¿Estado de Derecho?

El Derecho y la Justicia de José Clemente Orozco.


Led Pasar directamente a los hechos
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución... y las leyes que de ella emanen... y si así no lo hiciere que la nación me lo demande."

Juramento presidencial, artículo 87 de la Constitución.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público...
Artículo 9o. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
Artículo 17o. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En el laberinto de las leyes, el individuo aislado sólo puede defender sus derechos si sale al encuentro de las pretensiones burocráticas totalistas del estado incorporado a una de las organizaciones establecidas con esta finalidad."
"El hombre tiene valor sólo como miembro de una asociación, ahora bien, como ha indicado Theodor Eschyenburg, estas asociaciones se convierten cada vez más en un estado dentro de otro estado. Las guía el impulso de llegar a apoderarse de los puestos clave del aparato estatal."

Hermann Glaser, "Introducción a la Cultura Contemporánea".

"Los costos de no observar las leyes son siempre mayores que los de hacerlas cumplir."

Rosendo Fraga, Centro de Estudios de la Nueva Mayoría, Buenos Aires.

"Sólo los estados fuertes son capaces de establecer un marco de derechos individuales efectivos. Cuando el estado es incapaz de hacerlos cumplir, las garantías de las personas se convierten en buenos deseos consignados en libros decorativos llamados constituciones."

José Antonio Aguilar Rivera, en su ensayo "La soga y la razón".

"Conforme al modelo teórico del Estado de Derecho en que está organizado nuestro país, las autoridades quedan facultadas para hacer lo que la ley les permite; en sentido contrario, no pueden realizar aquello para lo que no están expresamente creadas."

Alberto Espinosa

"Somos esclavos de las leyes para poder ser libres."

Marco Tulio Cicerón

"Todo delito no castigado engendra una familia de delitos."

Marcela Gómez Zalce

"La ley, sin la fuerza, es impotente."

Blaise Pascal

"(A México), para no decir una palabra muy fea, le falta voluntad masculina para hacer cumplir sus propias leyes."

Jeffrey Davidow, exembajador de Estados Unidos en México

"Los norteamericanos son libres de no estar de acuerdo con la ley, pero no de desobedecerla; porque en un gobierno de ley, y no de los hombres, ninguno, por importante y poderoso que sea, ni ninguna chusma, por más ingobernable y alborotadora, tiene derecho a desafiar a un tribunal de ley."

John F.Kennedy

"Es una ilusión creer que podemos para siempre reclamar para nosotros lo que le negamos a los demás."

Bill Clinton, expresidente estadounidense

"Hasta que se respeten la Constitución, las leyes y el estado de derecho, podrá ser México un país pacífico y próspero."

Ana María Salazar Slack, académica del ITAM

"México sufre un mal endémico e histórico, las instituciones y los medios que están a disposición del estado mexicano han sido insuficientes para hacer valer el estado de derecho."

Ernesto Zedillo, expresidente mexicano (1994-2000)

"La fuerza cuyo empleo autoriza la ley, no es violencia."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Para Tomás Hobbes (1588-1679), su utilidad como protector de la vida y la propiedad de los ciudadanos es la razón de ser y justificación última del estado. Sin la fuerza estatal, el hombre no tendría más remedio que vivir en el 'estado de naturaleza', cuyas características centrales son la violencia generalizada y la imposibilidad de la vida civilizada. Por eso, la autoridad que falla en su obligación de proveer seguridad pierde su razón de ser."
"El enfoque hobbsiano es descarnado, pero no es fácil argumentar en contra de la propuesta que ve en la fuerza la esencia del estado. Max Weber (1864-1920) lo enunció así: 'el estado es la asociación que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia y no puede ser definido de ninguna otra forma'. Ahora bien la formulación anterior no evita que dentro de cada estructura estatal existan actores que niegan legitimidad al orden existente y proponen un discurso alternativo, como ocurre con los revolucionarios. En contraste, la delincuencia común desde siempre ha retado al estado y a la sociedad, pero sin justificar de manera teórica su desafío; el criminal simplemente se dedica a lo suyo y listo."

Lorenzo Meyer

"Después de la batalla por la ley, viene la batalla porque se cumpla. Lasciate oggni speranza. Al parecer hemos entrado a los linderos de La Cosa mexicana, donde por un lado se tienen leyes buenas o malas, según se vea, y por el otro esas leyes se cumplen o no, según se quiera."

Héctor Aguilar Camín

"En todas partes escuchamos pronunciamientos de respeto a la Constitución. La verdad es que solamente nos hemos dedicado a honrarla, no a cumplirla."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Las leyes en este país están hechas para ser atropelladas, para ser aplicadas sólo si así conviene a la clase gobernante."

Genaro Lozano, académico del ITAM y de la UIA

"Vivimos en pleno Estado de Derecho. Resígnate: si no tienes mucho dinero para conseguirte un buen abogado, o si no eres alto funcionario, te va a ir mal. Resígnate: la ley es dura, pero está tarifada."

Carlos Monsiváis

"¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo dormirá la justicia en nuestro país? Decía Almafuerte: no pidas nada, pero si vas a pedir, pide justicia, aunque sería mejor que no pidieras nada."

Germán Dehesa

"Corre, ve y dile al politicastro de turno que te consiga un empleo, que te quite el hambre y que le dé de comer a tus hijos y te darás cuenta de que el texto constitucional está plagado de publicidades muy engañosas."

Román Revueltas Retes

"Los mexicanos no creen en la ley porque con frecuencia es utilizada para favorecer al poderoso. Es una tragedia porque no hay democracia posible sin legalidad. Pero esa es una perniciosa herencia de abuso que duerme en las capas más profundas del alma nacional (Paz dixit)."

Federico Berrueto

"Una de las principales deudas que tiene el Estado Mexicano con sus ciudadanos, es la de una verdadera justicia, que les de certidumbre jurídica, tanto en su patrimonio, como en la propia convivencia social."

Eduardo Medina Mora, procurador general de la República

"Rayito dice que éste es el país de los 'ricos y poderosos'. Pues no. Es el paraíso de las pandillas."

Román Revueltas Retes

"México es un país a la medida de chantajistas de todo pelaje."

Román Revueltas Retes

"Una revisión al sistema que imparte la justicia no estaría de más, porque todos sabemos que siempre se emite el fallo a favor del que más tiene."

Martha González Escobar, divulgadora científica de la Universidad de Guadalajara

"El que hace la ley hace la trampa."

Eduardo García Máynez

"El estado de derecho no existe en México desde tiempos ya casi inmemoriales."

Pablo Gómez, senador perredista

"Muchos somos buenos para exigir nuestros derechos, pero pocas veces aceptamos nuestras obligaciones."

Juan Pablo Ferreira Santillán, agente de tránsito de Guadalajara

"Los problemas no se resuelven por el solo hecho de aprobar una ley. Cuando hacemos de la ley un símbolo y objeto de irracionales esperanzas, estamos convirtiendo el derecho en brujería."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"El estado de derecho es el Talón de Aquiles de México."

Ernesto Zedillo, expresidente de México

"Es tal la exasperación ciudadana en nuestro país por el engaño y la ineficacia de la autoridad en el combate a la delincuencia organizada, que más que un sistema de justicia, la opinión pública parece apelar a un sistema de venganzas."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Todo el mundo conoce o ha oído hablar de la majestad de la ley. Está dentro del poder del estado el controlar a la organización política que permite la existencia de la civilización. Eso es cierto. Sin el imperio de la ley todos estaríamos perdidos. Pero recuerden siempre que la ley también está llena de mierda. Yo puedo esquivar cualquier ley que ustedes promulguen. Se puede retorcer la ley, deformarla, para servir a una civilización corrompida. El rico puede escapar a la ley y, a veces, hasta el pobre tiene suerte en ello. Algunos abogados tratan la ley como los chulos tratan a sus mujeres. Los jueces venden la ley, y los tribunales la traicionan. Todo eso es cierto. Pero no disponemos de nada que funcione mejor. No existe otra forma de establecer un contrato social con nuestros semejantes."

Mario Puzo, "La cuarta K"

"La tarea más importante del estado es cumplir y hacer cumplir la ley. Es lo primero a lo que nos comprometemos los gobernantes. Y en esto el gobierno federal es absolutamente claro, hacer cumplir la ley sólo por la vía de la ley misma que es la fuente de toda legitimidad."

Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México

"El derecho no es una disciplina moral, sino una máquina que permite el funcionamiento de la sociedad."

Mario Puzo, "La cuarta K"

"Se abusa constantemente de la ley, según intereses personales o de grupo, incluidos partidos políticos y poderes públicos."

Jesús Vergara Aceves

"En México, todo y todos tienen un precio."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Sobre 3 pilares fundamentales se finca la vida pública de una nación: justicia, libertad y democracia. En los 2 últimos renglones hemos logrado avances importantes -aún nos falta mucho por conseguir en ambos-, pero en lo tocante a la justicia nuestro reloj va muy atrasado."

Armando Fuentes Aguirre "Catón"

"En este país no hay justicia."

Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara

"No habrá avance de la cultura de la civilidad, mientras la cultura de la ilegalidad se mantenga en la impunidad casi absoluta. Esa falta de penalización es, a final de cuentas, el origen de las mafias que ahora azotan al país."

Jaime Barrera Rodríguez

"Crímenes sin castigo son los que desbordan el vaso cuando el tejido sociopolítico se ha desgastado por la impunidad y laxitud frente a la delincuencia."

Raymundo Riva Palacio

"Muchas más personas harían negocios en México si la propiedad privada estuviera garantizada por un estado de derecho sólido."

Carlos Mota

"Cuando se prohibió la circulación de camiones con doble remolque, los transportistas bautizaron a los remolques como semirremolques, de manera que 2 semirremolques hacían un remolque. De esa forma se cumplen las leyes y reglamentos en los Estados Unidos de la Palabra."

El webmaster

"No cabe duda de que México pasa por una crisis de corrupción del sistema de justicia, crisis que no sería tan perniciosa de no ser por el poder de incidencia de traficantes de influencias y 'líderes morales', que se han erigido en jueces sin nombramiento para perpetuar injusticias."

Lydia Cacho

"De la necesidad a la ley apenas media un brevísimo paso, y la más expedita justicia, lo sabemos desde Caín, es la que hacemos con nuestras propias manos."

José Saramago

"Hemos vivido durante siglos con la herencia católica del perdón. Una cultura que con confesarse y arrepentimiento es suficiente para borrar cualquier pecado, circunstancia que nos condena a un estado de derecho inexistente. Un Estado que no castiga al que viola las leyes envía un mensaje de que se puede infringir cualquier norma sin consecuencia alguna."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Tan pronto como los hombres saben que pueden matar sin miedo al castigo o culpa, matan."

Simone Weil

"Cuanto más corrupta una sociedad, más numerosas sus leyes."

Edward Paul Abbey

"Sólo un Estado más fuerte que el crimen, aunque sea cometiendo excesos, puede abatir y someter la actividad delincuencial. Indeseable realidad."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Qué lejana ha quedado la aspiración del General Calles de que México pasara de la condición de 'país de caudillos y caciques a la más civilizada condición de país de instituciones y de leyes'."

Javier Hurtado

"El exceso de leyes corrompe la República"

Tácito

"En nuestro sistema judicial, culpable es aquél que no tiene dinero para costear su inocencia."

Flavio Romero de Velasco

"En este horrible lugar/ donde reina la tristeza/ no se castiga el delito/ se castiga la pobreza."

Letrero que estaba en el viejo penal de Escobedo

"Tiene más poder el que hace la ley y el que puede reformar la Constitución que el que simplemente se compromete a hacerla cumplir. La Corte sufre mucho cuando ve que una ley es injusta. Existe sistema para oponerse a las leyes inconstitucionales; pero no a las leyes injustas."

Juventino Castro y Castro

"Lo que los hombres valoran más en este mundo no son los derechos sino los privilegios."

H.L.Mencken

"No es la libertad la que libera, sino la ley."

Henri Lacordaire

"Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte."

Platón

"Un hombre de Estado pasa la mitad de su vida haciendo leyes y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas."

Noel Clarasó

"Las autoridades están acostumbrando a la ciudadanía a un hacer lo que a nadie beneficia y es: sin manifestación no hay escucha, mucho menos solución. Lo que querría decir que para que un problema tenga la atención de las autoridades, no basta con exponerlo por escrito, tampoco con solicitar audiencia, se requiere hacer expresiones públicas, manifestaciones que, otra vez, lastiman la convivencialidad, pero sin las que las autoridades, omisas en el cumplimiento de sus responsabilidades, no escuchan."

Lourdes Bueno

"Cuando la corrupción se vuelve normal, es la muerte de la confianza de los ciudadanos en el Estado."

Leoluca Orlando, alcalde de Palermo

"En los últimos tiempos a los mexicanos se nos ha nublado la razón y nos hemos puesto peligrosamente contra ella. Por un lado vivimos e intentamos desarrollarnos al margen de la ley, o con las leyes de la selva, y por otro lado el instinto nos dice que debemos cambiar, que tendremos más oportunidades de salir adelante haciendo valer el Estado de Derecho."

Ricardo Elías, arquitecto y empresario

"Hay un lugar común que es parte del ideario mexicano: la ley es letra muerta."

Roberto Medina

"Aterra la casi total incompetencia de la autoridad para investigar, dar con las causas, descubrir a los culpables, encontrarlos, enjuiciarlos y hacerlos cumplir la penalidad que la ley (letra muerta, de ordinario) establece."

Jaime García Elías

"En el México de hoy no siempre deben ganar quienes se movilizan y protestan por el simple hecho de hacerlo."

Emilio Gamboa Patrón, senador priista

"El respeto al estado de derecho y a la constitución y un sistema de justicia funcional es uno de los pilares que explica el poderío de los Estados Unidos. Esta es todavía una lección que se está aprendiendo en México."

Ana María Salazar Slack

"Un Estado donde quedan impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina en el abismo."

Sófocles

"En los tensos días del movimiento estudiantil de 1968, el presidente Díaz Ordaz dijo: 'Preferimos conservar la libertad que solamente se puede mantener con el orden. La libertad es como el alimento: no se puede vivir sin ella, y el orden es como el aire: sin él, el cuerpo social perece'."
"Siempre he sostenido que orden no quiere decir represión. Los han pretendido hacer sinónimos los profesionales del libertinaje que tienen una inconsciente proclividad al anarquismo. Desde la época de los griegos, al orden se le percibía como armonía, afinidad de las partes dentro del todo, como simetría estructural."

Flavio Romero de Velasco

"Si acaso doblaras la vara de la justicia, que no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia."

Don Quijote a Sancho Panza instruyéndolo para gobernar la Insula Barataria

"Las leyes deben ser pocas, pragmáticas y que se cumplan."

Don Quijote a Sancho Panza instruyéndolo para gobernar la Insula Barataria

"Por favor, ya no hagan más leyes, basta con que apliquen en serio las existentes y abatan de una vez por todas la impunidad imperante."

Armando González Escoto

"El ciudadano se sigue preguntando dónde puede demandar a los funcionarios que incumplieron su 'protesta' de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, se pitorrearon de las leyes... y le vieron, en fin, la 'p' en la frente."

Jaime García Elías

"A México le hacen falta 3 cosas: Estado de derecho, Estado de derecho y Estado de derecho."

Ernesto Zedillo, expresidente de México

"Las antiguas colonias españolas en América, vivieron inmersas en la herencia de la doctrina católica del perdón. Una cultura que con sólo confesarse y arrepentirse es más que suficiente para borrar cualquier culpa. Con ello, la sociedad queda condenada a un estado de derecho inexistente. Un régimen que no castiga cuando se violan las leyes, envía un mensaje negativo: puede infringirse cualquier norma, a sabiendas que los mandatos legales son letra muerta."

Flavio Romero de Velasco

"México no será un estado de derecho mientras siga viviendo en estado de corrupción."

Armando Fuentes Aguirre "Catón"

"La reforma económica que México más necesita es la del verdadero cumplimiento de la ley... en la medida en que los secuestros, las extorsiones y la violencia se reduzcan, la inversión y el turismo fluirán de manera abundante."

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México (Los retos que enfrentamos, Ed.Debate)

"Las leyes son telarañas por las que pasan las moscas grandes y las pequeñas se atrapan."

Honoré de Balzac

"Pueblo que lincha, que arremete y humilla no es pueblo iracundo que pelea por sus derechos: es una turba incontrolada, es una masa enardecida."
"Entre pueblo y masa, entre comunidad y turba, hay una distancia parecida a la que separa a la bestia del hombre. Cualquier grupo humano por más culto y refinado que sea, puede volver a la bestialidad si las condiciones son propicias para ello. La bestialidad en el hombre siempre está al acecho dispuesta a surgir en cualquier momento, porque el animal-ancestro, está inscrito en nuestra condición humana."

Flavio Romero de Velasco

"Si el encargado de hacer valer la ley siempre por medio de la violencia legítima no cumple con su cometido, entonces el resultado no puede ser otro que la corrupción, la impunidad y el auge del crimen."

Guillermo Barba

"Las leyes en España son vistas como formas de violencia comparables a cualquier otra coacción ilegal: quien las transgrede considera que sus motivos personales son tan válidos como los acuerdos colectivos de quienes pretenden hacerlas cumplir (...). En su imaginación se están enfrentando retrospectivamente a Franco, a Hitler (...), con la ventaja de que su audaz batalla (...) puede salirles hasta gratis, con un poco de suerte y una ayudadita de los bienpensantes..."

Fernando Savater

"El Estado de Derecho es lo único que podría rescatar a México. Pero el fin de la impunidad es también el principio del fin de un sistema al que esta clase política debe su existencia y su reproducción."

Jorge Zepeda Patterson

"Nada destruye más el respeto por el gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución."

Albert Einstein

"Es más que complejo crear, desarrollar y mantener instituciones en sociedades habituadas al escepticismo. O en las que los ciudadanos actúan como si el cúmulo de derechos que consideran que les corresponde va siempre adelante y por encima de obligaciones que consideran no tener."

Marco Provencio

"La sabiduría comienza cuando uno reconoce que lo mejor que puede hacer es elegir bajo qué reglas quiere vivir. Es una imbecilidad persistente y agravada pretender que uno puede vivir sin reglas."

Wallace Stegner

"Los derechos individuales no están sujetos al voto público; una mayoría no tiene derecho a votar la derogación de los derechos de una minoría."

Ayn Rand

"Corrupción, simulación e ineptitud son el ADN del 'combate al delito' y la 'administración de la justicia' en México."

Jaime García Elías

"Quizá la ley no pueda hacer que alguien me ame, pero puede impedir que me linche, y eso para mí es bastante importante."

Martin Luther King, Jr.

"Sin un sistema de justicia eficiente todo lo demás puede salir sobrando, comenzando por el respeto a los derechos individuales."

Jorge Fernández Menéndez

"Siempre he pensado que el germen de los peores delitos y atrocidades se encuentra en las pequeñas, cotidianas violaciones a las normas elementales de convivencia."

Francisco Ortiz Pinchetti

"La verdadera libertad requiere del Estado de Derecho y la Justicia, y un sistema judicial en que los derechos de unos no se aseguren con la negación de los derechos de otros."

Jonathan Sacks

"Un principio general de derecho establece que 'el ciudadano es libre de hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley, en tanto que los funcionarios públicos -incluidos, por supuesto, los miembros del Ejército- sólo pueden hacer aquello que la ley expresamente les faculta'."

Jaime García Elías

"Veo una competencia de vencidas entre un México que quiere un Estado de Derecho y un México que ve en la defensa de sus privilegios la única forma de entender la realidad."

Juan Pardinas, presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad

"La más efectiva manera para lograr impunidad en este país es conseguirse una bandera política que promueva la violación de las leyes. Todos los que lo han hecho con ese método han salido triunfantes."

Carlos Loret de Mola A.

"En este país la justicia es selectiva y el aparato que debiera garantizar legalidad para todos, se utiliza como una mera herramienta que está en manos de los poderosos en turno."

Jorge Octavio Navarro

"En un país en el que el abuso de la ley es costumbre, el Congreso pone el ejemplo."

Esteban Illades

"La única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de la comunidad civilizada contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a realizar determinados actos porque esto fuera mejor para él, porque lo haría más feliz, porque -en opinión de los demás- hacerlo sería más acertado y más justo"

John Stuart Mill

"En nuestro país se habla a diario del necesario establecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, cuando éste tiene que desarrollarse, se aboga por el excepcionalismo. Se busca posponer la racionalidad jurídica a fin de salvar a algo o a alguien."

José Ramón Cossío Díaz

"Un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores."

León Tolstoi

"La justicia podrá ser ciega, pero posee un olfato muy aguzado para el dinero."

Guillermo Arriaga ("El Salvaje")

"Siempre nos quejamos de la corrupción, pero si te detiene la policía de tránsito y le das 100 pesos, no hay ninguna diferencia entre tú y Javier Duarte, porque al final todo suma para un gran mal."

Saskia Niño de Rivera Cover

"No hay experiencia exitosa en la lucha contra la corrupción y la impunidad que no haya tenido la participación del sector privado. Sin un compromiso de las empresas, la corrupción no podrá ser disminuida."

Eduardo Bohórquez y María Amparo Casar

"Las diferencias importantes en este mundo no son las diferencias de raza, de religión, de nacionalidad o de geografía. Las diferencias importantes son aquellas que existen entre aquellos que creen en el estado de derecho para resolver las diferencias entre las personas, y aquellos que no creen en él. El estado de derecho es lo contrario a la arbitrariedad, a la falta de razón, a la irracionalidad, a la tiranía y al despotismo.

Stephen Breyer

"El capital se va paulatinamente de los estados dictatoriales que no defienden a los individuos privados y su propiedad. En cambio, afluye a los estados que hacen cumplir la norma de la ley y de la propiedad privada."

Yuval Noah Harari

"El auge y florecimiento de los delitos en México, que van desde los grandes cárteles a la lastimosa corrupción, pasando por supuesto por secuestros, robos, asaltos y delitos del fuero común, tienen que ver con la impunidad, ya que en nuestro país ser delincuente no se castiga."

Pablo Latapí

"No hay nada más urgente para impulsar la economía que fortalecer el Estado de Derecho. En ese proceso, una fiscalía independiente sería un paso gigante."

Luis Miguel González

"La igualdad ante el Derecho es una de las más nobles conquistas del hombre."

Alfonso Reyes, Cartilla moral

"El que comete una falta o un delito debe sufrir igual pena, sea débil o poderoso, pobre o rico."

Alfonso Reyes, Cartilla moral

"El mayor mal de la falta de aplicación de alguna ley es que destruye el respeto por todas las leyes."

Herbert Hoover

"Con los delincuentes no se negocia. No se trata de declarar guerras ni de hacer actos de valentía innecesarios, se trata de que entendamos que no podemos agachar la cabeza."

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

"El Estado no es una Organización No Gubernamental. No debe ser nunca una asociación que procure la caridad. Por el contrario, el Estado tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza para aplicar el Estado de Derecho y para cobrar los impuestos. Se asume que es el garante del bienestar público, que el Estado es y debe ser el protector del interés general, y por eso le encomendamos que vele por una sociedad justa."

Enrique Toussaint Orendáin

"Educarnos para la libertad es el complemento perfecto que nuestra sociedad necesita, a fin de que los seres humanos logremos entender que la defensa del derecho propio exige el respeto al derecho de los demás, que el respeto que pedimos se gana respetando a todos, y que no se logra una posición para reproducir los mismos adefesios que se buscaba cambiar."

Armando González Escoto

"Estado de Derecho, el principio de que las leyes no deberán aplicarse de forma selectiva o arbitraria y que nadie está por encima de la ley."

Daron Acemoglu y James A. Robinson

"Cuando la gente cree que puede tomarse la justicia por su mano desaparece el Estado (que se lo piensen un poco los partidarios de las armas)."

Rosa Montero

"La justicia es la más imperiosa necesidad pública, no solo en México sino en el mundo, pues los agravios que le infiere la incontinencia humana no son reparados en proporción igual, ni con la oportunidad apetecida."

Agustín Yáñez, 10 de febrero de 1964

"Todos los derechos asegurados para los ciudadanos por la Constitución no valen nada, son una simple burbuja, si no son garantizados por un poder judicial independiente y virtuoso".

Andrew Jackson

"Destruye el mercado libre y creas un mercado negro; abruma a la gente con leyes y reglamentos e induces una falta generalizada de respeto por la ley."

Winston Churchill

"La impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda: estimula al delincuente y contagia su ejemplo".

Eduardo Galeano

"Es un país sin ley. Así que todos están asustados. La solución es sencilla: perdamos el miedo. La cobardía es la aliada de Andrés."

Porfirio Muñoz Ledo

"Para mí el Estado de Derecho, la legalidad, la ley tienen que observarse. Si la ley está mal, nuestra obligación es cambiarla; si la ley es injusta, nuestra obligación es cambiarla y modificarla, pero no alterar los principios fundamentales que al país le dieron fuerza, esencia y fortaleza."

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

"El estado de derecho es el elemento más importante de una sociedad civil."

Mo Ibrahim

"Si ni siquiera como funcionario crees en el sistema y orden legal, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes? Sólo la instauración paulatina de la ley del talión. Presenciamos las grietas visibles de una sociedad en donde la justicia por propia mano está más latente que nunca."

Jonathan Lomelí


Llueve igual a diario
sobre el justo y el injusto,
aunque más le llueve al justo,
pues el injusto tiene del justo su paraguas.

Copla inglesa citada por George Orwell



Links relacionados con el tema:

Led Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C.
Led Tojil estrategia contra la impunidad.


LOS HECHOS


Especialistas en materia de derecho penal y política consideraron que el proceso electoral 2023-2024 es el más violento de la historia de México, pese a que apenas han transcurrido 16 días de las campañas a la Presidencia, gubernaturas y otros cargos.

Sandro Arreola, politólogo de la Universidad de Guadalajara, calificó que el proceso electoral actual es también el más letal debido a los crímenes contra los políticos y personas involucradas en las campañas, señalando que los criminales han ajusticiado a aspirantes a cargos de elección popular con oportunidad de ganar.

"Sí, es la más letal en términos del ajusticiamiento y los crímenes en contra de políticos, principalmente de candidatos. La letalidad ha cobrado la vida de candidatos que buscan reelección, que buscan posicionamiento, no se está ajusticiando a candidatos que no vayan a ganar, sino que el patrón que se encuentran es que son aspirantes que vayan a ganar".

Adolfo Gámez, abogado penalista, criticó que el Estado dejó de existir en municipios del interior de Jalisco, los cuales, afirmó, están controlados por la delincuencia organizada. Por ello, cuestionó que haya gobiernos que pactaran con grupos criminales y les permitieran desarrollar sus actividades con normalidad, razón por la que se han acumulado los crímenes en contra de personas aspirantes a algún cargo de elección popular.

"El gobierno como tal dejó de existir en algunos municipios del interior del estado, municipios que están controlados por grupos que se presumen de la delincuencia organizada. Considero que con la delincuencia no se pacta, se combate. Estamos viendo que ese pactar con la delincuencia está trayendo resultados de que los candidatos provienen de algunas cosas con las venias de los grupos. Es por eso que a diario se están acumulando los crímenes para ser candidato".

Ambos especialistas ven la posibilidad de que se repita la situación registrada en 2021, cuando la elección por la presidencia municipal de Jilotlán de los Dolores sea anulada, y no sólo en aquel municipio del sur del estado, sino en otras regiones como en Los Altos o el norte; por ello, advirtieron la posibilidad de un vacío legal en caso de que no se elijan a representantes públicos.

(V.pág.5 del periódico El Informador del 17 de marzo de 2024).

Diputados locales aprobaron descuentos en recargos para usuarios morosos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para un total de 50,000 usuarios que tienen adeudos con el organismo.

Los descuentos serán del 100% para quienes paguen en una sola exhibición y del 75% para quienes formalicen convenios para hacer los pagos en parcialidades, explicó la diputada local de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, Claudia Salas.

[Y si usted no quiere pagar, espere hasta los próximos descuentos, al fin y al cabo suceden cada año - el webmaster.]

"Tiene la aplicación inmediata, a partir de que esto se publique, puedan a partir del siguiente martes puedan acudir a las oficinas del SIAPA con su recibo para aplicar el descuento".

Entre los 50,000 usuarios que podrán aplicar a los descuentos se incluye solamente a personas que residen en casa habitación y permitiría condonar hasta 72 millones de pesos en descuentos para todos los usuarios; la mayor parte de ellos se concentran en el municipio de Guadalajara.

La legisladora emecista señaló que buscan que el organismo del agua tenga liquidez.

Respecto a la posibilidad de generar descuentos para afectados por la mala calidad del agua suministrada por el SIAPA al igual que el año pasado, Claudia Salas dijo que esperarán hasta los siguientes meses para verificar la situación.

(V.periódico El Informador en línea del 14 de marzo de 2024).

En México los criminales aprendieron de tiempo atrás que la prensa es vulnerable, que la autoridad es la 1a. en darle poco valor, que si incomoda es barato quitarla de en medio. En ese contexto es que ocurre la privación ilegal de la libertad de Jaime Barrera.

Por lo mismo, es preciso ampliar la protesta y elevar la demanda de que aparezca inmediatamente Jaime para que retome sus actividades. Para tranquilidad de su familia y de su comunidad. Que nunca más los criminales se arroguen derechos que no les corresponden. Que impere la ley y solo la ley.

Salvador Camarena
(v.pág.3 del periódico El Informador del 13 de marzo de 2024).

Al menos 20 agentes de la Guardia Nacional (GN) y 4 ministeriales del Estado de Guerrero, resultaron heridos ayer en la protesta de estudiantes de Ayotzinapa contra la Fiscalía General del Estado (FGE).

También fueron reportados 11 vehículos quemados en la trifulca.

Alrededor de las 11:00 horas, a bordo de unos 5 autobuses, normalistas arribaron a las instalaciones de la Fiscalía.

La FGE de Guerrero informó en un comunicado el saldo de la protesta de los jóvenes, quienes se manifestaron tras la fuga de un policía estatal acusado de matar a uno de sus compañeros, Yanqui Kothan Gómez, mientras se intensifican las marchas para exigir justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en 2014.

Los agentes con equipo antimotines resguardan las instalaciones de la Fiscalía desde el viernes tras el asesinato de Gómez en un retén de la Policía de Guerrero el jueves pasado, pero ayer quedaron rebasados por los normalistas de Ayotzinapa y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

Los manifestantes arrojaron petardos y bombas caseras contra los oficiales para ingresar a las instalaciones, y las esquirlas se incrustaron en los agentes, quienes se resguardaron en las instalaciones.

"Se reprueban los injustificados ataques lanzados por los normalistas a este organismo autónomo el día de hoy (ayer), toda vez que esta Fiscalía ha actuado de manera objetiva e imparcial, respetando los derechos de los familiares de la víctima", indicó la FGE.

La manifestación ocurrió tras "la matutina" del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que el oficial acusado se fugó con la presunta complicidad de autoridades locales, aunque otros 2 policías implicados permanecen detenidos.

Pero la Fiscalía de Guerrero aseguró en su boletín que en ningún momento tuvo en calidad de detenidos a los policías estatales señalados del ataque a los estudiantes.

Y argumentó que remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República integrada con testimonios y más de 20 dictámenes periciales, videos e indicios recabados por las autoridades estatales.

"Aclarando que este organismo de procuración de justicia no realiza arrestos administrativos, por lo que deberá aclararse qué autoridad mantenía bajo resguardo a los citados funcionarios estatales", manifestó la Fiscalía.

En plenas campañas electorales por las elecciones del 2 de junio, los estudiantes han intensificado sus manifestaciones porque López Obrador no ha resuelto el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que desaparecieron en Guerrero en septiembre de 2014.

(V.pág.8 del periódico El Informador del 13 de marzo de 2024).

La historia comenzó la mañana del 19 de diciembre en Dallas, cuando fue detenido Genaro García Luna en el pequeño departamento que rentaba de manera temporal mientras trabajaba un programa de seguridad para un condado. Los alguaciles lo llevaron al Centro de Detención Metropolitano de Dallas, y tras ingresar lo llevaron a un salón donde había 7 funcionarios del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI y la CIA. Sin un abogado presente, sin grabación de lo ahí platicado y sin minutas para registrar lo dicho, el representante de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn le dijo que su captura había sido "a petición del presidente de México" para que imputara a varias personalidades mexicanas de la política, el sector privado y los medios de comunicación.

El abogado de la Fiscalía mencionó por nombre a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón, y sin identificar ni precisar, al "señor de la telefonía", al "de la televisora", a "los de Televisa" y "al empresario de medios que tiene hospitales". Era una lista larga donde estaban incluidos todos los procuradores y procuradoras desde el gobierno de Salinas al de Enrique Peña Nieto, así como todos los secretarios de Hacienda y algunos de Gobernación.

No estaba el nombre del presidente Ernesto Zedillo, y Peña Nieto aparecía sólo de manera tangencial. Sí estaban incluidas las figuras del PRI y el PAN más connotados de la última generación, líderes de partido, legisladores y jueces. También había una decena de periodistas. En todos los casos querían que García Luna acusara a los empresarios de haber utilizado dinero del narcotráfico en sus empresas, y que el resto habían sido parte de un esquema de corrupción y encubrimiento.

Cuando el representante de la Fiscalía hizo la oferta, el representante de la CIA se salió del cuarto, algo que sólo sucede cuando lo que está prometiendo un funcionario con representatividad no tiene el consenso de quienes están presentes, lo desaprueban o pueda estar al margen de la ley. Ese fue el primero, pero no el único momento en que afloraron las diferencias entre los servicios policiales y de inteligencia estadounidenses. En el curso del juicio, la DEA también se dividió y una parte importante no respaldó el actuar del agente Miguel Madrigal, que fue quien llevó a la Fiscalía en Brooklyn a Héctor Javier Villarreal, el ex tesorero del gobernador Humberto Moreira en Coahuila, el testigo más importante de la Fiscalía en el juicio de García Luna por ser el único que no era narcotraficante ni había sido detenido por él, y a quien señala la defensa que cometió perjurio. Madrigal, tras la moción de la defensa donde presentó pruebas de que el agente de la DEA violó la ley para dañar a García Luna, fue jubilado.

García Luna rechazó la propuesta del representante de la Fiscalía. Su explicación, de acuerdo con la información en los ámbitos judiciales de Brooklyn, es que no imputaría a nadie de quien no tenía información. Como reacción a su negativa, el ex secretario no fue enviado a una celda ordinaria, sino a un SHU, las siglas en inglés de Unidad Especial de Vivienda, con la que identifican en el sistema penitenciario estadounidense espacios de 2 metros cuadrados que no tienen nada para sentarse o acostarse, y que permanentemente tienen la luz encendida para que el reo pierda toda la noción del tiempo.

Aproximadamente 2 horas después de la 1a. reunión, en un vuelo privado desde Nueva York, de acuerdo con la información obtenida, llegó a quienes varios de los que conocen los detalles de estos encuentros informales y que se mantuvieron fuera de los registros oficiales, identifican como el titular de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn. Sin embargo, no se pudo corroborar que se tratara de Richard Donoghue, cabeza de esa poderosa oficina judicial. De ser así, haber realizado ese viaje para firmar un acuerdo con un prisionero es algo extraordinario, porque prácticamente no salen de sus oficinas, ni siquiera para asistir a sus juicios.

El titular de la Fiscalía de Brooklyn, como lo refieren en las informaciones, le repitió a García Luna que había sido detenido por "petición del presidente de México" -al que nunca llamó por su nombre- y le dijo que, a cambio de las imputaciones y que se declarara culpable, el Gobierno de Estados Unidos le ofrecía que estaría en prisión sólo 7 meses, al término de lo cual saldría libre y recibiría un pago "millonario", que no cuantificó, para compensar que perdería las empresas que tenía en México y Estados Unidos.

García Luna repitió lo que había dicho al representante de la Fiscalía que le adelantó parte del acuerdo horas antes, que no imputaría a nadie, porque no tenía información de que hubieran estado vinculados con el narcotráfico, ni prueba alguna contra ellos. El titular de la Fiscalía le dijo que eso no importaba. Que él los señalara y que del resto se encargarían los fiscales. Además, le dijo que no se declararía culpable porque era inocente de las acusaciones que le habían formulado. Lo regresaron al SHU.

Todavía hubo 2 reuniones más el 9 de diciembre, sin abogado defensor presente, sin grabación ni minutas para dejar registro de lo ahí platicado. La respuesta de García Luna fue la misma. Ni se declararía culpable, ni imputaría a nadie.

Para López Obrador, si se analizan los términos del intercambio que le propuso la Fiscalía de Brooklyn a García Luna, tenía un altísimo valor estratégico. De haber aceptado el ex secretario imputar a los mexicanos en la lista que le presentaron a cambio de su libertad, con una cuenta bancaria de más de 7 dígitos, lo que habría sucedido era el colapso del sistema político mexicano, que tanto ha deseado López Obrador, sin ensuciarse las manos.

El Gobierno de Estados Unidos, a través de los fiscales, habría demolido todo el aparato político de los últimos 35 años, a la clase empresarial que se fue construyendo desde los 80s, y a los contrapesos en el Poder Judicial y los medios. Lo único que quedaba al margen del sistema que quería derruir con la propuesta, eran las fuerzas armadas: en ningún momento le pidieron a García Luna acusar a algún militar de tener vinculaciones con el narcotráfico.

La estrategia estaba muy bien diseñada, salvo quizás seleccionar a García Luna como la persona que se doblaría y aceptaría el acuerdo. Revisando el juicio en retrospectiva, el testimonio de Héctor Javier Villarreal, el ex tesorero del gobernador Humberto Moreira en Coahuila, el testigo más importante de la Fiscalía en el juicio de García Luna por ser el único que no era narcotraficante, era el principio de todo. Villarreal fue quien imputó a El Universal y a su propietario, Juan Francisco Ealy Ortiz, de haber estado coludidos con García Luna, con declaraciones falsas que ya fueron impugnadas en la corte con documentación probatoria de que cometió perjurio, una de las causas por las que el juicio podría anularse.

La mecánica de su interrogatorio por parte de los fiscales permite ver lo que habría sucedido si García Luna hubiera imputado a quienes le pidieron acusar. A partir de testigos protegidos, como habría sido él, quienes formaron parte del sistema político mexicano en las últimas 3 décadas, habrían quedado destruidos, entregando toda la fuerza y legitimidad a López Obrador para aplastar las instituciones e instalar en su 4a. transformación un nuevo sistema político, una nueva clase dirigente, una nueva clase empresarial, sus jueces y sus medios.

Si este fue el objetivo último de la propuesta que dicen los fiscales neoyorquinos que existió, fue ambiciosa y factible. No se consumó porque no hubo negociación alguna con García Luna, pero nos habla de hasta dónde hubo fuerzas interesadas en los 2 países para alcanzar sus propios fines, sin importar dónde quedaba la ley y una nación.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador de los días 12 y 13 de marzo de 2024).

La noche de este sábado en Tixtla, Guerrero, normalistas de Ayotzinapa quemaron 2 patrullas de la Guardia Nacional y retuvieron a los soldados que iban a bordo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 7 de la noche, cuando un grupo de normalistas de Ayotzinapa detuvieron sobre la carretera federal Chilpancingo-Chilapa 2 patrullas de la GN, bajaron a los soldados y después se las llevaron al entronque con el nuevo libramiento y les prendieron fuego.

Hasta el momento se desconoce cuántos soldados de la GN fueron retenidos.

De acuerdo a unos videos que fueron difundidos en redes sociales, se ve cómo los normalistas suben a unos soldados a uno de los autobuses.

(V.periódico El Informador en línea del 9 de marzo de 2024).

El hermano del presidente, Pío López Obrador, presentó una demanda en contra del periodista Carlos Loret de Mola, en la cual pide 200 millones de pesos para reparar el "daño moral" que supuestamente le causó por haber hecho públicos los videos en los que el primero aparece recibiendo dinero en sobres amarillos de manos de David León, ex funcionario del gobierno de Chiapas.

Al respecto el presidente dijo: "Si puedo hacer una recomendación a mi hermano y a cualquiera, es que no sirven de nada las denuncias (...) es perder el tiempo. Yo por eso no presento ninguna denuncia".

Si para el propio presidente presentar una denuncia es perder el tiempo, los ciudadanos quedamos con solo 2 opciones: intentar hacer justicia por propia mano o resignarnos a ser víctimas permanentes de todo tipo de crímenes, delitos, abusos y negligencias.

Para quienes no lo sepan: en México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian, y de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en México.

El presidente culpa de esto al Poder Judicial cuando en realidad es algo que le corresponde a él resolver, y lo hace no para mejorar el sistema de justicia en favor de los ciudadanos, sino para lograr tener jueces a modo, que avalen las reformas constitucionales necesarias para perpetuar su poder y hacer con el país lo que le venga en gana.

Y digo que le corresponde a él y no al Poder Judicial resolver el problema de la impunidad, porque la razón por la que los ciudadanos no denunciamos no tiene que ver con las sentencias que el Poder Judicial (jueces y magistrados) emite, sino principalmente con las complicaciones, trabas, riesgos, intimidaciones, extorsiones y corrupción de las fiscalías, de los ministerios públicos, de las policías, etc., y que a nivel federal dependen del Poder Ejecutivo.

Tan es así, que el fiscal general de la República es designado por el presidente de México con ratificación del Senado. Por lo que si Pío López Obrador está perdiendo el tiempo con su demanda, a quien tendría que reclamarle sería a Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general de la República, un personaje que J. Jesús Lemus, en su libro "El fiscal imperial", describe como "el eslabón más obscuro de la 4T", quien no solo ha dado malos resultados en su gestión, sino además ha dado un uso faccioso a su cargo para dirimir asuntos personales.

Supuestamente los fiscales son autónomos, pero la realidad es que esa autonomía es aparente, pues en México, y especialmente en esta administración, se investiga, se encarcela o libera de acuerdo con las indicaciones del presidente.

Un artículo publicado por la revisa Nexos, en octubre de 2022, decía lo que es sabido por todos: que "la ausencia de denuncia (es) causada por el temor de las víctimas y su desconfianza en las autoridades".

Los ciudadanos no denunciamos, no porque no queramos, sino porque ante el desinterés, corrupción o complicidad de las autoridades con los delincuentes, hacemos un cálculo de costo-beneficio basado en las probabilidades de recuperar bienes y/o castigar culpables, versus el tiempo y costo que significa darle seguimiento a una investigación que solo si la víctima cuenta con influencias y recursos económicos suficientes se le dará atención debida. Y cuando la denuncia tiene que ver con el crimen organizado o delitos de alto impacto, el cálculo tiene que ver además con el riesgo de ser víctimas de venganza de los acusados.

¿Qué hacer entonces? Para mí, la solución a este círculo vicioso de crimen-impunidad radica en 2 cosas: por un lado, simplificar y facilitar a los ciudadanos los procesos de denuncia y garantizar su seguridad o anonimato, y por otro, con la autonomía e independencia de las fiscalías, dotándolas con los recursos materiales y humanos suficientes y capacitados para proteger a los ciudadanos, para vigilar, disuadir, esclarecer delitos y perseguir y atrapar delincuentes, siguiendo siempre el debido proceso, de manera que los jueces y magistrados puedan finalmente, con la ley en la mano, dictar sentencias que liberen inocentes, resarzan daños o condenen culpables según sea el caso.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(8 de marzo de 2024).

Hay señales que nos permiten suponer que estamos viviendo en un régimen autoritario a punto de convertirse en tiranía. Una de ellas es cuando los ciudadanos pueden ser encarcelados sin que medie un juicio de por medio. Aquí estamos ante el uso de un poder arbitrario que no respeta las mínimas garantías individuales.

Se suele argumentar en nuestro país que dada la intolerable situación de inseguridad en que vivimos, la violación a garantías constitucionales, como el derecho a no ser condenado sin pruebas, es un costo que hay que pagar.

Este razonamiento parece una falacia. En 1er. lugar, porque el Estado no sujeto a la ley es en sí mismo causa, no de menos, sino de más violencia. En 2o. lugar, porque tratar a la ciudadanía de manera arbitraria es una afrenta al pacto civilizatorio que promueve todo lo que vale la pena en una sociedad. En 3er. lugar, porque eliminar garantías individuales no va a resolver el problema de la inseguridad.

Todo esto viene a cuento porque el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado mexicano estaba incurriendo en múltiples violaciones a los derechos de 2 personas que fueron detenidas arbitrariamente y luego torturadas por autoridades judiciales por un espacio de 17 años. La CIDH trabajó en el caso desde 2021, año en que se dio ingreso a la acusación.

Como respuesta a esta sentencia de la CIDH, y a partir de una iniciativa del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está analizando anular la prisión preventiva oficiosa y negar órdenes de arraigo. Como lo ha argumentado el ministro Pardo Rebolledo, dado que nuestro país ha suscrito la Convención Americana, las decisiones de la CIDH son vinculantes para el Estado mexicano, que ahora deberá adecuar su marco jurídico para armonizarlo con el de la Convención. Para que la justicia comience a aplicarse de inmediato, los jueces deberán implementar lo que se llama "control de convencionalidad", por medio del cual se examinan las disposiciones jurídicas con el fin de que sean compatibles con lo ordenado por la CIDH. En este caso, se debe modificar la figura del arraigo contenida en el artículo 16 de la Constitución, así como la figura de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 del mismo ordenamiento.

Aunque es de celebrar que la SCJN esté actuando con prontitud para que lo dispuesto en la materia por la CIDH sea pronto reflejado en las leyes mexicanas, sí es criticable que tenga que intervenir un organismo internacional para obligar al gobierno a respetar garantías fundamentales. Hay que agregar a lo dicho un hecho ineludible: que la aplicación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa se ha aplicado fundamentalmente a las clases más humildes con menos capacidad para protegerse de tales actos violatorios de sus derechos.

Esperemos que más temprano que tarde vivamos ya, todos los ciudadanos, en un Estado de Derecho donde nadie será condenado a prisión y arraigado sin que medien razones jurídicas para ello. Sin esto, no puede haber un México próspero y justo.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 8 de marzo de 2024).

El Presidente anunció desde Tamaulipas que el decreto por el que se fomenta la regularización de autos "chocolate" [importados ilegalmente] se ampliará una vez más.

(V.pág.11 del periódico El Informador del 8 de marzo de 2024).

Dentro de los mismos muros, en la mañanera, el presidente confesaba el albazo. Dijo que había mandado llamar al entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para enseñarles las pruebas que habían llegado a sus manos (no dijo de dónde) y solicitar (léase acordar) la detención del fiscal Murillo Karam.

Si atendemos a la resolución que el propio ministro Zaldívar hizo en el caso Florence Cassez y a lo que él mismo llamó "el efecto corruptor" por la intervención del entonces presidente Felipe Calderón, Murillo debería de ser liberado. Pero no, no nos vamos a poner exquisitos, basta decir que las palabras del presidente confirman lo que ya se había dicho: a Murillo lo involucraron en la carpeta de investigación un día antes de su aprehensión y ésta se realizó sin tener las pruebas suficientes. Fue una decisión política y, hoy lo sabemos en voz de López Obrador, dictada por él mismo. Eso no quiere decir que Murillo Karam haya hecho un buen trabajo, ni siquiera que sea inocente, sino simple y llanamente que su encarcelamiento no es producto de una investigación judicial sino de un acuerdo cupular con base en un reporte que le pasaron al señor de Palacio.

El presidente volvió a cargar contra el ex fiscal especial, Omar Gómez Trejo, contra el Centro Pro de Derechos Humanos, contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra los abogados y contra el senador Álvarez Icaza que, en su narrativa, han creado un complot y manipulado a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. En realidad, lo que está de fondo es eso que el ex subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, calificó como "un exceso" del fiscal especial Gómez Trejo y que no es otra cosa que la investigación, con base en documentos de un juicio en la ciudad de Chicago, de que militares y marinos de alto rango estaban metidos hasta las manitas en el tráfico de drogas a Estados Unidos.

El presidente quedó atrapado en su propia maraña en el caso de los 43 y se ha dedicado a darle largas al asunto.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 7 de marzo de 2024).

Personal sindicalizado de trabajadores de la aerolínea Interjet cerraron por escasos 5 minutos el Circuito Interior a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En su manifestación pidieron que se dispersen los incentivos que le fueron otorgados a Interjet y que ya habían acordado previamente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana replegaron a los inconformes que mantenían el bloqueo en todos los carriles, en medio de empujones entre policías y manifestantes.

(V.pág.4 del periódico El Informador del 5 de marzo de 2024).

La violencia homicida es un problema que no se resuelve con más soldados y policías en las calles. Y esa es la respuesta de AMLO ante cada masacre. La misma que usaron Calderón y Peña.

Los homicidas saben que si disparan y huyen, hay una oportunidad superior al 95% de que jamás los atrapen y castiguen. Es un volado casi seguro a su favor. Incluso con un convoy militar a unas cuadras.

Ni 1,200 soldados detienen a un homicida. Un ministerio público, un juez y una sentencia en un tribunal sí podrían.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 29 de febrero de 2024).

Un señor, de casualidad hermano del Presidente de la República, recibe sobres amarillos con dinero en efectivo de parte de otro señor, que trabajaba para el Gobierno del Estado de Chiapas y que, otra casualidad, terminó con un puesto en el gobierno de López Obrador. El funcionario en edad de merecer le promete al hermano del candidato que habrá más dinero. Alguien lo está filmando. Suponemos fue que el mismo mensajero de los sobrecitos, para tener forma de comprobar que entregó el dinero. Sabemos, por lo que se alcanza a escuchar, que el destino del recurso es el movimiento que tiene como candidato al hermano. Habrá más, promete el mensajero.

Un periodista recibe, no sabemos cómo ni de manos de quién, el video. Lo difunde profusamente, comenta, exige explicaciones. Hay a quien le encanta su tono beligerante, a otros no les gusta nada. Hay sin embargo algunos hechos incontrovertibles: el dinero recibido no está registrado en la campaña; el mensajero fue premiado con un puesto en la administración federal e igualmente despedido sin más explicación cuando el video se filtró a la prensa. En lugar de explicar y de investigar el delito electoral que todos vimos en nuestras pantallas, el hermano del presidente demanda al periodista por haber dañado su imagen. Él estima que la afectación a su honor vale 400 millones de pesos: 200 el periodista y 200 el medio. No sabemos qué negocio se le cayó con esta filtración, pero debió ser grande.

¿Qué tiene que ver este aparente pleito entre particulares con nosotros? Todo. Lo que está en juego en este juicio es el derecho que tenemos los mexicanos a vigilar al poder, a exigir que los políticos rindan cuentas de sus actos y a que se cumpla la ley. El juicio, interpuesto por el hermano del Presidente, no es sobre su honorabilidad: si él explica satisfactoriamente lo que vimos en el video y demuestra que lo que vimos no es lo que parece, todos los medios lo vamos a publicar. De lo que se trata este juicio y por lo que no debemos perderlo de vista, lo que está en juego, es nuestro derecho a saber. No el de Carlos Loret, no el del medio para el que trabaja, sino de todos y cada uno de nosotros que somos los sujetos del derecho a la información.

Pío puede y debe preocuparse de que sus reuniones privadas efectivamente lo sean. Tienen derecho a demandar a quien grabó el video, que claramente no fue Loret. Tienen derecho a dar su versión de los hechos y nosotros reservarnos el derecho de creerle o no. A lo que no tiene derecho, ni él ni nadie, es amedrentar a un ciudadano, independientemente de que sea periodista, por difundir información de interés público sobre asuntos públicos.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 29 de febrero de 2024).

Si este país fuera de leyes, Loret y Latinus, el medio para el cual trabaja, tendrían que estar tranquilos, porque el fallo casi en automático tendría que salir a su favor. El daño moral no aplica. Por ejemplo, la denuncia del PAN y el PRI ante la Fiscalía de Delitos Electorales no procedió porque no se pudo documentar que el millón y medio que recibió Pío en un restaurante y en su casa, fueran para financiar campañas de López Obrador.

Tampoco le afectó su negocio forestal, como declaró a Joaquín López Dóriga en una entrevista en octubre de 2022. Más aún, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano asignó 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de béisbol de las Guacamayas de Palenque, del cual Pío fue fundador y es directivo. A su hermano el presidente todo le hizo lo que el viento a Juárez.

Sin embargo, si este país fuera de leyes, Pío debería de ir a la cárcel junto con David León, quien le entregó el millón y medio de pesos en 2 bolsas de papel estraza. León, que fue el director de Protección Civil al inicio del gobierno de López Obrador, en 2015, el año en el que se realizaron los videos, era un operador político del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien por razones de seguridad y para documentar que entregaba el dinero que le daban del erario con fines políticos -aunque fuera algo irregular e ilegal-, grababa de manera subrepticia las entregas de recursos, que es parte de la queja original de Pío, por haber dado a conocer "indebidamente" imágenes e información obtenidas mediante una intervención privada.

En los videos León no le puso una pistola en la cabeza a Pío para que recibiera el dinero, ni tampoco se apreciaba tensión en sus encuentros, sino todo lo contrario. Incluso, Pío le decía que su hermano estaba al tanto del dinero que le enviaba Velasco. No está claro por qué también lo incorporó en la demanda contra Loret y Latinus, salvo que lo hiciera responsable de la fuga de los videos -de la caja fuerte de una de sus oficinas- y su entrega a la prensa para hacerle daño a él y a su hermano. Sin embargo, como se explicó líneas arriba, no hubo daño moral.

Lo que sí se dio -de ahí lo importante de lo que mencionó Loret del testimonio de Pío- es su reconocimiento que recibió dinero en efectivo de procedencia desconocida, que pudiera entrar en la comisión de delito contemplada en el Artículo 400 Bis del Código Penal, que tiene penas de 5 a 15 años de prisión y multas equivalentes a 1000 a 5000 días de salario mínimo. El presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no se persiguió porque nunca se hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía General, ni esta abrió una carpeta de investigación de oficio, que se circunscribió al campo electoral. Sin embargo, la prescripción del delito es de 10 años, por lo que todavía hay tiempo para proceder judicialmente.

Es ingenuo pensar que el fiscal Alejandro Gertz Manero actuará conforme a Derecho, y desde que se dieron a conocer los videos, se ha buscado encubrir cualquier delito en el que pudiera haber incurrido Pío. Eso es lo que sucedió con una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aún bajo la dirección de Santiago Nieto, que encontró que no tenía ninguna actividad profesional ni estaba registrado en el SAT, lo que no le impedía administrar el equipo de béisbol y sostener económicamente a su hijo, que estudiaba en Canadá.

La UIF también descubrió que su esposa tenía ingresos derivados de actividades agropecuarias y forestales, pero no los declaró durante 3 años, lo que generó inconsistencias en el SAT, que tampoco aclaró. Esa investigación no encontró transferencias a Pío, que todo el tiempo se manejaba con dinero en efectivo de procedencia sospechosa. Pese a las redes de vínculos y la información existente sobre sus movimientos financieros, Nieto cerró la investigación y lo exoneró.

La demanda de Pío, sin embargo, abre varias puertas al infierno hacia delante. El presidente López Obrador, que dijo ayer que la demanda era una pérdida de tiempo porque Loret, al que volvió a difamar, estaba protegido por los jueces, a quienes volvió a insultar, podría ser llamado a declarar, como en algún momento consideró Pío, para que diga qué destino tuvo el dinero que recibió, lo que también podría servir para denunciarlo en otro tribunal por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita. Pero esto tampoco sucederá, porque en este país la ley es laxa y discrecional.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4 del periódico El Informador del 29 de febrero de 2024).

Escribo esto recién me levanté del banquillo de los acusados. En el mundo al revés que se ha vuelto este gobierno, el hermano del presidente López Obrador me demandó por haber presentado sus videos recibiendo a escondidas dinero en efectivo en sobres amarillos y bolsas de papel. Y tuve que ir a ser interrogado por su abogado. La audiencia duró 8 horas sin recesos.

El acusado no es él, Pío Lorenzo López Obrador (PiLLO, por sus iniciales), a quien se ve flagrantemente recibiendo el cash en secreto. El acusado no es su hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien en el video señalan como el destinatario final de los recursos. El acusado tampoco es David León, quien le da el dinero clandestinamente y que luego se volvió alto funcionario del gobierno de AMLO. Yo no le di el dinero. Yo no recibí el soborno. Yo no di el soborno. Yo no grabé el soborno. Pero el acusado soy yo.

El hermano del presidente de México quiere que le pague 200 millones de pesos yo y otros 200 millones Latinus por haber difundido los videos. ¿Pues qué negocio le tumbamos? ¿Esperaba ganar esa monstruosidad de dinero en la administración de su hermano Andrés Manuel? ¿Cómo lo pensaba ganar?

Frente a la contundencia de las pruebas -2 videos que no dejan espacio a la duda-, la demanda es un descaro, un desplante de soberbia del poder: sí, lo hago, y qué.

8 horas en las que Pío López Obrador no pudo desacreditar un renglón de nuestro reportaje. De hecho, terminó aceptando que los videos son reales, que él aparece en los videos, que recibe sobres amarillos, que los sobres contenían dinero en efectivo y que todo fue "para apoyar el movimiento".

Esta demanda exhibe una más de las armas de las que ha echado mano el presidente de México para tratar de silenciar a los periodistas que revelamos los escándalos de su administración. El presidente no ejerce su derecho de réplica. No desmiente la información porque no puede, porque lo exhiben videos, audios, documentos. Entonces insulta, revela los datos personales de quien lo incomoda, muestra el número de teléfono celular, difunde fotos de la casa donde vives, invita a sus huestes al linchamiento y la persecución, y todo en un país que aparece entre los punteros mundiales por número de periodistas muertos.

Hoy el régimen me sentó en el banquillo de los acusados por la sencilla razón de hacer mi trabajo: dar a conocer a la audiencia información de notorio interés público. Esto implica escalar un peldaño más en la cordillera autoritaria de ataques a la libertad de expresión en este sexenio. Es una venganza. Es también el mensaje de López Obrador a todos los periodistas: atrévanse a cuestionarme, y ya saben cómo les va, bájenle 2 rayitas. Son sus propias palabras.

Dice la sabiduría popular que el presidente es presidente hasta el último minuto, y que en el último minuto todavía puede hacer locuras. También dice la sabiduría popular que hay que tener cuidado con el dragón herido, porque siempre puede dar un último coletazo. A López Obrador le quedan 7 meses de presidente. No sé hasta dónde esté dispuesto a llevar esta persecución. ¿Me va a embargar? ¿Me quiere meter a la cárcel? Por lo pronto debe saber que aquí se topó con pared. Y que por más que lo ha intentado, por más que use armas cada vez más rudas, no me ha doblado... ni me va a doblar.

Y no me alcanza una columna para agradecer todas las muestras de solidaridad.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2 del periódico El Informador del 28 de febrero de 2024).

"Por encima de la ley está la autoridad moral y política" -dijo el presidente con todas sus letras la semana pasada- y con esas palabras deja claro que era un privilegio suyo estar por encima de la ley y de la Constitución, pisoteando el artículo 128 de la carta magna, a la cual se apegó tomando protesta al recibir la banda presidencial el 1 de diciembre de 2018.

Al presidente se le olvidó que juró en la protesta mirar por el bien y la prosperidad, y que dio la libertad al pueblo mexicano que se lo demande en caso de no cumplirlo, ¿y se sorprende que lo llamen "Narco Presidente"? ¿Le sorprende la demanda del pueblo?

Como secuela de lo ocurrido, también apareció publicado el número telefónico del hijo mayor del presidente, luego el de Claudia Sheinbaum y hasta el de Xóchitl Gálvez, lo que parece más un circo, una campaña para atenuar la gravedad de lo hecho por el mandatario días atrás y confirmar su teoría de que todo es cada vez más público, aunque él haya violado la Ley General de Protección de Datos Personales.

Como ciudadano, la inconformidad del presidente es válida, pero para ello hay recursos legales que no implican exponer a otro ciudadano, y dejarle a las autoridades el proceso, teniendo claro -como él dice- que es una calumnia, pero el mandatario domina muy bien la revancha -sobre todo si él está por encima de la ley-. Lo hecho, hecho está; lamentablemente en este ojo por ojo, todos van a acabar tuertos.

Gabriela Aguilar
(v.pág.4 del periódico El Informador del 27 de febrero de 2024).

Una vez que se cumplió la demanda generacional de la democratización en el país con la 1a. alternancia política ocurrida en el año 2000, que se repitió en el 2012, y de nueva cuenta en el 2018, la que se tornó en la mayor exigencia social fue el combate a la corrupción y a la impunidad que la reproduce.

Esa bandera anticorrupción, sin embargo, ha ido perdiendo fuerza e impulso desde la sociedad civil.

Paradójicamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el que más medró políticamente de esa causa, se convirtió en el que más combatió los incipientes avances para la instalación de un modelo de combate a la corrupción funcional. Lejos de ayudar a su consolidación, el gobierno de la 4T busca desmantelar los Organismos Constitucionales Autónomos (OCAs) que forman parte del andamiaje institucional anticorrupción como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y otros que gravitan en torno al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al que también se ha buscado asfixiar presupuestalmente los últimos 5 años.

En las entidades de la república, y Jalisco no es la excepción, se ha aprovechado esta inercia nacional para debilitar también los esquemas de combate a la corrupción, que siempre les son incómodos.

Ni en el país ni en las entidades hemos construido sistemas anticorrupción eficaces e independientes que logren de verdad inhibir las corruptelas y la voracidad de gran parte de la clase política y gubernamental. Incluso para mantener esa enorme fuente ilegal de recursos, desde el poder se boicotea cualquier intento serio de implementación de modelos anticorrupción funcionales.

Ante la ausencia de sistemas anticorrupción fuertes, la partidocracia sigue con los intercambios y pactos de impunidad en detrimento de la ciudadanía.

Llama por eso mucho la atención la detención de al menos una decena de ex funcionarios de 1er. y 2o. nivel de la pasada administración del finado gobernador Aristóteles Sandoval, entre los que destacan por estar en prisión preventiva Antonio Cruces, ex secretario de Salud; mientras que en prisión domiciliaria se sumó la semana pasado Alberto "L", ex jefe de Gabinete en la pasada administración, a Francisco Ayón, ex titular del Instituto de Pensiones; y Felipe Tito Lugo, ex director de la Comisión Estatal del Agua.

Si estas detenciones hubieran significado una auténtica cruzada anticorrupción y el fin de los pactos de impunidad entre la clase política, habría sido, sin duda, una gran noticia en beneficio de la población jalisciense.

Pero hay antecedentes que ponen en entredicho la convicción y voluntad plena de combatir la corrupción del actual grupo político en el poder estatal. Desde la protección que dieron hace más de una década a Alonso Godoy Pelayo, que tuvo secuestrada la Auditoría Superior; la embestida a los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por reprobar la imposición de consejeros de la Judicatura; y en agosto del 2021, cuando la mayoría naranja en el congreso y sus aliados del PAN ignoraron los planteamientos ciudadanos vertidos en el proceso de parlamento abierto para la reforma anticorrupción 2.0.

Predomina, pues, la lógica de revanchismos políticos y de justicia selectiva, que alcanza sólo a funcionarios de otras administraciones, sin perseguir nunca a los del gobierno en turno, a los que se señala también de graves irregularidades.

Retomar la energía para relanzar las causas anticorrupción significaría no cerrar el paso al anhelo social de acabar con las corruptelas, los excesos y los abusos de políticos y funcionarios públicos, que siempre se resistirán a ser fiscalizados para no ser sancionados por enriquecerse a costa del dinero y patrimonio públicos.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 27 de febrero de 2024).

¿Han escuchado sobre la "teoría de las ventanas rotas"? Surgió en 1969 a partir de un experimento psicosocial realizado por el profesor Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford.

Se trató de lo siguiente. Colocaron 2 automóviles idénticos en la vía pública, uno en un barrio problemático, el Bronx de Nueva York, y otro en Palo Alto, una zona próspera y segura en California.

A las pocas horas vandalizaron el carro en el Bronx. Perdió llantas, motor, espejos, estéreo y en resumen lo desvalijaron. En cambio, el vehículo en Palo Alto se mantuvo intacto. Eviten saltar a una conclusión precipitada y clasista porque el experimento no acaba ahí.

Los psicólogos sociales rompieron una ventana del vehículo en Palo Alto. A las pocas horas, el auto quedó reducido a las mismas condiciones que el del Bronx. ¿Por qué un vidrio roto desencadena acciones vandálicas en un vecindario supuestamente seguro?

Una ventana rota, concluyeron los especialistas, transmite la noción de abandono, desinterés y deterioro, una idea que se alimenta y multiplica con cada nuevo acto vandálico. Así se rompen los códigos de convivencia y se infringen las normas sociales porque "a nadie le importa".

Por eso las pequeñas infracciones -pasarse el alto o conducir a exceso de velocidad-, si no son castigadas, propician faltas mayores y luego delitos paulatinamente más graves.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 27 de febrero de 2024).

Periodistas y comunicadores de todo el país defendieron a la corresponsal de The New York Times, Natalie Kitroeff, ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien refirió que "no fue un error filtrar el número de la corresponsal" en su conferencia matutina.

Durante el programa "Por la Mañana", el comunicador Ciro Gómez Leyva ironizó lo siguiente: "No, no hay riesgo contra los periodistas, Presidente; ni hay problemas de violencia en México, todo son invenciones de los medios".

Además, Gómez Leyva refirió que el presidente cree que es poderoso, por lo que se siente con el derecho de poner en riesgo a la periodista al dar su número de teléfono.

La politóloga y activista Denise Dresser también se pronunció al respecto y calificó estos comentarios como antidemocráticos. "Qué grave y antidemocrática es la postura del presidente López Obrador. No le importa violar la ley de Protección de Datos Personales y afirma que lo volvería a hacer", escribió en una publicación en su cuenta de X.

"Vuelve a atacar a la periodista de The New York Times cuyo teléfono hizo público. Otro ejemplo de 'no me vengan con que la ley es la ley'. Otro ejemplo de un hombre que piensa por encima de cualquier restricción ética o legal...", finalizó la escritora.

La reportera Gabriela Frías, de "CNN en Español", también se expresó a través de redes sociales señalando que AMLO sabía lo que hacía al exponer los datos de Natalie Kitroeff.

"México es un lugar donde a los periodistas los matan por ejercer su profesión y el presidente no abona a la seguridad del gremio. Al contrario, AMLO agrega: 'No exageren. Si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número', escribió esta mañana."

El comunicador Mario Campos, de "Foro TV", refirió que estos comentarios exhiben los pensamientos del presidente y su abuso de poder. "No es que hoy López Obrador esté teniendo un mal día, al contrario, es uno de los días que mejor ha exhibido cómo es, cómo piensa y cómo abusa del poder", dijo en X.

Javier Garza Ramos, de "Así las cosas", ironizó las declaraciones del presidente y señaló que ha pisoteado la dignidad de miles (activistas, víctimas del crimen, familiares de desaparecidos, niños enfermos, periodistas, ambientalistas, y demás), "pero no se metan con su dignidad. Esa es sagrada, por encima de la ley", publicó en X.

Ana Francisca Vega, Javier Risco y Enrique Hernández Alcázar, periodistas independientes, también reprocharon los comentarios del presidente y señalaron la gravedad de filtrar datos personales de colegas.

(V.pág.8 del periódico El Informador del 24 de febrero de 2024).

Nadie puede estar por encima de la ley, dijo el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá, después de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizará el haber difundido este jueves, en su mañanera, el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, de The New York Times.

"Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella. Lamentamos que, desde la Presidencia, no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista", expresó Alcalá en su cuenta de X (antes Twitter).

Advirtió que los servidores públicos, incluido el titular del ejecutivo, deben cumplir con la Ley General de Protección de Datos Personales y respetar la confidencialidad de los datos personales, entre ellos el número telefónico, como en este caso.

"Todos los servidores públicos tenemos el deber de cumplir con los principios y deberes de #DatosPersonales, entre los que se encuentra el deber de #Confidencialidad. Es importante no minimizar el debido cuidado a la protección de datos personales", comentó.

"¿Y qué hacemos con la Ley de Transparencia, señor presidente?", se le preguntó hoy a López Obrador en su conferencia mañanera.

"Por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridades morales, no va a venir cualquier gente, que porque es del New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes", declaró López Obrador al asegurar que "ahora nos tienen que respetar".

"¿Si le pasa algo a quién hacemos responsable?", se le cuestionó al presidente en su mañanera de este viernes.

"No, no exagere. Si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, ya", dijo el presidente.

(V.periódico El Informador en línea del 23 de febrero de 2024).

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó que sea una equivocación haber dado a conocer el número telefónico de Natalle Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México.

"Que cambie su teléfono", dijo López Obrador en conferencia de prensa. La periodista solicitó una postura al gobierno sobre una presunta investigación de Estados Unidos que vincula a los hijos del presidente y cercanos colaboradores que presuntamente habrían recibido dinero del narcotráfico, y como medio de contacto incluyó su teléfono personal que ayer fue expuesto en la mañanera.

El mandatario dijo que lo volvería hacer, porque por encima de la Ley de Datos Personales, lo hará cuando esté de por medio la dignidad del presidente de México. López Obrador rechazó que el exponer datos personales de la periodista la pongan en riesgo.

"No, no, no, no pasa nada, no pasa absolutamente nada". Acusó que la periodista lo está calumniando, "me está vinculando a mí y mi familia con el narcotráfico sin prueba". Advirtió que si "calumnian" habrá "réplica con todo".

"Que cambie su teléfono", dijo López Obrador luego de dar a conocer el teléfono de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía de NYT. "¿Y el derecho a la calumnia? ¿Ella tiene derecho a calumniarme a mí, a mi familia, a mis hijos? ¿Pero además sin una prueba?", expresó.

(V.periódico El Informador en línea del 23 de febrero de 2024).

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció una investigación por la difusión del teléfono de la corresponsal de The New York Times (NYT) en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario calificó de "pasquín inmundo" al The New York Times por indagar presuntos pagos del narcotráfico que recibió su campaña electoral de 2018 con base en una investigación de Washington, ahora cerrada, que involucró también a sus hijos.

El presidente exhibió una carta de la corresponsal del diario en México, Natalie Kitroeff, que incluía su número telefónico y un cuestionario sobre la investigación de los supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Los Zetas.

Tras estos hechos y mediante un comunicado, el Inai indicó que investiga la divulgación del número telefónico de la periodista para establecer si existen violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales.

El organismo autónomo expuso que "durante la conferencia López Obrador hizo alusión a un trabajo de investigación del mencionado diario internacional y leyó, ante todos, el teléfono de la corresponsal".

La investigación, dijo el Inai, "busca establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados".

El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su "profunda preocupación" por la difusión del teléfono de una corresponsal del The New York Times por parte del presidente, ya que "puso en riesgo" al equipo del diario estadounidense en México.

"El CPJ está profundamente preocupado sobre los comentarios del presidente López Obrador hoy acerca de una investigación de The New York Times y su revelación de datos personales (de la periodista Natalie Kitroeff), quien coordina la oficina del periódico en México", escribió la organización en su cuenta de X.

(V.pág.5 del periódico El Informador del 23 de febrero de 2024).

El principal blanco de los regímenes populistas del siglo XXI son los poderes judiciales. Al líder plebiscitario le molesta que haya otro poder que no deriva su legitimidad de la opinión pública sino del Estado de Derecho. Lo ve como una afrenta a su dominación que él juzga absoluta, pues supuestamente deriva del "pueblo". Ignora o busca ignorar que en las democracias liberales el poder es plural y procede de diversas fuentes. Su voluntad de autocracia es una anomalía que debe corregirse y el mejor mecanismo para hacerlo es el sufragio universal.

En estos días nos hemos enterado, por boca del propio jefe del ejecutivo, que él ha presionado al antiguo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para que se pasaran por alto fallas en carpetas de investigación presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en diversos juicios. Se trata de una confesión por parte del presidente de la república de intervención ilegítima en el quehacer de otro poder de la federación. Esto es muy grave."

La intención política inmediata del presidente es imputarle la responsabilidad de la salida de la cárcel de Emilio Lozoya a los jueces en lugar de a la ineptitud de la FGR para presentar un caso. Busca desprestigiar al poder judicial frente a la ciudadanía. No obstante, el hecho desnuda algo más preocupante: la intención del gobierno actual por doblegar la autonomía del poder judicial y, en particular, la de la SCJN. Fue curioso que, en su intervención al respecto, López Obrador haya sugerido que la ministra Norma Piña se equivocó al rechazar órdenes presidenciales en nombre de la independencia del poder judicial.

Para exculpar a López Obrador se ha dicho que todos los presidentes hacen lo mismo. Aquí hay que decir algunas cosas. En 1er. lugar, se supone que el actual gobierno llegó porque, en la conocida frase, ellos "no son iguales". En 2o. lugar, no se recuerda el caso de un presidente de la república anterior que haya confesado en público su voluntad de dominación sobre la SCJN. El cinismo no es una virtud. En 3er. lugar, una cosa es el cabildeo en favor de una posición en un juicio, que el gobierno, a través de los órganos adecuados, puede y debe promover y otra cosa es tratar a un presidente de la SCJN como si fuera un empleado.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 23 de febrero de 2024).

Especialistas criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su injerencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando Arturo Zaldívar, actualmente ministro en retiro, la encabezaba.

Ayer, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que en el periodo de Zaldívar al frente del máximo tribunal, hablaba con él para que, "respetuoso de las autonomías", conversara con los jueces para tratar de incidir en las decisiones que resultaran beneficiosas para el gobierno federal.

"¿O sea que sí impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como el de Emilio Lozoya (que salió antier de prisión)? ¿Si hubiera estado Zaldívar se habría podido hacer algo para continuar?", se le preguntó.

"Sí, y en muchos otros casos. Si hubiese estado Zaldívar, difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Zaldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta", agregó.

Ante esto, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., emitió un comunicado en el que afirmó que las acciones descritas por el mandatario implican una intervención directa en los procesos judiciales y constituyen una "clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación", los cuales, acota, son "fundamentales para la democracia y el Estado Constitucional de Derecho".

