya sabes lo que te puede pasar...".

-No solo es de complicidades y corrupción la relación entre policías y maleantes, sino hasta de parentesco.

La ineficiencia de los gobiernos (sobre todo municipales y estatales, pero también el federal) y la desesperación de centenares (o miles) de pobladores están detrás de los repentinos grupos de autodefensa que, por dudosos, ilegales y riesgosos que sean, surgen de un sentimiento real de abandono y orfandad.

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 15 de marzo de 2013).


El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que la aparición de grupos de autodefensa o autoprotección en ese estado y el país tiene origen sociocultural, político y hasta criminal, pero no son el génesis de ninguna insurrección.

"No nos tomemos el pelo... No hagamos apologías... todo esto tiene una explicación", acotó el gobernador perredista, al explicar los motivos por los que grupos de civiles armados han surgido en Guerrero, Michoacán, Estado de México y otras entidades.

En Morelos han aparecido en 3 comunidades: Tetelcingo, Huazulco y Amilcingo, donde los vecinos expresaron su deseo de conformar grupos para hacer frente al crimen organizado.

El mandatario aseguró que para él "es muy claro" lo que sucede en la nación: que el origen de las autodefensas tiene un origen cultural, político y hasta criminal.

En el caso de Morelos, dijo Graco Ramírez, la crisis de seguridad fue heredada y "data de hace mucho tiempo". También destacó que en las comunidades indígenas del estado el tema de las policías comunitarias "no es nuevo", aunque insistió que en ahí "no existen grupos de autodefensa", pero si lo hay, serán combatidos de forma decidida.

En el caso de Guerrero, dijo que el surgimiento de esos grupos tampoco es nuevo en las comunidades indígenas, aunque a diferencia de Morelos o Michoacán, tiene un trasfondo político, pues resulta claro que lo que se busca es "extender un dominio político" o ideológico.

Sobre Michoacán, Graco Ramírez dijo en rueda de prensa que los grupos de autodefensa fueron creados por grupos delincuenciales para atacar a sus contrarios. Esa zona es disputada por Los caballeros templarios y La Familia michoacana.

"No estamos ante una crisis del estado mexicano que nos coloque en la circunstancia de la insurrección ante la incapacidad de la seguridad pública, ¡no!".

En Morelos "no hay más monopolio en el uso de la fuerza que no sea la del Estado y el que quiera irse por su lado, va a tener respuesta contundente".

(V.pág.25 del periódico Milenio Jalisco del 15 de marzo de 2013).


Daños materiales aún no cuantificados y tensión entre la población y manifestantes, es el saldo hasta el momento de una marcha encabezada por estudiantes normalistas en la ciudad de Tuxtepec, Oax., que terminó en violencia.

De acuerdo con el reporte de los medios locales, estudiantes normalistas que cumplían este jueves su 4o. día de movilizaciones, cerca de las 18 horas, éstos encabezaron una marcha hacia el zócalo de Tuxtepec donde pobladores realizaban un carnaval.

Una vez en el centro, los manifestantes arremetieron en contra del palacio municipal y los establecimientos aledaños a manera de protesta por el alza del pasaje.

De acuerdo con versiones ciudadanas vertidas en las redes sociales, los normalistas causaron severos destrozos en comercios de la zona en un despliegue de violencia, por lo cual advertían no acercarse al zócalo de la ciudad.

En medio de la protesta, los normalistas se enfrentaron con algunos choferes del servicio de transporte urbano cuando éstos pretendían apoderarse de sus unidades, tal y como sucedió en la capital oaxaqueña con los estudiantes de las escuelas normales de la capital.

No obstante, los urbaneros defendieron sus unidades y sobrevino la gresca.

(V.Notimex del 15 de marzo de 2013).


Elementos de la PGR, recibieron la tarde del día de hoy a las 21 personas que permanecían detenidas por las guardias comunitarias de "La Ruana" en el Municipio de Buenavista Tomatlán, en el estado de Michoacán.

Las 21 personas ya fueron puestas a disposición de un Ministerio Público Federal.

La PGR determinará si los retenidos, 20 hombres y una mujer, son responsables de algún delito.

La guardia comunitaria de "La Ruana" había acusado a las 21 personas de tener nexos con la delincuencia organizada.

(V.Sin Embargo del 14 de marzo de 2013).


Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y al menos 20 ex servidores públicos tendrán que responder penal y administrativamente por las irregularidades cometidas durante la detención de Florence Cassez.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, anunció ayer que esta semana el organismo interpondrá ante la Procuraduría General de la República una denuncia y una queja para que se investiguen las acciones del operativo policiaco del 9 de diciembre de 2005 en donde se detuvo a la francesa.

Sin dar a conocer nombres arguyendo el principio de presunción de inocencia, el funcionario indicó que los ex servidores incurrieron en omisión de los deberes de cuidado, inobservancia del principio de debida diligencia y negligencia, lo cual derivó en una violación al debido proceso.

"Se tomen las medidas conducentes para investigar los probables delitos y las faltas administrativas en que incurrieron los servidores públicos de la PGR, esto es, 15 agentes que integraron las dos células de operaciones especiales".

"De igual manera, dos agentes del Ministerio Público de la Federación, así como de los mandos medios y superiores, que con sus acciones y omisiones toleraron en el ámbito de sus atribuciones y dentro de la cadena de mando la permitieron y convalidaron".

"Entre ellos el entonces titular de la AFI (García Luna), el entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación al Secuestro, el entonces director general de Investigación Policial y el entonces director de Operaciones Especiales", sostuvo.

La investigación del organismo, basada esencialmente en el amparo directo en revisión 517/2011, que analizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y permitió la liberación de la extranjera, arrojó que se violaron los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución.

El ombudsman dijo que, aunque las conductas ilícitas serán determinadas por el Ministerio Público, podrían incluir delitos contra la administración de justicia porque se efectuaron actos u omisiones que produjeron daño o concedieron una ventaja indebida a una de las partes.

Asimismo, abuso de autoridad en el sentido de que se dilató la entrega de los detenidos ante la autoridad correspondiente y ejercicio indebido del servicio público, pues se llevaron a cabo acciones de manera ilícita a partir de la información con que se contaba.

A pesar de que la CNDH pugna porque la PGR investigue los hechos y sancione a los responsables, Plascencia Villanueva reconoció que la misma dependencia ha mostrado desinterés en llegar a la verdad debido a que averiguaciones iniciadas con antelación no han prosperado.

Raúl Plascencia, afirmó que el indebido actuar de los servidores públicos de la PGR en el caso Cassez no sólo provocó la libertad de la francesa sin determinar su responsabilidad penal; aunado a ello, dejó en indefensión a los agraviados y la sociedad fue engañada.

"Fue liberada una persona no por ser inocente de la comisión de un delito, sino porque servidores públicos, en lugar de proteger, auxiliar y hacer debidamente su trabajo en beneficio de la justicia, pervirtieron con sus acciones el proceso, y eso ocasionó una violación al debido proceso que generó como consecuencia la liberación".

"Una buena parte de las conclusiones de la Suprema Corte de Justicia es que quedó bien claro que hubo un engaño a la sociedad en general. Se limitó el derecho efectivo a la justicia de las víctimas, quienes quedaron en una situación de indefensión y especial vulnerabilidad", remarcó.

Al presentar el informe especial del caso, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que, aún cuando la Corte exhibió el montaje, la PGR insiste en mantener una falsa versión de los hechos.

"La información que nos fue proporcionada resulta diametralmente opuesta a las conclusiones a que llegó la SCJN; esto es, fue negado que hubiera sido detenida de manera indebida alguna persona, fue negado que se hubiera escenificado algún operativo correspondiente, lo cual inclusive en su momento fue avalado por un juez federal y por magistrados".

"Pero los argumentos que fueron aportados por la autoridad eran totalmente contrarios a la realidad que la SCJN logró establecer en su fallo de este año", dijo.

Plascencia denominó como "efecto corruptor" el encubrimiento de la Procuraduría y se pronunció por que la dependencia corrija los errores en aras de perfeccionar sus procedimientos y cumplir con su misión institucional.

(V.pág.2 del periódico Mural del 14 de marzo de 2013).


Luego de ser golpeado por decenas de personas, un presunto secuestrador confesó que se dedicaba a raptar mujeres para venderlas a las bandas de trata de personas.

Cientos de habitantes de Santa María Chiconautla, en Ecatepec, intentaron linchar ayer Axel Cisneros Gutiérrez, de 25 años. Tras la golpiza al presunto delincuente se le permitió hablar con MURAL. Dijo que le pagaban 10,000 pesos por cada mujer.

Antes de las 13:00 horas, las campanas de la iglesia repicaron en esta comunidad ubicada al oriente del Distrito Federal, en la que se ha reportado la desaparición de 4 muchachas.

Los pobladores acusaban a Cisneros y a su cómplice -que logró escapar- de haber tratado de plagiar a otra jovencita.

Con el rostro ensangrentado, el sujeto fue llevado a la sede del Consejo de Participación Ciudadana y tendido en el escritorio del presidente. Las oficinas fueron resguardadas por unos 30 encapuchados y afuera se juntaron unos 600 pobladores.

Un grupo de hombres pidió al reportero que ingresara a entrevistar al detenido, quien con palabras entrecortadas y desvaneciéndose por momentos relató que las mujeres son llevadas a Texas, donde son obligadas a prostituirse. Luego de la confesión, la turba sacó al supuesto delincuente a la calle y volvió a golpearlo.

(V.pág.5 del periódico Mural del 14 de marzo de 2013).


Efectivos del Ejército Mexicano intentaron desarmar a más de 30 integrantes de la Policía Comunitaria de la comunidad de Acatempa.

Los hechos se suscitaron cuando los policías comunitarios, acompañados por mujeres de esta demarcación, se dirigían en marcha hacia la cabecera municipal de Tixtla para exigirle al alcalde Gustavo Alcaraz Abarca que les diga cuando va a realizar una serie de obras sociales que les prometió durante su campaña política.

Los civiles, armados con escopetas y rifles de bajo calibre, y otras cien personas ya habían caminado 7 kilómetros en carretera y estaban desayunando debajo de un árbol, cuando unos 50 soldados del Ejército dirigidos por un teniente coronel de apellido Hernández arribaron al lugar.

"Vamos a proceder a desarmarlos, ustedes están cometiendo un delito", les dijo el jefe del convoy de militares a los policías comunitarios que iban encabezados por el comisario municipal de Acatempa, Pastor Coctecón.

Coctecón y Gonzalo Molina, éste último asesor de la Coordinadora Regionales de Comunidades Comunitarias empezaron a increpar a los soldados.

La situación se volvió más tensa cuando el militar amenazaba con ordenar desarmar a los policías comunitarios.

"No nos van a desarmar a mis policías porque no están haciendo nada malo, al contrario cuidan nuestra seguridad en el pueblo, además vamos al Ayuntamiento de Tixtla de manera pacífica a tener un diálogo con el presidente municipal", le dijo el comisario.

El jefe militar les decía a Gonzalo Molina y al comisario de Acatempa que cada uno de los policías comunitarios les enseñara el permiso correspondiente para portar el arma.

"Ustedes deben de estar en su comunidad, no tienen porque entrar armados a la ciudad", les decía.

Cuando el jefe militar se distrajo haciendo una llamada a través de su teléfono celular, ese momento fue aprovechado por el comisario para ordenar a su gente que se formara para reiniciar la marcha.

El teniente coronel sólo les advirtió que mandaría llamar a la Policía Federal y la Policía Estatal para proceder a desarmarlos.

La gente siguió su recorrido hacia Tixtla y 500 metros antes de entrar a esta localidad, nuevamente los soldados los interceptaron. "No pueden entrar armados a la ciudad", le dijo el teniente coronel al comisario.

"Sí vamos a entrar, sí vamos a entrar", le contestó Coctecón.

Tras la discusión, los soldados se retiraron y se subieron a sus vehículos.

En la reunión con el alcalde Gustavo Alcaraz, el edil les pidió a los ciudadanos de Acatempa que si van a tener a su policía comunitaria que ésta opere sólo en su comunidad.

(V.pág.5 del periódico Mural del 14 de marzo de 2013).


Empresarios de Chiapas interpusieron ayer una denuncia en contra de maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a quienes acusaron de generar pérdidas por más de 7 millones de pesos, luego de los bloqueos a comercios en Tuxtla Gutiérrez el pasado 5 de marzo.

Marina Arias, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, aclaró que no están en contra de las protestas ni buscan coartar el derecho de expresión, siempre y cuando no se afecte a terceros, como ocurrió la semana pasada.

En Oaxaca, el gobernador Gabino Cué optó por pedir a los inconformes que se manifestaran dentro de los cauces legales.

Al respecto, ciudadanos que participan en la consulta contra los bloqueos, que organiza el Ayuntamiento de Oaxaca, criticaron la omisión del gobernador ante los daños ocasionados a la vida económica y social local.

Claudio Alberto Bustamante Underwood denunció que han presentado miles de firmas al mandatario estatal, pero no han recibido respuesta.

(V.pág.8 del periódico Mural del 14 de marzo de 2013).


Tras liberar 10 autobuses del servicio de transporte urbano que mantenían en su poder desde el pasado lunes, normalistas advirtieron que no cejarán en sus movilizaciones hasta obtener la contratación automática por parte del gobierno estatal.

La advertencia de los normalistas sobrevino esta mañana, una vez que liberaron los autobuses retenidos desde el pasado lunes al interior del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, localizado al norte de la ciudad, donde permanece otro número igual de unidades de empresas privadas.

De acuerdo con los manifestantes, con esta acción, los integrantes de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Oaxaca pretenden dar una buena señal que abone a las negociaciones que mantienen al momento con las autoridades educativas estatales.

Aunque el gobierno estatal aseveró mediante un comunicado que las demandas de los normalistas ya habían sido atendidas en 60%, el tema que mantiene detenidos los acuerdos es la contratación automática del estado hacia los egresados normalistas.

Para ello, los inconformes reclaman la entrega de 920 plazas por parte del gobierno estatal, ya que rechazan la aplicación de un examen para el concurso de las mismas.

Por su parte, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Manuel Antonio Iturribarría, señaló que este tema es competencia federal, por lo que el gobierno oaxaqueño no puede atender dicha demanda.

En tanto, la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación manifestó su respaldo al movimiento de los normalistas, quienes este miércoles mantienen un receso en las movilizaciones iniciadas hace un par de semanas.

(V.Notimex del 13 de marzo de 2013).


En Buenavista Tomatlán, en Michoacán, fueron desarmados y detenidos, más de 50 integrantes de un grupo que en realidad era parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, aliados con "El Chapo" Guzmán. Muchos de los otros que han aparecido, tienen características similares. Otros, sobre todo en Guerrero, son parte de organizaciones como el ERPI y los que han surgido, por ejemplo, en Venustiano Carranza, en Chiapas, del EPR. No estaría de más, en ambos casos, reiterarles a sus integrantes la conveniencia que integrarse a la vida política pública de sus regiones y municipios.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 13 de marzo de 2013).


Ayutla, Gro.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que el abandono en el que se encuentran algunas entidades del país como Guerrero, son un caldo de cultivo para la aparición de los grupos de autodefensa. "Por eso es muy importante que el Estado cumpla de manera adecuada con su deber o de otra manera seguirán extendiéndose de manera desesperada este tipo de fenómenos".

Eventos como los presentados en los estados de Guerrero y Michoacán "son una advertencia que debe alertar a las autoridades para cumplir con su deber de proveer seguridad pública, y evitar que estas acciones se reproduzcan dejando rebasadas a las instituciones del Estado mexicano".

"La situación de seguridad en el país, no encontrará solución por la vía de autodefensas, por el contrario, ellos y ellas nos alejan del objetivo de recobrar la paz y la tranquilidad en aquellos lugares donde grupos criminales tienen presencia y actividad".

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 13 de marzo de 2013).


En Ayutla y varios municipios del Estado de Guerrero, hastiados de la violencia cotidiana que padecen de parte de la delincuencia organizada con violaciones y amenazas, secuestros y extorsiones, se decidieron a integrar para su defensa policías comunitarias, en ausencia de un gobierno medroso que se ha negado a cumplir sus funciones haciendo valer la fuerza institucional que la ley le otorga. El gobernador del estado, como queriendo eludir sus responsabilidades, arguye la prevalencia leguleya de usos y costumbres de la comunidad. Sin embargo, la policía comunitaria y sus tribunales populares, quiérase que no, violentan la ley, y el gobernador, al no intervenir, viola la Constitución. En un solo año de vacío de autoridad, ha habido más de 100 linchamientos, sin haber comparecido ningún detenido ante juez alguno. Los tribunales populares pronto dictarán sentencias al margen de la ley. No es concebible subordinar la acción directa del Estado al imperio de la Ley de Lynch.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.Razón y Acción del 9 de marzo de 2013).


Uno de los 34 detenidos el jueves en Buenavista, Michoacán, tiene antecedentes penales por su relación con el cártel de Jalisco Nueva Generación.

Refirió en principio llamarse Víctor Manuel Ibarra Guerrero, pero después señaló ser Edgar Antonio Rojo Lara.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 9 de marzo de 2013).


El Ejército Mexicano detuvo a 34 personas que pertenecen al grupo de "autodefensa" de Buenavista Tomatlán, Michoacán, a las que acusan de haber sido armadas por el cártel de Jalisco Nueva Generación, agrupación delictiva ligada a Joaquín El Chapo Guzmán.

Los detenidos tenían en su poder 47 armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Se decomisaron 32 armas largas y 15 cortas, además de 5 vehículos, cartuchos y cargadores.

Entre las armas largas decomisadas hay fusiles AK-47, AR-15, Galil y ametralladoras Uzi, en tanto, entre las armas cortas hay 9 milímetros y calibre .45, además de una pistola calibre 5.7, de las denominadas matapolicías.

El personal castrense detuvo a las 34 personas, quienes dijeron ser guardias comunitarios de La Ruana. La mayoría de estos tienen edades que oscilan entre 18 y 30 años, y se trasladaban en 5 camionetas de reciente modelo.

(V.pág.22 del periódico Milenio Jalisco del 8 de marzo de 2013).


Los grupos de autodefensa de la Costa Chica adheridos a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero buscarán constituirse en un "cuarto nivel de gobierno", lo que implica enfocarse no solo en la seguridad de sus comunidades, sino influir en la "administración del poder".

El dirigente de ese organismo, Bruno Plácido, aseguró que tras 2 meses de operaciones en la zona, el índice delictivo descendió 85%.

"Ya no estaríamos pensando en la delincuencia, porque tenemos un sistema que guarda, vigila y cuida a los ciudadanos, por ello vamos a comenzar a analizar el tema del desarrollo social y económico".

"Si tenemos seguridad ya no estaremos con el temor de cuidarnos; tendremos tiempo para discutir el desarrollo que necesitamos y de ahí discutir el cuarto nivel de gobierno: la planeación territorial, el ejercicio y la administración del poder", enfatizó.

Tras una reunión de la UPOEG y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Plácido reveló que este grupo de autodefensa cuenta con 1,500 integrantes, y subrayó que "por el momento" no dejarán las armas, a fin de resguardar a los pobladores de la Costa Chica, aunque el objetivo es que ya no las utilicen.

(V.pág.22 del periódico Milenio Jalisco del 8 de marzo de 2013).


Durante casi 8 horas, unas 1,500 personas, entre productores de limón y jornaleros, bloquearon la autopista Colima-Manzanillo, por la que al día transitan 12,000 vehículos.

El cierre de la vialidad se dio aproximadamente a las 9:30 horas, a la altura del crucero de Tecomán, justo donde se encuentra el Campus de la Universidad de Colima.

Los inconformes demandaban la entrega de 97 millones de pesos que el Gobierno del Estado se comprometió a entregarles desde enero para el combate a la plaga Huanglongbing, conocida como Dragón Amarillo, que ha colapsado 9,696 de las 24,242 hectáreas de cítrico que hay en la entidad.

La carretera fue cerrada en sus 2 sentidos, provocando que los vehículos, la mayoría tractocamiones que transportaban carga desde el recinto portuario de Manzanillo, quedaran atorados en filas que, según reportes oficiales, alcanzaban los 19 kilómetros.

Tras 45 minutos de negociación, la carretera fue liberada por una hora, mientras daban tiempo al gobernador Mario Anguiano para que se presentara en el lugar a dialogar. Pero al no haber respuesta, la autopista fue cerrada de nuevo. La situación fue controlada alrededor de las 17 horas.

(V.pág.8 del periódico Mural del 7 de marzo de 2013).


El martes vimos Bajo Tortura (Cristina Juárez Zepeda, 2013) que da cuenta del caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, un carnal que fue encarcelado en 1992, después de confesar, bajo tortura, que cometió un doble homicidio.

El documental enumera todas las irregularidades cometidas en la detención y el proceso legal que se le sigue a Martín del Campo; la fabricación de pruebas y la destrucción de evidencia por parte de las autoridades ministeriales del DF.

Hasta ahí todo es muy trágico, pero se pone peor cuando salen Vicente Fox y sus secuaces, ignorando las ilegalidades y pasándose por el arco del triunfo nada menos que una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¡Y esa era la alternancia!

Juan Villalobos y José María Rodríguez
(v.pág.3 de la sección "gente" del periódico Mural del 7 de marzo de 2013).


De acuerdo con los primeros reportes, cerca de las 9:00 horas, los maestros adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron la toma de dependencias públicas de Oaxaca, así como el bloqueo a tiendas y centros comerciales de esta capital y el estado.

Lo anterior, como parte de las movilizaciones que esta gremial realiza "en defensa de la educación", mismas que podrían extenderse hasta 72 horas según previsiones de la dirigencia sindical.

Estas acciones mantienen sin clases desde ayer lunes a más de 1'300,000 alumnos de nivel básico de la entidad.

En tanto, estudiantes normalistas de esta ciudad, encabezan la retención de unidades del servicio de transporte urbano como parte de sus acciones en apoyo a la Sección 22 del SNTE.

A ello, se suma el bloqueo que realizan habitantes del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán en el puente denominado "La Ex Garita", a 5 minutos de la capital, a fin de exigir a su alcalde la restitución de un predio que es actualmente usado por ese ayuntamiento como cuartel de la policía municipal.

(V.Notimex del 5 de marzo de 2013).


No hay intocables, dice el presidente Peña Nieto. Ojalá sea así. En realidad, siempre hay quien se cree intocable. Más en una sociedad como la nuestra, en la que 98% de los delitos denunciados quedan impunes. Pero existe otra dimensión: la de la capacidad de las leyes para procurar justicia.

El caso de Elba Esther Gordillo es paradigmático en ese sentido, pero no es único. El proceso en su contra, basado en las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero de procedencia ilícita será difícil de demostrar: no estamos hablando de los excesos que se pudieran haber cometido ni de los despilfarros. Hablamos de comprobar que el dinero fue utilizado en forma ilícita, si es que el sindicato ratifica que sus órganos de control le dieron autorización para utilizar ese recurso, lo haya usado en los que fuera, desde aviones hasta tiendas de lujo. De ese hilo: de que se compruebe que los recursos utilizados son de procedencia ilícita es el del que pende todo el caso. Es verdad que hay otros potenciales delitos como los fiscales que pueden permitir que Elba Esther siga procesada, pero los dos principales, delincuencia organizada y lavado de dinero, dependen casi en exclusiva de ese factor.

Eso es independiente del hecho de que la exhibición de todo el entramado de manejo de dinero sea un golpe político brutal contra un liderazgo político y sindical que se equivocó en muchas de sus decisiones sobre todo en la transición y el inicio de la administración Peña, sobre la reforma educativa pero sobre todo en la percepción de la fortaleza y la decisión de poder del propio presidente. La reacción comedida del SNTE y de Nueva Alianza ante el tema es la mejor demostración de que, aunque tarde, se comprendió cómo funciona esta nueva realidad.

Pero si no va a haber intocables, hay que recordar otros casos. Se ha hablado hasta el hartazgo de Carlos Romero Deschamps y de Joel Ayala, pero se podrían incluir a muchos más, desde el propio Francisco Hernández Juárez, líder desde hace 37 años del sindicato de telefonistas (asumió el cargo exigiendo la democracia sindical) hasta el líder ferrocarrilero Víctor Flores, al que acusan de desviar más de 13,000 millones de pesos. Para no hablar de los dineros que le desapareció Martín Esparza a los pocos afiliados que quedan en el SME o Napoleón Gómez Urrutia, con los 52 millones de dólares que les escamoteo a los sindicalistas de Cananea.

Si vamos a hablar de gobernadores un caso notable de impunidad es Leonel Godoy. Olvidemos por un momento el caso de su hermano Julio César, prófugo de delitos de relación con el narcotráfico. Como aquí escribimos el año pasado según las auditorías practicadas a su gobierno a Godoy se le "perdieron" más de 9,000 millones de pesos. El gobierno estatal informó que contrató, en enero del 2011, créditos por 4,800 millones de pesos para refinanciar la deuda pública estatal de corto plazo. Pero no hay información sobre cuál es la deuda que se estaría refinanciando. En la cuenta pública se dice que se pagaron créditos de corto plazo a algunas instituciones bancarias, pero en ningún caso se dice cuáles son y en qué cuentas se aplicaron.

Al mismo tiempo, en pleno proceso electoral federal y de transición del gobierno local, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, se pidió otro paquete de créditos por 4,950 millones de pesos, cuya contratación nunca pasó por el congreso para su autorización. 2 créditos fueron utilizados para "necesidades temporales de Tesorería". Según la documentación oficial, de ese dinero se usaron, por lo menos mil millones, para pagó de nómina, transferencia a escuelas, apertura de fondos de inversión, transferencia de dependencias y pago de intereses. De ese total, hay por lo menos mil 347 millones de pesos provenientes de préstamos bancarios que lisa y llanamente no se tiene evidencia alguna de en qué se utilizaron. Hay muchísimas irregularidades más. Por ejemplo, existe un incumplimiento en el pago del ISR descontado a los salarios de los trabajadores estatales de más de 998 millones de pesos en el último año de la administración Godoy. No se localizan 148 automóviles, maquinarias pesadas, predios, inmuebles y terrenos. Desaparecieron.

Si ese es el caso de Godoy, ahí tenemos también el de Andrés Granier: faltan, lo ha denunciado su sucesor Arturo Núñez, miles de millones de pesos, 3,000 de los cuales estarían depositados en la cuenta de banco de una de las hijas del ex gobernador. La lista podría continuar. Porque hasta ahora hay muchos intocables.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 5 de marzo de 2013).


La cultura de la legalidad "es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población conozca y crea en el estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad". Implica conocer, respetar y defender las normas.

De acuerdo a la asociación civil denominada México Unido en Contra de la Delincuencia, la cultura de la legalidad es la creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un estado de derecho.

Laveaga (2005) señala que la cultura de la legalidad "es un conjunto de valores, percepciones y actitudes que el individuo tiene hacia las leyes y las instituciones que lo ejecutan".

Las características distintivas de la cultura de la legalidad son: la sociedad conoce la mayoría de las normas y leyes; la mayoría de la sociedad tiene la voluntad (hábito o costumbre) de respetar las leyes, porque existen órganos de control y gobierno; la violación a la ley es sancionada o castigada; existe un proceso de defensa de acusados; la delincuencia y la corrupción son legal y socialmente condenadas, y existe un sistema para cambiar o reformar las leyes.

De hecho, la cultura de la legalidad o la falta de ésta explican, en gran medida, el nivel de criminalidad e inseguridad pública predominante en las naciones, ya que un país en que sus habitantes respetan, promueven y fomentan la cultura de la legalidad, entendida ésta como el acatamiento al imperio de la ley, es un Estado con menores índices de delincuencia e inseguridad pública. Por el contrario, los países en los que predomina una cultura de la ilegalidad, son naciones con mayores niveles delincuenciales e inseguras. De esta forma, la cultura de la legalidad se convierte en una variable independiente que incide en los niveles de convivencia civilizada que experimentan las naciones.

La cultura de la legalidad necesita de la orientación educativa y supone la existencia de un proceso de aprendizaje, en la que la institución escolar juega un papel importante. De hecho, la institución escolar y, en especial, la universidad, son un espacio privilegiado para construir y fomentar la cultura de la legalidad, en general, y de la legalidad escolar, en lo particular.

Andrés Valdez Zepeda y Alejandra Zarzosa Cococedo
(v.pág.6 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 4 de marzo de 2013).


Desde San Marcos hasta Marquelia, los movimientos de autodefensa civil y policía comunitaria ya vigilan toda la región de la Costa Chica del Estado de Guerrero.

Ayer, en Marquelia, colindante con el Estado de Oaxaca, pobladores presentaron a sus agentes comunitarios. Lo mismo hicieron habitantes del municipio de Copala.

Ante visitantes de otros municipios de la región que ya conformaron sus grupos, los nuevos expusieron que sus objetivos son resguardar a la ciudadanía y combatir la delincuencia organizada.

Así, desde ayer al menos mil hombres armados con machetes, fusiles, escopetas, rifles y pistolas patrullaron las calles de este destino de playa guerrerense.

Algunos uniformados, otros inclusos con chalecos antibalas, se formaron en cuatro filas y marcharon por las calles ante la mirada y apoyo de los ciudadanos.

En diferentes zonas se pudo apreciar a los hombres armados recorriendo en grupos la ciudad.

Según el dirigente de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, 7 de 15 municipios de la Costa Chica ya tienen policías comunitarias y otros más están por sumarse.

"Estamos construyendo una estructura de seguridad coordinada para garantizar la seguridad a toda la región de la Costa Chica".

"Con Marquelia estaríamos sumando a 7 municipios de la Costa Chica y en los próximos días estaríamos en los otros municipios", afirmó el activista.

Plácido Valerio afirmó que con esta estrategia han disminuido 85% los hechos delictivos en la zona.

Marquelia tendrá al menos 600 agentes comunitarios para el resguardo de sus zonas.

(V.pág.8 del periódico Mural del 28 de febrero de 2013).


La rápida propagación de grupos de autodefensa en México, denominadas policías comunitarias, ha propiciado un debate en el país luego que la más reciente de estas agrupaciones se presentó con armas misteriosamente sofisticadas, camisetas impresas y una vestimenta impecable.

El grupo apareció esta semana en Tepalcatepec, en el estado occidental de Michoacán, una zona dominada por cárteles de narcotráfico en pugna. Tepalcatepec ha sido el más reciente en una ola de poblados donde sus residentes se han organizado para patrullar y ocupar retenes desde enero, con el objetivo de combatir crímenes como secuestros y extorsión.

Sin embargo, los grupos anteriores de autodefensa estaban conformados en su mayoría por campesinos con botas enlodadas o incluso sandalias. Muchos iban armados con escopetas, rifles de un solo tiro, pistolas viejas y machetes.

Imágenes de video del poblado muestran al nuevo grupo justiciero mucho mejor armado y vestido, con fusiles de asalto, pantalones impecables y con camisetas que llevan impresa en el frente la leyenda "Policía Comunitaria". En la parte posterior, también con una buena técnica de impresión, las camisetas dicen "Por un Tepalcatepec Libre".

Muchos mexicanos están preocupados de que, además de agrupar a residentes hartos de la delincuencia, las patrullas de autodefensas comiencen a actuar como si fueran grupos paramilitares o de que sean empleadas por los mismos cárteles.

Uno de los líderes del nuevo grupo justiciero, que ya ha puesto retenes en la autopista y comenzó a interrogar a los conductores de los vehículos que pasaban, dijo que el grupo se conformó por ciudadanos comunes que ejercían sus derechos constitucionales.

"Lo que queremos es librarnos de la presión de la delincuencia organizada", dijo el líder del grupo, quien usaba una pañoleta azul sobre su rostro y se negó a dar su nombre. "Nos estaban cobrando cuotas, nos estaban extorsionando".

El hombre negó que los cárteles que operan en la zona estuvieran detrás del grupo, y dijo que estaba financiado y apoyado por los residentes.

El subsecretario de Gobernación Eduardo Sánchez, reconoció el martes, durante una conferencia de prensa, la dualidad del problema. Por una parte hay que restaurar las policías en zonas sin ley y por el otro se tiene que poner freno a los grupos justicieros.

Sánchez dijo que el gobierno buscaba negociar con los grupos de autodefensa.

"El trabajo de nosotros es que se cumpla el estado de derecho en los dos sentidos ... primero garantizar la seguridad ... y que los ciudadanos que hoy han optado por la vía de organizarse a través de estas organizaciones de autodefensa, se les encauce al espacio adecuado para que pueda la participación ciudadana colaborar con las fuerzas del gobierno", explicó Sánchez.

Una de las mayores preocupaciones para los funcionarios de derechos humanos ha sido la práctica de grupos de autodefensa, de detener a personas que ellos encuentran sospechosas, y de retenerlas, a veces por semanas, en prisiones improvisadas.

El líder del grupo de Tepalcatepec dijo que las autodefensas que patrullan ahí ya han detenido a "varios" sospechosos.

(V.Associated Press del 27 de febrero de 2013).


El surgimiento de los grupos comunitarios de autodefensa da cuenta de "focos rojos" del vacío de poder y de la incapacidad de las autoridades de otorgar seguridad a la población, lo que a la larga podría derivar en un estado fallido que deberá enfrentar el surgimiento de grupos revolucionarios que obvien las garantías individuales que se han logrado en el país, explicó Dante Haro, especialista en temas de seguridad de la UdeG: "Empiezan así, es lo mismo que comenzó con los grupos paramilitares de Colombia, donde los narcotraficantes empezaron de alguna manera a actuar, los grupos revolucionarios empezaron a armarse".

Grupos de autodefensa han surgido en estados como Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde la autoridad no ha podido garantizar la seguridad. No obstante, la tendencia puede expandirse hacia otras localidades: "Los riesgos que tenemos es que se puede desbordar esto, en primer término, hemos sufrido mucho para lograr las instituciones de alguna manera, en teoría, que garanticen certidumbre en el marco de un estado de derecho, es lo que se puede perder".

La reversión del proceso no será inmediata, advirtió, sino a largo plazo para que las autoridades implementen programas sociales efectivos apartidistas y garanticen la seguridad.

(V.pág.4-B del periódico El Informador del 26 de febrero de 2013).


Enrique Peña Nieto jamás imaginó que le iban a saltar los grupos de autodefensas comunitarias. Sorprende saber que ya se han creado más de 40 y que están en varios estados. Es más, dícese que hasta el jalisciense Cuautitlán de García Barragán tiene ya la suya. Gobernación tiene que hacer algo pronto y bien hecho. Sería lamentable tolerarlas y sería lamentable reprimirlas. Solo le queda el camino de la desactivación política razonada con inteligencia, y, claro, corregir la falla de origen que las hizo surgir: "la ausencia de Estado" en las zonas marginadas del país. Una secuela más de la estúpida guerra sin planeación contra el crimen organizado que inició Calderón y que Fox permitió que se incubara.

Aun cuando la idea de las autodefensas pudiera parecer romántica e interesante a muchos, es jugar con lumbre. Equivale a permitir que se desarrollen pequeños cotos de poder y fuerza que desafíen y debiliten al Estado. De bote pronto, pudiera parecer sano y útil que las comunidades no esperen a que el gobierno, lento, torpe y corrupto, ponga orden en su territorio. En el corto plazo pudiera ganarse eso y complicarles la vida a los delincuentes. Sin embargo, si algo tiene el "Estado" conceptualmente hablando, es que se ha venido construyendo por siglos y ello le ha dado al país solidez institucional, un marco jurídico y un estado de derecho que rige la actividad ciudadana del país. Relajarlo, abrir espacios sin pensarlo adecuadamente, puede traer como consecuencia su debilitación, su posterior desafío y el acercamiento al anarquismo. No está muy lejos, ni en el tiempo ni en la distancia el ejemplo de Colombia.

En Colombia las autodefensas surgieron para hacerle el trabajo sucio al ejército. Financiadas por los poderes facticos, combatían a la guerrilla sin la camisa de fuerza que representaba el respeto a la ley y los derechos humanos. Sin embargo, llegó un momento donde desarrollaron criterios propios, antagónicos a los del estado colombiano, se indisciplinaron y se convirtieron en un problema mayor para el propio Estado que decían proteger.

Aun cuando el origen de las autodefensas colombianas es muy distinto al de México, las cosas nunca son estáticas, y hay que prever su evolución. Esa autoridad y fuerza paralela al Estado también lo puede desafiar; y si ya pudo construir fuerza y desarrollar respaldo popular de facto que pueda imponer reglas o desacatar leyes porque así lo han convenido comunitariamente, sembrando una dinámica de anarquismo que nos pudiera acercar al caos.

Sin duda que la solución es política, es necesario una salida concertada que atienda en primer plano el enojo y la frustración de las comunidades que se sienten asoladas por la delincuencia sin que las instituciones de seguridad hagan nada.

Alberto Pérez
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 26 de febrero de 2013).


Los nuevos grupos de autodefensa fueron respaldados por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Las comunidades guerrerensesque se suman al surgimiento de las policías comunitarias son Ocotillo, Ejido Viejo, Las Lomitas, Los Terreros, Tepetixtla, Brasilia, entre otras.

Por otra parte, ante la constante aparición de mensajes de la ciudadanía contra la delincuencia organizada, el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Miguel Moctezuma Domínguez, niega la existencia de grupos de autodefensa en Zacatelco y la zona sur del estado, para hacer frente a la inseguridad. "Niego enfáticamente que existan grupos de autodefensa en ninguna comunidad y en ningún municipio".

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 25 de febrero de 2013).


En México no tenemos demasiada fe en que el Estado pueda socorrernos cuando nos atacan los criminales. Sin embargo, no exhibimos nuestras pistolas en las entrevistas televisivas ni alardeamos de poseer un arsenal formidable en el bar de la casa. Lo que sí han hecho algunos mexicanos es organizarse en brigadas y grupos de autodefensa. Y lo hacen en las comunidades más apartadas y más pobres del territorio nacional. Lo repito: no es asunto de exhibir rifles. Es mero instinto de supervivencia en una sociedad que no solo no cuenta con un Estado eficaz, sino que sabe de la escandalosa corrupción del aparato de justicia.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 24 de febrero de 2013).


Los saldos de la guerra contra el narcotráfico emprendida en el sexenio anterior son aterradores: más de 60,000 homicidios; 27,000 desaparecidos (según datos de la propia Secretaría de Gobernación); y 30 alcaldes en funciones asesinados, más 4 electos.

Por si lo anterior fuera poco, agréguese el hecho de que -según datos del investigador y consultor internacional Edgardo Buscaglia- para 2011 1,756 municipios (71.5% del total) estaban capturados o bajo control del crimen organizado.

En este contexto, resulta comprensible, más no justificable, que desde el 6 de enero pasado haya irrumpido en el escenario político y social un nuevo actor que al mismo tiempo es fiel expresión de la debilidad o incapacidad del estado mexicano para brindar seguridad a la población: los grupos de autodefensa o policía comunitaria, mediante los cuales la población civil se armas para defenderse y tomar la justicia en sus propias manos.

Según datos extraoficiales se trataría de la existencia de esos grupos en al menos 36 comunidades de 8 estados; en tanto que, el secretario de Gobernación reconoce "entre 14 y17" localidades en esa situación. El que la autoridad no sepa a ciencia cierta cuántos grupos de esos son y los legitime al recibir a algunos de ellos, demuestra el descontrol que han provocado y la crisis de seguridad en que estamos inmersos. El Estado no sólo es incapaz de brindar seguridad, sino que además no sabe dónde se localizan esos grupos ni cómo procesar este fenómeno.

Si bien hasta el momento no son grupos armados contra el Estado ni para delinquir, no por ello tienen derecho a tomar la justicia en sus propias manos ni a armarse para reclamar su derecho a la seguridad. Además, no existe ninguna garantía de que esos grupos hayan surgido en algunos de los 700 municipios que -hasta el 2011- no estaban capturados o controlados por el crimen organizado. Dicho de otra manera: ¿esos grupos son genuinamente de autodefensa o son grupos armados que controla el crimen organizado? O bien, ¿estos grupos ofrecen mayores garantías de no ser corrompidos que las o los policías del estado mexicano?

Este fenómeno nos ha venido a mostrar con toda crudeza la gravedad de lo que significa la ausencia o debilidad del Estado.

Los mexicanos hemos sido muy dados a poner en la Constitución todos los derechos habidos y por haber. Sin embargo, en esta práctica y entre los objetivos del Pacto por México hay uno que se ha olvidado incluir: el derecho al Estado, que es el único que puede hacer posible todos los demás derechos, empezando por el de la seguridad.

Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 23 de febrero de 2013).


El director ejecutivo de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, expresó que el fenómeno de autodefensa "es un síntoma muy revelador del fracaso de las políticas de la seguridad pública y hay que abordarlo a la mayor brevedad posible. Es un tema que no hay de ninguna manera permitirlo y es un síntoma, justamente, de las fallas que tienen las agencias o las entidades encargadas de garantizar la seguridad".

Recordó que Centroamérica y Colombia son un buen ejemplo de cuando empiezan a surgir tareas de investigación, incluso de castigo "y se incrementan exponencialmente la violación a los derechos humanos. Aquí hay un papel para el Estado importantísimo, es el único que puede garantizar la seguridad, pero una profesional, conforme a ciertos parámetros", señaló.

Apuntó que lo importante es optimizar el rendimiento profesional de los grupos policiacos.

"¿Qué confianza tiene el ciudadano en la policía frente a los escándalos de corrupción o de penetración de los cárteles? Ese es un problema muy grave. ¿Qué confianza existe en la nueva policía?", dijo el director regional de HRW para agregar: "Constatar que las policías en México no están a la altura de los desafíos es algo bastante evidente. Lo importante es que el modelo que se adopte sea uno que pueda rendir cuentas ante las autoridades judiciales cuando se producen abusos, ya sea de corrupción o de violaciones a los derechos humanos".

No obstante, consideró: "No me parece que sea un problema donde uno pueda arrancar conclusiones apocalípticas y diga: cuando uno utiliza este modelo policial necesariamente se van a producir violaciones a los derechos humanos".

Al presentar el informe sobre desapariciones, Vivanco recomendó al gobierno federal investigar las denuncias de desapariciones, hacer justicia y combatir a la impunidad para evitar que se repitan.

"No se puede seguir viviendo en un país donde se presume que son todos delincuentes abatidos o que caían como cucarachas, como decía el gobierno anterior", sostuvo.

Dijo que debe castigarse a soldados y oficiales del Ejército y la Marina que hayan participado en estos actos con "sentencias que sean proporcionales a las atrocidades que aquí se han cometido por parte de la fuerza pública en una guerra contra el narcotráfico en la que todo fue permitido. Este es el resultado de una guerra sin controles".

Además, se manifestó por la eliminación de la figura del arraigo y en la modificación del fuero militar.

Vivanco afirmó que los derechos humanos fueron soslayados por el gobierno del ex presidente Felipe Calderón en una "guerra sin controles" contra la delincuencia en la que todo fue permitido.

(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 22 de febrero de 2013).


En algunos países de Latinoamérica, los grupos de autodefensa ciudadana fracasaron e incluso algunos terminaron como cuerpos paramilitares, afirmó Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados federales priistas.

El legislador puntualizó que la seguridad pública es una obligación del Estado que no se puede desatender.

El tema de fondo es si el Estado va a cumplir con sus funciones o ya no es suficiente o capaz.

"Discutamos sobre de ello, pero no cerremos los ojos. Si es así, intentemos entonces una nueva fórmula, pero no será auspiciando el crecimiento de las autodefensas ciudadanas, que lo hacen porque creen que ya no hay nadie que les pueda brindar seguridad desde el gobierno", agregó.

Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, advirtió que en algunos casos las policías comunitarias pueden ser "peligrosas", porque las instituciones existen para evitar venganzas o el combate sin reglas a la delincuencia.

(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 22 de febrero de 2013).


Los nuevos grupos que han aparecido como las guardias comunitarias de autodefensa en los estados de Michoacán y Guerrero, así como la extorsión a grupos comerciales grandes en Tampico, Tamaulipas, podrían poner nerviosos a los capitales y desincentivar inversiones en caso de que estos continúen, explicó Claudio X González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

Puntualizó que es importante que el gobierno tome medidas ante estas expresiones de inseguridad en distintos entidades del país, razón por la cual se reunirá mañana viernes el Consejo Coordinador Empresarial con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para platicar sobre estos acontecimientos y exponerle su preocupación al respecto.

Señaló que también es preocupante el conflicto que se vive en un plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, puesto que algunas de las personas que han sido detectadas como líderes, y que mantienen cerrado el plantel escolar, también aparecen en video de los incidentes vividos el 1o.de diciembre en el Paseo de la Reforma, en los que hubo afectaciones a los negocios de la zona.

(V.pág.29 del periódico Milenio Jalisco del 22 de febrero de 2013).


La verdad monda y lironda es que México no es un Estado de derecho. La ley se desconoce, tanto en el sentido de ser incumplida como en el sentido de ser ignorada. En nuestro país la prevalencia de la legalidad no existe. La ley es letra muerta. Y sepultada, se podría añadir, si no fuera por el tufo que su irregular elaboración y aplicación despide permanentemente.

Un país en que los legisladores alteran la ley a su antojo, y los juzgadores la hacen como chicle para favorecer a saqueadores y secuestradores, es un triste país. Triste país es aquel donde una ralea de chómpiras puede ocupar con violencia una institución de la UNAM, y no se les toca ni con el pétalo de una rosa.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas en línea del 21 de febrero de 2013).


Si usted o yo estacionamos nuestro vehículo en un lugar prohibido, como la avenida Constituyentes de la Ciudad de México, no pasará mucho tiempo para que llegue una patrulla y nos ordene movernos o pida una grúa que se lleve nuestro auto. Nosotros mismos correremos el riesgo de pasar una noche con hambre y frío junto al senador Jorge Emilio González.

Pero si usted es militante de El Barzón, o de cualquier otra organización política, no sólo no habrá advertencia o grúa sino que la patrulla desviará el tránsito para protegerlo, no sea que alguno de los furiosos automovilistas afectados le eche el coche encima.

En el momento en que escribo este artículo un pequeño grupo que se identifica como parte de El Barzón Popular, y que Alfonso Ramírez Cuéllar de El Barzón dice que no tiene nada que ver con su organización, ha mantenido un bloqueo parcial durante tres días de la avenida Constituyentes en el poniente de la ciudad de México, generando enormes problemas a la circulación.

Injusta o cobarde es la actitud de las autoridades ante los grupos de presión que viven de extorsionar a gobiernos y a la sociedad. Presionadas además por fallos de la Suprema Corte de Justicia y recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, cada vez están más dispuestas a ceder a los chantajes de los grupos de presión, con lo cual generan mayores incentivos para las extorsiones.

Ahí está el grupo de encapuchados que, también hasta el momento de escribir esta reflexión, ha tomado la dirección general del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. El grupo, que afirma estar compuesto de estudiantes, había señalado que sólo entregaría las instalaciones y comenzaría un diálogo con las autoridades de la UNAM si éstas cumplían 3 condiciones: cancelar las expulsiones y "persecuciones judiciales" a los miembros del grupo, garantizar que no hubiera "represalias" contra quienes han realizado la toma de las instalaciones y posponer hasta el 30 de noviembre la actualización de los programas de estudios.

Las autoridades de la UNAM aceptaron cumplir las 3 exigencias de este pequeño, pero al parecer influyente grupo. Los mismos activistas se sorprendieron, al parecer, con esta rápida rendición incondicional; pero reaccionaron señalando que, a pesar de que la UNAM había prometido cumplirles sus demandas, no entregarían las instalaciones. De hecho, añadieron una nueva exigencia: la destitución de la directora general del CCH Laura Lucía Muñoz Corona. Habrá que ver si la UNAM también la acepta.

En otros lugares del país estas presiones de grupos de interés son también cosa de todos los días. Ayer los normalistas de Oaxaca, unos 6,000 de 11 escuelas, se pusieron en huelga y anunciaron movilizaciones para obligar al gobierno de Gabino Cué a entregarles plazas de maestros sin presentar ningún examen. A su vez, los maestros de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca suspenden labores y preparan una nueva huelga que será acompañada, por supuesto, de sus propias manifestaciones y bloqueos.

Por la cobardía de las autoridades, pero también por decisiones de la Suprema Corte y de las comisiones de derechos humanos, se ha establecido un sistema en México en el cual los grupos de presión obtienen privilegios especiales. Sólo ellos pueden en absoluta impunidad bloquear vías de comunicación o agredir a policías y a ciudadanos. Las autoridades no pueden hacer más que ofrecer rendiciones incondicionales u otorgar más privilegios.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 21 de febrero de 2013).


Toman otra vez las instalaciones
en la UNAM.

Marchas otra vez en el Defe
contra la reforma educativa,
la reforma laboral, por Reforma.

La Sección 22, en huelga, ocupa
y depreda otra y otra vez el centro
histórico de Oaxaca.

Si los marchistas tienen razón, malo.

Si no la tienen, peor.

La impunidad de los grupos,
la incapacidad de las autoridades
y la repetición cansina de los mismos
hechos es, por lo menos, vergonzosa.

Los hechos siguen desmintiendo
frases, acuerdos y reformas.

La autoridad tiene el síndrome del 68.

Nemesio Maisterra
(v.pág.9 del periódico Mural del 21 de febrero de 2013).


El presidente de la organización México SOS, Alejandro Martí, luego de los reproches que hiciera a los ministros de la Suprema Corte, dijo que éstos "despertaron los demonios" por su fallo a favor de Florence Cassez.

Al respecto, el senador del PAN Fernando Yunes, expresó que la resolución dejó una puerta abierta para que secuestradores soliciten ahora amparos y puedan quedar en libertad: "Sienta un precedente bastante preocupante, prácticamente podría llegar a dejar una ventana abierta cuando una detención no se haga conforme al procedimiento legal, lo que permitiría que muchos delincuentes se puedan amparar".

A mí, lo que me parece preocupante es que a un senador de la república le cause preocupación el tener que cumplir cabalmente con los procedimientos legales establecidos para detener a una persona y no valore las razones por las cuales dichos procedimientos existen en todo el mundo.

Si la ley no se aplica al pie de la letra, 2 cosas pueden pasar: que inocentes estén refundidos en la cárcel por crímenes que no cometieron, o que delincuentes salgan libres, como pudo haber sido el caso de Cassez (si es que finalmente era culpable). Y no se cuál de las 2 cosas sea peor.

Yo pienso, como Voltaire: "es mejor correr el riesgo de salvar a un culpable que condenar a un inocente".

Prefiero saber que un delincuente salió libre porque las autoridades hicieron mal las cosas, a saber que hay inocentes encarcelados de por vida.

El miedo que tenemos los mexicanos y los extranjeros de caer en las manos de un sistema policíaco y judicial corrupto, extorsionador, torturador, capaz de fabricar pruebas valiéndole un comino la ley y los derechos humanos, particularmente el de la presunción de inocencia, es fundado.

Por supuesto que no es cualquier cosa que un criminal salga libre por "tecnicismos", pero pienso que deberíamos preocuparnos y hacer mas escándalo por todos los inocentes encarcelados a los que les han violado sus derechos, que por los criminales que andan sueltos, ya sea por habilidades propias o de sus abogados.

Hay historias de delincuentes famosos que no pudieron encarcelar porque las pruebas en su contra no fueron obtenidas conforme a la ley, porque amenazaron o mataron a los testigos, o porque sus detenciones y los allanamientos a sus casas fueron sin una orden judicial, es decir, porque les violaron sus derechos.

Lo importante de esto no son los derechos de un criminal, lo importante es -y por ello es que defiendo la decisión de la Corte- que si la autoridad es capaz de violarle los derechos a un criminal poderoso, imaginen lo que no le hacen a un ciudadano inocente e indefenso.

Los policías no son jueces y no pueden asumir de antemano que una persona es culpable sólo porque alguien "les dijo" o porque estuvo en el lugar y momento equivocado. Y como además es común que un delincuente cualquiera, o un "testigo" primero inculpe a otros antes que inculparse a sí mismo, es que todos merecemos el beneficio de la duda.

Sí, el aplicar los procedimientos que la ley señala para la detención de personas puede ocasionar que en algunos casos delincuentes y criminales salgan libres, pero ésta es la única garantía que tenemos los ciudadanos comunes para no terminar en la cárcel purgando penas por delitos que no cometimos.

Como la justicia es imperfecta, si en algún momento se va a equivocar, yo prefiero que se equivoque aplicando al pie de la letra los procedimientos diseñados para la protección de inocentes.

Si las leyes no nos gustan, cambiémoslas, pero no permitamos que su aplicación sea discrecional.

La única garantía que tenemos para que los criminales se queden en las cárceles es respetar los debidos procesos, y esa es también la única garantía de que los inocentes salgan libres.

Entendamos: las sanciones a los funcionarios públicos y policías que no hacen las cosas bien no son para beneficio de la delincuencia organizada, sino para beneficio y protección de todos los ciudadanos honestos, y que afortunadamente somos -todavía- la enorme mayoría.

"Los demonios no se despiertan cuando se aplica la ley, sino cuando no se aplica, o se aplica mal".

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 21 de febrero de 2013).


La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la organización Amnistía Internacional y hasta funcionarios de la Procuraduría General de la República se pronunciaron ayer a favor de eliminar la práctica del arraigo.

Javier Hernández Valencia, representante de Naciones Unidas, recordó que diversas instancias internacionales han recomendado a México desaparecer el arraigo, ya que su aplicación ha derivado en la violación de los derechos humanos.

Daniel Zapico Alonso, director interino de AI, advirtió México debe desaparecer el arraigo de su marco legal, ya que esa práctica sólo se aplica en naciones donde primero se detiene a las personas y luego se determina su culpabilidad.

"El arraigo es una figura muy mexicana en su configuración, pero tiene también muchos familiares, países como Pakistán, Israel o Guantánamo", alertó.

"Se detiene a personas sin evidencias y sin control judicial efectivo, lo que lleva a graves violaciones. El arraigo persigue en teoría la inculpación posterior, en la mayoría de los casos el arraigo es inefectivo para proceder con las condenas", dijo.

Por su parte, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, también se pronunció a favor de la eliminación del arraigo, tras reconocer que su práctica deriva en otros abusos como la tortura.

"El arraigo en México es una práctica que ha dejado secuelas de abusos y violación a derechos humanos. Esa práctica ha debilitado a las instituciones", criticó.

"El arraigo ha sido ocasión para la violación de derechos humanos de manera persistente, es también ocasión para la práctica de la tortura, para detener y luego investigar. A mi juicio, debe desaparecer", externó.

La subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, reconoció que la aplicación del arraigo ha derivado en abusos y no ha mejorado la aplicación de la justicia.

Recordó que de un total de 4,000 arraigos aplicados en los últimos 2 años, sólo 129 personas han sido consignadas.

"Hubo un uso excesivo de esta figura y ha provocado un efecto perverso porque la PGR usó esta figura más como una regla que como una excepción", aceptó.

"El uso desmesurado de la figura no mejoró la procuración de justicia. Además, hay que decirlo, ha sido cuestionada por diversos órganos internacionales de derechos humanos, el más reciente el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas".

(V.pág.2 del periódico Mural del 21 de febrero de 2013).


La propuesta de modificaciones a la Ley General de Víctimas entregada por organizaciones civiles al Senado y retomada como iniciativa de reformas por las fracciones del PRI, PRD y PT plantea definir de manera más clara a los sujetos de reparación de daño y hacer más eficiente la operación de la nueva normatividad.

El artículo 65 de la iniciativa señala además que las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas en los términos y montos que determine la resolución de un órgano jurisdiccional o un organismo público de protección de los derechos humanos, nacional o internacional, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.

En tanto, en los artículos 66 al 72 se precisan los delitos en los que el Estado privilegiará la reparación económica en caso de que el responsable se encuentre sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad.

"La Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y mental como consecuencia del delito", apunta el artículo 68.

Silvano Cantú, coautor de la Ley General de Víctimas promovida por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, consideró que la obligatoriedad de que el Estado resarza económicamente a las víctimas de delitos en casos específicos es una medida encaminada a abatir la impunidad.

"El incentivo que le pones es que ahora sí investigue, persiga y profesionalice a los servidores públicos porque la impunidad va a costar. Hoy al Estado no le cuesta nada. Hoy el 98.5% o más de los delitos quedan impunes y no cuesta nada", sostuvo.

(V.pág.2 del periódico Mural del 21 de febrero de 2013).


En la reunión de la Conago el presidente Peña Nieto habló de otro tema que se debe abordar de inmediato. Dijo, y tiene toda la razón, que ningún esquema de seguridad funcionará si no existe un sistema de impartición de justicia eficiente. El hecho es que en nuestro país, 98% de los delitos que se denuncian (no de los que se cometen, sino de los que se denuncian, asumiendo además que la cifra negra es altísima), quedan impunes. Es un problema de leyes, es de estructuras, es de corrupción y de muchas otras razones, pero el hecho es que la norma es la impunidad. En todo eso hay un punto central que debe abordarse. De la misma forma que la propuesta del mando único policial estuvo dormida desde hace más de tres años, la reforma del sistema de justicia lleva casi cinco años de aprobada y los avances son mínimos. La transformación del sistema hacia los juicios orales, de la mano con otras reformas que se aprobaron en su momento, a las que se les ha dado ocho años para su implementación de acuerdo con los ritmos que establezca cada estado, no ha funcionado, tiene rezagos notables y, en el propio sistema, tiene adversarios de enorme peso que no quieren que se ejecute.

Sin esa transformación del sistema de justicia, que involucra a todo el poder judicial, pero también a la PGR (que tiene pendiente la reforma que planteó en su momento Eduardo Medina Mora y que nunca se sacó adelante) lo que se haga en la seguridad y los policías, será, siempre, insuficiente. Resulta imprescindible ponerle fechas, objetivos, metas a la reforma del sistema de justicia porque no nos podemos como sociedad dar el lujo de dejar transcurrir más tiempo sin implementarla seriamente.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de febrero de 2013).


No es suficiente para la mayoría de los ciudadanos que el poder legislativo (diputados y senadores) esté creando, modificando o enriqueciendo las nuevas leyes y normas para que sea más difícil que hayan (sic) actos de corrupción en el futuro, como los que han cometido diversos personajes políticos y administrativos de nuestros últimos gobiernos.

El día de hoy se menciona en la prensa nacional y algunas estatales, nuevamente, los actos de corrupción, de tráfico de influencias, de opacidad de uno de los más cercanos colaboradores de Felipe Calderón, se trata nada más y nada menos de César Nava... incondicional y amigo... que actualmente se dice está en proceso judicial en la PGR por actos de corrupción y lavado de dinero, cuando era un funcionario de altos vuelos en Pemex, no estaría nada mal que se pueda juzgar y sancionar a estos personajes. Pero tampoco olvidemos qué pasa con otros de sus más cercanos amigos y amigas del ex presidente azul... qué negocios hacían Patricia Flores en la Oficina de la Presidencia, o qué negocios hacía uno de sus protegidos en el IMSS... Lorenzo Martínez Garza... ustedes han oído que alguien les pida que rindan cuentas, que se investigue su enriquecimiento inexplicable... habría que pedir les abran un expediente... en donde sea... que por lo menos molesten y atormenten a su representante legal... que por lo menos se amparen... no sea que vayan a ser injustos y mal pensados con ellos...

Lo mismo podríamos decir del gobierno que termina de Emilio González Márquez y varios de sus secuaces... quién no se acuerda del secretario de Salud... su compadre Gutiérrez... de Monraz, de Taylor y otros más... sería bueno abrirles sus expedientes, para que expliquen y aclaren de dónde vienen sus nuevas fortunas, su nueva vida, sus nuevas propiedades, sus nuevos negocios... aun si se las heredaran sus abuelitos, tías y suegros... hay que justificarlas y transparentarlas...

No crea que la gente no sabe lo que ha pasado en Coahuila y en Tabasco con las administraciones de Moreira y de Granier, sus familias, sus amigos y sus protegidos, de Juan Sabines, en Chiapas, otro ejemplo digno de investigar y sancionar de todos los ilícitos, de toda la rapiña que cometieron, con todo el abuso del poder. Los niveles de corrupción, de cinismo, de enriquecimiento inexplicable, de impunidad de estos gobiernos, de estos pseudogobernantes son escandalosos... debería aplicarse la ley a secas (Benito Juárez) para todos estos personajes sin escrúpulos, debería haber sanciones ejemplares... para que todos los que siguen en la administración y en los gobiernos le tengan respeto, miedo y pavor a nuestras leyes.

Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 20 de febrero de 2013).


Si en algo tuvo razón el ex presidente Felipe Calderón fue en enfrentar de manera directa las zonas del país donde el Estado había perdido su esencia, esto es, los monopolios del uso de la fuerza y del cobro de impuestos. Permitir grupos de autodefensa es ceder un pedazo de Estado, por más pequeño que éste sea, a grupos civiles, independientemente de si se les considera que son de "los buenos" o de "los malos". No falta quien sospeche, por la forma en que se ha dado, que estos grupos son promovidos por el propio gobierno, lo que en principio parece fuera de toda lógica, pero la pasividad con la que están actuando las autoridades se presta a cualquier interpretación.

Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 20 de febrero de 2013).


En Oaxaca, los pobladores de Santos Reyes Nopala crearon un grupo armado con rifles, escopetas, machetes y palos, para defenderse de las agrupaciones delincuenciales que los extorsionan, atracan y secuestran. En los estados de Guerrero, Morelos y Michoacán, los vecinos tomaron, ya, medidas similares. En Jalisco, los indígenas nahuas de la Sierra de Manantlán dieron los primeros pasos en el mismo sentido... El común denominador es, en el mejor de los casos, la incompetencia de la autoridad para actuar en defensa de la población; en el peor, la franca complicidad de las supuestas "fuerzas del orden" con los delincuentes.

Organismos defensores de los derechos humanos y analistas doctos y objetivos, coinciden: permitir que las "policías comunitarias" actúen con el visto bueno de la autoridad constituida, es institucionalizar la Ley de la Selva. Historias parecidas se produjeron en el pasado en varios países centro y sudamericanos: los "Escuadrones de la Muerte" que brotaron casi espontáneamente, como los hongos, en Guatemala, El Salvador, Colombia, Brasil y otros países, fueron la reacción de los particulares ante la ineptitud de la autoridad. Esos grupos paramilitares, incontrolables, se dedicaron a hacer justicia -como ellos la entienden- por su propia mano.

Salvo prueba en contrario, institucionalizar las "policías comunitarias" es traer al lobo para que nos cuide del perro.

Jaime García Elías
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 18 de febrero de 2013).


El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, exhortó a las autoridades a cumplir con su obligación de brindar seguridad a la sociedad para evitar la propagación de grupos de autodefensa.

Es fundamental reiterar el rechazo a la conformación de policías comunitarias que están proliferando en estados como Guerrero, Oaxaca, Morelos y el Estado de México.

Aunque afirmó que la comisión no niega ni minimiza el hecho de que la aparición de los grupos de autodefensa responda a un acto desesperado de la población por las omisiones del Estado en materia de seguridad pública, apuntó que nada justifica que un grupo de personas decida tomar justicia por propia mano e intente sustituir a los poderes públicos al colocarse por encima del gobierno.

Se mostró preocupado, ya que existe una línea muy tenue entre esas organizaciones y los grupos paramilitares.

En tanto, en Guerrero la Coordinadora de Autoridades Comunitarias llevó a cabo una marcha en San Luis Acatlán para solicitar respeto a la iniciativa de su creación.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 18 de febrero de 2013).


Qué decir de las turistas españolas violadas en Guerrero. Fue la intervención diplomática española la que llevó a las autoridades judiciales a coordinarse por primera vez, como reconoció un funcionario de la procuraduría estatal. Fue tal la coordinación que el caso ha sido resuelto con la captura de 6 personas que aceptaron plenamente su participación en los hechos.

En la impartición de justicia existen países donde el Estado de Derecho es una realidad, donde las leyes suelen ser blandas, pero de aplicación rígida. En México las leyes suelen ser muy rígidas pero su aplicación es blanda. Están sujetas al estado de ánimo de los gobernantes, o de la intervención diplomática de los países.

Carlos Alberto Lara González
8v.pág.4-A del periódico El Informador del 16 de febrero de 2013).


Durante 5 horas, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero realizaron un bloqueo intermitente sobre la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, en el punto denominado El Parador del Marqués.

Exigieron al gobierno estatal intervenir ante los congresos de la unión y local para dar marcha atrás a la reforma educativa aprobada en fechas recientes.

Lo anterior, por considerar que lesiona gravemente sus derechos laborales.

De acuerdo con los inconformes, durante este día por lo menos 30,000 docentes realizan un paro de labores de 24 horas en las 8 regiones que conforman el sector educativo, y en esta ciudad llevaron a cabo una concentración en la Autopista del Sol.

(V.Notimex del 15 de febrero de 2013).


Ante los eufemísticos "grupos de autodefensa" y repentinas "policías comunitarias" que han brotado en pocos días en una veintena de localidades de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, lo sencillo es aceptar como justificación la coartada obvia de que sus pobladores viven en el desamparo de las procuradurías y policías locales, corrompidas por la delincuencia organizada.

Pero se trata en realidad de grupos paramilitares que actúan al margen de cualquier legalidad y atentan contra los derechos humanos, inclusive de la propia gente que pretenden (y no hay por qué no creerles) "defender".

Es aberrante que las medrosas, incapaces y cachetonas administraciones estatales consientan la proliferación de tales grupos, pero más todavía que el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometa con algunos, como en Guerrero, a regularizarlos.

Si nada garantiza que los egresados de academias policiacas (y hasta con cierta genuina vocación) hagan su trabajo, ¿qué puede esperarse de la improvisación tutelada por el Estado?

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 15 de febrero de 2013).


En materia de seguridad no hay espacio para la ingenuidad, mucho menos para la complacencia. Las comunidades están desesperadas por la ausencia del Estado. Esto debe resolverse en sus causas y, si es el caso, que los grupos de autodefensa puedan transitar hacia policías eficaces que interioricen la legalidad, bienvenida la iniciativa. De otra suerte, puede estar gestándose un problema más severo del que ya existe.

Federico Berrueto
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 15 de febrero de 2013).


Ayutla, Gro.

Los grupos de autodefensa en México, como los adheridos a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, degenerarán en paramilitares que si no se desactivan, terminarán por formar parte de la espiral de violencia que pretenden combatir, aseguró Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia.

Consideró un error que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, haya iniciado pláticas con esas organizaciones (la semana pasada pactó con la UPOEG la liberación de 54 detenidos y su eventual desarme).

"Un grupo de autodefensa que termina siendo paramilitar, como en el caso de Guerrero, tiene que desarmarse primero; sentarse a dialogar en estas condiciones resulta contraproducente y genera incentivos muy nocivos para otros grupos armados que andan por ahí", señaló.

El presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, sostuvo que "la mejor manera de desarmar a esos grupos no es sentarse a una mesa a parlotear mientras se quema Roma, (lo adecuado) es mostrarle a la población que el Estado tiene capacidad de investigación, acusación y sentencia" contra delincuentes, pero también contra políticos y servidores públicos corruptos.

Buscaglia dijo que estas organizaciones surgen ante un Estado débil e incapaz de garantizar justicia, pero con el paso del tiempo se corrompen, convirtiéndose en agrupaciones que actúan al margen de la ley.

Sostuvo que las autodefensas que surgieron en semanas recientes "son paramilitares por más que justifiquen que actúan ante la falta de Estado".

El especialista hizo una distinción entre el "paramilitarismo mafioso" de Colombia y el que tiene fines de protección social. "No hay que darle una connotación de derecha o izquierda (...), pero siempre termina siendo dañino para la sociedad, porque terminan formando parte de la espiral de violencia que comienzan a generar ellos mismos".

La única solución para que desaparezcan las autodefensas, dijo, es que policías, fiscales, jueces y sistema penitenciario cumplan su función, lo que no ocurre en México, país "que aún no deja de deslizarse hacia el abismo" y "continúa en una orgía de corrupción generalizada".

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, director de México Seguridad, consideró grave que cada vez más comunidades recurran a estas alternativas.

El investigador en temas de seguridad militar y terrorismo, señaló que la corrupción y falta de controles de confianza en las policías municipales y estatales es el origen de esas organizaciones.

"La hipótesis de que se conviertan en paramilitares es correcta; existe un alto riesgo sobre todo en comunidades serranas".

"Lo que no se debe permitir es que Gobernación negocie con esos grupos; es preocupante que el gobierno federal y los estatales se sienten a negociar con comunidades que están asumiendo el control de la seguridad, que es potestad del Estado", agregó.

En Oaxaca, el gobernador Gabino Cué rechazó que haya más policías comunitarias aun cuando en Álvaro Obregón sigue operando una policía civil.

(V.periódico Milenio Jalisco en línea del 15 de febrero de 2013).


El proyecto de dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa que busca derogar la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales para el D.F. y de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, fue frenado por autoridades capitalinas.

(V.pág.26 del periódico Milenio Jalisco del 15 de febrero de 2013).


En los últimos años se ha desbordado en todo el país el comercio informal. Esto no sólo responde a un tema económico, sino que expresa a un Estado complaciente en el que la corrupción se ha impuesto. Ahora mismo en la zona corporativa de Bosques de las Lomas, a espaldas de las oficinas centrales de Pfizer, Unilever, Seguros Atlas o Pernod Ricard el comercio ambulante se maneja a sus anchas. Hay comida rápida sin control y ahora incluso venta de mercaderías. Hasta ahora el joven delegado priista de Cuajimalpa Adrián Rubalcava ha ignorado las denuncias de los vecinos, no obstante que la zona se ha degradado. Lo triste es que se trata de un representante del partido oficial que no sólo optó por replicar los vicios de sus antecesores, sino que apunta a superarlos.

Alberto Aguilar
(v.pág.31 del periódico Milenio Jalisco del 15 de febrero de 2013).


La Ciudad de México, a pesar de ser la enorme urbe que es, tiene algunas costumbres y usos tan anacrónicos como los de algún vilorrio. Las manifestaciones callejeras constituyen uno de esos desdichados hábitos que no toman en cuenta la legalidad ni el derecho de los demás.

He aquí que un grupo de personas, a veces no más de una cincuentena, puede trastornar la vida de cientos de miles de ciudadanos al impedirles el libre paso por la vía pública. Esas acciones son una forma de violencia que se disfraza de derecho a la manifestación de las ideas, y que es en verdad un atentado contra la vida comunitaria, atentado cuya gravedad no se reconoce, y contra el cual no se hace nada. Todo mundo, es cierto, es libre de protestar, de exigir, de denunciar. Nadie debe hacerlo, sin embargo, conculcando la libertad de los demás. En ese sentido los gobernantes del Distrito Federal han sido siempre omisos.

Por temor a ser calificados de represivos permiten que un día sí y el otro también sea trastornada la vida cotidiana de los habitantes de la capital. Si el actual Jefe de Gobierno del DF pretende que ese cambio de nombre, de Secretaría de Transporte a Secretaría de Movilidad, sirva para designar algo efectivo, lo primero que debe hacer es desafiar a unos cuantos demagogos -ésos que cambian la ley para sacar libres a los facinerosos-, y conseguir que la movilidad sea efectiva, y que las manifestaciones se lleven a cabo en tal manera que, sin mengua del derecho a la protesta, se eviten daños a la gente común. Los verdaderos políticos son los que preservan la vida civil a través de la recta implantación del orden y la legalidad. Los que por temor no hacen eso son simples politiqueros.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas del 14 de febrero de 2013).


Integrantes y simpatizantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se dirigen a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, por lo cual el tránsito vial en el Eje 1 Bucareli ha sido cerrado.

(V.Notimex del 13 de febrero de 2013).


En este país, dice la sabiduría popular, un vaso de agua y un amparo no se le niega a nadie. El que está en la cárcel es porque no consiguió su amparo, es decir es pobre. La cárceles mexicanas están a reventar, todas, las federales, las estatales y las municipales, tiene sobrepoblación, y Calderón la dejó aún más llenas. Y todas están llenas de pobres que no supieron o no pudieron tramitar su amparo.

Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 13 de febrero de 2013).


Familiares y vecinos de detenidos por la Policía Federal bloquearon las calles de Acapulco para exigir la liberación de los arrestados por supuesta violación de turistas. También participaron conductores de taxis y camiones de la ruta de Barra Vieja, Bonfil y Caleta.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2013).


En México vivimos desde hace varios años en un doble filo o en la cuerda floja, por lo que concierne al respeto y la observancia de las leyes, a la confianza y respeto a las autoridades y los gobernantes, a la justicia a modo y acomodo, a la extendida impunidad.

Vemos con mucha preocupación como los pseudo-alumnos del CCH de la UNAM toman instalaciones, queman y destruyen las mismas, exigen que se cumplan sus peticiones para no cumplir con las leyes, reglamentos y programas de la institución. Vemos como todos los días los maestros del CNTE no van a clases y no cumplen sus obligaciones con sus alumnos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y otros estados. Ya no nos asombramos que cada día más comunidades, sobre todo en zonas indígenas y con mayor pobreza (Guerrero, Oaxaca, Michoacán) se unjan como autogobierno, establezcan su propio sistema de impartición de justicia y sus sanciones. Cómo en el Estado de Tabasco la Secretaría de Salud fue saqueada, desprestigiada, poniendo en riesgo a la población de enfermarse y morirse.

En Jalisco los trabajadores y los derechohabientes del IMSS, nunca habían visto tanta corrupción, cinismo e impunidad en sus autoridades delegacionales.

Es lamentable que las propias autoridades federales y estatales, los órganos de auditoría y de impartición de justicia hasta el momento no hayan sancionado a los responsables de la vergonzosa corrupción, del gran saqueo y endeudamiento de muchos estados y municipios de nuestro país.

Es importante que los mexicanos exijan a las autoridades que cumplan y hagan cumplir las leyes y sus reglamentos, que vean que cada día haya menos impunidad, menos deterioro de las instituciones que deberían de cuidar y resguardar sus derechos, que no le hagan trampas las contralorías municipales, estatales y federales encubriendo a los corruptos, que las cuentas públicas municipales, estatales y federales sean debidamente revisadas, que verdaderamente se corrijan las desviaciones e infracciones, que en tiempo y forma sean sancionados los funcionarios deshonestos y negligentes.

Hoy los mexicanos necesitan tener certeza de que las autoridades y los funcionarios de los 3 niveles de gobierno sirven a los ciudadanos y no se sirvan algunos con la cuchara chica y muchos, con la grande.

Para los políticos y los gobernantes todo eso está muy bien, pero hay un enorme problema... los ciudadanos lo que quieren y necesitan, es que las leyes se cumplan y que se sancione en tiempo y forma a los que las violan, que cada día haya menos impunidad, que sus bienes y su integridad estén protegidos.

Lucio G.Lastra Escudero
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2013).


Freddy Gil Pineda es el alcalde de Santos Reyes Nopala, un municipio cercano a la costa oaxaqueña, por la zona de Puerto Escondido. El alcalde convocó a los pobladores de la llamada región chatina, a armarse para defender supuestamente su seguridad. No ha dicho de dónde salen las armas, pero van ya más de 400 personas armadas que se identifican como un grupo de autodefensa basado en sus "usos y costumbres".

Dice el alcalde que se basa nada menos que en la Constitución para armar a la gente al margen de las fuerzas de seguridad del Estado y cree que tendrá una fuerza armada de unos mil elementos a la vuelta de unas semanas. Como es norma, estos señoretes no se identifican, no se sabe de dónde salen y van, todos, con los rostros cubiertos por pañuelos o paliacates. El gobierno del estado le ha exigido desarmar a la gente, pero el alcalde se ha negado. Dice que está en su derecho. Y no pasa nada.

Freddy Gil es un no tan viejo porro de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es conocido como "El Malvavisco", está acusado de innumerables actos violentos y uno de los más destacados en los que participó fue, hace una década, la quema del paraninfo de la propia universidad. Con toda su historia llegó a alcalde, por el PRI, a esa comunidad y ahora desde esa posición desafía a las instituciones del Estado. Es parte de la misma estrategia de grupos de "autodefensa" que recuerdan tanto a los orígenes de las FARC como de los grupos paramilitares de ultraderecha en Colombia. Algo similar está ocurriendo no demasiado lejos de allí en la Costa Chica de Guerrero. Y no parece que exista una estrategia para detener ese avance de grupos sin control que crecen en algunas de las zonas más pobres del país.

Hace unos meses los "estudiantes" y normalistas de Guerrero estuvieron durante meses en paro porque no querían aprender inglés ni informática. Dicen que no la necesitaban. En realidad lo que no quieren es estudiar o trabajar. Ahora la dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM está tomada, luego de innumerables actos vandálicos en su interior, por un grupo de porros, encabezados por un personaje apodado "El Chómpiras", que desde hace años ha repetido una y otra vez acciones violentas contra la institución, alumnos, profesores y administrativos del CCH Naucalpan. Originalmente dijeron que se oponían al plan de estudios, y sobre todo, ellos también, a aprender inglés. Luego fueron manejando otras versiones. En realidad es una lucha por mantener la venta de drogas dentro del plantel, que maneja precisamente este personaje, "El Chómpiras". El narcomenudeo en las escuelas es una de las principales formas de financiarse que tienen estos grupos que utilizan el saqueo, los actos vandálicos y la extorsión para imponer sus bases de control. No son de derecha ni de izquierda, aunque se presenten con distintas banderas ideológicas, son simplemente delincuentes que al manifestarse como grupos políticos adquieren impunidad.

Tarde o temprano alguien tiene que cortar esa cadena de impunidad que afecta todo el sistema educativo. Me parece muy bien que se ponga atención en la evaluación, en la actuación del sindicato o en muchos otros temas, pero lo cierto es que si no se rompe con todos esos grupos, que van desde secciones sindicales independientes con agenda propia hasta grupos dizque estudiantiles, porros, grupos de presión y muchos otros, mientras que con la excusa de distintas banderas políticas pueden perderse meses completos de clases, no aceptar planes de estudios elementales, mientras se pueda cometer cualquier tipo de delitos y hasta luchar por los lugares de venta de droga, con total impunidad, tanta que sus líderes hasta llegan a cargos políticos importantes, la educación pública no progresará y lo único que seguirá creciendo es una educación privada, sin duda legítima, pero que no pueden alcanzar millones de mexicanos.

Jorge Fernández Menéndez"
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2013).


El edil de Santos Reyes Nopala, Oax., Fredy Gil Pineda Gopar, respaldó a la policía comunitaria creada por pobladores de este municipio.

De acuerdo con Gil Pineda, la conformación de esta policía se derivó de una decisión de la asamblea comunitaria por las presuntas violaciones cometidas contra habitantes por parte de elementos policiales.

Por este motivo, determinaron la conformación de esta policía comunitaria integrada por al menos 40 habitantes de la cabecera municipal y de 23 agencias de esta comunidad localizada en la región Costa.

Encapuchados y con escopetas en mano, los integrantes de esta policía comunitaria instalaron 2 retenes a la entrada de la población a fin de impedir la entrada de dichas corporaciones policiales y defender su territorio y autonomía.

Sumados a la movilización, al menos un centenar de ciudadanos de Santos Reyes Nopala, provistos de machetes, apoyan la acción desde diferentes puntos de la comunidad chatina.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Marco Tulio López Escamilla, cuestionó la ilegalidad fomentada por el alcalde toda vez que este presunto cuerpo policial no cumple con los requerimientos mínimos para brindar seguridad a sus ciudadanos.

De igual forma, destacó la reticencia del ayuntamiento de Santos Reyes Nopala, al negarse reiteradamente a cumplir con los requerimientos del Sistema Nacional de Control de Confianza.

(V.Notimex del 11 de febrero de 2013).


El Ejército y las policías de todos los niveles se miran en no pocos lugares rebasadas e inútiles, para contener a la delincuencia.

Una delincuencia que ha dado por momentos la impresión de que es imbatible, que crece y se reproduce como la mitológica hidra y que sigue adentrándose hacia estadios inéditos.

Vive el país, indiscutiblemente, una condición social sólo equiparable con la que vivieron los mexicanos de los tiempos de la invasión francesa, cuando el estado mexicano atravesaba circunstancias de estado fallido absolutamente.

Puede que ahora sea peor, porque no hay invasión de otro Estado en los formalismos, pero se siente cada día más pesadez de una condición inédita y excepcional, como la que vivieron entonces.

Amplias zonas del país están bajo control de delincuentes, lo mismo en el norte que en el sur. Y las policías y los militares poco realmente han podido hacer para evitarlo. Los resultados están a la vista.

Como a la vista está la reaparición del pueblo armado, con fines de defensa. Igual, como en aquellos tiempos.

En el Estado de Guerrero, unas comunidades acaban de armarse para realizar, ni más ni menos, el trabajo que no pueden o no quieren hacer las fuerzas policiales y militares del país: enfrentar con eficacia a los criminales que asolan caminos, veredas y a pueblos enteros.

Ya en otras latitudes se ha presentado la figura del linchamiento, y de las severas advertencias a los delincuentes de que el que sea sorprendido será linchado en el acto.

Es un tema, el de los levantamientos comunitarios, que da la impresión de que apenas comienza.

Vicente Bello
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 11 de febrero de 2013).


Uno pensaría que unos individuos capaces de perpetrar atrocidades tan escalofriantes no merecerían siquiera el derecho a la vida concedido automáticamente por nuestras leyes. Y no estoy hablando, en este caso, del posible castigo que pudieran recibir los canallas. Me refiero, más bien, a la simple necesidad de eliminar a seres humanos que representan una terrorífica amenaza para el resto de la sociedad y cuya mera existencia significa una suerte de aberración moral. El problema es que no contamos con un sistema de procuración de justicia capaz de localizarlos de manera eficiente y justa. Imaginen ustedes un aparato judicial con las potestades de aplicar la pena de muerte a los ciudadanos de este país: sería, por las exorbitantes imperfecciones del sistema, una extensión del horror que ya padecemos y, por más que los odiosos crímenes que cometen los criminales debieran merecer castigo y reparación, una ventana abierta a los abusos que comete el propio aparato con las atribuciones que ya le hemos otorgado.

La simple idea de preservar la seguridad de los ciudadanos desamparados en una sociedad amenazada por los bárbaros debiera merecer las medidas más drásticas. Entre ellas, la pena de muerte, pero no como una suerte de castigo supremo, como algunos piensan, sino meramente como un mecanismo de limpieza social o, en todo caso, de defensa. Sin embargo, no se puede acometer este trabajo de eliminación con los instrumentos de nuestro aparto judicial. El horror se ha instalado en la cotidianidad de este país. Desafortunadamente, tomará mucho tiempo deshacernos de los antisociales. Las atrocidades seguirán. Cada día. Y mientras tanto, a falta de medidas eficaces y acciones concretas, ciertos gobernantes seguirán queriendo tapar el sol con un dedo.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 10 de febrero de 2013).


Partamos de que ha sido ya demasiado larga la etapade un Estado de Derecho preterido, llevado a niveles mínimos de solvencia moral, de eficacia y de vigencia, que afecta a todos los poderes, sin excepción.

Véanse si no algunas pruebas del deterioro del entramado institucional. Por principio nuestras instituciones democráticas cojean. La fuerza del dinero ha impuesto su ley a un nivel desorbitante y se han demeritado los principios que deben hacerse valer en el ejercicio de la democracia. Lo hacen todos los partidos, se observa en todos los procesos de elección. Eso redunda en la crisis en el IFE: una crisis de desgaste que habla del estancamiento de la democracia y el desdén de la población por una cultura que revele y haga efectivas las cualidades que hacen posible la convivencia civilizada.

Fue igual de abominable a la acción violenta del 1 de diciembre de 2012 en las inmediaciones de San Lázaro, la reforma del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a la legislación penal, para poner en libertad al grupo de indeseables que cometieron los desmanes.

Por eso mismo, nadie podrá hacer nada de lo que ameritan los encapuchados que de forma violenta y grosera, arremetieron en contra de las instalaciones de la Dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM.

No somos un país en guerra civil pero tiene los muertos como si la sufriera. El gobierno mismo no quiere que hagan más su tarea: es él el que da a conocer los indicadores en materia de seguridad: del 1 al 31 de enero, en las batallas que se produjeron en ese mes, cayeron 1,104 combatientes, de los cuales 1,068 son presuntos delincuentes.