"Reprobamos el conflicto de intereses, lo cual, especialmente durante la gestión del entonces ministro como presidente de la SCJN, subraya la ausencia de controles éticos por parte del ejecutivo federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial", indicó en el documento.

"También reprobamos los ataques en contra de la ministra presidenta Norma Piña, motivados por defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Dichos ataques distorsionan el debate público y menoscaban el prestigio de nuestras instituciones", concluyó la BMA, haciendo un llamado al presidente de la república para que respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y el fortalecimiento de las instituciones que garantizan la justicia y el Estado de Constitucional de Derecho en nuestro país. Instamos a todas las autoridades a actuar con la dignidad del cargo que les fue conferido y se apeguen a los principios constitucionales que sus cargos demandan".

Para Javier Hurtado, politólogo y extitular del Colegio de Jalisco, López Obrador "no tiene por qué intervenir ahí, es una situación que pudiera constituir algún tipo de delito, estaría denotando una conducta ilegal".

Para Javier Hurtado, el presidente manifestó desconocimiento de temas de Derecho debido a que los jueces cumplían con su trabajo y no se trata que reciban indicaciones o sugerencias por parte del presidente del poder judicial en turno.

"El presidente ignora muchas cosas del Derecho. No es tanto que Zaldívar les haya dado órdenes a los jueces en un sentido u otro, sino que simple y sencillamente estaba aplicando el asunto de que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y Arturo Zaldívar siempre lo ha dicho públicamente que él está en contra de la prisión preventiva oficiosa".

El académico recordó que los jueces aplican sentencias y resoluciones con base en lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la prisión preventiva oficiosa.

"El presidente malinterpretó o quiso atender que el hecho de que los jueces se ciñeran al criterio que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la prisión preventiva oficiosa significaba darles línea a los jueces".

Marco Antonio Cuevas, abogado y profesor universitario, acusó que el presidente tomó atribuciones directas en el poder judicial para influir en decisiones que corresponden a jueces.

"Con esta injerencia clara y grave del presidente, queda claro que se está tomando atribuciones para intervenir flagrantemente en la esfera del poder judicial y esta conducta fue tolerada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Zaldívar entonces, es una grave violación al pacto constitucional".

El académico explicó que el tratar de influir en las decisiones del poder judicial se considera tráfico de influencias, delito que debería de ser investigado por la autoridad correspondiente.

"Este delito se llama tráfico de influencias y está contemplado en el artículo 121 del Código Penal Federal, que dice que comete el tráfico de influencias el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva, gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo".

Para Marco Antonio Cuevas, el exministro también incurrió en el delito de tráfico de influencias, señalado en el artículo 121 del Código Penal Federal, ya que gestionó intervenciones en jueces en favor del presidente de la república.

Agregó que el presidente sí puede ser sujeto de juicio, justificándose porque, según el artículo 108 de la Constitución, al mandatario federal se le puede juzgar por hechos de corrupción y el tráfico de influencias, está considerado como un tipo de corrupción en el artículo 221 del Código Penal Federal.

José Pérez, presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Jalisco, señaló que debería haber al menos un procedimiento en contra de quienes se vieran involucrados en alguna resolución "sugerida" desde la presidencia de la SCJN, encabezada anteriormente por Arturo Zaldívar, así como por parte del juez que emitiera una decisión respecto a algún tema.

"Sí debe de haber consecuencias, debe de haber alguna sanción o alguna medida disciplinaria porque el presidente no debe de actuar de esa forma en público, alguna corrección disciplinaria".

"En un momento dado que hasta se pueda abrir un procedimiento con base en las manifestaciones vertidas para verificar si hubo una influencia o influyó en alguna recomendación, y si influyó, pues tanto quien resolvió como quien influyó, se pueda abrir este procedimiento y tenga consecuencias jurídicas", dijo el especialista.

Insistió en que el poder ejecutivo no debería invadir temas de otros poderes de la Unión pues así está establecido en la Constitución; en caso de algún procedimiento abierto por una posible influencia, recordó que la ministra presidenta debe iniciarlo.

José Pérez consideró que hay un tema político de fondo que debe ser solucionado tanto por las decisiones del poder judicial respecto a algunas resoluciones polémicas como por la labor de la Fiscalía General de la República para sustentar las investigaciones y evitar derrotas en los tribunales, como fue el ejemplo del juicio contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, criticó las declaraciones del presidente de la república donde reconoció públicamente que cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (2019-2022), le llamó en diversas ocasiones para que conversara con los jueces sobre diversos fallos.

"Él fue el primero en quejarse de cómo eso era un pecado en otras administraciones. ¿Cuál es diferente? ¿Cómo ellos son diferentes? Porque ellos tienen la autoridad moral para poder decir esto, entonces, por ahí se dice, para que la gente me entienda que más temprano cae un hablador que alguien que cojea", denunció.

"Es darle 180° a su discurso, nada más que ahora en contra. O, perdón, todavía más coloquial, es algo así como escupir para arriba. Siempre hay un tweet, dio muchas declaraciones de cómo el poder judicial estaba literalmente cooptado por las intervenciones, según él, del entonces poder ejecutivo. Y ahora, miren cómo declara él. Les digo, o sea, es que la vida de verdad es circular. Ahora sí que la vida es una tómbola y más para los de Morena", puntualizó.

Romero Herrera calificó lo anterior como una "hipercontradicción" y una "hiperdesgracia", y consideró que por eso es que no permitirán que pase la reforma al poder judicial que el primer mandatario propuso recientemente.

(V.primera plana y pág.8 del periódico El Informador del 22 de febrero de 2024).

Este miércoles 21 de febrero, durante la mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cuando se encontraba al frente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar ayudaba para hablar con los jueces a petición del Gobierno de México, para que no se liberara a los delincuentes.

López Obrador dijo que el exministro no hacía lo que ahora hace la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, pues esta da "licencia para robar" a los jueces al decir que son autónomos.

Señaló el mandatario que: "Los jueces ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas, y un sábado y tenemos que andar pendientes para ver si no tiene otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen, pero cuando se daban estos hechos y estaba (Arturo) Zaldívar se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía 'cuidado con esto'".

Además, dijo que: "Si viene mal la averiguación porque el Ministerio Público en vez de poner que se detuvo a la persona a las 09:00, encontró que lo detuvieron a las 11:00, ya con ese hecho, pues, ya dictaba la libertad, no reponer el procedimiento, no llamar al ministerio público, sino 'a ver explica, estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida', no es nada más que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa todo ese tipo de cosas".

Declaró que Zaldívar "ayudaba. Llega la señora (Norma) Piña y dice: 'los jueces son autónomos', o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tienen fuerza al interior del Poder Judicial, o sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia".

López Obrador aseguró que cuando estaba Arturo Zaldívar estaba al frente de la Corte había más recato, "nosotros respetuosamente interveníamos".

Las declaraciones de López Obrador se dan después de que ayer un juez concedió libertad condicional al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien es investigado por el caso Odebrecht y Agronitrogenados.

(V.periódico El Informador en línea del 21 de febrero de 2024).

El viernes 23 de abril de 2021 el anuncio apostólico -en aquel entonces- Franco Coppola entró caminando por la calle principal de Aguililla, Michoacán -asediada por los grupos criminales-, dijo "estas calles tomadas por el crimen, las ha caminado el pueblo con Cristo resucitado". Y fue más allá y con sus palabras señaló al responsable: "El pueblo mexicano está en completa orfandad por parte de quienes tienen la obligación de proteger sus vidas... los grupos criminales se han establecido como dueños y señores de espacios y cortos de poder y han puesto a prueba la fuerza de la ley. Son muchos los sufrimientos acumulados por las familias del pueblo mexicano... lamentablemente, la violencia no es característica de Michoacán, es de todo México". Y emitió una frase punzante, que se aplica a la perfección en nuestro país, "En Italia -de donde es originario- sabemos que la mafia florece donde el Estado no está".

Desde el púlpito de la Iglesia Católica siempre ha tenido presencia en los problemas comunitarios y se ha proclamado la paz social y la justicia, desafortunadamente en muchas ocasiones esas "intromisiones" han provocado la muerte de muchos religiosos. En los últimos 30 años más de 70 sacerdotes han perdido la vida de manera violenta; el 10% en los poco más de 5 años de la administración de López Obrador, sin que eso signifique nada especial, sólo como dato estadístico.

La semana pasada nuevamente la mano de la Iglesia apareció. Ahora como mediador en un intento por pacificar una región de Guerrero, que es uno de los estados más conflictivos y violentos en la actualidad. La intervención del obispo emérito Rafael Rangel Mendoza de Chilpancingo-Chilapa fue -por el momento- milagrosa, para impedir más enfrentamientos entre las organizaciones delincuenciales de Los Tlacos y Los Ardillos, en la disputa del transporte público. Y fue necesaria la mediación del religioso, porque "tuvimos que intervenir porque el Estado ha perdido esa capacidad de arreglar, esa capacidad de gobierno, ha dejado huecos, ha dejado vacíos que los narcotraficantes lo han tomado", dijo en una entrevista para Radio Fórmula. ¿Es un estado fallido? se le preguntó y su respuesta fue contundente, "Si, el gobierno no es capaz de ordenar las cosas, de meter orden en todo esto, ¿entonces quién lo va a hacer? Ha faltado la capacidad de que haya gobierno, de que haya orden, aunque ellos digan que lo hay, pero nosotros sabemos que no".

Y aunque es la responsabilidad es del Estado de velar por los interés de los ciudadanos y la paz interna del país, "si el Estado no ha sido capaz de controlar la situación, pues nosotros también somos mexicanos, también tenemos derechos, tenemos obligaciones y que bueno que haya una mano como son los obispos y la Iglesia la está tendiendo", terminó diciendo el obispo emérito.

Y cuánto no será el peso de la Iglesia Católica, que las 2 candidatas, de donde saldrá la próxima presidenta de México, estuvieron en el Vaticano la semana anterior para conversar con el Papa Francisco. Sin decir "agua va" y de manera sorpresiva Xóchitl Gálvez apareció en la fotografía con el Sumo Pontífice, a quien le deseo éxito en su intención y "celebro que tenga el coraje que tiene", le dijo el jefe de la Iglesia Católica, mientras que la candidata de la oposición aseveró que su fe y religiosidad "están por encima de cualquier oportunidad política". (?) Por su parte Claudia Sheinbaum, quien apareció en Roma un día después, expresó su "profunda admiración por el pensamiento humanista" del Papa y lo calificó como "uno de los líderes y pensadores globales más grandes de los últimos tiempos". La verdad, es que ambas fueron por la "bendición" del Papa Francisco para sus campañas y de paso ganar adeptos entre los millones de católicos que habemos en México.

Daniel Rodríguez
(v.periódico El Informador en línea del 20 de febrero de 2024).

Luego de los hechos violentos ocurridos en Jalisco este fin de semana, que por una parte dejaron un enfrentamiento armado y bloqueos carreteros el viernes en Ciudad Guzmán, y por otro un multihomicidio de al menos 6 personas, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, señaló que no basta con hacer patrullajes para tener seguridad en la ciudad, sino el que se aplique verdaderamente la ley.

"No es que la presencia, el andar rondando las fuerzas de seguridad por las calles, eso va a permear en sociedad, (va a incidir) en esos eventos. Si nada más es como para infundir temor o infundir una supuesta seguridad, pues es como no hacer nada", dijo el cardenal a medios de comunicación al término de la misa dominical en la Catedral Metropolitana.

Señaló, si se hacen presentes las fuerzas de seguridad es porque, para prevenir la violencia deben de aplicar la ley contra quien cometa crimen o algún delito, pues cualquiera que sea la autoridad, "están para eso y tienen que demostrarlo".

"Su sola presencia no inhibe. Su sola presencia no hace desistir a quien tiene el propósito de delinquir", insistió el arzobispo.

(V.periódico El Informador en línea del 18 de febrero de 2024).

No puede el presidente Andrés Manuel López Obrador normalizar la Pax Narca. Es inaceptable la ligereza de sus declaraciones avalando que 5 obispos, desesperados por la incompetencia y negligencia del gobierno, hayan establecido contacto con las organizaciones criminales que controlan Chilpancingo y la región de Tierra Caliente en Guerrero para llegar a una tregua que reduzca la violencia. Asume parcialmente la responsabilidad de su gobierno para proveer la seguridad, pero tolera que la política se mezcle con la delincuencia en ese estado y que la presencia de miles militares sea ornamental.

No es nuevo que religiosos traten de persuadir a los cárteles de la droga que paren su violencia y asesinatos. Pero la sorpresa por el anuncio de los obispos de Guerrero este miércoles, es que se da en el momento de un repunte dramático en la violencia, con asesinatos y disrupción de la vida cotidiana ante la mirada pasiva de López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado, que ha sido omisa en su responsabilidad.

Los obispos reconocieron que no tuvieron éxito, porque 2 organizaciones criminales predominantes, Los Tlacos y La Familia Michoacana, están aferradas a mantener los territorios conquistados en Tierra Caliente, Taxco, Chilpancingo y Acapulco, pero como dijo a la prensa el obispo emérito Salvador Rangel, "vamos a seguir insistiendo con ellos para que se pacte una tregua y la paz en Guerrero, (porque) el Gobierno del Estado no quiere buscar una salida a este problema, a lo mejor por 2 cuestiones. Una porque no les interesa, y la otra porque está coludido con alguna organización criminal".

López Obrador vio esta iniciativa "muy bien", porque piensa que las iglesias deben "ayudar" en la pacificación del país, a la cual contribuyan negociando directamente con los narcotraficantes. "Siempre, los sacerdotes pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país", dijo López Obrador. "Me consta en Michoacán y lo hacen en otras partes".

Es una aberración lo que dice.

La contribución de la que habla López Obrador para la pacificación del país no pasa por negociones directas con los criminales. Tener tratos con delincuentes es un delito que se castiga. Y nadie, ni el presidente mismo, tiene atribuciones para llegar a acuerdos con individuos o grupos al margen de la ley.

Lo que sostuvo atenta contra el andamiaje jurídico que debería de anteponer y reforzar, al tiempo que estimula y crea incentivos para construir espacios metaconstitucionales que permitan la intermediación con criminales que, tanto en Guerrero como en Michoacán, donde abiertamente admite y aplaude un delito, ha resultado un fracaso porque la ley de los narcotraficantes es la que impera.

López Obrador lleva más de una semana quejándose de que en las redes sociales se ha impulsado una etiqueta que lo categoriza como "narcopresidente", pero con declaraciones y posiciones como las que tuvo este jueves, no se ayuda a sí mismo. Al reconocer a las bandas criminales como interlocutores válidos y reconocidos por el ejecutivo mexicano, con quienes todos puedan hablar si con ello "contribuyen a la pacificación del país", permite la conjetura de que está haciendo lo mismo con los cárteles de las drogas, nutriendo la percepción que le echan en cara en las redes sociales, y lejos de reducirla, la fortalece y la está arrastrando hacia el camino de lo verosímil, sin entender que ese recorrido termina como verdad.

Sus propias palabras no lo ayudan. "Nunca antes en Guerrero como ahora habían estado protegiendo al pueblo con elementos del gobierno federal", dijo ayer el presidente desde la 12ª Zona Naval en Acapulco, en donde se atrinchera cada vez que visita el puerto. "Deben ser como 20,000 elementos entre marinos, Ejército y Guardia Nacional", agregó con imprecisiones. Ha desplazado al estado a 29,000 elementos para que los vean, pero no para actuar contra los criminales, que tienen tomado Acapulco, incendiado Chilpancingo, aplastado Taxco, controlando la sierra y las salidas al mar para el trasiego de drogas.

Tampoco lo respaldan sus inacciones. Pese a los informes del fiscal Alejandro Gertz Manero sobre las presuntas vinculaciones de la alcaldesa de Morena en Chilpancingo, Otilia Hernández, con Los Ardillos, la banda criminal que disputa la capital del estado a Los Tlacos, el presidente no le ha hecho caso. No se conoce de una investigación oficial por sus reuniones y negociaciones con el jefe de esa banda criminal, ni hubo reacciones negativas a su aspiración de ser candidata al Senado. De acuerdo con informes gubernamentales, hay cuando menos 40 municipios en Guerrero, 2 terceras partes del total, que están controlados por el narcotráfico.

¿Entonces, presidente?

La Zona Naval, donde estuvo ayer, se encuentra al otro lado de la Bahía de Acapulco, en donde se ubica el Mercado Central, cuyos locatarios pagan diariamente 200,000 pesos por derecho de piso a los grupos criminales, cerca de Caleta y Caletilla, donde los delincuentes han comenzado a cobrar piso a las casas, ampliando su abanico de extorsión, y un poco más retirado de las colonias populares, donde hay reportes que en casas marcadas como beneficiarias de los programas sociales, los malosos les han tocado la puerta para que les den el dinero que les dio el gobierno. En las comunidades vecinas de Acapulco no hay fuerzas armadas. La seguridad la proveen los narcotraficantes.

La culpa de todo esto, dijo ayer López Obrador, son los gobiernos anteriores cuya inacción propició el surgimiento de grupos de autodefensa. Cierto. El gobierno de Enrique Peña Nieto estimuló su formación, con una mezcla de ciudadanos y narcotraficantes, para combatir a otros narcotraficantes. Durante ese sexenio en Guerrero nacieron grupos de autodefensa, algunos dirigidos por actuales políticos de Morena, que se involucraron en secuestros y extorsiones. Sin embargo, a lo largo de la gestión de López Obrador, siguen y han proliferado esos grupos, muchos de ellos convertidos en brazo armado de narcotraficantes, y la violencia en Guerrero, como en el resto del país, se ha elevado en términos absolutos.

López Obrador actúa como Poncio Pilatos, pero la realidad lo ubica en su justa dimensión. La Pax Narca que anima, no es la solución.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4 del periódico El Informador del 16 de febrero de 2024).

Quizás uno de los grandes desafíos de nuestro país sea el de mejorar nuestro sistema de procuración de justicia. Como sabemos, en México no se resuelven la mayoría de los casos presentados ante los ministerios públicos. Sin duda, la impunidad sigue siendo un gran problema a resolver.

Una parte clave de este sistema lo constituyen, sin duda, las policías nacionales, estatales y locales. Históricamente y de manera lamentable, estos cuerpos de seguridad pública han sido maltratados y mal pagados. Sin embargo, el actual gobierno ha ido todavía más allá, pues le ha quitado poder a las policías civiles para dárselo al ejército. Haber puesto los mandos policiacos bajo la égida militar no sólo es una mala idea sino un intento por degradarlas. Hay razones de todo tipo para considerar que la seguridad nacional y la seguridad pública son cosas muy distintas que necesitan sus propias instituciones.

Para agregarle insulto a la herida, tanto el partido del presidente como sus aliados en el congreso acaban de rechazar una reforma constitucional para mejorar las condiciones de policías, guardias nacionales, ministerios públicos y peritos. Mediante esta reforma se buscaba que cuando personal de estos cuerpos de seguridad pública fuera despedido pero hubiera ganado el juicio laboral se le reinstalara en su función. La 1a. reacción del lector podría ser la sorpresa. ¿En verdad vivimos en un país donde ocurre semejante injusticia? ¿Realmente vivimos en un país donde el régimen en el poder no busca resarcir esta obvia iniquidad? La respuesta a ambas preguntas es lamentablemente afirmativa.

Al parecer, a los legisladores aliados del presidente les parece bien que el gobierno pueda destituir a un trabajador de manera arbitraria sin que medie una razón para ello.

Curioso que un presidente que llegó prometiendo justicia para los menos favorecidos ponga en marcha, ya en el gobierno, políticas desfavorecedoras para los empleados, en este caso, de nuestro sistema de procuración de justicia.

Lo que no se ponen a pensar tanto el presidente como los legisladores que lo apoyan es que el maltrato a los trabajadores de nuestro sistema de procuración de justicia hace mucho más difícil que se atienda con eficiencia el anhelo de la sociedad de más justicia y menos impunidad.

Por ello, se necesita con urgencia al menos 4 cosas:

1) regresar las labores policiacas al ámbito civil; 2) aumentar considerablemente el presupuesto a nuestro sistema de procuración de justicia; 3) reorganizar más racionalmente sus instituciones; 4) mejorar las condiciones laborales de sus empleados.

Cuando la mayoría de los casos presentados por ciudadanos ante los ministerios públicos se resuelvan de forma satisfactoria, podremos decir que nuestro país ha dado un salto cuántico hacia el verdadero desarrollo.

Pero se debe entender que esto será imposible si se sigue abusando de quienes laboran en esas instituciones.

Ha llegado la hora de que nuestro sistema de procuración de justicia se acople a nuestros ideales liberales, democráticos y republicanos.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 16 de febrero de 2024).

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) paralizó las carreteras de México con un paro nacional para denunciar un alza de la violencia del crimen organizado, con pérdidas estimadas en 7,000 millones de pesos en 2023.

Tras un incremento cercano a 5% de los robos a camiones con mercancía en 2023, según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), decenas de miles de transportistas exigieron medidas al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien los acusó de ser "conservadores" y negarse al diálogo.

La Amotac, con más de 100,000 afiliados y un estimado de casi medio millón de vehículos, bloqueó las principales carreteras del país, como las que conectan a Ciudad de México, con Toluca, Querétaro, Puebla, Veracruz, Pachuca y Guerrero.

La protesta de los choferes también abarcó desde Tamaulipas hasta Chiapas.

"Duele perder a los conductores de los tráileres día con día, la seguridad en las carreteras es mínima y el exceso de cobros de peaje va en aumento, tenemos cobros excesivos de los servicios de grúas", expuso al delegado de la Amotac en San Cristóbal, Chiapas, William de Jesús Arellano.

Como en otros lugares del país, la manifestación en Chiapas comenzó a las 8:00 horas, cuando instalaron unas 100 unidades sobre el camino de San Cristóbal-Chiapa de Corzo y la carretera internacional Ciudad Comitán-Cuauhtémoc.

La organización aseguró que desde hace 10 años los transportistas han señalado al gobierno las rutas más violentas, pero las autoridades "se vieron rebasadas".

Aunque ya es la 2a. protesta nacional en lo que va del mes, el presidente López Obrador afirmó que "hay líderes de estas organizaciones que son militantes de partidos conservadores y, como vienen las elecciones (del 2 de junio), aprovechan el viaje".

"Sí, porque se les ofrece: A ver, vamos a dialogar, vamos a buscar solución. No quieren los líderes. Por eso, aprovecho para hablarle a los transportistas, decirles que estamos con ellos y comprometidos a protegerlos", expresó en su conferencia matutina.

(V.pág.10 del periódico El Informador del 16 de febrero de 2024).

Este jueves 15 de febrero, la Alianza Mexicana de Transportistas A.C anunció el paro nacional en diferentes carreteras del país, luego de que no se llegara a un diálogo constructivo en materia de seguridad con las autoridades correspondientes.

Por lo que algunas de las vialidades afectadas a partir de las 8:00 de la mañana serán:
- Amecameca-Chalco
- Autopista México-Puebla a la altura de Zaragoza
- Autopista México-Cuernavaca a la altura de Tepojaco
- Vía Morelos en Ecatepec a la altura Auto Zone de Laureles
- Autopista México-Tulancingo
- Autopista México-Pachuca a la altura de la caseta de San Cristóbal
- Carretera México-Querétaro a la altura de la caseta de Tepozotlán
- Arco Norte a la altura de Tula
- Texcoco-Lechería a la altura del Mexiquense.

¿Qué piden los transportistas?

- Seguridad en carreteras.
- Prohibición del vehículo doblemente articulado.
- Emplacamiento por parte de la SICT.
- Tarifas oficiales.
- Reclasificación de carreteras.
- Reglamento de grúas.
- Permiso Municipal.
- Abusos y extorsiones.
- Devolución de las carreteras federales.

En Jalisco la manifestación tendrá lugar a partir de las 09:00 am. La Alianza Mexicana de Organización de Transporte AC tendrá su concentración sobre la carretera Chapala, a la altura de periférico, punto donde se encontrarán los choferes de unidades de carga pesada, por lo que se espera que el congestionamiento vial se observe afectado en dicho lugar.

Estando en ese punto determinado acordarán si realizarán un recorrido por la ya anunciada vialidad, o si sólo permanecerán obstruyendo el área (en 1 o 2 carriles).

Los Transportistas denuncian que alrededor de las carreteras hay 3 focos rojos identificados que los ponen en un riesgo considerable:
- El Macrolibramiento de la carretara Colima hacia Chapala.
- En la carretera de Zapotlanejo el tramo de Tepatitlán a San Juan de los Lagos.
- Los alrededores de Guadalajara.

(V.periódico El Informador en línea del 15 de febrero de 2024).

La evidencia de que se dispone en México permite pensar que hay una modalidad diferente, más dañina y más amenazante para la población, por la magnitud de la fuerza que se despliega y por los daños que se generan a la economía, a la democracia y a la integridad y bienes de la población civil.

Por ello es importante pensar en una noción que podría denominarse como Criminalidad Total. Si bien debe consolidarse como un concepto académico, puede adelantarse que se trata de una forma de actuación de grupos de delincuencia organizada que tienen al menos las siguientes características: a) controlan territorios de facto; b) participan tanto de la economía informal y formal de los territorios que controlan por la fuerza armada; c) planean, organizan, controlan y ejecutan todas las formas de criminalidad posible, desde tráficos ilícitos hasta los considerados "delitos menores"; d) intervienen directamente en los gobiernos locales vía la imposición de funcionarias y funcionarios; y d) participan abiertamente en la determinación de candidaturas locales, ya sea por el veto ultra violento (secuestro o asesinato de candidatos), o por el control directo del proceso electoral, financiando campañas o alterando la normalidad de las jornadas electorales.

Explicar e interpretar las condiciones de la violencia en México, y sobre todo determinar por qué las estrategias de seguridad pública han fracasado en los últimos 20 años, implica no sólo un nuevo y más comprensivo diagnóstico, sino ante todo, una nueva explicación del fenómeno en toda su complejidad y amplitud.

La distinción clásica de "delitos federales" y "delitos del orden común" se ha, por decir lo menos, difuminado; pues no se tiene claridad de hasta dónde, por ejemplo, el robo a transporte público, el robo a negocios, la extorsión, el homicidio, y la larga lista de delitos que se cometen todos los días, son perpetrados por delincuentes comunes o por empleados de organizaciones criminales que además, muy probablemente también controlan parte o la totalidad de las corporaciones policíacas.

La criminalidad total forma parte estructural de las economías locales, pero también de las dinámicas sociales, políticas y hasta culturales de los territorios de los que se ha apoderado o en los que disputa el control. Por ello, no hay ya otra ruta sino la intervención total del Estado. Y eso implica una poderosa estrategia de intervención para hacer valer la Constitución y sus leyes, sin violaciones de ningún tipo a los derechos humanos, pero de tal magnitud y uso legítimo de la fuerza, que pueda reestablecerse una normalidad aceptable de vida en comunidad.

La vigencia del Estado Social de Derecho depende directamente de la capacidad que se tenga, en los próximos años, para garantizar que el desarrollo tenga como supuesto fundamental a la paz, porque lo inaceptable es que continúe creciendo este fenómeno que ya ha puesto en una severa crisis a nuestros más básicos principios y procesos democráticos.

Mario Luis Fuentes, investigador del PUED-UNAM
(v.pág.3 del periódico El Informador del 12 de febrero de 2024).

Las víctimas de Abuso Sexual Infantil (ASI) no siempre verbalizan lo que les sucedió, dolorosamente lo callan y lo guardan como si fuera un secreto... por temor, por pena, por amenazas, por cuidarse y cuidar a su familia, por el efecto traumático o hasta por culpa. Que rompan el silencio es indispensable para pedir y recibir ayuda, para que se eche a andar el andamiaje judicial y se sancione al agresor, y que la víctima pueda tener acceso a la reparación del daño (si es que este puede repararse). Pueden pasar meses o años para que la víctima lo hable, o hay quienes se lo llevan a la tumba, sin contárselo a nadie.

Esta semana fue sentenciado a 22 años de prisión el ex diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona. El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla lo encontró culpable por el delito de abuso sexual contra un adolescente de 15 años, que valientemente lo denunció el mismo día que fue agredido. No lo calló.

Esta es la 2a. condena que recibe el morenista, ambas han sido por violación y abuso sexual contra menores de edad. Ya en noviembre del 2021, en la capital del país, le dictaron 3 años y 4 meses de cárcel, y el pago de 18,000 pesos como medida compensatoria a otra víctima (sí, tan solo 18,000 pesos para otro joven al que se le destrozó la vida). Hasta hoy se habla de que, al menos, 3 menores de Puebla y Ciudad de México habrían sido agredidos por Huerta Corona; se trata de jóvenes que vienen de familias en situación vulnerable y a quienes invitaba a trabajar.

Así fue como en abril del 2021 el ex legislador llegó a un hotel de la Ciudad de México acompañado del menor, como su asistente y quien iba cargando las maletas; en el video de seguridad se les ve entrar a la habitación. El chico denunció que dentro del cuarto fue violentado; tras la agresión salió del hotel y pidió ayuda, regresó con 3 policías. Aunque el legislador fue detenido ahí mismo, lo liberaron horas después por tener fuero como diputado, es decir una "protección" ante actos judiciales.

El caso se hizo público y los focos se pusieron sobre el entonces diputado federal, quien aseguró en una rueda de prensa que se le acusó falsamente y habían violentado sus derechos al detenerlo de manera arbitraria. A solicitud de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados le quitó el fuero para poder juzgarlo. Y fue hasta agosto del 2021 cuando Huerta Corona finalmente se entregó.

Para Teófilo Benítez Granados, abogado del adolescente, la pena de 22 años de cárcel debió ser mayor y apelarán para que se incremente la sentencia al doble, tomando en cuenta que al momento de la agresión Huerta Corona era servidor público y existen pruebas de que el menor fue drogado. Hoy el chico y su familia están fuera del país, tuvieron que salir huyendo ante las amenazas que han recibido desde que denunciaron al morenista.

En casos con temas tan delicados como este, el seguimiento y los espacios en medios de comunicación son fundamentales para los denunciantes y sus familias. Es así como se hacen visibles, se hace eco y se generan redes de apoyo para las víctimas.

El abuso sexual infantil es una realidad silenciosa que sucede en nuestro país, en cualquier familia, de cualquier estrato social. Es fundamental apoyar a quienes rompen el silencio para que se haga justicia y evitar que los agresores sigan dañando a más personas. Si un menor habla con usted sobre ese tema, lo que se recomienda por especialistas es responderle: te creo y tú no tuviste la culpa. El interés superior de niños y niñas es prioritario.

Vania de Dios
(v.pág.2 del periódico El Informador del 10 de febrero de 2024).

Los populismos del siglo XXI suelen tener como principal blanco a aquellos con opiniones heterodoxas o diferentes a la verdad oficial. Por eso persiguen con especial denuedo a periodistas, intelectuales o académicos, cuya obligación es la crítica del poder.

A la persecución tradicional, los nuevos inquisidores han agregado la censura en contra de expresiones calificadas como política o socialmente incorrectas. En nombre del legítimo derecho que tienen las minorías a no ser ofendidas, los nuevos Torquemadas se aprovechan de los avances morales de nuestra sociedad, para limitar la libertad de expresión. No lo hacen para defender a las verdaderas víctimas, sino para evitar ser legítimamente criticados en el mal uso que hacen del poder.

Es una pena que así sea, pues cosas como la violencia política de género sí existe y debe ser combatida. Pero su frivolización, en lugar de fortalecer a las víctimas, les hace un flaco favor.

Esto quedó claro en un caso ilustre. En agosto del año pasado una diputada demandó a la periodista Denise Dresser por una expresión que empleó en un canal de televisión. Se le acusaba de violencia política de género contra la congresista. En una 1a. instancia, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso una serie de sanciones a la periodista, que eran claramente desproporcionadas.

Afortunadamente, nuestro sistema judicial admite revisiones a sentencias. Fue así que la Sala Superior del mismo Tribunal determinó que el contexto en el cual se emiten opiniones debe tomarse en cuenta y que, en general, no se puede usar la violencia política de género para coartar la libertad de expresión de las personas.

Es curioso que el presidente suela defenderse y defender a sus simpatizantes y colaboradores aludiendo al derecho que tienen para expresar sus opiniones. En esto tiene razón. Sin embargo, pareciera que este derecho sólo aplica al gobierno y sus amigos y no a sus críticos. En esto su régimen es injusto, pues la justicia consiste en aplicar la ley de manera general y sin importar simpatías políticas.

Las buenas noticias son que esta determinación del TPJEF ha establecido un precedente para que políticos y servidores públicos dejen de utilizar mecanismos de defensa legítimos para coartar la libertad de expresión, con el objetivo manifiesto de salvaguardar su poder.

La defensa de la periodista estuvo a cargo del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que se ha convertido en una institución ejemplar de defensa de causas justas.

Nuestro país aún cuenta con instituciones republicanas en defensa de nuestro derecho a expresar nuestras opiniones e ideas. Y eso es otra buena noticia.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 9 de febrero de 2024).

A 34 semanas de dejar el poder quiere terminar su obra -espera que Claudia Sheinbaum gane la elección presidencial y la continúe- con una batería de reformas en donde destaca la del poder judicial, el último bastión que se mantiene autónomo y que ha impedido que arrase con la Constitución y viole la ley.

La exposición de motivos del proyecto de decreto para reformar al poder judicial que presentó al congreso lo dice todo. Ministros, magistrados y jueces, considera el presidente, no son imparciales y privilegian los intereses de los grupos de poder creados, que afirma, son contrarios al interés público. No es nueva la apreciación de López Obrador, pero con la iniciativa de ley que presentó ayer al congreso eleva cualitativamente su ataque al poder judicial y lo ubica como uno corrupto, sin legitimidad y abusivo. Implacable, quiere castigar al único de los 3 poderes del Estado mexicano que ha servido como contrapeso a sus excesos legales.

El presidente está actuando con una estrategia de 2 pinzas contra el poder judicial, que ha frenado iniciativas de ley por ser abiertamente inconstitucionales, como su "Plan B" electoral que violó los procedimientos legislativos, su pretensión de clasificar sus megaobras como un asunto de seguridad nacional -y así mantener en secreto la forma como se administraron y gastaron los recursos del erario-, o como sucedió hace unos días en la 2a. Sala de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional la [contra]reforma eléctrica.

La 1a. parte de la pinza para estrangular al poder judicial como hoy lo conocemos, se dio precisamente como consecuencia de ese voto al dictamen que presentó el ministro Alberto Pérez Dayán. López Obrador, bastante molesto con lo sucedido en la Corte, como trascendió en Palacio Nacional, habló con el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y le pidió que armaran una embestida política contra el ministro, que sirviera para inhibir que otro ministro o ministra vuelva a votar contra sus proyectos. Servicial, Mier le informó posteriormente que irían por un juicio político contra Pérez Dayán y contra quienes se le cruzaran al presidente en la Corte.

La Suprema Corte de Justicia, como institución, respondió valientemente. Pérez Dayán, no quien esté al frente del máximo tribunal, la ministra Norma Piña, pronunció el discurso en la conmemoración de la carta magna en Querétaro, donde dijo que el Poder Judicial siempre invalidará cualquier acto que no respete la Constitución, lo que lo mantuvo en la ruta de colisión con el presidente. Agregó que habría que alejar al Poder Judicial de la política, porque "militancia y judicatura no son afines". Pérez Dayán no se inmutó ante las amenazas de Morena en el congreso, y el poder judicial tampoco se asustó ante la belicosidad de López Obrador y su intento por desaparecerlos, modificando su esencia y destino.

López Obrador es un populista que va caminando hacia el autoritarismo. Lo que le resta del sexenio no será suficiente para instalarse en ese estadio, pero la apuesta por la reforma al poder judicial y su ataque a quienes se le enfrenten con la ley en la mano, apunta a su interés por dejar un nuevo edificio institucional a quien le suceda en el poder.

El presidente va a trabajar en los meses que le quedan del sexenio para ir amartillando su objetivo, mediante ataques sistemáticos al poder judicial que le servirán de manera dual para ir debilitándolo aún más en la opinión pública, y como discurso electoral, cuyo objetivo será que le aporte los votos suficientes para que en los últimos días de su sexenio tumbe la última frontera de la legalidad como la conocemos, y con la mayoría calificada en el congreso transforme la Constitución en su constitución.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4 del periódico El Informador del 6 de febrero de 2024).

La Constitución Política Mexicana se ha reformado 770 veces en diversos artículos desde 1917. De 136 ordenamientos sólo 19 se han mantenido intactos.

Busqué alguna reforma promovida en 1982, año de mi nacimiento. Encontré que en el periodo de López Portillo se modificó el artículo 73 constitucional para establecer que "el servicio público de banca y crédito será prestado exclusivamente por el Estado y no será objeto de concesión a particulares" (ya llovió).

En 1928 se modificó la carta magna para ampliar el periodo presidencial de 4 a 6 años. En 1933 se estableció el principio de no reelección. En 1947 se incorporó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Pero hasta 1953 se incluyó de manera expresa a "las mujeres" como ciudadanas de la república y se suprimió el precepto constitucional que restringía su participación sólo en elecciones municipales. En 1980 se dotó de autonomía a las universidades. En 2011 se reconocieron a nivel constitucional los derechos humanos y se obligó al Estado a cumplir los tratados internacionales de los que México es parte. Todos fueron cambios trascendentes y positivos para nuestra sociedad.

Antes del año 2000, el presidente era el gran legislador constitucional, pero esto cambió con la alternancia democrática. En los últimos 24 años se aprobaron 106 reformas constitucionales de las cuales sólo 56 las propuso el ejecutivo federal.

Fox mandó 17 iniciativas y le aprobaron sólo 6 (35%); Calderón envió 9 y le aprobaron 5 (55%). Peña propuso 20 y pasaron 13 (56%). AMLO ha enviado 10 y le han aprobado 5 (50%). Entre propuestas del ejecutivo federal y el legislativo en el sexenio foxista se reformaron 31 artículos; con Calderón 110 artículos; con Peña 156 artículos (ha sido el más reformista) y el sexenio de AMLO acumula cambios a 64 ordenamientos.

Este lunes López Obrador anunció 20 iniciativas de reforma a la Constitución, el número más grande presentado por un presidente en un solo acto desde 1917.

Entre los temas destacan reformas en el ámbito electoral, Poder Judicial, pensiones, eléctrica, salario mínimo, Guardia Nacional, programas sociales, maltrato animal, organismos autónomos, drogas y revocación de mandato.

Desde una perspectiva histórica, los cambios a la Constitución Política de México responden a la necesaria adecuación entre la norma y la realidad. Cada sistema político y cada época ha intentado empatar esos dos ámbitos que, como nunca, me atrevo a decir, habían estado tan separados uno del otro.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 6 de febrero de 2024).

La tortura es una práctica generalizada y sistemática cometida habitualmente por las fuerzas de seguridad de Jalisco. La tortura es una práctica represiva de las fuerzas de seguridad que no sólo busca intimidar e incriminar a los detenidos, sino también provocar terror u sometimiento a manifestantes o detenidos por motivos políticos.

Su práctica es mucho más cruel y degradante de lo que se cree. Va más allá de una detención violenta y de golpes a la víctima. Sirva de ejemplo este testimonio de un quejoso recogido en la recomendación 10/2023 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitida el 30 de marzo de 2023. Los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2009 en la Colonia El Maloaste, en Tequila, por elementos de la Policía Investigadora del Área de Homicidios Intencionales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Jalisco.

El quejoso relató que tenía un convivio con unos amigos cuando entraron agentes ministeriales. Luego de detener al quejoso lo acercaron a una camioneta Toyota Hilux para ver si una persona que estaba adentro lo reconocía, lo cual negó. De todos modos lo detuvieron y lo subieron a una camioneta RAM 2500 gris, y lo llevaron a Guadalajara por la carretera libre. En el transcurso del viaje empezaron a golpearlo y metieron su cabeza en una bolsa negra con la que intentaron asfixiarlo, en varias ocasiones.

La tortura arreció, según contó la víctima: "Después se detuvieron sobre una brecha donde me bajaron y empezaron a golpearme cada vez más fuerte y continuamente. Para posteriormente oír que se cerrojaban una pistola, la cual me la pusieron sobre la cabeza y jalaban el gatillo, esto en dos ocasiones, burlándose de mí por el miedo que me daba al pensar que me iban a matar, diciéndome que esto no era un juego y que más valía no haber nacido, porque hasta ese día iba a vivir, ya que me iba a cargar la chin...".

Este es el repertorio de actos de tortura que le practicaron a esta persona, según la queja de la CEDHJ.
- Asfixia con bolsa plástica.
- Asfixia con trapo húmedo y agua.
- Se sentaban a ahorcajadas sobre él para inmovilizarlo.
- Patadas en los testículos.
- Le vendaron el rostro cubriendo sus ojos.
- Le colocaron una venda desde el pecho hasta las rodillas y lo acostaron en el suelo.
- Orinaron en su cara y sobre su cuerpo.
- Toques en la cara interna de ambos muslos cerca de los testículos.
- Golpes con un palo de madera en el espacio interglúteo y en el ano.

Al final, la CEDHJ acreditó la tortura cometida por 3 elementos de la Policía Ministerial de la ex Procuraduría General de Justicia de Jalisco. Reproducimos este testimonio de tortura ahora que el pasado 31 de enero la 2a. Sala de Justicia de la Nación ordenó al Gobierno de Jalisco crear una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura y Tratos Crueles, inhumanos o degradantes. Esta Fiscalía debió ser creada desde 2017 cuando entró en vigor la ley general de la materia, sin embargo los gobiernos de Jalisco fueron omisos y crearon en su lugar una Unidad Especializada en Tortura, que en la práctica no ha judicializado ningún caso, por lo que no hay detenidos ni sentencias por la comisión de este delito, de acuerdo a la investigación del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

De acuerdo a esta organización, entre 2006 y 2020 se han presentado más de dos mil denuncias por tortura en Jalisco, pero el resultado es 100% de impunidad. Por eso el gobierno (poderes ejecutivo y legislativo) debe cumplir la sentencia de la Corte y crear lo más pronto posible la Fiscalía Especializada contra la Tortura. Los tratos crueles y degradantes deben cesar en la entidad.

Rubén Martín
(v.pág.2 del periódico El Informador del 3 de febrero de 2024).

Hace poco solicité por transparencia al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco el número y monto de los inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Jalisco. Dicho de otro modo, padres que con una sentencia en firme se niegan a pagar la pensión alimentaria de sus vástagos.

Después de varios meses y un recurso de revisión, la Judicatura me informó que hay 104 registrados en este padrón. Los nombres no son públicos. Sin embargo, me sorprendió encontrar que el deudor alimentario con el monto más alto es de 2'950,000 pesos. Le sigue otro con un adeudo de 2'765,000 pesos. Un par más por 1'585,000 pesos y 1'407,000 pesos respectivamente.

Según el Código Civil de Jalisco, la condición para ser inscrito es el incumplimiento de pago por más de 90 días. Generalmente el varón utiliza el dinero y a los menores para ejercer presión contra la madre. El Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios ha denunciado que la corrupción en los poderes judiciales estatales favorece a los morosos sobre todo cuando tienen poder económico o político. En esa lista de 104 deudores, puedo asegurar sin temor a equivocarme, que hay hombres con ese perfil. ¿Quién los obliga a cumplir?

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 30 de enero de 2024).

Por más que Andrés Manuel López Obrador asegure que "no le quita el sueño" lo revelado por el periodista Carlos Loret de Mola, quien ha exhibido a los 3 hijos del presidente incurriendo en diversos delitos; desde conflictos de interés, nepotismo y tráfico de influencias, entre otros posibles actos de corrupción, es un hecho que las denuncias administrativas y penales en contra de los juniors y sus amigos serán presentadas ante las instancias correspondientes por legisladores panistas, y entonces se verá el trato que la justicia les dará, así como si deberá ser motivo o no para robarle el sueño al inquilino de Palacio Nacional, quien, sin nada más que su palabra, rechaza las acusaciones por el simple hecho de que sus hijos "están tranquilos".

En contraparte, hay que decir que cada una de las investigaciones en las que se muestra cómo operan los juniors ha estado sustentada con documentos, videos, audios e imágenes, sin que el padre de estos 3 "talegones", -como les llama Xóchitl Gálvez-, haya podido desmentir las afirmaciones del ex conductor de noticias de Televisa.

El presidente de México ha sido incapaz de argumentar a favor de sus hijos porque las pruebas de su enriquecimiento están a la vista de todos.

Lo cierto es que, al parecer, de parte del panismo existe la intención de que esta serie de evidencias y pruebas que contienen la serie de reportajes presentados por Loret en Latinus -y que amenaza con seguir publicando-, no quieren que quede en parte del anecdotario o que vayan a dar a un cajón a dormir el sueño de los justos y por ello el diputado federal blanquiazul Héctor Saúl Téllez, anunció la presentación de denuncias penales y administrativas para que se investigue y sancione a los 3 hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador: José Ramón, Andrés y Gonzalo López Beltrán, por presuntas redes de tráfico de influencias.

Ya veremos hasta dónde logran llegar estos recursos, en dónde se atoran, quién los atora y/o cuánto lograrán avanzar por tratarse de los hijos del presidente y sus amigos. ¿Usted cree que habrá justicia? Yo no, al menos no en este sexenio.

Salvador Cosío Gaona
(v.pág.2 del periódico El Informador del 27 de enero de 2024).

Podría ponerme ingenuo y decir que las y los diputados de la actual legislatura cambiarán la historia, y por 1a. vez en Jalisco el proceso de selección que corre para renovar 7 posiciones de magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) no será más una simulación.

Que esta ocasión votarán en conciencia, pondrán por encima su dignidad y su compromiso con sus votantes, y mandarán a volar a sus jefes políticos que les dictan el sentido de su voto para que cumplan con la lógica de los "cuates y las cuotas" sin importar que el o la suspirante incumpla hasta con los requisitos de la convocatoria.

Que ahora, por ningún motivo ni presión de las más altas esferas del poder darán su voto para favorecer al recomendado que quiere ser magistrado o magistrada sin tener el conocimiento, la experiencia o la reputación intachable que un cargo como este exige.

Actuarían así, porque por fin tomaron conciencia de la urgencia y de la grave responsabilidad que tienen, de contribuir para empezar a limpiar un poder judicial podrido e infiltrado por la delincuencia organizada por los altos niveles de corrupción con los que opera.

Porque por fin cayeron en la cuenta de que la crisis desbordada de inseguridad y violencia que padecen poblaciones enteras en Jalisco y que cada día alcanza más a la clase política y gubernamental a la que pertenecen, se debe también a las ineficiencias y parálisis de un poder judicial que lejos de combatir, fomenta la impunidad para quien tiene el dinero para sobornarlos y comprarla.

Por eso ahora que voten por las 7 nuevas magistraturas las y los diputados del Congreso de Jalisco votarán por los postulantes con las mejores evaluaciones, y atenderán por primera vez, aunque no sea vinculante, la opinión del Consejo de Participación Social (CPS), este cuerpo colegiado ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y sus ponderaciones sobre la reputación de cada aspirante. Ahora, en vez de perseguirlos con toda la furia del poder por denunciar el tráfico de influencias y lo desaseado del proceso, negarán su voto a las fichas de los "perfiles controversiales" que les comparte el CPS, para cambiar la inercia de nepotismo y corruptelas en el Poder Judicial e inyectarle voluntad ética y jurídica renovada y honesta.

Pero puedo, y debo también, ponerme realista y decir que eso no pasará y que las y los diputados volverán a ignorar olímpicamente méritos y reputaciones y nos impondrán de nuevo magistradas y magistrados fruto de la partidocracia. Porque como ciudadanos seguimos sin exigir los diseños institucionales que garanticen designaciones públicas ajenas a estos vicios, además de seguir sin saber elevar el precio a los políticos y políticas que los cometen.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 25 de enero de 2024).

Uno de los vecinos sufre una epidemia de violencia. Es cierto que ha bajado un poco en los últimos años, pero sigue siendo una de las mayores del mundo. En 2022 México registró 25 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes (INEGI). La cifra es menor que los 29 de 2018 a 2020, pero sigue siendo muy elevada, tanto en comparación con nuestras cifras históricas como respecto de otros países. El otro vecino es en cambio mucho más pacífico: Estados Unidos registró en 2022 una tasa de 6.3 homicidios por cada 100,000 habitantes (FBI y Statista.com).

Si los mayores controles de armas llevaran a una disminución de la violencia, estas cifras serían paradójicas. México tiene, por obra y gracia de Luis Echeverría, una de las legislaciones más restrictivas del mundo en venta y posesión de armas. Estados Unidos, en cambio, cuenta con el mercado más abierto. Según la lógica tradicional, debería ser más violento, pero la realidad es que el número de homicidios dolosos en México ponderado por población es casi 4 veces superior.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha vanagloriado de un triunfo legal en una apelación en la demanda que presentó en agosto de 2021 contra los fabricantes estadounidenses de armas, en la que exigió el pago de daños y perjuicios por los daños que estos instrumentos han provocado en nuestro país. La demanda fue considerada improcedente por un juez en septiembre de 2022, pero un fallo de la corte de apelaciones del 1er. circuito con sede en Boston obligará ahora al juez a revisar el fondo del asunto. El gobierno mexicano ha considerado esto como un "hecho sin precedentes".

Al proceso legal le falta un largo camino por andar. Los fabricantes de armas tienen todavía numerosos recursos legales por lo que es muy probable que el proceso se extienda varios años. De lo que no hay duda es que las ventas de armas en la Unión Americana no son un factor relevante en la violencia en México. Si lo fueran, la prohibición en nuestro país habría generado hace ya mucho tiempo un menor índice de homicidios. Lo que ocurre es exactamente lo contrario: a pesar de la prohibición de las armas, México es mucho más violento que Estados Unidos.

La Unión Americana es el país que tiene el mayor número de armas en el mundo, 120.5 por cada 100 personas (Small Arms Survey). Países como Canadá, Finlandia, Islandia, Austria, Noruega, Suiza y Suecia registran también niveles muy altos de posesión de armas, pero con niveles muy bajos de homicidios: de 0.5 en Suiza a 2.3 por cada 100,000 habitantes en Canadá. México tiene 12.9 armas por cada 100 habitantes, pero 25 homicidios por cada 100,000 personas. El Salvador, en contraste, ha alcanzado una transformación notable. El país tiene 12 armas por cada 100 habitantes, un poco menos que México, pero llegó a tener en 2015 una exorbitante tasa de 105 homicidios por cada 100,000 habitantes. En muy poco tiempo, sin embargo, ha reducido radicalmente esta cifra, a 7.8 en 2022. No hubo para esta disminución ningún cambio en las leyes sobre la compra o posesión de armas, pero sí una política de mano dura contra la impunidad.

No sé cuál será el resultado de la demanda de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos; pero, el que sea, no tendrá ninguna incidencia sobre la violencia en México. No es el número de armas lo que produce la violencia, sino la impunidad, y mientras la impunidad en México se mantenga en los niveles actuales, la violencia no terminará, aunque no crucen ya más armas desde Estados Unidos por las porosas aduanas mexicanas.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 24 de enero de 2024).

Marcos ha sido testigo de la violencia homicida y las desapariciones en Jalisco desde un lugar muy distinto al de todos: un laboratorio y la escena de cientos de crímenes. Hablar con él permite asomarnos, aunque sea un poco, a lo que ocurre en ese edificio de Batalla de Zacatecas 2395, en Tlaquepaque, a donde acuden cada día decenas de familias a buscar a sus desaparecidos y sus muertos.

Escuché con cuidado a Marcos Raygoza. Pocas veces tienes oportunidad de hablar con un perito en antropología forense. Pero no cualquier perito. Sino con el fundador de la especialidad en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) hace 23 años.

La conversación fue posible porque Marcos ahora puede hablar con libertad, sin riesgo de perder su trabajo: se jubiló el pasado 1o. de noviembre.

Marcos expresó duras críticas al IJCF, pero sin rencor. Habló más desde la compasión y la consternación: "Necesitamos ayuda", me dijo, "No nos damos abasto".

Marcos refutó la versión oficial que niega una crisis forense. Puso un ejemplo. En la atención de emergencias, cuando un fenómeno, digamos, el huracán "Otis" en Acapulco, rebasa la capacidad de respuesta de la autoridad, se cataloga como un desastre.

En este sexenio se han exhumado 1,725 cadáveres de cuerpos en fosas clandestinas, muchos fragmentados. Además, el Registro de Personas Fallecidas sin Identificar del IJCF consigna 4,430 cadáveres desde 2018 a la fecha. El CEPAD, sin embargo, ha señalado que hay más de 9,000 cuerpos sin identidad acumulados desde 2006. Finalmente en Jalisco, en este sexenio, asesinan a 6 personas en promedio al día y desaparecen a 5, según datos del Secretariado Ejecutivo.

Todo este trabajo, me contó Marcos, lo encaran sólo 7 antropólogos forenses. 3 menos de los 10 que reportó el Inegi en el apartado de servicios periciales del Censo Nacional de Procuración de Justicia 2023.

"Yo creo que aquí estamos ante un desastre. No es una crisis forense. Es un desastre porque sobrepasó ya nuestra capacidad de respuesta. Tenemos que atender esto", me contó.

Marcos hizo una reflexión. El análisis de un cuerpo demora una semana en promedio. En Jalisco hay más de 14,000 desaparecidos. Si mañana hubiera que analizar ese número de cadáveres, cada uno de los 7 antropólogos forenses en el IJCF tardaría 40 años.

"Tenemos un Instituto no estresado, al borde de la locura porque trabajamos a ritmos que yo podría decir inhumanos", me relató. Marcos cobraba 18,000 pesos mensuales: "Eso es el perito A pero hay peritos B que ganan todavía menos".

La saturación, el estrés laboral y la pobreza salarial generan otro riesgo. Marcos reconoció que rechazó "dádivas" por acelerar peritajes. Un sistema colapsado es caldo de cultivo para la corrupción. Familias de personas desaparecidas han denunciado cobros ilegales y extorsión en peritajes. Revictimización y negligencia del Estado. El peor escenario.

Pregunté a Marcos la relevancia de un perito en antropología forense en la crisis de desaparecidos: "Somos la última oportunidad de que se haga justicia", me contestó. Tiene razón, pero en condiciones de trabajo normales, no bajo el actual escenario de desastre que ni siquiera reconoce la actual administración.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 22 de enero de 2024).

Además de robo de mercancías, asalto a mano armada, extorsiones por circular en las carreteras, ahora los transportistas enfrentan el grave problema de la quema de camiones por parte de grupos de la delincuencia organizada que realizan bloqueos en las carreteras.

Durante los últimos meses los bloqueos carreteros con tráileres incendiados se han incrementado. Solamente el mes pasado fueron más de 25 unidades las que incendiaron en diferentes estados del país.

Elías Dip Rame, presidente nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) exigió una mayor seguridad en las carreteras ya que afecta el patrimonio de los transportistas.

"Es el patrimonio de muchos de mis compañeros que tienen una unidad o 2 y en la quema pierden totalmente su patrimonio. No hay compañía de seguros que pague un siniestro de estos porque no está considerado dentro del contrato de la póliza", dijo.

El dirigente aseguró que hace falta más presencia de la Guardia Nacional en las carreteras de Jalisco y la participación de patrullas de Seguridad Pública.

"La Guardia Nacional dice tener más de 100,000 elementos, pero no los vemos, las carreteras están casi solas; no puede ser que caminemos 200 kilómetros y solamente veamos 2 patrullas, eso no es darle el servicio a la población, todos los días vemos los asaltos y balaceras, incendian automóviles, camiones y autobuses", dijo.

Añadió que desafortunadamente el problema no se está resolviendo y la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad no están cumpliendo con su objetivo.

"Yo les exijo a las autoridades que cumplan con su obligación que es darnos la seguridad que nos merecemos todos los mexicanos", aseguró.

La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) denunció que las aseguradoras evaden el pago de la póliza de los tráileres incendiados por bloqueos. De acuerdo con los transportistas, en lo que va de este sexenio suman más de 100 unidades que no han sido incendiadas y no han sido pagadas con el pretexto de que se trata de actos vandálicos.

"Sí nos afecta gravemente porque en muchos de los casos, las compañías aseguradoras no nos quieren pagar porque dicen que es vandalismo", afirmó Diego Javier Bolio Corona, delegado en Jalisco de Conatram. En entrevista, explicó que los transportistas son los más afectados con los bloqueos carreteros.

"Es un problema nacional, pero en Jalisco se han dado demasiados hechos donde desafortunadamente nosotros sufrimos un daño colateral por el problema de la inseguridad con las bandas delictivas que utilizan nuestros camiones para hacer barricadas e incendiarlos y evitar que la autoridad pueda llegar a esos lugares".

De acuerdo con el entrevistado, las pérdidas económicas por unidad van de los 2 a los 5 millones de pesos, independientemente del valor de la carga.

"Muchas veces a la carga ni siquiera le llega la lumbre, pero luego resulta que llega la gente y se lleva la mercancía y somos víctimas de la rapiña. En muchas ocasiones están las autoridades y no evitan que se lleven la carga", aseguró.

Cuestionó que se paguen demasiados millones de pesos a las aseguradoras para que no hagan frente a la reparación de los daños.

"Son muchas las unidades que en algún momento han sido quemadas, no nada más en Jalisco, Colima, Michoacán y otros estados donde han tenido el problema de que les quitan las unidades para quemarlas", agregó.

Añadió que, en algunos de los casos, los transportistas denuncian el robo de la unidad y posteriormente aparecen incendiadas.

"Yo creo que el que debería de pagar la reparación del daño es el gobierno del estado, el gobierno federal, que son los que están obligados a darnos la seguridad”, concluyó.

(V.pág.7 del periódico El Informador del 22 de enero de 2024).

La disputa que se dio recientemente en la Ciudad de México respecto de la negativa de ratificación de la titular de la Fiscalía local reveló la crisis permanente en que se encuentra la procuración de justicia en los ámbitos estatales, donde se tiene la responsabilidad de investigar y perseguir la mayoría de los delitos que se cometen en el país, y donde prolifera la inmensa impunidad que se padece en todo el territorio nacional.

Hay numerosos casos en los que, además, se hace patente el conflicto que existe entre poderes locales. En Nuevo León, la fiscalía estatal fue un actor clave en el desenlace que tuvo el abandono de la fallida candidatura presidencial de Samuel García. En Morelos, la disputa entre el fiscal estatal y el gobernador ha sido constante y terminó en un severo conflicto con la propia fiscalía de la Ciudad de México.

En Veracruz, el escenario fue similar, pues a la llegada del actual gobernador, el conflicto entre fuerzas no se hizo esperar y terminó en la destitución del entonces titular de la fiscalía estatal.

Hay otros casos preocupantes, pues el diseño institucional que se hizo de las fiscalías estatales a partir de la reforma al sistema nacional de justicia penal no garantizó, por un lado, que la designación de las fiscalías garantizara que llegarían a los cargos las y los mejores; pero por otro lado, tampoco existen los mecanismos de control para evitar que se encumbren ahí personajes que abiertamente han llegado de la mano de la delincuencia, como ocurrió en Nayarit; o casos de permanencia inexplicable, como es el caso de la Fiscalía de Guanajuato, el estado con más homicidios dolosos de México, y donde el fiscal se ha mantenido en el cargo por más de una década.

En México, de acuerdo con la información que capta el INEGI vía la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, se cometen anualmente más de 30 millones de delitos cada año. Y aunque no existen estudios tipo panel, no es difícil inferir que, a lo largo de la última década, al menos el 80% de la población nacional ha sido víctima de algún ilícito. Frente a ello, el nivel de la cifra negra se mantiene de forma constante por arriba del 90%.

Todo esto permite enmarcar también la disputa abierta por el ejecutivo federal en contra del poder judicial; y el tema es relevante de ser destacado, porque de todos los delitos que se cometen, cerca del 90% son del fuero común; es decir, son materia de procuración e impartición de justicia estatal.

Frente a ello, la pregunta es cómo garantizar que las fiscalías llevan a cabo su trabajo de manera adecuada, para evitar el fenómeno conocido como "la puerta giratoria"; y cómo se garantiza que las y los tribunales pueden impartir justicia de manera expedita si los recursos de que disponen son siempre limitados, al grado de que en algunos casos se utilizan computadoras que no cuentan con paquetes informáticos originales o con licencias vigentes.

Todo lo anterior, en un escenario en el que la violencia es cada vez más compleja y diversa; y donde, dada la dinámica sociodemográfica del país, son cada vez más numerosos los casos donde la demanda de justicia se encuentra en el ámbito familiar y civil, desplazando a las materias penal y mercantil en número de casos que se encuentran en litigio en los tribunales, donde se acreditan, una y otra vez, las constantes violaciones a los derechos humanos de las víctimas, pero también de las personas imputadas.

La construcción de un país de bienestar requiere que la justicia sea uno de los bienes más preciados, pero también más protegidos. Debe comprenderse que somos un país con demasiadas víctimas; con un interminable e innecesario dolor que es la base de la epidemia de llantos que recorre al país.

Transformarlo inicia con una auténtica justicia, y esta deberá, si pretendemos que sea perdurable y eficaz, construirse desde lo local.

Mario Luis Fuentes, investigador del PUED-UNAM
(v.pág.3 del periódico El Informador del 21 de enero de 2024).

El góber que heredará la estafeta de mando este año pretende acuñar un despacho jurídico de ensueño, con poder jurisdiccional para avalar todo lo avalable y defender todo lo defendible. Y lo mejor: pagado por todos los jaliscienses, porque estará integrado por jueces y magistrados.

Tanto en el Supremo Tribunal de Justicia como en el Tribunal Administrativo del Estado, las piezas naranjas están en la lista de favoritos para ocupar uno de esos puestos de ensueño que tienen sueldos de 6 dígitos, prestaciones de no creerse y un mes 13 que se merecen porque trabajan de sol a sol y sin límite de tiempo.

Y lo mejor: son trabajos garantizados por 10 años, con la posibilidad de repetir por 4 más. 2 sexenios de blindaje e impunidad para quien dio la orden de entregarles el privilegio.

Es la operación perfecta. Sin cicatrices y con una recuperación inmediata.

Dicho por los que le saben a lo que esconden las paredes del Judicial, la selección que el partido Movimiento Ciudadano ha hecho de magistrados y jueces está repleta de servilismo. Aunque el adjetivo es más suave que los que surgen de la fuente original: chupatintas y lamesuelas.

La meta del góber de los días históricos es simple: perdurar. Aunque ha dicho que este es su último puesto en la política, Enrique Alfaro ha preparado el terreno para convertirse en el poder fáctico de quienes están a cargo de la justicia pronta y expedita. Cada autorización de uso de suelo y cada terreno susceptible de construirse contarán con el aval de quienes le deben el puesto.

"Todos lo saben: el que controla el Judicial es Rafa Martínez". La fuente no miente: el hermano de la ex esposa del gobernador Alfaro (Lorena Martínez) es el poderoso operador que se encarga de proteger a los camaradas y embestir a quienes no se cuadran, y desde cuya oficina se decide cuál expediente se envía a qué juzgado. El poder detrás del poder, pues.

Desde que Aristóteles Sandoval era gobernador, en el ejecutivo se acuñó la "estrategia" de conformar cotos de poder en el Judicial. En esta ocasión, el góber quiere la combi completa, y a partir de ello se han hecho una gran cantidad de negocios en escrituras. Pero... ¿quién va a exhibir un acuerdo así de jugoso cuando el pastel alcanza para todos?

El plan perfecto para que las licitaciones a modo se entreguen sin obstáculos ni críticas está en los periodos vacacionales: julio y diciembre. Ahí están las luminarias multimillonarias de Zapopan o Parkimovil. Y si uno es malpensado, que lo es, un dinerito extra para las campañas electorales no cae nada mal cuando es 2024 y, como dije, quieres la combi completa.

La renovación de puestos ya es un hecho y los nombres están en la mesa. 3 perfiles a modo para al TAE y otros 7 para el Supremo Tribunal. Todos, ungidos por el fundador del alfarismo.

¿Por qué es tan jugoso el control del Judicial? Pues porque representa el control de los grandes casos a través de resoluciones judiciales. Desde inmobiliarias (donde esta administración ha dejado su sello) hasta mercantiles y penales. Todo el esquema de justicia.

Hoy, por lo pronto, goza de una amplia mayoría en la Justicia Laboral. La mayoría de juzgadores en la nueva sede de Ciudad Laboral son alfaristas. Y con un presupuesto histórico del 2% que cuenta con su firma, ¿cuál Daniel Espinosa Licón podría hacer que el timón cambie de rumbo?

Así es el alfarismo: acapara, no negocia y a quien no le sirve lo deja fuera del plato. Ahí está el PAN reducido a nada, aunque fue gracias al PAN, con Emilio González Márquez, con quien obtuvo notoriedad estatal y, a la distancia, la posibilidad de ganar la gubernatura.

Por eso hay que fijar la mirada en el Judicial. El primer mandatario que disfruta regañar en público va por todo. Quiere convertirse en un poder que trascienda a su sexenio. Un poder fáctico, por cierto, como el que tanto le molestaba en la figura de Raúl Padilla.

Isaack de Loza
(v.pág.2 del periódico El Informador del 20 de enero de 2024).

Francisco Jiménez Reynoso, especialista e integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, lamentó que las autoridades encargadas de la impartición de justicia poco hayan podido hacer para que los asesinatos en la entidad se resuelvan y se alcance la justicia, para que no queden impunes, como ha quedado el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Dijo, por una parte, que la Fiscalía no ha dado resultados de haber depurado la dependencia luego de que, en junio de 2020, se admitiera públicamente que la misma se hallaba infiltrada por el crimen organizado.

"Todos creímos que luego de ello iba a haber cambios significativos, que iban a anunciar la depuración de la corporación y que íbamos a ver mayor agilidad en la resolución de los casos, pero esto no fue así", lamentó el académico.

A esto, consideró, se le suma que el poder judicial se ha quedado corto al momento de juzgar los pocos casos que logran llegar ante un juez, y que terminan por no llegar a condenas debido a que el sistema de justicia penal que entró en vigor en 2015 no logra consolidarse, y ante diversas fallas en la conformación de las carpetas de investigación se deja en libertad a las personas aprehendidas.

(V.pág.5 del periódico El Informador del 18 de enero de 2024).

Prueba de que falta mucho por evolucionar, además de las últimas sanciones a casi una decena de fedatarios públicos, es el jalón de orejas que acaba de dar un Tribunal Colegiado al Colegio de Notarios de Jalisco por la "violencia institucional" ejercida en el caso de la sustentante María Guadalupe Sánchez González, a la que han aplicado una larga cadena de argucias y tácticas jurídicas dilatorias en complicidad con la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, para buscar que desista de un litigio, que se ha prolongado por más de 5 años, para hacer valer sus derechos en la búsqueda de uno de esos fiat.

Como se sabe, Guadalupe presentó su examen en 2018 y al pedir una revisión por no aceptar la calificación reprobatoria que le anunciaron, empezó todo un calvario, hasta que por intervención de la justicia federal el Colegio de Notarios tuvo que mostrar la prueba, que para sorpresa de todos estaba mutilada. Tuvo que venir toda otra odisea jurídica para que se le hiciera justicia, y aunque no se le otorgó la notaría como uno de los juzgadores propuso como resolución, sí se ordenó que se le volvieran a aplicar las preguntas mutiladas. El jurado del Colegio de Notarios, al que nunca se le investigó por la mutilación del examen, arbitrariamente modificó las preguntas y acortó el tiempo de respuesta. Por eso nuevamente el Tribunal Colegiado volvió a ordenar que se le aplique un 3er. examen, con las mismas preguntas aplicadas en 2018 y que alguien arrancó, y que se le dé el tiempo suficiente para contestarlas.

Habrá que ver si esta vez la Consejería Jurídica del Gobierno estatal y el Colegio de Notarios no incurren de nuevo en argucias "de mala fe" como las aplicadas el año pasado y que juzgó así en su fallo la justicia federal.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 18 de enero de 2024).

Vecinos de las colonias El Capulín y Liberales de 1857 mantienen bloqueados desde hace 2 meses los accesos de las obras del Tren Interurbano México-Toluca sobre la calle Río de Tacubaya en la alcaldía Álvaro Obregón, donde denuncian que derivado a los trabajos de excavación y perforación tres casas aledañas han sufrido daños.

Son 40 las personas que se turnan durante el día y noche para vigilar las entradas a la zona de construcción, con sillas de plástico, una carpa color rojo y un anafre donde preparan la comida del turno, es como los vecinos comienzan las vigías en los 2 puntos de acceso para impedir que continúen las labores.

"Comenzamos a las 8 de la mañana y nos cambiamos en la tarde entre nosotros para vigilar que no entren ni salgan trabajadores hasta que nos digan quién se hará responsable de los daños en las casas", Karla Néstor, vecina afectada por las obras del "Insurgente".

A principios de noviembre del 2023, se alertó a los habitantes de la caída de pedazos de la loza en sus hogares, por lo que solicitaron dialogar con los encargados de la obra para llegar a un acuerdo en sus reparaciones; Comentaron que la empresa "González Soto y Asociados" en el 2021 realizaron levantamientos de pruebas en las viviendas afectadas y les entregaron la póliza de seguro vencida.

"Tomamos la decisión de cerrar la obra porque no tenemos nada, no tenemos ningún papel que nos garantice la seguridad de nuestras casas y nuestras vidas, vivimos en un riesgo", agregó Karla.

Los corredores estrechos impiden el acceso vehicular y peatonal, la zona de obras se encuentra detrás de unas láminas de metal que se dividen de la acera a unos pasos de las fachadas de los hogares de los denunciantes.

Algunos mencionan que llevan 2 años desde que comenzaron las construcciones viviendo entre los escombros, pesadas máquinas que taladran todo el día y que generan trombas de polvo.

"Solo pedimos que nos garanticen que no va a pasar nada, nos den un seguro de que si llega a pasar algo ellos se harán responsables, un seguro a daños a terceros y si lo tienen nosotros no sabemos cuál es", Gabriela Néstor, habitante de la colonia Liberadores de 1857.

Durante el recorrido se observaron estructuras completamente abandonadas, donde la constante vigilancia de los vecinos impide la continuación de la obra.

(V.periódico El Informador en línea del 18 de enero de 2024).

De momento tenemos estabilidad económica, pero seguimos sin tener seguridad, y habría que calibrar lo que cada mexicano gasta de manera adicional en protegerse, dado que las autoridades, ni municipales, ni estatales, ni federales han cumplido con su obligación de salvaguardar la vida y los bienes de la ciudadanía. En este punto todos nuestros presidentes han fallado y el problema no ha hecho sino crecer de manera exponencial a tal punto que hasta el propio gobierno debe someterse a los dictados de la delincuencia, con lo cual el Estado de Derecho se ha vuelto una quimera.

En el entretanto, las candidatas siguen en campaña que no es todavía campaña, y ya de entrada nos demuestran el poco aprecio que tienen ambas a las instituciones y a las leyes, y la manera tan fácil en que se someten al chanchullo de cada periodo electoral, hacer campaña anticipada con el recurso subrepticio de que solo es campaña "interna", y que toda la publicidad que circula en los medios está dirigida exclusivamente a los miembros de los partidos involucrados, la demás gente, favor de hacer como si no oyera ni viera nada, y que esta corruptela a ojos vistos sea seguida de inmediato por candidatas que prometen que todo va a cambiar. ¿Quién se los va a creer?

Pero el hambre es canija lo mismo si es de poder que de dinero, nadie va a ponerse escrupuloso por una infracción o un tramposo más, lo importante es ganar, de esta suerte lo que se sigue imponiendo es nuestra idiosincrasia corrupta y la fe ciega en que nadie se da cuenta o si lo hace, no le importa, y si le importa, de todos modos no puede hacer nada, las fuerzas políticas que operan en México son verdaderas aplanadoras.

Armando González Escoto
(v.pág.2 del periódico El Informador del 14 de enero de 2024).

Pobladores de Ixcatán cierran Avenida Juárez.

Usuarios del transporte público del norte de Zapopan, bloquearon la Avenida Juárez, luego de que las autoridades del rubro los dejaron plantados.

Representantes de la Dirección de Asuntos de Internos del Gobierno de Jalisco, la Secretaría de Transporte (SETRAN) y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), tenían programada una cita a las 11:00 con los manifestantes, pero las autoridades nunca llegaron.

Ante esta situación, los pobladores de Ixcatán, San Isidro y San Esteban decidieron bloquear la circulación de la Avenida Juárez, a la altura de Ramón Corona.

Durante media hora, los manifestantes cerraron la vialidad alrededor de las 12:00 horas, mientras que oficiales de la Policía de Guadalajara vigilaban la protesta que transcurrió de forma pacífica.

La circulación se mantuvo cerrada hasta que un grupo de funcionarios, entre ellos Isaac Caballero Sandoval, dialogaron con los vecinos del norte de Zapopan y acordaron una nueva reunión para el próximo martes a las 14:00 horas.

A la cita de este miércoles incumplieron su asistencia Víctor Hugo Gómez Reyna de Asuntos Internos, Sergio Solis Hernández de la SETRAN y José Sedano Rubio, subdirector de autotransporte de la SICT.

Al ser cuestionada sobre este tema, la SETRAN respondió que su dependencia no estaba citada a la reunión.

¿Qué exigen los manifestantes?

Desde noviembre del año pasado, los pobladores de esta zona al norte de Zapopan han realizado diversas manifestaciones para exigir un transporte público que cumpla sus necesidades y a un precio justo.

A los poblados de San Isidro, Ixcatán y San Esteban sólo llegaba una ruta federal privada de la empresa Ómnibus, pero desde que aumentó su costo de pasaje a 15 pesos, los usuarios han exigido que las autoridades regulen su precio.

Ante la imposibilidad hasta ahora de someter a la empresa a mantener la tarifa de 9.50 pesos que se aplica en la zona metropolitana de Guadalajara, la SETRAN ha implementado diversas rutas camioneras que llegan hasta esas localidades, sin embargo, esto no satisfizo a los usuarios, ya que los derroteros no llegan hasta la zona de la Glorieta de la Normal, a diferencia de la empresa Ómnibus.