No se puede ocultar que hay ya gobiernos locales reos del crimen organizado, gobernadores impotentes ante el poder de los narcotraficantes. A eso hay que añadir que surgen poderes irregulares, duales, como los comuneros de Cherán y los policías comunitarios de Guerrero, ambos bajo el supuesto de la desatención del gobierno a sus demandas. El hecho de que el mismo secretario de Gobernación haya tenido que acudir a un diálogo con estos últimos, obligado por la colosal incompetencia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, es otra demostración de la fragmentación del poder y del debilitamiento por la corrupción de las instituciones.

Los más recientes linchamientos en la Ciudad de México pueden considerarse parte de lo mismo, pero es también grave el hecho de que los ejecutores lo quieran hacer ver como acciones de la autodefensa ciudadana, para que el ejemplo cunda y se vuelva lo que realmente es en algunos de esos casos: el camuflaje vulgar que otros delincuentes utilizan para cobrarse afrentas de sus enemigos de la plaza.

Una ley de la selva imperante que deja en manos del más fuerte la posibilidad de la sobrevivencia y un darwinismo social que permite el sojuzgamiento de los que menos tienen a niveles de discriminación y marginalidad, son síntomas de un Estado reducido en sus capacidades para ejercer el poder, incluida la violencia legítima que ahora se está trasladando a otros grupos sociales ajenos al mismo Estado.

Por ello no es difícil entender que un Estado que busca complacer a todos con un discurso inocuo o cediendo espacios de poder, es, inevitablemente, un Estado de Derecho a niveles de funcionamiento mínimo, un Estado débil, una más fácil víctima de los ataques desde el exterior y de las presiones de los poderes fácticos que provienen de aquí mismo.

Jorge Medina Viedas
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 10 de febrero de 2013).


Un grupo de 40 adultos mayores cortó el tráfico en el cruce de Avenida Juárez y 16 de septiembre para mostrar su inconformidad con el Gobierno estatal. Una de las consignas era: "Castigo a Emilio por despilfarro, desvío, malversación de recursos públicos y desacato a la ley".

Los participantes del plantón, que lleva más de 2 semanas en el quiosco de Plaza de Armas, piden que el Gobierno de Jalisco otorgue la pensión económica a adultos mayores, equivalente a la mitad del salario mínimo mensual vigente en la zona metropolitana de Guadalajara, según establece el artículo 6 Ter. de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco.

(V.pág.2-A del periódico El Informador del 10 de febrero de 2013).


No es lo mejor en un Estado de Derecho que exista la policía comunitaria, las zonas vigiladas y que los ciudadanos estén armados, pero se entiende a los pobladores que en la desesperación recurren a estas medidas. Sin duda, es el Estado el que debe poner orden, el que debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero en los últimos meses [¿años?] parece que no se le ha encontrado con disponibilidad...

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de febrero de 2013).


Por más justas, conmovedoras y atendibles que sean las razones de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, lo cierto es que desde hace semanas tienen retenidas contra su voluntad a 54 personas, presuntos delincuentes, según esta organización de la Costa Chica. Es un delito.

El miércoles, 10 dirigentes de la Unión se reunieron en Bucareli con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Supongo que antes de cualquier cosa, el secretario de Gobernación les pidió que entregaran a las 54 personas a las autoridades competentes, le digo al más visible de los líderes de la Unión, Bruno Plácido Valerio. "Sí nos lo pidieron, pero nosotros estamos discutiendo para revisar cómo coadyuvamos los ciudadanos con la autoridad", responde. "Estamos en esa etapa. Estamos dialogando para ver cómo resolvemos ese problema. Estamos haciendo esa consulta, consensando con los ciudadanos el mecanismo de entrega".

Quizá sea noble y heroica la gesta de la Unión, pero es justicia por mano propia. El secretario Osorio Chong ha tomado el camino del riesgo al sentarse a negociar con ellos, en vez de aplicarles la ley a secas.

Y está sentando un precedente.

Ciro Gómez Leyva
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 8 de febrero de 2013).


Es inconcebible como en este país, los que nos portamos bien, siempre llevamos la peor parte. Es indignante ver cómo los locatarios del Mercado de Abastos tienen que manifestarse ante el Ayuntamiento de Guadalajara para hacer valer sus derechos como comerciantes establecidos, formales, que pagan sus impuestos y siguen las leyes.

¡Qué impotencia ver cómo por doquier, el comercio informal se ha propagado sin control, riéndose de las autoridades y haciendo caso omiso de las leyes vigentes en nuestro país!

¿Por qué si los comerciantes formales pagamos impuestos, Seguro Social, y todo lo que la ley nos exige, mientras otros tranquilamente trabajan con irregularidad y el gobierno se hace el miope? ¿De qué privilegios gozan aquéllos que se mofan de la autoridad y siguen plantándose gratuitamente con su mercancía en cualquier parte? Incluso, enseguida de quienes sí pagan impuestos y se la han jugado toda la vida, siguiendo las reglas que se imponen.

¿Cómo es que el gobierno no puede regular esto? ¿Para que está entonces? Parafraseando a Alejandro Martí: ¡Si no pueden, que se vayan! Pero que se quede gente que se faje los pantalones con el comercio informal y los metan en cintura ¿Miedo a las manifestaciones? ¿Miedo a perder el concurso de simpatía?

Es inaudito como en cualquier calle, cualquier vecino, saca una mesa, cuatro sillas y ¡ya tiene un restaurante! Cualquiera le abre una puerta a la sala comedor y ¡ya tiene una tienda! en la que vende lo que le da la gana y no paga un peso a nadie. Cualquiera saca mercancía afuera de cualquier templo y se pone a vender alegremente, sin que nadie, absolutamente, nadie, le diga nada. ¿Hasta dónde vamos a parar? ¿Quién tendrá los pantalones suficientes para detener al comercio informal?

O todos coludos, o todos rabones, o pagamos todos o no pagamos (sic) nadie.

Si no cuidan estos detalles tan importantes, como son proteger al comercio formal, que es el que cumple su deber.

Terminan premiando a todos los que se dedican a vender debajo del agua, sin pagar impuestos, sin pagar Seguro Social, sin dar prestaciones a sus empleados, fuera de la ley totalmente.

Eso sí, aplaudidos y protegidos por las mismas autoridades que dicen perseguirlos.

Es un escándalo que en el mismo Mercado de Abastos, un mercado con tanta tradición y prestigio, la autoridad permita que afuera se instalen a vender mercancías más baratas por productores, que no quieren seguir las reglas, simplemente, porque nadie los obliga ni los castiga.

Y como siempre, en este México nuestro... no pasa nada.

Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.31 del periódico Milenio Jalisco del 8 de febrero de 2013).


El recuento de Sergio Sarmiento sobre los hechos que antecedieron la violación de turistas españolas lleva a la indignación: las autoridades no atendieron casos semejantes ocurridos con turistas nacionales. El linchamiento mediático al alcalde de Acapulco, Luis Walton, distrae la atención sobre la causa auténtica de los hechos: la indolencia y quizá complicidad de las autoridades ministeriales de Guerrero. En el país no se ganará la batalla al crimen si el Estado no tiene capacidad para llevar a la justicia a los delincuentes. Así de sencillo.

El gobernador Ángel Aguirre tiene la obligación no solo de dar con los criminales, también la de sancionar con severidad a los funcionarios que no cumplieron con sus responsabilidades al no investigar los hechos delictivos perpetrados con anterioridad, presuntamente por el mismo grupo.

No hay coartadas para ganar la batalla al crimen. El único camino es la aplicación estricta de la ley y esto inicia donde ocurren los actos criminales. No hay guerra, pero sí una lucha que debe librarse con disciplina y sin concesiones: la de la legalidad.

Federico Berrueto
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 8 de febrero de 2013).


No fueron las 6 españolas de la madrugada del 4 de febrero las primeras mujeres secuestradas y violadas en el oriente de Acapulco. Hubo numerosas víctimas de la misma banda por lo menos desde el 1o. de noviembre de 2012. Cuando algunas trataron de presentar denuncias o contactar a las autoridades se enfrentaron a un muro de indiferencia e incompetencia.

Una víctima ha tenido ya el valor de ventilar su caso en ForoTV. Pero hay testimonios y documentos que muestran que una banda de criminales ha aterrorizado la zona durante meses sin que las autoridades locales quisieran siquiera escuchar a las víctimas.

El 1er. caso del que tengo información tuvo lugar el primero de noviembre de 2012. Un grupo armado irrumpió en una casa de la zona donde había 15 personas de Iguala. El robo de dinero, tarjetas y otras pertenencias fue seguido por la violación de algunas de las mujeres.

El 19 de noviembre, en otro fin de semana largo, quizá el mismo grupo se introdujo a otra casa de la zona. Amordazaron a los 3 hombres que se encontraban ahí. Dos mujeres que llegaron posteriormente del centro comercial La Isla fueron violadas. También la hija mayor de la familia de la casa.

A las 23:30 de esa noche varios pandilleros secuestraron del estacionamiento de un hotel a 3 mujeres, una de ellas menor de edad, y las llevaron a la casa que tenían tomada. Pidieron un rescate por ellas y mientras esperaban violaron primero a las 2 mujeres y luego a la menor. Esa misma noche, a las 2:30, los criminales entraron a una casa contigua donde había 7 jóvenes. Una de las 2 chicas fue violada.

El 24 de noviembre fue asaltada la casa de una capitalina residente en la zona. Además del robo, su hija fue violada. El 4 de diciembre fue asaltada también la residencia de un restaurantero.

En todos los casos los criminales advirtieron a las víctimas que si presentaban denuncias habría represalias. Una de las mujeres violadas decidió presentarla de cualquier manera, pero en el MP le dijeron que no había médico legista por lo que era mejor que regresara otro día.

Las víctimas, familiares y amigos trataron de ponerse en contacto con las autoridades municipales y estatales, incluyendo al gobernador, el procurador y el secretario de turismo, que ni siquiera tomaron las llamadas. Los vecinos solicitaron apoyo de la policía municipal para patrullar la zona y buscar a los pandilleros, pero los policías les dijeron que no podían porque no tenían dinero para la gasolina.

Las víctimas escribieron en diciembre al nuevo procurador de la república, Jesús Murillo Karam, quien sí tomó los casos con seriedad. La SEIDO ha realizado investigaciones y capturado a algunos presuntos miembros de la banda. De hecho, el 29 de enero un grupo de vecinos de la colonia Bonfil llevó a cabo bloqueos en el Boulevard de las Naciones en protesta por la detención de 7 hombres y una mujer presuntamente vinculados a estos robos y violaciones. El 4 de febrero, en otro fin de semana largo, la actuación de la banda finalmente llegó a los medios con la violación de 6 españolas.

Inquieta que agresiones de esta seriedad hayan sido minimizadas por las autoridades municipales y estatales. La SEIDO ha estado más interesada en actuar, pero se registró un nuevo ataque cuando ya había 8 detenidos. Si éstos eran responsables, ¿quién violó a las españolas?

Otro tema es que el municipio de Acapulco o el estado de Guerrero deberán encontrar recursos no sólo para la gasolina de las patrullas sino para garantizar la seguridad de residentes y visitantes. Sin seguridad no tiene sentido pedir a los visitantes que hablen bien de Aca.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 7 de febrero de 2013).


Unos 150 vecinos de la colonia Misión San Genaro, en Zapopan, bloquearon ayer la Avenida Aviación cerca del libramiento a Base Aérea por al menos 4 horas, para expresar su rechazo a la construcción de un gasoducto.

Según los colonos, la obra no cuenta con licencia ni dictamen de riesgo de Protección Civil.

José Luis Hernández, representante de los inconformes, acusó que de manera arbitraria han estado trabajando con un permiso de ruptura de pavimento, pues la licencia de construcción está en trámite desde el 2012.

El quejoso recordó que la empresa Tractebel S.A.de C.V., que es quien construye, únicamente mostró permisos federales, pero nunca acreditó el aval de la autoridad municipal, incluso indicó que el año pasado la Dirección de Inspección a Reglamentos de Zapopan clausuró la obra por carecer de permiso.

Sin embargo, los trabajos continúan a pesar del riesgo que representa la toma de gas para las viviendas que se ubican a escasos metros de distancia.

"Es gas natural, en una fuga ese gas ni huele ni se ve, entonces hasta que haya una explosión se detecta. Ellos dicen que es muy seguro, pues que nos lo acrediten por escrito", retó Hernández.

La construcción del gasoducto muestra un avance notable, pero todavía faltan 130 metros lineales para hacer el cierre, por lo que los vecinos pararon la obra por 2a. ocasión y exigen a la empresa que cumpla con lo que marca la ley.

El representante de los colonos, advirtió que de no presentar los documentos necesarios, no permitirán que los trabajos avancen, y de preferencia buscarán la manera de que el proyecto se cancele definitivamente para que el gasoducto pase por otra vía.

(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 7 de febrero de 2013).


La manifestación que realizó el Movimiento Antorchista Nacional o Antorcha Campesina, frente al Palacio Municipal de Guadalajara, y que cerró el paso de vehículos por la Avenida Hidalgo, terminó con la detención de 4 de sus integrantes por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

EL grupo de alrededor de 50 integrantes de esta organización llegó al cruce de las avenidas 16 de Septiembre e Hidalgo, para exigir a la autoridad municipal que cubriera sus gastos para asistir a un encuentro en Tecomatlán, Puebla, que se llama Espartaqueada Cultural Nacional.

Luz María Luna Mujica, del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Jalisco, dijo que necesitan 4 camiones para trasladar principalmente a danzantes de música tradicional y folclórica al evento de Puebla.

También exigían al Ayuntamiento que les dotara "a bajo costo" de 500 predios para desarrollar viviendas para los integrantes del movimiento: "Todo presidente municipal tiene derecho (sic) a solucionar las demandas necesarias del pueblo, y la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna. Los principales encargados (para eso) son los presidentes municipales, de ahí, el gobernador, y el presidente de la república. Sí es parte de su competencia como gobernadores o presidentes municipales", dijo Luna.

Mientras estuvieron en la confluencia de esas avenidas, en el corazón de la ciudad, sólo obstaculizaron 2 carriles de 16 de Septiembre (en su sentido sur-norte), pero luego se ubicaron en Hidalgo, frente al palacio municipal, donde cerraron la circulación. Esto movilizó a la policía tapatía, lo que llevó a los antorchistas a seguir manifestándose pero desde la Plaza Guadalajara, ya sin impedir el tránsito de las personas.

Juan Bosco Pacheco, coordinador operativo de la policía, sustentó así las 4 detenciones (3 hombres y una mujer): "Por infringir el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, al obstaculizar el libre tránsito de personas y vehículos, y afectar los derechos de terceros".

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 6 de febrero de 2013).


Maestros disidentes e institucionales llevaron a cabo protestas y bloqueos de la Autopista del Sol, en tanto que en Acapulco los mentores marcharon contra la reforma educativa. En Oaxaca, profesores de la Sección 22 del SNTE bloquearon centros comerciales, tiendas departamentales y de autoservicio.

(V.pág.5-B del periódico El Informador del 6 de febrero de 2013).


El problema pasa por otros ámbitos: por ejemplo por permitir la existencia de grupos armados de autodefensa haciéndose cargo de la seguridad del estado en Guerrero, donde apenas el domingo atacaron a una pareja de turistas porque no se detuvieron en un retén. "Fue un accidente, estas personas no se quisieron parar en el retén y les dispararon, pero no pasó a mayores, incluso ellos reconocieron que cometieron un error al no detener el vehículo en que viajaban", señaló el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, que organizó ese retén. ¿Y desde cuándo una pareja de conductores debe detenerse en un retén de gente armada [vestida] de civil que no se identifica y que no se sabe si son [salteadores de caminos,] guerrilleros, narcos o paramilitares?, ¿grupos que aplican la ley como les parece? Por situaciones similares, civiles que no se detienen ante un retén y son balaceados, se ha juzgado a militares, marinos y policías ¿cómo puede ser que ante grupos irregulares no pase nada?¿cómo puede el estado, y en este caso el de Guerrero, garantizar como dice en un comunicado que no se cometerán abusos si deja el orden público en manos de personas no están siquiera identificadas, pero sí armadas?

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 5 de febrero de 2013).


En la editorial del último número del "Semanario" de la Arquidiócesis de Guadalajara lanza una crítica al sistema de justicia mexicana.

Señala que en México se ha llegado "a situaciones que destapan cloacas profundas" y estima que la manera en que se ha representado a la justicia mexicana: una mujer con una balanza en una mano, una espada en otra y los ojos vendados, hoy poco simboliza lo que sucede en realidad.

"En la bitácora de casos que se ventilan a diario en los juzgados, sobresale el abuso del débil y la desconfianza generalizada de que se cumpla la justicia. Ante ello, no queda más que el reducto miserable del desconsuelo, la impotencia, o el reír de la propia desgracia frente al desengaño. Se afirma que en nuestro México la justicia mira con ojos disparejos; hace guiños de un lado al otro, para ofrecer verdades a medias o ajustadas a determinados intereses".

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 4 de febrero de 2013).


Esa impecable serie de referentes jurídicos que algunos llaman Carta Magna y que para efectos prácticos resulta una suma aspiracional de lo que deberíamos ser y cómo deberíamos funcionar en nuestra vida en sociedad, consigna en su Artículo 17 que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Dice, también, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ah, y también dice que todo lo anterior será gratuito.

Qué maravilla, salvo por la realidad.

Resulta que en Guerrero, en varios municipios, opera una suerte de milicia llamada policía comunitaria, que entre otras cosas coloca retenes y dispara contra quien tenga la peregrina ocurrencia de no frenar la marcha ante un grupo de encapuchados armados; detienen a sospechosos de ser delincuentes y los enjuician en la plaza pública. Ayer trascendió la noticia de uno más de los incidentes relacionados por esta milicia, cuando una pareja de turistas fue baleada en el municipio de San Marcos, justo en un retén en la comunidad de Las Mesas. La pareja de turistas pretendía ir a Playa Ventura a pasar el fin de semana, pero en su lugar terminaron en Ayutla, donde interpusieron una denuncia penal.

Lo que sucede en Guerrero es una verdadera tragedia. 1o. por la existencia misma de la policía comunitaria que no es más que una variable del reclamo social ante la incapacidad del Estado (y entiéndase las autoridades de los 3 niveles de gobierno en su conjunto) de brindar seguridad a la población e impartir justicia, ya no digamos pronta y expedita, a secas, lo que obliga a los ciudadanos a la autodefensa.

2o., porque en el lance se cometen excesos, y no cabría esperar otra cosa, ya que los ciudadanos se encuentran agraviados, molestos, hartos y con escopetas y pistolas semiautomáticas, se sienten con el derecho de imponer la ley, su ley y no ven nada extraño, ilegal o cuestionable en el disparar sobre una pareja que transita a bordo de un vehículo con placas del DF. En la justicia de Fuenteovejuna puede haber de todo, menos mesura y el imperio del raciocinio.

Y 3o., por la incapacidad de las autoridades de poner un remedio a la situación, por dejar en evidencia que se encuentran totalmente rebasadas. El "juicio popular" contra medio centenar de detenidos -algunos sin duda culpables de extorción, robo, violación o narcotráfico y otros, muy probablemente inocentes- inició el jueves pasado y de entonces a la fecha la reacción de las autoridades legalmente constituidas ha sido nula, como si no existieran.

La policía comunitaria en Guerrero inició como un mecanismo alterno de vigilancia y procuración de justicia en respeto a los usos y costumbres de núcleos de población predominantemente indígena. Hoy son otra cosa, ya no buscan justicia sino venganza y no precisamente contra quien lo hizo, sino contra quien se ponga enfrente y por ello se convierta en el objeto contra el cual descargar toda la ira e impotencia acumulada durante quién sabe cuántos años.

Lo notable del caso es que la expresión más clara de autodefensa, de justicia en propia mano y de violencia para reclamar algún derecho que se registra actualmente en el territorio nacional, no haya merecido hasta el momento ninguna acción articulada, de forma y fondo, por parte de las autoridades federales que parecen conformes con lo que se pudiera interpretar como una claudicación: dejar pasar y dejar hacer.

Si sumamos Guerrero y sus policías comunitarias a otro tipo de expresiones, como las del crimen organizado que también coloca retenes y hace y deshace en decenas de municipios, especialmente en el norte del país, se podría concluir que el Artículo 17 de nuestra Constitución es, en una porción significativa del territorio nacional, no más que un referente teórico de lo que debería ser y que simplemente (sin retórica ni eufemismos), no es.

Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 4 de febrero de 2013).


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Guerrero aplicar medidas cautelares, de manera indefinida, para salvaguardar los derechos humanos a la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por los denominados grupos de autodefensa.

Dijo que la existencia de tribunales populares instalados e integrados por ciudadanos que pretenden juzgar delitos y amenazan con ejecutar sanciones va en contra de lo que establece el Artículo 17 de la Constitución.

Dicho precepto constitucional, recordó, establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Expuso que en marco de la investigación relacionada con el movimiento conformado por diferentes organizaciones ciudadanas de diversos municipios de la entidad es notoria la instalación de un tribunal popular en la comunidad El Mesón, municipio Ayutla de los Libres.

Dicho tribunal tiene como objetivo juzgar a las personas que han sido detenidas en operativos llevados a cabo por integrantes de la llamada policía comunitaria en los municipios Ayutla y Tecoanapa.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 3 de febrero de 2013).


Cuando el gobernador Marín ordenó mi arresto ilegal hace 8 años comprendí que en México la policía hace lo que el sistema le exige: el sistema reproduce impunidad y la impunidad fortalece la creencia de la que ilegalidad y la tortura son indispensables para que en nuestro país haya un símil de estado de derecho. A veces es la policía quien decide el escenario de culpabilidad y hace todo para que la sociedad lo crea y, de la mano del Ministerio Público destruye, inventa, manipula o fabrica pruebas.

En el largo viaje de mi detención con los policías armados les pregunté por qué me trataban como si me odiaran (había un goce en la tortura). Nosotros seguimos órdenes ¿para qué se mete con los patrones?, respondieron reiteradamente, instruyéndome sobre lo que debía confesar al llegar a prisión. No se trataba de que hubiese violado una ley sino de "haberme metido con la gente equivocada".

Ese arquetipo de policía al que miles de hombres y mujeres nos hemos enfrentado tiene varias características comunes: cree en la verticalidad del sistema, pero no en la ética policiaca del entrenamiento con que fueron capacitados. Llevan sus creencias personales de violencia, racismo y sexismo a su trabajo. La mayoría pasan las pruebas de control de confianza porque son disciplinados con la corporación.

Ese tipo de policía generalmente ejerce violencia en todos los ámbitos. El 36% de los agresores registrados por CIAM Cancún por ejercer violencia doméstica grave en Quintana Roo eran policías.

Ese agente puede ser judicial (encargado de apoyar las investigaciones y detenciones con el Ministerio Público) o federal (a partir del calderonato responsable de todo tipo de tareas legales y supra-legales para levantar índices de detenciones por razones políticas). Este tipo de policía encaja perfectamente en el sistema de corrupción corporativa; es el que espera el ascenso para poder extorsionar a sus subalternos con la "cuota", el que justifica la violencia, desconfía de la Constitución, se niega a leerle los derechos a la víctima y es, en pocas palabras, un agente con un perfil psicológico de verdugo que racionaliza el uso de la violencia, justifica la discriminación y se siente orgulloso de formar parte de una institución que si bien no hace justicia, entrega resultados que política y estadísticamente lo convierten en buen policía. Se gana reconocimientos y a la vez es corresponsable de construir y proteger el entramado de la impunidad.

En ese mismo caso que causó mi detención, y otro cientos que he documentado, me topé con agentes judiciales y federales que hicieron lo posible e imposible por proteger a las víctimas de pederastia, que rompieron las reglas del Sistema, pero no la ley, para proteger la evidencia que posteriormente llevó al líder pederasta a una sentencia histórica.

Se atrevieron a declarar contra sus jefes y MPs a sabiendas del riesgo y lo hicieron porque era lo correcto. Son miles de policías, hombres y mujeres, que sufren las extorsiones de sus superiores; los que sí aprendieron en la escuela los derechos de las víctimas, que creen que están allí para servir a la sociedad, para fomentar el estado de derecho y no para destruirlo. Puedo asegurar que cientos de agentes estatales y federales durante el sexenio pasado recibieron capacitaciones en derechos humanos, género y no racismo, y no sólo aprendieron sino obtuvieron inspiración. Ellos y ellas, desde el interior de una corporación cuyos grandes jefes pertenecen al primer grupo (los verdugos), salvaron vidas, hicieron detenciones legales, ayudaron a periodistas a detentar detenciones arbitrarias e ilegales y, me consta también, hicieron declaraciones valientes ante Asuntos Internos para señalar los actos de corrupción de sus pares y sus jefes. El costo de su honestidad en algunos casos fue muy elevado, o un seguro para evitar su ascenso en el coto de García Luna, o del procurador en turno en cualquiera de las 32 entidades del país.

Las cartillas recientemente entregadas por la Segob a 37,000 federales para que sepan tratar a personas detenidas son un acto mediático. Lo indispensable desde mi punto de vista es rescatar el inmenso capital humano que durante años se ha producido y renovar los liderazgos, sólo así cambiará el sistema: eligiendo no a los verdugos, sino a quienes creen que su trabajo es darnos seguridad y justicia.

Lydia Cacho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 2 de febrero de 2013).


La "sentencia" de más de medio centenar de detenidos por parte la de policía comunitaria de las localidades guerrerenses se realizará hasta el 22 de febrero durante una asamblea que tendrá sede en la comunidad de Buena Vista, ubicada en el municipio de Tecoanapa, indican medios locales.

Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, manifestó que el juicio fue acordado en una junta entre la asamblea y el tribunal popular.

Los pobladores han sido asesorados por un abogado perteneciente a una organización que se encarga de defender los derechos humanos en el estado.

El gobierno estatal postergó la creación de la Comisión para la Paz y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, propuesta que será sometida a los pueblos en autodefensa contra el crimen organizado.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 2 de febrero de 2013).


La opinión pública es distinta a la opinión jurídica. Las más de las veces se expresa basada en sentimientos y prejuicios que en leyes y procedimientos, o con información parcial y errónea.

En el caso de Florence Cassez no sólo la opinión pública está dividida, sino la jurídica también, pues la Suprema Corte otorgó el Amparo con 3 votos a favor y 2 en contra.

Las opiniones están divididas porque, por un lado, hay declaraciones de víctimas y de policías que la detuvieron acusándola de pertenecer al grupo delictivo Los Zodiaco, cuyo jefe era su novio; pero por otro lado, hay argumentos para considerar la posibilidad de su inocencia y que las pruebas en su contra fueran fabricadas. Y en esto último la historia de impartición de justicia en México juega a favor de Cassez, debido a los miles de casos en los que la fabricación de pruebas y la corrupción policiaca han sido más que demostradas.

Hay también quienes, con razón, afirman que los errores procesales cometidos, incluyendo la farsa del montaje televisivo que se hizo de su detención, y con el que la opinión pública la declaró culpable antes de ser juzgada, no son suficientes para dejarla en libertad, y que si hubo "errores" de procedimiento, éstos no pueden invalidar evidencias, y deben simplemente ser corregidos.

Sin embargo, los argumentos que apuntan a la inocencia de Cassez no son cualquier cosa. Para empezar, la escenificación de su arresto ordenada por Genaro García Luna, falseando la forma, fecha y lugar donde fue detenida, la convirtió en presunta culpable violando la presunción de inocencia que todos merecemos antes de ser juzgados, y creando una realidad alternativa en detrimento de la acusada.

En su primera declaración ministerial Israel Vallarta, su novio, la exculpó de cualquier participación o conocimiento de los secuestros en los cuales él admitió estar involucrado; los testigos incurrieron en diversas contradicciones; en la primera declaración de las víctimas Christian Ramírez y Cristina Ríos Valladares, no reconocieron a Cassez ni físicamente ni por su voz; Cristina Ríos agregó que los oficiales de la AFI le informaron que Florence Cassez había participado en el secuestro, es decir, que a ella no le constaba; fue agredida por uno de los policías porque durante el "montaje" no dijo al aire lo que le había sido indicado; la punción de una herida supuestamente infligida por Cassez a una de las víctimas resultó ser una marca de nacimiento; etc.

Yo no sé si Florence es culpable o no. Si sí lo es, los culpables de su liberación fueron los agentes de la AFI y su jefe, Genaro García Luna, quienes con sus acciones crearon dudas razonables y fundadas sobre su culpabilidad. Lo que hizo la Suprema Corte fue simplemente otorgar el beneficio de la duda.

Ahora preguntémonos: si en lugar de llamarse "Florence" se hubiera llamado Florencia; si hubiese sido morena, chaparra, humilde, sin recursos económicos ni apoyos políticos, ¿qué habría pasado con ella?: Florencia estaría en la cárcel para siempre.

¿Cuál sería la opinión pública si en lugar de haber liberado a Florence hubieran liberado a Florencia?: todo mundo estaría contento y pediría la detención y castigo ejemplar para los que le fabricaron pruebas y la tuvieron injustamente 7 años en la cárcel.

Si usted cree o siente que Cassez es culpable, su posición no puede ser más que de coraje e indignación porque simples errores procesales pueden liberar criminales. Si usted cree o siente que es o pudo haber sido inocente, su coraje e indignación deberá dirigirse a los policías y funcionarios públicos capaces de hacer lo que sea con tal de proteger sus intereses o esconder sus errores.

Los mexicanos en general, y las autoridades, tenemos mucho que aprender y modificar en cuanto a impartición de justicia se refiere, y la primera lección que nos deja este caso es que los abusos y las violaciones graves a los derechos humanos y a los debidos procesos no van a ser tolerados como mecanismo para establecer la culpabilidad de las personas, si así resulta, entonces esta polémica decisión habrá sido para bien de todos.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 31 de enero de 2013).


Dice el clamor popular que en las cárceles mexicanas sólo hay 3 "pes": pobres, prostitutas y pend...

Yo añadiría otra P, que se ha puesto de moda en los últimos años: los "presuntos", que son los que les caen mal a un político, a un jefe policiaco, a alguien del poder ejecutivo, del judicial o a un millonario poderoso. Les "arman un teatrito", los bautizan como presuntos culpables y los refunden, hasta que les llegue el turno de juzgarlos... Si llega.

Y esto está de moda ahora, por el montaje videograbado que le hicieron a Florence Cassez; por el novio, presunto secuestrador, que ya lleva 7 años sin juicio; por los testigos sin nombre (protegidos) que acusaron al general Tomás Ángeles; y por el numerito que le hicieron a Jon Hammar, un héroe de guerra americano que traía una escopeta con sus debidos permisos, a quien entambaron en una hermosa prisión de Matamoros.

Estas detenciones manipuladas han logrado que la imagen de México en todo el mundo sea hoy la de un país en donde hay que tenerle más miedo a las autoridades que a los delincuentes. Y por ende, peligrosísimo de visitar. ¡Adióssss turismooo!

Lo terrorífico es que esa imagen sólo revela la verdad. Porque si eres rico o tienes influencias, difícilmente serás huésped de uno de nuestros lujosos Centros de Rehabilitación. Pero si eres un simple ciudadano de a pie, tienes todas las posibilidades de caer en ese sistema de justicia (o de injusticia) con sólo haber osado contrariar a un poderoso.

Aunque también puede darse el caso de que, nomás por sacarte una buena lana, los mismos cuerpos policiacos te "siembren" alguna evidencia culposa, que va desde un paquetito de droga hasta un cadáver en tu armario.

La pregunta incómoda es: ¿ante quién podemos acusar a las autoridades que siembran pruebas falsas?

Se calcula que tenemos cerca de 200,000 prisioneros en todo el país. ¿Cuántos de ellos realmente merecen estar adentro? ¿A cuántos les inventaron crímenes? ¿Cuántos tienen años esperando su sentencia?

Creo que, urgentemente, tenemos todos que hacer algo para revisar los expedientes de esos 200,000 mexicanos. Es muy probable que muchos sean víctima de testimonios falsos, confesiones obtenidas por tortura, coreografías televisivas o simplemente del tortuguismo burocrático.

Una forma de atacar ese problema sería formar un Comité Voluntario de Revisión de Expedientes en cada Municipio (hay 2,445 municipios en el país) y examinar, junto con las autoridades, los casos de cada reo para confirmar si no se está cometiendo una injusticia gracias a las 4 P's que nuestro actual sistema ha fomentado y solapado.

La idea no es juzgar si son inocentes o culpables, no somos jueces, la idea es revisar que sus derechos hayan sido respetados. Si revisamos un expediente por semana, en 20 meses cubriríamos todos. ¡20 meses!

El poder judicial y la parte del poder ejecutivo que se encarga de la aplicación de la justicia, se pudrieron. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con mil empleados y mil millones anuales de presupuesto, sirve pa' 2 cosas. Sólo los ciudadanos podemos auditarlos, porque entre ellos nomás se hacen como la tercera P.

Si queremos limpiar nuestra imagen ante el mundo, tenemos que fregar el piso entre todos.

Esto sería lograr una "Fuenteovejuna sensata". ¿Quién se apunta?

Alberto Martínez Vara
(v.pág.6 del periódico Mural del 31 de enero de 2013).


FLORENCIO VILLARREAL, Gro.- Habitantes de este municipio tomaron ayer protesta como policías comunitarios en autodefensa contra el crimen organizado en la región de la Costa Chica de Guerrero.

Al menos 13 comunidades de esta zona del estado forman parte de la corporación policiaca.

(V.pág.2 del periódico Mural del 31 de enero de 2013).


El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, llamó ayer a las autoridades del país a garantizar la seguridad pública y evitar que grupos civiles de autodefensa se reproduzcan y rebasen a las instituciones.

El ombusdman advirtió que el hecho de que diversas comunidades de Guerrero se hayan armado ante el hartazgo de ser víctimas de la delincuencia debe ser una alerta, pues puede impactar de manera negativa el ejercicio de los derechos humanos.

Al presentar su informe de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso, Plascencia señaló que estas acciones de autodefensa de la población civil sólo reflejan una alta percepción de inseguridad y la falta de confianza en las autoridades.

(V.pág.2 del periódico Mural del 31 de enero de 2013).


La Iglesia [Católica] es otra institución que tendría que revisar su accionar. El filme de 10 minutos que están difundiendo llamado Hermano Narco es un verdadero insulto al respeto al estado de derecho, a las leyes, a la propia convivencia. Por supuesto que el perdón debe ser parte de cualquier sociedad civilizada, pero sin el imperio de la ley el perdón es socialmente imposible: proponer a través de un filme de la propia Iglesia que se imponga el perdón por encima de todas las cosas, que los hijos de los asesinados simplemente perdonen a los sicarios sin que haya por lo menos un acto de justicia, siquiera de arrepentimiento de los victimarios, es una tomada de pelo.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 30 de enero de 2013).


Durante muchos años el Tribunal Administrativo del Estado (el famoso TAE) tuvo fama de corrupto y poquitero: ahí se resolvían asuntos menores como multas, algunos permisos relacionados con giros restringidos y poco más. Aunque su fama de tribunal poco confiable era extendida, su verdadera fama de los magistrados era de flojos y poco dedicados. Hoy al TAE ya no se le acusa de flojos ni de poquiteros, pero no hay político que no tenga una anécdota sobre la corrupción de este tribunal. Sin embargo, son pocos los políticos o ciudadanos de a pie que han puesto la cara para enfrentarlo.

El Tribunal Administrativo tiene como función protegernos ante actos de autoridad, de carácter administrativo, que puedan violar nuestros derechos. Como principio es un tribunal básico en cualquier sociedad, un espacio donde los ciudadanos podamos inconformarnos ante lo que consideremos un atropello por parte de los funcionarios. Hasta ahí todo es perfecto. El problema comenzó cuando el tribunal pasó de la defensa de los ciudadanos a la participación directa en la gestión de decisiones, algunas de ellas absolutamente polémicas y extralimitadas en sus funciones. El tribunal decidió, por ejemplo, amparar a una ruta de transporte público para circular por la Calzada a un lado del Macrobús, y mil días después el asunto sigue sin resolverse "de fondo"; el mismo tribunal no sólo ha cancelado concursos de compras del Gobierno del Estado, sino que ha obligado con sentencias estiradísimas a que se compre a tal o cual proveedor; ha dado permisos de uso de suelo para edificación de edificios basado en tecnicismos administrativos; detuvo el aumento al transporte sin que quede claro hacia dónde quieren llevar el asunto; amparó a los mototaxis, en un acto de absoluta irresponsabilidad, para que pudieran prestar servicios en áreas donde son un verdadero peligro; etc.

Volvemos a la eterna pregunta de quién vigila al vigilante, quién se hace cargo de revisar lo que hace y deshace el tribunal. En principio el Consejo de la Judicatura, otra institución desacreditada, manipulada y con un nivel bajísimo de credibilidad. El poder judicial es en general un poder poco atendido y vigilado, donde en lugar de resolverse se generan una buena parte de los problemas de seguridad. No es casual que lo que hace caer a Jalisco en los índices de competitividad es el sistema de justicia y la seguridad jurídica. Tenemos un poder ejecutivo que está muy lejos de nuestras expectativas y un poder legislativo impresentable, pero el problema del poder judicial es quizá el más grave y no le estamos poniendo la atención que merece.

La corrupción de los tribunales es responsabilidad de jueces y magistrados; la falta de vigilancia sobre los tribunales ha sido la gran falla de medios y sociedad. Urgen reflectores al poder judicial.

Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 29 de enero de 2013).


Los ambulantes que operan en el centro histórico pagan un 'impuesto' que va directamente al bolsillo de líderes de los vendedores.

Una "tajada" del espacio público en el centro histórico de Guadalajara para desarrollar el comercio ambulante llega a cotizarse hasta en 5,000 pesos, a través del control irregular que ejercen sobre el mismo los liderazgos de los grupos de vendedores, de acuerdo con información de la Secretaría General tapatía.

Su titular, Tomás Vázquez Vigil, refiere que, además de este pago, los vendedores ambulantes deben pagarle a su gestor respectivo entre 400 y 500 pesos semanales para poder seguir comerciando en el espacio público del primer cuadro, lo que está prohibido reglamentariamente.

(V.primera plana del periódico El Informador del 29 de enero de 2013).


Olga Sánchez Cordero y sus colegas ministros de la Corte cumplieron porque el amparo nos protege a usted y a mí de la violación de nuestros derechos cometida por una autoridad.

"Perseguido por un ejército feroz, un hombre loco de pánico corre hacia un castillo, cruza el foso sobre el puente que se eleva tras de él y pasa la puerta cerrada a su espalda, a salvo del peligro. Ese es el amparo", clamaba con emoción el maestro Vicente Peniche López al iniciar el curso de Garantías y Amparo en la vieja facultad de San Ildefonso y Argentina.

Figura decisiva en la polémica para llegar a ese fallo fue la ministra Olga Sánchez Cordero, con quien hablé cuando tranquila y segura salía de la sala.

"Yo creo que es obligación del estado el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo por supuesto los extranjeros que se encuentran en nuestro país y sujetos a un proceso penal".

Le pregunté si el montaje televisivo pesó en el dictamen de la Suprema Corte: "Definitivamente, así es, porque influyó en primer lugar en la violación a su derecho de puesta a disposición inmediata, a su derecho de presunción y de asistencia consular".

¿Hubo presión por parte del Gobierno de Francia sobre los ministros de la Suprema Corte? "Ninguna, absolutamente ninguna y lo puedo decir categóricamente". Hubo en cambio una fuerte corriente de opinión en contra de tu postura: "Mira, nosotros los jueces constitucionales no decidimos por la corriente de opiniones".

Así se cierra un capítulo vergonzoso de la investigación criminal manipulada y el proceso jurídico torcido, conductas practicadas con impunidad y cinismo en el sexenio pasado, como prueban varios Bucarelis, entre ellos el titulado "Hora de irse, don Genaro" (26 de marzo 2012) referido a García Luna, autor y encubridor de la tele pantomima causante del estrepitoso enredo y el desprestigio internacional, por lo que deben responder él y los miembros de su staff. Los denuncié cuando los abusivos eran poderosos, no en esta hora de traidores. La soberbia es madre de constantes delitos y la falta de castigo alienta la reincidencia y la emulación.

Olga Sánchez Cordero y sus colegas cumplieron porque el amparo nos protege a usted y a mí de la violación de nuestros derechos cometida por una autoridad. Si por eso una presunta delincuente quedó libre la culpa no es de los jueces sino de los imaginativos y vanidosos investigadores, más preocupados del espectáculo que de los intereses nacionales puestos a su cuidado.

Es comprensible el descontento de una sociedad agraviada por la delincuencia y su deseo legítimo de justicia.

Nomás no nos equivoquemos de culpables.

Jacobo Zabludovsky
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2013).


Es probable que, en el caso Cassez, haya prevalecido la legalidad. Es de dudarse, en cambio, que haya resplandecido, en el más amplio de sus sentidos, la justicia. Después de todo, tan injusto es el encarcelamiento de un inocente como la liberación de un culpable.

En la hipótesis de que, en el caso, se haya liberado a una inocente, y de que se haya enmendado una pifia judicial exhibiendo la prepotencia, la arbitrariedad y la torpeza características del aparato judicial, la duda es si se hará lo mismo en todos los demás casos -la inmensa mayoría de los procesos que se realizan en México, al decir de los entendidos-... o si se necesita ser francés (o no ser mexicano, al menos) para tener ese privilegio.

Jaime García Elías
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2013).


Durante los últimos años, la política de combate a la delincuencia tomó la estrategia de "guerra", al menos así la denominó el ex presidente Calderón y con ello se definieron claramente 2 bandos; por un lado los militares y policías, es decir, los buenos y, por otro lado, los delincuentes, o sea, los malos.

Tan machacado era el discurso al respecto que prácticamente todos los días se publicaba al menos una nota periodística relacionada con esa "guerra"; ante ese escenario construido a base de repetirlo, por lo que ni necesario resultaba la participación de las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia, bastaba con presentar a los medios de comunicación a un detenido para que la sociedad de inmediato y sin procedimiento alguno lo declarara culpable, es decir, parte de los malos.

Este manejo gubernamental inadecuado de una concepción corta de la justicia generó, sin duda, una tremenda presión a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la procedencia de la protección de los derechos de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de secuestro y otros delitos.

Está claro que la resolución se refiere sólo a la falta de cumplimiento a los procedimientos previstos por las Constitución, es decir, el debido proceso, ya que la Corte no resolvió sí era inocente o culpable, sólo reconoció su derecho a la presunción de inocencia y a la libertad.

Luego entonces, aunque impopular como ningún otro casco, el máximo tribunal del país sólo está regresando a los básicos de un sistema justicia, con lo que se recuerdan los valores e importancia del reconocimiento pleno a los derechos humanos que no pueden ser vulnerados a ninguna persona.

Ciertamente que casos como el de la francesa, en que se violaron los derechos constitucionales, los hay por miles en nuestro país y no obstante ello, actualmente purgan una condena privados de su libertad, sin embargo, es importante recordar que ese derecho ahí está y que existe un tribunal supremo que antepone el respeto al marco legal que nos rige sobre cualquier presión.

Independientemente de las suspicacias que genera la extraña rapidez con que se operó su liberación que se dio prácticamente de inmediato a la emisión de la resolución y el que se encontrara un vuelo comercial a su país convenientemente a un par de horas de su salida del reclusorio, no podemos dejar de reconocer que la resolución se apega a la legalidad y que a todos conviene el respeto irrestricto al marco de derecho.

Sin embargo, existe la otra parte, la social, donde se encuentran las víctimas que justamente reclaman una explicación que no alcanzan a comprender por no ser técnicos del derecho, es en este punto medular donde las políticas públicas deben reorientarse para evitar polarización y descrédito de las instituciones encargadas de impartir justicia, habrá que multiplicar esfuerzos y también deslindar responsabilidades, para que desde el gobierno se procure hacer mucho más eficiente el proceso de procuración de justicia en todas sus etapas, como ya se lo ha instruido a los funcionarios competentes, a fin de que el poder judicial, escrupulosamente examine en estricto sentido de derecho la legalidad de las actuaciones y con ello determine la solución que deba aplicarse al caso concreto.

Celso Rodríguez González, presidente de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2013).


Diversos pueblos de Guerrero, principalmente con población indígena, han tomado las armas y la policía de sus comunidades para enfrentar al crimen, ante la falta de acciones del gobierno local y federal. Sin embargo, esta acción justiciera pudiera convertirse en un nuevo problema, pues nadie sabe qué pasará con las vidas de los detenidos, principalmente sospechosos de robos, extorsión y secuestro, plantea un reportaje publicado por ''The New York Times''.

"La justicia es poco común en México, particularmente en las zonas rurales e indígenas donde hay escasez de policías y la desconfianza hacia las instituciones del Estado es muy fuerte. Pero el crecimiento de las drogas y las pandillas del crimen organizado en regiones remotas en los últimos años ha agravado allí el clima de anarquía, creando el tipo de brotes de violencia que el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha prometido controlar con una fuerza paramilitar planificada", explica el diario de Manhattan.

(V.pág.11.A del periódico El Informador del 28 de enero de 2013).


Dos personas fueron liberadas de su reclusión. La ahora famosa Cassez y el general Ángeles. Ambos por dificultades con los testimonios incriminatorios. Los testigos son personas que dan testimonio de algo porque lo presenciaron. Ofrecer un testimonio tanto en la vida ordinaria como en los asuntos legales o judiciales, se asocia a la confianza en quien ofrece ese testimonio y lo creíble del contenido de lo declarado. La confianza se otorga al testigo o éste se la gana. Aquí lo racional se entrevera con lo emocional, aunque se traten de separar o incluso de negar.

La ética liberal propone el valor la igualdad de los individuos. Una igualdad de valor ante la ley y ante la colectividad. Sin embargo, la realidad muestra que los seres humanos nos resistimos a proceder de manera igualitaria, por ejemplo, ante los testimonios. El contenido del testimonio puede ofender nuestra idea de racionalidad y no le concedemos valor. Es el caso de quien insiste en atestiguar la presencia de seres extraterrestres entre nosotros. Igual sucede cuando el testimonio ofende nuestro mundo socio-afectivo. ¿Por qué voy a conceder valor a un testimonio de una persona ignorante si, decimos, "no sabe nada"? Por eso, en un conflicto legal los testimonios han de ser sólo un elemento para establecer la verdad de los hechos atestiguados. Establecer los hechos en caso de presunción de crimen o delito pide una cuidadosa y rigurosa investigación policial que permita verificar los dichos testimoniales.

En los casos Cassez y Ángeles, fue crucial que la investigación policial no pudo verificar la certeza y credibilidad de los testimonios, principal y casi único recurso puesto en juego por los fiscales del Estado en sus acusaciones. Nuestra procuración de justicia tiene un largo y penoso tramo por recorrer para dotarse de investigación policial a la altura de las garantías constitucionales.

Miguel Bazdresch Parada
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 27 de enero de 2013).


La justicia y la legalidad no siempre han ido de la mano como ha pretendido el liberalismo. Basta leer el análisis del pensamiento de Karl Schmitt que ofrece Jesús Silva Herzog-Márquez en uno de sus ensayos más aclamados, La idiotez de lo perfecto. "Aquellos que constantemente invocan al estado de derecho no otorgan la debida importancia al hecho de que un crimen odioso encuentre su debido castigo. La discrepancia entre el estado de derecho y el estado de justicia aparece inmediatamente a la vista". El debate entre justicia y legalidad ha sido central en este siglo. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de Florence Cassez, trae los argumentos de vuelta a la mesa: ¿el debido proceso es solamente un formalismo? ¿Los procesos aseguran una sentencia justa? ¿Al atender la forma no se le da la espalda al fondo? ¿Quién dice qué es justo? ¿La Constitución y el derecho? ¿La historia? ¿La sociedad?

La concesión del amparo a la ciudadana francesa dividió al país en 2 posturas que lucen irreconciliables. Por un lado, aquellos que piensan que el debido proceso no es sólo un asunto de "formas", sino que constituye el fondo de un estado de derecho. El debido proceso constituye el espíritu del estado democrático: la igualdad de todos ante la ley. Como prescriben tratados internacionales en la materia, el debido proceso es un derecho humano inalienable que asegura imparcialidad del poder público y una defensa justa apegada a derecho. Minusvalorar transgresiones al procedimiento jurídico sería sinónimo de avalar la ilegalidad, de combatir al delito con su misma fórmula. Sólo a través del debido proceso, la justicia es perdurable y legítima. La fuerza del Estado es sólo legítima si se sustenta en el respeto a los derechos de los procesados, es un factor de equilibrio jurídico en una sociedad civilizada y democrática.

Por el otro lado, hay una corriente en la opinión pública que piensa que las formas no deben ser el escondite para no sancionar crímenes que lastiman a la sociedad. En un país como México, donde el derecho es excesivamente codificado y el cumplimiento de todas las garantías del debido proceso es una labor titánica, los juzgados son presa de la "tiranía de las formas", de la preeminencia del procedimiento sobre el fondo del delito. Así, en casos tan evidentes donde la culpabilidad del acusado ha sido debidamente probada y el inculpado ha tenido acceso a un piso mínimo de derechos, los procesos pueden obstaculizar la administración de justicia.

Las víctimas se vuelven los únicos perdedores en un juego en donde el acusado utiliza recursos para dilatar las sentencias y legalismo para salir bien librado. Que el debido proceso no es una garantía de todos, sino de aquellos que pueden pagar los costos y contratar a abogados de primera línea. Lo dijo el propio Felipe Calderón en los días previos al debate sobre el amparo para liberar a Cassez en marzo de 2012, no por proteger demasiado al derecho, se deje de hacer justicia.

La dicotomía entre ambas visiones que han salido a la luz tras el fallo de la Primera Sala de la SCJN se agudizan en un país que mezcla indignación por el poco resultados de las autoridades en el combate al delito y donde la cultura de la legalidad es un proceso de fermentación muy lenta. La tasa de impunidad en el país llega a niveles alarmantes. Solamente 2% de los crímenes que se cometen en el país encuentran un castigo en juzgados, y la incapacidad del Ministerio Público para armar expedientes con eficiencia deja en muchas ocasiones a las víctimas del delito como las grandes derrotadas del proceso judicial. ¿De qué sirve acudir a tribunales si la respuesta siempre será la misma? El hartazgo con la inoperancia de las instancias de administración e impartición de justicia en el país, ha llevado a que el "justicierismo" se convierta en una doctrina popular entre la población. Ante instituciones anquilosadas, pesadas, sin capacidad de respuesta, surge inmediatamente la tentación de los juicios sumarios, de la justicia expedita basada en percepciones.

La ausencia de cultura de legalidad en el país queda de manifiesta en estudios de opinión. Según la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Democráticas, 55% de los mexicanos creen que no hay que obedecer una ley cuando ésta es injusta. Así, las percepciones se colocan por encima del pacto constitutivo, la justicia definida personalmente se superpone a los procesos democráticos que tuvieron como resultado una nueva legislación. Como señala Luis Carlos Ugalde, en su último libro Por una democracia eficaz, una de la herencia de la Revolución Mexicana fue la preeminencia en la cultura política mexicana de la justicia, entendida como valor abstracto no necesariamente apegado a derecho, sobre la legalidad. Asimismo, hay que agregar que la percepción social de que la impunidad se agrava en los estratos más favorecidos, entre los empresarios y los políticos, provocan mayores resistencias sociales a obedecer las reglas, y por lo tanto, menos aprecio a los procesos jurídicos y al estado de derecho.

La argumentación del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a la que se suman los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero, que tuvo como corolario la concesión del amparo a Cassez no significó la resolución de la inocencia, sino la imposibilidad de llegar a una sentencia que no estuviera contaminada por los vicios del proceso: montaje, violación a sus derechos consulares, dilación para ser presentada ante el Ministerio Público y la transgresión del principio de presunción de inocencia. La forma se convirtió en fondo para el ministro, para determinar si Cassez es culpable, habría que disolver toda la nube de culpabilidad y señalamiento social que generó un manejo desaseado del proceso jurídico. Como sucedió hace ya casi 50 años con el Caso Miranda, que significó la aparición de la Quinta Enmienda que obliga a los uniformados a leerles a los detenidos sus derechos antes de ser procesados, los fines no reinaron sobre los medios.

Ese es el peligro que corre una democracia que le da la espalda a los procesos por identificarlos como meras formas, el ciudadano queda expuesto a las arbitrariedades del poder público, quien puede definir la justicia en base a criterios políticos o de coyuntura, y no precisamente en la observancia de los derechos fundamentales que marca el contrato social, es decir, la Constitución. El Caso Cassez no es el primer síntoma de que la SCJN ha abrazado una tendencia "garantista", lo vimos en la liberación de los presos de Acteal, resolución de la Corte que también generó airadas polémicas y división de opiniones. Porque al final, como señala el principio de "duda razonable" del sistema jurídico de los Estados Unidos, sólo existe una cosa más grave que liberar a un culpable, condenar a prisión a un inocente. El debido proceso es el método científico de ley para evitar estas arbitrariedades, es cierto tal vez imperfecto y muchas veces ineficaz, pero el único capaz de remediar la eterna dicotomía entre ley y justicia, es decir, entre las "formas" y los "fondos".

Enrique Toussaint
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 27 de enero de 2013).


Si dejamos de lado el aspecto político, las presiones diplomáticas y nuestro nacionalismo, podremos darnos cuenta de que el caso de Florence Cassez nos deja una lección muy precisa: es una muestra, como muchas otras, de la ineficiencia del trabajo de la PGR ante los tribunales y la fragilidad de las resoluciones que se basan sólo en testimonios y pruebas débiles.

La Corte ha obrado correctamente al defender el derecho de tener un proceso que se desarrolle con estricto respeto a los derechos consagrados en la Constitución. Será siempre preferible juzgar negativamente la actuación del Ministerio Público, que tiene la función de fiscal, que abrir la puerta a que se construyan acusaciones a la medida de los deseos de las autoridades políticas.

La sentencia de la Corte puede parecer injusta a muchos, pero es una resolución que privilegia la legalidad sobre la voluntad. Sin pruebas legalmente obtenidas con respeto a los acusados no es posible construir condenas, porque se abre la puerta a la arbitrariedad.

Ahora la PGR debe revisar sus principios de actuación y plantearse seriamente la necesidad de cambiar muchos de sus sistemas, usos y procesos para transformarse en una institución mucho más enfocada a la defensa de los intereses de los ciudadanos mediante la aplicación de las normas penales. Ese es el reto de la nueva administración, porque los errores de los funcionarios han de traer responsabilidad del Estado Mexicano frente a las personas.

La defensa de la libertad y la dignidad frente a la actuación de las autoridades, supone aceptar que decisiones como la que tomo el máximo tribunal del país son una contribución al respeto de la ley. Aunque parezca un contrasentido, la libertad de Florence Cassez puede ser un factor de fortaleza de las instituciones, si se aplican estos mismos criterios a todos y se responde por las consecuencias que las violaciones procesales producen a las personas.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 27 de enero de 2013).


La decisión de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero trasciende y marca precedente para potencial beneficio de miles de delincuentes sentenciados, que podrán recuperar su libertad aduciendo fallas de procedimiento jurídico, como de hecho así ocurre en muchos casos aunque sin alcanzar el nivel de espectacularidad actual.

El caso Cassez abre serias expectativas para miles de hombres y mujeres recluidos, hacinados, en los penales haciendo verdad aquello: "Ni son todos los que están, ni están todos los que son". No para suprimir sentencias, pero sí para reclamar escrupuloso procedimiento desde la detención hasta el juicio sin escatimar esfuerzo, pero sin caer en la explotación por parte de litigantes, que no abogados en el sentido estricto de quienes ostentan la digna profesión del Derecho.

Múltiples y por lo mismo frecuentes, son las quejas de quienes padecen malos tratos previos a la aceptación de culpabilidad y en sentido inverso apelan a presión para lograr favores judiciales por parte del Ministerio Público y autoridades superiores.

Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.8-B del periódico El Informador del 27 de enero de 2013).


Se plantea la posibilidad de que por lo menos 2 de los militares de alto rango sometidos a juicio por presuntos nexos con el narcotráfico, sean inocentes, noticia que casi pasó desapercibida frente al glamoroso asunto de la señora Cassez, que definitivamente superó todas las expectativas.

Por cierto que algunos comentaristas del parisino diario Le Figaro dicen estar lejos de considerarla una heroína, tendiendo ligeras nubes de duda sobre la inocencia de la liberada, en medio del jolgorio general.

Seguramente por varios días los medios seguirán hablando del tema, de por sí nada novedoso. Hasta el señor agente del ministerio público más humilde sabe que en México basta con levantar mal un acta, o hacer mal una averiguación, para que un delincuente pueda ser liberado, lo cual desde luego genera un estupendo negocio para los actuarios que han de equivocarse previo pago. Si a eso se añaden montajes de telenovela, atentados a los derechos internacionales y humanos del detenido, malos tratos reales o supuestos, la puerta de la libertad queda abierta de par en par. Esto ocurre por una grave confusión de hechos; si los procedimientos no han sido correctos, si se han cometido faltas graves en los procesos, la autoridad misma debe sanarlos y, en todo caso, sancionar a quienes incurrieron en esas faltas, pero no pasar de ahí a la liberación de un detenido cuando existe una presunción probable de culpa. Si las víctimas que señalaron de manera personal y directa a la señora Cassez como cómplice del secuestro que sufrían, mintieron, que se sancionen, pero que no se atropelle su testimonio.

Armando González Escoto
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 27 de enero de 2013).


Como consejero del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el dirigente del magisterio estatal, Miguel Rodríguez Noriega, expresa confianza en que se reordenen las finanzas de la institución para no poner en riesgo el patrimonio de los trabajadores.

El secretario de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dijo que afortunadamente ya se tienen señales más claras de que las instituciones que adeudan cuotas se pongan al corriente.

Dijo que se dará puntual seguimiento a las dependencias públicas con más rezagos, como varios municipios, entre éstos, Guadalajara, Tonalá y Puerto Vallarta, entre otros.

La Secretaría de Educación Jalisco ha omitido el pago de cuotas por más de 300 millones de pesos, como ha sido del dominio público.

"La omisión se vuelve recurrente cuando no hay sancionados, aunque infringen la ley", declaró Martín Romero Morett, jefe del Departamento de Economía del CUCEA de la UdeG.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 27 de enero de 2013).


Ahora, el gobierno federal busca llevar lo que es ficción para muchos a la realidad de México, un país que en los últimos años ha enfrentado críticas sobre los procedimientos para aprehender a sospechosos.

La Secretaría de Gobernación anunció el viernes que como parte de nuevas acciones para garantizar que las autoridades procedan conforme a las leyes, se instruyó a la Policía Federal a distribuir entre sus agentes una cartilla que deberán leer a los detenidos sobre sus derechos y los motivos de su aprehensión.

La cartilla contiene 9 apartados que deberán ser leídos, entre ellos que el detenido es considerado inocente, hasta que se le demuestre lo contrario; que tiene derecho a declarar o guardar silencio; a un defensor, a un traductor o intérprete, y a ser entregado sin demora ante la autoridad competente y en caso de ser extranjero a notificar al consulado de su país. "Los legítimos anhelos de justicia de los mexicanos no deben truncarse por errores o violaciones al debido proceso que las autoridades deben observar en el desempeño de sus obligaciones", dijo en un mensaje a la prensa el subsecretario de Normatividad de Medios de Gobernación, Eduardo Sánchez.

Miguel Sarre, profesor y experto en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, dijo que el gobierno reconoce con esta medida "que hay un problema, que hay necesidad de cuidar esos momentos de la detención".

"Es un efecto del caso Florence Cassez", dijo. "Todo esto fue determinante, el plazo de detención injustificada, en el caso de Florence Cassez", añadió.

Sin embargo, Sarre dijo que esto también se deriva de un nuevo sistema de justicia aprobado en 2008, que entre otras cosas plantea el reconocer en todo momento la presunción de inocencia de las personas y transitar de juicios a puerta cerrada a otros orales.

Algunos de los 31 estados del país han comenzado a implementar el nuevo sistema, aunque se estableció 2016 como el plazo para ponerlo completamente en práctica.

Sánchez dijo que el gobierno federal busca acelerar la implementación del nuevo sistema de justicia penal que, dijo, contribuirá "a que las fallas de procedimiento no sean un obstáculo para que el poder judicial determine la culpabilidad o inocencia de una persona".

(V.Associated Press del 25 de enero de 2013).


Margarita Palacios Sierra: "El tema no es la culpabilidad de Cassez, sino la fragilidad del Estado de Derecho. Los responsables, desde Genaro García Luna, colaboradores, jueces y policías debieran ser investigados y -en su caso- enjuiciados".

Juan José Albores Rovelo: "Televisa, autoridades y jueces sometidos por la corrupción dictaron sentencia de culpabilidad a Cassez, la presentaron artificiosamente como delincuente ante una sociedad desinformada, se olvidaron del debido proceso constitucional y violentaron todos los derechos ciudadanos abusando de poder".

Mitote Trece: "Falló la Corte, falló la policía, falló el Ministerio Público, falló el sistema mexicano de justicia, falló todo, lo único que no falló fue la re-victimización de las víctimas. Que la Corte actuó con apegó a la legalidad, sustentan que sí, esperemos que no hallan fallado. Esperemos que está lección sirva a las autoridades para ahora sí hacer valer la justica con legalidad".

José Cárdenas
(v.periódico Excélsior en línea del 25 de enero de 2013).


La ministra de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez Cordero reconoció que no existía otra solución en el caso de Florence Cassez que otorgar a la ciudadana francesa el amparo "liso y llano" que le permitió recobrar su libertad.

"Como jueces constitucionales es nuestra obligación acatar la Constitución y proteger los derechos de todas las personas. Este es el mensaje de la Corte y desde luego no porque fuera ciudadana francesa o no porque ella simplemente fuera o no secuestradora. Si no simplemente nosotros decidimos sobre la vulneración que hizo la autoridad de sus garantías y sus derechos".

Dijo además que la sociedad se encuentra "muy agraviada por los delitos que se están cometiendo contra personas inocentes y contra la sociedad misma, que está sumamente lastimada, agraviada y lacerada por esta ola del crimen organizado".

A pregunta directa sobre si era posible solamente reponer el proceso legal, señaló: "No, porque no estábamos hablando de la legalidad, del tema de legalidad, no se podía reponer ese proceso ni obviamente esa violación a esas garantías, porque el impacto de este montaje fue de tal magnitud que esta violación a estos derechos es imposible que se reponga un procedimiento cuando se han vulnerado desde el principio todos estos derechos".

"Este amparo liso y llano es precisamente porque no hay manera de reponer un procedimiento".

"Nosotros no entramos a su inocencia o a su culpabilidad, definitivamente eso no es exacto, nosotros lo único que revisamos fue un amparo directo y si se habían vulnerado sus derechos fundamentales, la presunción de inocencia a debido proceso, al principio de inmediatez para ponerla a disposición del Ministerio Público. Duró muchas horas durante las cuales no se sabe donde estaba Florence Cassez; debía estar siendo presentada delante de las autoridades competentes, en este caso ante el Ministerio Público. Lo que te puedo decir con toda claridad, contundentemente, es que por supuesto que no se revisó ni la inocencia ni la culpabilidad de ella, esto es clarísimo".

(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 25 de enero de 2013).


El presidente Enrique Peña Nieto lamentó que errores en el proceso que se le siguió a la francesa Florence Cassez hayan impedido determinar su culpabilidad o inocencia.

Por ello instruyó a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación a que las acciones de la policía y el Ministerio Público federal se lleven a cabo con estricto apego a derecho, a fin de garantizar el debido proceso y evitar que se repitan casos como éste.

"Lamento que en éste, y en cualquier otro caso, errores o violaciones al debido proceso impidan al poder judicial determinar la culpabilidad o inocencia de una persona".

(V.pág.24 del periódico Milenio Jalisco del 25 de enero de 2013).


El ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde Ramírez, destacó que la resolución en el caso de Florence Cassez fue adecuada, pues no se puede permitir la cultura de la ilegalidad. Este fenómeno -la ilegalidad- es uno de los obstáculos que no permiten avanzar a México.

(V.pág.11 del periódico Milenio Jalisco del 25 de enero de 2013).


La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a la ciudadana francesa Florence Cassez. La ministra Olga Sánchez Cordero presentó el dictamen en el que el argumento fue que el derecho de la señora Cassez fue violado por aquellos que la tomaron presa por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y otros. Podría parecernos superfluo el argumento pero está basado en la obligación de quienes intervienen en respetar escrupulosamente el proceso judicial, el cual fue violado y por lo tanto se invalidó el proceso mismo.

En este caso falló el poder ejecutivo, cuando en función de la propaganda para hacer la apología del combate a la delincuencia organizada del gobierno de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna montó un simulacro de operativo para que apareciera en la televisión en el noticiero Primero Noticias de Televisa, conducido por Carlos Loret de Mola, falló la empresa Televisa y su conductor del noticiero por haberse prestado con su reportero y camarógrafos a este falso operativo policiaco "en vivo".

Falló el poder judicial que no avisó a la Embajada de Francia que una ciudadana francesa estaba detenida, fallaron los policías por haber participado en el simulacro. Falló el Ministerio Público al haber tomado la declaración de la señora Cassez sin un traductor y un abogado que hablaran francés. Falló el juez al pasar por alto todos los atropellos al procedimiento y dictar una sentencia que hace justicia a las víctimas pero que violaba el derecho a la defensa de la acusada. El poder judicial falló y al final el poder judicial rectificó.

En esta feria de equívocos por la actitud complaciente y servil de Genaro García Luna, la única parte perdedora fue la de las víctimas de los delitos cometidos por la banda de Los Zodiaco en los que participaba Florence Cassez.

Hoy las victimas lo son una vez más porque su derecho a la justicia fue burlado debido a que el procedimiento no fue respetado con lo que se violaron las leyes nacionales y los acuerdos internacionales signados por México, lo que llevo el caso al ámbito político cuando el presidente de Francia Nicolás Sarkozy abogó a favor de la señora Cassez al solicitar al presidente Calderón que su conciudadana fuera juzgada en Francia, a lo que se negó Calderón creando con ello un conflicto diplomático sobre el que ahora entendemos que fue resultado de la estupidez y la soberbia de quien fuera presidente de México.

De manera que desde el principio aquellos que capturaron a la señora Cassez, por sus equivocaciones en el procedimiento, son los que en el fondo la están liberando. Ahora queda pendiente la justicia para las víctimas y visto el asunto con objetividad resulta que todos somos las "víctimas" porque se burlaron de la ciudadanía quienes deben servirla y respetarla.

Este caso sirve para que empecemos a preguntar cómo para cuando los políticos mexicanos quieren que empecemos a construir un país de leyes, porque desde hace años su discurso dice que debemos respetar la ley. En este contexto parece burla el juramento "Cumplir y hace cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen", cuando el primero en no cumplirla es el titular del poder ejecutivo.

La pregunta ahora es a quién se va a responsabilizar por haber violado el procedimiento, haber promovido el falso testimonio y haber engañado a la opinión pública todo lo cual trajo como consecuencia la liberación de Florence Cassez porque el procedimiento no se cumplió, no porque fuera inocente. Cuál es la responsabilidad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, el Ministerio Público y el juez que promovieron este episodio que indigna, enoja y que no debe repetirse, pero se repetirá porque estamos lejos de ser un país de leyes.

Enrique Pérez Quintana
(v.Yahoo! Noticias del 24 de enero de 2013).


Muchas veces los mexicanos actuamos ante la ley como jaques bravucones. En relación con ella pensamos lo mismo que en relación con la muerte: es sólo para los demás. Dejamos entonces de observar el derecho; nos sentimos absolutos, es decir absueltos de cumplir las normas. Tal cosa sucede sobre todo con los políticos y los funcionarios públicos.

Hacen caso omiso del orden jurídico; se apartan de él o lo apartan como un molesto estorbo. De ahí derivan berenjenales como esos en que se metió la justicia mexicana por casos como el de Florence Cassez y el de los militares acusados de connivencia con el narcotráfico. Quienes en el sexenio pasado tuvieron a su cargo la procuración de la justicia miraban más hacia Calderón que hacia la legislación. Ahora nuestra justicia, antes tan bravucona y hoy sujeta al escrutinio propio y extraño, debe preguntar lo mismo que el valentón del barrio: "¿Qué me ves?".

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas del 24 de enero de 2013).


Tarde, muy tarde, se hizo justicia, se respetaron los tratados internacionales, se privilegió el debido proceso, y se subsanó una de las crisis internacionales más absurdas de México en años. La decisión de los 3 ministros de ayer en el caso Cassez de otorgar el amparo liso y llano obvió la necesidad de reponer el proceso o la sentencia y permitió la liberación inmediata de la ciudadana francesa. No es el lugar ni el momento de entrar en la discusión sobre su culpabilidad o inocencia, ni soy yo quien pudiera aportar algún elemento novedoso o cualquier pericia al respecto. Pero sí se imponen algunas reflexiones sobre todo este bochornoso episodio que empezó con Fox en 2005 y termina en el 2013 con Peña Nieto.

El haber sido liberada por una serie de violaciones ya muy conocidas al debido proceso coloca en el centro de la justicia mexicana lo que siempre debió de haber estado en el centro y que en pocas ocasiones lo ha estado: la primacía del debido proceso. Sin eso, no hay justicia ni para los culpables ni para los inocentes, porque conviene recordar que los culpables también tienen derechos, sin el respeto de los cuales es imposible determinar... si son culpables.

El 2o. punto que conviene enfatizar es la importancia que cobra en la decisión y en los argumentos favorables a la misma el respeto a la Convención de Viena sobre protección consular y el no cumplimiento por las autoridades mexicanas del compromiso de otorgarla. Varios hemos sostenido siempre que es gracias a esa convención y a ese respeto que demandamos a EU en el Caso Avena ante la Corte Internacional de Justicia, pero que, más allá de esa demanda y sus consecuencias, es un instrumento básico para proteger a los millones de mexicanos sin papeles en EU. A ningún país le debiera interesar más el hacer respetar los artículos pertinentes de la Convención de Viena sobre derecho consular que a México. Qué bueno que gracias a ese argumento, sobre todo de Olga Sánchez Cordero, ahora salga liberada Florence Cassez.

Ahora empieza una nueva etapa. ¿Qué va a pasar con los responsables del montaje, del debido proceso, de la violación de la Convención de Viena y de los derechos humanos de una persona a la que alguien le debe 7 años de libertad? ¿Qué va a pasar con los que encarcelaron a un grupo de militares cuya liberación también parece inminente? ¿Qué va a pasar con los responsables del encarcelamiento de Greg Sánchez de Quintana Roo, más de un año en un penal de Nayarit, que también después fue liberado? ¿Qué va a pasar con los responsables de haber detenido a Rodolfo de la Guardia, ex director de Interpol México, que también fue liberado hace unos días? Existe la impunidad de los criminales en México; existe la impunidad de las autoridades en muchos casos; y existe la impunidad de quienes en aras de una guerra absurda, sangrienta y carísima, violaron sistemáticamente los derechos humanos en este país. ¿Quiénes son los responsables y qué va a pasar con ellos, estén donde estén?

Jorge G.Castañeda
(24 de enero de 2013).


Sin declararla culpable o inocente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó ayer la liberación de Florence Cassez al considerar que el montaje televisivo armado por la AFI sobre su captura vició todo el proceso penal en su contra.

(V.primera plana del periódico Mural del 24 de enero de 2013).


Denunciar la comisión de una falta no nos convierte en chismosos, nos convierte en personas derechas. Las denuncias preocupan sólo a quien rompe las reglas, porque saben que es una forma ilegal o inmoral de alcanzar un objetivo.

El problema de esto es que las "reglas del juego" no siempre son explícitas o se encuentran redactadas en leyes y reglamentos, muchas veces son parte de códigos no escritos de conducta basados en la moral, la ética o la costumbre, por ello es que la identificación de un acto como tramposo o ilegal en muchos casos se vuelve subjetivo o sujeto a interpretación. Pero no nos hagamos tontos, cualquiera que tenga un mínimo de sentido común -y aplica la sabia máxima de no hacer a otro lo que no se quiere para uno- sabe cuando un acto es moral o ético y cuando es tramposo.

Es natural la búsqueda de ventajas, de prelaciones o delanteras, pero la diferencia entre una ventaja legítima y una trampa, la diferencia entre el sueño tranquilo y el insomnio, es si las ventajas obtenidas fueron producto de habilidades y esfuerzos, de conocimientos y destrezas superiores, o de viles abusos, mentiras y traiciones.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 24 de enero de 2013).


Bloqueo por artesanos.

Ayer el grupo Artesanos Unidos de Jalisco se manifestó en la Presidencia Municipal.

El objetivo de la protesta fue para exigir que les fuera devuelto un espacio para vender en el jardín del templo de San Francisco.

Apoyando la manifestación, también se presentaron expositores del Tianguis Cultural, quienes, además, demandaban para sí espacios temporales de comercio fuera del tianguis.

Ambas organizaciones bloquearon la circulación vehicular de Avenida Hidalgo y 16 de Septiembre, hasta que personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia les prometió diálogo.

Sin embargo, el cierre se retomó después de que se les comunicó que la única opción para instalarse era el parque de El Refugio, por la estación del Tren Ligero, punto que no convenció a los manifestantes, ya que indicaron que a otros grupos sí se les permite vender en el primer cuadro.

Minutos más tarde llegaron cerca de 50 elementos de la policía y resultaron detenidos Juan Fernando Jacinto Arias e Ismael Sánchez González, por los delitos de bloqueo a las vías de comunicación, resistencia de particulares y la afectación al tránsito.

(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 24 de enero de 2013).


Pobladores toman en sus manos la seguridad.

El surgimiento de grupos de autodefensa ciudadana, como respuesta a los secuestros y asesinatos por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, se extendió ahora hacia las comunidades indígenas nahuas de Acatempa y Atliaca, del municipio de Tixtla, Guerrero, donde un presunto delincuente fue abatido a balazos por vecinos del lugar.

Los ciudadanos armados parapetados tras los árboles, sentados en las calles o moviéndose en las azoteas, vigilan para todos lados, ven con desconfianza a los reporteros y fotógrafos, y se muestran reacios a proporcionar información.

El comisario de Atliaca, Octavio Ojeda, dio a conocer que los retenes instalados en las 2 entradas de Atliaca, y uno más en la comunidad vecina de Acatempa, distantes ambas como 7 kilómetros de Tixtla, y como a 22 de Chilpancingo, fue resultado de la presencia de presuntos integrantes del crimen organizado que hace 15 días secuestraron a 2 jóvenes y que posteriormente fueron encontrados muertos.

A la entrada de la carretera rumbo a las dos poblaciones levantadas en armas desde el lunes de esta semana, se había ubicado un retén militar, pero posteriormente fue retirado y solo permanecen instalados los 3 en Atliaca y Acatempa, donde poco más de 50 hombres armados con rifles de bajo calibre, palos y piedras, realizan labores de revisión.

Ahí uno de los encapuchados dijo al principio que no podían dar información, pero posteriormente accedió a decir que se levantaron en armas "porque ya son muchas chin... las que nos hacen, no nos dejan chambear a gusto esos cab..., por eso nos levantamos en armas contra esos secuestradores, extorsionadores y asesinos".

También se puede notar la actividad de los hombres encapuchados con sus rifles en mano y preparados para utilizarlos en caso necesario, como sucedió en contra del joven acribillado de un escopetazo cuando intentó huir para impedir ser detenido, y que fue a caer sin vida en una barranca como a 3 cuadras de la comisaría municipal.

Ahí el comisario municipal, Octavio Ojeda, redactaba el acuerdo de asamblea campesina de presentar cargos en contra de cuatro detenidos, uno en la misma cárcel de la comisaría y 3 más que fueron trasladados a los separos de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, cuya titular se presentó a dialogar con los ciudadanos levantados en armas, pero no logró que fueran retirados los retenes.

El encapuchado entrevistado en uno de los dos retenes en Atliaca, aclaró que el Ejército no tiene por qué quitarles sus armas "porque con qué nos vamos a defender de los secuestradores, que si vienen ahora, los van a venir a recoger no parados, porque ya es mucho lo que nos han hecho, nos vinieron a robar nuestra tranquilidad".

Añadió que los retenes que instalaron en Atliaca y Acatempa, van a continuar hasta que se les garantice que el Ejército y la Marina, van a venir a proporcionarles seguridad, por lo mientras aseguró que van a mantener la autodefensa ciudadana, "aquí vamos a estar todos los días si no nos queda de otra".

(V.periódico El Informador en línea del 22 de enero de 2013).


En 2012, la ley que combate a la trata de personas fue aguzada por los legisladores de la LXI Legislatura, le sacaron punta, y las sanciones a las que a partir de entonces esa ley somete a individuos que delinquen bajo esa figura infernal de la trata, han sido aumentadas.

Una pregunta, sin embargo, mortifica a mucha gente cada que se sabe de la desaparición o el rescate de alguna persona que va o viene de las oscuridades de este delito: ¿Por qué habiendo ya tanto poder sancionador del Estado mexicano, este delito crece en vez de disminuir?

Los periódicos y medios electrónicos de todo el país no han dejado de denunciar desapariciones de personas, la mayoría de los sectores más vulnerables, como son las mujeres y los niños.

La trata de personas ha dado, de modo muy infeliz, una suerte de valor agregado a determinados centros turísticos de México, como Cancún, Huatulco, Acapulco, Puerto Vallarta y el Puerto de Veracruz, así como ciudades de tránsito fronterizo como Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo, y Ciudad Hidalgo y Tapachula, en el Estado de Chiapas. Suelen ser sitios adonde la visitación extranjera no tiene más motivo que el de la prostitución, tan de la mano con la trata de personas.

La prostitución de menores es un caldo de cultivo cotidiano, cuya condición endémica no la quita todavía esa gran batería de leyes que recientemente ha construido el congreso y de la cual se han congratulado todos los legisladores.

Que más de 70,000 menores de edad, niños y niñas, viven fuera de sus hogares en México, han publicado reiteradamente los medios de información teniendo como fuente de información al gobierno federal, la Organización Internacional del Trabajo y a la ONU. ¿Y dónde están?

Muchos, en la calle, en la prostitución, sometidos por bandas de la delincuencia organizada dedicada a la trata de personas, el delito que más produce dinero después del narcotráfico, según la ONU. Y la trata, lo mismo va a surtir al comercio sexual que al de la servidumbre forzada.

Es una cifra tan inmensa como cruel, que retrata además a un Estado incapaz de cumplir con esa elemental y más básica función para la que fue ideado: darle protección a los suyos.

Gobiernos van, gobiernos vienen, pero la trata no cede. Y sí, dirán los diputados y senadores, allí están las leyes y sólo hay que aplicarlas. Pero ese es el problema de México, ni más ni menos: la aplicación de las leyes, que no ha ocurrido con la efectividad que necesita la población cuando se trata de combatir este tipo de delitos.

En el debate parlamentario en torno de la inaplicación de la ley, han aparecido perniciosamente la corrupción y la impunidad, a las que se les compara con dos tumores malignos que han ido minando la vida de las instituciones.

Si corrupción e impunidad no hubiera, o cuando menos que no estuviera tan metida en el tuétano de las instituciones, o mejor sea dicho: de los hombres que al frente están de éstas, sería muy probable que delitos como el de la trata de personas estuvieran siendo combatidos con mayor eficacia.

Vicente Bello
(v.pág.13-A del periódico El Informador del 21 de enero de 2013).


En la Secretaría de Gobernación, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, las cosas están que arden.

Osorio está preocupado por la irrupción de policías comunitarias en varios estados, en especial en Guerrero, donde en la localidad de Las Mesas, municipio de San Marcos, el operativo ciudadano capturó al líder de una organización criminal apodado El Chicles.

En Bucareli discuten con el gobernador Ángel Aguirre la posición que tomarán, pues permitir que los comandos juzguen a ese criminal sentaría un mal precedente, y si el gobierno estatal va por El Chicles puede haber derramamiento de sangre.

Trascendió
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 18 de enero de 2013).


Habitantes de Ahuehuepan, en Iguala, Guerrero, se cubrieron el rostro, tomaron armas, atravesaron un camión sobre la carretera federal Iguala-Teloloapan y solicitaron la instalación de un módulo permanente del Ejército y la Marina, para mitigar la ola de secuestros y cobro de piso a que los somete la delincuencia organizada.

Este es el 1er. movimiento de autodefensa popular que se registra en el norte del estado, luego de los ocurridos en la Costa Chica.

La acción duró más de 5 horas, tiempo en el que mandos de la 35 Zona Militar, la Policía Federal, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal llegaron al poblado ubicado a 30 minutos de Iguala.

En una reunión a puerta cerrada, los habitantes hicieron una larga exposición de los delitos más recurrentes: asesinatos, secuestros, extorsiones, cobro de piso y la amenaza contra las familias.

Tras la llegada de elementos del Ejército y la Policía Federal los pobladores regresaron a sus casas, guardaron sus armas. Aclararon que no pretendieron tomar la justicia en sus manos, solo buscaron una manera desesperada de llamar la atención de las autoridades y pedirles que hagan su trabajo.

(V.pág.27 del periódico Milenio Jalisco del 18 de enero de 2013).


Integrantes de El Barzón Popular se manifestaron ayer en sucursales de BBVA-Bancomer y oficinas corporativas tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México con el objetivo de defender a compañeros de adeudos en tarjetas de crédito y problemas con hipotecas.

Los barzonistas se plantaron por la mañana en diversos puntos de ambas metrópolis, y bloquearon con mantas y casas de campaña el acceso a las instalaciones de la institución financiera, aunque horas después las levantaron.

"Son más de 500 afectados, estamos hablando que esto tiene más de 10 años y nosotros tenemos en una lucha 4 años peleándole al banco", dijo Elizabeth Chávez, quien aseguró ser una de las líderes de El Barzón Popular en Jalisco.

"Hay muchas quejas de muchos compañeros que tienen créditos en tarjetas e hipotecarios y que les están cobrando intereses muy elevados".

Agregó que en varios casos, aun cuando los deudores ya tenían acuerdos con el banco, las viviendas fueron vendidas a un tercero.

"Lo que estamos pidiendo es que nos reciban un padrón para poder llegar a un buen acuerdo y que los intereses sean bajados para que se pague lo justo, tanto en tarjetas de crédito como en créditos hipotecarios", indicó.

Aunque ya han platicado con asesores de BBVA-Bancomer, todavía no se ha llegado a un acuerdo para la reestructuración de sus créditos hipotecarios, abundó.

Tras horas de bloqueo, los barzonistas llegaron a un acuerdo para reestructurar los financiamientos hipotecarios de algunas casas, por lo que alrededor de las 10:00 horas se retiraron de las sucursales.

En octubre del 2012, integrantes de este movimiento habían tomado las instalaciones de Banamex ubicadas sobre Avenida Vallarta por el mismo motivo.

En el DF, el bloqueo fue a las oficinas del corporativo ubicado en la Avenida Universidad y Real de Mayorazgo, y duró alrededor de 8 horas.

(V.pág.6 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 17 de enero de 2013).


Una cosa es no criminalizar la protesta, esto es no ver y tratar a quienes se manifiestan como si fueran delincuentes, y otra muy distinta es permitir actos delincuenciales en las protestas en aras de asegurar el derecho de manifestación. Hay en este país una especie de síndrome parecido al del perro maltratado que agacha las orejas al menor gesto del amo. En los políticos el síndrome del 68 ópera más o menos igual: a la menor acusación de represores los gobiernos de todos los niveles ceden no importa qué.

La forma en que los gobiernos de la Ciudad de México, perredista, y de Guadalajara, priista, resolvieron el tema de las manifestaciones del primero de diciembre contra Peña Nieto, es una clara evidencia de este síndrome que a la postre termina traduciéndose en una especia de alergia al Estado de Derecho, que en sí misma es preocupante.