Además, los pobladores señalan que las rutas emanadas del Sistema de Transporte Eléctrico Urbano, que sirven de alimentadores para Mi Macro Periférico, tienen una frecuencia de paso muy baja.

Los usuarios buscan que los derroteros aumenten su trayecto para bajar a lo largo de Avenida Alcalde y que las unidades de Ómnibus ajusten su tarifa.

(V.periódico El Informador en línea del 10 de enero de 2024).

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, presentará una denuncia ante las autoridades electorales para que se investigue el presunto uso de recursos públicos en la campaña de Morena de Claudia Sheinbaum.

Luego de las revelaciones que hizo la exdirectora de la extinta agencia de noticias del Estado mexicano, Sanjuana Martínez, donde el actual secretario del Trabajo le exigió el 20% de su liquidación para apoyar las actividades de Sheinbaum, Xóchitl Gálvez afirmó que esto demuestra que la virtual candidata oficial no juega derecho.

"Marcelo Ebrard denunció cómo la Secretaría del Bienestar estaba al servicio de la candidata Claudia Sheinbaum, fue dicho por Marcelo Ebrard, entonces yo estaría pidiendo al INE que investiguen estos 2 casos de corrupción, y le diría a Claudia (Sheinbaum) que no le saque, que juegue derecho, que ya basta de usar el dinero público para su campaña política, que explique de dónde salieron los cientos de espectaculares que fueron colocados a lo largo y ancho del país, que nunca dejó claro de dónde salieron las miles de bardas que están por todo el país, de dinero público, del dinero de los gobernadores, del dinero de los alcaldes".

"Ésta no es una competencia derecha, no es una competencia como debe de ser en un ámbito democrático, entonces estaremos presentando las denuncias para que se investigue", advirtió.

Gálvez afirmó que le cree a la exdirectora de Notimex, "porque es muy curioso cómo los trabajadores de Notimex han tenido que sufrir todas las penurias con su liquidación, ya lo vimos que lo hicieron con la gobernadora del Estado de México, Delfina (Gómez), cómo le detuvieron a los trabajadores el 10% de su salario, quedó probado, acreditado ante las instancias electorales que esto sucedió".

La precandidata presidencial opositora recordó que el uso de recursos públicos en actividades proselitistas es un delito electoral: "Ella va a decir que no sabe nada, porque eso suelen decir, pero sí me parece que el llamado que yo le hago a Claudia es que deje de usar dinero público en su campaña".

(V.pág.8 del periódico El Informador del 10 de enero de 2024).

El presidente está en campaña. Todos los días pide el voto para la continuidad del proyecto que él encabeza. Nada tiene de extraño, en cualquier país del mundo es la vida cotidiana y parece una exageración que nos estemos fijando en eso. Todo es cierto, salvo que en México la ley lo prohíbe expresamente y esa prohibición tiene un origen: las quejas de López Obrador por lo que él consideró intromisiones de Vicente Fox en la elección de 2006.

Que López Obrador diga una cosa y haga otra sólo debe sorprender a sus seguidores fanatizados. Antes era peor, van a argumentar. Pero no, como político es tan ruin y falso como la mayoría de quienes luchan por el poder. Cuando López Obrador dice que Peña Nieto se portó bien, y por eso no lo toca ni con el pétalo de una mañanera, es porque no hizo lo que está haciendo el hoy presidente.

El problema es por qué nadie aplica la ley, por qué el INE y el Tribunal no se inmutan ante las violaciones evidentes a la legislación electoral. Por una sencilla razón: porque las presidentas de ambos organismos piensan que su misión es la continuidad de la auto denominada 4a. Transformación y no la estricta aplicación de la ley, la ley vigente y no la ley que se imaginan que el pueblo y su intérprete máximo, el presidente de la república, quiere y requiere.

Necesitamos una reforma que elimine el exceso de regulación que tiene hoy nuestro sistema electoral. La ley está plagada de absurdos que nadie está dispuesto a cumplir. El principal de ellos son los famosos topes de campaña. Todas las candidatas y los candidatos, comenzando por Claudia y Xóchitl, y todos los poderes ejecutivos, desde López Obrador y cada uno de los 32 gobernadores, mienten en el gasto ejercido y en los apoyos de los gobiernos a sus candidatos. Las campañas cuestan en promedio 10 veces más que lo que permite la ley.

9 de cada 10 pesos que circulan en las campañas son por debajo de la mesa. El INE lo sabe, los partidos lo saben, todos lo sabemos y al final lo normalizamos. Los apoyos de los gobiernos a sus candidatos son un asunto mucho más complejo y delicado. Apoyar verbalmente a los candidatos del propio partido es parte de la vida democrática. Usar recursos públicos, condicionar o chantajear con apoyos sociales, o usar las obras y las compras públicas para canalizar dinero a un candidato distorsiona la competencia electoral.

No es sólo el presidente, es todo el gobierno el que está en campaña y eso sí es un riesgo para la democracia.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 9 de enero de 2024).

Sucedió este martes 2 de enero, pero de ella no se hizo mucho eco. El pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco convocó a una sesión oculta (extraordinaria, le dicen) para comenzar a repartirse el gran pastel de 3,342 millones de pesos que recibirán este año.

No podían esperar más. En un sexenio repleto de días históricos, el Poder Judicial de Jalisco marcó un hito para despabilarse el 2o. día del año y comenzar a discutir en qué ejercerá el presupuesto que, según el gobernador, les garantizará autonomía y permitirá "hacer frente a los retos que este Poder tiene de cara al desarrollo del estado".

El problema -que lo hay- es que dicha sesión se realizó a puerta cerrada.

Y el tema es que las y los magistrados de nuestra entidad pueden discutir lo que quieran en lo privado, pero si se reúnen en un recinto público a tratar asuntos relacionados con la asignación de recursos, obligadamente el debate debe ser público. Ese es el principio rector de los poderes institucionalizados en México.

Confiados en que el ojo público siempre está en lo que hacen los diputados, los alcaldes o el gobernador, los representantes de mayor nivel en el Poder Judicial de Jalisco se dieron el lujo de iniciar el año electoral con una de las peores prácticas en la función pública: la opacidad.

Bueno: opacidad entre comillas, porque siempre hay quien se entera y habla. Y quien se enteró comparte que lo primero que se discutió es la compra de muebles de oficina para "dignificar" las instalaciones del Judicial. A ver con cuántos escritorios de caoba se lucen los próceres de la justicia pronta y expedita.

Fue justo esa noticia la que caló entre los trabajadores que sí acuden día con día a trabajar: la tajada más grande va a ser para "enchular" la fachada del Judicial, en tanto que el incremento salarial será de 5% y ya: conforme a la inflación. No se habló de mejores condiciones, incentivos por acudir y mucho menos depuración de nómina.

De esta manera, la pista de aterrizaje en el edificio de la Avenida Hidalgo y la calle Belén, en el 1er. cuadro de Guadalajara, seguirá habilitada para cientos de aviadores, quienes mantendrán sus salarios estratosféricos solo por ser bonitos y existir. Ah, y por venderle el alma al funcionario o funcionaria correcto.

En la teoría, esta dignificación presupuestal al Poder Judicial les permitiría todo: meter tecnología para acabar con las piletas interminables de archivos empolvados y enmohecidos, construir más tribunales, contratar personal que sí acuda, sí trabaje y sí reduzca la carga de trabajo en los juzgados, y hacer valer la misión que venden: justicia pronta y expedita.

Esta vez, la papa caliente pesa 3,342 millones de pesos, y queda en manos del presidente en turno que esos fondos se usen para actualizar al personal que vive en la prehistoria y mantiene en mano cincel y martillo para llevar registros. Porque sí: los hay.

En este año que recién inicia, Daniel Espinosa Licón tiene a su cargo un avión inmenso, pero si destina la mayoría del presupuesto en el fuselaje para que luzca bien por fuera y deja de lado el combustible (y en capacitar al personal que va a operarlo), el futuro de su avión va a quedar muy lejos de las nubes.

Así, sin despegar. En el mismo sitio que ha ocupado en las últimas décadas.

Isaack de Loza
(v.pág.3 del periódico El Informador del 7 de enero de 2024).

Tras documentar 122 casos en los que personas desaparecidas han sido borradas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, madres buscadoras del norte del país promovieron amparos para evitar que sus familiares sean invisibilizados desde las bases de datos del gobierno federal.

Luego de que más de 70 familiares de víctimas no lograran rastrear a sus familiares en el sistema, Delia Quiroa, activista y fundadora del Colectivo 10 de Marzo, promovió esta iniciativa para la cual diseñó un formato de amparos individuales con los que cualquier persona pueda solicitar un juicio contra el borrado de sus familiares.

En redes sociales, la abogada, quien busca a su hermano Roberto, desaparecido desde 2014 en Reynosa, Tamaulipas, informó que al momento se han concedido 70 suspensiones para que los desaparecidos no sean eliminados de dicha base de datos y que entre ellas se incluye el amparo que promovió para su hermano Roberto.

La activista denunció desde el 28 de diciembre que cientos de familiares de personas desaparecidas recurrieron a ella para denunciar que sus hermanos, hijos, esposos y padres, no están considerados en el sistema de Búsqueda Generalizada que la Secretaría de Gobierno puso en marcha tras la presentación del nuevo Censo de Desaparecidos.

(V.primera plana del periódico El Informador del 6 de enero de 2024).

Lenia Batres, la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asumió el cargo ayer y lanzó críticas al máximo tribunal.

Batres, quien fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió en su discurso de incorporación contra sus colegas, asegurando que la Corte se ha "extralimitado" y ha caído en "excesos" que demuestran que "no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución".

"La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables".

Ante esto, a la ministra le llovieron críticas en redes sociales. Por ejemplo, el economista Isaac Katz dijo que Batres "no entiende el rol de la SCJN como guardiana de la Constitución y de los derechos y libertades individuales".

En el mismo sentido, el ex diputado Ricardo Pascoe comentó que "recibió el nombramiento por 15 años sin tener la menor calificación profesional, ni política, ni ética".

Además, la Barra Mexicana de Abogados emitió un documento en el que llamó a la integrante de la Suprema Corte de Justicia a que "prevalezca siempre el espíritu republicano, el respeto a la división de poderes, así como el ejercicio autónomo de tan elevada responsabilidad".

(V.primera plana del periódico El Informador del 5 de enero de 2024).

El término kakistocracia quiere decir el gobierno de los peores. La experiencia nos muestra que este tipo de gobiernos suelen ocurrir cuando un régimen carece de pesos y contrapesos que eviten que un líder autoritario designe, por la vía de los hechos, importantes carteras del gobierno o incluso miembros del Poder Judicial.

El caso de la designación directa por parte del presidente de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ilustra el punto.

Tal parecería que López Obrador se preguntó quién sería la persona menos capacitada para ocupar el cargo y luego la designó.

Pero más allá de la evidente falta de preparación de la nueva ministra hay algunos asuntos que deben preocuparnos.

En 1er. lugar, un procedimiento de designación de los ministros de la SCJN que incluya entre las opciones el nombramiento presidencial directo de ellos, tiene que considerarse deficiente. La práctica viola el espíritu del pacto constitucional que debe establecer salvaguardas para que no haya interferencia clara del Poder Ejecutivo en el Judicial. A la luz de esto se hace necesario pensar en una reforma al procedimiento para que se vuelva imposible una designación directa del presidente de un ministro o ministra en el futuro.

En 2o. lugar, es alarmante que la 1a. intervención pública de la ahora ministra Batres haya sido una apología de la línea ideológica del ejecutivo, una indicación de que sus decisiones van a estar supeditadas a los designios del líder populista, quizás incluso cuando este ya haya dejado el poder. No es imposible un escenario donde una persona que no ocupa la silla presidencial -en un maximato del siglo XXI- ejerza influencia decisiva en la actuación de los ministros que integran nuestro tribunal constitucional. Dependiendo de la extensión de este poder, podríamos estar frente al fin de nuestra república.

Al parecer, la ministra no entiende, o pretende no entender, que su lealtad es al pacto constitucional suscrito por la ciudadanía y no a ninguna otra instancia. El hecho de que la nueva ministra sea partidaria de la idea demagógica según la cual los ministros deben ser elegidos por "el pueblo" aumenta las señales de alarma.

Gracias a que 2 ministros dejaron de serlo este sexenio -uno por renuncia forzada y otro por intereses políticos- el presidente ha podido nombrar a un número extraordinario de miembros del más alto tribunal nacional, lo que aumenta su influencia en el Poder Judicial. Esto es ciertamente peligroso, pues es posible que la SCJN deje de cumplir con su máxima función de servir como un dique a la voluntad extra-constitucional de un líder que se cree el único representante del pueblo.

Con 3 ministros que nunca tomarán decisiones que contravengan la voluntad presidencial, el espacio de maniobra de la SCJN es cada vez más estrecho.

Si hay buenas noticias en todo esto, es el aprendizaje sobre la necesidad de mejorar los medios jurisdiccionales de control constitucional de las leyes y acciones del gobierno.

Y por otro lado, hemos entendido que la desenfrenada ambición del oficialismo por controlar otros poderes reclama cambios inmediatos en los procesos de designación, mecanismos de integración y reglas de operación de los órganos autónomos y de los poderes Legislativo y Judicial.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 5 de enero de 2024).

El gobierno federal publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación, el decreto para fomentar la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como autos "chocolate".

De esta manera, el decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2024.

El gobierno federal sostiene que está obligado a implementar estrategias que mejoren el bienestar de la población, otorguen certeza jurídica, protejan el patrimonio familiar y garanticen la seguridad pública, "como la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que no han tramitado su importación definitiva, es decir, no han acreditado su legal estancia en el país".

Los estados en donde aplica este decreto son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entidades con un alto índice de población migrante en Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), hasta el momento se han regularizado aproximadamente 1'916,327 vehículos que se importaron de manera ilegal al país.

Y ahora, se cuentan con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos para evitar que estos se ocupen en la comisión de actos ilícitos, aseguró el gobierno federal.

Además, con la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera se ha logrado recaudar aproximadamente 4 mil 790 millones de pesos, lo que ha permitido llevar a cabo acciones de obra pública en los municipios de las entidades federativas participantes.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) considera que la entrada masiva de vehículos usados sólo beneficia a las mafias que lucran con su introducción y comercialización.

"Cada ampliación es una evidencia más de su fracaso, ya que no es posible que después de casi 1.6 millones de vehículos regularizados sigan ingresando diariamente vehículos de contrabando, habiendo lista de espera y ninguna penalización clara para los propietarios que no legalicen sus unidades, por lo que este fenómeno continuará como una regularización sin fin", dijo anteriormente Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA.

(V.periódico El Informador en línea del 29 de diciembre de 2023).

Este 26 de diciembre la nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, publicó en X: "Desde el año pasado varios columnistas han querido hacer grande un infundio sobre un supuesto adeudo de renta en un inmueble que habité. Con la ley en la mano, presenté una demanda por daño moral, puesto que la renta de ese departamento fue siempre pagada, en tiempo y forma". Y añadió: "No busco una reparación monetaria, sólo que se aclare, que se corrijan los infundios que dieron como ciertos".

Claudio Ochoa Huerta, uno de los demandados, respondió: "Señora ministra, Lenia Batres, mejor explíquele a la gente que usted presentó la demanda en mi contra ante el juez incorrecto, el cual se la desechó. ¿Con ese nivel de conocimiento jurídico impartirá justicia en el máximo tribunal del país?".

Si es falso que la ministra Batres se negó a pagar el alquiler de un inmueble que habitaba, tiene derecho a exigir una aclaración o a promover una demanda por daño moral. Pero el problema es la ignorancia jurídica que ha mostrado. La ministra presentó su demanda ante un juez de distrito, un juez federal, cuando le correspondía a un juez civil de la Ciudad de México; por eso el juez de distrito se declaró incompetente. Además, aunque en la demanda exigió el pago de "daños y perjuicios", en su cuenta de X afirmó que no quiere una reparación monetaria, sino una aclaración. Si así fuera, no debería haber presentado la demanda. El jurista Francisco Burgoa de la UNAM me comentó ayer que debió haber recurrido al "derecho de réplica", el cual se pide al medio y no a un juez.

La ministra Batres no puede echarle la culpa de estas muestras de ignorancia jurídica a su abogado, ya que no nombró ni autorizó a nadie para representarla. Ella misma presentó el documento. Alguien con mayores y mejores conocimientos de derecho no se habría equivocado de juez. Pero el presidente López Obrador la nombró ministra, sin el aval del Senado, no por sus conocimientos de derecho, sino por su probada obediencia. Ya AMLO había calificado como "traidores" a los ministros que propuso antes, pero que no han votado como ha querido.

En la 1a. entrevista en su despacho como ministra, publicada el 21 de diciembre, Batres declaró: "Creo que es muy importante que la gente sepa que la justicia es posible, desinteresada, y puede haber resoluciones que no estén amarradas a intereses predeterminados, que son casualmente los de los poderosos de siempre". Se refirió además a los fallos de la Corte que invalidaron el "plan B" de reforma electoral: "Cuando la Suprema Corte o cualquier órgano jurisdiccional se toma la libertad de anular normas constitucionales, debemos preocuparnos, algo no está funcionando bien". No se enteró la ministra de que las normas invalidadas no eran constitucionales, sino secundarias, y que se anularon precisamente porque en su aprobación se violaron los procedimientos establecidos por la Constitución.

No, no debe preocuparnos que la Corte invalide normas inconstitucionales, pero sí la falta de conocimiento jurídico de la ministra y su decisión de apoyar medidas del presidente aun cuando violen la Constitución. Ni siquiera Arturo Zaldívar llegó a tanto: votó contra el plan B, porque la rapidez con la que se aprobó generó "un efecto corruptor", y contra la prisión preventiva oficiosa, porque "castiga la pobreza".

La ministra Batres difícilmente aportará fallos disidentes como estos mientras subsista el actual régimen. No tiene el conocimiento jurídico suficiente, pero la razón principal es que fue nombrada para defender las posiciones del presidente.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 28 de diciembre de 2023).

Han pasado ya 6 años y es fecha que se desconoce el protocolo para la aplicación de sanciones contra quienes realicen llamadas falsas o de broma a través de los números de emergencias en el estado.

Fue a finales de 2017 que los entonces diputados del Congreso de Jalisco aprobaron una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y al Código Penal para establecer como un delito la realización de llamadas falsas a los números de emergencia, como el 911, y con ello endurecer las multas contra las personas que infringieran las disposiciones.

Hasta ahora, las modificaciones hechas al Artículo 168 de dicha legislación de poco o nada han servido, pues nada se sabe del protocolo para poder identificar a las personas que hagan una llamada falsa con el objetivo de sancionarlas.

Según dicho artículo del Código Penal del Estado, como parte de la reforma se establecieron sanciones de 1 a 5 años de prisión y multa por el importe de 100 a 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, lo cual equivaldría a 2023 sanciones de entre los 10,374 a los 31,122 pesos.

Desde 2018, luego de la publicación de las determinaciones en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el entonces director del Centro Integral de Comunicaciones indicó que todavía no estaba bien definido cómo proceder ante tales modificaciones, tanto para la multa económica como para el cobro.

El entonces diputado impulsor de la Reforma, Augusto Valencia, señaló que para poder establecer y cobrar las multas, éstas debían quedar instauradas en la Ley de Ingresos del Estado, sin embargo, desde entonces estas no han aparecido, ni siquiera en el Proyecto de la Ley para el ejercicio fiscal del 2024 aparecen.

Por tratarse de un delito instaurado en el Código Penal del Estado de Jalisco, la Fiscalía Estatal sería la encargada de abrir las investigaciones para encontrar a las personas que infrinjan la ley; sin embargo, dijo que el tema corresponde completamente al Escudo Urbano C5, encargado de operar la línea de emergencias 911.

Aunque se consultó tanto a la Secretaría de Hacienda del Estado como al Escudo Urbano C5, respecto de la aplicación y cobro de multas por este concepto, así como por el protocolo para identificar y sancionar a los "bromistas telefónicos", al cierre de esta edición ningún organismo emitió alguna respuesta.

(V.pág.6 del periódico El Informador del 23 de diciembre de 2023).

Por donde se le analice, esta historia resulta horrible. Sus aprehensores se convirtieron en verdugos, la autoridad se volcó en su contra y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco advirtió del caso nada más 11 años después de que prácticamente todas las instituciones le pasaran por encima.

A la víctima la vamos a llamar Roberto. En la Recomendación 030/2023 de Derechos Humanos evidentemente se elimina el nombre para evitar que alguien más lo pisotee.

El tema es que, en agosto de 2010, Roberto afirma que se encontraba privado de la libertad en un hotel ubicado en Zapopan, que un grupo del crimen organizado se lo llevó y lo mantuvo ahí. Por "fortuna", el día 26 de ese mes, personal de la Unidad de Combate al Secuestro, que entonces pertenecía a la extinta Procuraduría de Justicia, llegó a "rescatarlo".

El mismo Roberto narra que, lejos de salvarlo de la reclusión, los elementos lo llevaron a un anexo de la Procuraduría donde lo vendaron de los ojos, lo ataron de los pies y lo golpearon en las manos con un martillo. ¿Con qué motivo? Para que él reconociera que había cometido 2 secuestros y ser miembro del crimen organizado.

Por el terror de que lo siguieran torturando, o bien, que lo mataran, terminó por reconocerse como miembro de "la maña".

Evidentemente, ningún abogado estuvo presente y, de la manera más sencilla, lo llevaron a prisión. 11 años han pasado desde entonces, y ningún juez se ha tomado la molestia de revisar su expediente. Simplemente lleva más de una década en prisión y, aunque existe un dictamen especializado en psicología y medicina conforme al Protocolo de Estambul, sus papeles se encuentran debajo de una pila eterna, o como lo llaman los jueces: "en periodo de juicio".

La queja, con pruebas fundamentadas, se presentó el 11 de octubre de 2021, pero ésta la derivó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 16 días después, Derechos Humanos Jalisco acudió a Puente Grande para entrevistarse con él y se admitió el 8 de noviembre. Citó al agente del Ministerio Público Octavio Rizo García, pero éste simplemente ignoró a la defensoría y nunca se presentó a dar su versión.

Derechos Humanos tomó en cuenta que el Comité Contra la Tortura de la ONU también había constatado que esta "era una práctica común y generalizada" para que los detenidos aceptaran que cometieron delitos. Y, por si fuera poco, a Roberto no se le hicieron los exámenes médicos justo después de su arresto ni se reportaron lesiones en él. Por esas pruebas, la defensoría afirma que "no existe evidencia que demuestre las afirmaciones de los servidores públicos".

Para enero de 2022, un policía investigador identificado como Gustavo Martínez, quien cuenta con una recomendación de 2018 y 2 expedientes de quejas, negó "tajantemente" cada aseveración de Roberto, aunque reconoció que sí tuvo contacto con la víctima. Éste asegura que se actuó conforme al protocolo y que, al entrar a la habitación del hotel donde estaba un hombre secuestrado, 2 personas se arrojaron desde una altura de 6 metros. Lastimados, ambos sospechosos fueron aprehendidos con facilidad. Uno de ellos, afirmó, era Roberto.

El investigador añadió que las heridas en las manos que tenía Roberto eran por la caída y no porque le estrellaran un martillo en ellas, y que en los interrogatorios siempre estuvo presente su abogado. Esa versión fue respaldada por otros elementos: Luis Fernando Ceballos, Luis Limón Hernández y Carlos Roberto Prado.

La Comisión le hizo una prueba psicológica a la víctima, en la cual confirmó que no hay trastorno por estrés postraumático, pero sí secuelas emocionales permanentes en su estado emocional y psicológico. En suma, se concluyó que sí fue torturado para que reconociera que era un secuestrador.

La conclusión, fuera del delito por el cual se le acusa y por el que no ha sido sentenciado, es que los entonces miembros de la Procuraduría sí violaron su derecho humano a la integridad y seguridad personal por tortura. Cometieron un crimen.

Ahora, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos exige una justa reparación integral del daño para Roberto, ya que sufrió un detrimento físico, mental y emocional al ser martillado en las manos por agentes del Estado. Por ello, pidió atención médica y psicológica, una disculpa pública del titular de la Fiscalía en la que se acepte la responsabilidad de sus elementos, que se cubran gastos médicos y mentales, y se garanticen medidas de no repetición.

Eso, y sancionar a los servidores públicos que, por la naturaleza de sus actos, no deberían estar en una tarea operativa que involucre martillos para obtener confesiones.

Y sí: acá nos quedamos en esta realidad Kafkiana donde todo absurdo puede ser superado con una facilidad sorprendente y, sobre todo, aterradora.

Isaack de Loza
(v.pág.2 del periódico El Informador del 23 de diciembre de 2023).

Salvatierra, 3a. ciudad colonial de Guanajuato, recibió la distinción de Pueblo Mágico en 2012. Desde el sábado pasado también es un Pueblo Trágico tras la masacre de 11 jóvenes en una posada. Se repite la historia violenta de otros Pueblos Mágicos, sin ir muy lejos, en Jalisco: Lagos de Moreno, Mazamitla, Tapalpa...

Esta tragedia tiene ese rasgo imposible e inexplicable dentro de la taxonomía criminal. ¿Por qué un comando realizó 195 disparos contra medio centenar de jóvenes? El 5% de esas balas fueron letales; dejaron además 14 heridos.

La versión oficial de Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato, apunta a que los criminales intentaron ingresar a la posada, se los impidieron y regresaron a cometer la masacre. ¿Por qué la represalia desproporcionada? Sólo hay una explicación, la más sencilla: porque pueden.

Piensen en la psicología criminal. Comparemos el caso -guardando las proporciones- con un automovilista que se pasa un alto cada mañana. La 1a. vez desobedece la luz roja tras cerciorarse de la ausencia de un agente vial que lo multe. Después lo hace de manera automática y rutinaria.

Traslademos esa certeza -nadie te ve, por tanto, nadie te castiga- a la figura de un criminal que dispara contra un grupo de jóvenes con absoluta libertad.

En el caso del automovilista, la ausencia de un "tránsito" en un crucero específico le permite pasarse el alto cada día. En el caso de Salvatierra, la ausencia del Estado en la mente del criminal lo habilita para quitarle la vida a un grupo de jóvenes por capricho. Insisto en que empleo esta comparación sólo como un recurso didáctico.

La ruta de salida es clara. ¿Qué pasaría si nuestro hipotético automovilista se ve sorprendido por un agente vial? La infracción dejaría de cometerse.

¿Qué pasaría si fueran castigados los responsables de la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, los asesinos de Aristóteles Sandoval, el homicidio de los 5 estudiantes de Celaya a principios de mes y tantos otros en el país?

En todos los casos, el acto criminal sólo tiene 2 posibles génesis: el delincuente confía en la ceguera del "agente vial" o éste es su socio y compadre.

Enviar más soldados con armas a vigilar ciudades enteras nunca será tan efectivo como procesar y castigar ejemplarmente a los homicidas. Disparar más balas y detener capos, lo hemos comprobado durante los últimos 3 sexenios, nunca le harán entender a un delincuente que cruzar la línea hay consecuencias. De otra manera estamos condenados a que Salvatierra se repita todos los días.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 21 de diciembre de 2023).

Si le preguntamos a Enrique Alfaro cuál fue la peor herencia que recibió, seguramente dirá que el problema de seguridad. Todos los gobernadores, invariablemente, dicen que recibieron un cochinero y que les dejaron un estado mucho peor de lo que imaginaron en materia de seguridad (lo cual sólo significa que imaginan poco o no leen nada). La peor herencia que dejará el gobernador Alfaro a su sucesor será el mismo, y no sólo por los eventos violentos que hemos visto en los últimos días, sino por razones que, desde ya, podemos adelantar, argumentará la próxima o próximo gobernante.

Las cifras que hoy aplaude el mismo candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, tienen un pequeño problema: hablan de denuncias presentadas, no de realidades. Después de recorrer los municipios en campaña, el candidato oficial y las candidatas de oposición se darán cuenta de lo obvio: en el terreno las cosas se viven distintas a como se ven desde Casa Jalisco y están mucho más complicadas de lo que dicen las cifras oficiales.

La Fiscalía del Estado, esa que Alfaro prometió transformar cuando era candidato y luego como gobernador electo, está en el abandono político y presupuestal. En algún momento el gobernador se convenció o lo convencieron de que la mejor forma de bajar los delitos era bajar las denuncias, y para ello es mejor una fiscalía que genere miedo y no confianza; que ahuyente la denuncia, no que la promueva; que obedezca y no que tenga autonomía. El gobernador dijo, cuando el famoso asunto de la represión a los manifestantes que se quejaban en la Fiscalía de la represión del día anterior, que la institución estaba tomada. Nada se hizo para resolverlo, así que, si aquello fue cierto y no un simple paro para justificar la violencia contra los jóvenes, el siguiente gobernador recibirá una fiscalía anquilosada, empobrecida y encima, infiltrada por los malandros.

Las policías no están mucho mejor. Dejemos de lado la de Vialidad cuyo desastre en este sexenio es mayúsculo. El gobernador Alfaro entregará una policía estatal más o menos igual a la que recibió. Por supuesto que el gobierno actual tendrá datos para argumentar todo lo que han hecho, pero en esencia es lo mismo. Esto es, no hubo en este sexenio un impulso de transformación de las policías, se dedicaron sólo a administrar el problema. Ni que decir de la Policía Metropolitana, que sólo existe en la cabeza del gobernador, pues los alcaldes de la zona metropolitana, supuestos beneficiados directos de la existencia de este cuerpo policiaco, no la conocen ni la reconocen.

Pero sin duda, la peor herencia que entregará el gobernador Alfaro será más territorios perdidos, más barrios y municipios donde, para decirlo bonito, la seguridad depende de otros.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 21 de diciembre de 2023).

Ayer se cumplieron 3 años del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero ni los autores materiales ni los intelectuales están tras las rejas.

Eso sí, el Gobierno de Jalisco insiste en que se trata de un crimen "resuelto".

La familia exige justicia, pero todo sigue igual.

Nadie se sorprende de que no estén en la cárcel los principales responsables de la ejecución del exmandatario. Y es que de cada 100 delitos que se cometen, sólo 6.4 se denuncian. Y de cada 100 delitos que se denuncian, apenas 14 se resuelven, de acuerdo con organizaciones civiles (como Impunidad Cero), basadas en carpetas de investigación.

Allá en La Fuente
(v.pág.2 del periódico El Informador del 19 de diciembre de 2023).

La reciente tragedia de Texcaltitlán, Estado de México, donde los habitantes enfrentaron a extorsionadores que demandaban un "derecho de piso" a los agricultores, refleja una crisis de seguridad profunda en nuestro país. Este evento resalta la violencia atroz y el descaro de los grupos criminales y pone de manifiesto hacia dónde transita la respuesta ciudadana en una situación de ingobernabilidad generada por el crimen y una autoridad desbordada.

Sólo el Estado tiene la legitimidad del uso de la fuerza para salvaguardar a la ciudadanía. En la práctica, la efectividad de este mandato parece desvanecerse ante actos violentos como los ocurridos en el Estado de México. La incapacidad del Estado para garantizar la seguridad ha llevado a la ciudadanía a tomar medidas extremas que culminan inevitablemente en tragedias. No se puede poner en duda que estos terribles eventos son un claro indicativo de que el Estado está rebasado y de la urgencia que existe de replantear la estrategia de seguridad.

La situación en Texcaltitlán asimismo es reflejo de un problema más amplio: la coexistencia en un territorio de corporaciones policiales de los distintos órdenes de gobierno, los grupos criminales y los grupos de autodefensa que operan fuera del marco legal. Esta compleja dinámica tiene graves implicaciones en la gobernabilidad, ya que afecta la capacidad del Estado para ejercer su autoridad y garantizar seguridad y el ejercicio de sus derechos a las personas.

Es imperante reconocer que enfrentamos una crisis institucional y una profunda necesidad de repensar nuestro enfoque hacia la seguridad. Es urgente dejar de pensar solo en la intervención estatal como respuesta; la participación activa de la sociedad es la única forma de recuperar nuestras comunidades. La "coproducción de seguridad" implica la colaboración activa entre el Estado y la ciudadanía para abordar, y sobre todo, prevenir los riesgos y atender las causas subyacentes que generan la violencia y el delito. Es urgente anticipar más y reaccionar menos frente al empoderamiento de grupos criminales que detentan autoridad de facto en las comunidades.

Un enfoque multifactorial es crucial para incorporar medidas preventivas y de control de la criminalidad; a estas alturas, sobra evidencia de que la militarización beligerante no reduce la violencia ni el crimen. Es indispensable hacer frente a problemas como la falta de cohesión social, la pobreza, la desigualdad y exclusión social, la impunidad y la proliferación de armas ilegales, por enunciar solo algunos de ellos.

Ismael del Toro Castro
(v.pág.2 del periódico El Informador del 17 de diciembre de 2023).

Para muchas personas es casi indispensable contar con un carro que pueda llevarlos de forma segura a cualquier lugar. Pero como no siempre se cuenta con mucho presupuesto, se suelen buscar opciones para adquirir un modelo fácil, rápido y más barato, y los autos chocolate podrían parecer interesantes. Pero cuidado, no son una buena inversión.

Si tienes pensado comprar un auto de procedencia extranjera, comúnmente conocidos como chocolate, aquí te decimos por qué no es la mejor idea.

Autos chocolate, más desventajas que ventajas

Antes de explicar las razones por las que es una mala inversión el comprar un auto chocolate, te explicaremos a qué se refiere este término.

De acuerdo con Autofact, empresa de venta de carros usados, los autos chocolate son vehículos importados de Estados Unidos, Canadá u otros países, cuyas versiones o marcas no se encuentran comercializadas en México, también pueden ser modelos descontinuados que ya no operan bajo las normas de emisiones vigentes de nuestro país.

Este tipo de autos siempre han existido y circulado en México. Sin embargo, esto ha representado una amenaza para el mercado nacional de modelos nuevos y usados.

Quizá pienses que la compra de autos chocolate se ha desestimado solo por el riesgo que representan para el mercado automotriz nacional, pero la realidad es que estos vehículos tienen desventajas que te harán pensar más de dos veces antes de adquirir uno.

Son autos descontinuados

La gran mayoría de estos autos son modelos o versiones que las marcas dejaron de fabricar, por ende, no solo estás comprando un carro que ya no se comercializa en nuestro país, sino que también se trata de un coche obsoleto sin piezas de repuesto, lo que puede llegar a ser un verdadero problema en caso de que sea necesario cambiarlas.

No cuentan con el respaldo de una concesionaria

Si llegas a notar cualquier anomalía en tu auto lo más probable es que se te dificulte repararlo ya que al no tener un taller especializado disponible tendrás que buscar uno por tu propia cuenta. Al ser versiones que ya no se fabrican, es muy probable que gastes mucho dinero en la reparación, además de que eso no te garantiza que el coche quede completamente funcional.

Son más difíciles de asegurar

Aunque la adquisición del auto se haga de manera legal, la compra de un seguro será difícil ya que las empresas no se arriesgarían por un vehículo sin respaldo oficial de alguna marca o empresa.

Problemas mecánicos

Es común que estos autos lleguen al país con daños mecánicos, los cuales no se pueden componer ya que no hay disponibilidad de piezas o las reparaciones son muy costosas.

(V.periódico El Informador en línea del 17 de diciembre de 2023).

Las imágenes de lo ocurrido en Texcatitllán, Estado de México, son expresión de mucho más que un mero evento anecdótico. De acuerdo con varias notas periodísticas, el día sábado, en Malinalco, en la misma entidad, se reportó una nueva agresión con disparos de armas de fuego a elementos del Ejército Mexicano y de la policía estatal, en un hecho que al parecer está relacionado con lo ocurrido en Texcatitlán.

De ninguna manera puede ser motivo de alegría el hecho de que una comunidad, harta de las extorsiones y agresiones de un grupo delincuencial se haga justicia por propia mano, más aún cuando en el hecho murieron integrantes de la comunidad, que tuvieron que exponer así sus vidas, y porque ello no garantiza que ese evento vaya a conseguir la expulsión definitiva del grupo criminal de su comunidad.

Lo ocurrido revela cuando menos 3 cuestiones fundamentales para el Estado Mexicano. La 1a. está relacionada con la ausencia del aparato de inteligencia civil, el cual debería ser el principal coadyuvante de las fuerzas federales para evitar que este tipo de hechos ocurran.

Las tensiones que debieron vivirse en esa comunidad, previas al sangriento enfrentamiento que se dio, no fueron al parecer identificadas, de tal forma que la autoridad hubiera podido evitarlas. Asociado a ello, se encuentra también la idea, más peligrosa aún, de que, a pesar de que quizá se contaba con información y la decisión fue no intervenir. Si ese fuera el caso, estaríamos ante la claudicación del Estado, en los hechos, a su responsabilidad de servir y proteger a la población.

La 2a. cuestión es la relativa a la confirmación del dominio territorial que tienen los grupos delincuenciales en amplias franjas del país. Y este dominio no es ya sólo relativo al control de carreteras y caminos, sino también sobre las actividades económicas y sociales de numerosas poblaciones.

La 3a., que no es menor, es la aparentemente nula coordinación que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, no sólo en esa Entidad, sino en todo el país; porque todo se llevó a cabo en un espacio público, abierto, y, de hecho, un espacio de reunión comunitaria, como lo son las canchas deportivas.

Si hubiese una coordinación efectiva, desde el inicio del evento la autoridad municipal pudo y debió solicitar el auxilio de las autoridades estatales y federales. Si no ocurrió así, debe haber una investigación de por qué; y si se llevó a cabo, la pregunta es nuevamente por qué se dio la negativa en los hechos de acudir con oportunidad a la comunidad.

Preocupa pensar que, ante la aparentemente deliberada inacción estatal y federal, este tipo de eventos se repitan en otras comunidades con iguales niveles de extorsión y agresión perpetradas por el crimen organizado. Porque otro de los temas de preocupación se encuentra en el hecho de que la insurrección civil se dé ante grupos delincuenciales; porque esto podría calificarse como una especie de "guerra civil no convencional", en la que las autoridades del Estado toman una inaceptable postura de inacción y retraimiento.

Sorprende, además, que las autoridades informen que el líder de la célula criminal, y que terminó muerto, estaba plenamente identificado, y de hecho se le responsabiliza de otros graves eventos, como el asesinato de 13 elementos de seguridad pública en Coatepec de Harinas, perpetrado aparentemente bajo las órdenes del mismo sujeto.

Eso indica que la procuración de justicia tiene enormes yerros, pues por lo visto en las imágenes, el sujeto no estaba escondiéndose, sino antes bien, actuando a plena luz del día y a la vista de la población.

Estamos ante un contexto sumamente crítico, que toma un cariz especial de cara a las elecciones del 2024; porque lo que no puede pecarse es de ingenuidad y no comprender, de una vez por todas, que el crimen organizado dejó de ser, desde hace mucho, un actor marginal en la economía y en la política de nuestro país.

Mario Luis Fuentes, investigador del PUED-UNAM
(v.pág.3 del periódico El Informador del 16 de diciembre de 2023).

Aunque el nombramiento presidencial de la candidata Lenia Batres Guadarrama como ministra de la SCJN se apegó al texto constitucional, lo cierto es que tal acontecimiento deberá conducir a una profunda reflexión sobre el proceso de nominación y aprobación de los ministros de la SCJN y también de los miembros de órganos constitucionales autónomos. Esto es así porque es ciertamente indebido que los poderes del ejecutivo y del legislativo puedan impedir el funcionamiento de órganos de gobierno fundamentales para la marcha de la república.

En el caso de la SCJN, la situación es muy grave. En 1er. lugar, la nominación de Lenia Batres Guadarrama ha sido muy criticada debido a que su perfil no es suficiente ni adecuado para ocupar el puesto de ministra. Pero el punto más sustancial es el que se refiere a la intromisión del ejecutivo en el judicial en un contexto en el que este último ha sido un dique privilegiado para limitar el poder presidencial. Una y otra vez hemos visto, a lo largo de este sexenio, cómo a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias o amparos, la SCJN ha impedido que leyes anticonstitucionales puedan ponerse en marcha. Esto ha sido esencial para mantener nuestro orden republicano, aún ante el asedio del presidente.

Ahora bien, con el nombramiento de la nueva ministra cercanísima al obradorismo, el presidente podría estar por lograr obtener los aliados ideológicos que necesita en la SCJN para evitar que se reúnan 8 votos en el pleno del tribunal constitucional, que es el requisito para que las acciones de inconstitucionalidad alcancen la votación calificada necesaria para lograr la declaratoria general de la invalidez de Leyes -especialmente cuando son contrarias abiertamente a la Constitución -como sí se logró, por ejemplo, con las leyes del llamado Plan B contra el INE.

Por todo lo anterior, nos encontramos en un momento de gran riesgo para la autonomía e independencia de nuestro máximo tribunal constitucional.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 15 de diciembre de 2023).

¿Hay exceso de gasto en los organismos autónomos como dice el presidente? Sí. ¿Son necesario los organismos autónomos para la vida democrática? Sin duda.

Los organismos autónomos no son otra cosa que agencias del Estado cuya función es hacer valer derechos de los ciudadanos frente a los posibles abusos o excesos del gobierno en turno. El 1o. de ellos fue nada menos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nació para denunciar y en lo posible limitar los abusos de poder por parte de las policías, las otrora procuradurías hoy llamadas fiscalías, los militares y los poderes ejecutivos, sean municipales, estatales o el federal. Otro importantísimo fue el Instituto Federal Electoral (IFE) hoy Nacional (INE) que le arrancó al gobierno la organización de las elecciones para garantizar el derecho al voto.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) -la nueva pluma de vomitar del presidente- nació tras una larga batalla ciudadana por el derecho a la información. Aunque el derecho se plasmó en la Constitución desde 1976 no fue hasta el gobierno de Fox que tuvimos una ley que garantizara a los ciudadanos que toda la información de lo que pasa en los gobiernos -pagos, gastos, decisiones, etc.- no sólo tenemos derecho a conocerla, sino que es nuestra. Las únicas excepciones son aquellas que, por Seguridad Nacional, es decir, por el bien de todos, deben resguardarse por un tiempo.

Hay otra categoría que son los órganos reguladores en materia económica cuya función es regular y hacer cumplir la normatividad en materias específicas, como telecomunicaciones, energía o competencia económica. Su función es que ningún jugador económico, incluyendo por supuesto al gobierno en turno, esté por encima de la ley. Si el gobierno actual odia, por ejemplo, a la Comisión Reguladora de Energía es porque limita la toma de decisiones de los funcionarios actuales, llámese Bartlett en la CFE o Romero en Pemex que más allá de sus visiones personales están obligados a cumplir la ley.

Podemos y debemos discutir amplia y acaloradamente si estos organismos de estado están cumpliendo su función, si se pueden mejorar, si la forma de elegir a sus comisionados es la mejor, si los poderes fácticos tienen un comisionado aquí y otro allá, si hay corrupción y si lo que ganan es o no lo correcto. Todo eso debe estar en discusión permanente para mejorar la calidad y el servicio que prestan estas instituciones y siempre será una opción construir acuerdos parlamentarios para cambiar las leyes que los rigen. Lo que no debemos permitir es su desaparición porque eso significa un retroceso de 50 años en nuestra democracia.

Los organismos autónomos nacieron para limitar al poder y sus abusos, no importa quién ocupe la silla presidencial. Entre más los odie el presidente en turno, más necesarios son.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2023).

Texcaltitlan, en Estado de México, se cansó de que los criminales acecharan la comunidad. Se enfrentaron a machetazos y balazos para acabar con los excesivos cobros por el derecho de piso por parte del crimen organizado.

En Jalisco la situación no es diferente. Es secreto a voces que el cobro del derecho de piso existe, pero, no se denuncia.

Los criminales te tienen ubicado, conocen tu negocio, han estudiado quién eres, qué hora abres, a qué hora cierras, quién se encarga de las labores de caja. Todo.

Así ocurrió con "Omar", quien hace unos 4 años puso un bar cerca de la zona de Chapalita. Poco a poco comenzó a llegar la gente, hasta que un día llegaron 2 hombres que pidieron hablar con el dueño. Salió, los criminales le dijeron que venían de "la plaza" y se metieron a la oficina.

Ahí le dijeron que si quería seguir operando el lugar tenía que pagarles 20,000 pesos al mes o tendría que despedirse de su negocio. El monto que le pedían era incluso más alto que la renta que pagaba, les dijo que lo que producía el bar no llegaba a esas cantidades y pidió negociar.

Los criminales, "por su apertura", le dijeron que si no quería pagar debería dejar que un sujeto, todas las noches, fuera a ofrecer droga al lugar para nivelar el monto. Omar, por miedo, accedió. Así por varias semanas "el de la oficina", como se presentaba el cartel al llegar, se metía a los baños a ofrecer droga.

Como no se vendía, "la plaza" decidió dejarlo al ver que el negocio ni daba para pagar el cobro del piso, ni para la venta en los baños. Se fueron, no sin antes amenazar con que irían periódicamente para comprobar que sus adversarios no se metieran a vender, y que si veían más gente regresarían a pedir el dinero. Tuvo suerte.

A quien no le fue de la misma forma fue a "Luis", quien puso un puesto de tacos en la zona de Oblatos hace un par de años. Los criminales llegaron a las pocas semanas para avisarle sobre el pago que tenía que hacer para dejarlo vender.

Eran unos 5,000 al mes, calculó poco más de mil pesos a la semana y se aventuró a entrarle por vender y darse a conocer, pero muy pronto se dio cuenta que los gastos no salían y cerró.

Así la historia de muchos comerciantes y productores en la entidad. Apenas el pasado fin de semana el Cardenal afirmó que tiene conocimiento de que el crimen organizado también cobra derecho de piso en Jalisco, mientras que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) incluso ha contabilizado los daños por este tipo de hechos, contemplando a Jalisco dentro de las entidades donde las cuotas son más altas, llegando a montos de entre los 3,000 a los 20,000 pesos.

En estados como Aguascalientes y Guerrero puede llegar incluso a los 50,000.

El derecho de piso es solo uno de los tantos "negocios" diversificados del crimen organizado emprendidos para obtener ganancias, como lo pueden ser los secuestros virtuales, el robo de vehículos con fines de recarmarcaje y reventa, falsificación de dinero, entre muchas otras ramas.

El derecho de piso no tiene un delito etiquetado por sí mismo, sino que le incluye en las denuncias por extorsión, que en Jalisco han rondado en un promedio de 650 al año, considerando solo aquellos quienes sí denunciaron, por lo cual es muy complicado generar estrategias que puedan acabar con él.

El problema de su erradicación además es que mientras no se desarticulen los grupos criminales desde su cabeza y mandos medios, este tipo de situaciones no va a terminar, pues sus ramas operan de la misma forma que una empresa: aunque llegue a faltar un empleado u otro salga del puesto, el sistema ha sido establecido para seguir operando buscando sus remplazos.

Y al final es eso, esperar a que un día se recobre el Estado de Derecho y no tengamos la necesidad de tener que enfrentarnos a los criminales por defender lo que es nuestro, como ocurrió, en Texcaltitlan.

Rubí Bobadilla
(v.periódico El Informador en línea del 14 de diciembre de 2023).

El viernes pasado hizo crisis en la comunidad de Texcapilla, del municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México, otra de las múltiples expresiones delictivas de los grupos del crimen organizado: el llamado cobro por derecho de piso.

Hartos de tener que compartir desde hace al menos una década el fruto de su arduo trabajo en la siembra y engorda de diversos productos agropecuarios con una célula de la mafia de "La Familia Michoacana", comandada por "El Payaso", que los extorsionaba y les exigía pagarles distintas cantidades por cada hectárea sembrada o kilogramo cosechado, y hasta por los migrantes que se iban a Estados Unidos, los habitantes de este pequeño poblado se armaron con piedras, machetes y viejas escopetas, y enfrentaron a más de una decena de sicarios fuertemente armados que los habían citado para despojarlos de parte de sus modestos ingresos.

La desesperación, la impotencia y el coraje de verse por años abandonados por la autoridad, de este y de los anteriores gobiernos priistas, y vulnerables ante este cártel, los hizo hacerse justicia por su propia mano y a pese todas sus desventajas, abatir a 11 de sus explotadores, incluido "El Payaso", con el costo perder a 3 de los suyos.

3 días después de esta batalla, que hizo recordar los grupos de autodefensa de Michoacán surgidos desde el sexenio de Felipe Calderón hace más de 10 años, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez acudió a Texcapilla, acompañada de su gabinete de seguridad, para reunirse con el alcalde Javier Lujano, luego de que desde el viernes que ocurrió el enfrentamiento se mandaron 600 elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal. Como suelen hacerlo siempre los políticos y gobernantes, dijo que fortalecerán la vigilancia, y como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que atenderán "las causas que generan la violencia".

A los pobladores poco los reconfortó el discurso de la gobernadora. Ellos temen que venga la venganza en cuanto soldados y policías se vayan a apagar otro desafío del narco a otro lugar. No van a sus tierras, no abren sus negocios ni llevan a sus hijos a la escuela.

Ese miedo que sienten en la comunidad de Texcapilla asoma en muchas otras comunidades del país. Como pasa aquí en Jalisco, en Teocaltiche, Encarnación de Díaz, Ocotlán, Pihuamo, Lagos de Moreno entre otros.

Si eso pasa en una comunidad de la entidad más rica y poderosa del país, qué nos espera en otros municipios rurales y urbanos de estados que también son víctimas de la extorsión desde hace años y que han pensado muchas veces también, sin hacerlo aún, tomar la justicia por ellos mismos, ante la pasividad del gobierno federal, y de los gobiernos estatales y municipales.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 14 de diciembre de 2023).

Después de los sucesos ocurridos el viernes pasado en Texcaltitlán, Estado de México, en donde 10 sicarios de La Familia Michoacana fueron asesinados por pobladores que llevaban una década pagando extorsión a este grupo criminal, algunos pobladores finalmente se decidieron a hablar.

Narraron que La Familia Michoacana les cobraba cuotas por "el agua, la madera, el combustible, por tener animales, por comprar comida, por las cosechas y hasta por hacer fiestas".

"Ya no eres libre ni de ir al monte a cortar una rama porque te la cobran, el azúcar, huevo, la carne... si teníamos una fiesta, teníamos que avisar", relataron.

Hace apenas unos meses, otro municipio del Estado de México, Valle de Bravo, se quedó sin gas. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas y Empresas Conexas reveló que el desabasto se había desatado a causa de las cuotas impuestas a los distribuidores por la Familia Michoacana.

Se denunció entonces que expendios de pollo, mercados, vendedores de materiales de construcción, propietarios de camiones de carga, conductores del transporte público, parapentistas, lancheros, gasolineros, restauranteros, panificadores y hoteleros se hallaban en la misma situación.

En muchos casos, La Familia Michoacana obligaba a los propietarios a surtirse con un mismo proveedor.

Un cuartel de la Guardia Nacional se instaló en la zona, pero no ocurrió nada. La extorsión sigue vigente.

Hace unos meses, también, empresarios de Tamaulipas denunciaron que en el estado prácticamente todas las actividades productivas se encuentran bajo renta por parte del crimen organizado. Zetas, Ciclones, Escorpiones, Metros, Cártel del Noreste y Cártel del Golfo azotan las 43 alcaldías que componen la entidad. Ahí nadie se salva: desde taxistas hasta locatarios, desde propietarios de talleres hasta dueños de hoteles, desde vendedores de llantas y de carne, hasta dueños de bares, hospitales y restaurantes.

Matamoros, Reynosa, San Fernando, El Mante, Victoria, Río Bravo, Miguel Alemán, Abasolo, Aldama, Camargo, Díaz Ordaz, Padilla, Güemez, Burgos, Cruillas, San Nicolás y Jiménez son solo algunos de los municipios en donde la extorsión forma parte de la vida diaria, y en donde las cuotas se pagan a tiempo y en silencio.

En Cuautla, Morelos, hasta los salones de fiesta son víctimas de extorsión. En los últimos meses, toda clase de comercios han sido incendiados o atacados por los grupos criminales que dominan la zona.

Sólo en el mes de noviembre, 9 negocios fueron presa de las llamas. En la lista había carnicerías, fruterías, fondas, bares, lotes de venta de autos y locales del mercado Hermenegildo Galeana.

Incluso organizaciones de taxistas y representantes de los recolectores de basura denunciaron que el crimen organizado les había impuesto el pago de cuotas.

Los afectados intentaron hacer una marcha de protesta, para exigir la protección de las autoridades. Pero solo asistieron 25 personas, pues nadie quiso ponerse en evidencia frente a los 3 grupos criminales que hoy dominan la extorsión en la 2a. ciudad más importante del estado: Los Acapulco, El Comando Rex y Gente Nueva.

El obispo de Cuernavaca ha declarado que el 50% de los negocios de Cuautla se hallan bajo extorsión.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, acaba de declarar que este delito ha crecido 20% en el estado durante el último año.

Los agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Morelos denunciaron que al menos 30% de sus agremiados se encuentran bajo amenaza de algún grupo del crimen organizado.

El Consejo de la Masa y la Tortilla en Morelos reveló que el delito se ha disparado en la zona sur y oriente del estado, y que las víctimas no solo son los propietarios de los establecimientos, sino también los proveedores del maíz, lo que "ha forzado el incremento en el precio del producto".

En Chilpancingo, Guerrero, 14 negocios fueron quemados en una semana a principios de año: marisquerías, locales del mercado, pequeños negocios de venta de ropa, así como ferreterías... Al mismo tiempo, propietarios de distintos negocios fueron asesinados: eran dueños de funerarias, talleres de motocicletas y tiendas de telefonía celular.

Miembros de la Canaco revelaron que los grupos del crimen organizado exigían hasta 100,000 pesos anuales "para dejarlos trabajar".

En Chilpancingo es célebre la extorsión a los distribuidores de pollo: en una granja situada a solo 300 metros del retén de la Guardia Nacional fueron asesinadas 6 personas entre las que se encontraba una niña de 12 años. En esa ciudad son extorsionados también los vendedores de carne de res y de cerdo.

En Acapulco, antes de la llegada de Otis, 14 negocios ardieron en un sola noche y 50 locales del Tianguis Campesino fueron incendiados.

Varios locales de la Central de Abastos quedaron calcinados.

Denunciaron empresarios: "La gente de trabajo pierde todo y es asesinada: Acapulco se desangra".

Desde la Tierra Caliente hasta la Costa Grande, empresarios de la construcción, de negocios gaseros y de la industria de la tortilla han denunciado la extorsión de los grupos criminales, sobre todo en Zihuatanejo, Tecpan y Petatlán.

En Sonora se ha denunciado el cobro de cuotas a los mineros, los empacadores de fruta, los distritos de riego y los campos pesqueros.

La extorsión a aguacateros y limoneros de Michoacán provocó este año desabasto y encarecimiento de los productos.

Según datos presentados por Integralia, en 5 años del gobierno de López Obrador el delito que más creció fue la extorsión, que registró un incremento de 56% a nivel nacional.

Los hechos de Texcaltitlán son solo la punta más visible del iceberg: la constatación de un avance criminal que no se había visto en la historia de México: el legado de un gobierno que prefirió cerrar los ojos a una realidad que ahoga a cientos de miles de mexicanos.

Héctor De Mauleón
(V.periódico El Universal en línea del 13 de diciembre de 2023).

Texcaltitlán dijo basta. Un pequeño poblado del Estado de México fue noticia este fin de semana porque los pobladores pusieron el alto al crimen organizado. Contra todo pronóstico, el saldo mortal fue favorable a los pobladores: murieron 3 y lograron matar a 11 miembros del grupo criminal "La Familia Michoacana". Los pobladores prefirieron correr el riesgo, perder a algunos de sus familiares antes que pagar el tributo que les exigían los criminales.

La tragedia no termina ahí. Falta ver cuál será la respuesta del crimen organizado ante este desafío de un poblado de apenas 15,000 habitantes en las faldas del Nevado de Toluca, y sobre todo cuál será la respuesta o no respuesta de los gobiernos estatal y federal.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, como todos los gobernadores del país, se saca el bulto porque se trata de crimen organizado y ese es un asunto federal. Lo más patético es que dijo que el criminal asesinado, conocido como "El Payaso", era uno de los objetivos prioritarios, pero el gobierno nunca lo pudo detener.

El presidente López Obrador, muy a su estilo, se salió por la tangente y volvió a hablar de prevenir el consumo de drogas como la solución frente a grupos del crimen organizado que "cobran piso", como se llama al impuesto que exigen los llamados "jefes de plaza", 2 conceptos que han adquirido carta de naturalidad y que son por definición la derrota del Estado. Seguro hoy en la mañanera dirá que la respuesta del gobierno ha sido el envío de miembros de la Guardia Nacional, tropa que moverán de otro poblado y que en automático lo dejará al descubierto. La política pública en materia de seguridad no es otra que la del gato y el ratón. Hay nula prevención, no digamos investigación. Aplicar la ley y asegurar la vigencia del Estado de Derecho es lo único que no está en el radar.

¿Cuántos poblados hay como Texcaltitlán en todo el país? ¿Cuántos productores son extorsionados todos los días por el crimen organizado? ¿Cuántos mexicanos están hartos de vivir bajo el yugo de un sistema criminal que cobra impuestos y de pagar impuestos a un Estado que no le regresa lo esencial: seguridad?

La masacre de Texcaltitlán, 14 muertes, pudo haber sido mucho peor, e insisto no sabemos qué represalias habrá por parte del grupo criminal. No es masacre, dirá el presidente, porque el gobierno no los mandó matar. Y tiene razón en una cosa: no los mató el Estado, los mató la falta de Estado.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 11 de diciembre de 2023).

La senadora morenista y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, se manifestó en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el voto popular pues sostuvo que el diseño constitucional para elegir esos cargos es correcto.

Dijo que ella si tendría algunos temas importantes que plantear dentro de la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, el fortalecimiento de la carrera judicial y la capacitación de jueces y magistrados.

Asimismo una reforma a la Ley de Amparo, en el de que las resoluciones judiciales deben ser de fondo y no de forma y, generalmente son forma y "eso a mi me puede molestar demasiado; y por qué me molesta demasiado que sea una resolución de forma, porque no damos una respuesta al justiciable", indicó.

En medio de la fractura en el bloque de oposición en el Senado, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, busca aprovechar esta coyuntura y anunció en febrero de 2024 presentará su último paquete de reformas constitucionales que contendrá la iniciativa para reformar el Poder Judicial con el objetivo de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto de los ciudadanos.

(V.Crónica del 7 de diciembre de 2023).

El 10 de marzo del año pasado en Madrid, España, Juan Silva Meza, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2011/2014), denunció internacionalmente -durante el Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional- las intenciones de Andrés Manuel López Obrador de querer controlar el Poder Judicial. Sin mencionar el nombre del mandatario, habló de los desafíos que sufren muchos países, que ante una ola de gobiernos autoritarios en el mundo están amenazando a las democracias. "La voluntad individual, por encima de los procesos institucionales y de las reglas que rigen... el Poder Judicial comienza a ser blanco de control por parte del gobierno, a toda costa".

Un mes después -6 de abril, 2022- legisladores estadounidenses alertaron sobre el asedio al Poder Judicial en México desde la Presidencia. "El gobierno de López Obrador ha estado marcado por un patrón cada vez más claro de procedimientos judiciales, que se enfocan de manera desproporcionada en los críticos del gobierno... que atentan en contra de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho", según publicó la agencia Associated Press.

La semana pasada, el tema de la independencia del Poder Judicial en México desde una tribuna norteamericana volvió a salir a la luz pública. Y la voz fue del embajador Ken Salazar, quien en la clausura del Diálogo en Materia de Extradición, en la que estaba presente la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, señaló que "reconocemos la importancia del Estado de Derecho, la aplicación de justicia y la INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL... Litigar no es fácil, y llegar a decisiones justas es una gran tarea".

Y aunque el embajador hacía referencia a castigar a quienes "violenten las comunidades, llevando el veneno del fentanilo", fue muy explícito en la importancia del tema del Poder Judicial y entre líneas envió "un mensaje claro", al decir, "CUENTEN CON NOSOTROS para desarrollar las capacidades de todos los actores EN EL SECTOR JUSTICIA".

Son muy claras las intenciones de López Obrador de tener "a su merced" al Poder Judicial. Solo hay que recordar el llamado que hizo el pasado 28 de septiembre para que se logre una reforma a ese poder, al que considera "corrupto y contrario a los intereses de la nación. Tenemos que seguir haciendo conciencia para no dejarnos someter y actuar con libertad, y no dejarnos engañar... es una tarea pendiente, pero que se puede resolver ya en 9 meses -en la elección del 2024-, si la gente vota porque continúe la transformación". Un cambio al que los vecinos del norte no ven con buenos ojos y han enfocado sus baterías desde diferentes trincheras para impedir que se disipe la división de poderes y ponga en riesgo la democracia.

Daniel Rodríguez
(v.periódico El Informador en línea del 6 de diciembre de 2023).

Samuel García tejió una maraña jurídica en torno a un mandato muy claro: "Si la licencia (del gobernador) fuere por más de 30 días naturales (...), el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo" (Artículo 122, Constitución Política de Nuevo León). Eso hizo el congreso al concederle la licencia y luego nombrar a Luis Enrique Orozco como interino.

La Corte tuvo que explicarle a Samuel un sencillo enunciado. El mismo congreso que le otorgó la licencia debió revocarla, pero Samuel la revirtió a través de un acuerdo consigo mismo y un tuitazo. Evidencia su desprecio por la ley.

Samuel alega que ganó la gubernatura con 786,000 votos de los neoleoneses (36.7%), pero olvida que para conformar el Congreso de Nuevo León el PAN y el PRI obtuvieron juntos 1'196,000 votos (55.8%) y MC sólo 419,000 (19.6%). Los ciudadanos dieron la mayoría legislativa al "Prian". Sólo en la fantasía dictatorial y mediática de Samuel los neoleoneses le entregaron el mando absoluto para gobernar.

Samuel confunde carta magna con "manga ancha", pues el Poder Legislativo, según el artículo 96 de la Constitución de Nuevo León que juró respetar, se configura como contrapeso del Poder Ejecutivo y vigilante del cumplimiento de las leyes. Esa función cumplen los parlamentos. Si lo duda que consulte a sus 6 autores favoritos: Alexander, Hamilton, James, Madison, John y Jay (sic).

Samuel cometió un error que resume su esencia: manejó una crisis política como una crisis de comunicación. Y lo hizo a base de mentiras y sesgos discursivos.

Por eso Samuel García es una peligrosa versión previa de lo que podría venir. Ante la crisis de los sistemas democráticos y el hartazgo que la clase política despierta en la población, su novelón sólo abre un poco más la puerta a un verdadero "[Javier] Milei" el día de mañana.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 5 de diciembre de 2023).

El galimatías que ha provocado Samuel García en Nuevo León se ha convertido en un bochornoso momento político en la historia de ese estado. El deseo, intención, arrebato o decisión de volver al cargo de gobernador -posición a la que él mismo renunció-, además de olvidarse de sus aspiraciones presidenciales, omitiendo los trámites y resoluciones jurídicas y legales que están vigentes, demuestran que -el hasta ahora oficialmente ex gobernador- se quiso pasar de listo y al final de cuentas solo quedó exhibido.

No se necesita ser erudito en términos legales o legislativos para darse saber que ante una decisión del Congreso del Estado de Nuevo León y una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para revertir la determinación de permiso se debería haber recurrido por las mismas vías, en tiempo y en forma, pero de ninguna manera haciéndolo verbalmente o solo publicándolo en el Diario Oficial.

Fue muy obvio, a la vista de todo el mundo, cuando la disposición marcaba que en el 1er. minuto del 2 de diciembre tomaba posesión el nuevo gobernador interino -para cubrir la ausencia del solicitante- y se iniciaba el periodo de permiso, la decisión -vamos llamándolo- de arrepentimiento de Samuel García se hizo pública después de ese plazo y no por los conductos apropiados.

Y es que no hay justificación a la irreflexiva reacción de Samuel García, quien en su historial educativo tiene título en derecho y finanzas, maestría en derecho público y doctorados en política, administración pública, derecho fiscal, constitucional y gobernabilidad.

En todo este barullo y con la voluble posición del joven neoleonés, el que pierde credibilidad es Samuel -al margen de que regrese a la gubernatura-, pierde Movimiento Ciudadano lo que parecía una prometedora ficha para su ajedrez político y pierde López Obrador, quien fue el que lo proyectó y lo promocionó para su conveniencia. Aunque hoy, lo más contentos con todo este escándalo, puede que sean los de la oposición.

Daniel Rodríguez
(v.periódico El Informador en línea del 4 de diciembre de 2023).

El senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán presentó una denuncia de responsabilidad administrativa contra el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con la finalidad de que sea sancionado "ejemplarmente" por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber renunciado al máximo tribunal para sumarse al proyecto político de la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

En redes sociales, afirmó que la impunidad en México constituye una de las principales fuentes de nuestras desgracias nacionales.

"Zaldívar tenía el deber de respetar la Constitución, no de infringirla. Confío en que se le imponga una sanción, con el fin de establecer jurisprudencia y marcar un precedente histórico: la Constitución no es un trapo que un ministro pueda usar para limpiar el piso".

"Debemos ir hasta las últimas consecuencias para invalidar su renuncia y demostrar la quebrantación de la Constitución. La Constitución se acata, no se ataca. Punto", advirtió.

En su denuncia, Rojas Díaz Durán señala la posible infracción a lo dispuesto en el artículo 101, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de Zaldívar Lelo de Larrea.

Argumenta que antes de que el Senado aprobara su renuncia, Arturo Zaldívar reconoció expresamente que su renuncia se dio para sumarse a un proyecto político de un aspirante a la Presidencia de la República.

"Esto podría llevar a la conclusión de que, siendo ministro, aceptó un empleo o cargo o encargo de una particular, sin que el cargo sea en una asociación científica, literaria o de beneficencia, por lo que constituye una infracción a lo dispuesto en el 1er. párrafo del artículo 101 de la Constitución".

El legislador suplente recuerda que, en 1a. instancia, el presidente de la República, y luego el Senado, debieron haberse cerciorado de que la renuncia era por razones graves, pues nada la dispensa del cumplimiento de ese mandamiento de naturaleza fundamental. "Se debió haber entendido que la aceptación de la renuncia era procedente a condición de que mediara una causa grave", por lo que el presidente de la República y el Senado fueron omisos en la observación del precepto.

En su denuncia, también remarca que el artículo 110 de la Constitución establece que serán causas de responsabilidad para las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones o cualquier acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona de este u otro poder.

Además, conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos e incumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia de propaganda y de informes de labores y de gestión.

En el escrito, destaca que "de conformidad con el último párrafo del artículo 101 de la Constitución, las sanciones que se le pueden imponer al hoy exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea son la pérdida de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por haber ejercido el cargo de ministro", independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean.

"El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia en contra del doctor Arturo Zaldívar debido a que se denuncian hechos cometidos durante el ejercicio de su encargo como ministro de la Corte", finaliza.

(V.periódico El Universal en línea del 3 de diciembre de 2023).

Higinio Trinidad de la Cruz, de 44 años, habitante de la comunidad indígena de Ayotitlán, fue localizado sin vida el sábado en la carretera que va de Cuautitlán de García de Barragán a la localidad Las Marías, aquí en Jalisco. Higinio Trinidad de la Cruz era uno de los defensores más activos del territorio perteneciente a la comunidad indígena nahua de Ayotitlán.

El asesinato de este defensor del territorio de su comunidad se suma a una larga lista de ejidatarios y dirigentes indígenas a lo largo de varios años. A la muerte de Higinio Trinidad de la Cruz se suma el hecho de que se trata de una desaparición forzada, pues, según testigos, desde el jueves por la noche fue citado a la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán, a donde acudió por la mañana del viernes 24 de noviembre. Y según los mismos testimonios, fue visto cuando era sacado por la parte trasera de la alcaldía. Al día siguiente fue encontrado asesinado por una herida de arma de fuego.

De confirmarse esta versión, estaría ante un grave caso de desaparición forzada y eventualmente de un asesinato extrajudicial que cuenta con la participación, posiblemente, de autoridades municipales y con la aparente complicidad del crimen organizado.

Eduardo Mosqueda, director de la agrupación civil Tsikini Pro Justicia y Dignidad y abogado de la comunidad de Ayotitlán, informó que la población exige que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) y no por la fiscalía estatal, ya que se desconfía de las autoridades locales. El abogado de Tsikini ha denunciado la presencia del "crimen organizado que llega para reprimir y destruir cualquier atisbo de resistencia en esta zona". En declaraciones para el diario El País, Mosqueda señaló que "cada reunión que hacen ellos, llega el cártel Nueva Generación a tratar de desintegrarla".

La comunidad indígena nahua de Ayotitlán ha luchado durante décadas por la defensa y restitución del territorio. A finales del siglo XVII, la Corona Española reconoció a este pueblo con cerca de medio millón de hectáreas. 2 siglos y medio después, el Estado mexicano apenas le reconoció una décima parte de su antiguo territorio, mediante resolución presidencial, y apenas han tomado posesión de 35,000 hectáreas.

Las muertes y desapariciones con las que ha pagado la comunidad se deben, en buena medida, a la riqueza de su territorio en minerales, bosques, agua y biodiversidad. En la comunidad está asentada la minera Peña Colorada, propiedad de la compañía extranjera ArcelorMittal. La minera ha devastado tierras y aguas de la comunidad, por lo que esta ha exigido la reparación del daño. Y si bien ha llegado a acuerdos con el ejido mediante la cual reparte unos 90 millones de pesos a los ejidatarios de Ayotitlán, hay desacuerdo con las actuales autoridades del núcleo agrario.

Justo para tratar de cambiar esta situación, a comienzos de 2021 J. Santos Isaac Chávez se postuló para presidir el ejido, pero fue detenido y desaparecido por un grupo de hombres armados el 1 de abril de ese año. 3 días después su cuerpo fue encontrado en su camioneta desbarrancada.

10 años antes, Celedonio Monroy Prudencio, abogado y defensor de la comunidad, fue detenido también por un grupo de hombres armados el 23 de octubre de 2012. Desde entonces Celedonio sigue desaparecido. Desde 2017, el Congreso Nacional Indígena documentó los homicidios de Aristeo Flores Rolón y Nazario Aldama Villa, ocurridos en 2001 y 2003; el asesinato de Juan Monroy y José Luis Rosales Conteras y Rogelio Rosales Ramos, según consigna Analy Nuño en un reportaje sobre la violencia en la sierra de Manantlán (https://cutt.ly/YwOhCWdl).

La violencia, estatal o criminal, que se cierne sobre Ayotitlán es un ejemplo extremo del alto precio que pagan habitualmente los pueblos y comunidades indígenas por la defensa de su territorio y bienes comunes. El asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz debe ser investigado y sus asesinos deben ser castigados. Asimismo, debe investigarse si la autoridad municipal colaboró con quienes cometieron este crimen.

Rubén Martín
(v.pág.3 del periódico El Informador del 30 de noviembre de 2023).

Pobladores de Santo Domingo Teojomulco, en Oaxaca, bloquearon la entrada de la Ciudad Judicial y protagonizaron actos violentos como respuesta al presunto incumplimiento de autoridades en la entrega de apoyos para la Sierra Sur de la entidad. También amarraron a un poste a Édgar Gandarillas, subsecretario de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno.

(V.pág.4 del periódico El Informador del 29 de noviembre de 2023).

Ernestina Godoy ha estado librando una batalla muy fuerte para ser ratificada como fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, ante la falta carece de consenso, y las críticas a su gestión de haber violentado la ley y ponerla al servicio de los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la ex jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum. En su apoyo hay una campaña oficial, encabezada por López Obrador, a la cual se sumaron mujeres respetables, algunas de las cuales la critican privadamente por incompetente, que solo se entiende si en el fondo del respaldo está el arropamiento de Sheinbaum, la precandidata presidencial, quien tras la derrota de su delfín para el gobierno local, Omar García Harfuch, otra derrota sería demasiado.

Godoy llegó a la Fiscalía por decisión de Sheinbaum, aunque el programa de justicia para la Ciudad de México no lo hizo ella, sino Ana Laura Magaloni, que cuando se enteró del nombramiento, se mostró decepcionada. Magaloni, por cierto, ha sido una de las apologistas de Godoy, sin cuestionar las violaciones a la ley que abiertamente cometió. Incluso el fiscal general Alejandro Gertz Manero le envió una tarjeta al presidente sobre los excesos que cometió Godoy, incluida la persecución del ex alcalde de Benito Juárez y precandidato al gobierno capitalino, Santiago Taboada, y a sus principales colaboradores, a quienes infructuosamente trató hasta ahora de vincular al llamado cártel inmobiliario.

Los informes de Gertz Manero sobre Godoy no son inusuales. En este año le ha entregado al presidente reportes sobre presuntos actos de corrupción, pero López Obrador no les ha prestado atención. La última nota que le entregó la semana pasada, evaluando las críticas de quienes fueron víctimas de sus excesos y en los medios que han resaltado sus abusos, fue tomada con ligereza por el presidente sin que le causara aparentemente interés alguno.

Godoy ha sido un alfil político al servicio de Sheinbaum y López Obrador. 2 casos sumamente graves carga en su equipaje de omisiones que si no son deliberadas, revelan incompetencia. El 1o. es la investigación de la tragedia en la Línea 12 del Metro en 2021, donde murieron 26 personas y un centenar resultaron heridas. Godoy llamó a declarar a varios funcionarios, pero nunca citó a la entonces directora del Metro, Florencia Serranía, que estaba protegida por el presidente. López Obrador también ordenó que no se investigara el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva en 2022, y así lo hizo, por lo que llevó las pesquisas indebidamente García Harfuch.

Otro caso paradigmático de su gestión, otro escándalo, fue la manera exprés como exoneró a la ministra Yasmín Esquivel de haber cometido plagio en su tesis de licenciatura, tratando de limpiarle la imagen y siguiendo los deseos de Palacio Nacional, pese a que ni siquiera era un asunto de su competencia. Transgredir la Constitución no ha sido algo inusual durante su gestión. Así lo hizo en la persecución contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, como respuesta al abuso cometido por este al espiar a Sheinbaum durante una visita a Morelos. La represalia política torciendo las leyes le permitieron encarcelarlo por el feminicidio de Ariadna Fernanda en 2022 y acusarlo de tortura, pero Godoy no pudo sostener la acusación y perdió en 4 instancias, saliendo Carmona libre.