La Asamblea del Distrito Federal, en un acto no sólo populista sino absolutamente anticonstitucional, modificó la ley para que los vándalos manifestantes, que no los manifestantes comunes, no cayeran en falta; borraron el delito del Código Penal para que pudieran salir libres. No contentos con eso, para asegurar el derecho de manifestación los diputados obligaron al Gobierno de la Ciudad de México a pagar los daños calculados, quizá de manera exagerada, en 900 millones de pesos. Lo que haya sido que destruyeron los vándalos lo pagarán con sus impuestos los habitantes de la capital para que nadie pueda acusar al gobierno perredista de "represor".

El gobierno municipal de Guadalajara no se quedó atrás. Los gobernantes tapatíos simplemente retiraron los cargos y con ello quieren tapar una pésima actuación de su policía. Quitar los cargos a los detenidos implica, primero, no investigar a quienes, personas concretas y no manifestantes en abstracto, cometieron actos vandálicos a los edificios del PRI, de Televisa y contra bienes del ayuntamiento. Esta decisión deja también la impresión de que los detenidos, la mayoría de ellos inocentes, fueron "perdonados", pero sobre todo que los policías actuaron correctamente y ahora otorgan el perdón.

El derecho a la libre manifestación nada tiene que ver con la libre vandalización. Hay que distinguir claramente entre el derecho que tenemos todos los ciudadanos a la libre expresión y la manifestación de las ideas, del delito de daño al patrimonio o a la propiedad ajena. Ningún disgusto, enojo o desacuerdo con quien sea nos da derecho a atentar contra otros.

Hay que quitarnos como sociedad la alergia al Estado de Derecho. Cumplir la ley, señores gobernantes, no es delito.

Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 16 de enero de 2013).


El marginado municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero. Resulta que en esa comunidad, predominantemente indígena, se organizó desde hace 18 años una policía comunitaria para garantizar, en apego a sus usos y costumbres, justicia. Bien, empezaron con asambleas en las que se discutían asuntos como el del señor que golpea a su esposa, y se aplicaban sanciones, como que el agresor debía cumplir con cierto número de horas de trabajo comunitario.

De eso queda realmente muy poco. Hoy son una suerte de milicia que coloca retenes y detiene a quienes ubican como narcos, violadores o secuestradores. Fuenteovejuna dice que está harto de "varios años de extorsiones en contra de comerciantes y ganaderos, secuestros e incluso violaciones a alumnos de las escuelas de nivel medio existentes en la región" y que por añadidura existe una total desconfianza hacia las autoridades federales y estatales. En suma, debe existir justicia y seguridad y como el Estado es incapaz de proporcionar esos valores mínimos de la vida en sociedad, pues los ciudadanos deben procurarse ambos, en propia mano y tal como los entienden.

Y eso es lo que están haciendo esos hombres con pasamontañas y escopetas en Ayutla de los Libres, Guerrero. Bueno, ¿y el Estado, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, qué? Pues nada, aparentemente en actitud de claudicación ante lo que es su deber y reducidos al dejar pasar mientras atinan qué hacer con esa bombita que ya les estalló.

La realidad impone la obligación de atender, en forma prioritaria, aquello que no puede más que caracterizarse como postales de la descomposición y que representan los grandes lastres que impiden avanzar hacia mayores niveles de bienestar y progreso.

Tan simple y a la vez tan complicado: Es la obligación del Estado el garantizar seguridad y procuración de justicia y mientras no pueda hacerlo -como es el caso de las comunidades predominantemente indígenas de Guerrero y, también, todos los municipios donde la delincuencia organizada se impone-, pues entonces mantendremos como país, las ventanas abiertas a expresiones de desesperación que desembocan en excesos, del tamaño del que es capaz de llegar Fuenteovejuna.

La cuestión es que hasta el momento no existe ninguna estrategia integral desde la esfera gubernamental y articulada con la sociedad para frenar el proceso de descomposición y sus múltiples expresiones, por lo que resulta verdaderamente complicado el poder plantear escenarios de éxito en lo que realmente importa, como es la seguridad y la justicia.

Bruno Plácido Valerio, vocero de la policía comunitaria, dice que tienen bajo su resguardo a 40 personas que serán juzgadas por diversos delitos, como secuestro y extorción. Dice también que será una asamblea popular la que determinará la sanción que se merecen y la forma en que serán "reeducadas".

Queda esperar que una de las formas de reeducar no sea el linchamiento y en su caso, que las autoridades legalmente constituidas por fin reaccionen y no lo permitan (por mucho que se lo merezcan secuestradores, violadores y extorsionadores), ya que de lo contrario el país pasaría de postales de la descomposición a postales del horror.

Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 15 de enero de 2013).


A una semana del inicio de la resistencia civil contra la delincuencia en comunidades de este municipio y en Tecoanapa en la Costa Chica del estado, la movilización retomó fuerza por la aprobación ciudadana de seguir con la vigilancia total a fin de acabar con los índices delictivos.

A pesar de la advertencia del desarme y del reforzamiento del Operativo Guerrero Seguro, la policía comunitaria apoyada por la Unión de Pueblos del Estado y Ciudadanos Armados continuarán con el control de la seguridad en las comunidades de Tecoanapa y Ayutla de los Libres donde aseguran "que esto llegó para quedarse".

Defensa ciudadana.

El presidente de la Comisión de Justicia del congreso local, Jorge Camacho Peñaloza, calificó la defensa civil iniciada por ciudadanos del municipio de Ayutla de los Libres contra la delincuencia, como un síntoma de la ingobernabilidad y de un Estado fallido.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 14 de enero de 2013).


Cientos de campesinos e indígenas del estado de Guerrero se armaron y tomaron las entradas de sus poblaciones para combatir al crimen organizado que acosa a sus comunidades.

Pobladores de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villarreal, Cuautepec, Copala y San Marcos tomaron las armas para defenderse de un grupo de narcotraficantes "que les pide pago de cuotas, cobra extorsiones y vende droga en sus escuelas".

Uno de sus voceros, que pidió el anonimato por seguridad, dijo que desde el domingo pasado tomaron esa decisión, luego del secuestro de un ganadero de una comunidad de Tecoanapa, por el cual los presuntos delincuentes exigían un pago de 150,000 pesos (casi 12,000 dólares).

"En ese momento la población se armó y salió en busca del ganadero, se instalaron puestos de revisión y se logró su libertad y la captura de 5 secuestradores", narró.

Desde el día del inicio de los operativos en busca de criminales y la instalación de los puestos de revisión han logrado la captura de 37 presuntos sicarios y halcones.

"Los tenemos detenidos cerca de una población y esperamos que sean juzgados en una asamblea, bajo los usos y costumbres de las comunidades", reveló uno de los dirigentes, con rifle en mano y el rostro cubierto.

Los campesinos e indígenas, que en su mayoría portan escopetas y armas cortas, mantienen instalados puestos de seguridad en las carreteras y entradas a los municipios de Ayutla, Tecoanapa y Florencio Villareal.

En estas localidades pertenecientes a la región de la Costa Chica de Guerrero, que registra elevados índices de pobreza y marginación, se produce marihuana y es un paso para el trasiego de drogas a Estados Unidos.

En la zona opera un grupo del crimen organizado identificado por la autoridades como Los Pelones y que en un tiempo perteneció al cartel de Arturo Beltrán Leyva, quien falleció en diciembre de 2009 en un enfrentamiento con miembros de la Marina.

(V.periódico El Informador en línea del 11 de enero de 2013).


Gran molestia generó entre los contribuyentes cumplidos, el hecho de que el congreso haya incorporado una amnistía de pago de impuestos y multas a los incumplidos; sin embargo, dicha disposición desconocida al parecer por la mayoría de los contribuyentes y sus asesores, ya estaba incorporada en la Ley de Ingresos de la Federación para 2012, la única novedad que considero grave es que en materia de adeudos de los gobiernos de los estados, municipios y el Distrito Federal, incluyendo sus organismos, se les condona el total de los adeudos, incluyendo sus accesorios, por la omisión total o parcial del entero del Impuesto Sobre la Renta a cargo de sus trabajadores, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2012 y anteriores, cumpliendo algunos requisitos que serán dados a conocer por el SAT. Además se les otorgará a dichas entidades un estímulo fiscal de 60 por ciento para 2013 y 30 por ciento para 2014, en los términos del "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, de Derechos y Aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de diciembre de 2008.

Lo anterior es un grave error, ya que fomenta la reiterada práctica de los gobiernos, incluyendo a nuestro poder judicial y al congreso estatal, de beneficiar a sus trabajadores con un mayor sueldo al no retenerles lo que por disposición constitucional les corresponde pagar de ISR, situando a los trabajadores privados en plena desventaja; la diferencia neta entre un sueldo y otro puede llegar hasta 30%, violando con esto los principios constitucionales de igualdad y equidad, ya que a ambos tipos de trabajadores debería efectuarles las mismas retenciones.

Pero esto no para ahí, imaginemos que un patrón del sector privado omite ya sea por error o descuido el retener y enterar o simplemente enterar dichas retenciones, entendamos que no es dinero de él, sino que simplemente cumplió con la disposición legal de retener al trabajador el impuesto a cargo de este, derivado de la percepción de ingresos que causan impuestos, esto es, está beneficiándose de un dinero que no es de él, provocando con ello un fraude al fisco federal, el cual además se considera "delito calificado" en los términos del Código Fiscal de la Federación, esto es, si el monto de lo evadido es menor, esto es hasta un poco más del millón de pesos purgará prisión de 3 meses a 5 años; si la evasión está entre 1.3 a 1.8 millones pena de 2 a 5 años y si la cantidad es mayor a 1.8 millones deberá purgar una pena de 3 a 5 años, pero además como el delito es considerado como calificado la pena que corresponda se aumentará en una mitad.

En base a lo anterior, si cualquier ente de gobierno omitió enterar contribuciones retenidas a sus trabajadores los titulares de estos deberían estar en la cárcel como cualquier contribuyente y no premiarlos con una condonación que solo a ellos les aplica, ¿y a los patrones particulares cuándo los premiarán?

Héctor A.Romero Fierro, auditor, contador público, abogado y corredor público
(v.pág.24 del periódico Milenio Jalisco del 11 de enero de 2013).


En México los políticos se sustraen con frecuencia al imperio de la ley, pero la ley no puede nunca sustraerse al imperio de los políticos.

Prueba de lo que digo es la torpe acción de los asambleístas del Distrito Federal que reformaron la ley expresamente para favorecer a los culpables de actos vandálicos y de pandillerismo cometidos el pasado 1o. de diciembre. ¿Asamblea Legislativa? Quienes aprobaron esa sucia reforma, hecha para un caso especial y con dedicatoria, no merecen el nombre de legisladores: son politicastros que usaron burdamente su poder -en mala hora adquirido- y torcieron la ley con fines puramente partidistas, de política.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas del 10 de enero de 2013).


Un joven estudiante de medicina va de compras a Tepito y es matado a golpes por una turba de comerciantes. Los lugareños creyeron que era un ladrón pero antes de siquiera comprobar sus sospechas -y, en caso de que se vieran confirmadas, de llamar a la policía como toca cuando se vive en una sociedad civilizada- decidieron arreglar las cosas por su cuenta y lo lincharon salvajemente.

Esta es un noticia no demasiado infrecuente en un país, el nuestro, que sigue siendo espeluznantemente bárbaro por más que muchos mexicanos tratemos de mirar hacia el otro lado. Lo más curioso es que una tragedia tan tremenda no merezca los titulares de todos los diarios y que no sacuda masivamente las conciencias de los ciudadanos. Tras un suceso así, deberíamos de estar todos en las calles, exigiendo no solo justicia y castigo para los culpables sino exhibiendo nuestra indignación. Porque, señoras y señores, no estamos hablando aquí de la violencia que protagonizan esos delincuentes a quienes se les puede suponer, de entrada, una condición humana disminuida, por así decirlo; el sicario se dedica precisamente a eso, a matar, a ejecutar por encargo y, como vemos todos los días, perpetra sus crímenes de forma especialmente atroz, con una crueldad tan terrorífica como ajena a la inmensa mayoría de nosotros. Pero, por favor, un grupo de comerciantes, o esos vecinos de Chalco que apalearon y quemaron vivos a tres muchachos inocentes, ¿no son individuos como usted y yo, es decir, no vienen siendo gente común y corriente de la cual uno no esperaría, en lo absoluto, comportamientos sanguinarios y salvajes?

Eso es, precisamente, lo que resulta tan perturbador e inquietante: la aparente normalidad de unas personas que, de pronto, pueden llevar a cabo un acto descomunalmente espantoso y que, encima, lo hacen movidas por una suerte de furia justiciera que resultaría, por si fuera poco, de la escandalosa ineptitud de nuestro aparato de justicia. Si los policías y los jueces no son capaces de castigar al delincuente, pues entonces la turba enardecida será la que se encargará del asunto sin mayores trámites, sin juicio y sin sentencia, sin tribunales y sin pruebas de descargo. Retrocedemos ahí siglos enteros y nos instalamos en aquellos tiempos oscuros donde no había leyes escritas ni instituciones encargadas de hacerlas respetar. El problema es que todo esto ocurre aquí y ahora, en México, en un país que aspira a la modernidad pero donde se cometen atrocidades, en el espacio público, que nos desacreditan totalmente como una sociedad civilizada. Y lo peor, repito, es que casi nadie parece escandalizarse. ¿Cómo es que podemos acomodarnos tan fácilmente al horror?

Román Revueltas Retes
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 4 de enero de 2013).


El 1o. de diciembre se convirtió en una papa caliente que Ebrard dejó empapelada en bomba molotov. Mancera presionó y logró crear leyes a la medida de 14 presos que, pese a que no está clara su participación en los hechos, merecían una mejor salida que esta.

Porque si eran inocentes, Mancera debió haber aportado elementos para sacarlos, de la misma forma que si fueran culpables.

Gonzalo Oliveros
(v.pág.17 del periódico Milenio Jalisco del 4 de enero de 2013).


La impunidad alienta la corrupción. La buena fiscalización y el castigo a los que roban recursos públicos la inhibe.

Ayer la Procuraduría de Chiapas detuvo a 6 ex alcaldes que apenas en septiembre terminaron sus gestiones municipales, por el delito de peculado, o sea, por robarse el dinero recaudado para los servicios públicos. Y va por 12 más.

Varios presidentes municipales que llegaron en octubre denunciaron ante los diputados del congreso chiapaneco que encontraron desfalcados sus ayuntamientos. Los legisladores ordenaron a su Órgano de Fiscalización Superior investigar las quejas de los ediles entrantes y su auditor agilizó la revisión de esas cuentas públicas. Las inspecciones acreditaron los desvíos, y los diputados denunciaron las irregularidades en la Procuraduría, cuya Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos por Servidores Públicos capturó ayer a los ex munícipes y los llevaron ante el juez, que antes les había obsequiado las órdenes de aprehensión por considerar demostradas sus corruptelas.

Todo eso en menos de 3 meses.

Hoy en Chiapas muchos funcionarios se la pensarán 2 veces para desviar los recursos públicos a su cargo, sólo por el hecho de que no hubo impunidad con sus antecesores a los que se les investigó y ahora están tras las rejas.

Eso que pasó ayer en aquella entidad sureña, en la que apenas el 8 de diciembre pasado asumió como gobernador el treintañero Manuel Velasco Coello, postulado por el Partido Verde y el PRI, ratifica 3 lamentables cosas que padecemos y que no hemos podido transformar como jaliscienses:

  1. Que nuestra entidad se empieza a distinguir como el paraíso de la corrupción por la impunidad que impera y que sostienen los principales cuadros de la clase política y gubernamental de todos los partidos políticos. Más del PAN, que en sus 3 sexenios, hizo garras sus banderas de honestidad. En Jalisco, en 3 años, ninguno de los muchos ex alcaldes denunciados en los primeros meses de 2010 ante el congreso y la procuraduría fueron detenidos ni llevados al juez. De lo que ha sucedido con las querellas nada sabemos. El saldo de esas denuncias contra ex munícipes, es una triste y solitaria orden de aprehensión no cumplimentada en contra del ex tesorero de Tlajomulco. Lo mismo pasa con corruptelas en dependencias estatales como el CAPECE o de organismos como el SIAPA.
  2. Lo mal que andamos en materia de fiscalización de los dineros públicos. Como todas las cuentas públicas son objeto de negociación política, la acción de los auditores no tiene consecuencia alguna.
  3. Que episodios como el vivido ayer en Chiapas, difícilmente pasará aquí mientras la fiscalización esté en manos de Lutero. El auditor Alonso Godoy Pelayo está en el centro de otro caso paradigmático de corrupción impune en Jalisco como lo es el de la LVIII Legislatura que gastó casi 600 millones de pesos sin justificación legal.

El procurador Tomás Coronado tiene 2 meses para reivindicarse, el doble del que necesitó un procurador recién llegado en Chiapas.

Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 4 de enero de 2013).


El fenómeno de la corrupción es universal, se ha dado en todos los tiempos y en todas las culturas. México tiene fama de ser un país corrupto y de que los mexicanos participamos activamente de este problema con el que hemos convivido sin aparente conflicto. La corrupción se manifiesta en todos los niveles de la sociedad lo que implicaría que hemos logrado construir un complicado sistema de simulación del que muchos se benefician.

Se considera que la corrupción daña a la sociedad porque obstaculiza la construcción de un Proyecto de Nación, por ello es castigada por el Estado, aunque es sabido que en los altos niveles del poder suelen darse actos de corrupción en lo político y en lo económico que afectan la credibilidad de la sociedad en las instituciones.

Algunos países en el mundo presumen de una alta moralidad y combaten la corrupción imponiendo valores a su propia sociedad y exportando hacia el mundo lo que autocalifican como un modelo a seguir en cuanto a la observación y respeto a las leyes que impiden su avance. Naciones como México han intentado imitar esta observancia del marco legal como principio para la construcción de una sociedad equitativa, igualitaria, democrática y sin corrupción, pero a pesar de las buenas intenciones de los gobernantes la necia realidad mantiene vigente y anclada esta forma de relación que opera de manera transversal en la sociedad.

La corrupción en México es un problema social, económico, político y cultural. Enrique Peña Nieto estableció como uno de sus compromisos terminar con la corrupción y tomó la decisión de cerrar la institución encargada de combatirla -Secretaría de la Función Pública- y crear la Comisión Anticorrupción.

Asimismo, se promovieron cambios a la Ley Federal de Transparencia para aumentar las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información con el propósito de transparentar las políticas públicas y las acciones de los funcionarios y los organizamos e instituciones.

La organización no gubernamental Freedom House elaboró y divulgó con datos del Banco Mundial su reporte "Países en la encrucijada" donde informa que el costo de la corrupción en México, para ciudadanos y empresas, es de 1"404,000 millones de pesos, cantidad que equivale a 9% del producto interno bruto.

Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresa 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el costo total que la inseguridad y el delito tienen en las unidades económicas del país es de 115,200 millones de pesos al año, lo que equivale a 0.75% del PIB. El delito más cometido durante 2011 fue actos de corrupción con 24.7%, seguido de robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes con 22.6%. La extorsión representó 14.5% de los incidentes, el robo hormiga 11.9% y el fraude 8.5.

Recientemente fueron reveladas en los medios de comunicación algunas acciones de corrupción que involucran a grandes empresas que se han beneficiado al corromper a los funcionarios públicos, aunque aparecen ante la opinión pública como víctimas.

Ingresar al siglo XXI con la pretensión de que México se transforme en un país de leyes, tiene como obstáculo combatir el lastre de la corrupción, esa práctica que permite simular a los grandes empresarios un altruismo para evadir impuestos, al ministerio público simular la impartición de justicia y con ello tolerar la impunidad, al maestro simular que enseña, al alumno simular que aprende, al gobernante simular que es eficaz, al banquero simular que cuida el dinero ajeno, al legislador simular que hace buenas leyes, a los religiosos simular que no aman el dinero. Cuando realmente terminemos con el sistema de simulación que por siglos hemos montado y estemos dispuestos a cambiar la necia realidad, será posible avanzar en la construcción de un país de leyes, equitativo, de relaciones honestas y confiables. Mientras haya impunidad será difícil creer en las buenas intensiones.

Enrique Pérez Quintana
(v.Yahoo! Noticias del 3 de enero de 2013).


Se supone que la actual legislatura en el congreso local parte de la premisa de que la anterior tuvo un desempeño no sólo mediocre, irregular, sino incluso ilegal. Desde noviembre saben, ya que así lo planteó con todas sus letras la Comisión Especial Temporal para el Análisis, Revisión y Cotejo del Patrimonio del Congreso del Estado, que los integrantes de la pasada legislatura burlaron de manera evidente los principios de austeridad, transparencia y eficiencia; que se les puede y debe cuestionar en los terrenos de la ética y la moral y que se registraron sistemáticas violaciones a la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, que se cometieron delitos como peculado, abuso de autoridad, sustracción de documentos, falsificación de documentos, entre otros.

No hay para donde hacerse, los actuales diputados sólo pueden hacer una cosa y ya se están tardando: deben, a la brevedad, encausar por las vías legales pertinentes la suma de yerros y omisiones, excesos y hasta tropelías que cometieron sus antecesores, ya que si no lo hacen simplemente serán cómplices del desaseo administrativo, torpeza política y de delitos que ameritan sanciones penales.

Los enterados afirman que la caracterización del desempeño de la anterior legislación, en los términos en que se hizo pública hace ya 2 meses, no fue más que un amago entre los grupos que manejan los hilos del poder en Jalisco, entre quienes habrán de tomar las riendas del Gobierno del Estado y poderes fácticos vinculados con la UdeG y partidos de oposición. Que realmente no se llevará el asunto al sendero jurídico ya que sólo se pretendía mandar mensajes. Un simple juego de pulsos.

Los actuales diputados tienen realmente poco tiempo para demostrar si efectivamente las cosas van a ser diferentes y que es posible confiar en que de ahora en adelante el que la hace, la va a pagar, o si son, justo como sus antecesores, sólo herramientas para hacer lo que les digan que hagan.

Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 2 de enero de 2013).


La determinación de Miguel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, de reducir las penas a quienes se encuentren culpables de alterar la paz y el orden públicos... ¿Por qué? ¿Se trata de quedar bien con los agitadores? ¿A quién cree que le está haciendo un favor? ¿Cree que con eso se resuelve el asunto de la represión y la actuación autoritaria de los cuerpos policiacos? Me parece una decisión inútil y desacertada de quien, se dice, quiere ser Presidente de la República.

No creo que esté ahí la solución de una sociedad, especialmente jóvenes, inconforme con el sistema político electoral de nuestro país y las prácticas de los partidos políticos durante campañas electorales antes de las elecciones.

Es fecha para proponerse no caer en excesos, ni en la absolución de quienes sí causaron daños y alteraron la paz pública; ni en la criminalización de todos los manifestantes cuando los más salieron a expresarse de manera pacífica.

Laura Castro Golarte
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 29 de diciembre de 2012).


Es de lamentarse el negativo precedente que para la plena vigencia del Estado de derecho, la impartición de justicia y el fin de la impunidad, estableció la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el pasado 26 del presente mes, al legislar a la carta con el objeto de dejar en libertad a 14 detenidos por los hechos ocurridos en la Ciudad de México el pasado 1 de diciembre.

La afectación que con ello se hace a la cultura de la legalidad y al imperio de la ley es inconmensurable. El mensaje que se manda es de que en México no sólo los ricos y poderosos son influyentes para evadir la acción de la justicia o ser impunes por los delitos o irregularidades que cometan. Ahora, también existe influyentismo "social", e impunidad para todos aquéllos que incurran en prácticas delictivas y dañen los bienes públicos y privados, siempre y cuando sea por razones políticas y en ejercicio de su sacrosanto derecho a la manifestación, al que quedan subordinados todos los demás derechos y libertades.

Cuando se legisla para favorecer a determinadas personas se está prostituyendo la labor legislativa y se está desvirtuando a la ley misma, puesto que ésta es coercitiva, general, abstracta e impersonal. Cuando se legisla para un grupo determinado de personas eso no es ley sino decreto, y eso fue lo que hizo la ALDF. Si tanto interés tenía la ALDF por liberarlos les hubiera concedido una amnistía que es una decisión legislativa dirigida a las personas de un grupo que haya cometido ilícitos.

Si tanto afán tenía el jefe de Gobierno del Distrito Federal de poner en libertad a esas 14 personas detenidas y sujetas a proceso penal, hubiera utilizado su facultad de tramitarles indulto a cada una de ellas (que sí es un acto legislativo personalizado), permitiendo previamente la acción de la justicia y la aplicación de la ley. Una vez cumplido esto entonces proceder a reformar la ley.

Ahora, los congresos de los estados deberán tomar en cuenta este negativo precedente de reformar la ley para liberar a un procesado. Claro, siempre y cuando sea un "luchador social" y actuado por criterios políticos y no con el afán de dañar a algo o alguien en especial. ¡Qué vergüenza! Pobre de la ley y la justicia en México, y más cuando está en manos del PRD.

El hecho de que el PRD -a través de 2 de sus diputados federales- hubiera pagado la fianza para que los detenidos recuperaran su libertad, evidencia la vinculación entre ese partido, los que maquinaron los lamentables sucesos del día 1 de diciembre y los que los realizaron. En Alemania o España al partido se le hubiera cancelado el registro y a sus dirigentes se les hubiera investigado. No puede ser que los partidos políticos y sus diputados apadrinen a personas presuntamente culpables de la comisión de delitos y sujetas a proceso penal.

Lo malo es que esas mismas autoridades, partidos políticos y legisladores son los mismos que luego despotrican contra la impunidad y la inobservancia de la ley. ¡Que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre!

Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de diciembre de 2012).


La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Senadores presentó un punto de acuerdo en ese órgano legislativo para que se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda a que de manera urgente implementen un mecanismo de condonación de adeudos contraídos involuntariamente por productores del país en el consumo de energía eléctrica de riego agrícola, pues muchos se han ido a la quiebra por esa situación y la tendencia de esa crisis va en incremento.

De acuerdo con el legislador Braulio Fernández, promotor del punto de acuerdo, junto con el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sánchez -entre otros senadores-, la CFE ha sido inflexible ante el crecimiento incontrolable de adeudos por concepto de suministro de energía eléctrica para riego agrícola, particularmente en los estados del norte del país con pozos profundos de riego. Tan sólo en la región lagunera de Coahuila y Durango creció a cerca de los 3,000 millones de pesos.

Se estima que actualmente existen en la región alrededor de 3,360 usuarios del servicio de energía eléctrica para uso agrícola de los cuales 2,750 tienen adeudo. "Esto significa que 3 de cada 4 usuarios tienen adeudo con la Comisión. Imaginemos lo que representa para un productor tener una deuda de más de un millón de pesos que fue generándose a lo largo de 10 años. Significa la hipoteca de su futuro, de sus cosechas futuras. Trabajaría para pagar deudas".

[Es lo mismo que sucede con muchos otros mexicanos con problemas con los bancos... ¿También van a pedir que se cancelen sus deudas? - El webmaster.]

Lo más preocupante de esta cuestión es que acceder a un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para finiquitar sus deudas es algo casi utópico, pues los productores agrícolas necesitan desembolsar un 10% del adeudo como "Anticipo para Documentar", lo que significa iniciar el "trámite de regularización"; una vez hecho esto, se firma un convenio de pago a 60 meses con pagos fijos.

"Así, el productor no solamente tiene que pagar la energía eléctrica que está consumiendo día a día, sino la parte del mes que le corresponde para liquidar el adeudo; ahora imaginemos la situación que vive un productor cuando no puede cubrir la mensualidad del adeudo. Es un círculo vicioso que semi esclaviza al productor agrícola".

[Es lo mismo que sucede con muchos otros mexicanos con problemas con los bancos... ¿También van a pedir que se cancelen sus deudas? - El webmaster.]

(V.periódico El Universal en línea del 28 de diciembre de 2012).


A casi un mes de los acontecimientos que enturbiaron y tensaron la toma de posesión del presidente de la república, quizá pueda forjarse un consenso simbólico capaz de repudiar y crear un cerco a 2 actitudes peligrosas: 1) la violencia desatada por grupos no identificados y 2) la violación por parte de las autoridades de los derechos de las personas. Trato de explicarme.

1. No se trata de una especulación. Los testimonios filmados están a disposición de quien quiera verlos. No son uno ni dos, sino decenas. Grupos de jóvenes organizados -no pocos encapuchados- agredieron de manera frontal, inequívoca, a policías, comercios, bastimento público. Desataron la violencia poseídos de una rabia aguda. No respondieron a una "provocación". Fueron a lo que fueron.

Ante esas conductas, es imprescindible el repudio sin coartadas. Repudio a los actos vandálicos, repudio a la violencia. Venga de donde venga, sin excusas ni pretextos. Repudio por motivos diversos: porque la violencia de inmediato produce víctimas, ya sea con daño físico o patrimonial; porque la violencia solo genera espirales de violencia y parece llamar al autoritarismo, y porque la violencia afecta a la propia disidencia cívica, democrática, abierta y pacífica. Con ella (casi) todos pierden: los afectados directamente, los encargados de contenerla e incluso quienes desde la oposición al gobierno luchan por los cambios en forma pacífica.

¿Es necesario insistir en que el fin no justifica los medios? ¿Recordar que los medios suelen ser más elocuentes y definitivos que los objetivos proclamados? ¿Insistir en que los medios modelan a los propios "sujetos políticos"? Por ello, conviene a (casi) todos refrendar la idea de una política pacífica y pública, capaz de enunciar con claridad sus objetivos y consciente de que existen otros que persiguen fines diferentes e incluso enfrentados, pero que están obligados a encontrarse en la escena pública de manera civilizada.

2. No se trata de una especulación. Los testimonios filmados están a disposición de quien quiera verlos. No son uno ni dos, sino decenas. Policías que arremeten contra manifestantes pacíficos y privan de su libertad a personas que ejercían sus derechos en la vía pública (y al parecer, incluso a simples paseantes o fotógrafos).

Se arrestó a "justos por pecadores", a ciudadanos inocentes, como lo probó el hecho de que luego de varios días detenidos tuvieran que ser puestos en libertad porque, simple y sencillamente, no habían cometido ningún delito. Se trató de algo más que de una equivocación, fue resultado de una orden no solo imprudente sino temeraria.

Cierto. Hemos visto de manera reiterada a la policía aguantar de manera estoica agresiones sistemáticas y orquestadas, y por supuesto que tiene derecho a defenderse. Pero la respuesta no debe ser (porque sí puede ser) en los mismos términos que la de los llamados vándalos. Varias razones existen para ello: en términos éticos, porque la autoridad debe distinguirse con claridad de quienes violentan la ley; en términos jurídicos, porque no se combate las transgresiones a la ley con nuevas o renovadas transgresiones a la ley, ello acaba emparentando a unos con otros y desnaturaliza la función de los propios policías. En términos políticos, porque las prácticas de la autoridad que violan los derechos de las personas, desvirtúan el ejercicio del poder y convierten a la autoridad en una entidad autoritaria. Y en términos pragmáticos, porque los abusos de autoridad invariablemente tienen efectos boomerang, como lo observamos desde el 1 de diciembre: agarraron a quienes no habían cometido ningún delito e incluso ninguna falta administrativa y fueron incapaces de atrapar a los que desencadenaron la violencia.

José Woldenberg
(v.pág.7 del periódico Mural del 27 de diciembre de 2012).


El senador panista Daniel Ávila Ruiz criticó la estrategia paternalista del gobierno federal que condona deudas de gobiernos estatales y municipales.

"Es premiar a gobernadores y alcaldes morosos. La deuda de algunos estados de la república la van a absorber todos los mexicanos", señaló.

Criticó que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiera sanear las finanzas de las entidades endeudadas, sin antes explicar las causas que llevaron a la quiebra.

La Secretaría de Hacienda acordó apoyar a los gobiernos de Michoacán, Chiapas, Zacatecas y Guerrero para enfrentar el cierre del año fiscal con la asignación de partidas discrecionales y la exención de deudas por falta de pago del Impuesto Sobre la Renta.

Ávila Ruiz consideró que esta medida paternalista sólo alienta la morosidad y la irresponsabilidad de las administraciones locales.

"Este paternalismo podría provocar que todos los gobernadores no paguen porque 'papá gobierno les va a condonar todas las deudas'", aseveró el legislador.

(V.pág.3 del periódico Mural del 27 de diciembre de 2012).


La informalidad en México ha llegado a niveles tan elevados que hasta el propio gobierno utiliza esquemas para contratar trabajadores sin cobertura de seguridad social y otras prestaciones laborales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Al cierre del 3er. trimestre de este año había 412,985 trabajadores en condición de informalidad en los 3 niveles de gobierno.

Esta cifra ha ido incrementándose, pues en el 2010 había 375,000 y en el 2011 sumaban 412,000.

Pero, son los municipios los que más están utilizando el esquema de contratar trabajadores sin prestaciones.

Para este año, del total de trabajadores informales, alrededor de 69,717 laboran para el gobierno federal, 89,975 en las administraciones estatales, y 253,293 en municipios.

En los municipios, 28.3% de su plantilla total son trabajadores informales, en tanto que en los gobierno estatales, la participación es de 10.9%.

Para el Inegi, los trabajadores informales son aquéllos que a pesar de estar laborando en una institución formalmente establecida, como empresas y dependencias de Gobierno en todos sus niveles, carecen de seguridad social e incluso, en algunos casos, de contrato.

(V.pág.8 del periódico Mural del 27 de diciembre de 2012).


Choferes de al menos 3 rutas del transporte público que operan en la zona oriente del Estado de México bloquearon ayer parcialmente, durante 3 horas, la carretera México-Texcoco en protesta por la frecuencia de asaltos en esa vialidad.

(V.pág.12 del periódico Mural del 27 de diciembre de 2012).


No necesitamos aquí a un opresor que asesine estudiantes o encarcele a sus críticos, sino simplemente a gobernantes que hagan cumplir las leyes que ya tenemos. Dicho en otras palabras, México no debe ser una dictadura sino tan solo un país normal, como cualquiera de los que son administrados por funcionarios que se saben legítimos.

A los nostálgicos del látigo hay que recordarles que el Estado tiene la facultad perfectamente legal de ejercer la violencia. Y el uso de esta fuerza, cuando se considera necesario, no tiene nada que ver con la brutalidad de los autócratas. Aspiremos, entonces, a que nuestros políticos hagan meramente su trabajo y olvidémonos de los represores cerriles.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 26 de diciembre de 2012).


Para combatir la impunidad en los casos de homicidio que se cometen en la entidad, no basta con contratar mayor cantidad de agentes del Ministerio Público, sino que urge mejorar la preparación de este personal y acabar con la corrupción, señaló el investigador de la Universidad de Guadalajara especialista en temas de seguridad pública Francisco Jiménez Reynoso, luego de que este medio dio a conocer que 7 de cada 10 asesinatos no se consignan ante un juez.

Por otro lado, Dante Haro Reyes atribuyó la impunidad en los casos de homicidios al déficit de personal con el que trabaja la procuraduría estatal.

El alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, indicó que es un reflejo de la falta de confianza a la autoridad.

Cabe citar que de la 981 averiguaciones previas que se integraron de enero a octubre de este año por homicidio, sólo 367 fueron consignadas ante un juez. 614 asesinatos permanecen en absoluta impunidad.

(V.pág.8 del periódico Milenio Jalisco del 21 de diciembre de 2012).


El presidente Enrique Peña Nieto ha pedido al procurador Jesús Murillo Karam una reevaluación de 2 de los instrumentos más injustos de la estrategia de la guerra contra las drogas: el arraigo y los testigos protegidos.

Esta es una decisión valiente. El arraigo fue creado para violar las garantías individuales. Es una detención sin orden judicial y sin pruebas que se extiende mucho más allá de las 72 horas que la Constitución establece como límite máximo para definir la situación jurídica de un detenido.

Ya la Suprema Corte de Justicia determinó en una ocasión que el arraigo es inconstitucional. Pero el gobierno y el congreso enmendaron nuestra muy parchada carta magna para volverlo constitucional.

La figura del testigo también se ha modificado. Originalmente un testigo debía ser una persona de "buena fe". La credibilidad era una de las características fundamentales para rendir testimonio en un proceso. Un buen abogado podía desacreditar a un testigo si demostraba que tenía antecedentes penales o incentivos para mentir.

Lo anterior cambió con los llamados "testigos protegidos". La idea original, la que surgió en países como Italia y Estados Unidos, era proteger a personas de buena fe que presentaran testimonios en contra de miembros de la delincuencia organizada. Proteger a un testigo implicaba ocultar su identidad y en algunos casos cambiarle el nombre para darle la posibilidad de reiniciar su vida en otro lugar y bajo otras circunstancias.

Pero los testigos "protegidos" del sistema mexicano son diferentes. De hecho, la ley los define como "testigos colaboradores". No son personas de buena fe o de buena reputación, sino criminales confesos que declaran lo que la autoridad les pide a cambio de algún beneficio o de un pago. La forma correcta de referirse a ellos sería "testigos beneficiados", como los ha llamado el penalista Juan Velázquez, o incluso "testigos comprados". Este fue el caso de Fernando Rodríguez, a quien la PGR le pagó 500,000 dólares para incriminar a Raúl Salinas de Gortari por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.

El procurador Murillo Karam ha reconocido que de casi 4,000 arraigos que promovió la PGR en los últimos 2 años sólo se procedió penalmente en poco más de 120 casos. En los otros los investigados fueron liberados, pero nadie les compensó los daños a su vida personal o familiar o a su reputación.

Los testigos beneficiados han sido utilizados para procesar a personas sobre las que no parece haber pruebas de ninguna irregularidad. Uno de los casos vigentes es, al parecer, el del general Tomás Ángeles. Las autoridades deben tener instrumentos para lograr la colaboración de criminales, pero los testimonios comprados no pueden ser la única prueba para consignar al presunto responsable de un crimen.

Los procuradores de los gobiernos anteriores afirmaban que sin el arraigo muchos criminales peligrosos no podrían ser detenidos. Un ejemplo que se ha señalado es el de César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, violador y homicida serial que se escapó de una oficina del estado de México en febrero de 2012 porque no podía ser arraigado o detenido formalmente. Habrá que buscar una solución jurídica para estos casos, pero no tiene sentido seguir deteniendo a inocentes.

No será fácil abandonar el arraigo y los testigos comprados, que han generado una dependencia enorme a una policía floja que detiene para investigar. Pero si queremos un sistema de justicia que realmente castigue a los criminales y no a simples chivos expiatorios, esta reevaluación es indispensable.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 20 de diciembre de 2012).


Aguascalientes.- Con un crecimiento de un 461% de arraigos, el procurador Felipe Muñoz Vázquez presumió los beneficios de la medida cautelar, pues permite perfeccionar las investigaciones, dijo.

En su comparecencia ante diputados locales, como parte de la glosa por el Segundo Informe de Gobierno, el fiscal indicó que mientras en el 2010 se solicitaron 26 arraigos, para 2011, cuando él asumió el cargo, la cifra llegó a 180 y este año van 146.

"La gente cuando ingresa a la casa de arraigos, es porque (...) sabemos que están vinculados a muchos otros delitos", afirmó.

(V.pág.8 del periódico Mural del 20 de diciembre de 2012).


El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reconoció que la fugura del arraigo no ha surtido efecto, ya que de casi 4,000 arraigos solicitados en un lapso de 4 años durante el sexenio pasado, sólo en 129 casos se actuó penalmente, "lo que implica que 3,800 mexicanos fueron injustamente arraigados".

De hecho, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a que se realice una revisión de esta herramienta jurídica del arraigo, así como del uso de los testigos protegidos, como parte de un proceso de reestructuración que se iniciará en la PGR.

Un informe de la PGR obtenido a través de una solicitud de información detalla la creciente utilización del arraigo en investigaciones contra presuntos integrantes del crimen organizado: entre diciembre de 2006 y julio de 2011, la ahora Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada arraigó a 6,313 personas, de las que 74.5% (4,704) fueron consignadas y se les dictó auto de formal prisión, aunque no se revela cuántos al final fueron sentenciados.

El documento detalla que en el 2006 fueron arraigadas 42 personas; en 2007, 703; en 2008, 1,111; en 2009, 1,517; en 2010, 1,679; mientras que entre enero y julio de 2011, sumaban 1,261.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 19 de diciembre de 2012).


Las autoridades no han podido siquiera erradicar las extorsiones por derecho de piso que hacen pseudolíderes estudiantiles a los comerciantes formales e informales que operan en las inmediaciones de centros escolares de la ciudad [de Guadalajara].

Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 14 de diciembre de 2012).


Al aprobar la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, la Cámara de Diputados también avaló condonar 60% de las deudas de estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal por concepto de Impuesto Sobre la Renta de sus empleados.

La condonación de débitos acumulados por ISR se extenderá a los organismos descentralizados y autónomos locales.

(V.pág.4 del periódico Mural del 13 de diciembre de 2012).


El sistema de justicia penal de Jalisco sanciona a sólo 0.5 personas de cada 100 que delinquen.

(V.pág.2-B del periódico El Informador del 11 de diciembre de 2012).


El fallo del Tribunal de Justicia del Distrito Federal sobre la liberación de 56 de los 69 detenidos durante los enfrentamientos del primero de diciembre será controvertido pero, sobretodo, oculta el único hecho que reapareció el primero de diciembre tras lustros de estar ausente: la participación de grupos de policías vestidos de civiles que actuaron en contra de civiles, en donde estaban mezclados quienes expresaban su inconformidad contra la asunción presidencial de Enrique Peña Nieto, con grupos anarquistas que están en contra de todo poder establecido, y cuadros del EPR que siempre aprovechan estas coyunturas.

El fallo argumenta que no se aportaron pruebas suficientes para demostrar ataques a la paz social, y generará un problema en la policía, cuyos elementos serán sujetos ahora a un proceso para determinar el uso o abuso de la fuerza que emplearon, y los colocará en la disyuntiva futura de si es mejor actuar en casos similares o, como tantas veces en el pasado, dedicarse a la contemplación para evitarse problemas legales. La autoridad queda vulnerable sobre el uso legítimo de la fuerza y aún quienes resultaron beneficiados del fallo judicial, no estarán satisfechos hasta que vean castigados a quienes afirman los reprimieron.

Pero la tensión social no se circunscribe sólo a este episodio. El primero de diciembre tiene profundidades más hondas de las parece. Hay una parte documentada y alarmante, la aparición de grupos policiales vestidos con ropas similares a las de los grupos más violentos en las calles aledañas al congreso, y que se mezclaron entre ellos.

Nada se sabe de cómo actuaron los grupos policiales vestidos de civil. Unas 18 cámaras de seguridad en la zona de San Lázaro registraron todo lo que sucedió, pero las autoridades federales no habían pedido hasta la semana pasada ese material.

De acuerdo con quienes han visto las imágenes, se puede apreciar cómo se prepararon los civiles para el choque y cómo se fueron infiltrando entre los manifestantes. También se ve, agregaron, como la Policía Federal protege a ese grupo de civiles, algunos de los cuales usan un brazalete y guantes negros como forma de identificación. El punto de mayor intensidad registrado es cerca del congreso, donde los servicios de inteligencia de la Policía Federal habían detectado desde poco después de las 4 de la mañana cómo los grupos más radicales preparaban las bombas molotov y los petardos con esquirlas.

La participación de esos grupos de choque trae muy malos recuerdos. En 1968 la "Brigada Blanca" y 1971 "Los Halcones", infiltraron y reprimieron estudiantes y civiles en general. ¿Es el caso en 2012? Hasta ahora así parece y las autoridades guardan silencio.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 11 de diciembre de 2012).


Se supone cuando sin tener evidencias se establecen juicios o conclusiones más o menos justificados en opiniones generales como: así ha sido siempre, qué casualidad, era de imaginarse, lo dice mucha gente, no podía esperarse otra cosa, etcétera. La suposición es entonces una negación que nulifica el pensamiento crítico que, de otra forma, cuestiona, analiza y se resiste a las conclusiones fáciles; también puede ser una frivolidad criminal cuando de una suposición se pasa a la toma de decisiones que afectan la vida de personas e instituciones.

El pasado 1 de diciembre tanto en Guadalajara como en el Distrito Federal se dieron diversos actos vandálicos junto con protestas pacíficas, que aún siendo pacíficas, iban en contra de las reglas de la democracia. Protestar porque un determinado partido ganó así sea por una mayoría ínfima, es desconocer a lo que obliga una elección abierta. Protestar porque se supone que hubo fraude electoral es todavía peor, ya que efectivamente se está partiendo de una suposición, en la medida que tal no ha sido cabalmente demostrado. Pero es que se supone que quienes debían demostrar el fraude se vendieron. O se supone que quienes hicieron el fraude lo hicieron a la perfección. O se supone que los grandes poderes capitalistas nacionales y extranjeros manipularon todo, incluyendo las grandes televisoras; y así se puede seguir suponiendo un sinfín de cuestiones que a la postre no llevan a actos supuestos, sino a actos vandálicos que dañan el patrimonio público y el privado.

Desde luego que hay muchas cosas por las cuales todo el país debería levantarse y protestar: México no puede darse el lujo de seguir pagando a tan alto número de funcionarios públicos tan altos salarios, teniendo en la pobreza a la mitad de su población. La nación no puede seguir manteniendo congresos legislativos tan abultados como inútiles. Las instituciones públicas no deben seguir atrapadas en la lógica de la corrupción... Pero no basta protestar, ni mucho menos hacerlo cometiendo todo género de delitos, el primero de ellos, protestar por encargo, es decir, protestar, gritar, y destruir porque me pagaron, porque me ofrecieron una plaza, porque me dejan vender piratería o robado.

Sin embargo nada puede frenar este vandalismo cuando al final los responsables quedan en libertad "por falta de pruebas", "porque eran delitos menores", "porque se equivocó el actuario", porque Derechos Humanos hizo valer sus fueros, o porque los mismos vándalos de ayer hoy arman nuevas manifestaciones, plantones y protestas intimidatorias. Lo vimos en el caso de Michoacán, donde se cometieron delitos de diversa índole, se capturó a varios responsables, y posteriormente los dejaron en libertad no por falta de méritos, sino por falta de autoridad.

Si en nuestro país la ley no se puede aplicar por razones políticas, por consideración al poder económico de determinadas personas, por crecidos sobornos, por evitar males mayores o por cualquiera otra excusa, entonces estamos bastante lejos aún del llamado estado de derecho, ante esta perspectiva las cosas no sólo seguirán igual, van a empeorar.

Armando González Escoto
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 9 de diciembre de 2012).


Esta película ya la hemos mirado: grupos de agitadores de todas las proveniencias arman disturbios en una determinada localidad y cuando la fuerza pública interviene no hay ya manera de saber si lo hizo de forma correcta, para preservar simplemente el orden público y salvaguardar los bienes de vecinos que no tienen nada que ver en el asunto, o si, por el contrario, perpetró abusos contra personas inocentes que pasaban por ahí o que simplemente ejercían el derecho, perfectamente legítimo, de protestar.

La capital de Estados Unidos (Mexicanos) padece una auténtica epidemia de protestas callejeras que afectan directamente a sus ciudadanos, tan resignados como impotentes y que, curiosamente, no salen ellos a los espacios públicos a exigir que esas manifestaciones se regulen, como en todas las ciudades del mundo civilizado, para no afectar la actividad económica y, sobre todo, para garantizar un derecho irrenunciable, el de la libre circulación. En Chilpancingo, Morelia y Oaxaca también tienen lugar protestas que afectan seriamente la vida cotidiana de sus habitantes y que provocan pérdidas incalculables. Y sabemos que cualquier pretexto es bueno para bloquear la carretera México-Puebla o, justamente, esa importante autopista del Sol que cruza la capital del estado de Guerrero.

Estamos hablando de un fenómeno que viene siendo, ahí sí, una verdadera imposición en tanto que restringe las garantías de terceros y perjudica directamente a sus intereses. El viajero que circula por una autopista y que se topa con un bloqueo se trasforma automáticamente en un rehén; el habitante de un barrio que no puede llegar a una entrevista laboral porque turbas de manifestantes cierran una avenida sufre un perjuicio irreparable que, encima, nadie le va resarcir; la enfermera a la que se le aplica un descuento por arribar con retraso al hospital no tiene tampoco a quién pedirle cuentas. Pero, las víctimas de estos abusos parecieran no sólo carecer de derechos, sino tampoco merecer consideración alguna: no cuentan porque, por lo visto, no representan intereses dignos de atención y, en consecuencia, las autoridades de este país se desentienden de obligaciones tan fundamentales, en lo que toca a las garantías que debieran ser aseguradas a la colectividad, como el simple mantenimiento del orden público o el resguardo del patrimonio de los particulares. Y así, los normalistas de Michoacán incendian autobuses y sus cofrades de Guerrero prenden fuego a una estación de servicio -donde, por si fuera poco, un empleado se abrasa y termina luego por morir en el hospital- sin que ocurra una respuesta terminante del Estado (y, extrañamente, sin que otros sectores de la ciudadanía expresen esa feroz indignación que, por el contrario, se apresuran a exhibir los activistas de los movimientos "sociales" cuando uno de los suyos es víctima de la "represión").

Estamos hablando, luego entonces, de grupos que parecen gozar de derechos diferentes: México se ha poblado de colectivos que han logrado un escandaloso nivel de impunidad por el mero hecho de exhibir, lo repito, ostensibles y muy declaradas aspiraciones "sociales". Por lo visto, lo "social" es una auténtica patente de corso para perpetrar toda suerte de desmanes a la vista y paciencia de autoridades acobardadas que, renunciando vergonzosamente a la innegable legitimidad que les otorga el hecho de haber sido elegidas democráticamente, se abstienen de intervenir porque el fantasma del 68, o sea, la ignominiosa realidad de un gobierno auténticamente represor, intolerante y autoritario, sigue impregnando sus negras conciencias. No se actualizan y no se han enterado de que México, hoy día, es otro país y de que, en las democracias liberales hay leyes y reglamentos que autorizan plenamente el uso de la fuerza pública para responder a la violencia.

Pero, justamente, el problema se agudiza doblemente porque la actuación de nuestros cuerpos policiacos, cuando reciben finalmente la orden de intervenir, no es tampoco la adecuada: no sabemos, para empezar, si detienen a los verdaderos culpables de los desmanes; y, de seguro, cometen excesos y arbitrariedades. Y es ahí, al confrontarnos a la contingencia de la brutalidad policiaca, donde volvemos al punto de partida en el asfixiante círculo vicioso que escenifican, por un lado, los provocadores, los inconformes urgidos de (redituable) victimismo, los extremistas y, por el otro, los funcionarios acomodaticios, los hombres públicos temerosos de apoquinar con el consabido "costo político", los dirigentes populistas y los gobernantes irresponsables.

¿Quién paga los platos rotos? Pues, México entero, un país que sigue siendo el sumiso rehén de las minorías vociferantes.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 9 de diciembre de 2012).


Basta caminar por casi cualquier banqueta de la ciudad para darse cuenta de la poca importancia que nuestra sociedad otorga a la ley. Las banquetas siempre están invadidas por autos y sólo pocos ciudadanos se atreven a recriminar el acto al automovilista, la inmensa mayoría suele tolerar la infracción como si se tratara de un acto de mera descortesía. No lo es.

Pero los autos en la banqueta son sólo la base de toda una cadena de profundas irregularidades de una sociedad que francamente tolera el abuso sistemático de unos contra otros. Así se trate del vertedero de contaminantes en un río, de la quema de bosques para ejecutar desarrollos inmobiliarios, de abusos policiacos en contra de ciudadanos ejerciendo su derecho al uso de la calle y su libertad de expresión o del despliegue de las fuerzas militares desatando una guerra sangrienta que lleva 80,000 muertos y ha normalizado las imágenes de violencia en el imaginario colectivo.

No parece, o al menos yo no lo veo por ningún lado, que exista algún canal institucional para resolver los abusos constantes. Las instituciones son francamente inoperantes.

En Jalisco; y en el resto del país la situación es poco diferente; los partidos están, todos, rebasados. La opción institucional para hacer política que pueda conducir a la resolución de conflictos se convirtió en un mero tráfico de lealtades y conveniencias de empoderamiento, en extremo alejadas de los problemas reales.

El instituto de transparencia hace todo por no tener que transparentar, la Auditoría Superior no audita a nadie y su titular logra aferrarse al puesto a pesar de las evidencias presentadas por múltiples grupos de ciudadanos, la comisión de derechos humanos se convirtió en un elefante blanco burocrático e inoperante, las instituciones encargadas de organizar las elecciones aprendieron a hacerse de la vista gorda ante las onerosas e ilegales diferencias entre las campañas políticas. La pasada legislatura, secuestrada por grupos de poder, blanqueó las arcas del congreso sin que nadie sepa que pasó. El sistema judicial parece incapaz de llevar a criminales reales a la cárcel.

Felipe Reyes
(v.pág.16 del periódico Milenio Jalisco del 7 de diciembre de 2012).


La violencia del 1o. de diciembre en la Ciudad de México demuestra una vez más el daño que hace la falta de protocolos claros de actuación de las fuerzas de seguridad frente a protestas o agresiones.

Las autoridades sabían que se avecinaba un reto muy fuerte y por eso tomaron la inusitada medida de establecer el tan protestado cerco del Palacio Legislativo una semana antes de la inauguración. Las agresiones el primero de diciembre se registraron desde un principio. Grupos de manifestantes arrojaron piedras, palos, bombas molotov y petardos a la Policía Federal. Incluso secuestraron un camión de basura, le prendieron fuego al contenido de la caja de carga, y lo usaron como ariete contra las vallas tras las cuales se encontraba la policía.

Por otra parte, algunos videos muestran que después de esta agresión un grupo de policías federales salió de detrás de las vallas y cuando menos un par de ellos dispararon en contra de los manifestantes. Al parecer usaron balas de goma. Hay indicios, por otra parte, de que algunos o muchos de quienes fueron detenidos en el centro histórico no eran los que estaban causando destrozos.

En países democráticos como Estados Unidos y España los tribunales suelen proteger a los policías. Esto da certeza jurídica a la fuerza pública que puede obedecer con confianza las órdenes de sus comandantes. Las manifestaciones de protesta son permitidas, aunque los organizadores tienen que solicitar primero un permiso del municipio que autoriza la ruta y la marcha misma. Lo que no se acepta son los plantones o bloqueos.

Si los policías son agredidos, o si los manifestantes se resisten a un arresto, se considera justificable el uso de la fuerza. No se considera aceptable, por contra, disparar contra una multitud. Estas reglas claras ayudan a la seguridad de todos. Tanto los manifestantes como la Policía saben hasta dónde pueden llegar.

En México, las reglas son inexistentes o discrecionales. Las consecuencias jurídicas por un mismo hecho son radicalmente distintas. En el bloqueo de la carretera Chamapa-Lechería de 2006 hubo violencia contra la Policía local, por lo que las autoridades municipales y estatales pidieron el respaldo de la Policía Federal, que junto a la mexiquense abrió la carretera y detuvo a presuntos responsables. Al parecer miembros de las dos policías cometieron abusos a los derechos humanos. Pero mientras que los policías federales no han sufrido consecuencias, los del Estado de México fueron condenados hasta a 60 años de cárcel.

Hemos visto otros casos en que las agresiones a policías, como en el bloqueo de la Autopista del Sol en Chilpancingo por alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, llevan al uso de la fuerza pública y a castigos en contra de ésta, pero no de los agresores iniciales. Poco importó en Chilpancingo, por ejemplo, que un empleado de una gasolinera fuera asesinado, al parecer por estudiantes. En México se castiga a los policías pero no a los manifestantes que violan la ley.

Es muy importante establecer protocolos para la fuerza pública. Si lo que se quiere es que cualquiera pueda bloquear calles y carreteras, impedir ceremonias oficiales o lanzar bombas molotov, hay que dejarlo claro... por lo menos para que los policías no sigan arriesgando su vida y su libertad en actuaciones que se les ha hecho pensar son su deber. En cambio, si lo que se quiere es poner límites a las protestas, hay que establecer cuáles son y cuáles las facultades de las fuerzas del orden. Tener reglas, cualesquiera que sean, es mejor que el vacío en el que vivimos en la actualidad.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 6 de diciembre de 2012).


De lo que pasó el sábado pasado en las afueras de la Expo Guadalajara todos vimos más o menos lo mismo: un contingente de jóvenes de diferentes grupos, #YoSoy132, SomosMásde131, simpatizantes de Morena y grupos anarquistas hicieron una marcha de la Plaza Juárez a la Expo. Algunos de ellos, los más radicales, casi todos con la cara cubierta, lanzaron piedras contra el edificio del PRI, contra las instalaciones de Televisa Guadalajara y al llegar a la Expo contra los policías e incluso contra la gente que hacía cola para entrar a la Feria Internacional del Libro. Cuando comenzaron las agresiones contra lo policías muchos de los jóvenes que no estaban de acuerdo con los actos violentos se sentaron en la calle y se entrelazaron en un actitud clara de no agresión. Los policías agredidos se fueron calentando y cuando se vieron rebasados, lejos de mantener la formación, cargaron contra los jóvenes. Golpearon indiscriminadamente a quien se encontraron en su paso y detuvieron al que se dejó.

Muchos de los detenidos, quizá la mayoría, nada tuvieron que ver con la agresión a Televisa, ni al PRI, ni a los policías en la Expo. Los policías actuaron en función de sus corajes. Se mezclaron la ingenuidad de los jóvenes manifestantes, que no fueron capaces de distinguir que el grupo de radicales los iban a llevar a un callejón sin salida, con una policía incapaz e inmadura que reaccionó con mucho coraje y poca inteligencia. Las imágenes de policías golpeando a macanazo limpio a jovencitas sentadas en la calle son más que elocuentes: arremetieron parejo en busca de alguien que pagara y no de detener a quienes los atacaron (lo más patético es la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pidió 11 meses para pronunciarse y emitió medidas cautelares contra la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad, cuando fue la Policía Municipal la que actuó el sábado).

Hay que perseguir el vandalismo y la agresión a policías. Pero así como cuando un policía actúa mal y la corporación pide, con razón, que no se satanice a toda la institución, no podemos aceptar que se equipare a quien protesta con un delincuente. Hubo 10, 15, 20 jóvenes que actuaron violentamente y destruyeron patrimonio ajeno. Hay que dejar muy claro quién destruyó patrimonio (esos merecen llamarse delincuentes, no manifestantes) y quien, con nombre y apellido, de entre los policías cometió abusos de autoridad. Eso es cumplir con el estado de derecho.

Diego Petersen Farah
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 4 de diciembre de 2012).


Conozco pocos mexicanos que jamás se hayan comportado, en un sentido u otro, de un modo corrupto. Esto no lo señalo con el índice de fuego del profeta, sino con la resignación de un vecino que conoce a sus vecinos. No hemos destacado por ser una sociedad respetuosa de las leyes. Presumimos de cálidos, hospitalarios, alegres y hasta solidarios, pero de cívicos no hay modo. Los naturales de este país somos, además, extraordinariamente cínicos. Poquísimos entre nosotros han sido socialmente apestados por delinquir, ni siquiera aquellos que han purgado en prisión sus delitos. Por el contrario, no pocos recurren a una actitud de ofendida pureza si se les señalan sus faltas, incluso las flagrantes.

Como pocos mexicanos que se precien tienen consideración alguna por las autoridades de ningún tipo, nos resulta de lo más sencillo engallarnos y culpar a una instancia suprema por cualquier acusación que se nos pueda hacer, así existan millones de pruebas acusatorias. Tanto el que destripa como el que estafa pueden decirse víctimas de una conjura y sobrarán quienes estén dispuestos a creerles.

Toda esta reflexión ética viene a cuento porque se ha estado repitiendo en los medios (y en las redes sociales, que funcionan como una suerte de repetidoras domésticas) el argumento de que el país es víctima exclusivamente de sus autoridades y sus bandas criminales, y que la ciudadanía es buena e inocente y sufre amarrada de pies y manos, en la impotencia, el resultado de las maquinaciones de los poderosos.

Se sufre, sí, y mucho. Pero me temo que inocencia, entre nosotros, hay poca. Sobran gobernantes omisos o coludidos y delincuentes impunes y empoderados a extremos absurdos. Pero ni unos ni otros son extraterrestres ni agentes de una potencia extrajera con quienes no compartamos nada. Quizá la peor parte de la pesadilla mexicana consiste en que el criminal es el vecino o pariente, que es aquel por quien votamos o el que éste designó para cumplir una función muy distinta a enriquecerse. Somos, pues, los clientes, vecinos, parientes, amigos, conocidos, empleados, de quienes causan lo que vemos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Mucho me temo que mientras el país esté políticamente desmovilizado, nada.

Antonio Ortuño
(v.pág.8-B del periódico El Informador del 2 de diciembre de 2012).


Cuando López Obrador demandaba la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong y de Manuel Mondragón por la supuesta represión a los jóvenes del #YoSoy132, vándalos destruían y quemaban comercios e instalaciones públicas frente a una policía expectante. El político que pudo ser presidente estaba desinformado de lo que sucedía o, lo que es peor, simplemente mostraba incapacidad para diferenciar inconformidad de vandalismo. Le cegó el afán de echar a perder la fiesta del adversario ganador. Suerte que las cosas no hayan llegado a más. La prudencia que mostraron las fuerzas del orden fue aprovechada por los atacantes y el vandalismo se impuso.

Antes, los duros de López Obrador hicieron del congreso un mercado con la falta de orden, las trampas de siempre y el abuso de la tribuna al grado de denunciar una muerte que nunca ocurrió. El país ya se acostumbró a atestiguar la degradación de la política por la falta de compostura de una parte de la oposición. El descrédito viene de los menos, pero suficiente para dañar a todos.

El movimiento estudiantil #YoSoy132 ha sido lastimado en su esencia. Los modosos universitarios inconformes de inicio han sido suplantados por groseros atacantes que corto les queda el título de porros. Durante la campaña no supieron marcar distancia al manoseo electoral de López Obrador, tampoco a los movimientos ajenos al sentido de su lucha como el SME o la CNTE. A toro pasado se deslindan de los vándalos, tarde, muy tarde. Una pena, por el valor y la autenticidad de su lucha de origen. También debieran exigir que las autoridades esclarezcan y deslinden responsabilidades, que los agresores enfrenten la justicia.

Una democracia de malos perdedores está dañando en sus fundamentos a la república. Las elecciones no concluyen la disputa por el poder, incluso cuando hay un fallo judicial de por medio. El vandalismo es consecuencia; si al congreso le degradan, si las instituciones son desprestigiadas, si la ley se cumple a conveniencia y López Obrador se declara repetidamente despojado de un triunfo imaginario, es fácil que la protesta derive en bandolerismo.

Una parte de la oposición se ha vuelto rehén del fundamentalismo. La república amorosa ha derivado en odio e insulto, en una majadera falta de respeto a la más elemental urbanidad política. Una vez que se acabó el proceso electoral, el político regresa a las andadas, los improperios y calumnias se reparten con la misma ligereza de ayer. Así sucede por la complacencia de todos, porque los políticamente correctos no tienen los arrestos para señalarle al inmaculado ex candidato presidencial el grave daño que ocasiona al país y a la política.

Los radicales dentro del PRD tienen a dónde irse. Morena es un proyecto que les viene a modo; el PRD debe ser una opción institucional como lo exigen sus afines en gobierno.

La toma de protesta es una derrota para López Obrador. El 1 de julio perdió la elección. El 1 de diciembre perdió causa y cauce; se impuso el vandalismo, que con singular denuedo ha prohijado.

Federico Berrueto
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de diciembre de 2012).


La ofensiva de estos grupos radicalizados tuvo como resultado la semidestrucción del corredor que va de la glorieta del monumento a Cristóbal Colón, en Paseo de la Reforma, y toda la avenida Juárez hasta el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, así como varios lesionados graves y casi 70 detenidos.

Al final, consiguieron su objetivo, portales internacionales y agencias de noticias, al igual que canales de televisión nacionales, dedicaron amplios espacios a las refriegas de manifestantes que tenían como objetivo generar disturbios y confrontar a las fuerzas policiacas, como revelan diversas páginas de grupos radicales que orientaban en sus espacios a sus seguidores en diversas formas para romper los cercos de seguridad y agredir a los policías.

Horas después, se reveló la mano que se escondía detrás de estos zafarranchos, evidentemente planeados y provocados, cuando a través de las redes sociales los adictos a Andrés Manuel López Obrador esparcían falsas versiones sobre muertos en los enfrentamientos, y el propio líder de Morena declaraba a los medios que sus jóvenes huestes habían sido injustamente reprimidas por los granaderos y exigía, de entrada, la renuncia de Miguel Osorio Chong como secretario de Gobernación.

Néstor Ojeda
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de diciembre de 2012).


¿Por qué en México no podemos tener un cambio de gobierno normal? ¿Por qué el presidente entrante no puede tomar posesión como en cualquier otra parte del mundo?

¿Qué esperan que les diga a las multitudes? ¿Que les pida perdón por haber ganado las elecciones? ¿Que renuncie y se vaya a su casa?

¡Por favor! ¡Son puras ganas de perder el tiempo! ¡De salir en la foto! ¡De echarle a perder la fiesta, no nada más al señor y a su partido, a las personas que genuinamente votaron por él y que merecen respeto!

Lo que pasó ayer en la avenida Juárez de la Ciudad de México es imperdonable.

Todos esos grupos que están tan inconformes con la llegada de Enrique Peña Nieto y del PRI a Los Pinos deberían hacer un ejercicio de autocrítica y, en lugar de insistir en alimentar su pésima imagen, deberían de ponerse a trabajar rumbo a las elecciones de 2018.

Si tanto quieren sentarse en La Silla, ¿por qué no le hablan a la ciudadanía? ¿Por qué no le hablan con calma, con serenidad, sin proyectar todo ese terror, sin proyectar todo ese odio?

A lo mejor tienen razón pero no saben hacer las cosas, no se saben comunicar. México quiere paz y la guerra no puede ser el camino para esa paz.

¿Usted cree que nadie les va a cobrar la factura en las campañas de 2018? ¿Usted cree que alguien se va a tragar sus cuentos de amor y ternura cuando nos los vuelvan a contar dentro de 6 años?

Alvaro Cueva
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de diciembre de 2012).


Un presunto ladrón de 21 años fue asesinado a golpes al interior de una tienda de autoservicio en la ciudad de Veracruz, tras ser sorprendido por empleados tratando de hurtar una cápsula con dinero, producto de las ventas del día.

La Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado informó que sus agentes realizan las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades.

Los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas del jueves en un Chedraui en el centro del Puerto de Veracruz, cuando trabajadores de esa empresa estaban a punto de cerrar el negocio.

Según las primeras diligencias, el estudiante Jonathan Michel "N" ingresó a la tienda ubicada sobre la avenida Salvador Díaz Mirón, donde intentó asaltar a una de las cajeras.

El suceso provocó la movilización de los empleados de seguridad, quienes al tratar de detenerlo habría sacado un arma punzocortante hiriendo a uno de ellos, lo que provocó la furia de los trabajadores.

Testigos que estaban pagando sus compras relataron que los guardias llevaron al joven a los baños, donde lo golpearon hasta matarlo; sin embargo, existe otra versión que señala que lo amarraron a uno de los pilares donde fue golpeado por empleados y clientes.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Policía Naval, quienes dieron parte a la PGJE, que ordenó la detención de 5 personas, entre ellas la novia del presunto asaltante y 4 empleados de la tienda, para aclarar el crimen.

Ese mismo jueves, en la zona del Mercado Hidalgo, también en el centro de Veracruz, una turba intentó linchar a un presunto ladrón que fue sorprendido robando una tienda de pañales.

Se trataba del ex convicto Víctor Hugo "N", quien salió corriendo después de llevarse dinero del negocio pero fue alcanzado por más de 10 locatarios en el Callejón de Cuatro Ciénagas.

Ahí, los afectados lo golpearon hasta que llegó la Policía Naval para detenerlo y rescatarlo de un linchamiento; el sujeto fue enviado a un hospital debido a su estado de salud.

(V.periódico El Universal en línea del 30 de noviembre de 2012).


Yo pensé que entendía el estado
de derecho.

Yo pensé que entendía la justicia.

Nomas lo pensé.

Era un país donde un grupo de
vándalos impedía de manera impune
la toma presidencial y las ceremonias
patrias.

Era un país en el que las autoridades
y la policía observaban pasivos.

Era un país (único en el mundo) en el
que, experiencia de por medio, se tiene
que poner un cerco para "blindar"
el congreso y que presidentes y
señorías puedan llegar a cumplir con
la Constitución.

Era un país en el que los mismos
vándalos tiran el cerco porque, oiga
usted, atentan contra la "libertad de
tránsito".

Cuando conocí ese país me di cuenta
que no entendía el estado de derecho
ni la justicia.

Nemesio Maisterra
(v.pág.7 del periódico Mural del 29 de noviembre de 2012).


Aparece el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para recordarnos que en la médula, somos un país en el que reina la impunidad. Poca importancia y menor atención mereció ese rosario de datos que ratifican que en los aspectos verdaderamente importantes no logramos avanzar ni un ápice.

La CNDH sostiene que actualmente en México sólo 8 de cada 100 delitos que se cometen son denunciados, y solamente 1% de los ilícitos que se registran es perseguido por las fiscalías y llega a sentencia condenatoria. Por cada 100 delitos, sólo 1 recibe castigo, de ese tamaño es la impunidad que campea en literalmente todo el territorio nacional.

Pero hay más: de 2005 a la fecha se recibieron 34,385 quejas en contra de servidores de la seguridad pública federal, y también en los últimos años se incrementaron la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, los allanamientos y cateos ilegales, la desaparición forzada y los asesinatos. Actualmente, la comisión investiga 2,126 casos de desaparición forzada de personas, contabiliza 46,015 personas ejecutadas durante los últimos 6 años, así como 15,921 cadáveres no identificados y 1,421 cadáveres inhumados en fosas clandestinas.

Este es el país que gobernará Peña Nieto, en el que hoy por hoy la ineficiencia y corrupción del sistema de procuración de justicia permite que sólo 1 de cada 100 delitos se castigue y mientras esta condición no cambie sustancialmente, todos los logros que se concreten en otras aristas de la vida política y económica quedarán eclipsados.

Alejandro Irigoyen Ponce
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 26 de noviembre de 2012).


A la Sierra de Manantlán entraron por la fuerza. Tiraron árboles. Abrieron brecha. Avanzaron camiones gigantes. Como para cargar pedazos de cerros. Los trascabos llegaron a la Reserva de la Biosfera, metieron máquinas, reventaron la tierra, encontraron hierro y lo treparon por toneladas a las tolvas.

La escena se repitió cerca del Área Natural Protegida, especialmente en 2010 y 2011, años en que se registró la misma problemática en Jalisco y Michoacán. La mayor parte del hierro extraído de manera ilegal ha salido por Manzanillo y Lázaro Cárdenas rumbo a China, el país que más consume este metal.

Todo empezó con la crisis de 2008: el precio de los minerales subió a la estratósfera y empresas trasnacionales escanearon el mundo para hallar países con yacimientos atractivos y legislaciones flexibles. México cumplió los requisitos.

Con los ríos de dinero del dragón asiático, la codicia se activó y provocó un boom de minería ilegal.

En 2010 y 2011 ubicaron grupos armados que extraían minerales para venderlos a China. La PGR descubrió una red de "lavado" de dinero. El subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Sergio Herrera Torres, señala que en 2010 y 2011 se exportaron 4 millones (?) anuales de hierro. La mayor parte fue ilegal, afirma; algunos exportadores ni siquiera tenían los títulos de las concesiones.

(V.primera plana del periódico El Informador del 24 de noviembre de 2012).


El Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas urgió al estado mexicano a abolir la figura del arraigo y también a aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas.

El CAT observó "con preocupación que, a pesar de lo recomendado con anterioridad, el Estado elevó a rango constitucional la figura del arraigo en 2008, estando también regulada por algunas entidades federativas, como en Jalisco".

A la luz de lo establecido en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, "el comité reitera su recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal".

El comité se dijo preocupado por el aumento progresivo del número de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales o particulares que actuarían con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en estados como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 24 de noviembre de 2012).


Oaxaca vivió ayer bloqueos carreteros durante más de 8 horas, impuestos por maestros de la Sección 22 del SNTE, estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, trabajadores del sector salud y ambulantes, quienes protestaron, cada uno desde sus espacios, para exigir a las autoridades educativas y al gobernador, Gabino Cué Monteagudo, dar respuestas a sus demandas económicas, políticas y sociales.

Los bloqueos dejaron pérdidas estimadas en 300 millones de pesos, según empresarios.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 24 de noviembre de 2012).


Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del sector Valles Centrales de Oaxaca, bloquearon la carretera federal 190 a la altura de los cruceros que comunican a las poblaciones de San Pablo Villa de Mitla y Santiago Matatlán, para demandar a las autoridades educativas la cancelación de módulos irregulares en poder de la Sección 59 en ambas comunidades.

En tanto, un grupo de padres de familia de la Villa de Mitla, mantienen guardia permanente en el preescolar "Belisario Domínguez", para evitar que los integrantes de la Sección 22 recuperen esta institución educativa.

(V.periódico El Universal en línea del 21 de noviembre de 2012).


Al comparecer ante el Senado de la República, Julio César Vázquez Mellado, quien integra la 1a. terna de aspirantes a sustituir al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que "de nada sirven las leyes si no hay quien las aplique a toda su cabalidad".

(V.periódico El Universal en línea del 20 de noviembre de 2012).


De nueva cuenta los normalistas de Michoacán bloquean calles. Este fin se semana, los estudiantes reanudaron movilizaciones como parte de un plan de acción para lograr que sean liberados de cargos judiciales 49 estudiantes que enfrentan acusaciones de sedición, motín y daño en propiedad ajena.

Este sábado bloquearon por espacio de 12 horas la salida a Salamanca y la avenida Ventura Puente a la altura de avenida Camelinas, lo que causó molestia y enfrentamientos con los automovilistas y peatones que intentaban llegar a un evento cultural en el Centro de Convenciones de esta ciudad.

Los normalistas exigen que los 49 estudiantes sean exonerados de los cargos que son acusados por los hechos del pasado 15 de octubre, cuando fueron desalojados de las normales de Arteaga, Cherán y Tiripetío.

Ante el posible arribo de normalitas al centro histórico, al menos 11 patrullas con sus respectivos elementos policiacos resguardaron el Palacio de Gobierno.

Por su parte, el Gobierno del Estado ha ratificado que no cederá en la exigencia de los normalistas de exonerar los cargos de que son acusados los jóvenes que participaron en los hechos del pasado 15 de octubre.

Jesús Reyna García, secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, ha advertido que la administración estatal podría tomar medidas "en cualquier momento", para que los normalistas "dejen de agredir a la ciudad y a la ciudadanía".

El movimiento de estudiantes normalistas ha advertido como respuesta que radicalizará sus acciones si el día de hoy domingo el Gobierno del Estado no reanuda el diálogo con ellos y ofrece alternativas.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 18 de noviembre de 2012).


En México es cosa común el que los juzgados estén llenos de acusaciones falsas. Falsificaciones de confesiones, firmas que no concuerdan con las reales, entorpecimiento de la ley.

Por supuesto que indigna y, como sociedad, se ha pedido una reforma al sistema judicial una y otra vez.

Gonzalo Oliveros
(v.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 16 de noviembre de 2012).


A las decenas, primero, y centenares, después, de personas de todas las edades que desempolvaron las bicicletas y se lanzaron a pedalear ciertos días de la semana, por la noche, por varias calles de la ciudad, se sumaron los pelafustanes que saltaron de la recreación al relajo, del relajo al desorden y del desorden a lo que sigue: insultar, ofender o agredir a los transeúntes que se cruzaban por su camino; incurrir en actos de vandalismo; consumir alcohol y drogas. Todo ello, amparados en la impunidad, porque ni hay autoridad que los vigile o los sancione, ni hay una persona sensata que se atreva a reclamar -¡y mucho menos a enfrentar!- a una horda de rufianes que de eso precisamente piden su limosna para saltar, de plano, a la violencia.

Todo ello, en suma, con el agravante de la cobardía.

Como suele suceder, no siempre las buenas ideas que surgen en el seno de la llamada "sociedad civil" -antaño se le denominaba "pueblo" a secas- son secundadas adecuadamente por la autoridad. La contaminación de los "paseos ciclistas" por parte de patanes decididos a desvirtuarlos exhibe la incapacidad -o la tibieza, al menos- de quienes tienen, por ley, la encomienda de preservar el orden público.

Jaime García Elías
(v.pág.8-B del periódico El Informador del 12 de noviembre de 2012).


Gracias a las películas y programas televisivos estadounidense sabemos que de la 2a. mitad del siglo XIX a la 1a. del XX, no solamente en el oeste de aquella nación, sino en el este y en Florida, la corrupción y la impunidad imperaban en todos los niveles. La ley del oeste era la ley de la selva, y la ley de Chicago a Miami, era la metralleta.

Para por lo menos controlar esta situación propia de seres humanos en desbandada, los norteamericanos tenían, como nosotros, tres posibilidades: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. No descuidaron ninguno pero se aplicaron muy conscientemente al fortalecimiento del poder judicial, es decir, en la medida que se abata la impunidad, y se abata con absoluto rigor, se abatirá la delincuencia.

Depurar y formar a la policía, promover jueces incorruptibles, erradicar prácticas leguleyas, limpiar la estructura y la subestructura del ejercicio de la justicia, y muchas otras cosas más pudieron hacerse porque no dependían necesariamente de la opinión de congresistas comprados o de la del presidente en turno. Ni siquiera se hacía necesario llevar el mensaje al sistema educativo, el hecho mismo de la justicia ejercida con rectitud educa, escarmienta o previene.

En México sabemos bien hasta qué punto un presidente llega al poder con márgenes mínimos de maniobra, con infinidad de compromisos y poderosas fuerzas dispuestas siempre a paralizar los mejores propósitos. Sabemos que por lo menos los próximos 6 años, la educación como instrumento de superación nacional seguirá como la hemos visto, de manera que no parece ser el camino, siendo el mejor de todos. La situación del poder legislativo es degradante lo mismo a nivel federal que a nivel estatal, lo mejor que podrían hacer es emitir una ley que los suprimiera a todos y diera lugar a una radical e inteligente reingeniería de este poder.

Habría entonces que poner la mirada en nuestra última opción: la reforma del poder judicial, tarea de extraordinario significado pero sin duda más difícil de enfrentar que la misma desarticulación de la delincuencia organizada. El poder judicial semeja una enorme escalera de caracol que desde su primer peldaño está ya podrida, de forma que uno debe sujetarse del barandal, sólo que éste se halla poblado de toda una serie de sujetos que no te permiten hacerlo si no es por medio de dádivas cada vez mayores conforme más se asciende.

Si de este nivel se pasa al sistema carcelario, ya no hay nada que añadir, hoy día y seguramente desde hace muchos años, las cárceles no están en manos del gobierno, sino de las agrupaciones "sindicales" de sus habitantes, cuyo poder las ha convertido en inexpugnables centros de operación, de los cuales además, se puede entrar y salir a placer, de lo contrario, siempre habrá operativos exitosos que vayan y saquen de ellas, lista en mano, a los efectivos que requiera la maquinaria delincuencial mexicana. Habrá que estar atentos para advertir por cuáles caminos el nuevo gobierno intenta superar efectivamente la situación del país, dar la impresión que la supera, o francamente cambiar de tema.

Armando González Escoto
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 11 de noviembre de 2012).


Manifestantes de la Unión de Artesanos Yacatecuhtli bloquearon la circulación vial en avenida Vallarta y Chapultepec, de 21:00 a 23:00 horas, para exigir la liberación de 2 de sus compañeros, detenidos por elementos del grupo Lobos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, informó Carlos Morales Ledesma, representante de la agrupación, que dirige Salvador Cabrera.

El cierre a la circulación comenzó minutos antes de las 21:00 horas y provocó la molestia de los automovilistas, que en varias ocasiones amenazaron a los manifestantes con pasar sobre de ellos.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 11 de noviembre de 2012).


Recientemente en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Guadalajara, se revelaron cifras incómodas sobre el comercio formal e informal de nuestro país. "En el 2012, creció la actividad económica ilegal 13% y la actividad económica legal, sólo 4%", refirió uno de sus principales dirigentes con respecto a la afectación de la piratería y el contrabando.

La economía informal ha servido como una válvula de escape junto con la migración hacia Estados Unidos y en el caso de México, actualmente 68.2% de la ciudadanía está empleada en ese esquema, indicó Armand Peschard, del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos.

¡68.2% de los mexicanos está en la informalidad! Esto no sólo tiene consecuencias que vulneran la credibilidad y la vulnerabilidad en las autoridades que rigen al comercio informal, sino que también se percibe ineficacia en nuestra democracia.

¿Cómo es posible que más de la mitad de la actividad económica en México sea ilegal? ¿Quién pondrá un freno a esta espiral imparable?

En una sociedad en donde los ciudadanos no están en igualdad ante la ley, el resultado es invariablemente, la miseria del conjunto de esta, e impera el desorden, la injusticia y la desigualdad, los peores enemigos de una economía próspera.

O todos pagamos impuestos... o nadie. Pero no se vale como está ahora la situación, que el peso fiscal está a cargo de unos pocos que hacen las cosas de manera legal, pagan impuestos, licencias municipales, renta de locales, sueldos, IMSS y los otros, disfrutando de los mismos privilegios, pero sin pagar nada.

Es inaudito e inaceptable que no exista autoridad que los obligue a regularizarse.

Que baste que organicen una marcha, que se manifiesten bloqueando calles, para que las autoridades les concedan lo que piden.

Todo esto provoca descontento, frustración y aleja al verdadero empresario.

Al que quiere invertir, al que se quiere arriesgar, para instalar una empresa que genere empleos y prosperidad para la región.

Definitivamente, la solución a la pobreza, no se arregla con el comercio informal. Es más sano para una sociedad, que sus ciudadanos marchen dentro de la ley, paguen sus impuestos para poder disfrutar de un sistema de vida de orden e igualdad.

Pero es cierto también, que el gobierno no otorga las facilidades para que un emprendedor registre legalmente su pequeño negocio debido a la tramitología y burocracia.

Es común que empleados de los ayuntamientos, aconsejen al comerciante, que no se registre, hasta que el inspector vaya a levantar la infracción.

La pobreza se soluciona otorgando trabajos legales y honestos a los ciudadanos, y es obligación del gobierno, instruirlos en la legalidad, porque alrededor del comercio informal, nacen otras actividades ilegales como el contrabando y la piratería.

Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.31 del periódico Milenio Jalisco del 9 de noviembre de 2012).


Defienden su extorsión.

(V.pág.2 del periódico Mural del 8 de noviembre de 2012).


Es fácil culpar al gobierno saliente del incremento en la violencia en México. Su intervención ha sido ineficaz y las razones que dio para enfrentar al crimen organizado han sido cambiantes y poco convincentes. Sin embargo, el problema de fondo, la debilidad del Estado, no lo inventó el gobierno del presidente Calderón. Cuando llegó al poder, diversos gobiernos locales, con la indolencia del gobierno federal, habían permitido que el crimen organizado creciera y mutara hacia otras actividades. Por ejemplo, el grupo criminal La Familia, que en Michoacán llegó a publicar a finales del 2006 un inserto en los periódicos locales en el que prometía: "Erradicar del Estado de Michoacán el secuestro, la extorsión directa y telefónica, asesinatos por paga, el secuestro exprés, robo de tráilers y automóviles, robos a casa-habitación..." ya que "hemos visto que es la única manera de poner orden en el estado...".

Es un "orden" que puede parecer menos violento que el actual. Sin embargo, está basado en la intimidación y la violación impune de cualquier derecho. Suele ser inestable. Los conflictos al interior de una organización criminal o con su competencia se resuelven con violencia y es fácil que ésta escale. Además, es muy probable que el cártel ganador no se conforme con el tráfico de drogas y termine por extorsionar, secuestrar, controlar la piratería, la prostitución, el robo de gasolina... Hasta a operar minas se dedican.

En Acapulco, en el mes de octubre, ejecutaron a dos de quienes administraban la base de datos del catastro. Quieren cobrar "directamente" su predial. Conseguirán hacer esto o cosas peores, sea legal o no la droga, si las instituciones son débiles y corruptas.

Carlos Elizondo Mayer-Serra
(v.periódico Mural en línea del 8 de noviembre de 2012).