En octubre de 2020, para satisfacer los deseos vengativos de Gertz Manero contra la pareja de su hermano Fernando, se dejó manipular por el entonces brazo ejecutor del fiscal, Juan Ramos -fallecido hace pocos meses- y de Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para reactivar el caso que había perdido en tribunales federales, y sin ninguna orden de aprehensión detuvo a Alejandra Cuevas, la hija de la pareja de su hermano, y la dejó en la cárcel un año y medio hasta que la Suprema Corte, por unanimidad, ordenó su liberación porque los delitos por los que la acusaron eran inexistentes.

Otras víctimas de delitos la han acusado de ocultar información, omitir diligencias y perder evidencias, como en un multihomicidio en la Colonia Narvarte en 2015, o de revictimizar a mujeres, como sucedió con una denuncia de 2 adolescentes contra policías capitalinos por abuso en 2019, donde Godoy no detuvo a nadie porque, dijo "no vamos a fabricar culpables".

Irónica declaración para quien ha manufacturado culpables, actuando en acatamiento de instrucciones -dadas ex profesamente o implícitamente-, y se prestó a vendettas personales, como las de Gertz Manero contra su familia, o políticas, como las de Sheinbaum contra Carmona, o electorales, como la cacería contra Taboada, a quien no quiere Morena que aparezca en la boleta electoral el próximo año.

Recientemente, el periódico The New York Times publicó que la Fiscalía capitalina espió a cuando menos 14 políticos de oposición, y 2 de Morena. El Times dijo que Telcel reconoció en un documento oficial que había recibido los requerimientos y entregado los registros de 2021 a la fecha. Godoy ha negado las imputaciones y señaló que el documento era falso. Informes que se enviaron en su momento a Palacio Nacional de la Fiscalía General, sugirieron que el espionaje realizado por los colaboradores de Godoy se había realizado con el equipo con el que se espió a políticos durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

Los señalamientos contra la fiscal Godoy de irregularidades, arbitrariedades y legalidades han seguido apareciendo en la prensa, al igual que denuncias de trabajadores de la dependencia, señalando que los han estado obligando con amenazas de retención de sueldo, si no firman una carta donde piden su ratificación.

Este proceso debió haber concluido el martes de la semana pasada, pero se atoró porque Morena no tenía los votos suficientes para lograrlo por un nuevo periodo de 4 años. Godoy ha politizado el proceso, y ha dicho que la batalla no la pueden ganar los corruptos y quienes creen que quedarse con el dinero del pueblo es un derecho político y no un delito. Puras palabrerías de quien es indigna, a partir de sus acciones, para permanecer en la Fiscalía.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador del 28 de noviembre de 2023).

Este viernes marcharon unas 300 personas que resultaron desplazadas por el levantamiento armado en Chiapas en 1994, por las calles de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, esto se debió más que nada, para exigir la indemnización de 42,900 hectáreas invadidas por el Ejército Zapatista de liberación Nacional (EZLN).

Después de caminar un poco más de 2 kilómetros hasta un hotel donde interrumpieron la reunión de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) con maestros indígenas, en la que le exigieron su intervención ante el gobierno de Rutilio Escandón.

"Por más de 28 años nos han mantenido al margen, hemos hablado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos canaliza con el gobernador de Chiapas para dar solución al problema; sin embargo, éste no nos atiende, es por eso que venimos a pedir la intervención de la Cocopa", señaló Margarita Gamboa Morales, unas de las desplazadas.

Los manifestantes portaban pancartas con frases como "¡28 años de haber perdido nuestro patrimonio, Justicia!", "¡Ya basta de mentiras, queremos justicia!", "¡Basta de apatía gobernador!", entre otras.

Los afectados señalaron que aunque han pasado casi 30 años, todavía recuerdan cómo fueron despojados de sus tierras. Es el caso de Víctor López Gómez, indígena tzeltal de Altamirano, quien desertó a un año de participar con los llamados zapatistas."Por un año participamos con el EZLN, dijeron que nos regresarían las 400 hectáreas, pero después nos dijeron que ya no porque no teníamos papeles, pero si tenemos la documentación que acreditan la compra desde 1982", dijo López Gómez.

De este levantamiento armado, resultaron afectadas 4,000 personas que continúan presionando sobre la indemnización de las 42,900 hectáreas, ubicadas en 3 municipios: Altamirano, Ocosingo y Margaritas, aunque no se precisó el monto."No estamos pidiendo que se nos pague todo lo que implica este despojo, sólo queremos que se nos pague la tierra", dijo Jorge Manuel Pimienta Calvo, otro de los desplazados.

(V.periódico El Informador en línea del 27 de noviembre de 2023).

No solo Jalisco, México es un país de carpetas abiertas que rara vez logran cerrarse. La cifra actual de 85 asesinatos cada 24 horas debería poner fin a todas las precampañas de todos los precandidatos, pues se requiere carecer de vergüenza para seguir dándole vida a un sistema electoral en un escenario de fracaso completo de la seguridad, razón primera que justifica la existencia del estado y su periódica renovación.

Que una precandidata deba reforzar su seguridad, aconsejada por el ejército, si va a moverse en tales o cuales territorios, o que un gobierno admita la permanencia de una alcaldía sin alcalde, porque el crimen organizado no lo permite, o que una y otra vez soldados, comisarios, policías, agentes de investigación, sean asesinados y solo sepamos que ya se abrió una carpeta de investigación, acaba siendo la señal de que no va a pasar nada, cuando mucho, muy forzados, darán con los sicarios, pero no con quienes los envían.

Capturar a un capo de 2o. o 3er. nivel en Sinaloa, y que se les escape otro en Jalisco, no parece que sea mero accidente o cosa del destino, hay algo muy podrido que está funcionando a la perfección, y cuyo costo es la vida de numerosas personas, pero ese costo, en manos del gobierno, acaba siendo mera estadística, cuestión de puntos porcentuales, de rayas que suben o bajan.

El México o el Jalisco que todos queremos es solo un slogan emotivo y aspiracional que puede encontrar eco en personas poco informadas o de verdad muy idealistas, pues ese deseo lo tenemos desde hace sexenios y sirve únicamente para hacer campaña.

Al drama de esta nuestra realidad se añade el complemento de los videos captados por cámaras de vigilancia, que la gente ve como si se tratara de una serie policiaca, y no acaba de advertir, de asumir, que son hechos reales, que un ser humano vivo, que entra a un café en una zona supuestamente segura, es atacado arteramente por 2 hombres y 2 mujeres, y en cuestión de segundos ese ser humano ha dejado de existir, dejando una secuela de dolor a su familia, de frustración para la ciudadanía, y un sentimiento de terrible desamparo. Y apenas la televisión transmite esa grabación, viene enseguida un promocional de las señoras candidatas o de los señores candidatos, alegres, rozagantes, felices de lo que están haciendo y de lo que han hecho para alcanzar sus altas metas, criticando a los gobiernos anteriores, como en automático, como parte del libreto que todo precandidato debe aprender, pero muy conscientes de que a fin de cuentas, ellos, de ganar, harán lo mismo, es decir, seguirán ignorando el grave problema que significa para la gente, no para ellos, vivir en un país sometido por la delincuencia.

Tenemos que entender que la función política se ha vuelto inútil, y con ella, todos los partidos. Lo que la sociedad requiere son administradores profesionales apoyados en equipos profesionales, y en lo que mira a la seguridad, contratar equipos igualmente profesionales donde los haya y cuya paga dependa estrictamente de resultados constatables y plazos de tiempo establecidos. Lo mismo deberá valer para los administradores. No podemos seguir en manos de las improvisaciones trienales y sexenales donde lo único que no se pide a los funcionarios es capacidad y resultados.

Armando González Escoto
(v.pág.2 del periódico El Informador del 26 de noviembre de 2023).

Luego del tránsito a la ilegalidad en la competencia política al pasar del piso parejo que por años tanto exigió el [ahora] presidente Andrés Manuel López Obrador como opositor, al delito parejo en el que hizo caer a la oposición a la que provocó también violar desde junio, como él, los tiempos electorales, hoy inician las precampañas de quienes aspiran a llegar a la Presidencia de la República.

Desde luego se trata de una bochornosa y riesgosa simulación, ya que las 2 principales alianzas que disputarán la titularidad del poder ejecutivo federal tienen definidas ya a sus candidatas, lo que en teoría apenas tendrían que buscar en esta 1a. fase del proceso electoral 2023-2024.

Por parte de la 4T, dejarán la farsa inicial al cambiar el cargo de Claudia Sheinbaum, de "coordinadora de la defensa de los comités de la 4a. transformación" a precandidata única de la coalición Morena-PT-Verde, y por la oposición, cuando Xóchitl Gálvez pase del cargo de "responsable nacional para la construcción del Frente Amplio Opositor" a precandidata única de la alianza PAN-PRI-PRD.

El único partido que esperó a los tiempos que marca la Ley Electoral fue Movimiento Ciudadano más por su conveniencia fallida de esperar para ver si el morenista Marcelo Ebrard rompía con López Obrador y se convertía en su candidato, que por la convicción de acatarla. Por eso, el único que no arrancaría hoy como precandidato único sería el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, aunque de última hora eliminaron de un plumazo a sus contendientes para ungirlo, por haber sido incluso destapado por López Obrador.

La gran diferencia entre las primeras precampañas ilegales que arrancaron desde junio con la venia presidencial y que dejaron muy mal paradas a las autoridades electorales, tanto al INE como al Tribunal Electoral, será la utilización de los spots de parte de cada aspirante presidencial.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 20 de noviembre de 2023).

Pedro Sánchez ha logrado repetir en la Presidencia de España, a cambio de perdonar la sedición de un grupo de catalanes corruptos.

Sacrificó el Estado de Derecho para mantenerse en el poder.

En México tambien la ley quedó en un lugar secundario frente al arreglo político.

López Obrador ha destruido el Estado de Derecho casi por completo. Está también destruyendo a medios y empresarios, a críticos y adversarios e incluso a colaboradores y amigos.

La humillación que ha sufrido su candidata la hace ya irrelevante.

En México, la defensa nacional en contra de la locura pende de la Corte pero, sobre todo, de una ciudadanía que hace un año empezó a defenderse públicamente.

Fuerza, ciudadanos.

Macario Schettino
(v.periódico El Financiero en línea del 17 de noviembre de 2023).

La resolución de casos de homicidios dolosos empeoró en Jalisco, al registrar una impunidad directa del 100% en 2022, de acuerdo con México Evalúa, cuando en 2021 el porcentaje fue del 99.7%. Según la organización, que hace cálculos a partir de los Censos de Procuración e Impartición de Justicia Estatales y solicitudes de acceso a la información pública, la impunidad directa se mide como la falta de atención, investigación o resolución de los eventos que fueron conocidos por la autoridad, ya sea al "no haberse logrado un acuerdo reparatorio, no derivarse a alguna salida anticipada, o bien, encontrarse sin sentencia".

Luis Campos, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, dijo que es necesario detectar los motivos por los cuales no se da respuesta a los casos.

Jorge Luis González Monteón, académico de la UdeG, subrayó que hace falta más personal. "Hay una simulación en la forma en que investigan, procesan y sancionan".

México Evalúa explicó que algunos estados lograron menor impunidad en homicidio doloso porque canalizaron los asuntos a través del procedimiento abreviado.

Jorge Luis González Monteón señala que una de las problemáticas más graves que impiden el acceso a la justicia está relacionada con los grupos criminales. "La delincuencia organizada está infiltrada en las corporaciones policiacas, incrementa la impunidad. El gobierno federal es el encargado, responsable de atacar a la delincuencia organizada, y cada día es mayor el avance que tiene la criminalidad en todo el territorio. Eso es lo que estamos observando, impunidad por simulación en la investigación. Simulaciones en el procesamiento, y los reclusorios están atiborrados".

Indica que, por ejemplo, acaba de conocer un caso en el que tardaron 6 años en dictar una sentencia a 4 personas y a 3 las absolvieron. "6 años privadas de la libertad en prisión preventiva, a 3 les dicen que no son responsables. ¿Cómo queda la justicia que después de 6 años les digan que quedan libres porque no pudieron comprobar el delito? Eso refleja ineficacia en la investigación. Es realmente desesperante para mucha gente. La Constitución dice que en un año se les debe juzgar y no deben durar más de 2 en prisión preventiva".

Remarca que el país está viviendo una crisis de seguridad pública, donde la sociedad no ha podido exigir al gobierno la función que le corresponde. "¿Dónde están los responsables materiales e intelectuales del homicidio del exgobernador, ni a estas alturas investigan? ¿Qué le espera a Juan ciudadano? Es una tarea de todos. Y como ya vienen las campañas, nos van a volver a prometer lo mismo".

Por su parte, Luis Campos comenta que hay cuestiones que a veces la autoridad no puede controlar, donde los casos quedan abiertos por falta de evidencia. "Y quedan como asuntos inconclusos. Se quedarán pausados mucho tiempo, hasta que los tiempos que la ley penal determina para que la facultad de investigar del Ministerio Público (MP) concluya. Es decir, las sanciones que pudieron haberse impuesto a alguien no se pudieron identificar, prescribe y no se le puede perseguir penalmente, y el caso se guarda y archiva".

Por ejemplo, añade, hay un caso donde atropellan a una persona y quizá hay un testigo que aporta datos de una placa, y resulta que investigan y el dato del vehículo estaba mal. "Entonces no puedes encontrar al responsable. Allí el MP abrió su investigación, mandan oficio a la policía para acordonar el área del evento, tomar fotografías. Ya tienes todo eso agotado. Entonces de quién es responsabilidad, ¿del MP o que no había tantos testigos?", indica.

Juicios orales en Jalisco, los más tardados del país

El derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 17 de la Constitución Mexicana, garantiza el acceso a un recurso efectivo ante un tribunal competente e imparcial, con resoluciones prontas, en un máximo de 4 meses para delitos con pena máxima de 2 años, y un año para penas mayores, a menos que la defensa requiera un plazo mayor.

Según el reporte Hallazgos 2022 de México Evalúa, la duración promedio de las causas penales mediante juicio oral en México fue de aproximadamente 484 días para hombres y 504 días para mujeres.

Jalisco destaca como la entidad con mayor demora a nivel nacional, con un promedio de 817 días para la conclusión de causas penales mediante juicio oral, superando el límite legal de 2 años.

La organización señala que Jalisco, junto con Puebla, Baja California Sur y Coahuila exhibe duraciones más largas, atribuibles, en parte, a la suspensión de audiencias por la contingencia sanitaria. Esto afectó principalmente a los procesos más extensos y a tribunales que demoraron en adoptar audiencias virtuales.

En Jalisco, el 59.99% de las causas penales en el fuero común concluyó mediante suspensión condicional del proceso, el 23.34% por acuerdo reparatorio, el 10.74% por sentencia en procedimiento abreviado, el 2.67% por sustracción de la justicia, el 1.63% por criterio de oportunidad, el 0.99% por sentencia en juicio oral y en el 0.64% no se identificó el proceso.

A nivel nacional, solo el 4.7% de los casos judicializados termina mediante juicio oral, pero esta forma es más común en delitos de alto impacto, como delincuencia organizada, secuestro, desaparición de personas, homicidio, feminicidio, tortura y trata de personas, según México Evalúa.

México Evalúa Sugiere incorporar el servicio profesional de carrera en el Artículo 116 de la Constitución, "mismo que deberá comprender el ingreso, capacitación, evaluación del desempeño y capacitación del personal de las fiscalías, defensorías públicas, comisiones de víctimas, unidades de medidas cautelares, tribunales y sistema penitenciario".

Plantea que los poderes judiciales en ambos fueros implementen un mecanismo de seguimiento de personas imputadas bajo prisión preventiva por más de 24 meses, mismo que detone la revisión oficiosa de estos casos en audiencia, en sintonía con el desarrollo jurisprudencial reciente.

México Evalúa analizó que el robo fue el delito más común en Jalisco en 2022. Los delitos de robo simple, narcomenudeo y extorsión tuvieron un 99.9% de impunidad. Según México Evalúa, en el caso del robo simple, al ser un delito de bajo impacto, "lo esperable es que las instituciones no se desgastaran en esfuerzos investigativos o bien que se aprovechara el uso de salidas alternas. La principal salida que se otorga a este delito son los criterios de oportunidad, seguida de la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado".

En cuanto al narcomenudeo, alertaron que se refiere a casos de posesión, no de comercio o suministro. A pesar de tratarse solo de posesión, la forma principal de resolución es la sentencia condenatoria a través del procedimiento abreviado, sin dar suficiente prioridad a los criterios de oportunidad u otras salidas. En estos casos, se enfatiza la necesidad de adoptar un enfoque restaurativo y de salud pública.

(V.primera plana y pág.6 del periódico El Informador del 16 de noviembre de 2023).

Hasta el martes pasado que por casualidad militares y policías se toparon con una mujer que huía con un cadáver en la cajuela de su coche en Tonalá, a lo largo de 2023, como en 2022, no había un solo detenido sorprendido en el acto. Ningún Informe Policial Homologado (IPH) de algún elemento de cualquier corporación que hablara de la detención de algún sujeto o algún grupo de sicarios descubiertos subiendo, trasladando o bajando a una de sus víctimas mortales que esparcen por cualquier rumbo que les plazca.

Por eso la conclusión y el llamado urgente sigue siendo el mismo de hace un año: terminar con la ausencia de una estrategia policial para hacer frente a estos delincuentes y acabar con el escándalo de tener casi un 100% de impunidad para los tiramuertos.

Ojalá que con estos patrullajes mixtos que se echaron a andar desde el año pasado ante la grave escalada de inseguridad y violencia en la ciudad y en el estado, vengan más detenciones que sean fruto de investigaciones sistemáticas y no del azar o denuncias anónimas como las del martes, para poner fin a ese vergonzoso y cómplice cero en detenciones de los que tiran cadáveres.

Por lo pronto habrá que reclamar a los gobiernos que más de un año después ese 100% de impunidad había quedado intacto hasta la fortuita detención del martes en Tonalá, a pesar de que la tiradera de muertos sigue ahí y va en aumento.

Denunciar también que no hubo mando militar o civil que atendiera esta tétrica asignatura ni gobierno que les obligara a cumplir su deber y no hacer oídos sordos a este fenómeno criminal que es como el elefante en la sala que nadie quiere señalar pero todos ven.

Habrá que ver si los gobiernos federal, estatal y municipales se quieren despedir el año próximo con este imborrable sello de ineficacia y/o complicidad que implica dejar transitar en toda libertad a los repartidores de muerte que parecen invisibles a los patrulleros y a los sistemas de videovigilancia que tanto presumen y tanto nos cuestan.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 16 de noviembre de 2023).

El Sistema Intermunicipal de los Servicios del Agua Potable y Alcanarillado (SIAPA) de la zona metropolitana de Guadalajara ha dado a conocer que podrás ponerte al corriente de tus pagos con un descuento.

El SIAPA de Guadalajara invita a liquidar los recargos con hasta el 95% de descuento.

Es importante mencionar que los descuentos que el SIAPA aplicará únicamente es para los usuarios que tienen adeudo en el pago. Esto se hace con la finalidad de que se pongan al corriente y pueden tener su cuenta en ceros.

El descuento se otorgará de esta manera: - Realizando su pago en una sola exhibición, se aplicará un 95% de descuento sobre sus recargos.
- Realizando un convenio se aplicará el 80% de descuento sobre recargos.

Cualquier acuerdo para regularizarse, el interesado deberá presentarse en los centros de operativos y/o sucursales de SIAPA.

Todos los trámites son personales y no tienen ningún costo. Es importante aclarar y tener en mente que el SIAPA no hace convenios ni cobros en domicilios particulares.

Para más información puedes llamar al 33-3668-2482.

(V.periódico El Informador en línea del 15 de noviembre de 2023).

El Ayuntamiento de Guadalajara informó que a partir de hoy y hasta el 24 de noviembre, se tendrá el 75% en recargos y 80% de descuento en multas en contribuciones como predial, transmisiones patrimoniales, refrendo de giros comerciales, multas de movilidad, en algunas claves, entre otros.

Durante la presentación del operativo con motivo del Buen Fin 2023 también se dio a conocer que se podrá pagar a meses sin intereses con tarjeta bancaria. El monto máximo será de 200,000 pesos.

(V.periódico El Informador en línea del 13 de noviembre de 2023).

La titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció que a partir del 1o.de diciembre, en Baja California se incluirán los vehículos irregulares, conocidos como "autos chocolate", que provengan de Asia y Europa, pero comercializados en Estados Unidos.

[¡Órale! ¡A comprarse su Mercedes! - el webmaster]

La secretaria de Seguridad informó que ya suman 1.8 millones de unidades regularizadas con este programa. El costo del trámite es de 2,500 pesos por vehículo.

(V.pág.3 del periódico El Informador del 11 de noviembre de 2023).

El Gobierno de Tlaquepaque informó que ofrecerán descuentos en recargos y multas como parte de la edición 2023 del Buen Fin.

En recargos, el municipio informó que aplicará descuentos de hasta el 75% al saldar recargos pendientes.

En el caso de las multas, los descuentos serán del 80% en multas asociadas a diversos servicios.

Los servicios incluidos en los que aplicarán los descuentos serán los siguientes:
-Agua Potable
-Predial
-Licencias
-Cementerios

Para obtener los beneficios, la ciudadanía podrá acudir a las recaudadoras municipales, a la dirección de Padrón y Licencias y a los cementerios correspondientes para aplicar el descuento.

Para mayores informes, se habilitó el número telefónico 33-3686-3783 para la ciudadanía.

(V.periódico El Informador en línea del 11 de noviembre de 2023).

Luego de que diputados de Morena destinaron 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar a Acapulco, abogados constitucionalistas y el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) consideraron que no pueden hacerlo, porque ese dinero está detenido por una suspensión provisional y que la maniobra de incluirlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación es diferente a desaparecer los fideicomisos.

El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director de Jufed, señaló que el destino de los fideicomisos no depende de los legisladores, ni de un acuerdo político, sino de lo que determine en una sentencia constitucional.

A su vez, el abogado penalista Gabriel Regino señaló que hay una figura jurídica llamada sub judice, que significa que está sujeta a una decisión legal y no se puede mover.

Detalló que los legisladores buscarán otras formas para tomar el recurso y es diferente a desaparecer los fideicomisos porque lo autorizó la Cámara de Diputados y lo aprobó el Senado, y el efecto era regresarlos a la Tesorería de la Federación.

"Pero no puede ser porque el Poder Judicial de la Federación ha promovido amparos contra esa reforma que elimina los fideicomisos. Ahora lo que intentan hacer es un fraude legislativo y tratan de meter esa bolsa en el presupuesto y asignarla a otra área", refirió.

Gerardo Romero, especialista en finanzas públicas, indicó que lo preocupante es que no se está haciendo como debería, ya que el Ejecutivo no puede tener injerencia en la Cámara de Diputados.

"Entonces, por el simple hecho de que hay una mayoría de Morena y el Ejecutivo obviamente tiene injerencia con los legisladores, lamentablemente se está politizando el dinero... Lo están haciendo a contentillo, principalmente por el problema del Poder Ejecutivo con el Judicial".

(V.pág.10 del periódico El Informador del 10 de noviembre de 2023).

Si tienes multas o adeudos pendientes por pagar en el Estado de Jalisco, podrás aprovechar los descuentos que ofrece la Secretaría de Hacienda Pública en el marco del Buen Fin 2023, que alcanzan hasta un 60% de descuento.

Lo anterior, dijo el Gobierno de Jalisco, se impulsa "con el fin de apoyar la economía individual y colectiva de las y los jaliscienses", por lo que se estarán otorgando descuentos en multas por infracciones en materia de movilidad, tránsito y transporte, así como en los recargos generados por dichas sanciones.

Los descuentos estarán vigentes hasta el próximo 27 de diciembre del presente año y serán válidos tanto en pagos directos en las oficinas de recaudación como en línea.

Para las personas que acudan a cualquiera de las oficinas de recaudación fiscal se les estará otorgando el 50% en pagos en los siguientes rubros:
- Multas no fiscales estatales impuestas por infracciones en materia de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.
- Recargos generados a dichas sanciones.
- Multas generadas por omisión de pago de refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, remolques y motocicletas para servicio particular y público.

Sin embargo, habrá un descuento adicional para las personas quienes opten por realizar sus pagos por medios electrónicos, a través de https://gobjal.mx/PagoVehicular. A ellas se les otorgará el 60% de descuento, en los rubros antes mencionados.

Es importante señalar que el descuento no aplica en multas impuestas por conducir bajo el influjo de alcohol o drogas, y las que tienen que ver con la invasión de carriles exclusivos para transporte público, colectivo y masivo.

Además, la condonación solo procederá cuando se realice el pago en una sola exhibición de todos los adeudos fiscales relacionados con el vehículo que corresponda y sea efectuado en el periodo de vigencia, es decir, debe saldarse el adeudo total.

El pago puede ser directo en cualquiera de las 135 Oficinas de Recaudación Fiscal Estatal ubicadas en el AMG y en el interior del estado y podrán localizar la más cercana en el siguiente enlace: https://gobjal.mx/RecaudadorasAMG; para las personas que realicen su pago en línea será a través de la página https://gobjal.mx/PagoVehicular.

(V.periódico El Informador en línea del 8 de noviembre de 2023).

Arturo Zaldívar llegó a la Corte como el ministro liberal, el jurista moderno que imprimiría a la Corte una visión de derechos humanos y ampliación de libertades. Sus resoluciones en esta materia son históricas. Arturo Zaldívar sale de la Corte como el ministro servil que se va a buscar el hueso a otra parte, el que fue incapaz de transformar el Poder Judicial a pesar de tener todo el apoyo del presidente, el de los acuerdos en los oscurito, el que coqueteó con la reelección ilegal y el que terminó votando los mayores absurdos al lado de las ministras Jazmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, sólo para darle gusto al presidente.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 8 de noviembre de 2023).

El Gobierno del Estado reportó daños causados a un reducido número de unidades del transporte público con motivo del festejo del Halloween. En general el servicio de transporte público se prestó dentro de los parámetros normales durante la tarde-noche de ayer.

Al cierre de la jornada se reportaron 3 conductores con alguna lesión por objetos lanzados desde el exterior, así como 18 unidades con algún daño en sus carrocerías o cristales, lo que representa apenas el 0.34% del total de los 4,553 camiones que prestan el servicio en el área metropolitana de de Guadalajara.

Las rutas cuyas unidades resultaron con alguna avería son las siguientes: C98, A01, A05, 640, C14, 176-B, C111, T18-B, C34 y T03. Además se registraron afectaciones a unidades de la ruta 622.

(V.periódico El Informador en línea del 1o.de noviembre de 2023).

La noche del Halloween fue caótica para cientos de usuarios del transporte público que tuvieron que esperar hasta una hora para tomar su pasaje.

Algunas unidades de diferentes rutas dejaron de operar o recortaron su trayecto porque fueron agredidas en algunas colonias de la ciudad por motivo del Halloween.

Por ejemplo, en la ruta 622 los choferes reportaron que algunas unidades fueron apedreadas, vandalizadas con huevos y hasta naranjas.

Daniel Sánchez, chofer de esta ruta, explicó que la indicación era no parar el servicio, pero dependerá de cómo se ponían las cosas.

"Nosotros vamos a darle normal toda la noche, pero ya hay compañeros que han salido afectados, lo peor es que vayan a ventar una piedra y es a lo que más le sacamos" dijo.

"Vamos a trabajar normalmente, pero algunos van a parar temprano por el desorden. Hasta ahorita no nos han dicho nada, pero a algunos compañeros ya les han vandalizado".

"El año pasado a mí me quebraron un vidrio y ahorita nos dijeron los patrones hasta que no pase nada paramos", dijo Cristian Jiménez de la ruta 622.

Las autoridades de la Secretaría del Transporte informaron que el servicio del transporte público se realizaría de manera normal, sin embargo, se constató que hubo varias rutas que pararon.

(V.periódico El Informador en línea del 31 de octubre de 2023).

El que los pobladores saqueen tiendas en busca de comida o de reponer sus enseres domésticos sin respetar regla o ley alguna; el que se roben la gasolina de los autos estacionados; el que los vecinos se organicen para patrullar las colonias con sistemas de autodefensa armados con pistolas y machetes e impongan un toque de queda, etc., sí pueden considerarse comportamientos que rompen el orden establecido. El nuevo orden, que esperamos sea temporal, es la respuesta espontánea de la sociedad ante la falta de acción de unas autoridades, municipales, estatales y federales absolutamente rebasadas.

La capacidad de respuesta de un gobierno se mide en situaciones límite. Acapulco ha sido una prueba de fuego para el modelo de estado que proponen López Obrador y la llamada 4a. Transformación. En este modelo no cabe la sociedad civil y la capacidad de respuesta del Estado se reduce a lo que hagan o dejen de hacer las fuerzas armadas. El resto de las instituciones, estatales y federales, están ahogadas por la inanición presupuestal y por la incapacidad de tomar decisiones. La respuesta del Estado mexicano está determinada por lo que haga o deje de hacer el presidente.

Al igual que en el terremoto de 1985, en Acapulco el Estado quedó rebasado, aunque con enormes diferencias. Para suerte del gobierno obradorista no se trata de la capital de la república, aunque sí es una ciudad grande, significativa y con reconocimiento internacional. En esta ocasión la sociedad civil no respondió de forma organizada y ejemplar, como en el terremoto, sino de manera bruta y caótica. Si bien, pues, podemos encontrar similitudes en el pasmo de 2 gobiernos desmantelados por razones políticas e ideológicas distintas, las diferencias en la reacción de la sociedad es una radiografía, nada agradable, de la derrota cultural del Estado de Derecho y el triunfo de los sistemas del estado paralelo.

Ni el pueblo bueno es tan bueno como dice López Obrador, ni la sociedad civil idealizada como motor de la democracia salió a relucir en esta emergencia. El vacío de poder se ocupa y en Acapulco lo que hemos visto emerger tras la tragedia es una sociedad llena de rabia, con formas de organización que no pasan por los cánones prestablecidos. Acapulco es la constatación de un sistema político y social roto desde la base.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 30 de octubre de 2023).

La paciencia de los desesperados habitantes de Acapulco se agotó ayer cuando empezaron a bloquear las únicas entradas a la ciudad para exigir al gobierno la entrega de alimentos y agua 3 días después de que el huracán "Otis" golpeara la localidad.

Las protestas coincidieron con los anuncios de las autoridades mexicanas sobre el arribo a Guerrero de miles de paquetes de alimentos, agua e insumos, que muchos residentes de la zona aseguran que no han visto aún.

Aunque las autoridades permitieron a los pobladores tomar lo que necesitaran de las tiendas de la ciudad, los habitantes de las zonas rurales a las afueras de Acapulco se quejaron de que sus casas estaban destrozadas y que no tenían acceso a víveres.

"Si no atienden a Metlapil y los demás poblados, vamos a tener que hacer paro", afirmó Esteban Domínguez Bacilio, de 19 años. El joven explicó que estaban desesperados "porque a nuestras casas les cayeron árboles; nuestros niños necesitan comer, no tenemos nada" y se quejó de que "ninguna autoridad ha venido".

Más adelante, docenas de enfurecidos habitantes del poblado de Lucio Cabañas, en las afueras de Acapulco, cumplieron la amenaza de bloquear la carretera.

Empujaron a elementos de la Guardia Nacional en una estación de peaje y se acostaron en medio de la vía con carteles en los que se leía "necesitamos ayuda".

Juan Andrés Guerrero, líder de la protesta, también se quejó de la falta de agua, comida y electricidad en su comunidad y aseguró que las autoridades los habían olvidado.

Los residentes bloquearon brevemente el tráfico hasta que los guardias nacionales les convencieron para que dejaran pasar algunos automóviles y unidades de emergencia a cambio de una promesa de ayuda.

(V.pág.2 del periódico El Informador del 28 de octubre de 2023).

Es el poder judicial el que suele tener la última palabra en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley, convirtiéndose en garante de los derechos y libertades. Su independencia es primordial para asegurar que sus decisiones se basen en el derecho y no en presiones políticas. Si el judicial se convierte en marioneta del ejecutivo o del legislativo, los derechos fundamentales corren peligro. Sin embargo, esta coyuntura también permite ciertas reflexiones en su actuar cotidiano.

El poder judicial, al igual que los otros órganos del Estado, no debe operar en el vacío. Es vital (y necesario) que esté dispuesto, al igual que los otros dos poderes, al escrutinio público. Si bien la independencia judicial es crucial, esta no debe confundirse con el aislamiento o la falta de rendición de cuentas. En una sociedad democrática, ninguna institución, por noble que sea su función, debería estar exenta de responsabilidad ante la ciudadanía.

La rendición de cuentas y la transparencia no son enemigas de la independencia judicial. Por el contrario, son herramientas que legitiman su actuación ante la sociedad. Un poder judicial transparente, que comunica sus decisiones y justificaciones al público, y que está dispuesto a rendir cuentas de su gestión, fortalece la confianza ciudadana. El escrutinio público no busca debilitar al judicial, sino asegurarse de que cumple con su deber con integridad y justicia.

Esto nos recuerda que la confianza no se regala, se gana. En un contexto en el que la desconfianza y descrédito hacia las instituciones públicas parece ser la norma, es urgente que el poder judicial demuestre con acciones su compromiso con la democracia. La transparencia y la rendición de cuentas no son concesiones, son obligaciones inherentes a su función.

Ismael del Toro Castro
(v.pág.3 del periódico El Informador del 27 de octubre de 2023).

Es ínfima la probabilidad de que un crimen sea perseguido, procesado y castigado (a no ser que sea una venganza política, en cuyo caso no importa si el perseguido cometió o no un crimen). Es momento de fortalecer contrapesos, no de devastarlos.

Jorge Suárez-Vélez
(v.periódico Reforma en línea del 26 de octubre de 2023).

El Poder Judicial tiene dos funciones centrales: la de impartir justicia, y la de garantizar que todas las leyes que se emitan, así como la aplicación que se haga de ellas, se apeguen estrictamente al contenido y espíritu de la Constitución.

Para realizar lo anterior, el Poder Judicial cuenta con 2 grandes estructuras: el Consejo de la Judicatura Federal, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resumiendo, quizá en exceso, al 1o. le corresponde fundamentalmente la adecuada operación de todos los juzgados y tribunales que hay en el país; a la 2a., garantizar el control de la constitucionalidad, entre otras funciones sustantivas.

El sistema de justicia en México tiene en ese sentido 2 estructuras básicas: la de la procuración de justicia, que depende de la rama ejecutiva del Estado; y la impartición de justicia, que consiste en determinar si lo que reclaman los particulares o incluso instituciones públicas, tiene fundamento jurídico y con base en ello determinar qué le corresponde a cada quien conforme a derecho.

Frente a lo anterior, resulta a todas luces excesiva la forma en cómo el titular del ejecutivo federal ha arremetido en contra del Poder Judicial, responsabilizándolo exclusivamente de las condiciones de impunidad y fragilidad del Estado de derecho, recurriendo al argumento reduccionista de que "los jueces liberan a delincuentes".

La cuestión es mucho más compleja, pues la detención de una persona comienza en muchas ocasiones con intervenciones deficientes de las corporaciones policíacas municipales, estatales e incluso ministeriales. Luego viene un 2o. momento, que consiste precisamente en la investigación que realizan las fiscalías, lo cual genera la integración de carpetas de investigación, que son con base en las cuales, en los juzgados y en los tribunales se evalúa su legalidad, se pondera si las pruebas son las idóneas para acreditar determinados hechos; y con base en ello, si las personas imputadas son o no responsables de la comisión de delitos.

La otra función sustantiva la realiza la Corte a través de 3 mecanismos: la acción de inconstitucionalidad; las controversias constitucionales; y la resolución de juicios de amparo, que pueden derivar en jurisprudencia.

Frente a lo anterior es que se revela lo maniqueo de la propaganda gubernamental bajo la consigna de que "los jueces no hacen nada a favor del pueblo"; porque no es su tarea participar en mítines, y menos aún en proselitismo político. Su deber es garantizar el Estado de Derecho y la primacía de la legalidad, comenzando por el respeto irrestricto de la Constitución y a partir del 2011, también de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

Para un modelo presidencialista, que los poderes Legislativo y Judicial actúen como contrapesos y de hecho, como órganos de control, constituye incluso una "afrenta"; pero eso es lo que debe desmontarse en la mentalidad política nacional, y normalizar la construcción de procesos de diálogo y acuerdo entre los representantes de los poderes, porque, debe también subrayarse, quienes están ahí no son dueños de los cargos, sino las y los responsables de hacer que las instituciones funcionen apropiadamente.

Un Poder Judicial plenamente autónomo siempre será una buena noticia para una república democrática. Y siempre, el uso de la política o de los recursos públicos para intentar someterlo constituirá un grave atentado a las condiciones de normalidad democrática. Eso hay que hacerlo valer en toda su magnitud y dimensión.

Mario Luis Fuentes, investigador del PUED-UNAM
(v.pág.4 del periódico El Informador del 23 de octubre de 2023).

El subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos y responsable de la investigación del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, fue hecho a un lado del gobierno. Oficialmente presentó su renuncia, que tiene olor a cese, sometimiento y derrota. Encinas se va con una marca indeleble de fracaso. Ni encontró a los normalistas que dijo que hallarían vivos hace casi 6 años, ni cambió la verdad histórica sobre el crimen del procurador Jesús Murillo Karam, quien sin embargo, está en la cárcel.

El presidente le tiró un salvavidas legal, al colocar los cimientos para un deslinde jurídico para cuando Encinas tenga que responder ante el Ministerio Público las denuncias por usurpación de funciones y violaciones al Estado de Derecho de la defensa de 5 militares presos a quienes acusó de asesinato y complicidades en el crimen contra los normalistas. López Obrador admitió que Encinas pudo haber sido manipulado por el ex fiscal Omar Gómez Trejo, a quien responsabilizó de omisiones puntuales en la investigación.

Gómez Trejo, que había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue reclutado por Encinas, con quien compartía la misma idea: en Iguala se dio un crimen de estado y el Ejército había jugado un papel central en la desaparición de los normalistas. López Obrador resumió lo que el ex fiscal dejó de hacer: "Por la confianza que les di a quienes estaban en la investigación, pensaba que se habían practicado los Protocolos de Estambul (sobre tortura). No se hicieron. Ni siquiera se cumplió con solicitar la información a la Comisión (Nacional) de Derechos Humanos y se pasaron los términos. El fiscal especial dejó pasar los términos y esto fue lo que sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran. Fíjense (en eso), y como comprenderán, no es casual".

A lo que se refirió el presidente comienza en 2018, cuando la sentencia del juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado 1o. de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, en donde se ampararon los asesinos de los normalistas, advirtió que había un número importante de casos donde se actualizaba el supuesto de tortura, y pidió a la nueva Comisión del Caso Ayotzinapa que practicaran otros Protocolos de Estambul porque los que tenían estaban viciados de origen, al haber sido practicados por personal de la PGR, a quienes se imputaba ese delito. Para garantizar imparcialidad, el juez requirió a Gómez Trejo acudir a una instancia certificada para obtenerlos.

A punto de terminar el plazo fijado por Ventura Ramos, el ex fiscal pidió una prórroga de 10 días, y aunque se le autorizó, no hizo nada. Al dejar pasar los términos, como recordó el presidente, el juez dejó en libertad a unos 50 miembros de la banda criminal Guerreros Unidos, incluido Gildardo López Astudillo, "El Gil", quien dio la orden de matar a cuando menos 17 normalistas. De esos 50, Gómez Trejo reclutó a 20 como testigos colaboradores, incluido López Astudillo, a quien convirtió, autorizado y animado por Encinas, en "Juan", el principal testigo del caso, y quien imputó -algo que nunca hizo antes- a militares en la desaparición y asesinato de los normalistas. Era lo que ambos necesitaban para impulsar la teoría del crimen de estado.

López Obrador dijo que Gómez Trejo no cumplió con solicitar información a la CNDH. A lo que se refirió es que la investigación del crimen de la CNDH realizada por José Larrieta incluyó nuevos Protocolos de Estambul que confirmaban la tortura únicamente en 9 casos. Tampoco envió 114 restos óseos del basurero de Cocula -donde la verdad histórica establece que ahí incineraron a los normalistas- al laboratorio en Innsbruck, lo que siempre despertó dudas de por qué no lo hicieron. Se puede conjeturar que si resultara positivo el análisis, confirmaría una parte de la teoría de Murillo Karam, que la dupla quería desmontar.

Gómez Trejo no utilizó delitos para evitar que salieran los criminales de la cárcel, como acusarlos por secuestro, extorsión y contra la salud, sobre los cuales hay pruebas, pues de haberse quedado en prisión, no funcionaría a sus propósitos. Tampoco actuó contra José Luis Abarca, el alcalde de Iguala cuando se dio el crimen, señalado también por su relación con la desaparición, que pese a estar preso por recursos de procedencia ilícita, nunca le aseguró su centro joyero ni su plaza comercial Tamarindos en esa ciudad.

El ex fiscal renunció en septiembre de 2022, aparentemente como reacción a la cancelación de 20 órdenes de aprehensión -16 a militares-, sin que las hubiera autorizado él. Detrás de lo mediático, la renuncia se dio en el contexto de una auditoría interna que ordenó el fiscal Alejandro Gertz Manero, en donde encontraron irregularidades, ilegalidades y uso exclusivo de testigos colaboradores que no fueron corroborados con otros elementos de prueba.

Gómez Trejo huyó a Estados Unidos, escapando de posibles acusaciones penales en su contra, que deslizó el presidente ayer, podrían fincarle. Hay bases sólidas para ello, pero por más que intente deslindar de delitos el presidente a Encinas, no fue ajeno a las ilegalidades, sino un entusiasta apoyador del temerario ex fiscal.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador del 20 de octubre de 2023).

De todas las reformas que necesita el Poder Judicial, y vaya que requiere muchas, ninguna tiene nada que ver con lo que está haciendo Morena, por órdenes del presidente López Obrador, ni con lo que está proponiendo su candidata Claudia Sheinbaum. Una cosa es coincidir en que el Poder Judicial necesita grandes reformas y otra muy distinta es que lo que requiera este poder sea recorte y elección popular de sus miembros. Ambas son pésimas ideas.

¿Ganan mucho los jueces, magistrados y ministros de la Corte? Todo es relativo, pero si algo debemos tener claro es que los funcionarios mejor pagados del Estado deben ser los miembros del Poder Judicial, deben ganar más, mucho más que el presidente de la república, por una sencilla razón: nuestros jueces y magistrados deben ser funcionarios de carrera, que ganen el puesto por oposición, y aspiren a que su poder sea hacer justicia y equilibrar a los poderes, no hacer política.

Por tanto, y aquí la pésima idea de la propuesta de Claudia Sheinbaum (que ni siquiera puede presumir que sea propia, pues es una repetición de lo que dijo el presidente), los jueces jamás deben estar sujetos a la elección popular. Con lo único que deben quedar bien es con la ley. Su trabajo es que ésta se cumpla. No es con el pueblo, en abstracto, sino con la Constitución y a través de ello a cada uno de nosotros. Si los legisladores cambian la Constitución el deber del Poder Judicial es velar porque se cumpla lo que los legisladores decidieron, una vez revisado que lo hayan hecho correctamente, nada más. Elegir a jueces, magistrados y ministros de la Corte por voto popular desvirtúa la esencia de su trabajo. Ninguna de las 2 propuestas fortalece al Poder Judicial, todo lo contrario. Son populismo puro y duro.

México tiene un gravísimo problema de procuración y administración de justicia. Al Poder Judicial le toca solo juzgar. Investigar, llevar a juicio a los presuntos culpables y ejecutar las penas nada tiene que ver con este poder. Las 2 primeras tareas son menester de las procuradurías, hoy supuestamente autónomas. La última, administrar las cárceles, es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Por supuesto que hay corrupción en el Poder Judicial, aunque ni más ni menos que en las otros áreas de la cadena de administración de justicia. Es cierto, todo el proceso judicial necesita transparencia y eficiencia; y nada tiene que ver con recursos, ni con fideicomisos, ni con la elección directa o indirecta de sus miembros.

Lo que busca el presidente, secundado por su candidata, es debilitar al Poder Judicial, minar su credibilidad, de por sí mermada, para combatir mediáticamente sus resoluciones. Lo que está en juego es mucho más que los fideicomisos el los trabajadores del Poder Judicial, que en sí mismo es grave, sino el equilibrio de poderes de la República.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 19 de octubre de 2023).

Cada mes Enrique Alfaro nos reitera que Jalisco ha reducido la incidencia delictiva en más de la mitad. ¿Pero ese decremento tiene reflejo en la realidad y se debe al "buen trabajo" del gobierno como nos aseguran?

Además de las comparaciones a modo del gobierno estatal para maquillar las cifras delictivas, hay otro factor: el sistema de denuncias de la Fiscalía del Estado de Jalisco es de los peores en el país.

Comparto 4 datos a partir del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2023 del Inegi, un documento amplísimo y aún sin desmenuzar a fondo.

1. No hay personal suficiente. La fiscalía estatal reportó apenas 61 funcionarios y funcionarias dedicados a la atención ciudadana y recepción de denuncias. En el Estado de México hay 515 servidores públicos; en Sonora 246; en Nuevo León 222; en Guanajuato 173 y en Veracruz 113.

2. Una vez que denuncias, nadie te informa de los avances de tu expediente. La Fiscalía en Jalisco carece de un servicio clave a diferencia de otras fiscalías estatales: carece de un área de Seguimiento a Denuncias y Quejas (es recurrente la molestia de las víctimas que ignoran la evolución de sus expedientes). Esto desincentiva el seguimiento y ratificación de casos.

3. Las opciones para denunciar son obligatoriamente fijas y presenciales. La Fiscalía del Estado cuenta sólo con 12 módulos fijos y ninguno móvil de atención ciudadana para recibir y dar seguimiento a quejas y denuncias. El Estado de México, Michoacán y San Luis Potosí, por poner un ejemplo, tienen casi medio centenar cada uno. Por otra parte, la Ciudad de México reporta un módulo móvil.

4. Finalmente Jalisco informó que carece de mecanismos para el registro de denuncias vía correo electrónico, página web, mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones móviles.

No obstante, en la página web de la Fiscalía estatal se ofrece el servicio para realizar 3 tipos de denuncias en línea: extravío de documentos, extravío de placas y extravío de teléfono (ninguno de los delitos "que más lastiman a los jaliscienses"). En cambio, el Estado de México cuenta con un portal de "Pre denuncia en línea" de robo de objetos y robo de vehículos. El año pasado registró más de 143,000 querellas por esta vía.

Si las víctimas no denuncian, no significa que hay menos delitos, sino más apatía ante las instituciones de procuración de justicia y menos mecanismos efectivos para querellarse. La desconfianza y la dificultad para interponer una denuncia son un factor que no se ha discutido ni seria ni suficientemente ante esta "disminución histórica" de la incidencia delictiva.

Jonathan Lomelí(v.pág.3 del periódico El Informador del 18 de octubre de 2023).

¿Quién cambiaría una estrategia que está dando resultados... si en 5 años hemos bajado 24% la incidencia delictiva, 80% los secuestros en nuestro país?, ¿cómo cambiar la estrategia de seguridad si hoy estamos teniendo estos resultados? Pregunta, oronda y segura de sí misma la secretaria de Gobernación, María Alcalde, ante una Cámara de Diputados llena y con una mayoría dispuesta a aplaudir.

Un par de preguntas para la secretaria, esas que no hicieron los diputados: 1: ¿bajó el índice delictivo o se redujo el índice de denuncias? Y 2: ¿dónde y cómo contabilizamos a los desaparecidos?

Para ayudarla a contestar la 1a. pregunta valgan algunos datos ilustrativos. Sólo hay 2 delitos en los que no hay cifra negra, el asesinato y el robo de autos. El primero se contabiliza el día que se encuentra el cadáver, independientemente de que se denuncie o no. En el robo de autos prácticamente todos los delitos se denuncian, sea para cobrar el seguro o sólo para asegurar que no te atribuyan un delito que se cometa en un auto que está a tu nombre. Pues bien, entre el 2022 y el 2023 los asesinatos se redujeron 1.2%, contabilizados del 1 de enero al 11 de octubre de cada año para que no haya engaño: mismos días de un año a otro. Más aún, los 73 asesinatos diarios en promedio en los últimos 2 años son más que los 71 al día durante el sexenio de Peña Nieto. En robo de autos las cosas no están mejores. De un año a otro la diferencia es nula, 0.01%. Son 435 autos diarios los que se roban frente a 202 en promedio en el sexenio de Peña Nieto ¿Qué celebra, señora ministra, qué celebra?

En el caso del secuestro la cifra es todavía más engañosa. Aceptando sin chistar que hay 80% menos de denuncias por secuestro la pregunta es dónde contabilizamos a los desaparecidos. Pasamos de un promedio diario de 25 personas desaparecidas y no localizadas en 2022 a 31.8 diarias en lo que va de este año. La crisis es tan brutal y la visión del gobierno tan obtusa ante el problema que provocó la renuncia de la comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana. ¿Qué defiende, señora ministra, qué defiende?

Nomás para no dejar, revisemos la impunidad. En delitos del fuero común está en 96.3%, esto es, sólo se resuelven 3.7% de los casos. En 2018 el índice de impunidad estaba en 96.1. En el caso de los delitos federales, el último dato sobre la impunidad es de 2022, que fue también 96.1 frente a 94.6 del 2018.

Tiene razón, secretaria, ¿por qué alguien desearía cambiar la estrategia de seguridad si vamos tan, pero tan bien?

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 16 de octubre de 2023).

Para atajar las imputaciones de que el Ejército era responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente atropelló, como también suele hacerlo, a la Comisión de la Verdad que él creó, y desmintió su acusación que el Ejército obstruía y destruía documentos del período de la Guerra Sucia, y soltó una frase inaudita: "Yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda que hay injerencia de... grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación, yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de seguridad para ir a fondo".

En el bloque de "grupos conservadores", como lo ha dicho antes, incluye al ex fiscal para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, a las organizaciones mexicanas defensoras de derechos humanos, los abogados de las víctimas, la prensa, la oposición y toda aquella persona o ente que haya dicho algo distinto a lo que piensa López Obrador. La verborrea, en todo caso, es lo de menos. Lo de más es que informó en Palacio Nacional que estaba usurpando funciones.

López Obrador no puede conducir una investigación, porque es una invasión de esferas y atribuciones. La responsabilidad de investigar le corresponde al Ministerio Público, no al presidente. El Ministerio Público, en este caso federal, depende de la Fiscalía General de la República, que se ha cansado de repetir que es autónoma. Al afirmar que él dirige la investigación de manera directa está violando la ley y pisoteando el Estado de Derecho. Para efectos de argumentación, si fuera exitoso en llegar a la verdad verdadera de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus conclusiones no podrían ser judicializadas porque carece de representatividad, y por tanto, serían desechadas por un juez.

Cuando queda tan clara la intromisión en asuntos que no le competen, como en tantos a lo largo de su sexenio, se puede entender que el colapso de los casos y los amparos en contra de sus políticas, no tienen que ver con ese enfoque conspiracionista patológico que sostiene, sino con la incompetencia de su gestión. La declaración sobre el Caso Ayotzinapa es la rúbrica de su desaseo.

Lo que dijo ayer forma parte de una serie de declaraciones extrañas que ha hecho en las últimas semanas, donde no parece entender los temas ni ver la dimensión de las galimatías políticas y legales en las que incurre. Varias de ellas son contradictorias, que es lo que sucedió ayer sobre el Caso Colosio.

Comenzó aludiendo una columna en este espacio sobre lo que debería ser la inminente liberación de Mario Aburto -jurídicamente justificada, como se planteó en un 2o. texto aquí-, donde se argumentó con información que ello formaba parte de una estrategia que eventualmente pudiera ser utilizado el asesino de Colosio para acusar al ex presidente Carlos Salinas de tortura y que fuera parte de su narrativa de campaña el próximo año. López Obrador apoyó su crítica a quien esto escribe, diciendo que él no era perverso, ni actuaba de esa manera.

Pero momentos después, dijo que cuando asesinaron a Colosio "llegué a la conclusión de que fue un crimen de estado, y en esos casos, si no hay voluntad, lleva mucho para esclarecerse". Un crimen de estado es cuando lo cometen las autoridades de un Estado o por particulares que actúan en complicidad con ellas, por lo que, agregó, deberían de ampliarse las investigaciones porque "ese tipo de casos no prescriben". Vaya desorden en la cabeza del presidente.

Aburto recuperará su libertad porque fue juzgado indebidamente en un tribunal federal, pese a que Colosio no era funcionario en el momento del asesinato, que lo condenó bajo el Código Penal Federal. Su defensa alegó que era un homicidio del fuero común que debió juzgarse bajo el Código Penal de Baja California, cuya pena máxima concluye el próximo 24 de marzo. Ignorando lo que dice la ley, dijo que cuando se trata del asesinato de un candidato presidencial, no puede tratarse como un delito del fuero común, dejando abierto el camino de la persecución de Salinas.

El sabor de boca que deja la mañanera de ayer es que hemos perdido al presidente, al enseñar una brújula desorientada, asumiendo funciones y decisiones que no le competen, donde viola la ley pero, sobre todo, estableciendo una cadena de mando sobre ilegalidades que terminan en él, lo que en un momento futuro, le podrían traer serios problemas de orden penal.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4 del periódico El Informador del 13 de octubre de 2023).

¿Por qué nadie persigue los delitos sexuales de Naasón Joaquín García en México? Por la misma razón que nunca fueron investigadas, no digamos castigadas, las denuncias por delitos sexuales de personajes como Marcial Maciel o el mismo padre de Naasón, Samuel Joaquín Flores, y decenas de otros líderes religiosos. Es cierto que en los últimos años se procesó a algunos sacerdotes pederastas, qué bueno que estén en la cárcel, pero ninguno de ellos era un jerarca importante.

Todas las iglesias tienden a proteger a sus delincuentes sexuales. En parte es un tema económico: las instituciones tienen que responder por las demandas civiles en su contra, sobre todo cuando desde la jerarquía se protegió y se protege a pederastas y violadores. Los delincuentes no son, por supuesto, la mayoría en ninguna iglesia y nada tienen que ver con las creencias. Sin embargo, la protección de estos predadores sexuales fue una política sistemática en las iglesias con el argumento que había un bien superior a proteger: la imagen de las instituciones ante sus creyentes. El ocultamiento de delitos y delincuentes por parte de las iglesias es éticamente reprobable, y también podemos decir que económicamente explicable. No así la complicidad y pasividad de las autoridades, desde gobernadores y presidentes hasta fiscalías estatales y federales. Por razones electorales o de complicidad de poder, en México ningún gobierno quiere tener problemas con las iglesias.

En el documental "La oscuridad de la Luz del Mundo" que está ya en la plataforma de Netflix, uno de los testigos narra cómo 2 agentes agentes investigadores de la Policía Judicial de Jalisco interrogaron muertos de miedo y a domicilio a Samuel Joaquín Flores tras las denuncias por violación en los años 90 para luego archivar la denuncia. Ni qué decidir de la protección a al sacerdote pederasta Marcial Maciel desde Los Pinos en tiempos del presidente Zedillo. La impunidad es la norma.

En defensa del estado laico, del derecho de todos los ciudadanos a creer en lo que queramos, los gobiernos deberían fiscalizar más a las iglesias. No, por supuesto, en lo referente a su cuerpo de creencias, eso es decisión y responsabilidad de los creyentes, pero sí en lo que tiene que ver con sus finanzas, ingresos y gastos. Que estén exentas del pago de impuestos no significa que no deban rendir cuentas. La impunidad de personajes como Naasón Joaquín o Marcial Maciel está directamente ligada a su poderío económico nunca fiscalizado.

En el origen fue el dinero, el dinero se convirtió en poder y el poder les permitió habitar impunemente entre nosotros. Si Maciel fue defenestrado, si Naasón Joaquín está preso, no es por las autoridades mexicanas que no sólo han sido omisas sino en muchos casos cómplices de estos delincuentes. Aunque a las iglesias no les guste, tenemos que hablar de lo que pasa en ellas.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 9 de octubre de 2023).

En México existe "una situación generalizada de desapariciones" y "la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación", de este delito por lo que existe una impunidad casi absoluta para castigar este fenómeno. Asimismo, es de suma preocupación el aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. Estas son algunas de las principales conclusiones y recomendaciones que el pasado 29 de septiembre dio a conocer el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) en un informe en el que establece conclusiones después de su visita al país en noviembre de 2021 y del diálogo que establecieron con algunos funcionarios del gobierno mexicano entre el 13 y 15 de septiembre de este año, durante la 25ª sesión del Comité celebrada en Ginebra, Suiza.

El CED forma parte de las agencias de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la que México forma parte.

En ese contexto, el gobierno mexicano aceptó la visita de una comisión del CED en noviembre de 2021, posteriormente ha emitido observaciones que han sido respondidas por el Estado mexicano, quien reconoce la competencia de esta instancia de la ONU para revisar la política mexicana en materia de desaparición de personas, incluidas las desapariciones forzadas.

Si bien es de sobra conocido en el país que la crisis por desaparición de personas es uno de los problemas sociales y políticos más graves que aquejan a la sociedad mexicana, no deja de llamar la atención la afirmación de este comité de la ONU de que en el país existe "una situación generalizada de desapariciones" con más de 111,000 personas ausentes.

En el "informe final sobre la información complementaria presentada por México" se hace un repaso general a la situación de las desapariciones en el país y somete a revisión la política pública sobre este fenómeno, y luego establece decenas de recomendaciones al Estado mexicano.

En concreto, los integrantes del CED dividieron su análisis en 4 apartados: a) política nacional de prevención y erradicación de desapariciones; b) la investigación y justicia; c) búsqueda y coordinación efectiva; y d) identificación y entrega de restos de personas fallecidas.

Sobre el 1er. apartado concluye la alarmante situación de "desapariciones generalizadas" que existe en el país, así como la "ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones" y el escaso impacto de las mesas de seguridad nacional y estatales para la construcción de la paz en la prevención y erradicación de este crimen; a la vez que cuestiona que las autoridades mexicanas no reconozcan la "responsabilidad de los agentes estatales" en los casos de desapariciones forzadas, cuestiona "la ineficacia de las medidas adoptadas para combatir las causas estructurales de la impunidad". En este punto, subraya la gran cantidad de personas desaparecidas que existen en el país y los pocos casos de personas detenidas por este delito, lo que revela la situación casi generalizada de impunidad que impera en México. El documento de la CED 18 páginas establece más de 50 recomendaciones al Estado mexicano para tratar de contener y sancionar este delito y entre otras cuestiona la política de militarización de la seguridad pública y pide establecer un plazo para que estas tareas sean asumidas plenamente por policías y mandos civiles. Hacia final del documento, los integrantes del CED hacen patente la grave crisis forense que existe en el país con más de 53,000 restos humanos sin identificar en los servicios forenses de todo el país.

El informe del CED ha sido acogido con beneplácito por los colectivos de familiares que buscan a sus desparecidos, y llaman al Estado mexicano a acatar y aplicar sus recomendaciones, con la esperanza de que así sea posible detener la crisis por desapariciones en México y que pone al país en el epicentro mundial de este fenómeno.

Rubén Martín
(v.pág.2 del periódico El Informador del 7 de octubre de 2023).

En su discurso inaugural del Zócalo de la Ciudad de México, cuando dio a conocer sus 100 compromisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió: "Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables". Este pasado 2 de octubre afirmó: "Yo hice 100 compromisos y solamente me queda uno, que es ese".

Hay buenas razones para cuestionar que, de sus 100 compromisos, solo le falte este por cumplir. El caso Iguala, sin embargo, ha sido un fracaso mucho mayor de lo que él mismo admite. Permitir la liberación de los responsables de la matanza y encarcelar a quienes investigaron el caso y detuvieron a los perpetradores no es un error, es una injusticia monumental.

Este 2 de octubre el presidente reconoció cándidamente que, para detener al exprocurador Jesús Murillo Karam y ordenar la aprehensión del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, tuvo primero un acuerdo con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar: "Entonces, nos reunimos una vez que tenemos el reporte [de Alejandro Encinas], porque habíamos llegado a un acuerdo con el presidente de la Corte, con el fiscal, de que este era un asunto de Estado y que teníamos que ir a fondo y ayudarlos para conocer la verdad y hacer justicia". Es una confesión de parte. El presidente no puede lícitamente dar instrucciones a un fiscal independiente y al presidente de la Corte para coordinar acusaciones contra nadie.

Claro que "ahí pasó algo muy raro: hubo una rebelión en la Fiscalía General y en la fiscalía especial y se negaron", señaló AMLO. "Esto el fiscal especial lo acaba de decir, lo reconoce". Pero por supuesto que hubo una rebelión. Cualquier abogado sabe que no es lícito encarcelar a un procurador por proponer una tesis sobre un crimen, aunque sea incorrecta, y la tesis de Murillo Karam, la "verdad histórica", fue ratificada en los tribunales que procesaron a más de un centenar de responsables de la matanza de los normalistas. El indebido encarcelamiento de Murillo Karam se convierte en un abuso de Estado cuando lo acuerdan el presidente, el fiscal general y el presidente de la Corte. Un acuerdo entre funcionarios para llevar a cabo una privación ilegal de la libertad es un acto de asociación delictuosa.

A Murillo Karam, en una venganza política, le hicieron acusaciones de todo tipo. La de "delitos contra la administración de justicia" podría sostenerse con el argumento de que su hipótesis sobre lo sucedido en Iguala fue no solo falsa sino dolosa, pero habría que comprobar el dolo y no se entiende, entonces, por qué la actual hipótesis de Encinas es virtualmente la misma. La de tortura se cae por su propio peso: nadie ha señalado al exprocurador de haber torturado a nadie o de haber dado instrucciones para hacerlo. La de desaparición forzada es alucinante: significaría que el exprocurador secuestró u ordenó el secuestro de los normalistas. No hay ni el más remoto indicio de ello.

Este 3 de octubre el presidente exclamó, quizá para quedar bien con sus simpatizantes de izquierda: "Claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo aclarar las cosas y no fabricar mentiras". Pero quien ha fabricado mentiras es él, en confabulación con el fiscal general y el expresidente de la Corte. Podemos decir que "Fue el Estado", pero no en la matanza de los normalistas, sino en la invención de una hipótesis sin sustento, en la liberación de los responsables de la masacre de estudiantes y en el encarcelamiento de un exprocurador por el delito de aprehender a los criminales.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 5 de octubre de 2023).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer recientemente los datos oficiales sobre la mortalidad en nuestro país. En ello destaca la cifra definitiva sobre defunciones por lesiones intencionales (homicidio doloso), las cuales ascienden a 32,223 víctimas, cifra apenas comparable con la del año 2017, cuando en la administración pasada el país ya se consideraba un infierno.

Es cierto que se trata de la menor cifra de esta administración, pero debe subrayarse que estamos en el periodo más violento desde al menos el año de 1990. Y para ponerla en perspectiva, la cifra del 2022 es 363% superior a la registrada en el año 2007, cuando el registro fue de 8,867 víctimas de homicidio intencional. Igualmente, si se compara con la mejor cifra de la administración 2012-2018, la cual se registró en 2014, la diferencia absoluta es de 12,213 víctimas, y en términos relativos, es 61% mayor.

Este dato es preocupante y doloroso a la vez, más aún si se entiende en el contexto de violencia social generalizada en que nos encontramos. Desde esa perspectiva, se hace necesario pensar una vez más en las responsabilidades y competencias asignadas en la investigación y persecución del delito. Porque hoy todo se confunde y permite evasiones y argumentos fáciles para evitar la responsabilidad política que se tiene ante la violencia y la delincuencia.

Hoy se tienen a la mayor corporación policíaca federal de nuestra historia. Pero su incidencia en la reducción de la criminalidad y la violencia está resultando marginal. Se permite incluso la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y el escenario, lejos de mejorar, incorpora cada vez más elementos de terror y amenazas a la población.

Aunque es difícil realizar una lista exhaustiva del conjunto de atrocidades que se ven todos los días en el país, es importante nombrarlas, a fin de evitar su invisibilidad, pero, sobre todo, hacer un llamado a que las autoridades, de todos los niveles, construyan lo que es necesario y urgente para detenerlas. En efecto, el terror tiene nombres cada vez más siniestros: extorsión, quema de viviendas, cobro de piso, robo en vía pública o transporte público, robos a particulares en carreteras, quema y destrucción de negocios, secuestro, desaparición forzada, lesiones dolosas, violación y el resto de los delitos sexuales; y en el ámbito de la vida privada, los feminicidios, la violencia familiar, el incumplimiento de responsabilidades familiares y el conjunto de delitos que atentan contra las familias.

Como se observa, si la violencia homicida un indicador síntesis de las condiciones generales del país, esta no debe llevarnos a perder de vista que en realidad debe hablarse en plural, de violencias, pues son múltiples y todas ellas con rostros horrendos.

Podrá decirse que todo esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo; y es cierto; pero la diferencia hoy es que se comente en una escala masiva, nunca antes imaginada, y que ha llenado de temor, angustia y llanto a prácticamente todos los municipios del país. En efecto, no hay una entidad de la república que no tenga una tasa delictiva superior a la de los países con sociedades pacíficas y en los que se ha conseguido construir un estricto apego a la legalidad y una intolerancia social generalizada a la corrupción y a la violencia.

No hay evidencia respecto de que la reducción en el número de homicidios registrados en el último año sea producto de la estrategia que se sigue en materia de seguridad pública. Y antes bien, pareciera que se debe a reacomodos y a formas de intervención de los grupos delincuenciales, que en cualquier momento pudiera llevarnos a una nueva escalada que definitivamente nadie puede querer.

Mario Luis Fuentes, investigador del PUED-UNAM
(v.pág.3 del periódico El Informador del 2 de octubre de 2023).

No, señor Presidente. El afectado con estos hechos no es usted, sino el país y todos los mexicanos que sufrimos las consecuencias de su absurda política de "abrazos, no balazos". La información e imágenes de lo que ocurre en el país, y que de alguna manera le es desfavorable, no son propaganda.

Propaganda es presentar información parcial o sesgada para influir una audiencia. Mostrar videos auténticos, informar la realidad de lo que ocurre es simplemente el derecho humano de acceso a la información, derecho clave para la libertad de pensamiento y opinión de las personas.

Su discurso de que "la violencia no se combate con violencia" no lo hará pasar a la historia como un "humanista", sino como un iluso con delirios de grandeza, como un remedo cómico de Gandhi, quien en un contexto distinto y por razones completamente diferentes veía en la no violencia una forma de lucha más auténtica y efectiva que la simple ley del talión, que acaba multiplicando por 2 la maldad.

La India de hace un siglo no es el México de hoy. La lucha pacífica de ciudadanos en contra de la discriminación y la opresión de un gobierno no es lo mismo que la lucha de un gobierno establecido contra delincuentes, narcotraficantes y asesinos que todos los días matan, secuestran y extorsionan impunemente a miles de personas. En este caso el presidente no es un ciudadano inconforme que lucha contra el Estado; es y representa al Estado mismo, y su inacción incumple con la jurada obligación de respetar y hacer respetar la ley.

Cada vez que ocurre una masacre, cada vez que asesinan a alguien en algún lugar del país, cada vez que los narcotraficantes agreden y retan impunemente al Estado, en lugar de actuar y usar la fuerza pública para mantener el control y el Estado de Derecho, lo único que el gobierno hace es "desplegar" elementos de la Guardia Nacional, pero siempre después de los hechos. Nunca antes ni durante. Son expertos en acordonar sitios a posteriori y en organizar faramallas de seguridad con camiones camuflados repletos de soldados armados circulando por las ciudades. Despliegues y movilizaciones militares que no sirven más que para hacer como que hacen, porque al final todo sigue igual.

De este victorioso narcodesfile en Chiapas, que mostró poderío y control territorial por encima del gobierno, el presidente dijo también que se trató de un hecho único, aislado, pues "no es que el narcotráfico controle otros estados o por completo Chiapas".

Pues no, efectivamente el narco no controla estados por completo, pero es un hecho y con sus declaraciones así lo admite, que controlan parte de ellos.

Las preguntas entonces son: si el narco controla no todo, pero sí una parte del país o, aunque fuese una sola población, ¿no es eso motivo suficiente para que el Estado intervenga y recupere el control? ¿Cuántos estados o municipios necesitan estar al mando de narcotraficantes para considerar a México un narcoestado? ¿Cuántos muertos tiene que haber, cuántas industrias, comercios y ciudadanos debemos pagar derecho de piso, derechos de paso y extorsiones para que se justifique el uso de la fuerza pública?

¿Por qué si es sabido dónde y quién controla municipios enteros, por qué si todo esto es un "secreto a voces", el Estado no actúa en defensa de los ciudadanos, del Estado de Derecho y del mismísimo territorio nacional?

Sólo encuentro una respuesta lógica que cuadra con todo: el Estado y el crimen organizado son uno mismo.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(29 de septiembre de 2023).

Fueron cientos los que formaron parte de la marcha llevada a cabo en la capital del país para acompañar a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos hace 9 años en Ayotzinapa. En la concentración del martes por noche en el Zócalo -frente a Palacio Nacional que estaba cercado con vallas de metal-, se escuchaban los gritos de "26 de septiembre no se olvida, es de lucha combativa" y se veían pintas con leyendas de "Fue el Ejército" o "Narco Estado Militar". En ese contexto, todo estaba dentro del marco de la ley.

Lo que no estaba en el sentido de lo que la ley permite, fueron las demostraciones de violencia -ya recurrentes en cualquier tipo de protesta-, en donde sujetos vestidos de duelo -negro-, supuestamente en apoyo a los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes hicieron de la suyas para cometer desmanes en comercios aledaños a Palacio Nacional, lanzando petardos, destruyendo cristales y mobiliario de negocios -como el restaurante Sonora Grill, la cafetería Starbucks, una sucursal bancaria de HSBC, etc.-, pintaron paredes de edificios y monumentos públicos, además del pánico que provocaron entre comensales, clientes y transeúntes.

Nuestra Constitución es muy clara en lo que se refiere a "el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito", como lo señala el Artículo 9. Pero en ese mismo mismo precepto constitucional -mismo párrafo- se señala que "No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, NI SE HICIERE USO DE VIOLENCIA O AMENAZAS para intimidarla u obligada a resolver en el sentido que se desee". Y la violencia existió con el destrozo de inmuebles, mobiliario y lanzamiento de petardos y bombas molotov.

La libertad que nos proporciona la misma Constitución y la garantía de manifestarnos para expresar nuestras inquietudes, nosotros mismos las invalidamos con estas actitudes de violencia innecesaria, que desafortunadamente es provocada por personas ajenas a los movimientos que claman -en este caso- más que saber la 'histórica verdad', es que se haga justicia de la injusticia cometida.

Sin embargo, así como tenemos el derecho a manifestarnos, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar nuestra protección. Y en la manifestación del martes, a pesar de las ilegales acciones de algunos sujetos inmiscuidos en el evento, nunca hizo acto de presencia la autoridad o representación de seguridad del Estado para que la protesta se llevara dentro del marco de la ley.

El vandalismo que hubo justificaba la presencia de los cuerpos de seguridad -llámese policía de la Ciudad de México o Guardia Nacional-, que nunca aparecieron. Fue algo insólito, como inaudito fue ver los videos de las redes sociales del pasado fin de semana en Chiapas, donde integrantes de grupos delincuenciales 'desfilaban' entre vítores por las carreteras como si hubieran ganado el Super Bowl, donde tampoco aparecieron las fuerzas del orden público. Entonces, ¿a qué se dedican?

Daniel Rodríguez
(v.periódico El Informador en línea del 28 de septiembre de 2023).

Omar Gómez Trejo, el 1er. fiscal para el Caso Ayotzinapa en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha detonado una bomba con repercusiones inimaginables, que aniquila la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador para a esclarecer los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, y que coloca a varios miembros del gobierno y al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el umbral de procesos penales.

La bomba de Gómez Trejo, que renunció a finales de septiembre del año pasado y huyó a Estados Unidos por temor a represalias, se detonó en sintonía con el 9o. año de la desaparición en Iguala de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al difundirse una entrevista que le hizo John Gibler, periodista estadounidense con amplia experiencia en México, para Quinto Elemento Lab, y que publicó este martes Animal Político. Sus palabras son demoledoras.

Gómez Trejo revela un desayuno el 15 de agosto de 2022 donde López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar -cuya participación y complicidad es inexplicable-, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, donde, sugirió a Gibler, todos se pusieron de acuerdo y dieron luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del Caso Ayotzinapa.

Lo que detalla el ex fiscal son invenciones y encubrimiento de ese grupo que se reunió en Palacio Nacional, que paradójicamente son las mismas imputaciones que hizo Encinas contra el gobierno peñista, por lo que está preso el ex procurador general, Jesús Murillo Karam. Encinas sale crucificado, no sólo por haber cometido los mismos presuntos delitos que le cargaron a Murillo Karam, sino por dejarlo exhibido por haber inventado mensajes de chats que utilizó para acusar a militares de rango de estar vinculados con el crimen, y por haber utilizado a un testigo protegido identificado como "Carla", como refuerzo de sus acusaciones.

La publicación de la entrevista apuntala las críticas contra Encinas de los padres de los normalistas y de Vidulfo Rosales, la cabeza más visible de su equipo de abogados, que tras reunirse con él y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el lunes por la noche, denunciaron que el gobierno de López Obrador regresó a la narrativa de la "verdad histórica" del gobierno de Peña Nieto, y de querer criminalizar a los normalistas, señalando que la escuela estaba infiltrada por la banda criminal de Los Rojos, como lo hizo también Murillo Karam.