El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, retó ayer a la federación a proceder penalmente en contra de estudiantes normalistas, como lo hizo su administración por el robo y quema de vehículos.

El priista argumentó que a la fecha el gobierno federal no ha presentado denuncia alguna por las lesiones que sufrieron agentes federales, en el operativo para recuperar las unidades.

"Quiero mencionarles que hay 3 policías federales muy graves; uno perdió ya de por vida la vista y el oído, es decir, se quedó sordo. Y esto, bueno, yo creo que ya está en la cancha también de la federación", declaró.

"(De parte del Gobierno del Estado) se integró una averiguación y ahorita habrá que esperar cuál es la decisión del juez y de la federación, porque la federación todavía no ha hecho nada (...). Yo creo que lo tienen que hacer quienes fueron agraviados directamente, que es la Policía Federal", retó el mandatario.

De acuerdo a datos oficiales, el operativo del pasado 15 de octubre para recuperar casi un centenar de unidades que habían sido retenidas por estudiantes, dejó como saldo una decena de policías heridos.

Entre los lesionados había uno que sufrió quemaduras de tercer grado en rostro, brazos y cuerpo, además de otro que fue presuntamente alcanzado por un petardo.

Por este operativo, la Procuraduría de Justicia del Estado consignó a 49 estudiantes por los delitos de sedición, motín, robo de uso y daño en las cosas con agravante de incendio.

Sin embargo, ninguno quedó formalmente preso.

El juez que lleva el caso solamente encontró elementos para procesar a los estudiantes por motín y robo de uso, cargos que les permiten continuar el juicio sin pisar la prisión.

Ante la presión de normalistas, Vallejo respondió que esa decisión ya no está en sus manos.

Por su parte, los normalistas emprendieron ayer nuevas movilizaciones con una marcha en el centro de la ciudad y un plantón frente al Palacio Legislativo.

"A la sociedad le pedimos que vean que nuestra lucha es justa, que estamos peleando por la educación, que nosotros no estamos luchando por caprichos ni por beneficios personales", declaró Ricardo Vega, vocero del movimiento.

(V.pág.8 del periódico Mural del 8 de noviembre de 2012).


En la última década los jueces federales han necesitado de mayor seguridad porque la que tenían ya no era suficiente, tanto que algunos de ellos se transportan ahora en vehículos blindados, tienen seguridad de la Policía Federal o han tenido que ser escoltados por personal del Ejército Mexicano, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza.

El ministro reconoció que la violencia asociada al crimen organizado también alcanzó a los jueces, que a diario enfrentan amenazas en el desempeño de su trabajo.

El presidente del máximo tribunal reconoció que algunos juzgadores se apartan de los principios de independencia y autonomía judicial, y que en estos casos la Judicatura tiene en curso investigaciones internas a integrantes del Poder Judicial de la Federación "no necesariamente relacionadas con el crimen organizado, sino con patrones de comportamiento en el tema disciplinario".

Silva Meza reconoció, sin embargo, la existencia de casos como el del juez del llamado "michoacanazo", quien fue recientemente destituido de su cargo, recordó que a la Judicatura le corresponde únicamente el aspecto disciplinario, luego de verificar la veracidad y la suficiencia probatoria de las acusaciones que se presentan en contra de los juzgadores.

La persecución de los delitos, agregó, le corresponde a la Procuraduría General de la República.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 6 de noviembre de 2012).


La Ley Suprema de este país establece que "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos" (Art. 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Esa garantía establece, empero, salvedades: "determinación judicial, cuando se ataquen derechos de terceros", o "resolución gubernativa". Esas limitaciones, en el fondo, son similares a las que tiene la garantía de libre tránsito (Art. 11) cuando la autoridad coloca semáforos en la vía pública. Y así como los semáforos representan restricciones a la libertad, sí, pero en beneficio del orden, lo mismo puede decirse de la prohibición de ejercer un oficio lícito "el comercio" donde la autoridad, en el ánimo de garantizar el derecho de los más a usar los espacios públicos sin que los menos los invadan en su beneficio, así lo estima pertinente.

Jaime García Elías
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 5 de noviembre de 2012).


Para no "hacernos bolas" habría que dejar en claro que los ordenamientos municipales ya existen; "que no hay que buscarle 3 pies al gato", empero, la siguiente acción sería preguntarnos si la ley se dialoga; que los comerciantes fijos, que sí pagan impuestos -muchos de los ambulantes también los pagan, aunque éstos lo hacen en las "ventanillas" no autorizadas de funcionarios corruptos-, desde siempre han exigido, sobre todo, durante las campañas políticas, el respeto a la ley y su derecho a contar con calles despejadas que les permitan trabajar y obtener los ingresos necesarios para pagar nómina, renta, luz, impuestos, y además lograr la utilidad que esto les signifique.

No obstante que a los comerciantes fijos les asiste la ley, la autoridad también tiene que considerar a los más desvalidos, los miles de ciudadanos en edad de trabajar que no cuentan con un empleo redituable; a los miles de estudiantes que no pudieron ingresar a la universidad u otros estudios, por falta de recursos económicos o incluso por falta de capacidad o gusto por el estudio, mismos para los que "lo más fácil" es dedicarse al ambulantaje.

Este mismo contexto se convierte en un excelente "caldo de cultivo" para quienes se dedican al contrabando, venta de la llamada fayuca y por si fuera poco, entreverados entre ellos, un buen número de vendedores de droga, quienes en pleno Centro de la ciudad y a plena luz del día y de la noche, hacen de las suyas y ofrecen su mercancía a propios y extraños, esto es, a citadinos, visitantes y turistas.

Por supuesto que aquí no cabe la disyuntiva o el chantaje de que si no les permiten trasgredir la ley, esto es, vender sus productos en el centro histórico, se pueden pasar al bando de los narcotraficantes o asalta peatones -que por cierto abundan-, pues "a río revuelto, ganancia de ladrones", y los policías mejor se voltean para otro lado.

Ni que decir de las mafias sindicales y partidistas que bajo el amparo constitucional se organizan para "defender" los derechos de los miles de ciudadanos que no han encontrado -tal vez, ni buscado- otra alternativa de trabajo y que hacen del "dialogo con las autoridades" su principal elemento de fuerza.

Aspecto de suyo importante a cuidar es la imagen que hacia el turismo dan los vendedores ambulantes... y ¿entonces?

Cuauhtémoc Cisneros Madrid
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 3 de noviembre de 2012).


Para acabar con la impunidad, que es la que alienta al crimen, necesitamos gobernantes con los d’esos bien puestos (y como hubo gripe aviar, pos’ no hay d’esos). Nuestros políticos le tienen miedo a "perder imagen" al aplicar la fuerza pública y la ley (como si tuvieran buena imagen).

Lo que es innegable es que nuestro actual sistema de impartición de justicia simplemente no funciona. Hay que probar otro.

El delito debe ser un negocio peligroso, muy peligroso, o sea que el castigo debe ser más duro que la falta cometida. Aunque piensen que soy un radical, creo que la famosa "Ley del Bisturí" no es para nada una mala idea.

¿Y en que consiste? 1o. se eliminan las cárceles, así ya no se tiene que becar a una bola de holgazanes. Y así se acaban las fugas, porque ahora resulta que en la cárceles sólo están encerrados los inocentes o los que de plano son babas. Todos los demás ya se fugaron.

Y la 2a. parte de esta ley es la más interesante: se elimina en un quirófano y con toda la asepsia debida, la parte del cuerpo que se utiliza para delinquir.

Por ejemplo: Al asesino se le mutila el dedo con el que jaló el gatillo... y los ojos con los que apuntó el arma. Al negociador del rescate del secuestro se le amputan las manos con las que sostuvo el celular... y la lengua con la que amenazó. Al juez que libera impunemente a malhechores, los 10 dedos con los que firmó y entregó la absolución. La mano a los ladrones de cualquier cosa. Los brazos a los que arrojan piedras a la policía. Y al pederasta o violador... ¿qué se les ocurre que podríamos amputarle? Creo que cualquiera de las mujeres o niños violados llevarían a cabo la cirugía, con mucho gusto.

Y doble castigo a quien haya sido, o sea, funcionario público.

¿Les parece cruel? Pregúntenle que es crueldad a quien ha perdido un hijo, un esposo o un padre a manos de los delincuentes. ¿Qué hay de inhumano en hacer el castigo igual de cruel que el delito? Piénsenlo.

Desde siempre, la ley que es fácil de entender es la que todos cumplen. ¿Para qué complicarnos con juicios eternos, apelaciones, tres instancias, amparos y todo ese menjurje que sólo entienden los abogados? La "Ley del Bisturí" es fácil de entender, fácil de aplicar, inmediata, barata y eficiente.

¿Solución salvaje? Sí, pero estamos hablando de salvajes.

Si tienen otra idea mejor, órale, opinen.

Alberto Martínez Vara
(v.blog del 1o.de noviembre de 2012).


La impunidad es un veneno que no permite avanzar en la mejora de los niveles de seguridad en el estado. En Jalisco, los datos son sumamente preocupantes: sólo 76% de los detenidos por delitos del fuero común y 88% del fuero federal ha recibido sentencia en la 1a. instancia. Por eso no extraña que existan 94.6 presos sin condena por cada 100,000 habitantes y una sobrepoblación de 71.4% en las cárceles del estado.

Pero lo más grave es que estos números esconden la impunidad: el hecho es que menos de 2 delitos por cada 100 son castigados por diversos problemas en el proceso judicial de investigación, integración y sentencia y solamente 20% son denunciados. Así, Jalisco sufre por la ineficacia de las instituciones para perseguir y castigar los delitos, pero también por la desconfianza de los ciudadanos que ya ni siquiera consideran la posibilidad de denunciar los delitos. Estos datos se desprenden del documento Así Vamos en Jalisco: reporte de indicadores 2012, elaborado por el observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos.

En este sentido, el endurecimiento de las penas y las legislaciones para combatir a los criminales no son efectivos. Los delincuentes saben que existen pocas posibilidades de ser capturados y eso resulta un incentivo muy grande para continuar en la ilegalidad. Y la historia empeora: el problema de la ineficacia se junta con la desconfianza incluso al interior del poder judicial. 13% de los jueces no confían en sus contrapartes, lo que provoca ruptura de la cooperación institucional y sospechas continuas.

La percepción de la inseguridad crece en la entidad, 7 de cada 10 jaliscienses se sienten inseguros actualmente. Una cifra notablemente mayor a 49.7% registrado en 2007 y que refleja una aumento en la percepción de inseguridad.

En 4 años ha habido un incremento de una tercera parte en robos generales, 60% más de robos a casa habitación y 50% a vehículos particulares.
México y Jalisco tienen tantos policías como los países más desarrollados y que presentan menor inseguridad, por lo que el problema del bajo desempeño no se debe a la cantidad, sino en la calidad de los mismos y del sistema: 32% de los ciudadanos ha sido víctima de la corrupción por parte de algún oficial de tránsito, 11% por parte de un policía municipal y 9% por parte de un agente del Ministerio Público. Tal vez por eso sólo el desempeño del Ejército y de la Armada fueron calificados por poco más de la mitad de la población de Jalisco como efectivos. Solamente estos 2 cuerpos y la Policía Federal fueron calificados por la mayoría como confiables.

+ impunidad - justicia.

(V.pág.3-B del periódico El Informador del 30 de octubre de 2012).


Más de 300 integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México tomaron el carril sur-norte de avenida Alcalde ayer al medio día, para manifestarse con 2 objetivos: conmemorar la muerte de un estudiante de la Escuela Normal Rural de Atequiza durante una marcha "reprimida por el gobierno" en 1988, y exigir mejores condiciones en esa institución... las mismas de aquel entonces.

La marcha de estudiantes generó intenso caos vial en calles del centro tapatío, pues debido a los cortes a la circulación los vehículos tuvieron que ser desviados.

(V.pág.3-B del periódico El Informador del 27 de octubre de 2012).


Los antorchistas partieron hacia Palacio Federal de 2 puntos a las 11:30 de la mañana: La Normal y Alcalde, y Revolución y 16 de Septiembre. Una vez que llegaron al punto, alrededor del mediodía, la Secretaría de Vialidad cerró la avenida, desde Jesús García hasta Manuel Acuña, lo que ocasionó congestionamiento vehicular y obligó a que los automovilistas tomaran rutas alternas.

(V.pág.12 del periódico Milenio Jalisco del 26 de octubre de 2012).


Una confusión sobre la empresa que embargó el automóvil de uno de los agremiados de El Barzón Popular en Jalisco originó que la agencia Nissan Las Fuentes fuera blanco de una manifestación de 200 personas que impidieron ayer el acceso a las instalaciones con camionetas, camiones y pancartas durante 5 horas.

Según comentó el gerente de la agencia, Rigoberto Castañeda Aranda, cerca de las 5:00 horas los guardias de seguridad lo despertaron vía telefónica para informarle que en un rondín se dieron cuenta que un grupo de personas estaba adentro de la agencia con todo y camiones.

"Pusieron carros, en la entrada de servicio metieron cuatro camiones, nuestro estacionamiento también lo bloquearon con carros, la entrada de allá (López Mateos) con carros, todas las puertas de acceso las cerraron con mantas y había personas, niños y algunos fortachones parados al frente", detalló.

Castañeda Aranda arribó a la agencia cerca de las 6:00 horas, y al preguntar a los manifestantes lo que sucedía algunos no sabían ni qué hacían ahí.

"Sólo les habían dicho que vinieran aquí, que había un problema con uno de sus agremiados, fue todo, ¿quién era?, no sabían", dijo.

Se dieron las 8:00 horas y los empleados de la agencia empezaron a llegar sin poder entrar, por lo que el desconcierto y la masa de personas afuera crecía.

"En la recepción había un montón de señoras y empezaron con un megáfono a decir consignas y a provocar a algunas de mis gentes, lo que hicimos fue llevarnos a los empleados al estacionamiento y decirles que los ignoraran".

Ya a las 10:00 llegó el afectado con todo y abogado y junto con la lideresa del organismo platicaron con gerentes de la agencia.

Tras leer el contrato se dieron cuenta que todo el "chiste" debieron hacérselo a Sicrea, empresa que financió el financiamiento del vehículo, por lo que no les quedó más que ofrecer disculpas a la agencia y retirarse del lugar.

(V.pág.1 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 25 de octubre de 2012).


Ayer, estudiantes normalistas aguardaron 21 horas afuera del penal de Morelia la salida de 8 de sus compañeros, a quienes un juez estatal concedió la libertad bajo fianza.

Los jóvenes arribaron desde la tarde del martes a bordo de 11 autobuses, de los cuales al menos 3 fueron tomados por la fuerza en carreteras del estado; al salir, se trasladaron en ellos.

(V.pág.8 del periódico Mural del 25 de octubre de 2012).


Tres marchas en el Distrito Federal desquiciaron el tráfico en varias zonas de la capital durante la mañana del lunes. El martes, desde las 6, el dirigente de la izquierda social, Gerardo Fernández Noroña, organizó un plantón en el Senado para presionar en contra de la reforma laboral que se votaba ese día. El fin de semana anterior, los maestros ratificaron como su líder a Elba Esther Gordillo, y los petroleros a Carlos Romero Deschamps. Todos gritaron y protestaron por todo, desde aquellos en las posiciones para defender sus intereses, hasta aquellos que meramente proyectaron sus ansiedades y frustraciones. La sociedad política, como en todos los temas, mostró su fractura. No hay consenso sobre nada. Se paraliza efímeramente la vida pública, y al día siguiente, todo vuelve a caminar.

El fenómeno tiene que ver con la gobernabilidad, que establece la estabilidad institucional y política a partir de la continuidad de las reglas y las normas. El dilema que enfrenta el cuerpo político mexicano es que para garantizar la gobernabilidad, hay que sacrificar a segmentos de la sociedad que tienen que soportar, por ejemplo, cacicazgos sindicales, o alteraciones en sus patrones de comportamiento y su eficiencia, además de su libertad de tránsito, ante tantos estrangulamientos viales. Un gobernador de un estado problemático, dice que casi nunca se puede tomar la mejor decisión, sino que se tiene que ir a la menos mala para el mayor número de personas. Parece un contrasentido, pero no lo es.

El caso más claro en el último mes es el conflicto normalista en Michoacán, que sigue escalando y varias veces ha paralizado al estado en los últimos días. El gobernador Fausto Vallejo intentó resolverlo mediante la aplicación pura del Estado de Derecho. Es decir, de acuerdo con sus atribuciones y responsabilidades, mandó a la policía a recuperar las normales y a detener a 176 personas. Impecable la acción de fuerza pero, ¿qué sucedió después? El conflicto escaló. La disidencia magisterial se unió a los normalistas en Oaxaca y Tlaxcala, la izquierda -que fue despojada del poder en ese estado- se colocó del lado de los reprimidos y grupo radicales como el EPR, entraron abiertamente al conflicto y enviaron cuadros para, como en Oaxaca en 2005, posiblemente ayudar en la rebelión callejera. Lo que originalmente era un problema acotado a tres comunidades, se volvió estatal y nacional.

¿Qué hizo Vallejo o qué no hizo? La decisión de aplicar la ley de manera directa sin analizar las variables sociales y políticas del problema, convirtió su enérgica decisión original, en una fallida. El gobernador buscó recuperar la gobernabilidad en Michoacán y provocó el efecto contrario. La solución de fuerza debió haber sido también política. Por la acción de policial lo presionó al presidente Felipe Calderón a través del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quienes hoy la han abandonado casi a su suerte. En términos ya retóricos -porque no se puede probar-, pero aplicado teórica y prácticamente, Vallejo tendría que haber establecido primero una vía de negociación paralela con los líderes normalistas, para que la detención de 176 personas fuera una puerta para los acuerdos, no un fin que alimentó el conflicto. Asimismo, debió haber soltado a la gran mayoría de ellos el mismo día de la detención, bajo advertencia en caso de reincidir, y no hacer lo mismo días después, convertidos una vez en víctimas, sin ningún raje político en su beneficio.

Si Vallejo aplica la norma de su colega gobernador de la decisión menos mala para beneficio de todos, es probable que la situación en Michoacán no estuviera en el umbral del desbordamiento. El conflicto con los normalistas, paradójicamente, contribuyó a que la reelección de la maestra Gordillo y Romero Deschamps ocurriera sin mayor protesta en las élites políticas. Ambos líderes son el mal menor. En sus 2 décadas de estar al frente de sus sindicatos, han jugado pelota dura con las autoridades para sacar privilegios y posiciones en sus negociaciones, pero nunca han sacado a sus agremiados a las calles para presionar al gobierno. La mala fama pública que tienen, las concesiones políticas y económicas y los altos costos de la negociación sindical, en este contexto, son menores que los beneficios. Fernando Gutiérrez Barrios, el policía político por antonomasia, decía que "con dinero todo sale más barato".

Tenía razón Gutiérrez Barrios. Visto a través de la República de las Opiniones y la gente que participa en las redes sociales, la reelección de los líderes sindicales fue un retroceso de la democracia, y la falta de acción de la policía en la Ciudad de México para romper impedir las marchas y romper plantones, tiene que ver con la debilidad de la autoridad de Marcelo Ebrard, mientras que la acción de Vallejo recibió todo tipo de elogios. Pero la gobernabilidad no se mide en acciones sino en resultados. Bajo esa óptica, Vallejo provocó la ingobernabilidad por las mejores razones, mientras que la tolerancia para los menos, que parece algo profundamente antidemocrático, al final benefició a los más y permitió que las reglas y las normas, la estabilidad y las instituciones prevalecieran al final del camino, con inconformidades y descontentos que fueron efímeros.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 24 de octubre de 2012).


La indiferencia de las autoridades y la presencia del crimen organizado los llevó a tomar las armas, sostienen. Ni la desaparición, el secuestro o la muerte de indígenas que denunciaron hace meses fue motivo suficiente para llamar la atención de las autoridades estatales y federales, aseguran.

Ahora portan armas a la entrada del pueblo, donde instalaron retenes y barricadas para protegerse de las amenazas del grupo delictivo de Los Caballeros Templarios, que desde agosto acecha a Urapicho, comunidad del municipio de Paracho.

Un grupo de hombres se atrinchera en las barricadas construidas con costales de arena, madera y láminas que se instalaron en los 2 accesos al pueblo.

La presencia del crimen organizado inició con la entrega de despensas y apoyos económicos, y terminó con la manipulación de los habitantes y amenazas.

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 22 de octubre de 2012).


En el tema de las normales michoacanas, la doctora María Guadalupe Moreno Bayardo, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, asegura que lo acontecido con esos planteles "surge de una tradición de lucha desde sus orígenes, pero con el tiempo los mismos que fueron estudiantes formados académicamente y en su espíritu de lucha, se convirtieron en maestros reproductores de esa misma cultura. Los grupos como la CNTE se han unido a ellos".

Moreno Bayardo -que en su vasta labor profesional ha sido directora de escuelas normales- agrega que "periódicamente estos normalistas se hacen sentir abanderando un objetivo que puede ser válido desde luego, pero cuyas estrategias han sido desde la perspectiva del secuestro de camiones, etc., y luego una mesa de diálogo, en la cual discuten que no se levanten cargos por las transgresiones. Esa es la dinámica".

La académica explica que si bien es cierto que las estrategias de lucha se repiten en este momento, recordó que la demanda ahora es la negativa a la reforma curricular y antes fue el rechazo a los exámenes para obtener la plaza.

José Díaz Betancourt
(v.pág.7 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 22 de octubre de 2012).


Alrededor de 80 vecinos de Jocotán se manifestaron e interrumpieron la circulación en avenida Vallarta, a la altura de la calle López Cotilla, punto que se ubica entre los 2 túneles de Santa María del Pueblito y Ciudad Granja, este último aún en proceso de obra a punto de concluir. Vialidades de la zona se vieron afectadas.

Los inconformes señalan que la Secretaría de Desarrollo Urbano incumplió varios compromisos relacionados con la obra. De acuerdo con la dependencia estatal, piden la construcción de un túnel en Calzada Nueva, áreas verdes en López Cotilla y la calle Allende.

También es causa de descontento que el puente peatonal que se construye en Vallarta, a la altura de López Cotilla, invade un carril de esta calle.

Tras la manifestación, decenas de automovilistas se vieron afectados.

La Sedeur aseguró que no fue compromiso construir un túnel en Calzada Nueva, porque técnicamente no es posible, tampoco era factible edificar un paso deprimido continuo con los 2 túneles.

Mientras, el puente peatonal se construyó a petición de los vecinos.

En cuanto a las áreas verdes, se tendrán, pero en Avenida Vallarta, se informó a través del área de Comunicación Social de la dependencia.

(V.pág.4-B del periódico El Informador del 20 de octubre de 2012).


La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizó bloqueos de vehículos y personas en el centro de la capital michoacana, sobre la avenida Madero, en ambos carriles que circulan de poniente a oriente, con el propósito de exigir la liberación de 8 normalistas que continúan presos.

El bloqueo de la principal arteria generó la molestia de los automovilista y transeúntes, que incluso se reportaron conatos de enfrentamiento físico e intercambio de insultos entre maestros y peatones.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 20 de octubre de 2012).


Difícil tarea es en este país la de los gobernantes. Si no aplican la ley, decimos que son cómplices de quienes la han violado; si la aplican los acusamos de ejercitar la represión. Así, los encargados de hacer que prevalezca la legalidad terminan por hacerla a un lado, y entran en componendas hechas por debajo de la mesa con quienes se apartan del orden jurídico y emplean la violencia para lograr sus fines. En ese caso están algunos estudiantes -es un decir- de normales rurales, jóvenes violentos que se han convertido, para decirlo a la inglesa, en un pain in the ass. Muy chueco anda un Estado que no es de derecho...

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.pág.7 del periódico Mural del 18 de octubre de 2012).


Decenas de integrantes del grupo Antorcha Campesina organizaron ayer por la tarde 3 distintas marchas en la ciudad. La manifestación múltiple fue evidente para los automovilistas, quienes resintieron los efectos en el tráfico, sobre todo a todo lo largo de Alcalde. Los quejosos exigen la entrega de bonos para vivienda.

(V.pág.4-B del periódico El Informador del 18 de octubre de 2012).


En el Congreso de Michoacán, el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, ex candidato por ese partido al Gobierno del Estado (quedó en 3er. lugar) criticó duramente al gobierno local porque "en lugar de reprimir a los delincuentes reprime, dice Aureoles, a los estudiantes". Olvida en el camino que la administración saliente, la de Leonel Godoy, fue precisamente la que cobijó a los delincuentes, incluyendo un medio hermano del ex gobernador.

Pero lo mejor es ver porqué se está luchando, porqué se toman escuelas, se secuestran camiones y trailers, se roban supermercados y se toman casetas de peaje: los maestros de la CNTE y los estudiantes de las normales rurales en ese estado lo que no quieren es que haya cambios en el programa curricular, no quieren, en otras palabras aprender nada nuevo. El eje de sus luchas pasa por 2 temas: no quieren que les enseñen inglés ni tampoco informática. Su argumento es que ellos no lo necesitan y que sus alumnos menos: que como son alumnos pobres en zonas deprimidas no tienen necesidad de ese tipo de enseñanza. Ya no se trata sólo de no evaluarse, de no evaluar a sus alumnos, de rechazar los acuerdos por la calidad de la educación sino, lisa y llanamente, de negarse a aprender y enseñar, de utilizar el más absurdo y demagógico de los argumentos para confirmar que, desde la óptica de estos grupos, si se nace pobre se debe seguir pobre, para seguir insistiendo en que, para ellos, movilizar es enseñar. Necesitan manifestantes, no ciudadanos.

Me parece terrible lo que hacen estos grupos pero, por otra parte, y ante la ceguera profesional que se profesa ante sus acciones en algunos ámbitos, me parece excelente que sean tan explícitos, tan claros en su visión de las cosas: luchan, se movilizan, roban, secuestran, se enfrentan con la autoridad porque no quieren aprender inglés, no quieren aprender informática y no quieren que sus alumnos aprendan ni una ni otra cosa. Es casi lo mismo que plantean los capos de la Nueva Jerusalén: ¿para qué estudiar ciencias, matemáticas, español, historia, si ellos ya le enseñan a sus hijos religión, aunque sea desde su muy peculiar interpretación?

Pero en el fondo hay otra cosa: el Gobierno de Michoacán está a punto de quebrar. A pesar de los esfuerzos y el pedido de ayuda de la administración entrante de Fausto Vallejo, el endeudamiento dejado por Leonel Godoy y los compromisos financieros que asumió, incluyendo el mantenimiento de todos estos grupos que ahora se movilizan, tienen al estado al borde de la quiebra. En estos días, ese desastre financiero se dará a conocer en forma pública, abierta, y el gobierno local quiere comenzar a tomar medidas contra quienes hayan sido responsables. Hay que crear entonces una cortina de humo, hay que incendiar el estado y, en todo caso, decir que las acciones en contra de la anterior administración son una venganza: por esa la radicalización, la violencia, las amenazas, las reacciones en el congreso.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 18 de octubre de 2012).


El portal de noticias Quadratín reporta: Marchas y bloqueos de maestros en Lázaro Cárdenas; incendian 2 patrullas en Cherán; retienen familiares de normalistas una camioneta de valores en Paracho. Informa el periódico Provincia: Toman líderes de la coordinadora magisterial las instalaciones del Congreso de Michoacán; secuestran normalistas 4 camiones en Morelia; combate entre policías y normalistas; hay 176 detenidos. La disidencia magisterial bloquea carreteras, toma casetas, los maestros se van a paro indefinido. Michoacán arde, literalmente, pero es mucho más que eso. Existe una incipiente insurrección.

El secretario general de gobierno Jesús Reyna García, dice que no, y que la autoridad no ha sido rebasada por el caso de los normalistas, que hace un mes se declararon en paro laboral y tomaron las instalaciones de universidades y normales en varios puntos del estado como una forma de rechazo a la reforma curricular -que incluye la enseñanza de ciencias y técnicas de la información- porque no se presentó a referéndum, y porque quieren enseñarles inglés -el idioma universal-, cuando en realidad quieren el náhuatl y el purépecha -que aunque hermosos, no les sirven para nada en el mercado laboral-.

El pretexto es lo de menos. La efervescencia social no se ha detenido desde que entró el gobierno de Fausto Vallejo, que cambió las reglas del juego con los grupos sociales michoacanos que durante la administración anterior del perredista Leonel Godoy, aceptaron darle gobernabilidad a costa de un flujo de recursos permanente. La incapacidad de Godoy para alcanzar la gobernabilidad mediante la política y no a través de la compra, permitió que dentro de los caminos que abrieron esos grupos entraran el narcotráfico y la guerrilla, que en la parte sur del estado, colindante con Guerrero, es la única zona del país donde se han documentado esas redes.

Esa zona colinda con el noroeste de Guerrero, el asiento del EPR -y de su escisión ERPI-, que casi a la medianoche del lunes pasado emitió un comunicado fechado en Apatzingán, con una redacción encendida con enemigos claros y perfectamente ubicados en los propietarios o directivos de los principales medios de comunicación electrónicos e impresos en Michoacán. Varios cuadros eperristas en Guerrero surgieron de las normales en aquél estado, y algunos de ellos se trasladaron a Michoacán, donde hicieron su vida. Uno de ellos fue Servando Martínez, "La Tuta", que escaló en los rangos de mando de La Familia Michoacana que, al ser descabezada y aniquilada, se reinventó en Los Caballeros Templarios, bajo su conducción.

Si la guerrilla infiltró al magisterio en esa zona -fenómeno que se repite en otras entidades del país-, también se mezcló con el narcotráfico, que plagó esa región michoacana. En Arteaga el narcotráfico penetró las estructuras municipales en todos sus niveles y se extendió a Cherán, donde la delincuencia organizada incluye a talamontes, una actividad ilegal donde participan también pobladores de ese municipio. La otra comunidad afectada por la última ola de violencia es Tiripetío, dentro del municipio de Morelia, que todo este año ha tenido problemas, que han servido como un elemento que desvía la atención pública de la investigación que lleva a cabo el gobierno estatal por desvío de recursos.

Esta mezcla de grupos legales y clandestinos que se mezclaron en los recientes acontecimientos en Michoacán, coinciden en la defensa de intereses particulares, no siempre comunes, pero que ante un elemento que amenaza su status quo, en este caso la autoridad estatal, se unieron en una defensa corporativa. No es lo mismo la defensa de los normalistas en Tiripetío, algunos de cuyos miembros son delincuentes, que los de Cherán, que se han enfrentado con los delincuentes por mantener la exclusividad de la tala ilegal de árboles, o los de Arteaga, donde la presencia policial afecta las actividades del narcotráfico.

Mucha simulación y engaño se arrastra hace tiempo tolerada por Godoy, cuya pasividad y complicidad indirecta con el orden criminal -a través de su hermano Julio César- contribuyó al deterioro michoacano. La afectación de intereses detonó los anticuerpos, que están armando esta incipiente insurrección que no derivará en una revolución, porque ni es su intención ni les da para ello, pero sí para intentar para salvaguardar lo que construyeron con la omisión de Godoy, y que se niegan que se les arrebate ahora que cambiaron las condiciones de sobrevivencia y que el flujo de dinero que los mantuvo activos y en paz, se acabó.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 17 de octubre de 2012).


En un contexto razonable, bastaría con saberse que el cadáver de un delincuente fue robado para que las autoridades terminen en el banquillo.

Pero en la realidad mexicana, que incluye decenas de miles de muertos y casi igual número de investigaciones de homicidio no concluidas (quién sabe cuántas ni siquiera iniciadas), lo del cadáver robado es apenas el dato de arranque de una serie de pifias y contradicciones que desnudan a las instituciones:

  1. Cuando se informó que había "fuertes indicios" de que el cuerpo de uno de los presuntos delincuentes muertos en un enfrentamiento con la Marina era el de Lazcano, habían pasado 21 horas ¡de que había sido robado!
  2. Un comando se robó el cadáver de una funeraria privada ¡habilitada como morgue! para realizar las autopsias, porque en la localidad ¡no hay servicio médico forense!
  3. La Procuraduría de Coahuila difundió parte del informe de la autopsia, en el que se hablaba de que Lazcano recibió 6 disparos. Horas después, el procurador Homero Ramos dijo que fueron 5 balazos. Al día siguiente en un comunicado argumentaron que hubo un "error de dedo" en el informe y que en realidad fueron 5.
    Lo curioso es que el "error de dedo" no sólo fue poner un 6 en lugar de un 5, sino explicar a detalle en qué parte del cuerpo entró la bala y de qué manera. Es decir, ¡inventaron un balazo!
  4. El 11 de octubre, el procurador Ramos me dijo en entrevista en Radio Fórmula que la necropsia reveló que el muerto padecía una enfermedad crónica terminal. Un día después en el mismo espacio, su jefe de Servicios Periciales, Felipe de Jesús Cobos, respondió a la misma pregunta diciendo que ¡no había tal enfermedad terminal! Y que hay quienes pueden confundir una molestia lumbar con una enfermedad terminal, cosa que no presentaba el cadáver. Desmintió a su jefe.
  5. Ramos justificó que los cuerpos hayan sido abandonados por la autoridad en la funeraria con el argumento de que "no había ninguna evidencia de que fuera un delincuente de alta peligrosidad" pues no tenía identificación. Es asombroso que no lo consideraran peligroso aun cuando en la versión oficial ¡el individuo murió enfrentando a la Marina con granadas, un rifle de asalto y un lanzacohetes!
  6. Los peritos tardaron 24 horas en descubrir que había "indicios" de que era Lazcano, con la ayuda de que el robo del cuerpo los alertó y pese a la cacareada eficiencia de la base de datos de Plataforma México, que, por cierto, sólo se puede consultar en Saltillo.
  7. Ya sin contar las contradicciones sobre la estatura de Lazcano, quien si nos atenemos a los partes oficiales, creció 13 centímetros después de los 17 años de edad.
    Nadie tenía idea de que había muerto un capo de altos vuelos. Y por eso, a los cadáveres se les dio el trato rutinario de desprecio y descuido que se les ha dado a decenas de miles de muertos de la guerra contra el crimen organizado. ¿No pensarán que se les puede revertir?

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 16 de octubre de 2012).


El operativo simultáneo implementado en 3 escuelas normales de la entidad para recuperar los vehículos secuestrados por los estudiantes, derivó en múltiples manifestaciones en diversos puntos de la entidad.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública reportan nuevos secuestros de autobuses y camiones de carga en la zona de Cherán y Morelia.

Además, en la capital michoacana estudiantes normalistas se manifiestan armados con palos y piedras fuera de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Comuneros de Cherán mantienen bloqueada la autopista Siglo 21, en su entronque con Uruapan y la carretera Uruapan-Carapan.

Además, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han convocado a un paro generalizado de labores en apoyo a los estudiantes normalistas detenidos, y tomaron la presidencia municipal de Uruapan.

También los normalistas bloquearon la salida a Pátzcuaro en sus 4 carriles y realizan actos de rapiña en tiendas de la zona, por lo que algunos comercios han preferido cerrar sus puertas.

Las movilizaciones se dan luego de que en la madrugada, policías federales irrumpieron de manera simultánea en las escuelas normales de Cherán, Arteaga y Tiripetío, en donde recuperaron los más de 90 vehículos secuestrados.

El operativo dejó un saldo de al menos 120 detenidos y 10 vehículos calcinados, además de por lo menos 11 policías entre federales y estatales lesionados.

Como se recordará estudiantes normalistas en la entidad rechazan la aplicación de la reforma curricular por lo que desde hace un mes iniciaron diversas acciones de presión para echarla abajo.

Fue el pasado 4 de octubre cuando iniciaron el secuestro de unidades mismas que mantuvieron en su poder mas de 10 días.

(V.Notimex del 15 de octubre de 2012).


El incremento en cifras de homicidios que reporta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que desplazaron a las muertes por accidentes automovilísticos, es un síntoma del clima de inseguridad que vive el país en los últimos años, sostiene el profesor investigador Gabriel Falcón, de la Universidad del Valle de Atemajac.

El académico asegura que este cambio estadístico ha ido de la mano con un cambio cultural, que implica que la comunidad jalisciense se ha "adaptado" a esta realidad, cuando debería "exigir cuentas al gobierno" para que haga valer su función de asegurar bienestar social.

"El proceso de deterioro social ha sido producto de esta crisis de inseguridad, de la falta de una coordinación entre los gobiernos para asegurar la vida y los bienes de los ciudadanos".

"No creo que el mexicano se acostumbre a la muerte y juguemos con ella; más bien creo que estamos acostumbrados a una falta de impartición de justicia pronta, equitativa y eficaz", afirma el especialista.

(V.pág.7-B del periódico El Informador del 15 de octubre de 2012).


Luego que la semana pasada escenificaron bloqueos en carreteras, vías ferroviarias y el recinto portuario en Michoacán, ayer maestros disidentes volvieron a las calles.

Unos 5,000 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon por avenidas de Morelia, causando caos vehicular.

La protesta fue nuevamente para manifestarse en contra de la reforma laboral, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y se revisa en el Senado de la República.

A las 10:30 horas, el contingente magisterial bloqueó primeramente los 6 carriles del Periférico Sur, a la altura de la casa de gobierno.

La columna humana se desplazó posteriormente hacia el centro histórico, ingresando por la calle Abasolo hasta confluir en Allende.

De ahí enfilaron hacia la Avenida Madero, cubriendo los 4 carriles de circulación, para luego apostarse frente al palacio de gobierno y catedral.

(V.pág.8 del periódico Mural del 11 de octubre de 2012).


El lunes 18 de junio, José Félix Coronel, en representación del Clero Evangélico de Jalisco y de la Zona Metropolitana de Guadalajara -según el mismo se autoproclamó-, ofreció tácitamente, al candidato del PRI a la gubernatura, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y de paso al entonces candidato a la Presidencia Municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, el apoyo de 47,200 miembros de su iglesia.

Esa fue una de las irregularidades que el candidato panista derrotado en la contienda por la alcaldía de Guadalajara, Alberto Cárdenas Jiménez, argumentó en sus impugnaciones ante los tribunales electorales local y federal.

Ante lo cual exigió la anulación de los comicios en la capital tapatía, petición que finalmente fue desestimada por los órganos jurisdiccionales.

La injerencia de las iglesias en los procesos electorales y en la política, no es asunto nuevo. Ha sido solapada reiteradamente por la Secretaría de Gobernación, responsable de aplicar las disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que prohíbe la participación político-electoral de las iglesias y sus ministros.

En abril del 2008 trascendió el apoyo que la Iglesia Católica ofreció al actual gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez (quien ganó en los comicios del domingo 2 de julio del 2006, los mismos en los que Cárdenas Jiménez obtuvo un escaño en el Senado de la República).

Esas revelaciones las habría hecho el mismo Emilio en octubre del 2005, cuando todavía era presidente municipal de Guadalajara, en una visita de cortesía al Consulado de Estados Unidos en la capital tapatía. Emilio habría revelado que a través de algunos de sus más altos jerarcas, la Iglesia Católica comprometió el apoyo de 3,000 sacerdotes para respaldar su campaña por la gubernatura de Jalisco.

Los periódicos El Informador y Público difundieron el domingo 6 de abril y el lunes 7 de abril, del 2008, respectivamente, un informe enviado por el Consulado de Guadalajara al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos.

"El documento elaborado por personal del consulado, refiere que Emilio hizo saber que altos jerarcas de la Iglesia Católica habían comprometido a '3,000 sacerdotes' para trabajar a favor de una victoria tanto de él como de su partido, Acción Nacional", decía El Informador.

En su artículo 29, la Ley de Asociaciones Religiosas prohíbe que las iglesias, sus ministros o sus representantes, se unan con fines políticos, así como que realicen proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.

Las infracciones a la ley (artículo 32) pueden sancionarse con apercibimiento o multa; clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público; suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa en el país, un estado, municipio o localidad, o cancelación del registro de la asociación religiosa.

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 11 de octubre de 2012).


Si el viernes fueron camiones, ayer los estudiantes de las normales de Tiripetío y Arteaga tomaron casetas de autopistas en Michoacán.

Los estudiantes demandan la derogación de la reforma curricular aplicada en estas instituciones.

Entre otras cosas, la reforma educativa federal obliga a los jóvenes a tomar materias curriculares como el inglés y la computación.

Dichos cambios para las escuelas normales ya ha sido aplicada en el resto del país y Michoacán es el único estado que no ha podido implementarla debido a la problemática con los estudiantes.

De los vehículos que se encuentran prácticamente secuestrados con todo y conductores, un total de 14 vehículos se encuentran la Normal de Arteaga y 14 en la Normal de Tiripetío, mientras que en la Normal de Cherán hay 5 camiones y otros vehículos que no corresponden al transporte público federal.

En Michoacán hay 8 escuelas normales de las cuales 6 participan en las movilizaciones de rechazo a la reforma curricular.

La Secretaría de Educación en el Estado estima que los estudiantes podrían hacerse acreedores a sanciones de tipo administrativo.

La mayor parte de las escuelas formadoras de docentes en el estado se han mantenido en paro desde que inició el ciclo escolar 2012-2013, hace más de un mes, afectando la educación de casi 4,000 jóvenes inscritos en este sector.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 7 de octubre de 2012).


Estudiantes michoacanos mantuvieron retenidos un total de 38 vehículos, entre autobuses y camiones repartidores, como medida de presión para exigir que la reforma curricular de las escuelas normales sea aplazada en la entidad.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna García, afirmó que en la Escuela Normal de Tiripetío se encuentran secuestrados 20 autobuses propiedad de diferentes empresas, mientras que en la de Cherán hay otras 6 unidades del servicio público de pasajeros, además de 18 camiones repartidores.

El tema de las protestas estudiantiles en Michoacán es añejo, aunque en las últimas semanas la atención había sido acaparada por Nueva Jerusalén, ante la negativa de los padres de familia que inicien las clases.

Jesús Reyna García reconoció que el reclamo de los normalistas rebasa el ámbito estatal, pues se trata de reformas realizadas y puestas en marcha por la federación.

Los estudiantes de Michoacán saben cómo llamar la atención. Ya sea bloqueando calles, secuestrando camiones o quemando vehículos.