Sin embargo, como todas las cosas, las revelaciones que levantarán ámpulas y serán motivo probablemente de denuncias penales contra los señalados, tiene muchas otras caras. Una tiene que ver con el propio Gómez Trejo, artífice central para allegarse de los criminales de Guerreros Unidos como testigos cooperantes, y utilizarlos para llevar al banquillo de los acusados al Ejército y al Estado Mexicano. 2 testigos claves para ese propósito fueron parte de su creación, estimulado y apoyado todo el tiempo por Encinas: "Juan", Gildardo López Astudillo, El Gil, jefe de plaza y sicarios de Guerreros Unidos en Iguala, que dio la orden de asesinar a los normalistas, y "Carla", cuyo nombre se desconoce, pero era un halcón de la banda criminal.

Gibler, que revisó declaraciones ministeriales, asegura que "Carla" mintió. El "halcón" de Guerreros Unidos fue reclutado por Gómez Trejo, al igual que hizo con unos 20 miembros de Guerreros Unidos, para manipular las declaraciones de los criminales -dispuestos a todo, a cambio de su libertad-, para acusar a militares y funcionarios y construir lo que Encinas llamó la "verdad alterna". El periodista también encontró que "Juan" mintió. El principal testigo de Encinas y Gómez Trejo declaró más de 6 veces, hasta que su relato se fue acomodando a la "verdad alterna".

Decenas de Guerreros Unidos fueron puestos en libertad por un juez en Tamaulipas porque sus declaraciones habían sido extraídas mediante torturas, pero Gómez Trejo, en lugar de subsanar los errores de las consignaciones de Murillo Karam con pruebas supervenientes, dejó correr los plazos legales -incurriendo en probables responsabilidades penales y administrativas-, para aliarse con los delincuentes y hacerlos testigos cooperantes.

En la entrevista, el ex fiscal le hizo 2 revelaciones fundamentales a Gibler. Una fue la orden de Gertz Manero para judicializar al vapor la acusación contra Murillo Karam, a quien estaba investigando pero no podía probar aún la cadena de mando que lo inculpara, lo que exhibe desde adentro la fabricación de casos en la Fiscalía General. Gómez Trejo no renunció por esa razón, ni por los inventos de Encinas con los chats, pero dejó entrever que se estaba cerrando un cerco en torno a él. Un 1er, golpe, como se aprecia en la entrevista, fue el 30 de agosto de 2022, 15 días después del desayuno donde sugiere se fraguó el encubrimiento del gobierno de López Obrador.

Gómez Trejo acaba de regresar de Tel Aviv, muy optimista por la posibilidad de que el gobierno israelí extraditara Tomás Zerón, que fue el investigador en jefe del Caso Ayotzinapa en el gobierno de Peña Nieto, pero Gertz Manero, en lugar de celebrarlo, le dijo que dejara de investigar porque se iban a realizar auditorías en la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa que él encabezaba. En la entrevista no emergen los detalles de las auditorías, pero ha trascendido que entre lo que le encontraron fue el uso excesivo e ilegal de "Juan", cuyas declaraciones no fueron corroboradas ni se verificaron los datos que aportó.

La bomba del ex fiscal también le impacta a él, cuya magnitud podría alcanzar a verse si el gobierno difunde los resultados de las auditorías. Por lo pronto, parece que Gómez Trejo buscó un golpe preventivo, que se empezó a dar con la publicación de más de 20,000 chats de la DEA sobre Guerreros Unidos en The New York Times, y que continuó con la entrevista. La partida la va ganando Gómez Trejo, aunque en el camino sigue sumando enemigos con capacidad para revirarle, política y legalmente, con fuerza.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador del 27 de septiembre de 2023).

En la mañanera del día de ayer el presidente se enfrascó en una absurda discusión con un reportero en la que sostuvo que él tenía otro punto de vista sobre lo que había sucedido en Chiapas: para él todo lo que se publica en medios que no están bajo su control es una exageración de sus adversarios los conservadores.

El desfile triunfal de un grupo del crimen organizado entre San Gregorio Chamic y Frontera Comalapa, en Chiapas, fue sin duda una acción propagandística del cártel y muy probablemente los aplaudidores estaban ahí porque les pagaron o los amenazaron. Eso es lo de menos, la pregunta es cómo llegaron hasta allá los sicarios, pues es evidente que las camionetas blindadas y artilladas no fueron fabricadas en el pueblo vecino, sino que atravesaron el territorio nacional en absoluta y feliz impunidad. El Ejército, la Guardia Nacional, al menos 10 policías estatales y cerca de 100 corporaciones de policía municipal los vieron pasar de un municipio a otro, de un estado a otro, de una zona militar a otra, sin que nadie chistara.

Para el presidente, una manifestación como esta no es grave. Es un acto propagandístico que en nada modifica el estado actual de la seguridad. Y tiene razón, aunque no por las razones que él esgrime. El problema no es la impunidad como la que se manifestó con el desfile de este grupo, sino la impunidad generalizada en la que vivimos. La marcha triunfal es sólo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda que se llama control territorial y pérdida de territorios por parte del Estado mexicano. Lo que muestra y demuestra este video terrible es que los programas de apoyo gubernamental no bastan para quitarle la base social al crimen organizado. Combatir la pobreza es un imperativo ético, es una necesidad económica y social, o cualquier otra cosa que se quiera, todo menos una política de seguridad.

La paz es mucho más que la ausencia de guerra; es una construcción social que permite la convivencia en igualdad ante la ley. Dicho de otro modo, no basta con que las fuerzas del Estado no disparen para construir la paz, es necesario que se construya un Estado de Derecho en el que no se necesario vitorear a ningún grupo de crimen organizado ni al arribo tardío y reactivo de las fuerzas armadas.

La diferencia entre un estadista y un politiquero, para usar las palabras del propio presidente, es que el primero busca generar políticas para que las cosas estén mejor y el segundo sólo busca convencernos de que las cosas están mejor. Negar todo, incluso la verdad, es un acto de propaganda tan descarado y reprobable como el de los grupos de crimen organizado.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 26 de septiembre de 2023).

El sábado se registró la narco-caravana de sicarios del cártel de Sinaloa, en la que recibieron aplausos y vítores de los pobladores de los municipios chiapanecos de Frontera Comalpa y San Gregorio Chamic, que colindan con el país de Guatemala.

Ahí lo grave fue que los habitantes atribuyeron la recuperación de las carreteras bloqueadas por el cartel Nueva Generación y que habían paralizado la economía de esa zona, a la llegada del cártel Sinaloa y no a las autoridades, que brillan por su ausencia en esa región, que como muchas otras en el país, están sometidas y bajo el control del crimen organizado. Aunque en las mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador lo minimice y denuncie que es amarillismo de los demonios del conservadurismo para afectar a su gobierno.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 26 de septiembre de 2023).

Hace unos días llegó a la redacción la denuncia de varios padres de familia que meses atrás identificaron que el ex profesor de futbol de sus hijos en el parque de la Plaza de La Bandera, José Martín "N", les hacía insinuaciones explícitas de contenido sexual y les pedía a las niñas fotografías desnudas.

Las primeras denuncias se presentaron en febrero de este año. La madre de familia de 2 de esos niños recibió los folios correspondientes, apoyo psicológico para los menores e incluso un botón de pánico. La investigación quedó en la carpeta, punto. Luego vinieron otras más. Pese a que las denuncias se iban acumulando no se avanzó en las investigaciones, el sujeto en cuestión cambió de domicilio y no ha puesto un pie en la Fiscalía.

Hace 3 años que la Ley Olimpia se aprobó en Jalisco; sin embargo, se estima que hay aproximadamente un 96% de impunidad en los delitos que ésta persigue. De las más de 1,200 denuncias que la Fiscalía del Estado recibió el año pasado, se judicializaron menos de 50 de ellas, lo que deja en el limbo cualquier cantidad de abusos para que los ciberacosadores encuentren nuevas víctimas.

Evidentemente corresponde a los padres proteger la integridad de los hijos, pero también es una responsabilidad de las autoridades sancionar como corresponde a un hombre que hostiga a menores de edad, ya que no se trata de la acusación de un niño sin manera de comprobar lo que dice, son varios y hay mensajes que lo prueban, pero aún así el sujeto sigue libre ¿qué está mal en la ecuación? ¿Acaso no brindar justicia no es una forma de revictimizar? Quiero pensar que no es necesario involucrar a otros organismos para obtener la sanción que corresponde y evitar que haya más casos como este, porque imagino que para todos lo más importante es el interés superior de la niñez.

Gabiela Aguilar
(v.pág.3 del periódico El Informador del 26 de septiembre de 2023).

A 9 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, están en la cárcel el ex procurador general Jesús Murillo Karam, el general José Rodríguez, que era el comandante del 27º Batallón de Infantería en esa ciudad, otros 5 militares de menor rango, Tomás Zerón, el jefe investigador del caso se encuentra prófugo y hay órdenes de aprehensión contra otros 20 militares en activo y en retiro. En cambio, decenas de miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, los autores materiales de la desaparición, están libres.

Los criminales se han vuelto aliados del ala civil del gobierno federal. Gildardo López Astudillo, "El Gil", jefe de los sicarios de la banda Guerreros Unidos en Iguala, y a quien el subprocurador de Derechos Humanos llamó como uno de los "principales perpetradores" de la desaparición de los normalistas -la PGR de Peña Nieto lo identificó como quien dio la orden para incinerarlos-, es ahora el testigo estrella del gobierno para acusar a generales y soldados del crimen. Otras 2 decenas de Guerreros Unidos son testigos colaboradores, como Patricio Reyes Landa, "El Pato", y Agustín García Reyes, "El Chereje", quienes participaron en la detención y desaparición de los normalistas.

Es el mundo al revés.

En el sexenio pasado se persiguió a los criminales y los metieron a la cárcel, aunque salieron todos porque un juez en Tamaulipas determinó que habían sido torturados. El ex fiscal Omar Gómez Trejo no hizo nada por evitarlo, lo que de alguna forma se entiende. Antes de ser nombrado fiscal fue secretario técnico del Grupo Interdisciplnario de Expertos Independientes (GIEI), que siempre quiso culpar al gobierno y particularmente al Ejército del crimen, y al no presentar pruebas supervenientes para mantenerlos en la cárcel -respaldado por Encinas-, los volvió testigos colaboradores para acomodar las versiones a sus imputaciones contra el Ejército -"El Gil" declaró al menos 6 veces para esos fines-, que es lo que deseaba el GIEI.

A 9 años estamos peor que como terminó el gobierno de Peña Nieto. En ese momento había criminales que estaban siendo procesados por sus delitos, y funcionarios que habían abusado de sus funciones y violentado el Estado de Derecho. Hoy son los acusadores de ayer los acusados hoy, por los criminales, por Encinas y por Gómez Trejo, pero se desdibujaron los 2 bandos claros de buenos y malos como hubo hasta 2018, y se convirtió el caso en una mescolanza en la que está atrapado el gobierno de López Obrador.

Quienes han cargado con todo este tiempo son los familiares de los normalistas desaparecidos, acompañados por sus abogados. Siempre estuvieron insatisfechos y molestos con los resultados del gobierno peñista, y siguen ahora en la misma situación con el lópezobradorista. Reconocen las detenciones de exfuncionarios y militares, pero, como lo dijeron en una reunión con el presidente el viernes pasado, les siguen ocultando información y, apoyándose en el GIEI, la Secretaría de la Defensa ha escondido documentos. López Obrador dice que no hay más, y la Defensa afirma que el registro incompleto que pidieron el viernes, repitiendo un alegato del GIEI, no era un reporte oficial, sino externo.

En la Fiscalía General y en la Secretaría de Gobernación, están convencidos de que quien sí extrajo documentos y los desapareció -sin precisar cuáles-, fue Gómez Trejo, quien en una reciente entrevista con The New York Times, dijo que tuvo que huir a Estados Unidos por temor a las repercusiones que su postura sobre el caso pudiera tener.

El alegato de Gómez Trejo, e indirectamente de Encinas, contra los militares, fue reforzado por la publicación en el Times a principios de septiembre de un extracto de alrededor de 23,000 mensajes que entregó la DEA al gobierno, donde concluye que todas las ramas de gobierno en esa zona llevaban meses trabajando para Guerreros Unidos, lo que puso la maquinaria del Estado en manos de ese cártel.

El Caso Ayotzinapa ha tenido muchas rutas fallidas, aunque la base de las investigaciones en este y el anterior gobierno, fue la averiguación previa que realizó en los primeros 3 días de la desaparición el entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, a quien Zerón y Gómez Trejo quisieron meter a la cárcel. La paradoja no para ahí.

Para fortalecer su acusación contra el Ejército, Encinas y su equipo, inventaron chats donde se acusaba a un general del asesinato, y utilizaron a López Astudillo, como el testigo inculpador. El viernes, en una entrevista en Milenio Televisión, el abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, cuestionó las afirmaciones de El Gil y dijo que habría que contrastarlas para dilucidar sus contradicciones.

El túnel negro de Ayotzinapa es largo. Las comunicaciones que entregó la DEA no incluyeron 9 horas interceptadas, entre las 10 de la noche del 26 de septiembre, y las 4 de la mañana con 16 minutos del 27. Es decir, las horas clave para determinar qué hizo Guerreros Unidos con los normalistas, con qué autoridades se comunicaron -sin contar a las policías de Iguala y Huitzuco, que estaban en sus nóminas-, y cómo se deshicieron de los cuerpos y en dónde los dispersaron, que siguen siendo de conocimiento exclusivo del gobierno de Estados Unidos, el único que sabe la verdad sobre lo que pasó esa noche.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador del 25 de septiembre de 2023).

Los embates que han caracterizado la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra el Poder Judicial, así como el más reciente anuncio de la reducción de su presupuesto, son acciones que atentan contra la democracia y el Estado de Derecho, advierten especialistas en la materia.

El académico de la maestría en Política y Analítica Públicas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jesús Ibarra, detalla que atentar contra la democracia y concentrar el poder desactivando a otros poderes públicos nos afecta a todos.

"Es importante que las candidatas que ahora aspiran a la Presidencia tengan claridad sobre la relevancia del Estado de Derecho en México, que a nivel mundial somos los que más hemos caído. Básicamente cuando falta el orden constitucional, tenemos como resultado más violencia, menos instituciones que nos salvaguardan derechos fundamentales".

Ibarra resalta que el ejemplo más reciente fue que no invitó a los otros poderes al Grito de Independencia. "Rompe con todo el marco jurídico constitucional, confunde el Estado con el gobierno. El Grito es una conmemoración de estado donde tendrían que estar los 3 poderes".

"A los constitucionalistas nos pareció un escándalo, pero a la base popular no afecta que exista este desdén hacia el estado. El Estado de Derecho lo ha buscado domesticar".

Por su parte, Arturo Argente Villarreal, profesor de derecho de Ciencias Sociales y Gobierno, del Tecnológico de Monterrey, recuerda que la teoría de Montesquieu sobre la separación de poderes plantea que "todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites".

El académico considera que el actuar de AMLO, principalmente contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasará a la historia y será recordado por la frase "no me vengan con que la ley es la ley", donde evidencia su desdén hacia el Estado de Derecho.

"El presidente ha privilegiado el aspecto político que el actuar acorde a los lineamientos constitucionales. La enseñanza que nos deja es que cualquier persona que llegue a tomar las riendas de alguno de los 3 poderes debe de saber los lineamientos constitucionales, los límites para su ejercicio político".

Destaca que el actual es un retroceso. "En la administraciones del PRI no había contrapesos, se actuaba conforme a lo que el presidente quería. La Suprema Corte actuaba como simple comparsa. Por fin hemos visto a una Suprema Corte como contrapeso real, ante sus intentos, por violar la Constitución".

El 8 de agosto de 2018, al recibir de la presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, su constancia de presidente electo, en la sede del Tribunal, prometió que no intervendría en la autonomía de los poderes. "En lo que a mi corresponde, en mi carácter de titular del ejecutivo federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos; ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen", afirmó López Obrador.

Jesús Ibarra recuerda que al inicio de la gestión del mandatario Andrés Manuel López Obrador, en 2019, fue cuando ocurrió la renuncia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, nombrado con Enrique Peña Nieto.

"No nos quedó claro por qué. Parece que había un caso de corrupción, pero no había datos claros sobre lo que ocurrió. Él renuncia y López Obrador nombra a 4 ministros, lo cual es clave, y con eso lograba evitar acciones de inconstitucionalidad".

Después, rememora que llega el ministro Arturo Zaldívar, y con los ministros nombrados busca anular el contrapeso de la SCJN.

"Pero no le respondieron como él esperaba, el mismo presidente reconoce que se equivocó con el nombramiento. El ministro fue muy cercano a los intereses de Obrador, y fue su etapa de mayor influencia, para evitar que invalidaran varias iniciativas y proyectos de ley".

Ibarra abunda en que después viene la 2a. etapa, con el nombramiento de la actual ministra presidente, Norma Piña, donde actúan con mayor autonomía e invalidan proyectos como el "plan B" electoral, que pretendía otorgar mayor control al gobierno.

"Con este nuevo momento de la ministra Norma Piña, se detiene el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Después de Zaldívar ha sido un verdadero contrapeso. Eso no ha ocurrido con el poder legislativo, donde tiene una mayoría simple, aunque no logra tener la mayoría calificada para cambiar la Constitución".

Añade que será importante ver los cambios que tendrá el poder judicial con el recorte presupuestal anunciado.

"Visto en términos de política, es la venganza o reproche al poder judicial, en términos de justicia perdemos todos. También hay un recorte al Tribunal Electoral en pleno proceso electoral, y eso podría causar problemas que ya teníamos resueltos".

Jesús Ibarra, opina que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está a modo con la llegada de Rosario Piedra, a quien nombra como alguien cercana.

"Esto evita que la CNDH se pronuncie en temas como la militarización, o del Tren Maya, que se construye sin estudios de impacto ambiental, y violando directamente tratados internacionales, que obliga a que se consulte a la población".

Además, subraya que todos los proyectos emblemáticos de su gobierno los ha llevado la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar que por medio de Transparencia haya información sobre asignación de contratos a empresas.

"No hay información ni rendición de cuentas sobre ejercicios presupuestales. Eluden la transparencia argumentando un concepto de seguridad nacional".

También recuerda que el Inai estuvo inhabilitado cuando no hubo nombramiento de comisionados, y que fue gracias a la Suprema Corte que el organismo volvió a funcionar.

Coincide en que al inicio de la administración el Legislativo no fue un contrapeso para el Ejecutivo, donde incluso llegó a sumar a la oposición para que avanzaran temas presupuestales o el acuerdo de la Guardia Nacional.

Arturo Argente Villarreal analiza que cuando AMLO llegó al poder tenía mayoría en el Congreso, por lo que pecó de soberbia. "Pensó que en las intermedias iban a mantener las 2 terceras partes, pero perdió el control del congreso. Lo importante en las próximas elecciones va a ser cómo se va a conformar el Congreso de la Unión".

(V.pág.5 del periódico El Informador del 23 de septiembre de 2023).

Lo que durante tanto tiempo se denominó como "elección de Estado" (para significar la ruptura en los hechos del orden democrático por parte de las autoridades y el partido en el gobierno para mantener el poder) ha vuelto a aparecer en la operación política y electoral que durante los últimos meses se ha desarrollado en México. Ante la fuerza del uso de los recursos de facto que significan ventajas indebidas, aparece aquella vieja resignación anticipada que se vivía en los años del PRI, ante la dimensión del aparato que se preparaba para pasar por encima de cualquier regulación. Pareciera que estos últimos procesos como el del Estado de México o el proceso vivido por Marcelo [Ebrard] hubiesen sido un ensayo de lo que sucedería en el proceso electoral que culminará con la elección presidencial. De ser así, serían muy malas noticias para México, que tiene todas las condiciones para consolidar el proceso de transición a la democracia, convirtiéndose en una nación más moderna, abierta y respetuosa de los derechos de las personas, mediante procesos democráticos generalizados que propicien la amplia participación de los ciudadanos.

La discusión de fondo, la que está detrás de los intereses de coyuntura, es precisamente esa: la voluntad de seguir fortaleciendo la democracia real o aceptar las simulaciones impuestas. Es decir, respetar realmente la voluntad de las personas que participan en la vida pública. Porque no se trata simplemente del respeto al voto, sino de las condiciones en las que se compite y en los recursos empleados para el juego democrático; por eso el continuo rechazo popular a los partidos y sus prácticas viciosas. Es evidente que el haber adelantado el proceso político para designar de facto candidatos fue una estrategia partidista para saltarse las regulaciones legales, lo que es en sí misma una irregularidad.

Lo peligroso para la democracia mexicana ahora mismo es que en el cambio aparezcan signos de regreso al pasado y en la continuidad que derrotó a Marcelo también. En el fondo y la forma, hay mucha similitud en la operación de corte autoritario del siglo pasado, con las formas que se están asumiendo con cada vez más naturalidad en el oficialismo. El debate, pues, está en si vamos a respetar la democracia y si es así, en elegir entre propuestas claras y no solamente entre dos opciones que, en los hechos, cada vez se parecen más.

Luis ErnestoSalomón, doctor en Derecho
(v.periódico El Informador en línea del 17 de septiembre de 2023).

El año pasado se asesinó a 177 personas por defender el territorio en todo el mundo, pero 88% del los asesinatos ocurrieron en países de América Latina, de acuerdo al informe "Siempre en pie: Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática", que presenta la organización no gubernamental Global Witness.

La clasificación mundial de defensores asesinados el año pasado la encabeza Colombia con 60 casos, casi el doble de asesinatos que en 2021, cuando perdieron la vida 33 personas. Brasil es el 2o. lugar en este ominoso listado: 34 personas perdieron la vida el año pasado. México ocupó el 3er. lugar con 31 asesinatos, muchos menos que los 54 homicidios registrados en 2021.

Desde que comenzó a llevar este registro anual, Global Witness ha registrado 1,910 personas asesinadas. La organización no gubernamental insiste que el registro no es completo, pues existen muchos casos no denunciados y no reportados. En esta década, de 2012 a 2022, 3 países de América Latina concentran las víctimas mortales por defender su tierra, bienes comunes, idioma y cultura. Con 1,335 defensores asesinados, América Latina concentra 7 de cada 10 casos ocurridos en el mundo. Colombia ocupa el 1er. lugar mundial con 382 casos que representan 20% del total mundial, y apenas debajo Brasil con 376 asesinatos, el 19.68% de todo el mundo. México registra 185 defensores del territorio asesinados desde 2012, con casi el 10% mundial.

Aunque Global Witness señala que las causas de estos crímenes son múltiples, por lo regular están asociados a proyectos de inversión, privada o púbica, de las industrias extractivas. Los asesinatos ocurren en medio de proyectos de acumulación de capital de actividades extractivas, como la agroindustria, minería y explotaciones forestales.

Justo sobre la estrategias no letales de agresiones a defensores del territorio, Amnistía Internacional México acaba de publicar su informe "México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente", en el que afirma que "las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos". Concretamente, Amnistía Internacional documentó 4 casos en los que los defensores del territorio son criminalizados mediante la aplicación de tipos penales deliberadamente confusos, que son utilizados por empresas o gobiernos para intimidar, reprimir y criminalizar a quienes atentan en contra sus medios de reproducción de vida.

Jalisco no es ajeno a este contexto de violencia asociado a la defensa del territorio como pueden atestiguar los pueblos indígenas wixárika, nahua, coca o tepehuano, pues todos son acosados y criminalizados por defender su tierra, bienes comunes y cultura, además de organizaciones que desde entornos urbanos defienden también bosques, parques o colonias de proyectos inmobiliarios o megaproyectos estatales o privados. Las luchas de los defensores del territorio defienden no solo la vida en su entorno. Arriesgan sus vidas para defender la vida para todos. No dejemos que siga esta guerra contra los defensores.

Rubén Martín
(v.pág.2 del periódico El Informador del 16 de septiembre de 2023).

El Senado ha aprobado una ley que castiga con 6 a 12 años de cárcel a quienes difundan imágenes, audios o videos en una investigación o proceso penal. Como no pueden detener el crimen, se lanzan ahora contra quienes den a conocer imágenes. Los videos han resultado la mejor defensa de los ciudadanos contra abusos y crímenes, pero los senadores quieren que el crimen prospere en la oscuridad.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 14 de septiembre de 2023).

Ha pasado ya más de un mes del terrible y conmocionante episodio de la violenta desaparición de los 5 jóvenes amigos de Lagos de Moreno, y aparte de que no se ha dado con su paradero, en aquel municipio de la región Altos Norte de Jalisco se siguen dando historias que hablan de la sensación de desamparo en la que viven sus habitantes, que ahora ven con azoro cómo hasta las autoridades le temen a los grupos del crimen organizado que tienen el control de esa zona.

Además de los constantes enfrentamientos que se dan entre las células del cártel Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que se disputan el control de Lagos de Moreno y de municipios aledaños como Teocaltiche y Encarnación de Díaz por su estratégica situación geográfica en el país, ahora sus pobladores observan desconcertados cómo policías y autoridades parecen estar sometidos también por el poder de estas mafias que los tienen intimidados.

Según acusó el viernes 4 de agosto el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, en Jalisco, donde debió iniciarse la investigación por oficio, se incumplió porque en la delegación de la Fiscalía del Estado en Lagos de Moreno no se les quiso aceptar por miedo la denuncia de los familiares de las jóvenes, con lo que se perdió tiempo clave para dar con su paradero. Ante esta negativa, los angustiados padres tuvieron que trasladarse a Aguascalientes, donde sólo les ayudaron a difundir las fichas de desaparición, pero no pudieron recibir la denuncia porque la privación ilegal de la libertad había ocurrido en territorio jalisciense.

Ayer se dio otra muestra similar de cómo el Estado mexicano, desde las autoridades federales, hasta las estatales y municipales y sus corporaciones policiales se han achicado ante los grupos de la delincuencia organizada, que ni siquiera los jueces y quienes operan las cárceles en Lagos de Moreno se sienten protegidos para impartir justicia y sancionar a los generadores de violencia.

Por eso el juez de Lagos de Moreno decidió no seguir con el proceso en contra de Enahu y Emanuel "A", los 2 hermanos acusado de incinerar cuerpos en una ladrillera de Lagos, por considerar que no había las condiciones para mantenerlos presos con seguridad por su alta peligrosidad y el poder de fuego de las bandas a las que pertenecen.

Así, al declararse incompetente este juez, los detenidos fueron trasladados al Reclusorio Metropolitano y el caso al Distrito Judicial número 1 de Puente Grande, para consumar así una muestra más del sometimiento de la autoridad ante el crimen organizado.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 14 de septiembre de 2023).

Vecinos de Arvento realizan bloqueos parciales en la vialidad.

Vecinos del fraccionamiento Arvento en Tlajomulco se manifiestan esta tarde y realizan bloqueos parciales en la carretera a Chapala, en sentido de norte a sur, a la altura del crucero de Cajititlán. Los quejosos demandan mejores servicios públicos, particularmente un transporte público eficiente.

Por la distancia de este fraccionamiento, cerca de Cajititlán, los vecinos acusan que las rutas de camiones que pasan por la comunidad dejan de prestar servicios a temprana y no hay manera de llegar por las noches hasta sus domicilios.

El grupo de manifestantes, aproximadamente 20 vecinos, dejó un solo carril libre en la carretera en el sentido de Guadalajara a Chapala, provocando una fila de coches que llega hasta el crucero de la carretera a El Salto. Debido al cierre, la fila de coches llega hasta el crucero del Macrolibramiento, generando un embotellamiento de aproximadamente 10 kilómetros.

Originalmente los vecinos mencionaron que realizarían el bloqueo de la avenida Adolf Horn, pero optaron por cerrar carretera a Chapala para aumentar la presión a las autoridades y que sus demandas sean atendidas.

Al sitio ya acudieron representantes de las autoridades, tanto municipales como estatales, para tratar de mediar con los inconformes.

(V.periódico El Informador en línea del 10 de septiembre de 2023).

El Poder Judicial en México pertenece, tanto a la tradicional división de poderes planteada por Montesquieu y los padres fundadores en Estados Unidos, como a las instituciones autónomas que se administran de manera independiente. Bajo esta idea, existen varios fideicomisos creados por el Poder Judicial para gestionar mejor sus recursos.

Sin embargo, varias voces del régimen que hoy gobierna México, sobre todo las que provienen del Congreso de la Unión, intentan persuadir a la ciudadanía de que los recursos que maneja el Poder Judicial, a través de sus fideicomisos, son suntuarios o frívolos.

Nada de esto es cierto. Los fideicomisos han probado ser una buena forma de utilizar los recursos para, por ejemplo, proveer a quienes laboran en el Poder Judicial -tanto magistrados como personal operativo- de las mejores condiciones para llevar a cabo sus actividades.

Ahora que el Congreso de la Unión está a punto de aprobar el presupuesto para el próximo año, han surgido voces demagógicas que piden reducir los recursos para el Poder Judicial de manera significativa. Esto no ocurre de ninguna manera en el vacío. En lo que va del presente sexenio no ha dejado de reducirse el presupuesto para la rama judicial.

Esto ocurre, además, cuando se vienen importantes reformas en la administración de justicia del país, como las que tienen que ver con la reforma del proceso penal acusatorio, el relativo al nuevo modelo de justicia laboral, así como cambios en la justicia civil y familiar. Pretender reducir los recursos al Poder Judicial cuando este necesita más, es una afrenta a la nación.

Ahogar financieramente a nuestro sistema de administración de justicia va en contra, además, de lo estipulado por el derecho internacional y por instituciones multilaterales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas han señalado la necesidad de que se otorguen garantías salariales y prestaciones justas a las personas juzgadoras.

Esperemos que se rectifique a tiempo y que la propuesta de una austeridad mal entendida no dañe a nuestro Poder Judicial. De ser el caso, nuestro país comenzaría a recorrer una senda directa hacia la tiranía.

Gustavo de Hoyos Walther
(v.pág.2 del periódico El Informador del 8 de septiembre de 2023).

El pasado 27 de mayo, colectivos de madres buscadoras localizaron restos óseos en la Delegación de El Colorado, en la zona rural de Puerto Vallarta. Hasta la fecha no han sido identificados, a pesar de que ingresaron a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que están en ese municipio.

La crisis forense del IJCF se extiende a las sedes regionales. Por ejemplo, vía Transparencia, la dependencia indicó que en Vallarta se tiene una capacidad de almacenamiento para 21 cuerpos, pero el 5 de julio anterior había 72.

Los espacios del IJCF en Tepatitlán de Morelos, Lagos de Moreno o El Grullo presentan el mismo problema.

Ante esta situación, Héctor Flores, integrante del colectivo de búsqueda Luz de Esperanza, señaló que las autoridades niegan la saturación.

"Nos pintaron una realidad muy diferente, muy contrastante a lo que nos han informado: que casi no hay cuerpos, no hay fosas", comentó.

Jorge Ramírez Plascencia, académico de la Universidad de Guadalajara e integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, dijo que es usual que las sedes forenses en la entidad estén rebasadas, sobre todo por los constantes hallazgos de restos humanos y cuerpos en fosas clandestinas.

"Es indudable que los servicios forenses están saturados, no tienen el personal ni los recursos suficientes, que están siempre trabajando al límite, en cantidades que se han mantenido prácticamente en los mismos niveles de saturación, estamos hablando de que en este sexenio se están agregando más de 4,000 restos de víctimas conocidas como personas fallecidas sin identificar y eso habla del nivel de retraso, de rezago que hay".

Para Ramírez Plascencia, la crisis forense no ha alcanzado la magnitud que tuvo a finales de la administración estatal anterior, cuando se reveló el caso de los llamados tráileres de la muerte, aunque insistió en que la situación se agrava poco a poco.

Jonathan Ávila, investigador del Eje de Desaparición del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), precisó que una de las fallas en el conteo que lleva el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) respecto a cuerpos de personas fallecidas sin identificar es la clasificación de los restos óseos: ya sean cráneos, extremidades o cualquier otra parte, estos son clasificados como cuerpos "completos".

"No son personas completas, son restos: un brazo, un torso, puede ser una cabeza; ahí la complejidad, y recae en responsabilidad del Instituto que de ese monto, 7,000 u 8,000 (cuerpos estimados), la mitad sean restos. De esa mitad tienes la claridad y no los has identificado, puedes decir que no son una sola persona cada resto (o segmento óseo). La responsabilidad del Instituto es identificar esos restos, analizarlos para tener la certeza de decir cuántos cuerpos son".

Según el portal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, desde diciembre de 2018 hasta julio pasado se han localizado 141 puntos de inhumación clandestinos en Jalisco.

(V.primera plana y pág.7 del periódico El Informador del 6 de septiembre de 2023).

De acuerdo con el Análisis sobre Servicios Periciales, presentado la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Jalisco se ubica dentro de los 5 estados del país que más cuerpos sin identificar acumuló en el 2022.

Según reveló la estadística, Jalisco se ubicó, al cierre del año pasado, en el 5o. puesto a nivel nacional con el mayor número de cadáveres que ingresaron a las instalaciones de su Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y que no pudo identificar, con un total de 827 cuerpos. En su mayoría, indicó el Inegi, se trató de víctimas de homicidio, según revelaron las autopsias practicadas a los mismos.

Lo anterior representa un 18.4% del total de 4,486 cadáveres que entraron al Instituto para que se les practicara la autopsia para conocer las causas del fallecimiento, y confirmar o descartar que hubieran sido víctimas de algún ilícito.

Con este porcentaje Jalisco se ubica también en la 5a. posición de los estados con el mayor porcentaje de cadáveres sin identificar en comparación con el total de cuerpos que ingresaron a las unidades forenses de cada entidad. Los primeros 3 puestos están ubicados por Coahuila (no desglosó por año, señala 95% de cuerpos sin identificar en 2022), Tlaxcala (26.4% de cuerpos ingresados en 2022 sin identificar) y Michoacán, (25.5%).

El Registro de Personas Fallecidas sin Identificar (PFSI) a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) comenzó a operar en octubre de 2019, como parte de las acciones derivadas del Gobierno del Estado para contener la crisis forense que fue exhibida en septiembre de 2018 con los llamados "tráileres de la muerte".

Entonces el registro daba cuenta de 814 descripciones de cuerpos de personas que llegaron al IJCF desde el 19 de septiembre de 2018 y hasta el 28 de octubre de 2019 que no habían sido identificados por sus familias.

Sin embargo, ante la violencia vivida en Jalisco y el número de fosas clandestinas halladas en Jalisco (que asciende a 141 puntos de inhumación clandestina en lo que va de la actual administración, de acuerdo con datos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas), el número de registro de cuerpos o restos humanos sin identificar (PFSI) asciende ya a 4,926, es decir, la cifra ha crecido al menos 5 veces en 4 años.

Una de las causas que -según han denunciado diversos colectivos en distintas ocasiones, entre ellos Luz de Esperanza- han ocasionado el retraso en la identificación de los cuerpos corresponde a las confrontas genéticas, pues en gran medida los cuerpos suelen ser encontrados en piezas, y las familias deben primero acudir a encontrar similitudes en partes humanas a partir de imágenes, para luego solicitar las pruebas genéticas y averiguar si se trata de su familiar.

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2023 del Inegi, al cierre de 2022 el IJCF apenas contaba con 31 especialistas dedicados a la identificación de genética forense.

Tan solo en 2022 el IJCF tuvo la solicitud de realizar 13,217 pruebas de genética forense, es decir, en promedio y según dichos datos, cada especialista puede realizar únicamente entre una o 2 pruebas diarias a cuerpos o restos humanos, considerando que cada pieza debe tener su propio procesamiento (en aquellos casos en los que el cuerpo está segmentado).

En junio de 2021 la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU identificó que en México existe una emergencia forense, misma que es reconocida por las propias autoridades, señalando que "una de las principales dificultades para enfrentarla es la falta de un consenso técnico en prácticas de identificación humana".

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su más reciente Análisis sobre Servicios Periciales presentado la semana pasada, revela que en México existen 43,749 cuerpos o restos humanos almacenados por la Fiscalía General de la República y las unidades forenses de los 32 estados del país que no han sido reconocidos.

En el 1er- puesto se encuentra Coahuila con 38,361 cuerpos o restos humanos sin identificar, seguido de Jalisco, mientras que en el 3er. puesto se ubica Guerrero, con 706 cuerpos sin identificar.

Por otro lado, en México existen 111,234 personas de quienes se desconoce su paradero, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), lo cual quiere decir que alrededor del 40% de las personas desaparecidas podrían encontrarse entre los cuerpos pendientes por identificar.

(V.pág.5 del periódico El Informador del 5 de septiembre de 2023).

Los robos que sufren los negocios reportan una cifra negra alta, pues solamente 1 de cada 10 se denuncia, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

"Por ende tienen impunidad y tampoco se puede avanzar en la prevención", expuso.

El líder empresarial indicó que esto ocurre porque las víctimas consideran que no sirve denunciar, desconfían de las autoridades y tienen miedo de los grupos delincuenciales.

"Las carpetas de investigación de robo a negocio se han incrementado 17.5% en la presente administración, por lo que el trabajo en coordinación de las diversas autoridades es crucial".

(V.primera plana del periódico El Informador del 5 de septiembre de 2023).

Transportistas de Tizayuca, Hidalgo, cerraron la autopista México-Pachuca, así como la carretera libre, para exigir al gobierno federal mayor seguridad, debido a que son víctimas de extorsiones, lo que ha derivado en la cancelación de corridas.

Durante la noche del martes 29 de agosto, un grupo delictivo bajo al pasaje de una de las unidades de autobuses México-Tizayuca y posteriormente la roció de gasolina y le prendió fuego, ante ello la empresa decidió la cancelación de su corrida.

Unidades de las líneas México-Tizayuca, Baltasar, así como ODT, se encuentran atravesadas en diversos puntos de la carretera y entrada a la ciudad.

Las unidades bloquearon varios puntos de Tizayuca entre ellos Tepojaco, Emiliano Zapata, la 30 -30, así como el Arco Norte, la entrada a Tizayuca y la salida a Pachuca.

Ante ellos, cientos de ciudadanos se encuentran en espera de transporte, algunos han tenido que caminar para poder llegar a sus destinos. La fila de vehículos varados tiene ya varios kilómetros.

En la ciudad de Pachuca, agentes de seguridad impiden ya el paso hacia la autopista.

Por su parte, la alcaldía emitió un comunicado, donde recomienda tomar precauciones y de ser posible utilizar rutas alternas a la autopista, debido a la presencia de manifestantes de organizaciones en dichas zonas.

De igual manera, se dio a conocer que se inició una mesa de trabajo con autoridades estatales y federales.

Ayer jueves, el gobernador Julio Menchaca indicó que no es necesario tomar medidas de presión, ya que su gobierno se encuentra atento y no abandonará a los transportistas.

(V.periódico El Informador en línea del 1o.de septiembre de 2023).

Las madres de algunas de las 111,000 personas que han desaparecido en México a lo largo de varias décadas de violencia conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con protestas y exigencias de que el gobierno haga más para localizar a sus seres queridos.

Se cree que la mayoría de los desaparecidos han sido raptados por cárteles del narcotráfico o por secuestradores, y que sus cuerpos fueron enterrados en fosas poco profundas o fueron quemados.

Algunas de las personas que marcharon por una de las principales avenidas [de la Ciudad de México] también protestaban por el aparente intento del gobierno de minimizar el problema.

La falta de recursos financieros y humanos han hecho que los policías y fiscales sean incapaces de llevar a cabo siquiera las búsquedas más básicas, dejándole la tarea a grupos de voluntarios compuestos de madres, quienes a menudo caminan con palas y hunden varillas de acero en el suelo para detectar el olor de los cuerpos en descomposición durante sus recorridos por lugares donde sospechan que se ubican las fosas.

"Si nosotros no buscamos a nuestros hijos, nadie lo va a hacer", dijo Edith Pérez Rodríguez, una de las manifestantes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que la cifra de personas desaparecidas está inflada y que muchos de ellos podrían haber regresado a casa y no se molestaron en notificar a las autoridades. El mandatario ha lanzado una enorme campaña en la que personal militar y civiles poco calificados van puerta por puerta para preguntar a los residentes si sus familiares desaparecidos han regresado, y después cotejar sus nombres con los listados de vacunación.

De acuerdo con el investigador de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez Plascencia, México está en un estado de alarma, no sólo ante las poco más de 111,000 personas desaparecidas, sino ante lo que representa la salida de la comisionada nacional de Búsqueda, pues existe la posibilidad de que en el marco del levantamiento de un nuevo censo de desapariciones "se esté actuando para desaparecer la cifra de personas de quienes se desconoce su paradero".

Esto, dijo, pone en doble indefensión a las víctimas y a sus familias, ya que de "recortar" los registros, el sesgo se vuelve más amplio, considerando que existen muchos casos que no se denuncian por diversos factores, como el miedo o las amenazas perpetradas por quienes llevaron a cabo las desapariciones y quienes tienen la información directa de las familias de sus víctimas.

"También porque existen fiscalías en el país que no han entregado los datos reales sobre las desapariciones que ocurren en sus entidades. En el marco de la conmemoración de este día hay que lamentar el estado en el que estamos en este momento, un estado de alarma, aunado al fracaso del Estado en esclarecer la verdad sobre los casos, perseguirlos y sentenciarlos para impartir justicia", expresó el académico.

Ante ello, dijo, tanto las autoridades estatales como las nacionales deben hacer un reconocimiento de la crisis y abrir la puerta a las autoridades internacionales para solicitar su ayuda, ya que la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares son delitos complejos en los cuales hay instancias con mayor experiencia en la materia que podrían apoyar para solventar la crisis.

(V.pág.5 del periódico El Informador del 31 de agosto de 2023).

En algo parecido a una representación de las miles de familias que padecen en Jalisco la desaparición de más de 14,000 de sus seres queridos, cifra que mantiene a nuestra entidad como la que más comete este delito, hoy volverán a salir a las calles a reclamar justicia, pero sobre todo, mayor celeridad y acompañamiento de la autoridad en las búsquedas que ellas mismas hacen de sus familiares que no encuentran.

Tras años de lucha no han tenido una respuesta efectiva de las autoridades para enfrentar el problema de las desapariciones, y el fenómeno delincuencial de las casas del terror y de las fosas clandestinas que van ligados, y que ha provocado todo un colapso forense que prolonga el dolor y la indignación de quien busca a algún familiar del que no se sabe su paradero.

Las y los manifestantes saldrán con la solidaridad y empatía de la Iglesia Católica, que no han encontrado ni con las autoridades estatales ni con las federales. Apenas el domingo el cardenal José Francisco Robles Ortega llamó a las autoridades a no dejar impunes las desapariciones, pero sobre todo prevenir que no se sigan dando, así como proteger a las madres que arriesgan la vida en sus búsquedas. Ese mismo día, en el Semanario de la Arquidiócesis lanzaron fuertes críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de cercanía mostrada en el caso de la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, así como por querer rasurar la lista de desaparecidos del país.

Lo dicho, hallar desaparecidos es un avance insuficiente de los gobiernos. Se debe sí, mantener la búsqueda sistemática de fosas clandestinas sin ningún tipo de ocultamiento de los hallazgos, pero es indispensable empezar por detener a alguno de los que tiran cadáveres a diario o que privan ilegalmente de la libertad a muchos hombres y mujeres sin que se les castigue ni se les persiga.

Mientras persista este nivel de impunidad, no habrá freno a las desapariciones, el mayor problema de inseguridad en Jalisco, por el que nuevamente clamarán por justicia las familias que viven muertas en vida por no saber dónde y cómo está alguno de sus seres queridos.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 30 de agosto de 2023).

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad artículos reglamentarios de 4 municipios de Jalisco que sancionan la práctica de juegos y deportes en las calles.

El factor común de estos reglamentos es que se usaba el término "molestia a las personas o sus bienes", para definir una sanción de la autoridad. Los ministros establecieron que la palabra "molestia" es un término subjetivo y ambiguo que no puede ser base o parámetro para la aplicación de una sanción.

Los municipios que tienen este tipo de regulación en sus Reglamentos de Policía y Buen Gobierno son Zapopan, San Juan de los Lagos, Tamazula de Gordiano y Talpa de Allende. En el caso de Zapopan, cuando se aprobó esta regulación a finales del año pasado, se le bautizó a esta norma como "Ley Anticascarita".

"Por provocar molestias a las personas o sus bienes por la práctica de deportes o juegos individuales o de conjunto, fuera de los sitios destinados para ello: de 21.98 a 136.39 UMA (Unidad de Medida y Actualización)", cita el Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

Si bien Zapopan ya amonestaba las prácticas de deportes en las calles, se aprobaron multas que pueden superar los 14,000 pesos; mismo costo que en Tamazula. En San Juan de los Lagos, la multa supera los 15,000 pesos, mientras que en Talpa de Allende asciende a 12,800 pesos.

"Su redacción es ambigua y delega un amplio margen de discrecionalidad, tanto a las autoridades municipales como los particulares que consideren que la conducta sancionada les generó molestia; para la individualización de las sanciones es necesario determinar si existió alguna molestia a una persona o sus bienes y conlleva una apreciación subjetiva de la autoridad", explicó la ministra responsable del proyecto, Loretta Ortiz Ahlf.

La revisión de estos reglamentos fue por 2 acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los ministros también declararon como inconstitucionales otros artículos de leyes de ingresos municipales, por presentar cobros indebidos en tarifas del agua o cobros no autorizados para la obtención de documentos en materia de transparencia.

(V.periódico El Informador en línea del 29 de agosto de 2023).

Vivimos expuestos al criterio de muchos zorros que piensan que la ley es como una masa amorfa que debe adaptarse dócilmente a la voluntad del poder, que se convierte en equivalente de lo correcto por decreto, ignorando que el derecho no es un mero instrumento de la política, sino el marco en el cual debe desenvolverse. Es el límite necesario del poder ante la dignidad personal. Porque como decía Aristóteles: "es mejor que gobierne la ley a cualquiera de los hombres" aunque se trate del mejor de todos.

Mención especial merece la discusión respecto a la profunda crisis de violaciones a los derechos más esenciales que se presentan en los casos de desaparición de personas, homicidios sin justicia y otras atrocidades que se han convertido tristemente en parte de nuestra narrativa cotidiana. Ante esta realidad, es necesario hacer un alegato en favor de esos principios que deben ser aplicados y respetados por todos. Pretender encontrar soluciones de facto con rostro político equivale a considerar que la injusticia es inevitable, o que las circunstancias responden a un destino manifiesto. Cuando los mecanismos técnicos se usan para evitar el estudio de estos temas en los tribunales, o se alegan razones políticas, provocan la enfermedad de la desconfianza que debilita las instituciones. En la medida que tengamos mayor certeza de la aplicación de estos principios, más fuerte será la nación y más legítima será la solución de sus problemas.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.2 del periódico El Informador del 27 de agosto de 2023).

Fue a inicios de septiembre de 2018 cuando el escándalo de un par de tráileres refrigerantes con cuerpos de personas fallecidas sin identificar en su interior, luego de que uno de ellos deambulara por las calles de la ciudad, puso a Jalisco en el ojo internacional, exponiendo la crisis forense en materia de identificación y entrega de cadáveres.

Aunque entonces se emprendieron diversas acciones para dar salida a la emergencia forense, las cifras parecen indicar que la crisis no ha terminado, pues hoy el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) resguarda los restos de 4,275 personas fallecidas sin identificar que no han podido ser devueltas a sus familias.

Al respecto de lo que ocurrió hace casi 5 años, el abogado Luis Octavio Cotero Bernal, quien fungía como titular del IJCF cuando se reveló la crisis, y que fue vinculado a proceso por el caso, detalla lo sucedido entonces, da nombres de funcionarios responsables quienes nunca fueron señalados en las indagatorias y brinda su opinión respecto del trabajo necesario para poder dar salida a la problemática, pues mientras miles de cuerpos y restos humanos sin identificar esperan en el Servicio Médico Forense, más de 14,000 familias de Jalisco buscan a sus seres queridos desaparecidos.

-Usted quedó absuelto del caso donde se le imputaba el delito de abuso de autoridad por el caso de los cuerpos guardados en 2 tráileres en 2018. ¿En quién recae la responsabilidad de lo ocurrido?

-En 1er. lugar, el entonces fiscal, porque el Código Penal del Estado y la Ley de Salud establecen que, para que un cuerpo llegue al Instituto de Ciencias Forenses, debe ser a petición del Ministerio (Público). Ya que se trasladan al Instituto, donde se tiene su área para aplicar todas las pruebas que sean necesarias, como la autopsia, que es la más complicada por ser donde se conoce la causa de la muerte, así como la toma del ADN. Cuando no hay quien reclame el cuerpo, que no hay quien vaya a identificarlo, se debe buscar a la familia, cosa que tampoco se hace por tantos cuerpos que hay ahí. La familia se la pasa buscando, y quienes no son llamados es porque no se les ha aplicado el examen de genética, porque todas las personas quienes denunciamos desaparición de familiares, desde luego vamos de inmediato a que nos tomen la muestra de genética para para ver si algún día encuentran a nuestros hijos, que nos avisen, cosa que nunca sucede.

-Los informes trimestrales desde poco antes daban cuenta de la crisis general del Instituto. Incluso hubo un documental antes, de Mauricio Bidault, que exponía cómo los cuerpos tenían que ser acomodados en el piso y que adelantaban el problema. Usted llega en 2015 al IJCF. ¿Cómo fue ir viendo crecer la crisis forense? ¿Lo denunció?

-Cuando todavía estaba el doctor Mario Rivas Souza, practicaba las autopsias, y a quienes iban a reclamar los cuerpos se les entregaban, y quienes no eran reconocidos se cremaban, esto cuando todavía podía ser así. Llega el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 2015 y se establece entonces que estos cuerpos no identificados no se podían cremar hasta que se agotaran y resolvieran la investigación. Sin embargo, con el aumento de la violencia en Jalisco se volvió casi imposible, porque la Fiscalía no investiga, está rebasada, entonces los cuerpos ahí se tienen. Cuando yo llegué ya había un rezago de genética, y solicité el apoyo de la Iniciativa Mérida de Estados Unidos, que nos ayudó mucho, tenía muy bien al Instituto, el problema era qué hacer con los cuerpos. Le estuve diciendo al entonces secretario de Gobierno, Roberto López Lara, pero solo me decía "espérame", pero nunca le dio salida. No había una justificación válida, simplemente no le importaba, no le interesaba.

-¿Cuál fue la respuesta de López Lara a lo denunciado? ¿Por qué cree que ocurrió esto?

-El secretario general de Gobierno no le quiso entrar nunca. Yo ya había tenido con ellos una incidencia antes, con el caso de los muchachos cineastas. Quizá ese fue el colmo, dijeron que los habían asesinado y desbaratado en ácido y que lo poco que había quedado lo habían regado en distintos predios, pero nadie fue a confirmarlo. Un periodista vino a preguntarme que si científicamente estaba comprobado que los muchachos habían sido disueltos en ácido, porque ellos (el personal de la Fiscalía) ya habían armado su trama. Yo respondí que no habíamos encontrado pruebas que nos permitan corroborar el ADN de los jóvenes de entre los residuos de esos contenedores; luego pasó lo de los tráileres, y fue muy lamentable, porque lo habíamos posicionado a nivel internacional. Creo que fue un irle sumando para ir contra mí porque estaba denunciando lo que estaba pasando.

-¿Dónde estaban los cuerpos antes de que se decidiera adquirir las cajas refrigerantes?

-El edificio fue siendo insuficiente. Ahí había aproximadamente 80 refrigeradores para poder conservar ahí los cuerpos. Una vez que se llenaron, en la planta alta del edificio, en un cuarto por no decirle de otra manera, de cuatro por cuatro metros, ahí los estuvimos metiendo, poniendo porque no teníamos dónde ponerlos, los refrigeradores ya no alcanzaban. Yo le mandaba fotos a Roberto: "Mira, ve todos los que van, esto ya es imposible". Él solo decía "ponte de acuerdo con Almaguer", y a él no le importaba. Hasta que un día le dije de bravucón a Rafael Castellanos, entonces fiscal central. "Mira, si no van por ellos los voy a poner aquí afuera de la Fiscalía porque es su responsabilidad, no la mía". Entonces fue Rafael, él en físico y él ahí que fue el que le dijo a Almaguer que la situación sí era grave, y entonces contrataron el 1er. tráiler, y fue cuando se empezó a guardar ahí los cuerpos.

-¿Qué se decide hacer luego de que vieron los cuerpos ahí apilados?

-Desde luego que no. Rafael Castellanos me dijo que citara ahí en el Instituto a la gente del tráiler para ya quitarme la responsabilidad. Entonces hicieron el convenio, que firmaron en enero del 2017 también Eduardo Almaguer como fiscal y Marisela Cobos como testigo, donde ellos tenían la responsabilidad del tráiler, porque se reconocía que los cuerpos sólo entraban al IJCF para dictaminaciones periciales. Yo creo que el 1er. tráiler lo llenamos en 6 o 7 meses, y digo llenando porque sólo se pusieron en el piso de la caja, y fue cuando se tomó la foto que hizo el escándalo por verlos en esas condiciones. Todos tenían su información básica, y estaban ahí porque la Fiscalía, rebasada, no tenía dónde más dejarlos.

-¿Cuándo se decide que salga el tráiler del Instituto?

-Se decide que salga el tráiler del Instituto para meter otro, otro tráiler porque ya era insuficiente el que estaba ahí, entonces se contrató otro tráiler. Se saca y se lleva ahí a La Duraznera, en Tlaquepaque, en una bodega de un compadre de uno de los mandos terceros de la Fiscalía, y de ahí la gente y la presidenta municipal pegaron de gritos cuando se dieron cuenta, entonces lo sacaron y comenzaron a deambular y es cuando se hace el escándalo.

-¿Quién va por el tráiler para llevarlo a La Duraznera? ¿Por qué no hay un solo responsable de los hechos?

-Un operador de la Fiscalía y un trailero, chofer de ellos mismos, dueños del tráiler. Porque era la pura caja, tuvieron que llevar el camión para sacarlo, llega el chofer lo ensambla y ya lo saca. A mí solo me dijeron "a tales horas van a venir por él", y yo le dije al doctor Eduardo Mota, entonces director del Instituto, y como supuestamente no había ningún problema, sólo le dije "nada más estese pendiente, pero no se meta en más. Ya que se lo lleven y nos quitamos ese problema". Hasta ahí era nuestra intervención entonces, por eso de determinó que también Mota fuera exonerado. Yo nunca me imaginé todo lo que iba a pasar por ese problema, todo fue un acto de mala fe de la Fiscalía, vincularnos a proceso cuando no teníamos qué ver. A las demás personas que firmaron nunca se les consideró en las investigaciones pese a ser las responsables de los cuerpos, como señalaba el acuerdo firmado y las leyes.

-¿No había entonces otra solución?

-Desde antes que yo llegara, ya se había intentado construir un cementerio forense en Magdalena, pero la gente no los dejó construirlo. Luego se intentó en Tonalá, donde Sergio Chávez nos había cedido un terreno para construirlo ahí, se empezó a hacer, pero ante la desinformación la gente también se opuso. Necesitábamos un panteón forense en la metrópoli para poder resguardar los cuerpos, pero entonces no se había podido construir por esa cuestión. Desde luego que podíamos inhumarlos, pero no teníamos dónde hacerlo, hasta después del escándalo que se le compró a Guadalajara 200 espacios en el Panteón Nuevo, y nuevamente la gente se opuso a que se construyera en Panteón Forense en El Salto, lo mismo pasó antes en Atotonilco, se construyó un edificio muy bonito para el Semefo, pero la gente tampoco nos dejó usarlo. No obstante que todos seremos parte de la muerte un día, la gente se ha opuesto constantemente a estos temas, también eso es parte del problema.

-¿Cree que el Centro de Investigación Humana va a resolver la crisis forense que vive Jalisco?

-En ese sentido pareciera que no se está avanzando y solo se están adornando que lo están construyendo. De cualquier manera el Centro de Identificación Humana no es la respuesta única, necesitan meterle recursos sin escatimar en lo que se requiera. Presupuesto para contratar más gente, porque el presupuesto actual todo se va en nómina. De nada les servirá tampoco si no acaban con la corrupción de la Fiscalía y si no empiezan a resolver los homicidios. Yo creo que van a necesitar que les hagan otra fiesta de ese tamaño, como la que me hicieron a mí para que se pongan a trabajar.

(V.pág.8 del periódico El Informador del 26 de agosto de 2023).

La Fiscalía de Jalisco está haciendo, y bien, una parte de su chamba: buscar indicios para saber qué pasó con los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Lo que no está haciendo la Fiscalía del Estado, ni la de la República, ni ninguna otra entidad del gobierno estatal o federal es buscar a los responsables de la desaparición y probable asesinato de 5 jóvenes con lujo de violencia y publicidad. No detenerlos es una derrota para el Estado; sin embargo, eso no parece preocuparle mayormente ni al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ni al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien, pese a su promesa de dar información el día de ayer, simplemente dijo que no había novedades, restándole toda importancia al asunto.

A ninguno de los 2 se le ha ocurrido que sería un buen gesto hablar con los padres de las víctimas; ni uno ni otro se ha atrevido a anunciar un viaje a Lagos de Moreno para escuchar a los habitantes de la zona. Los 2 quieren hablar de otra cosa, de lo que según ellos están haciendo bien. Ah, y por supuesto de su popularidad en las encuestas, faltaba más: uno presume que es el 2o. presidente mejor evaluado del mundo; el otro cacarea en redes que pasó del lugar 28 al 12 entre los gobernadores del país. Para eso sí hay tiempo y presupuesto, faltaba más. Hay prioridades.

El mensaje del crimen organizado está clarísimo: en este territorio mandamos nosotros. Disponemos de las vidas y causamos terror a conveniencia (ahora es Lagos, pero puede ser cualquier parte del país). Tristemente el mensaje del gobernador y del presidente también está muy claro: la vida de los jaliscienses y los mexicanos no importa, lo que importa es la seguridad en abstracto, las cifras a modo, esas que siempre dirán que vamos bien. Por favor no los distraigan con nimiedades, ambos tienen enfrente una elección que ganar. Esto es lo que importa: Claudia y Clemente; Marcelo y Pablo.

Si me tapo la cara con un cojín nadie me ve, piensa el niño siempre autorreferencial. Si no hablo de los desaparecidos nadie me puede echar la culpa, piensan nuestros políticos que sólo se ven el ombligo. Lo primero es infantil e ingenuo; lo segundo es premeditado y perverso.

Hablemos de desapariciones, escuchemos a las familias rotas porque les falta uno de sus miembros y en ocasiones más de uno, porque sólo así vamos a entender que el dolor de cada madre y cada padre, de cada hermana o hermano de un desaparecido es el dolor de todos. En ninguna sociedad, en ninguna circunstancia la desaparición y la violencia son normales. No las normalicemos.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 23 de agosto de 2023).

El 6 de julio pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cometió el ataque más grande a la libertad de expresión de su historia al aprobar unánimemente que para el proceso electoral que arranca en octubre, los programas de opinión, análisis y debate van a ser monitoreados. Esto significa, para efectos prácticos, que las consejeras y consejeros, violando dos artículos constitucionales y uno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, votaron por la previa censura, colocaron un candado al pensamiento crítico, y pretenden imponer la ley electoral más regresiva y antidemocrática del continente. En síntesis, quieren asesinar la libertad de expresión.

El acuerdo que modifica un criterio de 2014 fue presentado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, 24 horas después de haber conversado con el vocero presidencial y jefe de la maquinaria de propaganda gubernamental, Jesús Ramírez Cuevas. No se sabe si, como se comentó en la prensa, Ramírez Cuevas le fue a dar instrucciones a Taddei, pero las sospechas tienen sustento.

Taddei es una persona ligada al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presidente también del Consejo Nacional de Morena, que ha ido colocando a sus cercanos en el INE. Por el otro lado, la óptica: ¿un día después de hablar con el emisario del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta el acuerdo? Ni las formas cuidó, más allá de que pudiera haber sido ese el tema de su encuentro en la víspera. Pero si ella, por ignorancia, incompetencia o en acatamiento de una orden, trabajó el acuerdo y lo presentó ante el Consejo General, ¿en que estaban pensando sus miembros para aprobarlo sin objeción?

El criterio que modificaron estaba muy claro. El 22 de octubre de 2014, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo que definió el catálogo para el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas federales para el proceso 2014-2015, donde se precisaba que serían vigilados únicamente los programas de radio y televisión que difundieran noticias, excluyendo la opinión y el análisis, así como aquellos de debate y entretenimiento. Fue ratificado para las elecciones en 2018, reforzado por un estudio de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde se establecía que los programas donde se opinara, analizara o debatiera, estaban protegidos por el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

Ese criterio partía de algo muy obvio. La valoración "positiva" o "negativa" establecida para las noticias, es imposible de aplicar a la opinión, el análisis y el debate, que por definición son subjetivos. Para comprender su magnitud, hay que ir al periodismo básico, que señala claramente las diferencias entre los géneros de información (las noticias) y opinión.

Este género no exige, como en el informativo, ser justo y balanceado, plural o factual, porque la opinión puede partir de un hecho, pero la idea que surge de él es completamente interpretativa.

A diferencia de la noticia, donde se cumple el derecho de la sociedad a ser informado, la opinión es un complemento donde se aportan argumentos, ideas y se confrontan, con lo cual, en ese trabajo en binomio, se contribuye a la toma de decisiones individuales y se fortalece la democracia, que es el orden social dentro de un régimen de libertades bajo el cual millones de mexicanos nacieron sin haber vivido los largos años de cerrazón y la lucha para demoler la muralla autoritaria.

El INE nos quiere regresar a esa etapa oscurantista donde el pensamiento crítico era reprimido. Lo que pretende es controlar la mente de quienes expresan una opinión y una idea, o chocan con argumentos en los debates, y prohibirles el pensar.

El acuerdo viola el artículo 6 constitucional que establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo dos excepciones incorporadas en una gran parte de las leyes de países democráticos, que tenga un discurso de odio o que incite a la violencia. Infringe el artículo 7, que establece la inviolabilidad de la libertad para difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Y atenta contra el artículo 256 de la ley secundaria de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que dispone que la programación debe incluir diferentes géneros con diversidad y pluralidad en las ideas y opiniones.

Lo que ha hecho el INE, hay que insistir, es una transgresión democrática que lleva a la previa censura, prohibida en la Constitución de la Ciudad de México. Quiere monitorear 73 programas durante las precampañas y 503 en las campañas con la misma regla: eliminar la jerarquización periodística, anular la confrontación de ideas, e inhibir a periodistas y medios. Uniformidad total es lo que quiere el INE, como hacían los regímenes totalitarios.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4 del periódico El Informador del 21 de agosto de 2023).

Indolencia y omisión: ese es el cáncer de la desaparición de personas. Esa es la realidad a la que se enfrentan miles de familias que buscan a sus seres queridos y que, en medio del dolor y la desesperación, se topan con burocracia, malas caras e indiferencia del otro lado del escritorio.

Las herramientas que habilitó el Estado Mexicano: la Comisión Nacional de Búsqueda y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, han quedado ampliamente rebasadas ante una realidad que, en ciertos lugares del mundo, sólo estaría ligada a creaciones literarias o de un guión para el cine.

Aquí, el sello de la casa es impunidad y falta de rendición de cuentas. Los casos se investigan hasta que hay presión mediática o de redes sociales y, cuando eso ocurre, rara vez los responsables encaran la justicia. ¿El resultado? Un ciclo de impunidad que perpetúa la comisión de estos delitos.

Y si a eso sumamos que no hay coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de brindar seguridad, falta de capacitación y de recursos, el cóctel del horror que vive nuestro país sólo suma y suma ingredientes.

La depuración policial es otro añadido. Ningún intento por frenar la incursión del narcotráfico en las instituciones -policiales o no- ha dado frutos. Son miles de millones de pesos del erario que se han arrojado al drenaje de este país en donde los ciudadanos carecen de cobijo institucional.

¿Y las víctimas colaterales? ¿Qué pasa con las madres, padres, hijos de quienes un día se van para no volver? Ellos se ven obligados a librar obstáculos para obtener información sobre sus seres queridos, carecen de apoyo psicológico, legal y económico. El Estado como institución encargada de hacer valer el Estado de Derecho cierra su papel dejando a los deudos en una posición vulnerable y desamparada.

5 años después de iniciado el sexenio, el gobernador de Jalisco reconoce que "nos han robado la paz". 5 años después de que rindió protesta, la estrategia de abrazar antes que disparar del presidente ha demostrado ser un rotundo fracaso. Lo que nos queda como ciudadanos es alzar la voz, condenar cada hecho y exigir a la autoridad que responda, porque a eso se comprometió.

Porque normalizar la violencia y replicarla sin ejercer presión, tal y como ocurre con los 5 de Lagos, con los 6 de Tlajomulco, con las 4 de Encarnación de Díaz, sólo añadirá ingredientes a este desastroso cóctel de impunidad, indolencia y omisión en el que se ha convertido México entero.

Isaack de Loza
(v.pág.2 del periódico El Informador del 19 de agosto de 2023).

Hay también versiones de clérigos, políticos en campaña y funcionarios estatales que narran cómo no han podido llegar a Lagos a cumplir con sus responsabilidades, ya que patrullas de la policía municipal les han impedido el paso bajo el argumento que "los que controlaban la plaza" no sabían de su llegada.

Así, por años de complicidad policial e inacción y ausencia gubernamental, en Lagos, como en muchas otras regiones de Jalisco y del país, se ha impuesto "la marca de la muerte" que ahora ahuyenta y aterroriza no sólo a la sufrida población que ahí habita sino hasta a los más experimentados periodistas que por esta tragedia han llegado a ese municipio alteño convertido en una tierra sin ley.

Dicen que huele tanto a muerte, que hasta las escenas del crimen quedaron ayer sin resguardo, porque ni los soldados, policías federales, estatales o municipales se atrevieron a desafiar a los "halcones del narco" que no dejan de circular en sus motos cuidando su territorio del que han expulsado toda autoridad del Estado mexicano.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 18 de agosto de 2023).

En México el Estado no existe. Acaso gobiernos, pero sólo para recolectar impuestos, otorgar contratos, apagar uno que otro incendio, honrar algunas fiestas y declarar cosas que no existen o que no existirán.

¿Dar seguridad? Qué ingenuos. Esa la da el crimen organizado, no el supremo Gobierno. Éste declara: bajamos el índice delictivo otra décima en este mes. ¡Qué bien vamos! Por qué las madres seguirán regateando la clara tendencia a la baja. Dejen de llorar oportunistas, politiqueras.

El crimen organizado da seguridad. La seguridad de que si eres joven y saliste a pasear, a cenar, a bailar y a un criminal le gustó tu novia o amiga, seguro te levantan. Si a ellos no les gustó como viste a una chava que va con ellos, también, es seguro, te levantan. ¿Llamen a la policía? También la levantan.

Los criminales son desalmados. ¿Por qué no tienen compasión y matan así? Difícil saberlo. Pero no es por el pasado, eh, ni por un preso en Nueva York, ni por un expresidente.

Son desalmados pero saben 2 o 3 cosas. Saben que el Estado no irá tras ellos. Saben que son más que el Estado. Y saben cálculo. Si mato a 1, me sale igual de caro que matar a 5. Si mato a 5 provoco más miedo que si solo mato a 1. ¿Mato a 1 que "me la debe" o ese con todo y sus amigos? Lo 2o. es más redituable: crece la idea de mi poder, y el costo es el mismo: cero reacción del Estado, ensimismado en sus humos de vanidad. Maten a todos.

Un minuto de silencio por esas familias y esos sueños rotos a golpes, vejaciones, balazos y salvajismo propio de la prehistoria, de los tiempos sin Estado.

Salvador Camarena
(v.pág.3 del periódico El Informador del 17 de agosto de 2023).

Ya hemos dicho que un gobierno, municipal, estatal o federal, no puede evitar que una persona mate a otra. Lo que deben garantizar, todos, es que ese crimen tenga consecuencias. El gobierno municipal que encabeza Tecutli Gómez es responsable de lo que sucede en el territorio. El gobierno de López Obrador tiene que ver con las desapariciones, porque el crimen organizado anda a sus anchas. El gobierno de Alfaro tiene que ver con lo sucedido en Lagos de Moreno por la impunidad con la que los grupos de crimen organizado se mueven en esa región; tiene que ver porque el mes pasado, en Encarnación de Díaz desaparecieron 4 mujeres y tampoco pasó nada; tiene que ver porque el crimen organizado controla municipios y carreteras sin que nadie les ponga un alto; tiene que ver porque en lo que va del sexenio han desaparecido y no han sido localizadas 8,400 personas; tiene que ver porque hay más de 4,000 personas muertas sin identificar en el Semefo; tiene que ver porque sólo han logrado enviar a prisión a 21 criminales por desaparición, esto es, que hay un detenido por cada 400 casos.

Si se siguen preguntando qué tiene que ver el Gobierno del Estado, la respuesta es nada más todo. Decir que es un problema federal y que eso le toca al Gobierno de la República es otra forma de sacarle al bulto. El combate al crimen organizado desde lo local no sólo es posible sino obligado. Es un asunto de voluntad política. No de voluntarismo traducido en fuertes declaraciones, miradas a los ojos, o vergüenzas y palabras empeñadas, que es lo que suelen poner sobre la mesa nuestros gobernantes, sino de construcción de acuerdos políticos para que la Fiscalía tenga capacidades y recursos para desarrollarlas; para que tengamos una policía estatal fuerte que controle el territorio y los caminos allá donde las policías municipales no pueden o están amenazadas por el crimen organizado; para que el poder judicial tenga suficientes recursos no sólo para desahogar el rezago, sino para hacer algo parecido a impartir justicia; un gran acuerdo para arrebatarle las prisiones al crimen organizado y sobre todo, para regresarle la paz a las familias localizando e identificando a los desaparecidos.

Sí. Algo tiene que ver el gobierno con todo esto. Se llama gobernar.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 16 de agosto de 2023).

Mientras nada de se sabe desde la noche del viernes pasado del paradero de Roberto Cuéllar, Uriel Galván, Dante Hernández, Diego Alberto Lara y Jaime Miranda, los 5 jóvenes amigos desde la infancia vecinos del municipio de Lagos de Moreno, su caso se puede contar ya como la 5a. desaparición múltiple de diciembre pasado a la fecha en Jalisco.

Ayer uno de los vehículos de los jóvenes privados de su libertad en Lagos de Moreno apareció ardiendo en Encarnación de Díaz con restos humanos en su interior, lo que confirma que en esta región, como en muchas otras de Jalisco y del país los sicarios del narco transitan y delinquen sin que nadie les ponga freno o los detenga por los crímenes que cometen.

5 desapariciones múltiples de diciembre a la fecha en Jalisco es algo inadmisible y debe ser un urgente punto de inflexión para que autoridades municipales, estatales y federales hagan algo efectivo para cumplir su obligación constitucional de garantizar la seguridad e integridad de la población.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 16 de agosto de 2023).

Hace 8 meses Ciro Gómez Leyva se salvó de morir. Una célula criminal que atentó contra su vida fracasó porque el blindaje nivel 7 de la camioneta en que viajaba, lo evitó. El ataque le arrebató el libre albedrío, pero sobre todo la certidumbre. ¿Si no lo mataron, no es lógico pensar que quien ordenó su asesinato buscará que se cumpla el trabajo? Nadie puede saberlo porque en todo este tiempo, las autoridades de la Ciudad de México no han podido resolver el crimen o no han querido hacerlo.

Es incomprensible que el ataque contra Gómez Leyva se mantenga en las tinieblas, por lo que significa en términos de seguridad del Estado mexicano, que trasciende en alcance a la capital federal. Fue una operación criminal que contó con recursos, trabajo de inteligencia y un comando de ejecución, que quiso asesinar a una persona pública que, como ingrediente políticamente explosivo, es constantemente agredida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se necesitan 2 dedos de frente para saber que un asesinato de tan alto impacto, golpearía directamente al presidente. O se requiere un exceso de perversidad y odio para que aun así, sea más importante la molestia de López Obrador con la visión crítica del periodista, que encontrar a los culpables. Sólo una visión estrecha y ensimismada sería incapaz de ver que la impunidad en un atentado de esta escala estimula a las mentes detrás del ataque para poder repetirlo contra él, contra otro periodista, o contra quien quieran. La otra opción, que no puede dejar de manejarse como hipótesis, es que el autor intelectual del crimen tenga motivaciones políticas.

López Obrador mismo deslizó esta posibilidad días después del ataque, al decir que "pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros". Al presidente siempre le gusta ser el centro de atención y victimizarse. Pero de haber existido sospechas que probablemente se trató de una acción de un grupo político adverso al presidente que quisiera dañarlo políticamente, la investigación tendría que haber transcurrido de manera expedita, porque no sólo aclararía el caso, sino le serviría a sus intereses político-electorales. No fue así.

La Fiscalía General de la República no atrajo la investigación pese a ser un atentado de alto impacto con implicaciones políticas y, a decir de las autoridades capitalinas, con el narcotráfico. Las pesquisas se quedaron en la Fiscalía de la Ciudad de México, cuyo trabajo ha sido deficiente. 13 personas que fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el atentado -que originalmente fueron aprehendidas por narcomenudeo-, no han podido ser vinculadas al ataque. Tampoco ha mostrado estar interesada en los procedimientos.

De manera insólita, en términos de metodología de investigación, jamás, hasta ahora, establecieron hipótesis para ir descartando sospechosos, que se hace mediante la revisión de su trabajo profesional que permita ir definiendo quiénes podrían haber estado molestos al grado de querer asesinarlo, por lo que se trabajaría sobre un posible móvil. Nunca revisaron las copias de audio o video de su trabajo, que permitiera ir eliminando o identificando probables sospechosos, o que hubiera permitido aclarar si la hipótesis de que fue trabajo del cártel Nueva Generación que deslizó el secretario capitalino de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tenía algún sustento.

Una forma de establecer el nexo entre el comando de ejecución y las personas detenidas es mediante el reconocimiento de voz, para poder determinar si las grabaciones interceptadas en los móviles de los presuntos responsables, corresponden con alguno de los que están detenidos. Las audiencias para que el juez instruyera los peritajes, se pospusieron en 2 ocasiones. Ayer, a una semana de que termine el plazo para que la Fiscalía presente las pruebas complementarias, se tenía programada una 3a., sin saberse aún qué sucedió.

Otra irregularidad de la investigación fue la filtración de los videos de la cámaras del C5 donde se ve la operación para asesinar a Gómez Leyva y el seguimiento que hacen de vehículos y la motocicleta en donde iba el tirador principal. La difusión de estos videos perjudicó la investigación, al haber dado elementos a los criminales para saber qué sabían de ellos las autoridades y eliminar los cabos sueltos. Es decir, la filtración fue, para efectos prácticos, una acción de sabotaje por parte de alguna autoridad capitalina.

Sobre todo este caos, deliberado o no, López Obrador aseguró sin un solo elemento objetivo de investigación, que no era un atentado relacionado con su trabajo, por lo cual, se supondría que sería un tema personal. Pero tampoco hubo ninguna línea de seguimiento en ese sentido, pues ni la víctima del atentado, ni su círculo cercano fueron llamados a declarar, por la sencilla razón, se infiere, que no había nada que, remota o forzadamente, podría conducir por el tema de un ataque derivado de asuntos personales.

A 8 meses del intento de asesinato de Gómez Leyva, hay 13 personas detenidas a las que no se les ha podido probar la relación con el ataque, se tiene el nombre de Armando Escárcega, "El Patrón", que supuestamente era el jefe del comando de ejecución, que según García Harfuch se encuentra en Estados Unidos y por el que se pidió la emisión de una ficha roja a Interpol, hace meses, sin resultado alguno. Las autoridades afirman tener a los autores materiales del atentado, pero pese a meses de interrogatorios, no han podido construir una red de vínculos mayor, que pudiera ayudar a determinar quién es el autor intelectual del frustrado crimen y cuál fue el móvil del ataque.

Es decir, no hay nada.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador del 15 de agosto de 2023).

La entidad gobernada (es un decir) por el morenista Cuitláhuac García padece un incremento de detenciones arbitrarias.

Animal Político publicó esta misma semana un reportaje sobre ese tema. Firmada por Andro Aguilar, la información expone que "a su llegada a la gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac García endureció el código penal y abrió la puerta a detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos". Cito párrafos centrales de esa historia:

"Desde la administración de Javier Duarte, en la entidad se creó el delito de ultrajes a la autoridad y ataques a las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, a su llegada al gobierno estatal, el morenista endureció las penas y potenció las detenciones policiales a través de los artículos 331 y 371, en un decreto publicado el 11 de marzo de 2021 en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz".

"Antes de la llegada de Cuitláhuac García, el artículo 331 del Código Penal de Veracruz imponía de 6 meses a 2 años de prisión y una multa de hasta 40 días de salario mínimo a quien amenazara o agrediera a un servidor público por ejercer sus funciones".

"Con la reforma impulsada por García en 2021, se agregaron y se reformaron las agravantes a este delito".

"La reforma adicionó que se encarcelara de 5 a 7 años de prisión cuando se realice por una o más personas armadas o 'portando instrumentos peligrosos'".

Con esos cambios, las detenciones pasaron de 49 en 2018 a 224 en 2021. Abogados y activistas, según publica Animal Político, alertan preocupantes ambigüedades de esta ley. Cito de nuevo a Animal:

"Los juristas advierten que la elevación de ultrajes a la autoridad como un delito grave a partir de la reforma impulsada por Cuitláhuac García derivó en una inercia en la que elementos policíacos tenían manga ancha para cometer abusos, lo que a su vez desencadenó en mayores extorsiones a ciudadanos ante la posibilidad de ser detenidos y puestos a disposición por ese delito".

Por cierto, Animal Político también publicó esta semana cómo hay denuncias de que García usa el poder judicial en contra de adversarios.

Algo estaba podrido en Veracruz antes de la llegada de García a la gubernatura. Y por lo visto esa podredumbre no se ha corregido. Y la peor noticia de la alternancia veracruzana sería el haber perdido la oportunidad, e incumplido el deber, de corregir lo que ocurría ahí en tiempos de Javier Duarte, cuando -como Paris Martínez contó en podcast en Así Como Suena-, de cada 10 casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada atribuidos ocurridos en tiempos modernos en Veracruz, 8 sucedieron en los años del ex gobernador famoso por las empresas fantasma. Eso era lo que había que corregir, y no empoderar, en el nuevo gobierno.

Salvador Camarena
(v.pág.3 del periódico El Informador del 11 de agosto de 2023).

Convengamos que las conferencias matutinas no son un ejercicio de diálogo, sino uno propagandístico. No hay diálogo en ninguna de sus 2 acepciones: conversación entre 2 o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa o discusión sobre un asunto con la intención de llegar a un acuerdo. Cuando "interactúa" con periodistas -las más de las veces a modo- lo que sigue es un largo soliloquio.

Han sido el principal instrumento de gobierno de López Obrador, de campaña permanente, de propaganda, de exaltación de su persona, de mentiras respecto al estado que guarda la nación, de exclusión de voces discordantes, de insultos a otros poderes, órganos autónomos, medios, formadores de opinión, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

No estoy clara si en sí mismas son ilegales o, al menos, de dudosa legalidad. Pienso, por ejemplo, en los párrafos 7 y 8 del artículo 134 constitucional que dice que: "Los servidores públicos... tienen... la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos... sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos"; que "la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social" y, que, "en ningún caso... incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada...".

De lo que sí estoy clara es de 2 cosas. La 1a. es que ha violado repetidamente lo que las autoridades electorales, en pleno uso de sus facultades, le han ordenado callar en las conferencias matutinas. En no menos de 14 ocasiones, ya sea el INE o el TEPJF, le han ordenado abstenerse de emitir expresiones en contra de sus opositores o en favor del movimiento que encabeza.

Haciendo alarde de que, como presidente, se percibe a sí mismo por encima de la ley (y lo está), las 14 veces ha burlado o ignorado las resoluciones de las autoridades.

Quién fuera presidente para desacatar las órdenes de las máximas autoridades electorales.

La 2a. es la cantaleta de que él es un ciudadano y que como tal tiene el derecho de réplica: "Como a mí todos los días me agravian, tengo derecho de réplica, ¿no? hasta me quedan a deber, tengo un déficit. Ya voy a ir poco a poco reponiéndome, porque no alcanzo a replicar todo" (13/04/23) o "me quieren silenciar, no quieren que yo hable, y dónde queda la libertad de expresión, y el derecho a la réplica y el derecho a disentir" (14/07/23).

Insólito que exija para sí un derecho que no estuvo dispuesto a otorgar a la senadora Xóchitl Gálvez, quien interpuso un procedimiento judicial de acuerdo con la ley que establece que "toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado... y que le cause un agravio". La solicitud al sujeto obligado -el presidente- fue hecha en tiempo y forma para simplemente aclarar que ella no se había pronunciado por desaparecer las pensiones para adultos mayores.

Quién fuera el presidente para negar el derecho de réplica a pesar de que un juez así se lo ordenó.

Curioso que el presidente quiera convencernos que las mañaneras son un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas cuando la mayoría de los contratos de sus obras emblemáticas y hasta el proceso de elaboración de los programas y planes de estudio que deben anteceder a la elaboración de los libros de texto son clasificados y, por tanto, ocultos a quien quiera consultarlos.

O cuando ha habido un retroceso inimaginable en la disponibilidad de "la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos".

Quién fuera presidente para ocultar la información que no queramos que conozcan las dependencias públicas sin temor a ser sancionados.

Extraño también que se moleste e insulte a los periodistas o a los investigadores que, a partir de documentos oficiales obtenidos por la vía legal, informan sobre actos de corrupción cometidos en su administración, pero él acusa sin pruebas y haciendo uso indebido e ilegal de datos personales protegidos por la legislación.

Otra vez, es el caso de la senadora Gálvez y los documentos difundidos sobre sus empresas, las de su marido y de su hija.

Quién fuera el presidente para obtener ilegalmente información protegida que se refiere a la vida privada y los datos personales de otras personas.

Quizá habría que recordarle al presidente que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros".

Las mañaneras están llenas de estos 3 ataques: a la senadora, a otros integrantes de la oposición, a los periodistas, a los académicos, a los opinadores y a quien se atreva a disentir con él.

Pero no, querido lector, ni usted ni yo somos presidentes y sí estamos sujetos a la ley.

María Amparo Casar
(v.Xiudadanos Mx del 10 de agosto de 2023).

¿Cómo se ve un estado fracasado? Se puede ver en el dato escalofriante de que 18 choferes de rutas han sido asesinados en Guerrero en menos de un mes.

Hoy el trabajo más peligroso de México es manejar una unidad de transporte público en Chilpancingo.

Ayer no sólo mataron al conductor, sino también a los pasajeros y le prendieron fuego al vehículo.

Cuando el crimen organizado toma el control del traslado de personas y bienes por carretera, toma control efectivo sobre el territorio. Y eso es lo que está pasando en Guerrero.

El frcaso de un estado se ve en el desempeño de una gobernadora que no puede garantizar la seguridad de la población civil y ni siquiera la de su círculo familiar.

Hace una semana asesinaron a un tío de su pareja; y este fin de semana fue el esposo de una prima.

Esas estampas se suman al álbum de pesadillas cotidianas que viven las y los guerrerenses: asesinatos, extorsión, despojos ocurren diariamente en torno a hoteles, sitios de taxi, tortillerías, pollerías, mercados públicos...

Por supuesto esta crisis brutal tiene décadas en gestación, el problema no empezó con AMLO, ni con la gobernadora Evelyn Salgado, pero "sí se agravó con la actitud de ambos de minimizar la tragedia y culpar al pasado".

Lo de Guerrero no son hechos aislados de violencia: "es un ecosistema que se sustenta en el atropello y la brutalidad". ¿No será hora de reconocer que ya es un estado fracasado?

Templo Mayor
(v.periódico Reforma en línea del 8 de agosto de 2023).

Desde Cancún, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, retó al jefe del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a continuar con la distribución en el país de los polémicos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo reparto fue prohibido por una orden judicial.

El también aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, que disputará al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la Presidencia de la República, en 2024, indicó que si López Obrador desacata la instrucción de jueces federales, se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Lo reto desde Quintana Roo a que se atreva a distribuir los libros de texto. Va a ver la reacción de quienes somos los padres de familia", sostuvo, al señalar que, de no hacer caso a las instituciones judiciales, López Obrador tendrá que enfrentar las manifestaciones de padres de familia en todo el país.

"Ya iniciamos las acciones jurídicas y asesoramos a los amparos que se han resuelto y al presidente ya le dijeron que no debe distribuir esos libros. Si lo hace, es en contra de una sentencia y de un juez federal, eso se llama desacato, si hay desacato que ese juez le vuelva a decir al presidente que debe cumplir y sino ese asunto lo llevaremos a la SCJN, y veremos si desacata una resolución de la SCJN y si no, las manifestaciones con padres de familia".

Creel detalló que el juez que vio el asunto concluyó que no se cumplió con la consulta tripartita entre autoridades, docentes y padres de familia, además de referirse al contenido.

"¿Cómo es posible que se atrevan a presentar unos libros de texto gratuitos con los sesgos terribles que tienen? Las ciencias que quieren enseñar, la historia que quieren manipular. Matemáticas... 10 hojas".

"Pero eso sí, ensalzan la figura del presidente y solamente dan una visión de la historia. Son 163,000 homicidios violentos (en este sexenio)... ¿cómo se atreve a criticar a (Felipe) Calderón, cuando hoy son 3 veces más los homicidios violentos que con Calderón?".

(V.pág.5 del periódico El Informador del 5 de agosto de 2023).

Llantas y varios vehículos fueron quemados y la carretera México-Cuernavaca, a la altura de Topilejo, fue bloqueada por civiles tras la implementación de un operativo contra talamontes de la zona. En el lugar se encontraban elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

De acuerdo con la alcaldía Tlalpan, la situación fue controlada por parte de las autoridades tras poner en marcha un importante despliegue de seguridad. Los cuerpos federales fueron apoyados por múltiples unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) de la Ciudad de México.

"Al momento, compañeros de @SSC_CDMX se encuentran desplegados, en Topilejo, CDMX, por los hechos ocurridos en Huitzilac, Morelos. Estamos atentos y pendientes para mantener el orden y por cualquier apoyo que se requiera", detalló Omar García Harfuch, titular de la SSC.

Se presume que estos hechos se encontrarían directamente relacionados con el operativo que fuerzas del orden federal y del estado de Morelos (límite Morelos-CDMX) llevaron a cabo en la localidad de Huitzilac, en donde aseguraron aserraderos clandestinos y varias personas fueron detenidas.

En tanto la Secretaría de Gobierno de Morelos informó que los disturbios no llegaron al sitio en el que se llevó a cabo el operativo contra la tala ilegal.

"Al momento no se reportan personas retenidas ni disturbios en el municipio de Huitzilac, derivado de los hechos de este medio día", indicó.

(V.Infobae del 2 de agosto de 2023).

Un grupo de personas del municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, atacó la casa del alcalde Edgar Moreno Gayosso por lo que el edil tuvo que huir por la azotea de su domicilio.

Los disturbios en este municipio ubicado en la sierra de Hidalgo comenzaron la mañana del martes 1 de agosto, luego de que se diera a conocer que el señor Estanislao Hernández, de 60 años, falleció supuestamente a causa de los golpes que recibió por parte de 2 policías municipales.

De acuerdo con diarios locales, el adulto mayor falleció el 31 de julio en el área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que los pobladores acusan que fue debido a los golpes que recibió.

Por ello y durante su sepelio, realizado este martes, la camioneta donde viajaba el féretro del adulto fue colocada frente al palacio de gobierno en señal de protesta.

Vecinos y familiares del señor Estanislao portaban pancartas que pedían el esclarecimiento de la muerte del esta persona.

En ese lugar comenzaron los disturbios, al tiempo que los pobladores denunciaron y acusaron abuso de autoridad por parte de los policías. Videos compartidos en redes sociales muestran una patrulla y otro vehículo incendiados como parte de las protestas.

Sin embargo, los ánimos fueron incrementando hasta que los pobladores vandalizaron las oficinas del ayuntamiento. Además, la turba acudió a la casa del alcalde donde varias personas ingresaron al inmueble para saquearla y destruir el mobiliario. En tanto, una camioneta Jeep que se encontraba en el garage del lugar fue incendiada.

Grabaciones e imágenes compartidas en redes sociales muestran también como el alcalde tuvo que huir por la parte trasera de la vivienda ante el temor de que fuera agredido. Al lugar llegaron elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional para controlar la situación.

La detención del señor Estanislao se dio en las inmediaciones de la colonia 10 de mayo del municipio, en donde las grabaciones compartidas por internautas muestran el uso excesivo de la fuerza con la que los agentes municipales suben a la camioneta al adulto mayor.

(V.Infobae del 2 de agosto de 2023).

Una orden de aprehensión es una solicitud que realiza el Ministerio Público ante el juez para detener a una persona después de que recabó indicios de que cometió un delito. No significa que sea culpable -para eso es el juicio-, sólo se presume que lo es y se exige su presencia para que rinda cuentas ante un tribunal.

Pedí por transparencia a la Fiscalía del Estado de Jalisco las órdenes de aprehensión ejecutadas y pendientes por homicidio doloso. Después de un recurso de revisión y varias semanas, me entregó la información a regañadientes.

Lamentablemente, la base de datos que me entregó la Fiscalía no distingue homicidio doloso (intencional) del culposo (accidental). Sin embargo, los indicadores globales son valiosos para comprender mejor el sentido de esa manoseada palabra que ha perdido su significado de tanto que la repetimos: impunidad.

En este sexenio la Fiscalía ha detenido con una orden de aprehensión a 1,516 presuntos homicidas. Significa que dio el 1er. paso para investigar a un presunto asesino. El Ministerio Público analizó y procesó información para imputar al probable autor de un homicidio y lo detuvo.

Sin embargo, hay que decir que de 2019 a junio de este año se cometieron 12,078 homicidios dolosos y culposos según datos del Sistema Nacional de Seguridad. Esto significa que la Fiscalía capturó sólo al 12.5% de los probables culpables.

Si añadimos que la Fiscalía todavía debió someter a juicio a los imputados y en el desahogo de pruebas demostrar su culpabilidad ante el juez para conseguir una sentencia, así se explica cómo llegamos a la mentada tasa de impunidad en donde 9 de cada 10 homicidios quedan sin castigo en Jalisco. Datos sobre impunidad no faltan. Lo que falta es empezar a hacer algo con ellos.

La cifra de órdenes de aprehensión por homicidio doloso y culposo pendientes de ejecutar por la Fiscalía del Estado: 3,448 mandamientos judiciales concedidos por un juez para detener a un presunto asesino, según datos que obtuve vía transparencia. En este universo hay órdenes de captura recientes y de hasta 20 años atrás.

La capacidad institucional de la Fiscalía del Estado para localizar, procesar y castigar a los responsables de estos homicidios -ya no digamos de los miles que ni siquiera tienen una orden de captura vigente- es muy poca.

Los datos del estudio "Hallazgos desde lo local 2021: Jalisco", de México Evalúa, revelaron que la entidad está por debajo de la media nacional en número de policías investigadores, ministerios públicos y peritos. En Jalisco hay 1,284 agentes investigadores, que equivalen a una tasa de 15.9 por cada 100,000 habitantes, 5.1 puntos por debajo de la tasa nacional que es de 21.

A la falta de personal y la saturación de trabajo, sumemos que la Fiscalía carece de un servicio civil de carrera. Éste sólo se cumple en los procesos de formación y evaluación en el ingreso, pero una vez contratados, se desvanecen las posibilidades de ascender en el escalafón por méritos propios. Todo queda a criterio y subjetividad de los jefes o las cuotas políticas.

La generación de resultados requiere investigaciones basadas en protocolos, uso de tecnología, equipamiento, personal y presupuesto suficiente, capacitación y conocimientos para garantizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.

No sé si lo han pensado, pero creo que la labor de un policía investigador es una de las más delicadas y adversas en el servicio público. Tras el reciente atentado con explosivos en Tlajomulco ahora es una actividad de más alto riesgo.

Me pregunto quiénes son esos hombres y mujeres que todos los días salen a la calle a intentar armar las primeras piezas de un rompecabezas cada vez más grande y difícil de entender. Habrá malos elementos, seguramente, pero quiero creer que la mayoría son ejemplares y esforzados. Son la tropa y el 1er. eslabón en esa larga "tubería procesal" de nuestro sistema de justicia al que le urge mucho más que un arduo trabajo de plomería.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 31 de julio y 1o.de agosto de 2023).

Para hacer posible la vida en sociedad, hemos creado un orden jurídico al que debemos ajustar nuestra conducta. Dicho sistema establece principios, define roles, señala límites y sanciones para los trasgresores. Cuando ese orden se violenta y se rompe la fuerza constitucional que lo sujeta, sobreviene la dictadura o la anarquía: se pierde la libertad.

La ley garantiza la convivencia, iguala personas, repara daños, armoniza intereses, acerca a los distantes y promueve la justicia. Para lograr esos objetivos, existe el gobierno, cuyo fin es ejercer la autoridad con imparcialidad y buen juicio, velando siempre por el interés general. El gobernante, por representarnos a todos, no debe actuar facciosamente. El gobierno no debe excluir, sino integrar. No condena el éxito ni sataniza la riqueza. Tampoco debe exaltar la pobreza ni la ineptitud como virtudes. No hace negocios, por el contrario, propicia la creación de empleos y la justa distribución del ingreso. En el gobierno no debe haber cuates ni adversarios, sino profesionales del servicio público, honestos, capaces y eficientes.

Acostumbrados a vivir en medio de la violencia (basta leer los periódicos o incursionar en las redes para darse cuenta de la gravedad del tema), hemos perdido, además de la capacidad de asombro, la noción del riesgo y las posibles consecuencias de vivir en la anarquía. El problema es que, frente a la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo federales el próximo año, el presidente de la república, rompiendo con las leyes e instituciones nacionales ("…no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley"), actúa como vulgar delincuente electoral, colocándonos al borde de una crisis política y de gobernabilidad cuyos resultados pueden ser terribles para nuestras vidas y para las siguientes generaciones. Afortunadamente, la dictadura o la anarquía se mantienen, hasta este momento, solo como una amenaza, debido al papel que desempeña la Suprema Corte de Justicia como garante de la constitucionalidad de los actos de los poderes ejecutivo y legislativo.

Frente a un gobierno fallido, ¿qué debemos hacer? Como Jacinto Cenobio, ¿liar nuestras pertenencias y abandonar nuestra tierra y nuestros afectos? ¿Renunciar al derecho de crecer y desarrollarnos aquí, en nuestra patria? ¿A dónde iríamos? ¿Qué no vemos las caravanas de centro y suramericanos cruzar nuestro territorio, arrastrando su pobreza, vejados por las policías, persiguiendo un futuro que se les niega? Aún estamos a tiempo de defender nuestro derecho a una vida digna, en libertad y con justicia. Que la historia no nos juzgue por timoratos. Ganémonos el título de ciudadanos.

Eugenio Ruiz Orozco
(v.pág.3 del periódico El Informador del 31 de julio de 2023).

Desde hace rato, nuestra democracia sufre el embate de la judicialización de nuestra política, del uso de las cortes no para lo que son, un medio para impartir justicia, sino para extorsionar a contrapesos o a opositores legítimos del gobierno en turno.

AMLO lo padeció cuando Fox intentó desaforarlo. Más recientemente, los casos contra Ricardo Anaya y Eduardo Medina Mora sientan un funesto precedente.

Cuando la campaña de Anaya empezaba a despegar, el gobierno de Peña inventó una acusación de enriquecimiento ilícito que se centraba en distorsionar la venta lícita de un almacén.

Al candidato se le amenazó, incluso, con proceder contra su familia. Funcionó, su campaña se desplomó.

Hoy seguimos pagando las consecuencias. Si bien era improbable que éste remontara la ventaja de Morena, quizá tendríamos más balance en las cámaras, impidiendo las peores decisiones de este gobierno.

Una vez pasados los comicios, Anaya fue totalmente exonerado.

A Medina Mora, ministro de la Suprema Corte, se le acusó en base a depósitos "cuantiosos" en sus cuentas personales, eventualmente reconociendo una confusión, pues los tomaron en libras esterlinas, cuando se trataba de pesos, es decir, que se exageraron los montos "sólo" 25 veces. Con ese pretexto, congelaron no sólo sus cuentas, sino todas las de su familia, liberándolas un sábado, una vez que renunció. No hubo acusación posterior.

López Obrador necesita desaforar a la senadora Xóchitl Gálvez para que procedan los cargos que su gobierno le levantó en la FGR y en la Fiscalía de la Ciudad de México, donde Ernestina Godoy sería leal cómplice judicial de la treta política. ¿Por qué otra vez tan burda táctica?

Xóchitl es kryptonita para la narrativa que AMLO deseaba enmarcara la campaña.

Él necesita ahondar la división entre los mexicanos, sabiendo que su bando es el más nutrido. Pero ella habla de un México en el cual todos cabemos, y de unirnos buscando propósitos comunes.

AMLO necesita un candidato de oposición con un pasado privilegiado. Pero se topa con una mujer que vino de la pobreza, que enfrentó violencia doméstica y que se hizo sola; se topa con quien se atrevió a aspirar a más e invita a que quienes vienen de donde ella, también se atrevan.

AMLO quisiera un candidato de oposición con larga carrera política, militancia en PRI o PAN y muertos en el clóset, y se topa con una mujer sin militancia, que ha votado en el Senado en forma independiente y con una reputación inusualmente limpia.

AMLO quisiera un opositor que amenace con dar vuelta en U, y ella sostiene que mantendrá -y profundizará- los programas sociales, y se manifiesta tan enemiga de la pobreza como él dice serlo.

Quienes afirman que Xóchitl es el peón de la oligarquía, no la conocen; peor aún, no entienden que su meteórico despegue ha sido totalmente orgánico y que esos "oligarcas" difícilmente podrían mover la aguja como ella la ha movido.

No es cosa de dinero, sino de carisma.

La improvisación y frescura detrás de sus primeros actos públicos, que incluso la han llevado a cometer errores, confirman que no es instrumento de nadie.

Judicializar las ficticias carpetas contra Xóchitl sería un error de proporciones épicas. No me cabe duda de que, si procede, millones saldrán a las calles. Ella no es Anaya o Medina Mora.

Nada aseguraría su llegada a la Presidencia más que una acusación en la misma fiscalía de la candidata de Morena. AMLO lo sabe.

Su propósito real es distraerla atacando a su familia, apagar su alegría, incrementar sus negativos. A diferencia del ataque contra Anaya, con sigilo usando a los medios, éste es frontal y obvio.

Jorge Suárez-Vélez
(v.periódico Reforma en línea del 29 de julio de 2023).

Para 2024, y de ahí en adelante, 2% del presupuesto que tenga el Estado de Jalisco se irá, sí o sí, para el Poder Judicial: ese ente encapotado y lejano a los reflectores que se ha mantenido en las sombras durante décadas, y que en cada atención al micrófono suelta la misma letanía: acá lo que se necesita es varo.

Sin darle vueltas, a partir del próximo año el órgano encargado de impartir justicia, o lo que eso signifique en Jalisco, recibirá al menos 3,200 millones de pesos.

El discurso de arranque que da el mero-mero de ese poder, Daniel Espinosa Licón, es que los mil millones (quizás sean más) se van a ir a infraestructura y equipo, porque "hay computadoras obsoletas" y casas rentadas habilitadas como juzgados... pero todavía no hay garantía de que se cumpla la premisa de rapidez y libertad de obstáculos a la hora de impartir justicia.

En sus propias palabras, que se les garantice un buen presupuesto "no es magia para el Poder Judicial y (así) cambiar las condiciones". Porque "no toda la culpa es del Poder Judicial" cuando el Inegi nos revela que impera una impunidad de 95%. Porque, lejos de dotarlo de autonomía, el Judicial queda atado de manos frente al todopoderoso Ejecutivo que, con una firma del gobernador, se sacó la lotería.

¿La justicia necesita recursos dignos? Por supuesto. Así como el medio ambiente, la cultura, la educación, la salud, el agua y todas las áreas que tengas en mente. Pero independientemente de eso, ¿es justo para el ciudadano escuchar que la "Reforma Estructural" demore 10 años "más o menos" para comenzar a verse?

Porque así fue como lo dijo el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco este miércoles en la emisión vespertina del noticiero de UDGTV Canal 44.

"Ustedes me dirán que es mucho tiempo, pero yo les pregunto sobre la justicia penal del nuevo sistema de justicia. ¿Hemos visto al día de hoy los resultados que esperábamos? No, porque no hemos tenido los 10 años que se habla de cuando hay una reforma profunda".

Almacenes, archivos y juzgados dignos. A decir del tío Licón, es ahí donde se va a centrar el jugoso presupuesto que recibirá el Poder Judicial de Jalisco a partir de 2024. Ya después hablamos de acortar los tiempos para los juicios, luego hablamos de erradicar esa mala práctica de acumular expedientes en archiveros sin fin.

En otra ocasión preparamos a las y los burócratas que no quieren atreverse a abordar la justicia digital, después acabamos con el influyentismo, al ratito depuramos los cientos (sí: cientos) de aviadores que rondan el edificio y, eventualmente, le damos una verdadera satisfacción a la comunidad a quien le prometimos "consolidarnos (...) como un órgano que genere confianza y credibilidad".

Pero ahorita no, joven. Ahorita que lluevan los billetes. A inundarnos de ellos, que ya está en curso el temporal. Quizás y a lo mejor en 10 años le resolvemos su expediente. Quizás.

Isaack de Loza
(v.pág.2 del periódico El Informador del 29 de julio de 2023).

Por 5a. vez en un mes, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó imponer medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por unanimidad, la comisión ordenó la modificación o eliminación en todas las plataformas oficiales de la conferencia matutina del pasado 26 de julio, en la que el mandatario mostró encuestas que favorecen a Morena de cara al proceso electoral federal de 2024.

Además, se aprobó una tutela preventiva, a fin de que el titular del ejecutivo federal evite realizar o emitir manifestaciones relacionadas con el proceso electoral de 2024, al considerar que se pueden vulnerar los principios de neutralidad e imparcialidad.

El presidente López Obrador expresó en dicha conferencia que "ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación".

En este contexto, la consejera del INE Claudia Zavala subrayó que no hay ninguna censura a la libertad de expresión, sino que se está aplicando el cumplimiento del deber de un servidor público de alto nivel.

"Pedir que se entienda desde el INE o el Tribunal no tiene ningún significado porque no es de entendimiento, porque es hacer efectivo lo que dice la Constitución", sostuvo.

"Esta medida cautelar que nuevamente se dicta para solicitar al presidente de la república que cumpla con su deber de neutralidad que está impuesto en la Constitución, es un llamado para el cuidado de los procesos electorales", subrayó la consejera.

Enfatizó que esta nueva medida constituye un exhorto al cuidado de los procesos electorales, por lo que hizo un llamado a no generar condiciones de tensión en el sistema y en la sociedad.

En ese sentido, la consejera Rita Bell López reiteró que no es una persecución de parte de las autoridades electorales, sino que se trata de la aplicación de la Constitución.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral será la encargada de estudiar el asunto de fondo, es decir, si las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador constituyeron violaciones a la ley electoral y los principios constitucionales.

En caso de confirmarse la existencia de las infracciones, puede ordenarse la inscripción de su nombre en el registro de sujetos sancionados de la Sala Especializada, aunque no constituye una sanción.

Al tratarse del servidor público de más alto nivel en el país, la ley tampoco contempla una sanción por violación a la Ley Electoral para el presidente de la república.

(v.pág.5 del periódico El Informador del 29 de julio de 2023).

Una corriente de agua que descendió del cerro de El Tapatío durante la tromba de la madrugada de ayer causó daños en el fraccionamiento Revolución y la colonia Las Huertas, ambas en Tlaquepaque. Sin embargo, vecinos denuncian que la inundación que se presentó en sus calles, y que derivó en el arrastre de 40 vehículos, se originó por falta de captación de agua de uno de los 2 vasos reguladores que hay en la zona.

Un depósito pluvial se ubica en el nuevo bosque urbano de Tlaquepaque, en el cruce de Solidaridad Iberoamericana y Lázaro Cárdenas, mientras que el otro está en el parque urbano Revolución, sobre la avenida Salvador Orozco Loreto y la calle Chico.

Los habitantes del fraccionamiento Revolución acusan que desde hace meses una empresa constructora que finca unas torres de departamentos en el área, usa el vaso regulador del parque urbano Revolución como depósito de escombros y ello restó capacidad de contención en la última tormenta.

Afirman que el hecho ha sido reportado a las autoridades, sin que hasta el momento obtengan una respuesta.

"Necesitamos que nuestras autoridades realmente recuperen este vaso regulador, que tanto nos ayuda a mitigar las inundaciones y evitar que se siga rellenando con escombro. Nosotros lo hemos reportado a Tlaquepaque, a la Prodeur (Procuraduría de Desarrollo Urbano), también a la Procuraduría de Medio Ambiente. Dentro del SIGMetro del IMEPLAN (Instituto Metropolitano de Planeación), toda esta zona está catalogada como de alto riesgo de inundación", expresó Josué Moreno, vecino de la zona.

Los quejosos piden a las autoridades se haga la limpieza del depósito pluvial, pero también se sancione a la constructora que presuntamente tira el escombro dentro del vaso regulador.

(V.pág.4 del periódico El Informador del 29 de julio de 2023).

Las llamadas falsas a la línea 911 aumentaron en Jalisco en los últimos años. De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que fueron presentadas esta semana, 80% de los enlaces en el estado fueron improcedentes en el 1er. semestre de 2023.

En comparación, en 2021 el indicador fue de 74%. Estos números ponen a la entidad en el 3er. lugar nacional en esa materia. Sólo la superan el Estado de México y la capital.

Ante esta situación, el Escudo Urbano C5 subrayó que esta práctica afecta a los habitantes que, ante una emergencia, requieren el apoyo de policías, elementos de Protección Civil o de Servicios Médicos.

"Es importante que la ciudadanía vigile y concientice a menores de edad para que durante este periodo vacacional no se hagan llamadas falsas o de broma al 911, pues ponen en riesgo la vida y/o patrimonio de otras personas".

Por otra parte, hace 5 años se aprobó en el Congreso del Estado una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y al Código Penal para establecer como un delito la realización de llamadas falsas a los números de emergencia, como el 911, y con ello endurecer las multas.

Sin embargo, las modificaciones que fueron hechas al Artículo 168 de dicha legislación sólo quedaron en el papel, pues hasta la fecha nada se sabe del protocolo para identificar a los responsables.

Las sanciones por hacer esto van de los 10,374 a los 31,122 pesos, pero luego de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, no quedó claramente definido cómo proceder, tanto para la multa económica como para el cobro.

El entonces diputado impulsor de la reforma, Augusto Valencia, señaló que para establecer y cobrar las multas, estas debían quedar instauradas en la Ley de Ingresos del Estado; sin embargo, desde 2018 éstas no han aparecido.

Se consultó al respecto sobre la aplicación y cobro de multas por este concepto a la Secretaría de Hacienda del Estado y al Escudo Urbano C5 a cargo del 911, así como a la Fiscalía Estatal sobre las investigaciones jurídicas pertinentes por este delito, pero al cierre de esta edición ningún organismo emitió alguna respuesta.

(V.primera plana y pág.5 del periódico El Informador del 28 de julio de 2023).

Aunque toda la pauta y el ritmo de la iniciativa que garantizará al menos el 2% del presupuesto estatal al Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJ) vino del poder ejecutivo, es por donde se le vea una buena noticia que habrá que ver si se capitaliza con un ejercicio verdaderamente autónomo en la administración de la justicia y con una verdadera limpia a un poder judicial que sigue siendo uno de los peores evaluados del país.

Sin duda es alentador que el presupuesto del STJ, supeditado económicamente siempre al poder ejecutivo, eleve casi mil millones de pesos su presupuesto el año próximo por esta iniciativa, al pasar de los 2,213 millones de pesos ejercidos este año a los más 3,177 millones en el 2024 que por ahora equivalen al 2% de los 158,860 millones de pesos del presupuesto estatal. Pero lo más importante es que en lo sucesivo habrá un porcentaje fijo, que debería crecer al menos al 3%, para no dejar al criterio del gobernador en turno el presupuesto del poder judicial.

Si se ejerce con transparencia y honestidad, desde luego que esta crecida presupuestal servirá para edificar más espacios y contratar más jueces, para combatir así la sobrecarga de casos que tienen colapsados los juzgados, y se convierten en fuente de corrupción e impunidad.

Pero lo que hay que dejar claro es que sólo con autorizar más dinero al Poder Judicial de Jalisco no se logra en automático su autonomía y su verdadera independencia del poder ejecutivo, para hacer realidad la separación de poderes y normalizar el orden constitucional.

En Jalisco, como en muchas otras entidades, estamos lejos de tener equilibrio de poderes, como por 1a. vez empieza a asomar en el país, con el contrapeso al ejecutivo federal en el que se ha convertido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la presidencia de la ministra Norma Piña.

Pese al avance democrático y las alternancias políticas que hemos vivido en nuestra entidad, ni en los gobiernos priistas, panistas o el actual emecista, el STJ y su titular en turno han tenido el carácter para cumplir su obligación de emanciparse de los dictados que les llegan de Palacio de Gobierno y convertirse, como la 1a. presidenta mujer de la Corte, en los defensores del cumplimiento de las leyes en el estado.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 27 de julio de 2023).

Se registra un embotellamiento que llega hasta las Plazas Outlet.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo de un joven desaparecido el pasado 21 de julio en Tlaquepaque, se manifestaron en la avenida López Mateos a la altura de El Palomar. Los quejosos bloquearon el sentido de sur a norte, en demanda de la localización del muchacho, visto por última vez en la colonia Haciendas de San José, del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

La víctima está identificada como Héctor Adrián Aguilar Corona de 27 años de edad. Entre los manifestantes hubo empleados de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), compañeros de trabajo de Héctor.

El grupo de aproximadamente 60 personas cerró el sentido de ingreso a la ciudad. Al sitio llegaron elementos de la Policía del Estado y Policía Vial, quienes liberaron uno de los carriles para desfogar el tráfico. Hubo altercados entre manifestantes, autoridades y automovilistas molestos por el cierre de la arteria vial.

Debido al cierre parcial de la vialidad, el embotellamiento llegó hasta las Plazas Outlet. Personal de la Fiscalía arribó al sitio para dialogar con los familiares del joven y liberar la circulación.

"El salió de la casa de unos amigos y ahí se perdió, alguien se lo llevó en ese transcurso, atrás del ITESO y Hacienda Santa María. Ahí fue su pérdida de él. Ya encontramos su carro, sus cosas, pero él no está", expresó la señora María Teresa Corona Navarro, madre de Héctor Adrián.

[¿Y las cámaras del C5? - pregunta el webmaster.]

Después de hora y media de bloquear López Mateos, el contingente se retiró con la promesa de personal de la Fiscalía que mañana habrá una reunión con los padres del joven en Palacio de Gobierno. Los padres del joven advirtieron que si no hay avances en las indagatorias, bloquearán de nuevo López Mateos a la misma hora este jueves.

(V.periódico El Informador en línea del 26 de julio de 2023).

Un policía municipal de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, atropelló a una mujer mayor luego de que condujera a exceso de velocidad para pasarse el alto.

Además de la mujer, la patrulla se llevó consigo a otros 2 peatones, que quedaron tendidos sobre el asfalto. De acuerdo con testigos, después del accidente el policía intentó darse a la fuga, pero fue golpeado y detenido por personas que se encontraban en la escena, y que estuvieron a punto de lincharlo.

En el video compartido en redes sociales, puede verse la unidad detenida sobre un carril exclusivo, el parabrisas hecho añicos, y al elemento acorralado y con heridas sangrantes.

Vecinos de la zona cerraron la calle hasta que no se llegó a un acuerdo con las autoridades. Las tensiones provocaron enfrentamientos entre pobladores y uniformados.

Los hechos ocurrieron ayer, 24 de julio, alrededor de las 2 de la tarde en la colonia Nuevo Laredo. El policía afirmó que llevaba las luces de la patrulla encendidas y que se dirigía a una llamada de auxilio, razón por la cual se pasó el alto, hecho que ha sido desmentido por los testigos.

La mujer de 56 años fue llevada a servicios de emergencia con heridas severas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya inició las respectivas investigaciones para aclarar el caso.

(V.periódico El Informador en línea del 25 de julio de 2023).

México requiere de una estrategia nacional efectiva e integral ante el problema de la inseguridad si se quieren enfrentar los inéditos niveles de violencia, los cuales se convierten en un obstáculo para el crecimiento económico, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

"La garantía de la seguridad pública es indiscutiblemente la principal obligación del Estado en todos los regímenes democráticos, y México está lamentablemente fallando. Es fundamental para impulsar la inversión y el crecimiento económico que permitan el progreso social", apuntó.

(V.pág.4 del periódico El Informador del 24 de julio de 2023).

Por un lado, las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autorizaron las campañas anticipadas de los aspirantes a la Presidencia, tanto de las "corcholatas" de Morena como de los suspirantes del Frente Opositor, al rechazar la propuesta de la magistrada Janine Otálora de ordenar suspender los actos proselitistas que iniciaron hace un mes los candidatos oficialistas y días después los aspirantes opositores, ya que eran claramente actos anticipados de campaña, disfrazados por un lado con la elección del "coordinador de los comités de defensa de la 4T", y por el otro, para elegir al "responsable nacional para la construcción de un frente amplio opositor".

Antes el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Comisión de Quejas, les había permitido a las "corcholatas" seguir con las giras de cara a la encuesta interna sugiriendo que no hicieran promesas de campaña y que los eventos fueran en lugares cerrados del partido.

También el Tribunal Electoral pidió al INE definir lo que pueden y no pueden hacer los aspirantes en esta etapa, mientras que el órgano electoral acordó que empezarán a supervisar contenidos y contabilizar gastos de las giras de suspirantes oficialistas y opositores.

Este actuar lento, poco oportuno y condescendiente muestra el sello del nuevo INE morenizado. Ese que la mayoría oficialista y sus aliados en la Cámara de Diputados lograron imponer para sesgar hacia su lado la elección de 4 de las y los 11 consejeros electorales que integran el Consejo General del INE, así como la presidencia. Esta captura de la 4T del órgano electoral, con Guadalupe Taddei Zavala al frente y la y los nuevos consejeros Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo ha asomado claramente en esta falta de rigor para hacer cumplir la Ley Electoral, que marca septiembre como el inicio de los comicios y la 3a. semana de noviembre para que arranquen las precampañas.

Está en juego, pues, el voto de confianza al nuevo INE. La tibia salida para querer poner orden, sea simulación o no, los compromete a hacer cumplir la Ley Electoral, que simple y sencillamente señala que quien comete actos anticipados de campaña y oculte los gastos debe ser inhabilitado como candidato o candidata.

Lo demás será una simulación que inhabilitaría la autoridad del INE para conducir debidamente el muy ríspido proceso electoral que se ve venir en el 2024 que estará en juego la permanencia o la expulsión del poder de la 4T. Nada menos y nada más es la gobernabilidad democrática de este país la que está en juego.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 24 de julio de 2023).

Ya se cumplió un mes del denominado 'corcholatour' de los -llamémoslo por su nombre- precandidatos de Morena por la nominación presidencial y muy a pesar de la prohibición de la ley y la 'súplica' del Instituto Nacional Electoral (INE) de que se abstengan de hacer campaña política, los 'bendecidos' de Palacio Nacional continúan en su recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional.

Y lo mismo sucede desde el púlpito mañanero, donde a pesar de la medida cautelar para impedir que siga operando como 'jefe de campaña' y dirigente de partido, Andrés continúa violando la ley e ignorando a la autoridad electoral.

Y en el pleno de consejo del INE, que ayer por la tarde sesionó, gran parte del tiempo estuvo dedicado al tema de los beneficios económicos que generan a Morena la venta de los muñequitos de peluche, como 'amlitos', 'monrealitos', 'clauditas' o 'ebrardsitos', pero no en implementar medidas más drásticas en contra de todos los precandidatos de partidos que se encuentran en plenas campañas electorales valiéndoles 'olímpicamente' las disposiciones de la ley electoral.

La realidad, es que el asunto ya se le fue de las manos al INE, que prácticamente está imposibilitado ante las 'triquiñuelas' de López Obrador con su 'novedosa' sección en la mañanera denominada 'No lo dije yo', que es una ratificación del enunciado presidencial de que "A mí no me salgan con eso de que la ley es la ley" o la descarada propuesta de Marcelo Ebrard a Xóchitl Gálvez de tener un debate "cuando quiera", cuando sabe perfectamente que no está en los tiempos de la ley de llevarlo a cabo.

El apresuramiento de los tiempos, los destapes anticipados y el abrasamiento por llevar la contra y a la vez ‘la voz cantante’ en el proceso presidencial por el inquilino de Palacio, en una acción de 'ignorancia deliberada', nos tiene en medio de este torbellino de 'delincuentes' de la ley.

Daniel Rodríguez
(v.periódico El Informador en línea del 21 de julio de 2023).

Vecinos del fraccionamiento Parques del Castillo bloquearon el tránsito de la carretera Guadalajara–El Salto, en protesta por la falta de agua que los aqueja desde hace 3 días. Aunque el Ayuntamiento de El Salto se comprometió a resolver la exigencia desde el jueves, el servicio no se había restablecido y por ello se convocó al cierre de la vialidad.

La violencia se hizo presente, luego que policías municipales y un grupo de quejosos se agredieron. El saldo de esta trifulca fue una mujer detenida.

Los manifestantes también frenaron el paso de vehículos de carga y transporte de personal de las naves industriales que hay a los alrededores. Afirmaron que si bien el problema se agravó hace 3 días, tienen meses batallando con el suministro; pues sólo llega agua algunas horas del día y carece de presión.

"Tenemos mucho con esto y no se vale, nosotros pagamos por un servicio que no se nos da, no de manera digna. Hemos platicado con la gente del ayuntamiento y nos dicen que ya se va a resolver, que ya se harán las reparaciones y nada. Antes de menos teníamos el chorrito, ahora ni eso", expresó Joséfina Rayas, una de las afectadas.

El grupo conformado por aproximadamente 60 personas portaban pancartas donde demandaban la resolución del conflicto hídrico.

Un funcionario municipal que acudió a la manifestación afirmó a vecinos que el tema ya se trabaja y que laboran para restablecer el servicio lo más pronto posible. Una falla mecánica en el sistema de bombeo sería la causante del problema.

Los quejosos presentaron un documento que data de agosto del año pasado donde había compromisos firmados por las autoridades en el tema de agua. Se afirmó que Cima Serena y Villas de Guadalupe también tienen problemas con el suministro.

El embotellamiento se presentó en ambos sentidos de la carretera a El Salto, hacia el norte llegaba hasta el Nuevo Periférico, mientras que hacia el sur inicia en San José del Castillo.

(V.periódico El Informador en línea del 21 de julio de 2023).

Una jueza me confesó una vez la diferencia entre un asunto de tipo penal y la disputa de una pensión alimenticia en un juzgado familiar. El 1o. llega a una sentencia condenatoria o absolutoria tarde o temprano mientras que el 2o. nunca termina. Duran años o toda la vida.

El Registro Civil del Estado me informó por transparencia que tiene registrados sólo a 97 deudores alimentarios en Jalisco. La cifra es irrisoria. Según la activista Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina que establece sanciones más severas para los morosos, en la entidad hay 250,000 padres que incumplen con el pago de la pensión alimenticia.

Los nombres de los deudores no son públicos, a diferencia de la CDMX. El Registro Civil me proporcionó el adeudo de sólo 17 incumplidos que a la fecha deben 5'954,000 pesos de pensión alimenticia a sus parejas. El monto más alto es de 804,000 pesos. Le sigue otro por 707,592 pesos y un 3o. que ha dejado de pagar 688,100 pesos.

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos se creó en 2019 tras una reforma al Código Civil de Jalisco. La condición para ser inscrito es el incumplimiento de pago por más de 90 días. La realidad es que nunca ha funcionado.

Esta omisión de los varones se traduce en un tipo de violencia económica, psicológica y patrimonial, pues entre más poder adquisitivo del deudor, menos probable es que pague gracias al sistema de corrupción y tráfico de influencias que prevalece en el Poder Judicial de Jalisco.

Las artimañas para evadir el pago de la pensión alimenticia son innumerables: se bajan el sueldo, falsean sus ingresos, alteran cuentas de sus negocios.

El Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios realiza a menudo tendederos de denuncia en espacios públicos del país. Colocan el nombre, fotografía y número de expediente. El último en Guadalajara se realizó el 21 de junio en Ciudad Judicial con motivo del Día del Padre. Participaron un centenar de madres que exigieron el pago de la pensión alimenticia de sus ex parejas y denunciaron corrupción en los juzgados para beneficiar a los deudores.

En mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma aprobada por el Senado, la llamada Ley Sabina, que obliga a crear un padrón público de deudores. A los morosos se les restringirá la emisión de permisos de conducir, pasaporte y la compraventa de inmuebles ante notario. También se les impedirá presentarse a cargos de elección popular y postularse para jueces o magistrados. Las entidades tienen hasta octubre para armonizar las leyes locales.

Se trata de un golpe brutal para el negocio corrupto de funcionarios y litigantes mañosos dueños de un sistema que garantiza impunidad a padres negligentes con juicios eternos.

Pronto sabremos quiénes son esos deudores alimentarios. Entre ellos hay funcionarios, políticos y hombres de poder ocultos en un padrón anónimo. Por fortuna, eso acabará.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 19 de julio de 2023).

El Estado no puede dejar de buscar. Buscar los cuerpos de las personas desaparecidas no es una opción o una graciosa concesión, es una obligación. Por supuesto que tiene que hacerlo asegurando la seguridad de los elementos de las policías municipales e investigadoras que acompañan las diligencias, y sobre todo de las madres buscadoras y familiares. Pero esa también es su obligación: darnos seguridad a todos.

El verdadero dilema de los gobernantes no es reconocer las obligaciones del Estado, esas están perfectamente descritas en las leyes, sino administrar los recursos del erario, siempre escasos, para decidir cuáles, de todas las obligaciones que están en la ley, son su prioridad.

La ley mandata dar seguridad, la ley mandata otorgar servicios públicos, educación, salud, recreación, cultura, protección al ambiente, etc. Detrás de cada uno de los ministerios del Estado a nivel federal, estatal o municipal hay una obligación que cumplir. La violencia que hoy padecemos es el resultado de muchos sexenios en el que la seguridad y la justicia han sido conscientemente relegados por los políticos. Todos sin excepción, de 15 años a la fecha, se quejan de que recibieron un Estado violento, policías corruptas y un sistema judicial igualmente corrupto. Ninguno ha hecho nada por cambiar la tendencia. El dinero público se ha invertido invariablemente en obras de infraestructura, algunas sin duda importantes, otras intrascendentes para la vida pública y no pocas francamente inservibles por no decir fraudulentas.

Hay 2 razones por las que los políticos han preferido hacer obras y no combatir la inseguridad. La 1a. es política: el votante (es decir nosotros como sociedad) premia más la inversión en cosas tangibles y de corto plazo. La 2a. y quizá concreta es económica: la obra pública es la gran fuente de corrupción.

De nada sirve tener más carreteras si éstas están en manos del crimen organizado o si los ciudadanos tenemos miedo. Un gobierno diferente, ahora que vienen las grandes promesas de las campañas para la Presidencia y la gubernatura, no será el que prometa levantarse temprano para atender personalmente la mesa de seguridad ni el que diga dar la cara y prometa presentar mes a mes los números de la inseguridad. Los que se van ya fracasaron, aunque ellos digan lo contrario.

Un gobierno distinto será el que ofrezca poner en 1er. lugar el tema de la inseguridad y comprometa su capital político y el presupuesto en el combate al crimen. Un gobierno distinto será el que decida buscar los cuerpos de los desaparecidos, pero sobre todo las causas de la desaparición. Porque en las madres buscadoras se sintetiza el horror y la esperanza, el problema y la posibilidad de salir de él, concentrémonos en construir un gran pacto social por la seguridad con ellas en el centro de una gran política pública de seguridad de mediano y largo plazo.

Sólo buscando los cuerpos encontraremos la salida.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 18 de julio de 2023).

La historia de impunidad y de tráfico de influencias en el gremio notarial de Jalisco se seguirá exhibiendo en las próximas semanas porque la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, lejos de investigar y deslindar responsabilidades en el caso de las irregularidades en la aplicación de exámenes para obtener los Fiat por parte del Colegio de Notarios, decidió solapar esos abusos, aunque ello implicara ignorar los términos de una sentencia de amparo dictada por el Tribunal Federal Administrativo.

Me refiero al caso de la sustentante María Guadalupe Sánchez González, quien el 29 de junio de 2018 presentó su examen en busca del Fiat que le permitiera ejercer como notaria pública. Como no estuvo conforme con el 60 de calificación que le dictaminaron y para el Colegio de Notarios no existe la revisión de examen por la total opacidad con la que procesan sus convocatorias, tramitó un amparo para poder corroborar sus respuestas. Pese a todas las tácticas dilatorias emprendidas por el Colegio de Notarios y la Consejería Jurídica del gobierno estatal para alargar el litigio y hacer desistir a la sustentante de continuar esa batalla legal, Lupita logró que la justicia federal obligara a que se le mostrara su examen.

Sobrevino así la sorpresa que dejó en evidencia todas las triquiñuelas que existen para traficar con los Fiat, que ponen en entredicho la honorabilidad y confianza de los dirigentes de los fedatarios públicos y la complicidad de los gobiernos estatales en turno: el examen había sido mutilado, le habían arrancado 7 hojas que contenían 27 respuestas de las 50 preguntas abiertas que contenía el examen. La parte de las 50 preguntas de opción múltiple estaba completa.

Pese a esta flagrante prueba del delito por parte del Colegio de Notarios, tras otros 4 años de litigios, el Juzgado de Distrito -que para especialistas en la materia debió haber ordenado la entrega directa del Fiat a Lupita porque le destruyeron parcialmente su examen-, sólo mandató que se le aplicaran las 27 preguntas que le habían sido arrancadas.

Muchos pensamos que, por el tamaño del escándalo, tanto el Gobierno del Estado como el Colegio de Notarios no sólo abrirían una investigación urgente para deslindar responsabilidades por este trama de corrupción, sino que aplicarían con total apertura y transparencia las preguntas faltantes a la víctima.

Sin embargo, y para la indignación de no pocos dentro y fuera del gremio notarial, el pasado 10 de julio que se le citó a la sustentante, la Consejería Jurídica estatal y el Colegio de Notarios cambiaron las 27 preguntas originales y le pusieron como tiempo límite 48 minutos con 6 segundos, que además de constituir una clara trampa, incumplían con lo dictado en el amparo de la justicia federal.

El claro ejemplo, sin duda, de que existe una casta notarial con protección gubernamental en Jalisco.

Poco les importa tener en riesgo la reputación del gremio notarial jalisciense, en el que nadie levanta la voz, pese a seguir bajo la lupa de la justicia federal por el caso de Lupita.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 18 de julio de 2023).

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó la nueva edición del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) donde detectó un aumento en el riesgo de corrupción en compras públicas en 184 instituciones federales entre 2021 y 2022. En 76 dependencias este riesgo bajó.

En su informe señala que 7 de cada 10 instituciones aumentaron su puntaje de riesgo en el IRC con respecto a 2021, además, detectó la falta de competencia y de transparencia como las prácticas de riesgo que persisten en las compras públicas.

Detalló que en 2022, las instituciones públicas federales adjudicaron 2'500,000 pesos a empresas fantasma, 107'868,000 a empresas sancionadas y 3,474 millones a empresas de reciente creación.

El Instituto señaló el incumplimiento de la ley, la falta de competencia, de transparencia como algunos factores de riesgo en las compras hechas por instituciones del gobierno federal.

De acuerdo a su informe, en cuanto a la falta de competencia, el IMCO puntualizó que en las compras públicas de 2022 el 38% del monto gastado se adjudicó directamente y el 25% de los concursos tuvieron 3 participantes o menos.

Respecto a la falta de transparencia, el Instituto explicó que más de 13,000 adjudicaciones directas no contaron con el documento del contrato a disposiciones del público y poco más de 2,000 licitaciones incumplieron con la publicación de uno o más documentos. Además, indicó que el 4% de las compras públicas no contó con una liga funcional a Compranet, lo que impide conocer la información básica del proceso.

Refirió también que el 45% de las compras públicas hechas en 2022 fueron publicadas en la plataforma de Compranet días después de la fecha de inicio del contrato. Detalló que el 9% se cargaron a la plataforma entre 1 o 2 meses después.

También precisó que en dicho año el gobierno contrató proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública en los cuales ejerció un gasto de más de 107 millones de pesos.

(V.periódico El Universal en línea del 17 de julio de 2023).

La agresion de Lopez contra la ciudadana Xóchitl Gálvez confirma todas las preocupaciones de que el presidente violará la Constitución para no entregar el poder.

Ante la agresión, Xóchitl sólo tiene como recurso la ley. Pero el presidente no acata la ley.

Usó información del SAT para iniciar una persecución legal contra ella. ¿Denuncia correspondiente? ¿Por qué? ¿Cuál es el delito? Ninguno.

Pretende quitarle, su conexión con los sectores populares: "miren, la candidata opositora tiene dinero, y ustedes no".

El ataque presidencial refleja sus resentimientos: el que tiene dinero es enemigo... salvo que se ponga sus órdenes.

Talento, esfuerzo, estudio, sacan de sus casillas al presidente.

A López Obrador le queda el recurso de reventar la elección antes de junio, si es que para entonces no ha logrado demoler a Xóchitl.

Pablo Hiriart
(v.periódico El Financiero en línea del 17 de julio de 2023).

No deja de sorprender la rabia con que López Obrador ha decidido emprender una persecución politica en contra de Xóchitl Gálvez.

Y parece que está dispuesto a todo.Le ha escamoteado la condición de pobreza en que creció, sus raíces indígenas, su éxito como empresaria, y el que sea desfachatadamente libre.

Ha ido desde la abierta grosería hasta la violación del secreto fiscal.

Para muchos se trata de un error estratégico del presidente, combinado con su necedad.

Por lo pronto, hay que salir en defensa de Xóchitl frente a la rabia presidencial y que a López lo juzgue la historia.

Juan Ignacio Zavala
(v.periódico El Financiero en línea del 17 de julio de 2023).

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que las giras y actos que realizan las 6 "corcholatas" son proselitistas, pero los "frenó" a medias.

La presidente de esa comisión, Claudia Zavala, planteó la prohibición de estos actos de los seis aspirantes a la candidatura presidencial porque están ocasionando daños irreversibles a la equidad de la contienda electoral. Sin embargo, los consejeros Jorge Montaño y Rita Bell rechazaron prohibir las giras.

Solamente se ordenó a los involucrados que todos los actos públicos que se programaron o se efectuarán, no contengan elementos proselitistas. Y deberán realizarse conforme a lo siguiente: los actos referidos como recorridos o "asambleas informativas" se llevarán a cabo preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político, como sus oficinas estatales o municipales. Deberán ser dirigidos a militantes y simpatizantes del partido Morena. No deberán emitirse expresiones de índole electoral. Previo al inicio de cada acto, ya sea un recorrido o una asamblea informativa, se deberá informar de manera explícita sobre el contenido y revisar los discursos de las personas que están participando por la titularidad de la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4a. Transformación, para asegurar que estén alineados con las acciones establecidas en los acuerdos. "Se deberán ajustar a los parámetros constitucionales y conducirse con legalidad y equidad".

(V.primera plana del periódico El Informador del 16 de julio de 2023).

La senadora y aspirante a la candidatura a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, rechazó que los contratos otorgados a sus empresas asciendan a 1,400 millones de pesos, y señaló que procederá legalmente por violar la ley para investigarla.

En su cuenta de Twitter, la legisladora respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que el documento donde presuntamente presenta los contratos de sus empresas "deja evidencia que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración".

"Sígale, no le tengo miedo, no hay nada que ocultar", retó la aspirante.

"Ha violado con esto una serie de leyes y, por ello, procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable", sostuvo Xóchitl Gálvez.

Expuso que si bien el presidente dijo que su empresa recibió ese dinero del gobierno, pero según su propio documento no llegan ni a 80 millones.

"Me queda claro que ni contar sabe, eso explica el porqué de los sobrecostos de sus obras", añadió.

La senadora subrayó que el mandatario ha dejado claro que le molestan las empresas formales y que ahora hasta de los negocios entre empresas quiere opinar.

"Confirma que prefiere las empresas patito de los elevadores del IMSS, los contratos de su prima Felipa, los sobres amarillos de sus hermanos y las casas prestadas a su familia", manifestó.

"Conmigo se topó con pared porque quien nada debe, nada teme. En el fondo lo único que demuestra es que no le gustan las personas que aspiramos a algo mejor, le molesta la superación personal y el progreso social. Lo bueno es que ya se va", advirtió.

(V.pág.7 del periódico El Informador del 15 de julio de 2023).

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió unas gráficas con presuntos montos que suman más de 1,400 millones de pesos en negocios que las empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI), propiedad de la senadora Xóchitl Gálvez, firmaron en los últimos nueve años con empresas privadas y el gobierno federal, incluido el suyo.

Entre las dependencias que han firmado contratos bajo el actual gobierno con estas 2 empresas de la senadora están Petróleos Mexicanos (Pemex), Salud (Ssa), Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En su cuenta de Twitter, el jefe del ejecutivo federal señaló que envía esta información para que el empresario Claudio X. González y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) lo analicen y verifiquen.

Indicó que el empresario y MCCI puede ampliar la información "y hacer la denuncia legal correspondiente".

"Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en 9 años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente", dijo López Obrador.

La senadora del PAN respondió en entrevista con Ciro Gómez Leyva que esto es falso, y que si le comprueban estos contratos renunciará a la candidatura a la Presidencia por el Frente Amplio por México.

"Reto al presidente López Obrador a que demuestre que en 9 años mis empresas han obtenido contratos por 1,400 millones de pesos. Si me lo demuestra, yo renuncio a la candidatura, pero sino puede demostrarlo que él renuncie a la Presidencia", sostuvo.

Durante su conferencia mañanera, el presidente expuso que estos contratos se han otorgado con gobiernos anteriores, desarrolladores y de construcción.

"La información que me llegó es que en 9 años sus empresas, son dos, recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos, 1,400 millones de pesos. Estamos hablando como de 120 millones por año", expuso.

(V.periódico El Informador en línea del 14 de julio de 2023).

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal cometieron actos anticipados de precampaña y campaña al participar en un mitin en Coahuila en 2022, antes de la elección local en el Estado de México y Coahuila.

Por unanimidad, resolvió que también cometieron campaña anticipada los entonces gobernadores electos de Hidalgo, Julio Menchaca; Tamaulipas, Américo Villarreal; y Quintana Roo, Mara Lezama.

Además, se propuso imponer una multa al partido Morena, a su dirigente Mario Delgado y a la secretaria general, Citlalli Hernández, por estas infracciones a la ley electoral.

En dicho evento, Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores, no estuvo presente debido a que dio positivo por COVID-19.

Tras analizar los discursos emitidos en el evento, se concluyó que "estos constituyeron actos sistemáticos o planificados para beneficiar a Morena".

(V.pág.6 del periódico El Informador del 14 de julio de 2023).

El que el crimen organizado comience a utilizar explosivos para generar terror social, utilizándolo especialmente contra las autoridades en materia de seguridad, representa para las personas especialistas en la materia, la ejemplificación del retar a las autoridades y mostrar hasta donde son capaces de llegar, pues saben que existe impunidad y que no se les podrá enfrentar.

Para Nancy Angélica Canjura, investigadora nacional de Causa en Común, estas acciones demuestran que el crimen organizado tienen el objetivo de probar hasta dónde puede escalar la violencia, ocasionando una presión a las autoridades.

"Llevamos ya varios años con esta lucha infructuosa contra la delincuencia organizada que nos ha llevado a tener escenas dantescas en distintos puntos de la república; sin embargo, y afortunadamente, estos ataques no han sido constantes, pero lo que vemos es una especie de descaro, donde muestras que no tienen límites, que su nivel de confrontación extremo, donde es necesario que exista una respuesta contundente por parte del Estado mexicano", señaló la especialista en seguridad y políticas públicas.

Por su parte, Arturo Villarreal Palos, investigador de la Universidad de Guadalajara, especialista en seguridad y justicia, consideró que, si bien el crimen organizado siempre ha hecho uso de estos artefactos, se ha identificado recientemente y han sido utilizados precisamente para generar miedo en la población, aprovechándose de que conocen exactamente cómo actuarán las autoridades en las trampas que les ponen. Indicó, su uso demuestra la falta de inteligencia policial, pues han logrado, en la mayoría de los casos, atacar a las autoridades.

"La autoridad está actuando a ciegas. No sabe a qué se está enfrentando ni cómo va a atacar el enemigo. Pero quienes sí tienen información de cómo operan las policías son ellos, porque ellos sí tienen un despliegue y análisis de sus movimientos, y ahí están en una gran desventaja los cuerpos policiales", indicó el especialista.

Añadió, lo ocurrido la noche del martes, así como lo sucedido el pasado 29 de junio en Celaya, Guanajuato, evoca a las acciones emprendidas por el crimen organizado en Colombia, entre finales de 1980 e inicios de los 2000, lo cual habla de que las tácticas han comenzado a replicarse aprovechándose de la impunidad y la inexistencia del Estado de Derecho.

(V.periódico El Informador en línea del 11 de julio de 2023).

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se vanaglorió del desenlace de los hechos violentos de Chilpancingo. "Sin represión ni confrontación, logramos la liberación de 13 servidores públicos retenidos... Mediante una mesa de trabajo que instruí llevar a cabo al titular de la [Secretaría General de Gobierno], Ludwig Marcial Reynoso Núñez, construimos acuerdos con los manifestantes, siempre, como se ha privilegiado, dentro del marco de la ley".

No sé si el resultado sea un triunfo político para la gobernadora, pero es falso que se haya privilegiado el "marco de la ley". Después de todo, se permitió el bloqueo del libramiento de Chilpancingo, un ilegal ataque a las vías de comunicación que afectó a miles, y el secuestro de 13 funcionarios. Y sí se trató de un secuestro; la expresión "fueron retenidos" es un eufemismo para describir la privación ilegal de la libertad. Los manifestantes también robaron un vehículo blindado, un Rhino, que utilizaron como ariete para embestir un edificio público. No hay detenidos ni consignados.

Si esto fue un triunfo para la gobernadora, para la gente común fue un desastre. El bloqueo de vías de comunicación duró dos días. No solo afectó a los habitantes de Chilpancingo, sino también a los de Acapulco y otros lugares de Guerrero. La capital quedó paralizada. Se suspendieron las actividades gubernamentales y las clases. Los comercios tuvieron que cerrar sus puertas. Mucha gente perdió sus ingresos. A los políticos y a los burócratas no les inquieta, porque el gobierno les paga de cualquier manera, pero a la gente del pueblo sí le importa y mucho.

La gobernadora de Guerrero afirma que la liberación de los secuestrados y del libramiento se logró después de que los manifestantes firmaron un acuerdo para la construcción de "obras sociales". Los líderes de los manifestantes habían declarado desde un principio que este era el propósito de sus movilizaciones, pero la secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, desmintió ayer a la gobernadora en la mañanera en Palacio Nacional al declarar que la movilización fue motivada por "la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas". Estas dos personas, añadió, pertenecen "a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada... por la comisión de diversos delitos del fuero común y federal".

Supongo que la secretaria Rodríguez no mintió -ya que en la 4T los funcionarios no mienten, ni roban, ni traicionan- y los manifestantes actuaban realmente en representación de Los Ardillos. Cabe preguntarse, entonces, si la negociación tuvo que ver únicamente con la realización de obras sociales o si se hicieron otras concesiones a este grupo criminal. No olvidemos que la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, se reunió con Celso Ortega, uno de los líderes de Los Ardillos, y no sabemos qué le prometió.

Si se hicieron concesiones a los criminales, es lamentable. El Presidente afirma, después de todo, que en el pasado se vivió un narcoestado, pero narcoestado es el que hace acuerdos con el narco, como habría ocurrido en este caso. Aun si el gobierno solo negoció la realización de obras sociales, sería un error acordarlo con quienes lo extorsionaron bloqueando una vía de comunicación y secuestrando a funcionarios. Ceder ante un extorsionador es crear incentivos para más movilizaciones que violen el marco de la ley y los derechos de inocentes.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 12 de julio de 2023).

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó la mañana de este martes que su gobierno no será rehén de nadie, en alusión a la situación que se vive en el estado de Guerrero, donde pobladores de los municipios de Quechultenango, Mochitlán y la comunidad de Petaquillas, en el municipio de Chilpancingo, bloquearon ayer lunes un tramo de la Autopista del Sol.

"Nosotros no vamos a ser rehenes de nadie, y no estén pensando que nosotros vamos a ser represores como eran los de antes, no hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones", declaró el presidente López Obrador durante su conferencia de prensa "mañanera" de este martes.

Los inconformes en Guerrero indicaron que tras la reunión con el secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que decidieron iniciar el bloqueo.

"La instrucción que dio Rosa Icela y que fue apoyada por el gabinete de seguridad, es no caer en ninguna provocación, porque puede ser que los jefes anden buscando eso, nada más que no se va a enfrentar la violencia con la violencia, el mal no se puede enfrentar haciendo el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien", señaló López Obrador, desde Palacio Nacional.

Además, el mandatario agregó: "Decirle a la gente de Guerrero, y a los que van a viajar hacia Acapulco, que si toman la carretera, pues que nos comprendan. Que nos ayudan si tenemos que padecer un poco, que ofrecemos, ¿no?, disculpas, pero que es lo mejor, lo mejor como se está actuando, que no hay impunidad para nadie y no hay violencia. Imagínense que ayer se les enfrenta, traían armas".

Ayer, En su cuenta de Twitter, Capufe informó del cierre de circulación en la Autopista del Sol en ambos sentidos en el libramiento Chilpancingo, km 278. Parador del Marqués.

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, aseguró que no separará del cargo tras la crisis de violencia que vive la capital y después de que fue exhibida en fotografías y un audio en una reunión que sostuvo con un presunto líder de la organización criminal "Los Ardillos".

En conferencia de prensa, Hernández Martínez dijo que está sufriendo una campaña en su contra y que la violencia que se vive es provocada por "fuerzas oscuras y perversas" que no están de acuerdo con su gobierno.

(V.periódico El Informador en línea del 11 de julio de 2023).

La tarde de ayer lunes, en el estado de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, un grupo de transportistas y pobladores de comunidades de los municipios de Chilpancingo, Mochitlán y Quechultenango se enfrentaron a elementos de la policía estatal y la Guardia Nacional.

La gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado, se pronunció sobre el tema y señaló su "política es de diálogo y no represión".

Por esta situación se reportó la suspensión del transporte público en la capital de Guerrero, así como el cierre de comercios y la suspensión de clases, además de que mantuvo bloqueada la Autopista del Sol.

De acuerdo con informes oficiales, las organizaciones criminales "Los Ardillos" y "Los Tlacos" mantienen una disputa por la capital.

Esta violencia ha dejado escenas de terror como el hallazgo de 7 cadáveres desmembrados regados en frente del barrio de San Mateo, desde el 24 de junio.

Además, junto con 5 cabezas humanas, dejaron un mensaje a la alcaldesa, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez. "Saludos, presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo".

Sin embargo, la alcaldesa, Norma Otilia Hernández, negó tener un vínculo con el crimen organizado. Pero se filtraron imágenes en donde desayuna con el líder de "Los Ardillos", desde esa publicación, la alcaldesa no se presenta al ayuntamiento y ha cancelado todos sus eventos públicos, su última aparición fue un evento social en Acapulco.

Durante el fin de semana, 9 unidades del transporte público de Chilpancingo, de la comunidad de Petaquillas, Chilapa y Mochitlán fueron incendiadas, atacadas a balazos y con granadas de fragmentación en la capital de Guerrero.

La ola de violencia comenzó el sábado en la madrugada con el ataque a un taxi de Chilpancingo y una camioneta de la ruta a la comunidad de Colotlipa, en el municipio de Mochitlán.

En los 2 ataques, hombres armados interceptaron las unidades, luego les dispararon y les prendieron lumbre. El servicio del transporte público fue suspendido en las rutas de Petaquillas, Mochitlán, Quechultenango, Tixtla, Chilapa, Tierra Colorada y en Chilpancingo.

La violencia desató miedo y zozobra en la población: escuelas anunciaron la cancelación de clases y ceremonias de graduación, se suspendieron fiestas y el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla.

Por el miedo, reportan que en la ciudad desapareció el tráfico y apenas unas combis y taxis pasan por las calles, muy pocos choferes se atrevieron a salir a trabajar. Muy pocas personas salieron a la calle, muchos de los negocios no abrieron, en la Plaza Cívica y el Zócalo no había movimiento.

Las rutas de transporte público hacia Chilpancingo suspendieron el servicio, al igual que las que salen de la capital de Guerrero a la comunidad de Petaquillas y a los municipios de Chilapa, Mochitlán, Quechultenango, Tixtla y Juan R. Escudero. Además de que las bases estaban vacías.

Cientos de personas caminaban por las calles en busca de un transporte que los llevara a sus casas. La mañana de ayer, la escena fue similar: las paradas estaban llenas de pasajeros esperando una combi o taxi. Sin embargo, comenzaron a salir algunas unidades con la advertencia de que al 1er. balazo el servicio se suspendía la circulación.

Transportistas y pobladores de comunidades de los municipios de Chilpancingo, Mochitlán y Quechultenango entraron a la ciudad tras romper el cerco de la policía estatal y la Guardia Nacional, lo cual provocó un enfrentamiento.

La irrupción de unos 3,000 pobladores de los municipios de Mochitlán y Quechultenango y de la comunidad de Petaquillas, obligaron a replegarse a los elementos de seguridad.

Los manifestantes tomaron un vehículo de la policía estatal, de los conocidos como rinocerontes, y con ese han ido avanzando por la ciudad hasta llegar al edificio del Palacio de Gobierno, donde rompieron las rejas para entrar.

El gobierno del Estado de Guerrero difundió un comunicado en el que informó que el secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, estaba atendiendo a una comitiva, pero se desconocían sus demandas.

La gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado, se pronunció sobre el tema y señaló que el diálogo con el funcionario tiene lugar como parte de su "política de diálogo y no represión".

En un mensaje publicado en redes sociales indicó: "El objetivo es transitar con quienes realizan esta protesta hacia la ruta del entendimiento y los acuerdos, todo dentro del marco de la legalidad y con ello garantizar el libre tránsito a la ciudadanía de esta capital".

Pobladores de los municipios de Quechultenango, Mochitlán y la comunidad de Petaquillas, en el municipio de Chilpancingo, bloquearon ayer en la tarde un tramo de la Autopista del Sol.

Los inconformes indicaron que tras la reunión con el secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, no se llegó a ningún acuerdo, por lo que decidieron iniciar el bloqueo.

En su cuenta de Twitter, Capufe informó del cierre de circulación en ambos sentidos en el libramiento Chilpancingo, km 278. Parador del Marqués.

La secretaria de Seguridad Pública de Chilpancingo, Martha Icela Velázquez Adame, afirmó que la violencia que se vivió el sábado, donde fueron asesinados 6 choferes y fueron atacadas 9 unidades del transporte público, se debe a una reacción del crimen organizado por una detención que hizo la policía estatal.

El pasado 5 de julio fueron detenidos Jesús Echeverría Peñafiel, "El Topo" y Bernardo "C" por la Policía Estatal de Guerrero, en la carretera nacional México-Acapulco, en Chilpancingo. Esta tarde ambos fueron vinculados a proceso y prisión preventiva.

"El Topo" se ostentaba como integrante de la Policía Comunitaria UPOEG, brazo armado del grupo delictivo "Los Ardillos", es señalado por delitos contra la salud en la modalidad de transporte.