El 27 de abril, en Morelia, los estudiantes exigieron un incremento presupuestal para el funcionamiento de los albergues estudiantiles en los que habitan alumnos de la Universidad Michoacana. Como parte de la protesta incendiaron 2 patrullas de la policía municipal.

Quema de patrullas en Morelia.

La respuesta de la autoridad fue calificada como drástica: al siguiente día policías estatales entraron a 3 albergues universitarios y detuvieron a cerca de 300.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 6 de octubre de 2012).


Mandar mensajes claros y meter a la cárcel a jueces, magistrados, ministros y MP corruptos, es lo que inhibirá la corrupción en todo el sistema de procuración y administración de justicia en Jalisco y en México, indicó Luis Octavio Cotero Bernal, presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad, elaborada por el INEGI, refleja que el 67% de los jaliscienses entrevistados no tienen buena imagen de los jueces.

El abogado egresado de la UdeG explicó que "se quedó corta" (la encuesta) ante los calificativos que se merecen los que integran la cadena de justicia. Allí apenas termina lo que comienza en las agencias del Ministerio Público. "Hay que agregarle la ineptitud de la Procuraduría de Justicia del estado, las condiciones en que el medio funciona, porque es una institución totalmente acabada, con un personaje [el procurador Tomás Coronado] que no conoce el derecho, derecho penal, así que a los jueces les llegan los asuntos preparados para soltar al presunto delincuente, porque ya se arregló con el MP".

No hay una policía investigadora, "nos aventamos 6 años en la confrontación entre el director de la policía y el procurador; y ahí el que más sabe de derecho que es David Rodríguez Delgadillo, pero está arrumbado porque el procurador no sabe, aunque posa para la televisión [...] es un cáncer más que hay que sumarle a este estado de cosas".

El resultado es que las personas no se sienten seguras. "Es absurdo que estemos en tal situación que no podamos estar seguros en la casa, en la calle, en el cine, en ninguna parte, y la procuraduría no tiene el más mínimo interés, se lo hemos dicho al Ejecutivo, y como que el señor tiene oídos sordos; y también tendríamos que señalar al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que ha llevado al poder judicial a su peor época de la historia en Jalisco".

También, se hace necesario reformar la ley para que en el delito de cohecho se castigue al que recibe el dinero, lo que incentiva la denuncia y pone en el justo peso la responsabilidad mayor del servidor público.

(V.pág.8 del periódico Milenio Jalisco del 5 de octubre de 2012).


La cultura de legalidad no es común encontrarla entre los mexicanos. Las razones por las que la mayoría de las personas frenan o llegan a pensar dos veces la comisión de un acto ilícito no tienen nada que ver con lo que la ley señala, sino con la evaluación de los riesgos y consecuencias que sus acciones podrían llegar a ocasionarle.

Si una persona deliberadamente incumple un reglamento o un contrato, da "gato por liebre" o finge demencia para quedarse con algo que no le pertenece; si maneja en estado de ebriedad, da una vuelta prohibida, comete un fraude, falsifica un documento, etcétera, lo que evalúa a la hora de decidir hacerlo no es el hecho de que violará la ley, sino cómo esconderá su acción y cómo saldrá del problema si es que llegan a "cacharlo".

En nuestra cultura, el que una determinada acción sea ilegal no es consideración suficiente para frenarla.

Cometer un ilícito en México es una decisión basada por lo general en lo siguiente: en el cálculo de probabilidades de que nadie se entere; en la existencia de caminos para salir impunes en caso de ser descubierto, mediante el uso influencias y corrupción, y en el simple cálculo del costo-beneficio derivado de las penas económicas que sus actos podrían acarrear y si los montos resultantes pueden ser considerados como "pagables".

El tipo de educación que la mayoría de los mexicanos reciben en sus casas y en las escuelas, y los argumentos que se esgrimen para decir "no" a ciertas actividades riesgosas o ilegales, se basan casi siempre en meras demostraciones de autoridad, carentes de argumentos y sin siquiera ser predicadas con el ejemplo.

Las personas inteligentes necesitan respuestas inteligentes. Y es más inteligente decirle a cualquier persona, "¡no, porque es ilegal!", que "¡no, porque yo digo y punto!"

Una respuesta tonta dada a un niño o a un joven inteligente produce insatisfacciones, ansiedad o rebeldía al no dar argumentos sostenibles y suficientes para resistir la presión del grupo social al que pertenece, a la hora de tener que negarse a hacer determinado acto.

Ningún adolescente le dice a sus compañeros que no hará tal o cual cosa porque su papá le dijo ¡que no, y punto!, pero muchos pueden defender su negativa diciendo porque ¡es ilegal y punto!

El hecho de proporcionar a los hijos, y a los jóvenes en general, razones y argumentos acerca de un determinado comportamiento o de las reglas a seguir les permite actuar convencidos y teniendo claras las consecuencias de sus actos.

La cultura de la legalidad no es parte de la cultura mexicana, porque la mayoría considera el respeto a la ley y el freno que la ley representa como una forma de sumisión y conformismo.

La mayoría de los mexicanos acata las leyes sólo en la medida en que se siente vulnerable a la autoridad. Otros, los que se sienten parte de un grupo de poder o con influencias y dinero suficientes para actuar al margen de la ley, lo hacen con un grado de cinismo tal que hasta presumen su desacato.

Vean la diferencia cultural: cuando en Estados Unidos la autoridad o un ciudadano dice "is the law" se acaban las discusiones, pese a que se trate de disposiciones legales aparentemente ridículas. Si en México un ciudadano o la autoridad misma invoca la ley, es cuando las discusiones empiezan y la cosa se pone buena.

Para avanzar como sociedad y ser respetados como individuos necesitamos entrar voluntariamente en mecanismos de autorregulación que exijan por parte de los ciudadanos una armonía entre el respeto a la ley, las convicciones éticas y morales y las tradiciones y convenciones culturales.

Necesitamos generar el acuerdo social de que las leyes aplican a todos por igual, y que quien las viole, en lugar de ser admirado por su atrevimiento o su poder de corrupción e impunidad, será denunciado y socialmente repudiado.

¡No, porque es ilegal!, debe ser parte del discurso que encamine nuestras acciones y las de los demás. ¡No, porque es ilegal!, debe ser parte de los valores, percepciones y actitudes que como individuos debemos tener hacia las leyes y las instituciones.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 4 de octubre de 2012).


Es paradójico que este 2 de octubre se hayan multiplicado las protestas contra el presidente electo Enrique Peña Nieto, quien tenía 2 años de edad el 2 de octubre de 1968. Pocos políticos actuales, de hecho, tienen edad para haber estado activos hace 44 años.

Uno es Porfirio Muñoz Ledo, quien contaba con 35 años de edad y era secretario general del IMSS. En 1969, de hecho, Muñoz Ledo pronunció un discurso en el que defendió a Gustavo Díaz por haber evitado "que se deteriorara la autoridad que el Estado ejerce sobre los intereses particulares".

Me responden que el cuestionamiento a Peña Nieto es por haber ordenado la represión del movimiento de San Salvador Atenco. Éste, sin embargo, surgió en 2002 cuando Vicente Fox era presidente de México y Arturo Montiel gobernador mexiquense. Lo que sí ocurrió en el gobierno de Peña Nieto fueron los disturbios del 3 y 4 de mayo de 2006 en que hubo un muerto y varios lesionados. Pocos recuerdan, sin embargo, lo que realmente ocurrió.

El conflicto estalló el 3 de mayo cuando un gobierno municipal del PRD en Texcoco ordenó la reubicación de los vendedores ambulantes del mercado Belisario Domínguez. 8 de los 48 se negaron y la policía municipal los desalojó. Los ambulantes pidieron ayuda al Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra de Ignacio Valle, organización creada para oponerse al aeropuerto de Texcoco, pero que sobrevivía pese a que el proyecto se canceló en 2002, y a miembros del Comité General de Huelga de la UNAM. Pronto se integraron también contingentes extranjeros, entre ellos unas mujeres españolas. El gobierno perredista de Texcoco pidió apoyo a la policía estatal de Enrique Peña Nieto.

El Frente y el CGH bloquearon la carretera Texcoco-Lechería. Varios policías fueron salvajemente golpeados por los activistas. Se pidió por ello también el respaldo de la policía federal de Vicente Fox.

El 4 de de mayo se llevó a cabo un operativo de policías estatales y federales que desbloquearon la carretera y persiguieron a los activistas. Los elementos cometieron abusos. Hubo detenciones ilegales, golpes y abusos sexuales que han sido documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero nadie recuerda que el enfrentamiento fue provocado por la decisión legítima de un municipio de desalojar a unos ambulantes ni tampoco del bloqueo de la carretera. Parece haber consigna, por otra parte, para no acordarse de que cuando se documentaron los abusos el gobierno de Peña Nieto fincó responsabilidades a los policías mexiquenses, por lo que varios están purgando penas de hasta 60 años, mientras que el gobierno federal nunca presentó acusaciones contra los suyos, tan o más responsables que los otros.

Hay diferencias muy fuertes entre el Díaz Ordaz de Tlatelolco y el Peña Nieto de Atenco. Díaz Ordaz ordenó un ataque con armas contra una manifestación pacífica, que no bloqueaba ninguna vía de comunicación, el cual dejó un saldo de cerca de 40 muertos identificados. Peña Nieto ordenó un operativo conjunto con el gobierno federal, de hecho con mando federal, para desalojar el bloqueo de una importante carretera después de que un gobierno municipal perredista pidió apoyo y de que algunos policías fueron salvajemente golpeados por los activistas. Quizá el problema de Peña Nieto es que hoy gozamos de una mayor libertad de información de la que teníamos en 1968.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 4 de octubre de 2012).


¿Cuándo fue que la legalidad se convirtió en un asunto negociable en México? ¿En qué momento se volvió el ejercicio de la autoridad una manifestación de "autoritarismo" y qué circunstancia propició que el orden público no debiera ya ser preservado? Y, sin responder a estas preguntas pero constatando que la ley no se respeta o que se aplica de manera descaradamente discrecional, ¿qué visión de país tienen los primerísimos responsables de asegurar el estado de derecho si se desentienden de la tarea de brindarnos las certezas jurídicas para que los mexicanos podamos convivir de manera respetuosa y civilizada?

Las propias autoridades cierran los ojos o miran hacia el otro lado si es que se les cruza en el camino una pandilla de vándalos con etiqueta "social", un abusador disfrazado de líder religioso o una turba de estudiantes -no demasiado estudiosos- perfectamente capaces de cerrar durante meses enteros una universidad o de quemar vivo a un trabajador de una gasolinera. Ah, y toda esta escandalosa permisividad para, presuntamente, no generar "conflictos", no pisotear los derechos de los grupos "desfavorecidos" y no mostrar un espíritu "represor" siendo que lo que les preocupa, en realidad, son los costos políticos de ejercer la fuerza del Estado -perfectamente legítima, además- y de importunar a las que, finalmente, son sus clientelas.

Y así, hay ahora mismo un lugar de este país donde un supuesto iluminado tiene sojuzgada a su grey y no sólo impide que los niños reciban la educación obligatoria ordenada en las letras de nuestra Constitución sino que ha ordenado a sus pretorianos la destrucción de la escuela local. ¿No puede la policía detener a este delincuente y sanseacabó? Pues... no.

Román Revueltas Retes
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 28 de septiembre de 2012).


Diputada Rosa Elba Pérez.

Debido a protestas por la reforma laboral, la diputada del PVEM Rosa Elba Pérez tuvo que vestirse de policía del DF para ingresar a San Lázaro.

(V.periódico Mural en línea del 27 de septiembre de 2012).


Cuando un Estado débil o cobarde rehúye sus responsabilidades, la sociedad no tiene más remedio que asumirlas. Este 25 de septiembre un grupo de estudiantes decidió recuperar por la fuerza la facultad de medicina de la Universidad Michoacana tomada semanas antes por rechazados y activistas que reclaman más plazas en la institución. La policía destacada fuera de la facultad no intervino sino hasta después que los estudiantes ingresaron a la escuela y se enfrentaron a golpes con los paristas. Ayer los estudiantes amenazaron nuevamente a unos paristas reforzados y lograron la liberación de Ciudad Universitaria.

¿Es justa la causa de quienes tomaron la universidad? No lo sé, pero no importa. El tema de fondo es la abdicación de responsabilidad de gobiernos como el del priista Fausto Vallejo ante grupos políticos que, al realizar bloqueos, tomar facultades o destruir escuelas públicas (como en Nueva Jerusalén), violan impunemente los derechos de terceros.

Es falso que permitir agresiones a inocentes sea un costo inevitable de la democracia o una forma de respetar los derechos humanos de los manifestantes. En países más democráticos y respetuosos de las garantías individuales, como España y Estados Unidos, estas acciones simplemente no se permiten.

Cuando un grupo de indignados trató de bloquear el puente de Brooklyn en Nueva York el primero de octubre de 2011, la autoridad intervino de inmediato, deshizo la concentración y detuvo a 400 personas. Este 26 de septiembre la policía en Madrid dispersó por la fuerza una protesta contra la política económica en la cercanía del Congreso de los Diputados. Pese a que la actuación de la policía dejó un saldo de 35 detenidos y 64 heridos, el gobierno felicitó a la policía.

En España está prohibido hacer manifestaciones junto al congreso cuando éste se encuentra en sesión porque se considera incorrecto que se presione a los diputados. En México muchos grupos de poder buscan siempre intimidar a los legisladores en votaciones importantes; estos días, de hecho, hemos visto manifestaciones, cerca y lejos del Palacio Legislativo, que buscan amedrentar a los diputados que discuten la reforma laboral. En España toda manifestación debe ser autorizada previamente por la autoridad, mientras que este requisito no existe en México.

No es cierto que sólo los gobiernos de derecha actúen contra las protestas. En Cuba y Corea del Norte cualquier manifestación es reprimida de inmediato y severamente. En la propia Michoacán, el perredista Lázaro Cárdenas Batel utilizó a la fuerza pública el 30 de enero de 2003 cuando un grupo de taxistas afiliados a una organización priista trató de presionar a su gobierno con bloqueos viales. Un contingente al mando del subsecretario de Seguridad Pública, Gabriel Mendoza Jiménez, disolvió los bloqueos y detuvo a varios líderes. Los taxistas pidieron negociar con el subsecretario, pero éste respondió que su trabajo era despejar las calles y no negociar.

En la Universidad Michoacana hemos visto, en cambio, una actitud cobarde del actual gobierno priista. El problema es que cuando el Estado deja de cumplir con sus funciones, los ciudadanos llenan los huecos. Los linchamientos que han proliferado en nuestro país demuestran que cuando los ciudadanos se ven obligados a hacer justicia por propia mano terminan castigando a personas equivocadas o incurriendo en actos de violencia extrema. Por eso es tan lamentable que los gobiernos abdiquen de su responsabilidad cuando los activistas políticos violan los derechos de terceros. Lo único que logran es que prevalezca la ley del más fuerte.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 27 de septiembre de 2012).


En México discutimos las reformas a las leyes... al punto que pareciera que las cumplimos.

Lo contradictorio de nuestra conducta es que prácticamente hay consenso en el hecho de que uno de los problemas graves que tenemos en nuestro país es el incumplimiento de la ley.

El porcentaje de trabajadores asalariados que carecen de prestaciones, aunque por ley deban tenerlas, es de 39%, de acuerdo con la más reciente información del Inegi, por citar sólo un aspecto de las decenas o centenas de incumplimiento de una ley de más de mil artículos.

Las reformas a la ley no van a cambiar la cultura de cumplimiento de las normas. Y un problema que no se ha debatido en todo esto es cómo se logrará el cumplimiento de la legislación, por mejor que la reforma pueda ser.

Y este cuestionamiento se puede extender también a otros ámbitos que tienen que ver con las llamadas reformas estructurales.

Le refiero otro ejemplo, el caso de los impuestos.

Pocas de las propuestas de reforma fiscal que se han puesto sobre la mesa tienen como foco el cobrar a quienes hoy no pagan.

De hecho, como la responsabilidad de cobrar a los informales es hoy de las autoridades locales, las omisiones son casi generalizadas, pues nadie quiere entrarle a un tema socialmente explosivo y que eventualmente no rendirá frutos en el corto plazo.

Así que aquí tenemos otro ejemplo de cómo le damos la vuelta al cumplimiento de la ley.

Y casos como éstos sobran. A veces pareciera que tenemos leyes hechas para no cumplirse.

Puede existir la tentación de quedarnos en los formalismos y realizar los cambios legislativos para que tanto el congreso como el presidente, tanto el saliente como el entrante, se puedan colgar las medallas que digan que ahora sí se realizaron las reformas.

Ya nos ha pasado más de una vez, que obtener consensos implica llenar de parches algunas legislaciones. Veremos qué sucede finalmente con las reformas a la Ley Federal del Trabajo.

Lo que más importa, me parece, es cambiar la forma en la que funciona el gobierno, la economía, las empresas, y el fondo de todo ello tiene que ver con la educación, no sólo la formal, la que se da en las aulas, sino con la que se manifiesta en el día a día.

Y esa reforma, la que puede hacer que las cosas cambien en verdad, al margen de que se modifiquen los mil artículos de la ley laboral, esa es la reforma a la que no le quiere entrar... ni el gobierno saliente ni tampoco el entrante.

Enrique Quintana
(v.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural 27 de septiembre de 2012).


Maestros de Telebachillerato y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dieron ayer una cátedra sobre movilizaciones.

Mientras los primeros cerraron varias horas la carretera Morelia-Pátzcuaro, el otro grupo se ocupó en tomar casi todas las casetas de peaje en Michoacán.

La protesta de la Coordinadora, que intervino 8 casetas de peaje de las 8:00 a las 14:00 horas, fue en rechazo a la Reforma Laboral, que catalogan como violatoria de derechos.

Por su parte, los profesores del sistema de Telebachillerato cerraron por 7 horas la Carretera Morelia-Pátzcuaro, para exigir la creación de 200 plazas y el cese del director general, Carlos Ruano.

(V.pág.8 del periódico Mural 27 de septiembre de 2012).


A unos días de que se haga el cambio de administración en el Ayuntamiento de Guadalajara, el gobierno que aún está en funciones aparenta pensar más en su salida que en seguir trabajando hasta el último momento.

Aunque las evidencias están en las calles del centro y hacen constar una multiplicidad de faltas a los reglamentos, no hay respuestas por parte de la autoridad competente. La Dirección de Inspección no contestó a la petición de una entrevista para aclarar el porqué hay quebrantos a las leyes.

(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural 27 de septiembre de 2012).


Un grupo de aproximadamente 50 simpatizantes del grupo Antorcha Campesina marcharon ayer desde La Normal al centro, reiterando su exigencia a Sedesol de apoyos federales para dotar de vivienda a familias de escasos recursos. Aunque fueron escoltados por agentes viales, la protesta dificultó el tránsito vehicular. En una manifestación previa, realizada en mayo, la dependencia respondió que no había presupuesto para atender esa petición.

(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural 27 de septiembre de 2012).


Aproximadamente un centenar de comerciantes ambulantes, pertenecientes al Frente de Resistencia del Estado de Jalisco (liderado por Salvador Cabrera), tomaron las instalaciones de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, al tiempo que bloquearon el cruce de la calle Miguel Blanco y 16 de Septiembre (en donde instalaron sus puestos de verduras), para exigir la renuncia de algunos funcionarios por presuntos actos de corrupción.

(V.pág.11 del periódico Milenio Jalisco del 21 de septiembre de 2012).


Las protestas estudiantiles en Michoacán escalaron hoy de tono, con el secuestro de al menos 4 autobuses y el bloqueo momentáneo de la carretera Morelia-Pátzcuaro.

La retención de unidades fue encabezada por supuestos integrantes de casas del estudiante y escuelas normales.

Los manifestantes fueron identificados como integrantes del Bloque Popular Estudiantil y del Frente Popular Estudiantil.

Se trata del mismo movimiento que ayer cerró varias vialidades de Morelia en apoyo a moradores de casas estudiantiles que tienen tomada la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde el pasado 4 de septiembre.

Los paristas exigen que la Rectoría acepte inscribir a más de 800 jóvenes que reprobaron o no hicieron el examen de admisión para el ciclo escolar 2011-2012.

En respuesta, el rector Salvador Jara ha señalado que solamente existen 177 espacios disponibles, pero que no aceptará dialogar mientras no sean liberadas las instalaciones educativas.

El conflicto tiene sin clases a más de 50,000 alumnos regulares, algunos de los cuales han salido a repartir volantes pidiendo la reanudación de actividades.

(V.periódico Mural en línea del 20 de septiembre de 2012).


Caen 2 motoladrones.

La policía ha detenido a estos facinerosos, pero llegando a la Procu los atentos M.P. (ministerio publico) en unas cuantas horas los dejan libres, con el argumento de que son menores de edad o bien que el delito no es grave, y al afectado le hacen perder horas en su declaración y nunca se le hace justicia.

Aloys
(v.pág.4 "Comentarios a mural.com" del periódico Mural del 20 de septiembre de 2012).


Vecinos afectados por las inundaciones ocurridas en días pasados en Xalapa, Ver., y municipios circunvecinos bloquearon la carretera federal y la autopista que va al Distrito Federal y Puebla, para protestar por la indiferencia del gobierno a construir un colector pluvial.

Vecinos del municipio de Banderilla cerraron las vías a la altura de La Martinica, para exigir a las autoridades competentes realizar las acciones necesarias para que este tipo de contingencias no se repitan.

Denunciaron que año tras año en temporada de lluvias esta zona cercana a Xalapa padece de severos encharcamientos, provocando pérdidas económicas a los colonos.

El bloqueo carretero ha generado largas filas de vehículos particulares, autobuses y autotransporte de carga, quienes no pueden continuar su viaje hacia el Altiplano Central.

(V.Notimex del 19 de septiembre de 2012).


Con un promedio de 2,000 personas recorriendo la ciudad en periodos de 90 minutos, el paseo ciclista de los miércoles a las 23:00 horas se ha convertido en objetivo de quejas por problemas de desorden que llevan a sus participantes a una conclusión: hace falta reforzar la vigilancia policial. Pero, mientras que los propios organizadores admiten que incluso han detectado a ciclistas usando mariguana o bebiendo alcohol, la Policía de Guadalajara no tiene reportes ni ha detenido a nadie.

De hecho, son mayoría los ciclistas que afirman que el recorrido se desarrolla "sin problemas". Pero, entre tanta gente, hay de todo. Hay fiesta sobre ruedas, convivencia, diversión y paseo. Pero también hay gritos y agresiones verbales. Hay quienes hostigan a las mujeres del paseo y se burlan de quien se cae. Para algunos, todos los hombres que caminan juntos son homosexuales; las mujeres, lesbianas o prostitutas. El que camina sin compañía es un "huevón". Todos los tacos son de perro. Los gordos tienen la obligación de ir al baño para deshacerse de su sobrepeso. Los pelones tienen cabeza de rodilla. Los travestis de las esquinas deben enseñar sus atributos cuando pasa el pelotón. Los autos deben ceder el paso siempre.

Los inconformes acusan a los del paseo de las 23:00 horas de acciones graves, pero que no han sido denunciadas formalmente: asaltos, golpes, arrojar bujías a escaparates, drogarse y embriagarse.

Un miércoles reciente, por ejemplo, la primera agresión ocurre apenas arrancar el contingente, contra una ambulancia que se abre paso por Hidalgo y Chapultepec.

"¡Jotos, jotos! ¡Ora, borrachos! ¡Fifi-fi-fifi!" gritan los de las bicis a los automovilistas, que reciben la pirotecnia verbal con rabia fría en el rostro. Los que quieren acelerar pedalean por las banquetas y obstruyen el paso a los transeúntes. "¡Vamos, señores!", dice uno de los guías, "El Camaleón", Lorenzo Arcos, que habla desde un altavoz y recibe una rechifla. "Federalismo a la derecha, señores", "No violencia, señores; vamos cuidando nuestro paseo, por favor".

Actualmente, el "cerebro" del paseo de las 23:00 horas es Guillermo Estrada López, "El Inca". Mientras intenta poner orden, el 12 de septiembre, opina que el recorrido se sale de control por la cantidad de asistentes.

"Nosotros no vamos fumando mariguana", defiende a los guías. "Los líderes no vamos tonchando. Nuestro código es: no drogas, no alcohol, no grafiti y no vandalismo. Somos 20 voluntarios y no recibimos un peso de nadie; inhibimos a la gente que va con el toncho, botellas de tonsol, cigarros de mariguana".

Añade que los que los atacan al paseo en las redes sociales son parte del "ciberchisme": gente "nice, bonita" que se pasean con sus "bicis de 40,000 pesos" en grupos de 100, cuando ellos tienen que lidiar con hasta 5,000 personas.

(V.pág.4-B del periódico El Informador del 19 de septiembre de 2012).


Las ciudades de México hoy en día son centros de violencia multifacética. La violencia criminal y organizada, asociada muchas veces al tráfico de drogas se ha entrelazado con la política. En algunas zonas las pandillas y las milicias han pasado a sustituir a la autoridad pública, ofreciendo protección a las comunidades.

En algunas de nuestras ciudades, los sistemas del orden público son disfuncionales, y los ciudadanos consideran que los servicios policiacos son ilegítimos o peor aún, les infunden temor por las repetidas historias de abusos. Las autoridades se enfrentan al dilema de impulsar soluciones de fuerza para restablecer el orden y correr el riesgo de hacer crecer los abusos o emprender políticas de seguridad enfocadas al servicio y la participación de los ciudadanos.

El uso legítimo de la fuerza para hacer respetar el orden en las comunidades es una tarea esencial de las autoridades, pero la falta de eficiencia de las instituciones produce un clima de impunidad e indefensión a pesar de las muestras de fuerza y equipamiento y de lo espectacular que pueden ser las detenciones de capos de las mafias. La clave, entonces, no está en las armas, los equipos o la organización operativa, que es importante, sino en las consecuencias de las detenciones para que se traduzcan en aplicación eficiente de la justicia a los criminales. La sola acción policial es insuficiente para atacar un problema social que requiere del fortalecimiento de las instituciones.

La corrupción que se ha vuelto endémica en las procuradurías de justicia y alcanza a los tribunales es un cáncer que está minando la calidad institucional. No es problema de reformas a las leyes, sino de eficacia en su aplicación. No se trata de redacción, sino de desempeño.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 16 de septiembre de 2012).


Cada vez que la ley no se aplica a tiempo, lo único que se logra es agravar las cosas y darle paso a la impunidad.

El conflicto de la Nueva Jerusalén es el resultado de no haber aplicado la ley desde el primer momento en que alguien impuso sus propias reglas en una comunidad; es la consecuencia de titubeos de la autoridad y la confusión de argumentos, al definir el problema como un problema religioso, entre particulares, cuando en realidad no lo es.

No es un problema religioso la destrucción de una escuela pública. No es un problema religioso impedir la impartición de educación pública gratuita a quien así lo desee. No es un problema religioso el bloqueo de accesos, prohibir fotografías y el uso de celulares en lugares públicos; no es un problema religioso imponer reglas que impiden a niños y jóvenes jugar futbol o cualquier deporte que utilice una pelota redonda, argumentando que como su forma se asemeja a la de nuestro planeta, sería como patear a la Tierra.

Se trata pues, no de un problema religioso, sino de lidiar con un grupo de locos que abusan de la ignorancia y de la fe religiosa de una comunidad y que intentan imponer por la fuerza sus creencias a los demás; de un grupo de esquizofrénicos que desconocen el mundo real, afirmando que en ese poblado la única maestra es la "Santísima Virgen"; de personas que no respetan el derecho a recibir educación y que destruyen bienes públicos. Se trata simplemente de que la autoridad enfrente a individuos que violan flagrantemente la Constitución mexicana.

La autoridad no debe entrar a resolver un problema religioso, es decir un problema entre quienes creen que el fin del mundo es inminente y que estudiar y asistir a una escuela impedirá su "salvación", y quienes no lo creen así.

Quien prefiera ir a un templo en lugar de a una escuela, quien prefiera oír cánticos a la Virgen en lugar de música popular, ésta en todo su derecho de hacerlo. Para ello es precisamente el derecho a la libertad de culto y para ello existen las escuelas públicas y privadas, para que en la primeras, la educación que se imparta sea laica y gratuita, y en las segundas, pagadas y mantenidas con recursos privados, puedan impartir y recibir la educación religiosa que les plazca.

¿Qué debe hacer la autoridad si una pandilla se adueña de una colonia e impide que sus habitantes vayan a la escuela, jueguen futbol o escuchen música?, ¿qué debe hacer la autoridad si una pandilla destruye una escuela, impone sus propias leyes y amenaza a quienes se oponen a ellos?

La respuesta es obvia: intervenir, restablecer el orden y el Estado de Derecho, y si es necesario hasta con la fuerza pública.

Lo que tenemos en la Nueva Jerusalén es una pandilla, en este caso de origen religioso, que se adueñó de una comunidad. Una banda de esquizofrénicos que basan su autoridad en un supuesto mandato divino derivado de una "aparición de la Virgen" en la que el líder fue elegido como portavoz de sus mensajes y como único facultado para designar a los "sacerdotes" (secuaces y golpeadores) que guiarán al pueblo para "salvarse" en la horas finales de la humanidad.

El nuevo líder de la comunidad Nueva Jerusalén, Martín de Tours, fue designado por su antecesor, "Papá Nabor", en un evento filmado tan patético como irrisorio. Pueden verlo en Youtube.

Lo que el secretario de Educación Pública está haciendo para solucionar el problema es totalmente equivocado. Argumentando cautela, en lugar de actuar y tomar medidas para restablecer el orden y el Estado de Derecho, cedió a las presiones y amenazas de la "pandilla religiosa" mandando a los niños a estudiar a una improvisada escuela a 2 Km. de distancia de su comunidad, y además con un río de por medio que los niños deben cruzar a pie. El primer día de clases en la "nueva" escuela, sólo llegó un niño. Obvio.

Una cosa es cautela, y otra muy diferente es cobardía.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 13 de septiembre de 2012).


El senador del PAN por Jalisco, José María Martínez, presentó una propuesta de reforma constitucional, de ésas que requieren de mayoría calificada. El panista propone modificar el Artículo 17 de la Constitución de México para que el Estado se obligue a reparar los daños que ocasione al encarcelar a alguien inocente. Una propuesta polémica.

Allá en La Fuente
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de septiembre de 2012).


Queda claro que el PRD y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), iban por caminos separados. Eso ya lo dijeron los perredistas y los lopezobradoristas, pero además era evidente: la necesidad del PRD de actuar como un partido dentro del sistema ponía al tabasqueño en entredicho y las acciones antisistémicas de éste metían a los negociadores en problemas.

Pero un partido político, tal como lo plantea el ex candidato, necesariamente entra en los cauces de la legalidad que cuestiona: sirve como plataforma para renovar autoridades (con proceso calificados por el IFE); es útil para llevar planteamientos a espacios legislativos en donde se cogobierna con los adversarios espurios y es fiscalizado y subsidiado por un sistema de reglas e instituciones que López Obrador cuestiona. Si tiene razón o no, ese es otro cantar, pero el partido necesariamente ahí se inserta.

Si el "Peje" se sale de ese modelo, podría liderar un partido extremista, antisistema, que puede significar un espacio de representación ideológica para muchos mexicanos. Pero eso sí, ganar elecciones no estará en su camino.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de septiembre de 2012).


Maximiliano Lomelí, funcionario del Centro Universitario de la Costa, de la UdeG, presentó una solicitud de juicio político en contra de Fernando Guzmán Pérez Peláez, pues asegura que, "violentando flagrantemente lo establecido por la Ley de Notariado", permitió que Celso Rodríguez, Guillermo Meza y Guillermo Rentería "obtuvieran las patentes". Sin embargo, de acuerdo con los periódicos oficiales, estos fiats fueron firmados por Víctor Manuel González Romero.

Celso Rodríguez dijo que todo el proceso se hizo apegado a derecho: solicitó primero licencia como magistrado por unos días para asumir el cargo de notario y luego solicitó licencia como notario [para regresar a su "hueso" de magistrado... ¡ya mero lo iba a dejar! - El webmaster.].

(V.pág.1-B del periódico El Informador del 10 de septiembre de 2012).


AMLO habrá de perseverar y desarrollar su actividad política bajo la impronta de la oposición semileal; un pie en la calle, pateando las instituciones, y el otro bien asentado en ellas. Es un juego deliberadamente ambiguo, un tanto avieso, pero no hay engaño y es inútil el regaño.

Le ha funcionado bien y seguirá dando resultados (no es el único que lo practica) en la medida en que amplias zonas del proceso político permanezcan arcaicas y reticentes a modos democráticos modernos, explícitamente razonados, donde las impunidades respecto de la ley, la precaria rendición de cuentas y la irresponsabilidad respecto a los intereses (seudo)representados prevalezcan.

En México, la combinación de política institucional y legal y con presiones, amenazas y movilizaciones y acciones extralegales y/o ilegales sigue siendo el camino -a menudo obligatorio- para el éxito político, sobre todo en el ámbito de las reivindicaciones populares y los movimientos (paradigmáticamente los movimientos de furia, como Atenco, La Parota, simpatizantes EZLN, entre otros).

Alán Arias Marín, FCPyS-UNAM, Cenadeh
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 9 de septiembre de 2012).


El PRD y el PT fueron multados por el IFE con más de 65 millones de pesos por malos manejos del dinero de sus prerrogativas: metieron facturas falsas que no amparan lo que dicen y cargaron gastos atribuidos a transportes y otros renglones no comprobables. Para otros sería un delito e irían a la cárcel. Ellos no. Son partidos políticos,

Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 7 de septiembre de 2012).


¿Ha servido de algo la "Ley Salvavidas", aprobada por el Congreso del Estado en septiembre de 2010, que en realidad consiste en modificaciones a varias leyes y que implica, entre otras medidas, la aplicación de la prueba del alcoholímetro? Los diputados dicen -por supuesto y muy ufanos- que sí. La asociación civil Víctimas de Violencia Vial afirma que no: tiene registro de personas que han participado en accidentes automovilísticos bajo el influjo del alcohol y a las que la autoridad "competente" no les aplicó el estudio de alcoholemia, a pesar de que hubo víctimas fatales (El Occidental, 18 de abril de 2011).

¿Qué ocurre? Algo tan simple como brutal: desprecio por la ley e impunidad.

Eso a lo que se refiere Víctimas de Violencia Vial A.C. cuando asegura que la autoridad no aplica la prueba de alcoholemia a conductores ebrios responsables de muertes. Eso que verificamos casi a diario cuando los medios nos informan de personas asesinadas y heridas por unidades del transporte público y de choferes y permisionarios que no reciben ningún castigo (en los últimos 5 años se han registrado en la zona metropolitana de Guadalajara cerca de 250 decesos relacionados con los "camiones", 34 en lo que va del año, hasta el jueves pasado).

Es el mismo desprecio por la ley que mató al joven de 18 años Néstor Alan Rodríguez Licea el 26 de noviembre de 2006. Y es la misma impunidad que dejó sin sanción a Christian Arias de la Torre -hijo del entonces director de Comunicación Social del Gobierno del Estado- y a Francisco Xavier Álvarez del Castillo Íñiguez quienes, alcoholizados y jugando "carreritas" por la Avenida Vallarta, embistieron el auto de Néstor Alan, acabaron con su vida y descarrilaron para siempre la de su familia.

Jorge Narro Monroy
(v.pág.7 del periódico Mural del 6 de septiembre de 2012).


La carretera a Chapala se convirtió ayer prácticamente en un estacionamiento por casi hora y media, debido a que fue nuevamente bloqueada por vecinos del Fraccionamiento Revolución en protesta por el accidente ocurrido la semana pasada, en el que fallecieron 3 personas, y en demanda de medidas que impidan más muertes.

Los colonos obstruyeron los 5 carriles de la mencionada vía, además de la lateral, para impedir totalmente el paso al tráfico vehicular y, de esta manera, exigir que sus demandas sean escuchadas por las autoridades municipales y estatales.

"Lo único que queremos es que cierren la lateral de la carretera aquí, a la entrada del fraccionamiento; que no pasen ni camiones, ni autos, sólo los carros de los vecinos", dijo María de los Ángeles Castillo".

Acudieron al lugar el ex alcalde de Tlaquepaque Miguel Castro; el presidente municipal interino, Marco Antonio González Fierros, y el munícipe electo, Alfredo Barba Mariscal, quienes atendieron a los vecinos.

Sin embargo, concluyeron que la decisión de cerrar el carril lateral se encuentra en manos de las autoridades estatales.

Por el bloqueo, las filas de autos en el sentido Chapala-Guadalajara se prolongaron hasta la altura del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Además, los colonos se quejaron por la construcción de una gasolinera sobre la mencionada vía, pero metros antes del fraccionamiento, pues consideran que al abrir la estación de servicio se complicará el tránsito y se provocarán accidente viales.

(V.primera plana del periódico El Informador del 4 de septiembre de 2012).


Esperaba un poco más de las izquierdas, la verdad. Su cultura de la legalidad resultó nula. Sobre todo, esperaba más de los partidos. Y más del PRD que del PT, por su tamaño y por su historia.

Se prestaron al ridículo. Después de haber anunciado con bombo y platillo, en un evento largo y detallado, su decisión de impugnar la elección presidencial con cajas y cajas de pruebas, solo lograron ganarse un regaño del Tribunal. Los magistrados los tildaron de ineptos. "Partieron de premisas equivocadas", "...las pruebas no hacen prueba". Sus pruebas resultaron "secundarias, periféricas y sin relación con la demanda". "No está acreditado que haya habido coacción. No hay compra, coacción o inducción ilícita demostrada".

Les dieron una clase de Introducción al Derecho. Con respecto a las tarjetas, por ejemplo: "Ahí están las fes notariales, las notas en medios de comunicación, grabaciones, el llamado Sorianagate, según nota de The Washington Post, pero no está demostrado que las hayan entregado a los ciudadanos y menos aún que, de haberse entregado, haya sido para votar en favor del candidato".

Lo más penoso son las reacciones a la decisión del Tribunal: ninguna se planteó en términos jurídicos. Si por lo menos sacaran a la luz alguna prueba que pruebe algo, y que probara en todo caso que al Tribunal se le fue un error que hiciera posible la sospecha... Nada. En lugar de discutir jurídicamente, acusaron desde fuera de la cancha a los magistrados de violentar el estado de derecho y se fueron directo a la desobediencia civil, o a algo que llaman así.

Y dan la razón al Tribunal haciendo exactamente lo que éste preveía: politizar. Se defienden con argumentos de "altura de miras" y de "grandeza para México". Yo no veo posible ninguna grandeza ni altura para mi país si no es a partir de un estado de reglas y no de caudillos, donde, de entrada, éstas se cumplan por parte de todos, y donde, si hay desacuerdo en su aplicación, se discuta su aplicación, y si hay desacuerdo en su contenido, se discuta su contenido. ¿Esperaban que los jueces se convirtieran por voluntad propia en legisladores?

¿Por qué no ha habido, por parte de las izquierdas, una respuesta jurídica, con argumentos? ¿Dónde están en todo esto sus abogados? ¿Por qué no exponen públicamente algunas de sus pruebas y las someten al escrutinio de expertos? Hipótesis 1: la decisión del Tribunal los pescó por sorpresa y lo que pasa es que no estaban preparados. Hipótesis 2: porque no tienen capacidad técnica para vivir, como partidos políticos, en el estado de derecho que dicen defender. Hipótesis 3: porque les vale el tal estado de derecho y solo buscaban una razón para presentarse como víctimas. Las 2 primeras se caen solas.

En serio, yo no soy de los que festeja el regreso del PRI, pero de que ganaron, ganaron. Y a la izquierda, pues hay que rehacerla, ya se sabe.

Luis Petersen Farah
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de septiembre de 2012).


Soy un defensor de la idea de que debería haber clases de educación vial en las escuelas, desde antes de la primaria, simplemente por el hecho de que todos, conductores o no, interactuamos con los vehículos, sean autobuses o autos particulares. Sin embargo, lo que realmente educa a la gente en el tráfico, no son las escuelas, ni los padres, es el cumplimiento de las leyes.

Muy buena parte de los mexicanos ha ido al menos una vez a Estados Unidos. Muchos hemos conducido allá. Y nosotros mismos, que aquí nos pasamos el alto del semáforo, cambiamos de carril sin aviso, no usamos direccionales y entramos de último momento al carril adecuado para dar una vuelta, allá nos comportamos como un niño ante el papá o la maestra. Porque todos sabemos cuánto cuesta nuestro mal comportamiento al volante. Cometer una infracción en Estados Unidos puede costar desde muchos dólares hasta la cárcel. Como debe de ser. Y sabemos que si nos detiene un policía, la famosa "mordida", tan practicada en México, difícilmente funcionará. Es más, intentar sobornar a un policía, probablemente aumente seriamente el problema en el que ya está metido el infractor.

Hace cerca de 5 años, hice un City Tour en Ámsterdam y el guía llamaba la atención para la limpieza de las calles que, realmente, lucían impecables. Él nos explicó que esto se debía a una ley aún reciente, con cerca de 2 años en la época, que aplicaba fuertes multas a quienes ensuciaran las calles. Holanda es uno de los países con índice de educación más elevado del mundo, pero fue necesaria una ley para que sus calles se quedaran limpias.

En pocas palabras, el problema vial en México sí se debe a nosotros, la población, incluso los que no manejan automóviles. Tenemos que entender que nuestras acciones tienen consecuencias en las demás personas. Debemos estar conscientes de que nuestro derecho termina exactamente donde empieza el de los demás. Si nos hacemos un poco más conscientes, ayudaremos a reducir las muertes por accidentes viales que son 24,000 por año en México, de acuerdo con Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de Heridos y Violencia de la Organización Mundial de la Salud.

Pero no habrá educación que sea suficiente mientras exista la corrupción, mientras todo se pueda arreglar con dinero, mientras el responsable por una muerte pueda salir libre con tan sólo dar una "mordida".

Sergio Oliveira
(v.pág.2-D del periódico El Informador del 1o.de septiembre de 2012).


Luego del accidente en el que murieron 3 personas al impactarse un automotor de carga contra una finca el pasado miércoles, vecinos del Fraccionamiento Revolución