Bernardo "C" es señalado por su probable responsabilidad en los ilícitos de posesión de cartuchos y cargadores exclusivos del Ejército y Fuerza Aérea.

(V.periódico El Informador en línea del 11 de julio de 2023).

Ebrard, al ponderar el papel de la Guardia Nacional se preguntó: "¿Para qué se creó la Guardia Nacional? Para hacer valer la ley. La Guardia Nacional está entrenada para enfrentarse a la delincuencia". Sin embargo, a la fecha no se ha hecho valer la ley y con el ejemplo de ayer en Chilpancingo. El ofrecimiento se escucha muy "hueco".

Daniel Rodríguez
(v.pág.3 del periódico El Informador del 11 de julio de 2023).

Por derechos de autor, la mañanera de hoy jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido bajada en algunos canales oficiales del gobierno federal en YouTube.

Esta mañana de jueves, el mandatario pidió poner la canción “Un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny, como parte de su selección de canciones contra corridos tumbados.

"Este video incluye contenido de The Orchard Music, que lo bloqueó por motivos relacionados con los derechos de autor", es la leyenda que aparece en el video que ya no se puede reproducir.

(V.periódico El Informador en línea del 6 de julio de 2023).

Todos están violando la ley. Empezó el presidente, al lanzar la campaña interna anticipada de Morena y sus aliados; lo hará la oposición si continúa con sus planes de empezar la suya. Los consejeros del INE no se atreven a intervenir: ¿Se imagina usted las consecuencias políticas de descalificar a todos los candidatos presidenciales? La reforma electoral de 2007 ha fracasado en su intento por evitar campañas anticipadas.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 28 de junio de 2023).

A nadie parece importar ya que la ley electoral vigente marca septiembre como el inicio de la contienda y la 3a. semana de noviembre para que arranquen las precampañas, y ya todos se pusieron a jugar mientras el INE morenizado de Guadalupe Taddei Zavala nada ha hecho para hacer respetar la norma, con lo que todos y todas juegan en la cancha del piso ilegal parejo.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 27 de junio de 2023).

Así como en este mismo espacio lo leyó hace ocho días con Banjército, ahora, en el mejor llamado Banco del Malestar, dirigido por Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, también se agandallaron las utilidades, las cuales ascendieron a más menos 800 millones de pesos en el ejercicio de 2022. ¡Así como lo están leyendo!

Y ya ni para qué decir esta boca es mía de Luisa Alcalde, quien por poner su bonita cara fue premiada en Gobernación sin tener, vamos, ni el 10% de experiencia que la 4T pedía. Bueno, y no está por demás comentarles que, haciendo gala de que ellos son diferentes... ok, no, 7 miembros de su familia trabajan en el gobierno. ¿No que con ellos ya no habría nepotismo?

Calladitos creen que se ven mejor, pero...

Increíblemente, los trabajadores del Banco del Bienestar una vez más me buscaron para denunciar la nueva arbitrariedad que, claramente, vulnera sus derechos laborales, y que nadie dentro de la institución bancaria se atreve a dar una explicación. Ni al mismo Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco del Bienestar (Sntbabien) les han querido responder, aseguran.

"El sindicato (Sntbabien) sí metió una queja, pero no, o sea, de todos modos la echaron para atrás", comentó con coraje uno de los empleados que ha entregado más de 10 años de trabajo a la institución antes conocida como Bansefi y quien todavía recuerda que por el ejercicio de 2018 recibió por última vez utilidades, equivalentes a 50,000 pesos.

La dirección general a cargo de Lamoyi Bocanegra calla ante la solicitud de los empleados, a pesar de que en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022 del Banco del Bienestar queda plasmado que la institución puede entregar la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, mejor conocido como el PTU.

Uno de los empleados, que decidió alzar la voz, me contó que el ambiente laboral es un infierno porque, además de trabajar en promedio entre 10 y 11 horas, sin goce de pago de horas extra, no pueden cuestionar el atropello a sus derechos porque inmediatamente los tienen "en la mira", o de plano les exigen renunciar, porque tampoco se puede hablar de despido con todas las de la ley.

"Aunque no tengamos trabajo en puerta, decimos 'si me dan mi liquidación, vámonos, ya así', pero, como te comento, el problema es que no quieren pagar, no nos quieren tampoco liquidar".

"De hecho, en algún momento del año pasado corrieron a mucha gente, la amenazaron, le dijeron que pues mejor renunciara que porque ellos tenían todo solucionado para que no te pagaran, te ibas a pasar 3 años y no te iban a pagar y mucha gente optó por decir 'ok, te renuncio', pero otra gente no, hubo gente que metió pleito laboral", sostuvo.

Esto no es nuevo, pero ¡les vale!

No está por demás recodarles que el año pasado comencé a darle seguimiento al tema y publiqué el 18 de mayo la columna titulada Malestares que Bienestar ya no puede ignorar, que revela la ola de despidos en la institución y cómo estaban dejando en puestos clave a personas que no contaban ni con la formación académica ni experiencia y cuyo perfil profesional dejaba mucho qué desear.

"El director general dice que no es priista porque sólo es una persona que empezó a trabajar en aquellos ayeres, pero sí se atreve a juzgarnos a los demás por no ser morenistas o tabasqueños, no queremos ser más que trabajadores y seres humanos, hombres y mujeres, tratados con dignidad y respeto", contaron a la periodista en ese momento.

Sin embargo, y a pesar de ese llamado, las cosas siguieron la línea de vejación para los empleados, lo cual dejé documentado en una nueva columna del 12 de octubre de 2022, bajo el título El Banco del Congal, donde di cuenta de que, según testimonios, en un mensaje de WhatsApp que circuló entre trabajadores de la institución se señala a Lamoyi Bocanegra y a algunos de sus colaboradores más cercanos de sostener relaciones sexuales "con la nómina".

Por si no fuera suficiente, en esa ocasión otros empleados me contaron que el covid-19, en el mal llamado Banco del Bienestar, fue tratado como una "enfermedad general", porque quienes se contagiaron y debían aislarse se quedaron sin premio de prima de vacaciones y otros bonos, "porque hasta enfermarse en el Banco del Congal está prohibido".

Esto, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo establece la obligatoriedad de pagar a los trabajadores una parte de las ganancias generadas por la actividad productiva que ofrece una empresa en el mercado, y que para este 2023, las personas morales (empresas) tenían como fecha límite el pasado 30 de mayo, mientras que las físicas (patrones) hasta el próximo 29 de junio.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que, de no cumplir en tiempo y forma con las utilidades, las empresas y patrones pueden hacerse acreedores a multas que van de los 50 a los 5,000 salarios mínimos vigentes.

Ahora bien, ¿será también el responsable Arturo Herrera y corresponsable "el fantasma de SHCP", Ramírez de la O, de dejarlos sin sus utilidades, alegando austeridad por la pandemia?

Amenazar es lo suyo...

Así pues, y a 15 meses de que termine el gobierno de la llamada 4a. transformación, los trabajadores del Banco del Malestar siguen con la incertidumbre y su lucha contra una administración quesque se pronuncia a favor de la clase trabajadora, pero que intimida y obliga a callar a quienes exigen respeto a sus derechos laborales.

Se ve que la máxima de "los carniceros de hoy serán las reses del mañana", creen que ¡jamás les aplicará!

Leído lo anterior, les vuelvo a preguntar a las corcholatas Sheinbaum, Ebrard y López, ¿ustedes también les quitarán sus derechos laborales a los empleados de Banjército y del Banco del Bienestar o los defenderán?

Lourdes Mendoza
(v.periódico El Financiero en línea del 25 de junio de 2023).

Con la cancelación de la 2a. parte del llamado "Plan B", la reforma electoral hecha sobre las rodillas y sin consenso de los partidos de oposición, vamos al proceso electoral del 2024 con las mismas leyes que el 2018. Efectivamente, se trata de elecciones sobre reglamentadas, con una injerencia mayúscula del INE en la vida de los partidos y restricciones absurdas, pero esas son las reglas, diseñadas e impulsadas desde la izquierda, 1o. el PRD y luego Morena, para atarle las manos al Gobierno en turno en los procesos electorales. Esas normas que ellos promovieron y que ahora tendrán que cumplir.

La votación de la Corte contra el "Plan B" fue de 9 contra 2. En esta ocasión ni el ministro Arturo Zaldívar se atrevió a considerar constitucional una ley que, de acuerdo a lo expresado por el ministro ponente, no hubo manera que los diputados conocieran antes de votarla. Sólo la ministra Yasmín Esquivel se atrevió a defenderla porque, dijo, a quién le importan las cuestiones de forma y las nimiedades de los procedimientos legislativos. Claramente a ella no.

Ya con la claridad de cuáles son las reglas vigentes para la elección del 2024, la pregunta es si el Instituto Nacional Electoral se atreverá a aplicarlas, porque es evidente que en la campaña interna de Morena está fuera de toda norma y que se están gastando en promoción mucho más de los recursos autorizados por la ley. El partido puso a las "corcholatas" una absurda cifra de gasto de 5 millones de pesos. Eso no ajusta ni para pagar los espectaculares que tiene Adán Augusto López en la carretera de Guadalajara a Chapala o para costear los boletos de avión de cualquiera de los candidatos y sus equipos a lo largo de 3 meses. Por supuesto que es una simulación y la dirigencia de Morena se hará de la vista gorda, pues Mario Delgado es parte esencial de esta simulación. La pregunta es si el INE también lo hará.

No es una cuestión de personas. Hasta ahora, como cuerpo colegiado el Consejo General ha mantenido la pluralidad y la deliberación democrática. La amenaza no es interna, sino externa, la reiterada voluntad del poder ejecutivo, del partido en el poder y de los partidos de oposición de jugar más allá del límite de lo legal.

Para que una democracia funcione tienen que existir reglas claras y aceptadas por todos (ese sigue siendo el principal defecto del destronado "Plan B"), pero sobre todo demócratas: políticos y ciudadanos convencidos de que el poder se gana y se pierde en las urnas, que las leyes se cambian de acuerdo al consenso de mayorías y a los procedimientos legislativos establecidos, y que los poderes existen y coexisten en equilibrio. Así de fácil, así de difícil que los poderosos lo cumplan.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 23 de junio de 2023).

Las nuevas acusaciones de la Fiscalía para el Caso Ayotzinapa contra 16 mandos y soldados por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala en 2014, no son nuevas. Son, en términos generales, un reciclado de los que la fiscal especializada en Asuntos Internos, Adriana Campos López, desestimó el año pasado por estar basadas en una investigación deficiente que no probaba la responsabilidad de los militares en el crimen, por lo que se cancelaron las órdenes de aprehensión.

En el 2o. envión de un nuevo fiscal para investigar el crimen, se mantienen las mismas deficiencias, la falta de pruebas y la reiteración que todo el caso se sustente en imputaciones sin evidencias o declaraciones de oídas de testigos protegidos, que eran jefes y sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos. Una vez más, el presidente López Obrador autorizó a Encinas utilizar criminales para imputar militares.

La orden de aprehensión que la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo le obsequió a la Fiscalía General la semana pasada únicamente agrega ampliaciones de las declaraciones de varios testigos protegidos. Gildardo López Astudillo, "El Gil", identificado como Juan en el expediente, continúa siendo el testigo estelar de las autoridades, y fue quien declaró que los militares daban protección a Guerreros Unidos a cambio de sobornos. "El Gil", identificado plenamente como uno de quienes ordenaron asesinar a los normalistas, obtuvo su libertad a cambio de imputar a los militares.

Lo que más llama la atención es la grave inconsistencia de Encinas, que utilizó chats de WhatsApp para acusar, justificar y meter a la cárcel a los altos mandos de los batallones de Infantería 27 y 41 en Guerrero, mientras que Juan, según la declaración incluida en el pliego para solicitar la orden de aprehensión, señala que el sistema de comunicación que utilizaba Guerreros Unidos era mediante Blackberry, no WhatsApp.

Las mismas omisiones que tuvo Murillo Karam las tiene ahora Encinas. Una de las más graves, probablemente sea que José Luis Abarca, que era el alcalde de Iguala en ese tiempo, no haya sido acusado por el crimen de los normalistas, como sucedió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, o haya recuperado su libertad en el gobierno de López Obrador, porque los ministerios públicos federales no utilizaron como prueba superviniente 2 declaraciones de funcionarios municipales -contenida en el voluminoso expediente del Caso Ayotzinapa-, que dijeron haber escuchado a Felipe Flores Velázquez, que era director de la Policía Municipal en Iguala, señalaba que A1, el nombre clave de Abarca, había ordenado dar un "escarmiento" a los normalistas.

La investigación del Caso Ayotzinapa sigue sin dar resultados creíbles, por tantas contradicciones, deficiencias y omisiones, y la insistencia de culpar sin pruebas a los militares de la desaparición de los normalistas, que es el objetivo prioritario de Encinas, no va a resolver el crimen, pero sigue enturbiando el caso todavía más y tiene en su horizonte su probable colapso, de la misma forma o peor, de lo que sucedió con el gobierno de Peña Nieto.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4 del periódico El Informador del 22 de junio de 2023).

Las campañas adelantadas de la y los suspirantes presidenciales lopezobradoristas encierran algo más pernicioso que una franca violación a la ley electoral. Estas giras abren la puerta al cáncer más dañino de la democracia mexicana: la corrupción.

El proceso inventado, con parches y remedos cotidianos, por Morena para promover a sus suspirantes en aras de encuestarlos y definir a quien buscará suceder a Andrés Manuel López Obrador, es no sólo legalmente grotesco, sino pernicioso más allá del hecho, ya grave, de que dinamita la equidad electoral.

Lo que hemos visto en apenas 3 días difícilmente costará al final menos de 5 millones de pesos, que es el tope de recursos que Morena ha dispuesto para cada uno de los 4 suspirantes del partido fundado por AMLO.

Más aún: lo que vemos ahora no es para nada el inicio del ilegal proceso. Los actuales desfiguros tuvieron una precuela en donde al menos 3 de los suspirantes (Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard) pudieron haber abierto la puerta a la corrupción.

Desde meses atrás, al menos estos 3 suspirantes se han venido publicitando con dudoso financiamiento en bardas y espectaculares.

¿Cómo pagaron todo eso? ¿Desviaron recursos públicos en metálico o humanos para ello? ¿Están cobrando uno o varios favores? ¿O están hipotecando su futuro al llenarse de compromisos?

Son preguntas que no gustan, pero no son insinuaciones: es lógica pura. Todos esos costos serán fantasmas para este triste INE, y para la más triste Función Pública, pero no son virtuales: suponen dinero que alguien dispuso, y por el cual espera algún retorno.

Y eso fue antes de que Morena sacara sus lineamientos (es un decir, porque luego luego los han ido enmendando) de lo que se valía y no en este proselitismo disfrazado de actos intrapartidistas.

Una vez iniciado el lunes el periodo en que las llamadas "corcholatas" se podían promover libremente, el riesgo de corrupción resurgió.

Ricardo Monreal le ha puesto el cascabel al gato. Viendo lo que ve cualquiera que sale a la calle y advierte espectaculares y pintas de las "corcholatas" por aquí y por allá, ha pedido moderación a sus cocompetidores.

Él hará una campaña testimonial y acaso si le alcance el monto que le dieron para viajar por la república llamando a que si alguien pregunta en la encuesta, digan su zacatecano nombre.

Pero mítines con cientos de personas, como los de Claudia, o un poco menores para el caso pero con reportes de acarreo como los de Adán, sólo pueden explicarse con la viejísima fórmula de que se transa con liderazgos cobrando favores o prometiéndolos.

O desviando dineros gubernamentales o partidistas que eran para otros fines y que se maquillarán en el eventual reporte a la respectiva autoridad fiscalizadora.

No hay de otra: lo que vemos no suena lógico, no hay manera de que a ese ritmo el metálico de 5 millones les alcance. Si esto es así, hay corrupción hoy, pero su volumen escalará y mucho cuando se tengan que pagar estos favores.

Salvador Camarena
(v.pág.4 del periódico El Informador del 22 de junio de 2023).

El pragmatismo político a ultranza del presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo olvidar toda la agenda por la gobernabilidad democrática por la que luchó por años, 1o. desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y luego desde el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuando pasó por sus dirigencias nacionales.

Luego de la 1a. elección presidencial que perdió en 2006 y en la que asegura le hicieron fraude para entregarle la Presidencia al panista Felipe Calderón, y 6 años después que reclamó falta de equidad en la contienda del 2012, cuando perdió ante el priista Enrique Peña Nieto, se lograron reformas electorales que endurecieron las reglas de la competencia entre los partidos políticos, que aunque excedidas, ciertamente contribuyeron a poner piso parejo y avanzar en la consolidación democrática del país.

Por eso es tan paradójico que el mayor impulsor y beneficiario de aquellas reformas como es López Obrador, hoy desde el poder haya intentado 1o. destruir al Instituto Nacional Electoral (INE), que es fruto de otras luchas previas por la democracia en México, y ahora haya echado a andar una contienda interna para elegir al candidato presidencial de Morena violando los tiempos electorales, bajo la simulación de una competencia para ver quién es la o el "coordinador de los comités de defensa de la 4a. transformación".

Con esa maniobra, a todas luces ilegal, el propio AMLO pasó a dinamitar las reglas para conquistar el poder que los propios partidos políticos que él ha dirigido lograron desde la oposición, con los partidos dominantes en el poder, autoridades y sociedad.

Ese mal ejemplo tenía que cundir, y estamos ya en una especie de tránsito a la ilegalidad en la competencia política, al pasar del piso parejo que él tanto exigió al delito parejo que busca la oposición en una reacción tardía.

Prueba de ello es el anuncio hecho ayer por la alianza opositora Va por México, integrada por el PAN-PRI-PRD, de que será el próximo lunes 26 de junio cuando dará a conocer su método para elegir a su candidato presidencial, de entre 8 aspirantes, 2 de cada partido y 2 postulados por organizaciones de la sociedad civil.

A nadie parece importar ya que la ley electoral vigente marca septiembre como el inicio de la contienda y la 3a. semana de noviembre para que arranquen las precampañas.

Con el arranque de los tours de las "corcholatas" morenistas se rompió el principio de equidad y por eso la oposición está resuelta también a violar la Ley por mera sobrevivencia, mientras el INE morenizado de Guadalupe Taddei Zavala hace las veces de florero.

En nada conviene a la incipiente democracia en este país que aún sin iniciar el juego, el árbitro electoral esté ya nulificado, así que ojalá despierte y ponga orden antes de que sea demasiado tarde y la competencia electoral que viene sea un caos.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 21 de junio de 2023).

Hoy, en la cancha política, en la carrera por ganar las elecciones del 2024, Morena y sus aliados han decidido violar las leyes electorales sin pretender ocultar la mano. Lo hacen a la vista de todos, en cámara lenta, con miles de lentes como testigos, con grabaciones como evidencias y con la soberbia de quien se sabe intocable.

López Obrador y Mario Delgado, con el descaro que presumen los cínicos, cambian las palabras, una vez más, para legitimar la mentira: "No son precandidatos, son coordinadores nacionales de la defensa de la cuarta transformación". La trampa.

Así, el desfile de impunidad marcha solapado por los que criticaron los mismos hechos en el pasado y frente a los ojos del árbitro electoral que solamente los ve pasar desde la tribuna. Un Instituto que quizás ha negociado silencio y permisividad con tal de tener "autonomía" y presupuesto. Espero equivocarme.

No hay forma de ocultar lo evidente. Las precampañas van con todo. Las llamadas corcholatas se vestirán con su mejor sonrisa estudiada, comerán tacos cuando estén los ciudadanos grabando "espontáneamente", se pondrán una máscara de honestidad de los pueblos originarios cuando les convenga, bailarán con trajes folclóricos al son que dicte el presidente y recorrerán el país dejando una estela de cinismo que ensuciará el juego limpio.

Por su parte, la oposición se encuentra frente a una encrucijada: Si denuncian y no pasa nada, pierden terreno en la carrera electoral. Si se suman a la simulación y tratan de competir, validan el engaño.

El oficialismo hace trampa, la oposición los acusa. Si el INE no los castiga, los partidos opositores harán trampa. Si sus militantes y seguidores los apoyan, todos serán cómplices. Si todos normalizamos la trampa, el juego está perdido. Así la 4a. transformación de la vida pública de México.

Al final, Morena y quienes entren en este juego, se les desvanecerá el maquillaje con el que pretenden engañar a la ciudadanía y quedarán con la cara deslavada frente a la verdad. Porque no se trata de una jugada dudosa, son unos mentirosos y están violando la ley.

Es verdad que en el futbol existe la ley de la ventaja, la cual permite al árbitro dejar pasar una falta para beneficiar al equipo que tiene el balón y no cortar la jugada, pero en el caso de Morena y las precampañas para la Presidencia, la ley de la ventaja se la están otorgando al infractor.

José Ignacio Rasso Ibarra
(v.periódico El Informador en línea del 21 de junio de 2023).

El presidente Andrés Manuel López Obrador necesita encontrar culpables suficientemente atractivos para la opinión pública, también por razones político-electorales, y cumplir con su promesa de campaña de resolver el crimen de los normalistas de Ayotzinapa.

El presidente no podía aproximarse a la próxima campaña presidencial y finalizar su sexenio sin resolver el crimen. Tampoco podía permitir que la investigación siguiera cayéndose a pedazos, poniendo en riesgo a Encinas y a los fiscales a quienes les encargó resolver la desaparición de los 43 normalistas, quienes establecieron la verdad alterna, que lejos de esclarecer el crimen, lo enturbiaron y permitieron que criminales confesos recuperaran su libertad.

Teóricamente, si no se daba una acción presidencial de esta envergadura, para ocultar omisiones, ineficiencias o la agenda particular de sus fiscales, deberían ir a la cárcel el próximo sexenio acusados de lo mismo por lo que Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República, se encuentra en prisión: inventar la verdad histórica de Ayotzinapa, con torturas, desapariciones forzadas y obstrucción de la justicia.

Para ello, López Obrador autorizó lo inaudito: reactivar 17 órdenes de aprehensión contra militares de diferente rango y un civil, que habían sido desechadas por una jueza. La solicitud fue hecha el 13 de junio pasado.

La Fiscalía para el Caso Ayotzinapa que encabeza Rosendo Gómez Piedra, un abogado tabasqueño cercano a López Obrador, acusó en esta nueva cargada contra el Ejército a un militar por el delito de delincuencia organizada, y a otros 15 y a un civil por el delito de desaparición forzada. Estas imputaciones, sin embargo, no parecen diferentes a las que hizo su antecesor, Omar Gómez Trejo, que en agosto del año pasado solicitó a la Fiscalía General 83 órdenes de aprehensión, entre los cuales se encontraban 16 mandos militares y tropa.

Gómez Trejo renunció de manera abrupta a la Fiscalía porque el 13 de septiembre del año pasado, mientras se encontraba en un viaje de trabajo en Israel, la Fiscalía General solicitó la cancelación de las órdenes de aprehensión. Gómez Trejo filtró a la prensa la cancelación, lo que pareció un carpetazo por parte del gobierno para encubrir al Ejército, pero omitió la resolución de Adriana Campos López, fiscal especializada de Asuntos Internos, que encontró grandes anomalías y deficiencias en el trabajo del entonces investigador en jefe del Caso Ayotzinapa.

En un oficio fechado el 9 de septiembre dirigido a Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en Derechos Humanos, Campos López señaló que en cuanto al delito de vinculación con la delincuencia organizada, no acreditaron la probable responsabilidad de los inculpados, ni su vinculación con Guerreros Unidos, de donde obtuvieron testimonios anónimos que no aportaron evidencias, sin que Gómez Trejo pudiera tampoco determinar sus tareas específicas. Con respeto al delito de desaparición forzada, precisó, tampoco pudo probar la responsabilidad de los inculpados ni establecer la circunstancia de modo en cuanto a la comisión del hecho, por lo cual resultaba difícil establecer la probable responsabilidad de los acusados. "Deficiente" es como calificó el trabajo del fiscal.

La nueva petición de órdenes de aprehensión acusa de vinculación con la delincuencia organizada a un militar -no a 16 y un civil, como el año pasado-, y a 15 militares y un civil por el delito de desaparición forzada. En los oficios consultados no queda claro cuáles fueron las pruebas adicionales que los llevaron a modificar las acusaciones originales del 2022, y habrá que esperar que se informe públicamente de ellas, para determinar si hay algo verdaderamente novedoso que los inculpe, o continúan siendo imputaciones de oídas, declaradas por criminales.

Las órdenes de aprehensión recicladas se dan en un momento crítico de la investigación. Por insuficiencia, ineficiencia o perversidad de quienes prefirieron negociar con criminales para llevar a la cárcel a militares con mando y soldados, el Caso Ayotzinapa se ha venido derrumbando. Hace 20 días, un tribunal absolvió del secuestro de los normalistas al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a Sidronio Casarrubias, jefe de Guerreros Unidos cuando desaparecieron los jóvenes, porque la Fiscalía General no acreditó la existencia de esa organización criminal, lo cual deja muchas dudas sobre la integridad de los fiscales.

Haber dejado en libertad a los criminales fue una terrible irresponsabilidad, que pudo haber evitado la Fiscalía General con pruebas supervenientes para mantenerlos en la cárcel. Pero prefirieron tenerlos libres y como testigos contra militares, arrinconando en el final del sexenio a López Obrador, a quien han dejado sin opciones para cumplir su promesa de campaña de resolver el Caso Ayotzinapa, salvo ir en contra del pilar que sostiene a su gobierno.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador del 20 de junio de 2023).

Aunque en 31 entidades del país el maltrato animal es considerado como un delito que se sanciona con penas de prisión y multas de diversos montos, se estima que solo se castiga el 0.01% de los casos, según una investigación de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

El estudio titulado "El maltrato animal y sus sanciones en México", advierte que el problema del maltrato animal es mucho más grande de lo que se puede ver en los videos difundidos a través de las redes sociales, pues se calcula que 7 de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de alguna forma de maltrato.

La investigación, elaborado por César Alejandro Giles Navarro, señala que, aunque la legislación mexicana no reconoce derechos a los animales, existe un marco jurídico que los protege y que parte del derecho al medio ambiente sano reconocido en el artículo 5 constitucional.

En ese sentido, explica que las leyes federales utilizan los conceptos de "bienestar animal" y "trato digno y respetuoso a los animales", mientras que algunas constituciones locales reconocen a los animales como “seres sintientes” para promover un trato respetuoso hacia ellos.

Chiapas, único estado en el que el maltrato animal no se considera delito.

Por otro lado, el estudio revela que 27 de las 32 entidades tienen leyes de protección o bienestar animal que establecen disposiciones para garantizar el trato digno a los animales.

"El problema es que estas leyes no siempre se cumplen, debido a cuestiones como la ausencia de denuncias, la falta de capacitación y de recursos de las instituciones encargadas de procurar el bienestar animal, así como la dispersión de atribuciones entre los niveles de gobierno", subraya.

Ante este escenario, la investigación apunta la necesidad de revisar las políticas públicas, los presupuestos y, en general, el compromiso y la efectividad de las instituciones para prevenir y atender el maltrato de los animales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 69.8% de los hogares cuenta con algún tipo de mascota, lo que suma un total de 80 millones de mascotas en nuestro país, de las cuales 43.8 millones de ellas son caninos, 16.2 millones felinos y los 20 millones restantes son ejemplares de diversas especies pequeñas.

(V.Microsoft Start del 18 de junio de 2023).

Coincido con los que piensan que las normas diseñadas para acotar las precampañas y las campañas son inadecuadas y obsoletas en muchos sentidos. En un afán de controlar los excesos, la legislación electoral es el típico caso de una excesiva reglamentación destinada a concentrarse en las faltas puntuales mientras se dejan pasar los pecados capitales.

La ley autoriza precampañas en noviembre de este año, no antes. Para realizarlas Morena tuvo que inventarse un eufemismo denominado Comités de Defensa de la 4a. Transformación y lo que ahora está eligiendo sería, en teoría, un coordinador para dirigirlos. Pero todo México, empezando por López Obrador, entiende que lo anterior no es más que una simulación. Podría sostenerse que esto no es inmoral tratándose de una ley en muchos sentidos absurda y concebida teniendo en mente otro tipo de abusos, pero deja un mal sabor de boca. Particularmente tratándose de un movimiento que entre sus objetivos persigue dignificar los valores que rigen a la vida pública del país. Habría sido deseable, y posible, modificar la ley utilizando sus mayorías en el congreso para evitarse la necesidad de infringirlas a la vista de todos.

El evidente riesgo de que, al margen del título que reciban estas precampañas, los no-candidatos cometan violaciones flagrantes a la ley y que eso desencadene procesos desgastantes o, incluso, explosivos. Recordemos que al menos hay 2 gobernadores de Morena que tuvieron que entrar al "reemplazo" de candidatos objetados por las leyes electorales (Guerrero y Michoacán).

No hay normas que impidan a 6 personas luchar para presidir un Comité de Defensa de un partido, un cargo que no existe en la legislación electoral y, por lo mismo, no está prohibido. Lo que sí está prohibido explícitamente antes de noviembre es pedir financiamiento, solicitar votos y desplegar promesas y proyectos de lo que van a hacer si llegan a la Presidencia del país. ¿Cómo imaginarse una campaña sin solicitar el voto a favor, hacer promesas o mostrar la bondad de sus planes para gobernar? Y en materia de financiamiento tendrán que hacer malabares para pintar bardas y espectaculares, organizar actos masivos, imprimir volantes, realizar viajes y mítines, y un largo etcétera, y pretender que eso no tuvo ningún costo. Y, por lo demás, no será fácil controlar a los tontos con iniciativa, que en su afán de lucirse y hacer méritos terminen cometiendo abusos groseros.

Con la salida de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama del INE, ahora presidido por Guadalupe Taddei, la mezcla es menos hostil a la 4T, pero su composición sigue siendo variopinta. Frente a una violación ostensible no sería improbable que se sientan en la obligación de tomar medidas, al menos en contra de los casos más groseros, para salvar su imagen. Y el Tribunal Federal Electoral, última instancia al respecto, es de una inconsistencia que desaconseja cualquier certidumbre. Morena tendría que asegurar que ninguno de sus 2 verdaderos candidatos se encuentren en situación vulnerable.

Morena tiene que estar consciente de que, por razones políticas, decidió transitar por una ruta no autorizada por la ley vigente. Lo menos que puede hacer es ir a ello de manera consciente, minimizando riesgos y sin aspavientos. No hay nada en el pasado reciente que lleve a pensar que el Gobierno posee una patente de corso o una exención que le permita operar por encima de las normas, salvo la soberbia injustificada.

Jorge Zepeda Paterson
(v.pág.3 del periódico El Informador del 18 de junio de 2023).

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y compañeros de Rubén Alain Franco Orozco, desaparecido el pasado 10 de junio, han tomado medidas drásticas para exigir su localización con vida. Cerraron el Periférico Poniente con el objetivo de llamar la atención de las autoridades estatales. En solidaridad con la situación, empleados de las oficinas del gobierno federal bloquearon inicialmente el carril lateral de la vía.

Más de 100 trabajadores cruzaron la vía para cerrar ambos sentidos del periférico entre las avenidas Guadalupe y Vallarta, en la colonia Ciudad Granja del municipio de Zapopan. Su demanda es clara: exigen mayor seguridad para los jaliscienses debido a la creciente ola de violencia que impera en el estado con total impunidad.

(V.pág.4 del periódico El Informador del 16 de junio de 2023).

No sé qué predomina. Si el descaro o la soberbia. El descaro de violar la ley electoral. El descaro de violar la libertad de expresión. El descaro de violar la democracia. O la soberbia de sentir que ya ganó, que él confecciona las reglas, las vuelve órdenes y termina seleccionando a quien lo suceda en el poder.

Antier, el Consejo Nacional de Morena, por instrucción del presidente López Obrador, votó a favor de violar la ley electoral. Ya tienen precandidatos y la ley dice que eso puede ser hasta la 3a. semana de noviembre. Van a hacer precampaña desde junio cuando la ley marca que tiene que ser a partir de noviembre. Y van a tener candidata(o) la 1a. semana de septiembre, cuando la ley electoral marca que debe ser hasta febrero del 2024. Para poder violar la ley, se ponen un disfraz: a los precandidatos le llaman "corcholatas" o aspirantes; a los actos de campaña les llaman asambleas informativas; y a la candidata(o) le llaman "Coordinador(a) de Defensa de la Transformación".

Como si toda esta pantomima no fuera suficiente, el toque final: el franco acecho a la libertad de expresión. Uno de los puntos que resalta el acuerdo de Morena es que los participantes "evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la 4a. Transformación y partidarios del viejo régimen". El presidente quiere heredar a sus corcholatas su propia cobardía para no dar entrevistas a periodistas que le puedan hacer preguntas incómodas. Veto abierto. La censura es el único resorte que queda a los autócratas que no pueden desmentir las denuncias en su contra.

¿Qué sigue? ¿Hacer también una lista de periodistas amigos y extender certificados de buena conducta? ¿Prohibir la existencia de medios de comunicación que resulten incómodos al poder, como lo acaba de hacer Cuba? ¿Condenar a la cárcel o el exilio a los medios no autorizados? La lista negra anunciada por Morena es un peldaño antes. Frente a un gobierno como el de AMLO, estar en la lista negra es un honor.

Instalado en la soberbia del que se siente histórico -aunque sus resultados sean una triste historia-, López Obrador está tratando de crear en sus "corcholatas" modelos a escala de sí mismo: mini-AMLOs que por obligación firmada ante el partido tengan que comprometerse a seguir la ruta del (mal) gobierno de él, a hacer campaña como él, a violar la ley como él, a rehuir a los debates y las entrevistas como él, y a heredar sus filias y sus fobias. Se trata de despojarlos de toda personalidad propia. De hacerlos copias malas. Y así, a través de estas pequeñas reproducciones de sí mismo, gobernar 6 años más. Menudo ego.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2 del periódico El Informador del 13 de junio de 2023).

El otro tema que sorprende porque cándidamente lo presentan como una gran consecución, es la fecha que han establecido para hacer campaña, y que han denominado "recorrido por el país para conseguir apoyo ciudadano". Se trata, en estricto sentido, de una precampaña electoral que está fuera del marco legal, incluso si se cayera en el supuesto de que sólo se dirigirán a militantes y simpatizantes, como eufemísticamente lo promocionan en todos los partidos políticos.

Del 16 de junio y hasta el 27 de agosto, quienes se registren como aspirantes a la candidatura presidencial de Morena tienen permitido por su partido (y obvio, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque de forma indirecta) recorrer el territorio nacional para recolectar el apoyo de la ciudadanía. Ahora sí, sin ninguna "prohibición", harán campaña, participarán en mítines y sus simpatizantes organizarán eventos para promocionarlos... todo está bien, sólo que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estipula con toda claridad en su artículo 226 que las precampañas en una elección presidencial pueden efectuarse a partir de la 3a. semana del mes de noviembre previo a la elección constitucional, y no podrán durar más de 60 días.

¿Qué va a suceder? Simple: viene una lluvia de quejas por violación a la legislación electoral que presentarán los partidos de oposición... ante un Consejo General del INE encabezado por una persona cercana al presidente, Guadalupe Taddei.

Si ya están violando flagrantemente la legislación electoral, es poco probable que dejen de hacerlo y el INE lo sancione.

Un punto más en las reglas de Morena: los aspirantes deben firmar un documento en el que se comprometen a aceptar el resultado de la encuesta y a apoyar a quien gane la candidatura. ¿Renuncian a su derecho de inconformarse?

De plano, en Morena estructuraron reglas para una elección que se encamina a ser denunciada y que sólo fingirá ser democrática.

Jorge Octavio Navarro
(v.pág.4 del periódico El Informador del 13 de junio de 2023).

Además de la escalada de embates y descalificaciones presidenciales desde su púlpito mañanero a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), que se intensificó desde enero que llegó la primera mujer a la presidencia, la ministra Norma Piña, Andrés Manuel López Obrador ha decidido ignorar los fallos que vienen del poder judicial, incurriendo en abiertos casos de desacato.

Aunque no es el caso con mayor repercusión, no es cosa menor y también de suma preocupación que esta inercia se haya repetido ayer que bateó el amparo que otorgó el Juzgado 2o. de Distrito en Materia Civil a la senadora Xóchitl Gálvez para que el presidente le conceda su derecho de réplica en la rueda de prensa mañanera, desde donde, como a muchos mas, le lanzó críticas a su desempeño político y aseguró que cuando fue candidata a la gubernatura de Hidalgo amenazó con cancelar los apoyos para la 3a. edad, cosa que la política panista rechazó haber dicho.

Con su taquillero tono burlón y sarcástico, López Obrador, calificó como "una jugarreta de muy bajo nivel, muy vulgar" ese mandato judicial, dijo que se reservaba "el derecho de admisión" a su mañanera, y que para dar su réplica hiciera su propia conferencia, ya que él debía cuidar el "nivel" de su foro y no abrirlo a políticos que están en campaña como ella, ya que era sólo para "informar y comunicar".

A reserva de ver lo que pase el próximo lunes que la legisladora acuda "con papel en mano para ejercer" su amparo como, asegura, le prometió acatar el presidente, es ominoso que de los rasgos autoritarios que afloran cada vez con más frecuencia en el discurso y las acciones del inquilino de Palacio Nacional esté a punto de degenerar en un estado de autocracia que rompa el orden y los equilibrios constitucionales de la república.

Y es que esa postura de ignorar los mandatos del Poder Judicial la asumió también el mes pasado que la SCJN declaró la invalidez del Acuerdo Presidencial que promulgó en noviembre de 2021 para que sus obras prioritarias y emblemáticas fueran declaradas de seguridad nacional y se les exentarán permisos, trámites ambientales, pero sobre todo que se blindaran a cualquier solicitud de transparencia. En lugar de acatar este fallo, el presidente reviró emitiendo un nuevo decreto que en el fondo declaraba de nuevo intocables sus grandes obras de infraestructura, aun y cuando legalmente no se puede enjuiciar 2 veces ningún caso.

No recuerdo un antecedente en la historia reciente del país en que un presidente desafíe tan abiertamente a la Corte y al cumplimiento de la Constitución, por eso aunque las y los ministros difícilmente se atreverán a sancionarlo por desacato, deben declarar al menos, y los más pronto posible, nuevamente inválido este 2o. decretazo.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 9 de junio de 2023).

Jalisco es el estado con mayor cantidad de personas desaparecidas a nivel nacional, pero este delito no es castigado. Por ejemplo, se registró 100% de impunidad, con relación a las sentencias emitidas por el poder judicial, según el último estudio "Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en Jalisco", publicado por México Evalúa. Los asesinatos se acercan a ese porcentaje.

De acuerdo con el análisis, una de las problemáticas detectadas es que las carpetas de investigación inician sin detenidos en todos los casos de desaparición.

Sobre los castigos en esta administración, el Consejo de la Judicatura reveló que, entre los años 2019 y 2022, apenas se emitieron 9 sentencias condenatorias por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Lo anterior fue informado mediante una solicitud de información. Para dimensionar el trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial del Estado, suman 14,979 personas desaparecidas y no localizadas en Jalisco, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de las cuales 6,548 ocurrieron en el actual sexenio de Enrique Alfaro.

Rubén Ortega Montes, académico de la UdeG, acentúa que el grado de impunidad en estos delitos es preocupante porque habla de la ineficacia de las instituciones, las cuales están reprobadas. "Es una impunidad terrorífica... es indolente".

En Jalisco, el 93% de los delitos no se denuncian, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Es la cifra más alta desde 2017.

Andrés Rojas cuenta que hace 3 semanas fue víctima de un asalto, por la zona del auditorio Benito Juárez, en Zapopan. Detalla que le quitaron su celular y su cartera, y que no ha podido ir a denunciar porque no tiene tiempo por su trabajo.

"Todos sabemos que es ir a perder todo el día. Los hombres me amagaron y se fueron en un coche negro pero por los nervios no recuerdo más detalles, como placas, pasa tan rápido todo".

Agrega que canceló sus tarjetas pero no ha tenido tiempo de volver a sacar su identificación, además de que para recuperar su credencial de estudiante de Universidad de Guadalajara debe presentar una denuncia.

"Me dijeron que tengo que ir a hacer la denuncia para que me pidan otra nueva, pero he preferido pagar los pasajes enteros que ir... quizá tenga que ir en algún momento si veo que me piden la denuncia para algún otro trámite de reposición".

La cifra negra en el Estado de Jalisco corresponde al 93% de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.

A través de un sondeo, usuarios de www.informador.mx respondieron que el principal motivo por el cual no denuncian un delito es por las pocas probabilidades de que se resuelva, con el 68% de los votos.

La ENVIPE estima que en 2021, en Jalisco, entre las razones de las víctimas para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo con 35.4% y desconfianza en la autoridad con 12.5%, las cuales responden a causas atribuibles a la autoridad. A nivel nacional, se estimó que la principal razón por la que las víctimas no denuncian es la pérdida de tiempo con un 33.5%.

Por causas atribuibles a la autoridad se entiende por miedo a que lo extorsionaran, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad. Por otras causas se entiende por miedo al agresor, delito de poca importancia, no tenía pruebas y otro motivo.

Conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, se estima que la cifra negra por tipo de delito, se observa que el secuestro y el fraude al consumidor fueron los que tienen un 100% de cifra negra, seguidos por extorsión con 96.7% y la violación sexual con 96.1%.

En tanto que los delitos con menor porcentaje de cifra negra son amenazas con 87%, otro tipo de delitos con 79.2% y robo total de vehículos con 50.5%.

La ENVIPE también indica las razones por las cuales las personas víctimas de delitos no denunciaron ante el Ministerio Público en Jalisco, entre las que destacan la pérdida de tiempo y que se trataba de un delito de poca importancia.

"Cabe precisar que la Envipe (Inegi) reporta el indicador de cifra negra del año anterior a su publicación, por ello se refiere como dato más reciente 2020".

"En este sentido, puede que haya diferencias entre los valores reportados de cifra negra por tipo de delito y la incidencia delictiva, generada por el SESNSP", se explicó en el "Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en Jalisco", de México Evalúa.

Los resultados finales demuestran la problemática social del país.

Durante el periodo de 2017 a 2020 en Jalisco, la confianza ciudadana hacia las instituciones del sistema de justicia penal ha seguido una tendencia decreciente, en contraste con lo ocurrido en años precedentes, así como similar a lo ocurrido a nivel nacional.

En 2020, el índice muestra que hubo un ligero incremento de la confianza a nivel estatal, mientras que una reducción a nivel nacional. No obstante, las autoridades con mayor confianza neta en Jalisco (consideradas dentro de la encuesta) fueron la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, mientras que aquellas con menor confianza fueron los jueces y la policía preventiva, de acuerdo con el análisis de "Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en Jalisco".

Por otro lado, la ENVIPE estimó que el 62% de la población de 18 años y más en Jalisco considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día su entidad federativa, seguido del aumento de precios con 39.9% y la salud con 31.8%.

El espacio donde la población de 18 años y más se sintió más insegura fue en los cajeros automáticos en la vía pública, con el con 76.2%. Le siguieron el transporte público, los bancos, las calles y las carreteras.

Francisco Ruiz, académico del ITESO especialista en derecho penal dijo que, por un lado, es negativo que la gente no se anime a denunciar, pero si todos lo hicieran, la Fiscalía colapsaría. "Me dedico al litigio y las agencias del MP (Ministerio Público) están cargados de trabajo, no se dan abasto".

Explicó que, por ejemplo, si alguien padece el delito de despojo de una vivienda, y denuncia para recuperar su hogar, el trámite puede durar hasta 2 años, si es que no se dan "mordidas". "Las carpetas inicia pronto, tienen un buen sistema de atención temprana, el problema es que las agencias están cargadas de trabajo. Los juzgados no pueden desahogar las audiencias, humanamente no pueden".

De acuerdo con el especialista, el embudo está principalmente en la etapa de investigación complementaria. "Tardan meses en llevar al imputado ante un juez, porque al menos necesitan duplicar la cantidad de personal que trabaja en juzgados".

En el mismo ejemplo, si la persona padece el despojo, las audiencias iniciarían ente 5 y 6 meses después, calcula. "Mientras usted está sufriendo el despojo de su casa. Anteriormente en el sistema tradicional, 15 personas daban el trámite; un juez, hasta 4 secretarios, cada secretario un auxiliar, y 2 notificadores, además de personal de oficialía de partes. Ayudaban con trámites de amparo".

En comparación, remarca que ahora solamente trabaja un juez y otras 3 personas más, por lo que humanamente no se dan abasto. "Suena extraño pero si la gente denunciara, no podrían darse abasto las autoridades con los recursos que hay. Se tiene que disminuir el índice delictivo y existir políticas de prevención del delito".

Agrega que también hace falta ver en qué se gasta el dinero el Poder Judicial, y que los recursos se utilicen de buena forma. "No ay una verdadera revisión... hay magistrados ricos y el personal que hace el trabajo es pobre y está sobresaturado. Hay que revelar cuántas horas reales trabaja un magistrado y cuántas horas invierte el personal en los juzgados de oralidad penal para ver la diferencia".

(V.primera plana y pág.5 del periódico El Informador del 4 de junio de 2023).

El presidente sigue mandando señales de cordialidad al crimen organizado. El lunes dijo que los criminales respetan a los servidores de la nación, que incluso en los retenes de la delincuencia organizada el trato es cordial. Ayer apoyó públicamente el llamado de una mujer buscadora de Tamaulipas a los líderes de los grupos delincuenciales más conocidos para reducir la violencia. "Claro que lo respaldo", dijo, como si el problema con los grupos criminales fuera que nadie les ha hablado bonito.

No es la 1a. vez que López Obrador insinúa o dice con todas sus letras que hay que pactar con el crimen organizado. Tampoco el único político que lo ha planteado. Más allá de consideraciones morales la pregunta es si efectivamente se puede llegar a un acuerdo con organizaciones delictivas y cómo son esos acuerdos. En los años del partidazo esto era posible, entre otras cosas porque el narcotráfico, y antes el contrabando, eran una especie de extensiones o concesiones del Estado: el trafico de drogas se controlaba desde la Dirección Federal de Seguridad -todos los grandes capos tenían credencial de la DFS- y el contrabando desde el Ejército: los Arellano Félix en Tijuana y Juan Guerra en Tamaulipas son hijos de aquellos acuerdos. Más aún, contaba Manuel Camacho Solís que cuando llegó de regente del Departamento del Distrito Federal en 1988 invitó a Javier García Paniagua como director de la Policía y que éste de inmediato pactó con los criminales y les puso cuotas por delito. García Paniagua había sido director de la temida y controversial Dirección Federal de Seguridad.

El gran cambio en los últimos 35 años es que ya no son las agencias del Estado las que controlan al crimen, sino el crimen el que controla gran parte de las agencias del Estado, desde policías municipales hasta áreas completas de las fiscalías, pasando por policías estatales, jueces y magistrados del fuero común y federal. Ya no controlan puertos y rutas, sino territorios; no son más estructuras verticales sino pirámides interconectadas. En la situación actual la violencia no es un deseo maligno de un capo igualmente malo; la violencia hoy es un lenguaje y una forma de ejercicio del poder.

Ojalá el presidente tuviera razón. Que bastara pedir el apoyo de madres y abuelas; que el problema de la violencia se solucionara con 3 o 4 programas sociales y una amnistía; que los desaparecidos aparecieran porque alguien logró tocar el corazón de los criminales.

La paz no se implora, se construye. La paz se conquista recuperando territorios, construyendo Estado de Derecho, fortaleciendo instituciones, igualando oportunidades y derechos, exigiendo a los gobiernos que hagan lo que tienen que hacer.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 31 de mayo de 2023).

La ex secretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, ex jefa de Gobierno sustituta de la Ciudad de México en el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas y presidenta del PRD cuando el famoso escándalo de las ligas que embarró a López Obrador, fue liberada de las órdenes de aprehensión en su contra. La habían encarcelado preventivamente acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada por la famosa "Estafa Maestra", un mecanismo de desvío de recursos del gobierno a las campañas políticas del PRI en tiempos de Peña Nieto.

¿Esto quiere decir que la "Estafa Maestra" no existió? No, por supuesto que no. La estafa se dio, el dinero de las Secretaría de Desarrollo Social y la de Desarrollo Territorial y Urbano, que debía alivianar las necesidades de los más pobres, terminó en campañas políticas. Eso fue un crimen y está probado. Animal Político documentó el desvío, dio cuenta de las empresas fantasma y las simulaciones, de las instituciones en los estados que se prestaron para sacar ese dinero e incluso de los servicios de seguridad que se contrataron para mover millones de pesos en efectivo. Que no nos quede la menor duda: la estafa existió.

Lo que no existió fue una buena estrategia de la Fiscalía de Gertz Manero. Animados más por el afán de venganza del presidente (y eso que no es su fuerte) que nunca le perdonó a Rosario Robles que los videos de su secretario particular René Bejarano metiéndose dinero a las bolsas a manos llenas hayan salido de su entorno personal, la Fiscalía procesó a Robles por delitos que a la postre no pudo probar.

El presidente obtuvo lo que quería: un [¿varios?] año de cárcel para su enemiga política. Lo que no hubo y no hay es un efectivo y verdadero combate a la corrupción. Eso no le interesa a López Obrador, como quedó demostrado en el caso Segalmex, la "Estafa Maestra 2.0". En este país la persecución a la corrupción, esa sólo existe en el discurso político, no en la procuración de justicia.

Para la Fiscalía de Gertz Manero es tan sólo otro fracaso acumulado, una raya más a un tigre muy moteado. Para los ciudadanos esto es la comprobación de que no son los gobiernos ni los gobernantes quienes van a combatir la corrupción; para ellos siempre ha sido y será un asunto político. O revivimos los esquemas ciudadanizados, como el Sistema Nacional Anticorrupción -y sus correspondientes estatales- o no habrá combate a la corrupción.

Inhibir y perseguir la corrupción es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos, el que sea.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 30 de mayo de 2023).

¿Quién sabe en qué andarían metidos? Suele ser la pregunta de las autoridades cuando se denuncia una desaparición, como si la desaparición fuera una especie de condena inapelable de un juez superior, el "señor de la plaza".

Los gobiernos estatal y federal no quieren hacerse cargo de esta relativamente nueva y atroz forma de criminalidad. En ambos niveles de gobierno hay personas que hacen lo imposible con los pocos recursos que tienen, pero ni el presidente López Obrador ni el gobernador Alfaro le han dado la importancia que merece un tema tan doloroso y socialmente trascendente, porque saben que ahí no hay ganancia política. La falta de sensibilidad ante el dolor de las familias de las y los desaparecidos es quizá el mayor déficit de los gobiernos de estos 2 personajes que han decidido que les es más redituable políticamente administrar la inseguridad que combatirla.

Como sociedad son pocas las herramientas que tenemos para combatir la desaparición, aunque evidentemente nos ha faltado mucha solidaridad para acompañar las a las víctimas en su justo reclamo. El periodismo ha hecho lo suyo: lo poco que sabemos del fenómeno de desaparición es gracias a trabajos periodísticos y algunos académicos, pero claramente no es suficiente, se requiere mucha más investigación para entender el fenómeno macro y las realidades específicas por región, por municipio e incluso, en algunos casos, colonia por colonia.

Las causas de la desaparición en Jalisco son diversas, no todas responden a una misma lógica. Algunas tienen que ver con trata, otras con reclutamiento forzado, muchas con control de territorios y muy probablemente otras causas que hasta hoy no han sido suficientemente exploradas. Justamente, encontrar esos patrones y generar políticas de prevención y contención es el papel de los gobiernos estatal y federal. Investigar y llevar ante la justicia a quienes cometen estos delitos es lo que se espera de la Fiscalía del Estado.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 29 de mayo de 2023).

Roxana Ruiz se defendió de su agresor sexual y lo mató. En mayo de 2021 la joven indígena asesinó al hombre que acababa de golpearla y violarla en su propio domicilio; la detuvieron cuando trataba de trasladar el cadáver y la enviaron a una prisión en el Estado de México. En febrero de 2022, con el apoyo y acompañamiento de colectivos feministas, logró su libertad provisional, para llevar su proceso fuera de la penal.

Hace unos días la condenaron a 6 años y 2 meses de prisión, además de pagar $280,000 pesos a la familia del agresor. De ser la víctima, Roxana fue juzgada como victimaria y sentenciada por homicidio simple con "exceso de legítima defensa". ¿Será que en medio del terror y el miedo una víctima de agresión sexual tendría que racionalizar si está "excediéndose" al tratar de defenderse? ¿O que su defensa no es "proporcional" a la agresión que se recibe?

En su recomendación No. 1 "Legítima Defensa y Violencia Contra las Mujeres", el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI) plantea la necesitad de juzgar con perspectiva de género en estos juicios, donde las mujeres víctimas de agresiones han terminado con la vida o le han provocado una lesión a sus agresores.

"La aparente 'desproporción' que ocurre en algunos de estos casos, entre la respuesta defensiva y la agresión, puede obedecer al miedo de la mujer a que de no ser eficaz en el medio que usa para defenderse, el agresor puede recuperarse prontamente y descargar toda su ira contra la mujer", puntualiza el Comité de Expertas, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El caso de Roxana se volvió centro de la opinión pública y en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de la joven, incluso habló de concederle un indulto. Y entonces, el asunto dio un giro: fue absuelta. La Fiscalía del Estado de México -como parte acusatoria- se desistió. Pero el caso no ha concluido porque la familia del agresor tiene hasta este viernes para apelar la decisión. Algo que probablemente sucederá.

Al caso de Roxana Ruiz se sumó esta misma semana el de Alina Mariel Narciso, una policía municipal de Tijuana que había sido condenada a 45 años de prisión por matar en defensa propia a su agresor (quien era su pareja y también policía). Su sentencia fue revocada por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, al considerar que no se juzgó con perspectiva de género, tomando en cuenta el contexto de violencia física, psicológica y sexual que enfrentó Alina antes y durante la agresión.

Eso implica juzgar con perspectiva de género: considerar el contexto en el cual se da la agresión y la respuesta. "Existe una relación entre la defensa empleada y los medios con los que las mujeres en estos casos disponían para defenderse", subraya el Comité de Expertas de la OEA.

Si Roxana y Alina no se hubieran defendido la agresión podría haber terminado en feminicidio, y ellas serían quienes estarían muertas.

Culpar a las víctimas de violencia es ponerse del lado del agresor.

Vania da Dios
(v.pág.3 del periódico El Informador del 26 de mayo de 2023).

En varias ocasiones Andrés Manuel López Obrador ha pedido a los empresarios que paguen sus impuestos y respeten la ley. También ha repetido el principio liberal que señala que "al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie". Sin embargo, él mismo piensa que no tiene por qué obedecer las leyes. Incluso lo ha declarado: "Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley".

El presidente decretó este 19 de mayo una "ocupación temporal" de 3 tramos de vías férreas concesionadas a Ferrosur en un momento en que se estaban llevando a cabo negociaciones con la empresa para permitir el uso de esas vías para el ferrocarril transístmico. No rescindió la concesión, sino que mandó tropas armadas para ocupar las vías. El 18 de mayo, unas horas después de que la Suprema Corte decretó la inconstitucionalidad del acuerdo que clasificaba como proyectos de seguridad nacional las obras de infraestructura de su gobierno, emitió un nuevo decreto, ligeramente distinto al anterior, que designaba como asuntos de seguridad nacional 5 obras gubernamentales, entre ellas el Tren Maya y el Corredor Interoceánico Transístmico.

Ayer, por otra parte, una juez de distrito otorgó una suspensión provisional para que la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito garanticen el cumplimiento de las leyes antes de publicar los nuevos libros de texto; lo increíble es que en México se necesite una suspensión judicial para que el gobierno se comprometa a cumplir la ley.

Hay leyes buenas y malas, por supuesto, pero la falta de ellas es un problema mayor que una mala ley. Daron Acemoglu y James A. Robinson han escrito en ¿Por qué fracasan los países? que el "Estado de Derecho" es "el principio de que las leyes no deberán aplicarse de forma selectiva o arbitraria y que nadie está por encima de la ley". La aplicación de leyes a los gobernados, pero no al monarca o a sus allegados, impide el surgimiento de sociedades con igualdad de oportunidades.

AMLO se ha servido de sus mayorías absolutas en ambas cámaras del congreso para modificar leyes que le incomodaban. Ha enmendado también reglamentos a través de decretos y acuerdos. Muchas de estas leyes y reglas son peores que las anteriores, pero los gobernados tenemos obligación de acatarlas.

Él mismo, sin embargo, no está dispuesto a respetar las leyes que no le gustan; prefiere violarlas para demostrar su poder. El presidente, por ejemplo, pudo haber logrado la aprobación del plan B o de las leyes que eliminan el derecho a la transparencia en sus proyectos favoritos sin violar las normas parlamentarias, pero ordenó la dispensa de trámites en el congreso para desechar el derecho de la oposición a debatir o incluso a leer las iniciativas. Quizá la propuesta para declarar sus proyectos de infraestructura obras de seguridad nacional habría logrado la aprobación de la Suprema Corte, si no hubiera sido porque no quiso que la oposición pudiera presentar siquiera sus puntos de vista. Ahora ha violado una vez más las leyes al ordenar una "ocupación temporal" armada de unas vías férreas concesionadas.

Sin la protección de las leyes, los mexicanos vivimos y permaneceremos en la ley de la selva. Sin leyes, el gobierno puede hacer lo que quiera, incluso mandar a marinos con armas largas a tomar una instalación concesionada porque al presidente no se le dio la gana de llegar a un acuerdo o de iniciar un proceso legal de rescisión de la concesión.

AMLO decretó una "ocupación temporal" de 3 tramos de vías de Ferrosur. ¿Cuánto tiempo durará la ocupación? "Depende de la actitud de la empresa", dijo ayer. "Lo único que quiero es la devolución de ese tramo de la concesión". Reconoce que utilizó a los marinos como pistoleros para presionar al concesionario. Así negocian los gángsters, que no acuden a los tribunales.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 23 de mayo de 2023).

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco se manifestó ayer afuera de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Cerraron uno de los carriles de la Calzada Lázaro Cárdenas y exigieron la entrega de cuerpos de personas desaparecidas que ya fueron localizadas.

(V.pág.5 del periódico El Informador del 23 de mayo de 2023).

En política los eufemismos son una forma de engaño o incluso de autoengaño, cuando no de reírse del otro, de ese que se considera el enemigo. En la Revolución Mexicana las tropas tenían prohibido robar, pues se había convertido en una extendida mala costumbre; se inventaron entonces los préstamos forzosos, que nunca se pagaban y terminaban siendo un robo, pero para la causa. Los cristeros no mataban, "ajusticiaban" al enemigo en el nombre de Dios. Los guerrilleros de los años 70 no robaban, "expropiaban" bienes de bancos, supermercados, tiendas departamentales. Según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el Gobierno de López Obrador no expropió las vías férreas en el sur del país, sólo las "ocupó temporalmente".

La expropiación es un mecanismo del Estado para hacerse de un bien en beneficio del país. Está satanizada porque implica una apropiación forzosa de un bien privado y atenta contra el principio básico de la seguridad jurídica de la tenencia de un bien; sin embargo, existe como figura en nuestras leyes y está perfectamente establecido no sólo cuándo, sino cómo debe llevarse a cabo una expropiación. Y no es exactamente como lo hizo el gobierno lopezobradorista, pues había un acuerdo previo que el gobierno desconoció.

El presidente sigue mandando mensajes de que le estorba la ley. Los 3 pequeños tramos de ferrocarril que fueron expropiados y tomados a la fuerza por la Marina se requieren para los proyectos estratégicos que se construyen en el sur del país. Son esos pequeños kilómetros que hacen la diferencia entre tener o no tener un sistema. Tan es así que se había llegado a un acuerdo para compartir el derecho de vía, pero a la postre el gobierno decidió que fuera sólo para él. ¿Se puede argumentar sólidamente la utilidad pública de la expropiación?, ¿era esa la única salida o había posibilidad de construir un acuerdo con el concesionario?, ¿por qué así, sin diálogo y por la fuerza?

Más allá del fondo, la forma es fatal. El mensaje, también muy revolucionario, es primero mata y después "viriguas"; primero la fuerza y después analizamos lo legal. Los eufemismos del secretario de Gobernación lejos de generar tranquilidad suenan a burla, y el uso de la Marina para la toma de instalaciones nada tiene de amoroso. Pareciera que el presidente ya decidió que hará su voluntad sin importarle ningún otro poder o freno legal, y que la política ha fracasado como forma de generar acuerdos en este país, lo cual es sumamente desalentador y preocupante.

Digámoslo sin eufemismos: los signos de una presidencia autocrática, que desconoce los límites y los equilibrios de poder, son cada día más evidentes. Ni los proyectos, ni el presupuesto, ni las instituciones, ni el pueblo, ni el país son propiedad del presidente.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 22 de mayo de 2023).

El día 14 de este mes, la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, recibió el premio de Derechos Humanos 2023 en Marruecos durante la celebración de la 16a. Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Esta organización, que agrupa a más de 1,400 juzgadoras de 143 países, es reconocida por su seriedad. No otorga premios "patito". Debemos estar muy orgullosos de que la ministra -primera mujer mexicana en obtener tan alta distinción- lo haya recibido en nombre de México.

Resulta paradójico que el desempeño realizado a lo largo de una vida de honestidad y congruencia se visibilice y reconozca primero en el extranjero, mientras que en México el presidente descalifica, un día sí y otro también, el trabajo de los integrantes del poder judicial, acosándolos, imputándolos, denostándolos, e incluso exponiendo sus vidas ante quienes, con razón o sin ella, han desarrollado animadversión en contra de esos servidores públicos.

Los tiempos por venir no serán fáciles. Abusando de los recursos a su disposición, AMLO insiste en intervenir, sin recato alguno, en la vida de los poderes en los que está soportado el orden constitucional de nuestra nación. Su empecinamiento por apropiarse o eliminar a las instituciones y modificar las leyes que sujetan o limitan al ejecutivo augura momentos de tensión y probables agresiones verbales y físicas, lamentablemente, estimuladas desde Palacio Nacional por quien está obligado a sembrar la concordia entre nosotros. Siempre que una persona, en este caso el presidente, pierde la noción de la realidad y se asume como dueño, conciencia y brazo armado de sus propias ideas, el riesgo de incrementar su beligerancia para disuadir a "sus enemigos" se multiplica, sobre todo cuando, por años, ha alentado el odio entre los compatriotas, erigiéndose a título personal como el "salvador de la patria". ¿Qué sigue? ¿Incendiar pozos petroleros, convertir en letrina el Paseo de la Reforma o patrocinar la violencia, como lo hizo en el pasado?

¡Cuidado! Sin caer en provocaciones, debemos mostrar nuestra solidaridad con quienes, como los ministros que integran la Suprema Corte, tienen la enorme responsabilidad de mantener vigentes las instituciones que hacen posible nuestra vida democrática, garantizando los derechos individuales y sociales de los mexicanos.

Eugenio Ruiz Orozco
(v.pág.4 del periódico El Informador del 22 de mayo de 2023).

Una precondición para que el ejercicio de los derechos humanos y la democracia sean por lo menos posibles, es la libertad de las mujeres y los hombres. Y una condición para que la libertad sea un bien accesible y permanente consiste en que aquellos a los que la libertad de los ciudadanos en democracia otorgó una posición de poder público, se atengan a las leyes, para que por sobre la libertad y los derechos humanos no prive la voluntad convenenciera de un grupo o de un solo sujeto.

La Suprema Corte desechó el decreto con el que en 2021 el presidente dictó reservar la información de sus obras más costosas y dispensarlas de trámites medioambientales porque, según él, son estratégicas para la seguridad nacional. El festejo por la independencia de los ministros se unió a los previos; duró sólo unas horas. Con otro decreto (eso le pasa a la nación cuando el presidente decide habitar el Palacio Virreinal) López Obrador refrendó que la información de sus queridas obras, hechas con dinero público, debe quedar oculta, y lo hizo además con un gesto que equivale al del pistolero del oeste que se abre el saco para exhibir la Colt 44: el documento lo firmaron el almirante secretario, el general secretario y su fidelísimo amigo de Gobernación. (Ya entrados en el símil vaquero: al terminaron de firmar el documento, López Obrador sopló al humeante cañón de su metafórica arma). Nada desconocido para la historia política de México: una transformación de mera propaganda que implosiona y devasta.

El viernes pasado Gabriela Warkentin, en W Radio, entrevistó a la jurista, brillante y didáctica, Ana Laura Magaloni, que le dijo: "hay muchas cosas para saber si esto [el nuevo decreto] es un desacato o no; la Corte aún no acaba de debatir. Todavía no hace el desglose de la sentencia [ni establece sus efectos], el caso no está completamente concluido". Pero, sigue Magaloni, "a lo que resolvió la Corte el presidente acaba de decir: no. ¿Qué consecuencias tiene eso? A mí me parece que hay que irnos con cuidado, que hay que ser cautelosos con respecto a qué decimos y qué no decimos. Pero me parece que es una forma de debilitar a la Corte, de quitarle autoridad".

Volvamos al comienzo: una precondición para que el ejercicio de los derechos humanos y la democracia sean por lo menos posibles, es la libertad de los individuos. Entonces: qué decir, qué no decir de la actitud, una más, retadora del presidente. Con todo y que la postura de Ana Laura es correcta, si desde uno de los tantos análisis posibles que el caso provoca se nos impone expresar algo aparentemente exagerado y no lo decimos ¿luego podría ser demasiado tarde? O, en términos coloquiales, instalado el maximato a plenitud ¿ya para qué lo decimos? Por lo pronto, no dejemos de tomar en cuenta la sensatez de la Dra. Magaloni y unámosla a la libertad que nos pertenece: no perdamos de vista al emperador-alteza-serenísima-tirano en ciernes, y seamos críticos respecto a la dictadura perfecta que se nos está formando a plena luz del día.

Augusto Chacón
(v.pág.2 del periódico El Informador del 21 de mayo de 2023).

Dada la relevancia de lo que ocurre en el ámbito político y social a nivel nacional, estoy plenamente convencido de la urgente necesidad de que las distintas organizaciones que concitamos la participación política de muchos miles de ciudadanos y en general la sociedad civil formemos una gran alianza para impulsar a los partidos políticos con claro carácter progresista y sobre todo democrático, ya que además de los temas a mediano plazo, es imperativo unirnos en defensa de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y muy particularmente cerremos filas en torno a su presidente, la valiente y honorable Norma Lucía Piña Hernández, quien está siendo víctima de una cruenta andanada de agresiones de todo tipo, vituperios y feroces ataques con el principal objetivo de hacerla caer, para "doblarla" -como también dicen algunos-, a fin de tener el camino libre hacia sus más obscuros intereses que no son otra cosa que gobernar sin contrapesos, sin rendir cuentas, sin que se les corrija, y pasando por encima de leyes y normas establecidas sólo para perpetuarse en el poder.

Expuse la imperativa necesidad de que el poder legislativo federal se mantenga autónomo y brinde su apoyo al poder judicial de la federación, que en estos momentos se ha tornado en el nuevo objeto de destrucción que el titular del poder ejecutivo de la nación tiene en la mira al considerar que le estorba.

Dejé muy claro lo que la gran mayoría de ciudadanos piensa: Ya no queremos gobiernos encabezados por iluminados, por quienes se suben al ladrillo y se quedan en las nubes y se consideran a sí mismos como dioses omnipotentes alejados de realidad del pueblo.

Gobiernos que tengan equilibrio, con respeto a la división de poderes, con respeto al poder judicial, con respeto al legislativo, un legislativo que sea equilibrio del poder ejecutivo y judicial, que siga siendo el garante del Estado de Derecho y legalidad en México, del imperio de la ley.

No queremos el riesgo que hoy vivimos de una tiranía, de una monarquía disfrazada de republicanismo, en la que sólo manda la voz de un enano en palacio de gobierno, alguien que está a punto de romper con el equilibrio global y que tiene al país sumido en un camino incierto.

Compartí una reflexión: Estamos contentos, sí, porque tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación encabezada por una mujer que ha demostrado pasión social por el país, apego al Derecho, amor a las leyes y la Constitución, pero tenemos un grave riesgo, que queremos evitar.

Queremos decirles a las y los senadores que no permitan que el amedrentamiento, el hostigamiento, las amenazas, el intento de lapidar políticamente, inicialmente a la Suprema Corte, haga que las ministras y ministros, sobre todo la presidente Norma Piña, se doblen.

Tienen en puerta una decisión muy importante -y aquí hago énfasis-, no debe permitirse que la Corte se venza y declare adecuada, sino que al respecto declare nula la sesión espuria que sin mayoría y sin cumplimiento de quorum y sin apego al procedimiento legislativo senatorial, sesionaron en lo obscurito, entre cuates, entre amigos para modificar normas, leyes que no solamente afectan a la sociedad, afectan a México.

Si se permite que se declare efectiva esa sesión, dejaremos la puerta abierta con un gravísimo precedente, habrá el riesgo de que una minoría inadecuada, ilegal, solamente ellos, declaren juicio político a las ministras y ministros, declaren que ya no son ministros, los saquen por la fuerza del palacio del poder judicial, e impongan a nuevos personajes para que dicten justicia a su modo, y lo grave del asunto es que en ese momento el país estaría en manos de un monarca absolutista, se estaría concretando un auto golpe de estado que no podemos permitirnos.

Como ya lo comenté antes, solamente una mente enferma puede ser capaz de pensar en desbaratar de un plumazo toda institución republicana y federalista para convertirse en un tirano a sabiendas que no habrá nada que se lo impida, dado que puede hacer uso pleno de las fuerzas castrenses y con dicho presunto alevoso respaldo, perpetrar una asonada, y además destituir, perseguir, e incluso encarcelar a integrantes de las funciones judicial y legislativa del poder público del Estado, cumpliendo el anhelado sueño de "su mundo ideal", que no es otra cosa que su propia dictadura.

De hecho, lo más delicado es que se estaría tratando de incoar a ministros y ministras juicio político desde la Cámara de Diputados o el Senado, sin tener la mayoría necesaria para ello, activando un burdo e ilegal esquema de destitución, y ordenando lo que deba hacer la Fiscalía General de la República (FGR), contando además con el apoyo de la Guardia Nacional, separar del cargo e incluso por la fuerza sacarlos de su recinto a las y los ministros de la Corte para después declarar que ya no existen esos nombramientos y, sin nadie que se los anule siendo juez y parte designar a nuevos ministros del alto tribunal para tener un nuevo poder judicial a modo y le avale todas sus ocurrencias al sujeto que vive en Palacio Nacional y todo ello con el apoyo de las fuerzas armadas, a las cuales ha venido alimentando, maiceando y sobornando para que estén de su parte en esto que sería ya un golpe de estado fraguado desde el ejecutivo y con resultantes funestas, entre ellas, el evitar la elección de 2024.

Salvador Cosío Gaona
(v.pág.2 del periódico El Informador del 20 de mayo de 2023).

El secuestro de 50 migrantes que viajaban en un camión vuelve a poner una gran interrogante sobre la política de seguridad pública del Gobierno de López Obrador. ¿Basta con la presencia de la Guardia Nacional para disuadir al crimen, particularmente al crimen organizado? ¿Ampliar el número de cuarteles -dato que el presidente suele poner por delante para hacer ver que sí están trabajando- se puede considerar como una política de seguridad? ¿Los programas sociales sirven para acabar con la criminalidad o, dicho de otra manera, es cierto que la causa de la criminalidad es la desigualdad?

De acuerdo con el informe denominado "Con copia oculta. La guerra que cuenta la Sedena", realizado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta, la política de seguridad real del presidente López Obrador es exactamente la misma que en sexenios anteriores. Cambiaron los nombres, cambió el discurso, pero se siguió haciendo exactamente lo mismo, con los mismos malos resultados que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Y mientras en las mañaneras la secretaria de Seguridad nos presume una disminución 16% en el número de asesinatos con respecto al inicio de esta administración, nadie en el gobierno da seguimiento a los casos de personas desaparecidas, 26 diarias en promedio durante 2022 en el país. Estadísticamente hay una alta probabilidad de que la mayoría de ellas estén muertas, enterradas en fosas clandestinas, pero de eso jamás se habla en la mañanera. El fracaso de la política de seguridad -que nunca fue tal- del presidente López Obrador tiene un terrible efecto secundario: es sumamente desmoralizante llegar a otro fin de sexenio más sin resultados.

Lo que no hicieron ninguno de los 3 últimos presidentes es investigar. De acuerdo con datos del mismo estudio, en este sexenio sólo en 22 de cada 100 casos de asesinato con violencia se inició alguna acción legal y sólo a 8 de cada 100 se les dio algún tipo de seguimiento. Ninguno de los 3 gobiernos hizo nada por la procuración de justicia excepto cambiarle el nombre a la Procuraduría para llamarle Fiscalía.

Si no queremos volver a fracasar partamos de algunas premisas de cara al futuro: 1, ninguna política de seguridad puede obviar el uso de la fuerza. 2, los programas sociales deben ser evaluados por su eficacia en el combate a la pobreza y no en relación con la criminalidad. 3, no hay solución mágica. 4, ninguna política por sí sola soluciona el problema. Y 5, sin procuración de justicia no hay justicia ni paz.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 17 de mayo de 2023).

Mientras el gobierno estatal y el federal se ponen de acuerdo en si son 14,000 o 15,000 las personas desaparecidas en Jalisco, es altamente preocupante el emplazamiento hecho en días pasados por el Congreso del Estado a la Secretaría de Gobierno del poder ejecutivo estatal, para que apure la publicación del reglamento de la Ley de Personas Desparecidas, que de acuerdo a un artículo transitorio de esa propia norma, debió haberse hecho a más tardar 90 días después del 25 de febrero del 2021 cuando fue aprobada la ley en el congreso.

La prioridad que, el discurso oficial asegura, tiene en la agenda gubernamental el más cruel delito como son las desapariciones, y que en incidencia Jalisco está en el deshonroso 1er. lugar en el país, queda en entredicho con este retraso de 2 años que a decir de la presidenta de la Comisión de Gobernación del poder legislativo, Ángela Gómez Ponce, ha traído consecuencias negativas para los colectivos de familiares de personas desaparecidas que advierten que por la falta de ese reglamento no hay una aplicación plena de la ley y las búsquedas siguen sin avanzar ni mejorar.

Este incumplimiento del gobierno estatal ha desinflado también el optimismo que surgió entre las organizaciones de familiares de desparecidos, madres buscadoras y especialistas cuando en febrero de 2021 se puso fin al rezago, también de más de 2 años que tenía la Ley de Personas Desaparecidas para su aprobación, y más aún porque las y los diputados, por fin respetaron los términos en que quedó luego de más de un año de trabajo con organizaciones y colectivos de víctimas de desaparición, expertos nacionales e internacionales en un proceso de parlamento abierto con las y los legisladores.

Por la gravedad del problema y por las miles de familias que padecen el infierno en vida que es no saber del paradero de alguno de sus seres queridos, el gobierno estatal debe atender cuanto antes el llamado del congreso y explicar los motivos de tanta tardanza pese a tan delicado problema.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 15 de mayo de 2023).

Tuvieron que cerrar la circulación de López Mateos para que los tapatíos y el Gobierno de Jalisco voltearan a ver a los familiares.

El fenómeno de la desaparición en Jalisco no es nuevo, pero va en aumento año con año. Es una forma de criminalidad que comenzó a crecer en el estado los últimos años del gobierno anterior, con Aristóteles Sandoval, y que en el sexenio del gobernador Alfaro ha ido en aumento. Si comparamos el mismo periodo de un sexenio a otro el aumento es de 72%. Si lo vemos en números absolutos en lo que va de este gobierno hay, hasta abril de 2023, 8,127 personas que han sido reportadas desaparecidas y no localizadas. En promedio 153 al mes, 5 diarias en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro.

¿Qué tiene que ver el gobierno con ello?, preguntaría el gobernador. Ellos quisieran que nada, que su trabajo sólo fuera llevar la cuenta de esos problemas entre particulares, como simples administradores del desastre. Pero no, la desaparición de personas no es un fenómeno entre particulares, no es un problema entre vecinos, sino una forma sistemática de violencia que ejerce el crimen organizado; es una forma de ejercicio del poder de esos que -por ingenuidad o por componenda tanto de la sociedad como del gobierno- hemos denominado "jefes de plaza", los que ejercen el poder real en el territorio.

Tenemos que voltear a ver el fenómeno de la desaparición y hablar de él por varias razones. La 1a. es la más elemental solidaridad con las familias que sufren la desaparición, el más cruel de los crímenes, el del dolor que nunca cesa, el sufrimiento que se instala en los hogares para habitarlos y devorarlos. La 2a., más egoísta si se quiere, es porque todos estamos expuestos a sufrir la desaparición. Pasamos del "quién sabe en qué andaban metidos" como explicación del gobierno anterior al "quién sabe por qué los desaparecen" del actual. La 3a. es una razón de estado; mientras existan estos poderes hiper locales, en las colonias, barrios y municipios, que deciden quién vive y quién no merece vivir sobre un territorio concreto, el Estado está fallando a la 1a. y más importante de sus razones de ser que es darnos seguridad.

Hay que voltear a ver el fenómeno de la desaparición en Jalisco. Lo que está en juego no es sólo la paz de más de 15,000 familias que perdieron su tranquilidad, sino la seguridad de todos nosotros.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 15 de mayo de 2023).

Familiares de desaparecidos critican el trabajo de la Fiscalía. Por eso bloquearon ayer López Mateos, en el cruce de la calle de Santa Ana.

Familiares y amigos de desaparecidos de las zonas de Santa Ana Tepetitlán y Miramar se reunieron en la plaza principal del 1er. poblado para hacer una protesta "por el poco apoyo" que reciben de la Fiscalía de Jalisco para resolver los casos. Luego avanzaron por la calle de Santa Ana hasta el cruce con López Mateos, donde bloquearon esta vialidad durante la tarde de ayer. Fue a las 19:00 horas cuando el contingente se disolvió de forma voluntaria.

(V.primera plana del periódico El Informador del 14 de mayo de 2023).

Las compras de pánico de gasolina en la capital del estado de Sinaloa duraron unas cuantas horas debido a los bloqueos de 3 plantas de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Topolobampo, Guamúchil y Culiacán por parte de productores de maíz y trigo, ante el anuncio de los distribuidores de combustible de que tienen suficientes reservas.

Entre la tarde y noche del jueves, al conocer que los hombres del campo que reclaman que se fijen precios de garantía de 7,000 pesos por tonelada de maíz y 8,000 para el trigo, se habían apostado con su maquinaria en la planta de distribución de Culiacán. En redes sociales corrió el rumor de que habría escasez de gasolinas y diésel.

Las compras de pánico que generaron largas filas de automovilistas en varios expendios de la capital del estado, pronto desaparecieron, las gasolinerías volvieron a operar de forma tradicional, sin aglomeraciones o largas filas.

Pese a que los productores de granos se mantienen firmes en sus bloqueos a las 3 plantas de Pemex, en los municipios de Ahome, Salvador Alvarado y Culiacán, la demanda de gasolinas y diésel en los expendios autorizados se normalizó.

Baltazar Valdez Armentia, presidente de la Organización de Campesinos Unidos de Sinaloa dijo que están citados el próximo lunes a una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para volver analizar la situación de la comercialización de las 5.5 millones de toneladas del maíz y el precio de 7,000 pesos.

Dio a conocer que en caso de que no se tenga una respuesta convincente para los hombres del campo, el próximo movimiento sería la toma del aeropuerto internacional de Culiacán como medida de presión para ser escuchados.

El pasado 10 de mayo, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, convocó a los manifestantes liberar los bloqueos de las plantas de Pemex, ante el riesgo que se presente desabasto de combustible y se afecte a terceras personas ajenas al conflicto.

Les ofreció que, previo a la reunión con el secretario de Gobernación, celebrará con ellos, una mesa de análisis para analizar las condiciones de los mercados de consumo.

(V.periódico El Informador en línea del 13 de mayo de 2023).

Las amenazas de Andrés Manuel López Obrador no se pueden tomar más a la ligera cuando nos ha dado muestras fehacientes de su cada vez más marcada falta de cordura. Si espeta que el Poder Judicial debe desaparecer y lo mismo el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), se debe asumir ya existe una estrategia y en marcha toda la maquinaria del Estado para llevar a cabo tal fin. Es decir, después de lo observado en lo que va de su gobierno, se debe tener por cierto que cualquier idea, por más que suene a ocurrencia a tontería o a chunga, no cesará hasta conseguirlo.

Y los antecedentes ahí están; cuando dijo "al diablo las instituciones", no dudó en ir por ellas, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE) -que afortunadamente la sociedad civil y la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) pudimos defender aunque otras no corrieron con tanta suerte.

Cuando ha propuesto reformas nada le ha significado un obstáculo; se ha dado el lujo de exigir a sus deshonestos diputados y aliados "no mover ni una coma" a sus iniciativas y obligarlos a incurrir en ilegalidades.

En un acto de excesiva prepotencia y soberbia, los mexicanos fuimos testigos de la alta afrenta a nuestra carta magna cuando gritoneó: "Y no me salgan con que la ley es la ley".

Afortunadamente la Suprema Corte está demostrando todavía tener la fuerza, el coraje, y la convicción para defender e imponer y hacer cumplir las leyes que emanan de nuestra Constitución, mayormente desde que la ministra Norma Piña Hernández tomó las riendas del más alto tribunal de nuestro país haciendo gala de un enorme aplomo y un respeto irrestricto a nuestra carta magna.

Debemos preocuparnos y ocuparnos en apoyar a las ministras y ministros, expresándoles reconocimiento y respaldo, pero además solicitarles persistan y no se doblen ante los amagos, amenazas y ataques del dolorido tabasqueño, que ahora lanza ofensas y vituperios al Poder Judicial por actuar responsablemente en favor de la nación y del pueblo.

El "podrido" es en todo caso quien los acusa, pues pretende imponer un modelo de dictadura omnipotente sin contrapesos ni obstáculos a su perversidad para seguir en su aberrante empeño por destruir las instituciones, pues "su mundo ideal" es, sin duda, presidir sin Poder Judicial y con Poder Legislativo dominado y pelele a su fétida conveniencia política personal.

De tal suerte que en este momento cobra fuerza una parte muy importante que ha sido fundamental en la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), y me refiero al apoyo de la sociedad.

Norma Piña, y las ministras y ministros que no le responden al ejecutivo de la nación nos está otorgando a la sociedad y al pueblo de México la certeza de que aún no todo está perdido bajo la égida del actual régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador y es menester que las mexicanas y los mexicanos respondamos como lo hicimos en defensa del INE.

No podemos ser negligentes u omisos a lo que está a la vista de todos. Si es que desde cualquier óptica se perciben alarmantes señales que se envían cada vez más insistentemente desde las cámaras del poder legislativo, la mañanera, Palacio Nacional, las redes sociales y todos los medios que dispone la llamada 4a. Transformación. El riesgo ahí está y lo que queda es alertar a la gente, resistir, salir nuevamente a las calles a defender a nuestra Constitución, a la SCJN, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la libertad, la vida y la dignidad de los mexicanos.

Salvador Cosío Gaona
(v.pág.2 del periódico El Informador del 13 de mayo de 2023).

El fallo es muy importante para la preservación del Estado de Derecho en nuestro país. El gobierno tomó la decisión de forzar la aprobación de las reformas electorales a pesar de que sabía que eran inconstitucionales, como lo advirtió el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal; pero además quiso hacerlo con un abierto desplante de arrogancia, violando leyes y reglas parlamentarias, humillando a la oposición, pretendiendo que en este régimen el papel de las minorías es "callar y obedecer".

La arrogancia, sin embargo, tiene costos. Si bien los ministros pueden haber discrepado, el ministro Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte, muy cercano al presidente, declaró: "Si bien debemos tener deferencia al legislador democrático, sí tenemos que velar porque en un parlamento todos los grupos puedan debatir en condiciones de igualdad y libertad, lo que en este caso no sucedió".

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 9 de mayo de 2023).

El apabullante voto, 9 contra 2, no deja lugar a dudas: la forma en que el poder legislativo procesó la 1a. parte del llamado "Plan B" electoral está fuera de las normas que marca la Constitución para aprobar una ley. Sí, no basta tener mayoría, hay un proceso legislativo que se debe cumplir y que implica, entre otras cosas, que todos los ciudadanos y nuestros representantes sepamos qué se está discutiendo (máxima publicidad, le llaman); que quienes tengan algo que decir al respecto puedan expresar sus argumentos (por eso es parlamento); y que se someta a votación sólo hasta que esté suficientemente discutido. Así es la democracia. No es un invento de "los corruptos neoliberales" o de "los conservadores", son cientos de años de aprendizaje parlamentario.

Desde hace varios sexenios la Suprema Corte de Justicia ha echado para atrás todas las leyes producto de los llamados albazos. Nadie se puede llamar a engaño: el presidente, el secretario de Gobernación, los líderes de las bancadas y muchos de los diputados sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era ilegal, y sin embargo lo hicieron. (Algunos de los llamados diputados levanta dedos que no leen ni en defensa propia seguro no sabían, no saben de proceso legislativo y les importa un comino, pero ese es otro tema.) La pregunta entonces es: ¿por qué lo hicieron, por qué lo siguen haciendo?

La única respuesta posible es que lo hacen para estresar a las instituciones de la República. Lo que están haciendo, conscientemente, es generar una animadversión contra la Suprema Corte de Justicia. Ayer mismo el pregonero de la 4a. Transformación, Epigmenio Ibarra, comenzó una campaña contra la Corte que él mismo llamó "Plan C", una reforma al poder judicial, que, como lo han esbozado desde principios del sexenio, no es otra cosa que nombrar una corte constitucional por encima de la SCJN. Para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el "Plan C" es ganar la elección federal con mayoría suficiente para modificar la Constitución. Si en el 2024 los mexicanos le damos mayoría constitucional en las cámaras al presidente, el que sea, éste podrá plantear las reformas al INE, al INAI, e incluso a la Corte que considere convenientes. El planteamiento es absolutamente democrático, si y sólo si el gobierno no mete las manos en la elección.

Lo que es una canallada o una estupidez (el poder no sólo envilece, también embrutece) es argumentar que los ministros no tienen legitimidad porque no fueron electos por el pueblo. A los ministros los propuso un presidente electo por voto popular (el actual, por ejemplo, propuso a 4 de ellos) y los escogieron y nombraron de una terna 128 senadores electos en las urnas: 96 de forma directa y 32 por vía plurinominal. Si los ministros carecen de legitimidad democrática es porque el presidente y los senadores no la tienen.

El mensaje de la Corte es claro: en democracia las reglas importan. Ojalá algún día ese sea el "Plan D" de quienes se abrogan el deseo de transformación.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 9 de mayo de 2023).

Lo que ocurrió en el pleno de la Suprema Corte arrancó aplausos atronadores en un sector político del país, y también provocó una tremenda molestia en el otro sector, en particular en la oficina de la Presidencia, y tanto así que antes de la sesión del pleno de la Corte habían lanzado una amenaza: si rechazaban el "Plan B" lo considerarían una intromisión en la división de poderes.

¿Qué se propone la Presidencia? ¿Desacatar lo que ya determinó el pleno de la Corte? ¿Imponer la legislación que ha quedado anulada? Parece descabellado, pero los tiempos que corren en nuestro país dan para todo. Pero ese asunto ya corre por su propia vía y habrá que esperar la reacción del presidente López Obrador, seguramente en su mañanera, en la que hablará mal de los ministros que votaron contra su reforma electoral.

La Corte, hay que apuntarlo, avaló el proyecto del ministro Pérez Dayán, quien no reprobó la reforma en sí, sino las formas: el desorden legislativo y la votación realizada sin apego a lo que marca la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo. Deberá servir de lección a los diputados de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde, que acostumbran imponer sus posturas por el solo hecho de ser mayoría, y además, atropellando las reglas más elementales. Así no puede concretarse ninguna transformación nacional.

Además, vale considerar que el rechazo al "Plan B" de la reforma electoral atiende las demandas ciudadanas que se habían expresado en 2 megamanifestaciones en defensa del sistema democrático y el Instituto Nacional Electoral (INE) en decenas de ciudades de la república.

Aunque la determinación de la Corte no obedece a lo que demandaron miles de ciudadanos en esas movilizaciones, sí tiene peso la exigencia de cientos de miles de mexicanos que se movilizaron y que expresaron su desacuerdo con la reforma propuesta por la Presidencia para disminuir el área de influencia de las instituciones ciudadanas.

Los objetivos que sí han merecido aprobación generalizada, como la reducción en los costos injustificados de los organismos electorales y los procesos electorales, merecen otra oportunidad. El problema de Morena y sus legisladores, incluso la propuesta presidencial de reforma, se plantearon mal desde el principio: desde una postura de revancha, no con el ánimo de mejorar el sistema. Su proyecto fue vencer a los adversarios, a las élites neoliberales. Pero no trabajaron las propuestas, no hicieron la tarea y confiados, no consideraron que la Suprema Corte se convertiría en la última frontera de la legalidad en el país.

El "Plan B" está liquidado. Ya vendrá la siguiente batalla.

Jorge Octavio Navarro
(v.pág.2 del periódico El Informador del 9 de mayo de 2023).

Expertos constitucionalistas señalaron que con la resolución el máximo tribunal dio muestras de independencia y de no dejarse presionar. Asimismo, aseguraron que la 2a. parte del "Plan B" y las reformas aprobadas durante la llamada noche negra correrán la misma suerte.

Francisco Burgoa, profesor de Derecho por la UNAM, consideró que haber declarado la invalidación total del decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y Ley de Responsabilidades Administrativas por vicios en el procedimiento legislativo "es un mensaje contundente hacia Morena y sus aliados".

"Me parece una sentencia sumamente impecable. Era importantísimo que la Suprema Corte pudiera mandar este mensaje a la mayoría parlamentaria que conforma Morena y sus aliados, es un mensaje de defensa del orden constitucional y decirle a la mayoría parlamentaria que, aunque tengan mayoría, no pueden faltar al procedimiento legislativo, tienen que respetar la Constitución, la ley del Congreso y los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República".

Burgoa aseguró que la Suprema Corte queda como "último dique de defensa de la Constitución", pues los ministros "no se están dejando presionar ni intimidar", y recordó que para la 2a. parte del "Plan B" el ministro ponente es Javier Laynez, quien votó a favor de la resolución.

"Pareciera que el magistrado también se va a centrar en el estudio de la forma y del fondo. El objetivo es dejar en claro que cualquier reforma que se apruebe en el congreso debe cumplir íntegramente con las normas legales, reglamentarias y constitucionales, y yo espero que esta votación sea un preludio de lo que ocurrirá al momento de que se revuelva la 2a. parte del ‘Plan B’ electoral, lo que será en los próximos días".

Por su parte, el doctor en Derecho Constitucional, César Astudillo, señaló que la Suprema Corte "rescató la razón constitucional frente a los impulsos desmedidos de una política que hoy abusa de su mayoría".

"No fue un tema en el que la Corte haya tenido que batallar, realmente fueron tantas las irregularidades y las inconsistencias que el máximo tribunal comprobó a través de sus precedentes que estas reformas se aprobaron en fast track, sin que se justificara la urgencia para dispensar todos los trámites, lo cual deja descubierto el desaseo monumental que hubo en las cámaras del congreso".

Consideró que lo anterior abre un precedente sobre lo que debe ocurrir en el análisis de la segunda parte del "Plan B" y de las reformas avaladas en la llamada "noche negra".

"En estos 2 episodios se cometieron, de igual forma, importantes errores legislativos, por lo que auguro que igualmente serán sujetos de declaraciones de inconstitucionalidad".

Astudillo advirtió que se aproxima un momento de tensión política importante y adelantó que "es probable" que la bancada de Morena busque que renazcan estas iniciativas, entre otras cosas.

"Van a redoblar esfuerzos para acosar a la Corte. Puede que quieran reformar a la Suprema Corte, que quieran quitar a estos ministros y a poner a nuevos, y esto a final del día nos habla de un endurecimiento de recursos hacia el final del sexenio".

Ante este escenario, Diego Valadés, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, señaló que el congreso mexicano "tiene que estar consciente de que vivimos en una etapa de madurez en la que todas las personas y todas las instituciones pueden tener criterios y opiniones diferentes, pero que lo que cuenta es que una vez que se da una resolución como la que ha emitido la Corte todos tienen el deber de cumplirla y de acatarla".

Sobre el futuro de la 2a. parte del "Plan B" y las reformas aprobadas en la noche negra, Valadés consideró que el máximo tribunal "ha dado muestras de independencia en su criterio y en su actuación".

"Lo más probable es que también se invaliden, porque la alteración o el incumplimiento del proceso legislativo parece que fue generalizado, pero hay que estudiarlo todo de manera muy severa, muy seria, muy responsable, y sin anticipar ningún tipo de decisión”.

(V.pág.7 del periódico El Informador del 9 de mayo de 2023).

Desde el 1er. día, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador demostró su desprecio por la ley y el Estado de Derecho, pero ahora, con el reiterado tráfico de influencias por parte de sus hijos, México entró en la peor etapa de corrupción del país, de una cínica y abierta impunidad, afirmó el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza.

En un comunicado, el líder panista denunció que México "está siguiendo los pasos de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde los hijos y más cercanos de los presidentes se enriquecen a manos llenas, a la vista de todos, sin que haya fiscalías o procuradurías de justicia que se atrevan a investigar sus actos ilegales y mucho menos a castigarlos".

Destacó que el propio López Obrador promueve y justifica la corrupción de sus más cercanos. "Esta actitud es clarísima en un ejemplo reciente. Cuando se reveló que un secretario de estado utilizó aviones militares para irse de vacaciones con su familia e invitados, pagando hoteles y restaurantes de lujo, el presidente respondió: '¿Y qué? ¿Cuál es el problema?'".

Señaló que hay muchos ejemplos a lo largo de 4 años, "pero hay uno que tiene que ver con otro de sus hijos: los contratos por 100 millones de pesos entregados por el gobierno a sus amigos. Cuando el presidente López Obrador dijo que 100 millones de pesos "no son nada".

En este contexto, preguntó Cortés Mendoza: ¿Quién se va a atrever a investigar a los hijos del presidente? ¿El amigo al que puso en la Fiscalía General de la República? ¿La fiscal que puso en la Ciudad de México para encabezar la persecución política en contra de la oposición?

"Las y los mexicanos merecemos una investigación a fondo sobre los delitos en los que han incurrido de manera sistemática y reiterada los hijos y cercanos del presidente de la república. López Obrador les debe una explicación a todos los que ya estamos hartos de los abusos de poder, del nepotismo, de la corrupción y el robo de dinero al erario", recalcó.

Recordó que para el mandatario el proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco era sinónimo de corrupción y ahora resulta que mediante el llamado "Cártel de Andy", los amigos del hijo del presidente obtuvieron millones de pesos para encargarse del Parque Ecológico del Lago de Texcoco, un proyecto que se ofreció en campaña y que no se concreta.

El presidente nacional del PAN apuntó que los conflictos de interés son habituales, pues otro hijo del jefe del ejecutivo, José Ramón López Beltrán, primero vivía en la Casa Gris de Houston y luego en una casa de Coyoacán, ambas, propiedad de personas que reciben contratos del gobierno federal.

"El buen juez por su casa empieza, así es que le exigimos, presidente, que empiece por su casa, usted dijo que las escaleras se barrían de arriba hacia abajo, ahora cumpla", demandó Marko Cortés, quien sostuvo que claramente esta es la razón por la que Morena busca desaparecer al INAI, "porque quiere evitar a toda costa que se conozcan los contratos millonarios que benefician a su familia. Este gobierno se ha convertido en el más corrupto, en el más cínico y el que más abusa de su poder".

(V.periódico El Informador en línea del 7 de mayo de 2023).

El Instituto Nacional de Migración y la Organización Internacional de Policía (Interpol) rescataron a 4,549 personas extranjeras en condición de estancia irregular, que transitaban por territorio mexicano durante 2022.

Sin embargo, como lo han denunciado activistas y organizaciones contra la trata de personas, es mínimo el número de personas detenidas y procesadas por el delito de trata de personas en México.

(V.pág.3 del periódico El Informador del 7 de mayo de 2023).

Rosendo González Torres, de 56 años, marakame (médico tradicional) de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, Jalisco, fue asesinado junto con su nieto de 17 años el 7 de enero de 2022. Sus cuerpos fueron encontrados en una barranca cercana a su comunidad. Rosendo González era reconocido como un defensor del territorio comunitario frente a los intentos de despojo emprendidos por empresas ganaderas y mineras.

Verónica Guerrero era una abogada ambientalista que representaba al Colectivo de Vecinos Urbi Quinta, en la lucha legal contra la operación irregular del basurero de Matatlán. Fue asesinada en el Centro de Tonalá el 3 de febrero de 2022. La abogada había recibido amenazas previamente.

Rosendo González y Verónica Guerrero son 2 de los 24 defensores del territorio y de los derechos de la comunidad que fueron asesinados en el año 2022, de acuerdo con el "Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2022", que publica el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Las agresiones letales contra defensores del territorio es el último recurso en un catálogo de violencias que parten desde las intimidaciones y hostigamiento, incluyen el espionaje y la difamación y pueden llegar a la privación ilegal de la libertad, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. La lista del Cemda incluye un listado de 23 distintos tipos de agresiones.

A ese catálogo de agresiones se enfrentan quienes defienden sus territorios, ya sea un bosque, un río, una playa, o bien una colonia o un parque público. Todos los bienes comunes que están expuestos, por lo regular, a los intereses mercantiles y de valorización del territorio por empresas particulares, y en ocasiones asociados con las autoridades o el crimen organizado.

Desde que Cemda lleva a cabo estos informes en 2014, 2022 es el año con más eventos de agresión. Un evento de agresión es el momento y el lugar donde ocurren las agresiones que pueden ser una o varias por ser ataques a varios defensores en un mismo episodio. El año pasado ocurrieron 582 agresiones en 197 momentos de agresión.

En 2014, en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, hubo 78 momentos de agresión, y en 2019, el 1er. año de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron 39 episodios de agresiones, pero fueron aumentando año con año: 65 en 2020, 108 en 2021 y 197 en 2022. La agresión más constante, según Cemda, es la intimidación con 148 casos, seguido del hostigamiento con 116. Lamentablemente la violencia va en aumento con 17 homicidios, 7 desapariciones, 3 privaciones ilegales de la libertad, 2 secuestros y 2 casos de desaparición forzada. El estado con más agresiones letales fue Guerrero, con 7 defensores asesinados, seguidos de Oaxaca, Puebla y Chihuahua con 3 defensores que perdieron la vida el año pasado.

De acuerdo al informe de Cemda, casi la mitad de las víctimas (46.2%) son integrantes de comunidades, en su mayoría pueblos originarios como fue el caso de Rosendo González. Y la mayoría de las agresiones ocurren en contextos donde operan las empresas mineras, con casi 20% de los casos, a los que le siguen la defensa de la biodiversidad con 19.3% y forestal con 16.8%. A la cabeza de perpetradores de agresiones aparecen actores de gobierno con 45% de los casos, seguido de delincuencia organizada con 13%. En 21% de los episodios violentos los agresores no están identificados.

Lo más preocupante de todo este recuento de violencia es que se ataca justo a los sujetos que están al frente de la defensa de la casa común, las personas y comunidades que defienden los bosques, el agua, la biodiversidad que son patrimonio de todos.

Rubén Martín
(v.pág.3 del periódico El Informador del 26 de abril de 2023).

La Suprema Corte de Justicia se ha convertido en el último bastión de defensa de la Constitución.

Y por el hecho de cumplir ese papel, también se ha vuelto en "el villano favorito" del presidente de la república.

Eso explica el enojo de López Obrador ante la decisión de la mayoría calificada de los ministros respecto al tema de la Guardia Nacional, la cual rayó en lo insultante y grotesco.

La Corte ejerció la función que tiene encomendada, y determinó que la reforma a la ley de la Guardia Nacional era violatoria de la Constitución.

El responder: "No les tomen ni el teléfono", da la dimensión de la molestia del presidente.

Afortunadamente, la mayoría de los ministros ha entendido el rol que está jugando, resistiendo la presión que implica la actitud agresiva de López Obrador.

Con su determinación, la Corte no estaba juzgando la eficacia de la política para combatir la inseguridad ni tampoco estaba legislando. Lo único que hizo fue revisar la constitucionalidad de una ley.

Desde que se aprobó, diversas voces señalaron la inconstitucionalidad de la medida.

El Artículo 21 de la Constitución establece lo siguiente: "La federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional".

La mayoría de la Corte estableció que la reforma de septiembre del año pasado contradecía los términos del artículo 21 constitucional.

En nuestro sistema jurídico, cuando esto sucede tiene preminencia la ley fundamental sobre las leyes secundarias, por lo que deben anularse las que contradigan la Constitución.

El presidente López Obrador había señalado originalmente que su pretensión era reformar la Constitución, pero al darse cuenta de que no contaba con los votos suficientes para hacerlo, entonces optó por saltársela mediante una reforma legal que solo le exige mayoría absoluta, con la cual sí cuenta.

El enojo de AMLO aumentó cuando percibió que la presidenta de la Corte buscaba hablar con la responsable de la Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, sobre los detalles del cumplimiento de la resolución de la Corte, en una actitud de racionalidad y cortesía política entre poderes.

A la Corte como a otros tribunales, como el Electoral, le esperan grandes desafíos, pues hay temas pendientes que deben resolverse y otros que probablemente aparecerán en el futuro próximo.

Se va a requerir que los ministros perciban el respaldo público frente a la agresión presidencial.

La marcha del pasado 26 de febrero fue crucial para darle a la mayoría de los integrantes de ese tribunal la certeza de que hay respaldo de la población.

Una encuesta publicada el pasado 21 de marzo reveló que el 61% de los entrevistados tenía confianza en la Corte, una cifra superior al nivel de aprobación del presidente López Obrador, algo que tampoco le gustó nada al jefe del ejecutivo.

El reto para el bloque mayoritario de los ministros será resistir presiones porque las habrá más intensas aún, y seguir haciendo hablar a sus sentencias... aunque el gobierno federal no les tome ni el teléfono.

Enrique Quintana
(v.pág.2 del periódico El Informador del 24 de abril de 2023).

El llamado bloque opositor en el Senado celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional que la Secretaría de la Defensa Nacional sea quien controle y esté al mando de la Guardia Nacional, así como se ordena que dicha institución creada en este sexenio regrese al mando civil.

Las bancadas oficialistas señalaron que respetan la decisión de la Corte, pero el ala dura de Morena repudió a los ministros que votaron a favor del proyecto y felicitaron a quienes se opusieron al mismo.

Del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, dijo en rueda de prensa que con esta sentencia se frena la espiral militarista impulsada por este gobierno y también se pone freno al espionaje del Ejército sin orden judicial.

"1o. porque la Suprema Corte reivindica su papel de defensa de la Constitución, 2o. que la Constitución no puede modificarse de forma fraudulenta y 3o. es un poderoso mensaje, este, junto con declarar inconstitucional el espionaje de parte del Ejército sin control judicial, porque entonces eso evita avanzar en la militarización indebida de México, avanzar en el militarismo".

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, dijo que fue un reconocimiento a que el bloque de contención está cumpliendo con su responsabilidad y que la corte dio una lección muy importante de cumplimiento del Estado de Derecho.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), comentó que siempre fue un despropósito el traslado de la Guardia Nacional al ámbito militar y aplaudió a los 8 ministros que votaron por el respeto a la Constitución.

"Era un despropósito trasladarle a la Secretaría de la Defensa y a mí me da mucho gusto que, por mayoría, por dignidad, le dé la razón al bloque de contención", indicó.

Lamento la actuación de la ministra Yasmín Esquivel, quien no debería estar en la Corte y sobre el voto de Arturo Zaldívar lamentó que defiende el militarismo que rechazó en otros tiempos y con ello pierda cada vez más prestigio.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que el máximo tribunal del país le dio la razón a la oposición y a la sociedad civil que se opuso a la militarización del país y a la confusión de este gobierno en materia de seguridad pública, que debe ser civil.

"Es muy importante para el bloque de contención porque representa una victoria legal y representa un tenían razón, pero es más importante para México, el que exista por fin, en definitiva, una resolución que marque qué es militar y qué es civil y cómo no se puede confundir, particularmente en lo que se refiere a tareas de seguridad".

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo en entrevista que la decisión de acatarse y recordó su voto cuando se aprobó la reforma a la Ley de la Guardia Nacional.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, dijo que la decisión debe acatarse y recordó que en lo personal votó diferente a su bancada.

"Bueno, yo expresé en su momento un voto particular y no puedo agregar más, no quiero ponerle sal a la herida, respeto la decisión de la Corte porque finalmente es la última instancia, ya no hay otro tribunal que enmiende esa resolución, va a ser una decisión difícil, porque finalmente ya estaba trabajando la Guardia Nacional bajo el mando operativo de la Sedena ahora regresa a Seguridad Publica".

La coordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, reconoció que la sentencia de la Corte es inatacable y deberá ser acatada.

La resolución de la SCJN, que declaró inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, "es un acierto para garantizar el carácter civil" de ese cuerpo de seguridad, afirmó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En redes sociales, el dirigente nacional del tricolor dijo que construir un México más seguro y en paz es posible desde las instituciones civiles.

Por eso, recordó, "en la Cámara de Diputados y en el Senado votamos en contra" de la iniciativa de Morena.

Alejandro Moreno sostuvo que "militarizar no es la solución a los problemas de la nación".

Por separado, el CEN del PRI celebró la decisión de la SCJN que declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Como lo argumentamos al votar en contra de esta reforma en la Cámara de Diputados y en el Senado, la militarización no es la solución a los problemas de México", expuso la dirigencia nacional.

Por otro lado, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, también celebró la "histórica" resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció por mayoría que es inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, como pretendía el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El tiempo nos da la razón", señaló el líder panista, quien recordó que los partidos de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad en la Corte ante el intento del gobierno federal para tener una policía militarizada.

"Reconocemos que se mantenga a la Guardia Nacional con carácter civil, una demanda que el PAN ha hecho desde un inicio. Es un triunfo y felicitamos a los ministros por su independencia e imparcialidad, dieron un gran paso y demuestran a los mexicanos que existen los contrapesos en este país y que el poder judicial pondrá freno al autoritarismo que se ejerce en Palacio Nacional".

El jefe nacional de los panistas alertó que se debe detener el avance del militarismo y velar por el Estado de Derecho y la democracia, porque el presidente y Morena le otorgan a las fuerzas armadas atribuciones que no tiene y las expone a la corrupción, lo que pone en riesgo la seguridad del país.

Marko Cortés expresó su respeto y agradecimiento a las fuerzas armadas por su invaluable servicio a los mexicanos y la dedicación y entrega en el cumplimiento de sus funciones, pero insistió en que no deben ser los principales responsables de la seguridad pública.

"No a la militarización de México, sí a la seguridad, la paz y la tranquilidad con policías civiles bien pagados, capacitados y entrenados", concluyó.

Alejandro Hope, experto en seguridad, indicó que lo resuelto en la Corte este martes no sólo es importante por el tema de la Guardia Nacional. "Es también un macanazo seco a la lógica de los 'Planes B'. Esto manda el mensaje de que no se puede legislar contra la Constitución", dijo Hope.

El experto comentó también en sus redes sociales que, "intentaron darle la vuelta a una prohibición constitucional explícita. Y la Corte les dio palo, porque no se puede legislar contra la Constitución. Todo lo demás es ruido".

En días anteriores había anticipado que, "al menos no en el plano operativo. Después de un fallo de esa naturaleza, la Guardia Nacional seguiría haciendo lo que hace hasta ahora: muchos rondines, poca investigación, pocas detenciones. Tan útil o inútil como hoy... tampoco habría mayor cambio en la relación cotidiana con las fuerzas armadas. La Guardia Nacional seguiría siendo un apéndice de la Sedena, con 80% de su personal manteniendo plaza y cobrando sueldo en el Ejército. La mayoría de los cuarteles y el equipo de la Guardia Nacional seguiría siendo patrimonio de la Sedena, como ha sido desde el principio", afirmó.

Por mayoría de 9 votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la facultad de proponer al Presidente de la República al titular de la Guardia Nacional.

Lo anterior, porque vulneró la adscripción de la corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de poner en tela de juicio el carácter civil de la institución mandatado en el artículo 21 constitucional.

"El hecho de que sea el secretario de la Defensa Nacional quien proponga al ejecutivo federal el nombramiento del titular de la comandancia, vulnera la regla de adscripción a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública y pone en tela de juicio el carácter civil de la Guardia Nacional", señaló el ministro Juan Luis González Alcántara, al proponer la invalidez de la porción normativa del artículo 14 de la Ley de la Guardia Nacional, párrafo primero que señala que a "propuesta de la Defensa Nacional", el ejecutivo federal designará al comandante de la GN.

"De igual forma, la introducción de un requisito consistente en contar con un grado jerárquico al interior de la Guardia Nacional, cuyo equivalente en las fuerzas armadas también ya está previsto en el decreto impugnado, direcciona el perfil de la persona titular de la comandancia hacía uno proveniente de las fuerzas armadas".

(V.pág.5 del periódico El Informador del 19 de abril de 2023).

Circulan sin licencia, sin póliza de seguro, sin placas, sin haber tomado jamás un curso de educación vial y manejo, sin el refrendo vigente, sin casco certificado, a exceso de velocidad, sin precaución, en grupos de 3 o más, con menores y mientras hablan o mensajean por celular.

Invaden las banquetas, rebasan por el carril derecho, transitan sobre las ciclovías, se pasan los altos, zigzaguean entre carriles, se meten a los pasos a desnivel, no respetan la distancia de los autos, rebasan entre los vehículos cuando el tráfico está detenido, se estacionan en la acera; los he visto cruzar una avenida por el puente peatonal, no respetan los pasos para viandantes, toman tramos de la calle en sentido contrario y se meten a los carriles exclusivos del Macrobús o el Bus Bici de Avenida Hidalgo.

Las conducen menores de edad aunque lo prohíbe la ley, organizan rodadas nocturnas e invaden las avenidas como enjambres, a toda velocidad, se suben a las banquetas y las ciclovías, se ponen en riesgo ellos, pero también a los peatones y automovilistas; un centenar puede cerrar el Puente Matute Remus o Avenida López Mateos, pero la Policía Vial no puede hacer nada.

[¿Estará ocupada cazando a los que no vewrifican? - pregunta el webmaster.]

Las usan los motoladrones para delinquir. Estos motoladrones roban y se van, en cada esquina arrebatan un celular, una cartera, una computadora, roban y se van. A veces con un arma, otras sólo arrebatan y se van.

Mientras tanto la Policía Vial ausente. La Secretaría de Transporte es omisa para impulsar una sola campaña de cultura y seguridad vial, y ha renunciado a impartir cursos de capacitación para motociclistas. Por su parte, el Gobierno del Estado se muestra omiso o ignorante (o ambos) para atender la contaminación que generan. ¿Sabías que las motos contaminan más en esta ciudad que los autos? Pero regular la emisiones contaminantes de los motociclistas no es negocio.

No fue difícil elaborar el listado anterior. Sólo tomé la nueva Ley de Movilidad, aprobada en diciembre pasado, y enumeré todas las obligaciones y prohibiciones para los motociclistas. Todo está en esa ley, quizá la más ninguneada en Jalisco, pero nadie la cumple. Ni la autoridad ni los ciudadanos.

Las motocicletas se triplicaron en la última década. Cuando conduces el auto, caminas o circulas en bicicleta, salen al paso de la nada. Las plataformas digitales de reparto han aumentado el padrón y las presiones para monetizar con entregas rápidas propician la conducción riesgosa y más inseguridad vial.

El problema, les aseguro, no dejará de crecer. Y nosotros con él. Porque el motociclista no es el único responsable de la movilidad caótica de la ciudad. Sólo es un engrane más que ha ganado terreno. La educación vial del automovilista y el respeto por la ley están lejos de ser impolutos. El 3er. engranaje es una Policía Vial ausente, recaudatoria, corrupta y sin la solidez institucional para abordar integralmente un problema. Los operativos para decomisar motos sólo alimentan la mafia cómplice que tienen con gruyeros.

Menudo problema: hace tiempo que se nos desbordó.

Jonathan Lomelí
(v.pág.3 del periódico El Informador del 18 de abril de 2023).

Más de un centenar de motociclistas detuvieron la circulación vehicular durante unos minutos ayer por la tarde en avenida López Mateos, a la altura de la colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara, según varios videos que circulan en redes sociales.

El hecho, según se reportó ayer alrededor de las 17:00 horas, en el desnivel de avenida Adolfo López Mateos Norte y Joaquín Ángulo.

La mayoría de motociclistas iba en motocicletas de bajo cilindraje y la mayoría sin medidas de seguridad, como el casco.

En Twitter reportaban que incluso habían golpeado a algunos coches que intentaban circular por ahí.

El artículo 178 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en su fracción XVI, señala que serán sancionados los motociclistas que circulen por pasos a desnivel o puentes donde se encuentre expresamente prohibida su circulación.

(V.pág.9 del periódico El Informador del 17 de abril de 2023).

Ahora el Inai está paralizado por la falta de designación de 2 de sus consejeros, lo que representa un hecho políticamente negativo para la democracia y jurídicamente inaceptable en términos del funcionamiento del sistema constitucional.

Los senadores tienen la responsabilidad política de actuar a pesar de la lamentable actuación del secretario de Gobernación y pasar a regularizar el mecanismo legal del acceso a un derecho constitucional. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido llamada a pronunciarse en una controversia constitucional que puede destrabar el entuerto.

Las disputas políticas partidistas deben respetar el marco del ejercicio de los derechos fundamentales, como parte de las reglas esenciales de la democracia. Es hora de un llamado a la cordura porque no se trata de un asunto menor, sino del respeto al derecho a saber y de la palanca de equilibrio que significa evitar el manejo patrimonialista de la información pública que caracteriza a los regímenes autoritarios.

Llamar a la acción política en favor de la democracia mexicana es más que oportuno, necesario. Urge que los senadores, los funcionarios y los jueces resuelvan de forma constructiva la cuestión, poniendo el interés superior de la nación por encima de las coyunturas políticas.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.3 del periódico El Informador del 16 de abril de 2023).

Una bomba sacudió el martes por la noche a la opinión pública. La Fiscalía General de la República informó que había abierto una investigación en contra del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por una presunta conducta delictiva al incumplir con sus obligaciones de protección y seguridad de las personas y los centros provisionales migratorios a su cargo. Pareció un acto de justicia tras la tragedia en Ciudad Juárez, pero no lo es. Fue una acción política y mediática más que una de justicia, y una invitación indirecta del presidente Andrés Manuel López Obrador a su viejo amigo Garduño para que renuncie, con la certeza de que está blindado y nunca terminará en la cárcel.

Es una nueva farsa del gobierno. López Obrador, el político, se sacude la tragedia donde murieron 40 inmigrantes en una cárcel migratoria, enviando la papa caliente al fiscal Alejandro Gertz Manero. Pero López Obrador, el presidente, ratifica que el Estado de Derecho no le importa. El crimen de estado, que es lo que sucedió en Ciudad Juárez, quedará acotado políticamente y ya sabemos en qué terminará.

Si Garduño no entiende la señal que le están mandando y no renuncia, será responsabilizado de omisión, un cargo no grave que no amerita cárcel, aunque la misma acusación fue formulada contra Rosario Robles -conductas ilegales y omisas-, por lo que la ex secretaria de estado pasó 3 años en la cárcel por la llamada Estafa Maestra.

Si renuncia, lo acusarán de cualquier forma de omisión por el delito de ejercicio indebido de funciones, como a Robles, y podría ganar el sobreseimiento o cancelación de la causa penal, que equivale a una sentencia absolutoria, también como ella, por violaciones al debido proceso, con el escudo protector del presidente, que ayer mismo volvió a dar la cara por Garduño, de quien dijo "es bueno su trabajo, en general siempre ha tenido un buen desempeño". Tanto cree eso de su amigo "de muchos años", que ha salido impune de todos los escándalos provocados de violencia, corrupción y maltrato a inmigrantes, y pese a cargar con más de 40 muertos y decenas de inmigrantes heridos en los centros de detención bajo su responsabilidad.

El comunicado de la Fiscalía General donde informa el inicio de la investigación en su contra es una burla del gobierno a los mexicanos, al mostrar cómo a lo largo del sexenio se ha utilizado un doble rasero en la ley y se han violentado los procesos. En la investigación de antecedentes, apuntó, se encontró que el 31 de marzo de 2020 se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, donde murió una persona y 14 resultaron lesionadas, que generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que indica un "patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos".

En aquel trágico incidente, la Fiscalía General de Tabasco fue la que investigó, y la Fiscalía General no intervino, pese a ser un asunto del fuero federal, ni abrió actuaciones judiciales. A Garduño ni lo tocaron. ¿Por qué ahora sí y entonces no? ¿Por qué si antes fue no, ahora se utiliza como antecedente para fortalecer la imputación a Garduño? Porque en aquel momento el contexto político era diferente. López Obrador vivía los momentos de mayor fuerza de su sexenio, y hoy va en declive con un proceso de sucesión presidencial en marcha. Ayer la tragedia le hizo lo que el viento a Juárez, como dice, pero hoy le ha costado en la opinión pública. Hace 3 años tenía un aura internacional que lo protegía, y ahora recibió reclamos fuertes de gobiernos como el salvadoreño, que no sólo le exigió investigar lo que sucedió en Juárez, sino pedir la renuncia a los responsables.

Garduño ignoró la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no le pasó nada. Tampoco hubo consecuencias tras los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años, mencionados en el comunicado de la Fiscalía General, que "vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados".

David Colmenares, el titular de la Auditoría Superior, no presentó denuncias penales contra Garduño, según funcionarios federales, lo que de ser cierto, representaría una omisión en sus funciones. Si las presentó, como lo ha hecho en otros casos y no se atendieron, la responsabilidad recaería en la Fiscalía General. Por lo pronto, lo que se tiene es una especie de complicidad en el caso de Garduño y el INM, para cuidar el garrote del presidente López Obrador que ha utilizado para apoyar a la política migratoria discriminatoria e indignante del Gobierno de Estados Unidos.

Los desaseos que se ven al deconstruir el comunicado de la Fiscalía General incluyen una extraña -e ilegal- usurpación de tareas de la Secretaría de la Función Pública, al investigar las adjudicaciones directas que dio el INM a una empresa de seguridad privada para atender y cuidar los centros migratorios. Esta es una tarea que no correspondía en primera instancia a la Fiscalía General, sino a la Función Pública, que debió de haber investigado los contratos y sancionado administrativamente en su defecto, para después proceder a una denuncia penal en la que ya intervendría Gertz Manero. Hasta ahora, se desconoce si esto existió en algún momento, quedando por lo pronto, la ausencia del secretario Roberto Salcedo, y la arrogación de sus responsabilidades por parte del fiscal.

Ciudad Juárez galvanizó en la opinión pública el desastre de la política migratoria de López Obrador y las miserias de un gobierno que hoy quiere salvar a la política y a los amigos, sacrificando a la justicia. ¿Alguien se sorprende? No habría porqué. Es consistente con lo vivido desde 2018.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador del 13 de abril de 2023).

En el último año se registraron cerca de 3,000 denuncias por mujeres desaparecidas en México. La mayoría sigue sin localizarse. Algunas pasan de la estadística de "desaparecidas" a la estadística de víctimas de feminicidio. Sí, se puede formar parte de más de una estadística. El año pasado se registraron cerca de mil feminicidios, sin considerar los homicidios culposos que no fueron investigados con perspectiva de género.

La impunidad sigue ganando la partida, es por ello que la violencia de género va en aumento y las investigaciones se quedan estancadas. Sólo el año pasado se registraron casi 340,000 llamadas al 911 para denunciar algún tipo de abuso, la cifra más alta desde 2015 ¿Cuántas mujeres, niñas y adolescentes no pudieron hacerlo?

Podemos alarmarnos con los números fríos, ¿sería lo mismo si somos nosotros quienes formamos parte de ellos? Seguramente no, pero el año pasado más de 127,000 mujeres en México fueron víctimas de violencia familiar, se reportaron más de 23,000 víctimas de abuso sexual y 67,000 sufrieron lesiones dolosas. Y cualquiera podría ser nuestra vecina o compañera de trabajo.

Sin importar la magnitud del caso, ninguna víctima debe ser olvidada.

Gabriela Aguilar
(v.pág.3 del periódico El Informador del 12 de abril de 2023).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) encontró al Estado mexicano responsable por la violación de diversos derechos de 2 hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa por 17 años y que además sufrieron torturas en el periodo que estuvieron detenidos.

El presidente de la CoIDH, Ricardo Pérez, notificó este miércoles la sentencia en un acto llevado a cabo por videoconferencia y en el que estuvieron presentes los representantes de las víctimas y funcionarios del Estado.

La CoIDH, con sede en Costa Rica, encontró a México responsable por violaciones a los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, la protección judicial, a ser oído, a la presunción de inocencia y al principio de plazo razonable.

El caso se refiere a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes fueron acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés.

García y Alpízar permanecieron en prisión preventiva por 17 años, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos. En 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel, sentencia que está en apelación.

"Para esta corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva significó en los hechos que se aplicara a los procesados una pena encubierta sin una condena, puesto que constituyó una medida punitiva sin previo juicio acompañado de sus garantías, y por un lapso que excede todo plazo razonable ya que este correspondió aproximativamente a la mitad de la pena que se impuso en la sentencia condenatoria", indica el fallo de la CoIDH.

El tribunal internacional también concluyó que Daniel García Rodríguez "fue sometido a malos tratos y torturas psicológicas por parte de las autoridades del Ministerio Público del Estado de México", situación que fue denunciada por el sospechoso, sin que los hechos fueran investigados.

"Los maltratos psicológicos que fueron descriptos por Daniel García son de una extrema severidad pues consistieron en amenazar y detener a sus familiares y seres queridos. Además, buscaban una finalidad precisa que consistió en obtener su confesión y firma de documentos implicando a otras personas", indicó la CoIDH.

En cuanto a Reyes Alpízar, la CoIDH determinó que el Estado no investigó con la debida diligencia las denuncias de tortura que presentó.

En su sentencia, la CoIDH ordenó a México concluir los procesos penales, revisar la pertinencia de mantener medidas cautelares, y excluir del proceso los antecedentes incriminatorios obtenidos bajo coacción o tortura.

"El uso de la tortura como mecanismo para obtener confesiones o antecedentes incriminatorios del imputado o acusado no puede tener otra consecuencia que la exclusión de la prueba. De lo contrario, la prohibición de tortura quedaría vaciada de contenido, convirtiéndose en un derecho meramente formal sin ninguna consecuencia operativa", advierte la sentencia.

(V.periódico El Informador en línea del 12 de abril de 2023).

la ley está hecha para proteger la libertad de expresión, no para que el gobierno la sofoque. AMLO ataca a sus críticos de manera personal desde la sede del poder ejecutivo, y usa recursos públicos para hacerlo. Sus mensajes y ataques se difunden íntegramente en la televisión y los medios oficiales, que a su vez se multiplican exponencialmente en las redes sociales. La persecución que ejerce AMLO busca inhibir la libertad.

¿Hay vías legales para enfrentarla? En teoría, sí. En la práctica, no. Uno de los timbres de orgullo de la Constitución Mexicana es el llamado Juicio de Amparo, que protege a los individuos contra los abusos de autoridad del gobierno. Apelando a esa figura, los agraviados podríamos reclamar la afectación de varios derechos humanos tutelados por la Constitución, como el derecho al debido proceso y garantías judiciales, la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad o vida privada, a la honra o la reputación, a la libertad de expresión, el derecho a la difusión de las ideas, el derecho de réplica. Podríamos incluso esperar la reparación del daño moral que se nos ha infligido.

Pero el presidente no respeta los amparos.

Los agraviados podríamos acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México para luego apelar, en su caso, a instancias internacionales que podrían generar alguna forma de protección. Pero en la práctica la CNDH mexicana está enteramente supeditada al gobierno. Y aun si un organismo internacional emitiera un dictamen favorable, el presidente tampoco lo acataría.

A la vista del mundo, AMLO busca destruir el sistema electoral de México y encaminarnos a la senda conocida de un Estado de partido único controlado por un solo hombre. Para acabar con la democracia le estorba la libertad. Los fastidiosos críticos estamos empeñados en señalarlo.

Enrique Krauze
(v.The Washington Post del 11 de abril de 2023).

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) rechazaron la iniciativa enviada al Congreso de la Unión mediante la cual el gobierno federal busca modificar 23 leyes para poder terminar los contratos con empresas de manera anticipada y sin necesidad de pagar las indemnizaciones correspondientes.

José Medina Mora, presidente de la Coparmex a nivel nacional, explicó que esto genera incertidumbre porque en todo contrato, cuando alguna de las dos partes no cumple, tiene que haber una pena.

"El hecho de que el gobierno pretenda cancelar contratos que hayan sido licitados, que hayan sido de alguna manera firmados y no resarcir la pena genera incertidumbre y desde luego que muchas empresas preferirán ya no ser proveedoras", dijo.

César Castro, coordinador del CCIJ, afirmó que esta medida alejará a las inversiones.

"Esto está fuera de lugar completamente, queremos que se respete la ley porque eso también va a afectar la inversión extranjera, eso no puede ser, estamos perdiendo la legalidad".

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) también rechazaron la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador mediante la cual los proyectos prioritarios podrían arrancar sin los permisos ni justificaciones legales a los que se encuentra obligado, entre ellos los estudios de impacto ambiental.

José Medina Mora se pronunció porque se hagan estudios de impacto ambiental, que se están considerando eliminar en la nueva propuesta.

"Es fundamental que haya estudios de impacto ambiental para cualquier obra pública o privada y que simplemente se justifique por temas de seguridad tendrá un costo para todos en el corto y mediano plazo", sentenció.

Dijo que Coparmex pide que se respete la Ley. "Queremos un Estado de Derecho donde si para un privado en un proyecto es necesario un estudio de impacto ambiental, también debería ser obligatorio para el gobierno".

El ejecutivo presentó el pasado 23 de marzo, ante la Cámara de Diputados, la eliminación de obstáculos legales a la voluntad presidencial en materia de obras públicas.

El proyecto prevé modificar 23 leyes a fin de que el gobierno ya no pague indemnizaciones al sector privado cuando determine la finalización de contratos de forma anticipada.

Además, este paquete de reformas le daría nuevas facultades a las empresas del Estado para que éstas puedan iniciar la construcción de proyectos de infraestructura sin perder el tiempo cumpliendo con regulaciones largas, entre ellas los ya citados estudios de impacto ambiental, la aprobación de ingenierías básicas o tarifas a cargo de organismos reguladores, tal y como lo hacen los particulares.

De acuerdo con esta iniciativa, el argumento central es que la regulación no puede aplicar igual al Estado que a particulares; uno de los ejemplos más claros se dio en la construcción del Tren Maya, que no ha sido objeto de estudios de impacto ambiental, ya que se trata de temas de "seguridad nacional".

César Castro, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), también cuestionó que el gobierno federal pretenda realizar obras sin realizar proyectos de impacto ambiental.

"Eso no puede ser, es lo que está pasando ahorita con el Tren Maya, están acabando con la flora y la fauna, eso está mal, se están saliendo de la realidad, deben ubicarse y pensar lo que es realmente", concluyó.

El paquete de reformas fue entregado el 23 de marzo pasado y elimina estudios ambientales, de factibilidad, proyecto ejecutivo y otras exigencias de ley para iniciar una obra del gobierno.

De acuerdo con lo establecido en el paquete de reformas, "salvo en los casos previstos en otras leyes, no procede el resarcimiento de daños o perjuicios cuando: la revocación o terminación anticipada se motive en hechos o actos de interés público, general o social, o en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad de las personas e instituciones nacionales".

Para los casos en los que sea inevitable el pago de la indemnización, señala el proyecto, se ponen límites para impedir "reclamaciones fraudulentas (sic) o desproporcionadas (sic) en contra del Estado mexicano, tanto en instancias mexicanas como extranjeras", de acuerdo con la reforma a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

Con lo que sería la reformada Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, para los proyectos de "notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país y los relacionados con la defensa y seguridad nacionales", se dispensan los permisos legales correspondientes.

"Dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad e incluso derechos de vía y expropiaciones de inmuebles podrán gestionarse por la dependencia o entidad paraestatal de que se trate, de manera simultánea al inicio de la obra".

La senadora del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán, calificó como inadmisible el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador busque reformar 23 leyes para que se le autorice terminar contratos de manera unilateral y anticipada con particulares, bajo el argumento de "causas de interés público", añadiendo que así dejaría indefensos a quienes han invertido recursos y han generado empleos en proyectos de infraestructura.

A esto, la legisladora añadió que hay un interés especial del gobierno federal por hacerse del control total de las obras que se realizan en el país, pues dijo que durante la presente administración el 80% de las adjudicaciones son directas y muchas de estas han sido para amigos y familiares del presidente, por lo que esta iniciativa es una muestra más de la corrupción en este sexenio.

"Si de verdad lo que quieren es mejorar la forma de contratar, deben de dejar de realizar tantas adjudicaciones directas y obviamente hacer licitaciones públicas", afirmó.

La vicecoordinadora de los senadores del PAN añadió que esta administración es sinónimo de uso ineficiente de los recursos públicos, pues indicó que cada proyecto que ha cancelado arbitrariamente el presente gobierno ha afectado a las finanzas del país, además de que cancelar contratos con empresas que le son "incómodas" al presidente se ha convertido ya en una práctica común.

"Este gobierno quiere generar pobreza, seguramente porque piensan que así van a manipular las siguientes elecciones, pero el pueblo se da cuenta de su inhumana ambición de Morena y de López Obrador", apuntó.

(V.primera plana y pág.8 del periódico El Informador del 11 de abril de 2023).

Cuando parecía que el presidente lograría su objetivo de subordinar al poder judicial y a las autoridades que regulan los procesos electorales de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia nos demostró que, por encima de la voluntad de alguien, así sea el hombre más poderoso de México, están los principios. La suspensión provisional otorgada en el juicio de amparo en contra de las modificaciones constitucionales promovidas por el jurídico de la Presidencia de la República es una bocanada de aire fresco para nuestra incipiente e imperfecta democracia. No sé si las presiones ejercidas desde la Presidencia logren cambiar la resolución, pero la sola suspensión alienta la esperanza de que en nuestro país las cosas públicas tomen otro derrotero y logremos, finalmente, crear una nación en la que se privilegien el derecho y la ley.

Eugenio Ruiz Orozco
(v.pág.2 del periódico El Informador del 3 de abril de 2023).

Laura demandó al papá de su hija porque, tras separarse, dejó de hacerse cargo de los gastos de la niña. Él es dueño de un famoso grupo musical y tiene varias propiedades, pero todas las cambió de nombre y reportó un sueldo falso, así que únicamente les deposita 2,000 pesos mensuales. El juicio de pensión alimenticia lleva 12 años en los juzgados de Jalisco, y él ya se fue a vivir a Estados Unidos.

Leticia tuvo gemelos y ha vivido la maternidad prácticamente soltera porque, apenas supo del embarazo, el papá desapareció. Así empezó el engorroso camino para que reconociera la paternidad y se hiciera cargo de la pensión alimenticia. Él trabaja en una secundaria, y también le ayudaron a que reportara otro sueldo.

Son historias similares: mujeres abandonadas a su suerte, con ex parejas omisas y que se valen de artilugios legales para evadir sus responsabilidades; mujeres víctimas de violencia económica y que terminan sacando adelante a sus hijos e hijas ellas solas. Mujeres que se enfrentan con un sistema de justicia patriarcal que beneficia a ellos y pone en desventaja a ellas. Y son precisamente historias como esas las que han dado vida a la llamada "Ley Sabina".

Esta comenzó a forjarse en los "tendederos de deudores alimentarios", que colectivos y grupos de mujeres han venido instalando en plazas públicas del país para exhibir -con fotos y nombres- a los padres que se niegan a hacerse responsables económica y emocionalmente de sus hijos e hijas.

La oaxaqueña Diana Luz Vázquez, mamá de Sabina, comenzó a convocar a esos tendederos, pero vio que exhibirlos no arreglaría el problema de fondo: obligarlos a que cumplan con las pensiones que les corresponden. Para eso surgió la "Ley Sabina", una serie de reformas para que los padres cubran: alimentación, vestido, habitación, atención médica y recreación de las y los menores; gastos que terminan sorteando las madres solas.

Las reformas, que ya fueron aprobadas por el Senado, incluyen la creación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, y quienes estén en esa lista no podrán tramitar documentos como la licencia de conducir, el pasaporte o su [credencial del] INE. En esa base de datos, que sería pública, aparecerían aquellos que incumplan con la pensión alimenticia por 90 días.

La "Ley Sabina" ha sido impulsada por Diana Luz Vázquez y lleva el nombre de su hija. Al igual que otras iniciativas como la Ley Olimpia (contra la violencia digital y la difusión de material íntimo sin consentimiento) o la Ley Malena (contra los ataques con ácido y sustancias químicas), también fue cobijada y acompañada por feministas y colectivos. Otra vez mujeres promoviendo la justicia y el respeto de los derechos de las mujeres.

Y como dice en su cuenta de Twitter @DianaLuzVa: "No es normal abandonar infancias. No es normal que #DeudoresAlimentarios sigan impunes y no sepamos quienes son. No es normal revictimizar a las madres. No es normal que jueces encubran a los padres irresponsables".

Vania de Dios
(v.pág.2 del periódico El Informador del 31 de marzo de 2023).

Estas son algunas artimañas legales del varón para evadir el pago de la pensión alimenticia tras un divorcio en donde hay menores. Se bajan el sueldo o mienten sobre sus ingresos apoyados por su empresa o alteran las cuentas de su negocio. Incluso llegan a renunciar a su trabajo para evadir el pago. En algunos casos han pedido a su madre (la de ellos) que les demande pensión alimenticia para reducir la que darán a sus hijos. Como estrategia legal también pelean la custodia de los menores y luego demandan ellos la pensión a la mujer (conozco un caso en donde ella paga pensión a pesar de que él gana 3 o 4 veces más).

Y hay una paradoja. Entre más poder adquisitivo, menos probabilidad de que el deudor pague pensión, pues posee mayor capacidad corruptora para sobornar funcionarios, notificadores, actuarios y jueces. Nuestro sistema judicial, lo sabemos, sirve al dinero.

Por eso Diana Luz Vázquez, una activista oaxaqueña, fundó el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, que promueve la Ley Sabina tras luchar cuatro años por una pensión alimenticia para su pequeña Sabina de 7 años.

Su organismo propone un registro público nacional y estatal de deudores alimentarios para que se les retire la licencia de conducir, el pasaporte, y sean inscritos en el buró de crédito, además de otras medidas que ya existen en Jalisco como limitarles la compra-venta de bienes inmuebles al dar aviso al Registro Público de la Propiedad.

Porque, ¿qué creen? Ya existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Jalisco operado por el Registro Civil del Estado y creado en 2019 a partir de una reforma de la pasada legislatura, pero tiene apenas una veintena de inscritos, según reportes periodísticos. Desde luego, no es público.

En otras palabras, carece de difusión y utilidad en un estado como Jalisco en donde 1 de cada 3 hogares es encabezado por una madre jefa de familia, lo que se traduce en 270,000 mujeres que potencialmente podrían demandar un sustento para sus hijos. Porque según el Inegi, 3 de cada 4 madres separadas no reciben una pensión para sus hijos.

Diana Luz me comentó que confía en que, si se aprueba un registro público de deudores alimentarios, la Corte no lo revertirá por violar datos personales, pues existe un criterio de temporalidad que marca cuándo se inscribe y cuándo se retira al moroso (si paga), a diferencia del registro de agresores desechado por los ministros que carecía de este criterio.

Diana Luz reside en la Ciudad de México, pero este martes estuvo en Plaza Liberación de Guadalajara para montar un tendedero de fotografías de deudores alimentarios locales junto a otras feministas de la ciudad. En esa protesta nació una nueva colectiva en el Estado, integrada por 15 mujeres, que pugnarán por la Ley Sabina a nivel local y su 1a. actividad la realizarán el 10 de mayo.

El vía crucis de una madre para cobrar una pensión alimenticia representa un grave problema social de urgente atención porque afecta directamente a los niños y niñas. Sabemos que en este país cambiar una ley no cambia la realidad, pero sería un buen comienzo. La histórica Bancada de Mujeres con mayoría en el Congreso de Jalisco tiene ahí una oportunidad de dar la cara por las madres jaliscienses.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 30 de marzo de 2023).

El 2022 ha sido el año más letal y violento para la prensa en México, al registrar 12 periodistas asesinados y la cifra récord de 696 agresiones documentadas, es decir una cada 13 horas, en un contexto de asedio, estigmatización, espionaje, amenazas e intimidación desde el poder público, de acuerdo con la organización Artículo 19.

(V.pág.4 del periódico El Informador del 29 de marzo de 2023).

Las más de 50 estaciones del Instituto Nacional de Migración no son albergues, no son refugios, sino funcionan como cárceles migratorias con hacinamiento, maltrato y manejo discrecional de los casos, en donde en ocasiones los extranjeros permanecen hasta 10 meses detenidos cuando la Constitución señala que no pueden ser más de 36 horas, aseveró Alethia Fernández de la Reguera Ahedo, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM).

Dijo que lo ocurrido en Ciudad Juárez es una cadena de hechos: del encierro ilegal de miles de migrantes en el país, la falta de protocolos, las instalaciones no adecuadas para mantener por semanas o meses a los extranjeros y la negligencia de las autoridades frente al incendio.

En entrevista, la experta rechazó la postura del presidente en el sentido de que lo ocurrido fue responsabilidad de las propias víctimas. "El gobierno no puede decir que fue a causa de los migrantes que comenzó el incendio. Es responsabilidad del Estado porque están bajo detención migratoria, en una instalación que es del Estado federal, él es responsable del Estado porque están en custodia del Estado federal".

Argumentó que las 50 estaciones del INM "no son centros de alojamiento, no son albergues, no son centros donde las personas están resguardadas. En realidad, las estaciones son iguales o peores que las cárceles mexicanas, pero lo más grave, y se vio con la tragedia de Juárez, que no cuentan con protocolos, no son espacios óptimos para mantener encerrados por semanas o meses a los migrantes".

La autora del libro "Detención Migratoria: prácticas de humillación, asco y desprecio", expuso que México es el país de América latina que tiene más centros de detención migratoria, y desde hace ya más de 20 años permanece esta política de seguridad y de militarización. La actual administración no solamente ha continuado, sino fortalecido con la Guardia Nacional en labores de detención, declaró.

Subrayó que ingresar a México sin papeles no es un delito, sino sólo es una falta administrativa. Sin embargo, la Ley de Migración contempla plazos de detención migratoria que son contrarios a lo que establece la Constitución, donde dice que sólo podrán ser detenidos por 36 horas como máximo.

La investigadora de la UNAM indicó que el artículo 111 de la citada ley tiene plazos de 15 hasta 70 días hábiles de encierro y lo más grave es que en la estación migratoria de Juárez incluso había personas con el estatus de refugiados o con estatus o visas por razones humanitarias y que estaban detenidas con si hubieran cometido un delito.

Dijo que es paradójico que aunque la mayoría de las estaciones migratorias están resguardadas por la Guardia Nacional, el Ejército o agentes de Migración, en Ciudad Juárez nadie apoyó, ni rescató a los migrantes que fallecieron.

(V.periódico El Informador en línea del 29 de marzo de 2023).

En los últimos días hemos visto crecer el tono de confrontación entre México y Estados Unidos. Un tema central es la inseguridad, donde Estados Unidos reprocha a México haber cedido control al crimen organizado, y México acusa a Estados Unidos de entremeterse en asuntos nacionales. Finalmente, la culpa por las muertes de mexicanos en territorio mexicano es culpa del Estado mexicano, al ser incapaz de proveer de seguridad a sus ciudadanos. En eso, México se parece mucho a los viejos Estados europeos de la Edad Media.

Que el Estado lograse el monopolio de la fuerza fue sumamente difícil, con implicaciones históricas enormes. Como dice el gran historiador estadounidense, Charles Tilly, "no subestimes la dificultad y la importancia del cambio". En su reconocido libro "Coerción, Capital y los Estados Europeos", comenta que los monarcas europeos tuvieron que desarmar tanto a individuos como a aristócratas con ejércitos privados. A los primeros les quitaron las armas a través de la instalación de cuerpos de policía permanentes y negociaciones con autoridades municipales. A los segundos, a través de la cooptación y, en ocasiones, la guerra civil. Sin embargo, aún continúan rezagos medievales, como la mafiosi italiana. En México, nunca hemos logrado salir del todo de la Edad Media.

Ya durante los siglos XIX y XX surgieron testimonios de la inseguridad en el país. Con Juárez, los salteadores de caminos aprovecharon la guerra civil e invasión extranjera para sembrar terror en la población; Los Plateados fueron los bandidos más conocidos, retratados en la novela de Ignacio Manuel Altamirano, "El Zarco". Fue bajo la dictadura de Porfirio Díaz que se pudo pacificar al país, aunque de la mano de los existentes cacicazgos, cooptando a unos y sometiendo a otros, como en el medioevo europeo; Gonzalo N. Santos, aunque vivió en tiempos posrevolucionarios, es el epítome del caciquismo mexicano, célebre por afirmar que "la moral es un árbol que da moras". El régimen autoritario priista tuvo la incapacidad de construir cuerpos de policía profesionales, ya sea una sola policía nacional (Francia, Inglaterra, Alemania) o una policía federal acompañada de policías locales (Estados Unidos).

El México del siglo XXI padece de los problemas del medioevo europeo. 1o., tenemos los ríos de armas que navegan de Estados Unidos a nuestro país, donde tan solo en 2018 se calcularon en 230,000. 2o., se estima que el crimen organizado controla el 30% del territorio nacional, de acuerdo al general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos. 30., el crimen organizado no es el único actor que disputa el monopolio de la fuerza -y en ocasiones, el derecho a gobernar- al Estado: también tenemos guerrillas e incontables autodefensas.

No hay país desarrollado sin un Estado con el monopolio de la fuerza, la capacidad de control territorial, el poder para aplicar la ley. Europa salió del medioevo -en gran medida- porque el poder central terminó con individuos armados, ejércitos privados y señores feudales. Para que México salga también, tendremos que hacer lo mismo.

Fernando Núñez de la Garza Evia
(v.periódico El Informador en línea del 28 de marzo de 2023).

Para exigir que se endurezcan las sanciones en contra de los padres que incumplen con el pago de la pensión alimentaria, integrantes de colectivas feministas se manifestaron en Plaza Liberación, donde colocaron un tendedero para evidenciar los casos de hombres que han incumplido con la entrega de pensión.

Diana Luz Vázquez, quien impulsa una reforma al Código Civil nacional para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, afirmó que no se debe normalizar la violencia que padecen las infancias cuyo progenitor no se hace responsable. Sostuvo que se deben romper las redes de corrupción que permiten que sean omisos con su responsabilidad.

"Abandonar infancias debe de dejar de ser normal en este país, que estos señores que son agresores económicos, que son agresores emocionales de las infancias y de las madres sean visibilizados, que sean sancionados. Que los jueces y juezas dejen de tejer pactos de corrupción patriarcales con estos señores. Ya no van a gozar más de la impunidad y de la comodidad de nuestro silencio. Un agresor no es un buen padre y un deudor alimentario es un agresor", afirmó.

Las activistas del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, Backhome y de Las Paritaristas entregaron en el Congreso de Jalisco una petición para que se legisle en el tema.

Diana Luz Vázquez impulsa la llamada "Ley Sabina", que incluye elementos como que los deudores alimentarios ingresen al Buró de Crédito, alertar al Registro Civil cuando deseen contraer matrimonio nuevamente y crear un registro de deudores alimentarios. Llamó la iniciativa con el nombre de su hija, pues su padre biológico, Martín Rosado Chávez, abogado y militante del PRI en Oaxaca, se ha negado a reconocerla y a pagar la pensión alimentaria.

Las activistas exigieron que el Congreso de Jalisco legisle en el tema luego de las reformas aprobadas en el Senado de la República, para establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para la realización de trámites y procedimientos tales como la obtención de licencias, permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y viaje.

(V.periódico El Informador en línea del 28 de marzo de 2023).

En este país la impunidad tiene muchos rostros, pero cuando se trata de evidenciar la falta de garantías para la integridad de las mujeres tiene uno particularmente cínico. Hace unos días leía que la ex jugadora del equipo femenil del América, Scarlett Camberos, decidió dejar al equipo mexicano y migrar al club estadounidense Angel City FC, ya que las autoridades no respondieron con sanciones contundentes al señalar el ciberacoso que sufría. Lamentable.

Días más tarde se dio a conocer que Selene Cortés, la jugadora del equipo Pachuca, sufría la misma situación a través de mensajes explícitos sobre intenciones de abuso sexual en sus redes sociales que provenían de un usuario anónimo, fue entonces cuando me di cuenta que la situación es más grave de lo que pensamos y eso sólo en una escala pública, con jugadoras de primera división.

¿Qué sucede con todas aquellas que no son figuras públicas ni tienen los reflectores sobre ellas, pero viven el mismo infierno? No imagino que un padre o madre de familia pueda dormir tranquilo sabiendo que hay alguien allá afuera que en cualquier momento puede agredir física o sexualmente a una joven; menos aún permitir que un impresentable así esté libre luego de manifestar sus intenciones.

¿En qué país vivimos que luego de que un sujeto declara en redes sociales su deseo de agredir sexualmente a una mujer, el responsable sólo reciba 36 horas de arresto domiciliario como llamada de atención? Absurdo. Eso sucedió en el caso de Scarlett. No hubo autoridad que garantizara la integridad de la jugadora. Se dejó libre al acosador para encontrar a su siguiente víctima. ¿Qué sucederá si esa chica no tiene los recursos para salir del país también? ¿Y si el depredador cumple su propósito?

Como ese caso miles. Por ello la percepción de seguridad de las mujeres es mínima, por eso, lamentablemente, 9.7 millones de mujeres en este país hemos sido víctimas de ciberacoso, cada una a su manera, pero todas las que hemos pasado por ahí sabemos lo que es superar esa violenta ola de odio, porque no se le puede llamar de otra manera al estímulo que permite que una persona agreda a otra, ya sea físicamente o a través de la red. De entre las modalidades de acoso como del que fueron víctimas las jugadoras mexicanas, de acuerdo al Inegi, el 32.3% de las víctimas recibió insinuaciones sexuales; el 32.1% recibió contenido sexual y el 20% recibió llamadas ofensivas.

La jugadora del Pachuca se atrevió a denunciar y exhibir el acoso a todo color en sus redes sociales, luego todos los medios de comunicación hicieron eco. Lamentablemente, hasta ahora no hubo una respuesta para sancionar al responsable, pero a través de un comunicado evidenció en su cuenta oficial de Twitter lo que tanto lamentamos en este país con el siguiente mensaje: "Cosas que para algunas personas son 'normales' porque somos figuras públicas. No son normales, no esperemos que esto se vuelva 'normal' o esperemos que pase algo para atrevernos a actuar".

Esta problemática tan sensible en México no es ajena al resto de los países; sin embargo, si se dejan de ignorar los vacíos legales al respecto y se toman acciones la percepción de seguridad de las mujeres será distinta, se dará un giro a la impresión de indolencia de parte de las autoridades y dejaremos de normalizar la violencia que lamentablemente está cobijada por la impunidad.

Gabriela Aguilar
(v.pág.3 del periódico El Informador del 28 de marzo de 2023).

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) de la Secretaría de Gobernación publicó el mapa y la estadística de las 2,710 fosas clandestinas halladas desde el 1 de diciembre del 2018 al 30 de enero del 2023.

Los estados con mayores fosas clandestinas encontradas en el actual sexenio son Veracruz con 323; Sinaloa con 246; Colima, a pesar de ser uno de los estados con menor población y extensión territorial, con 305; Guerrero con 229; Michoacán con 213; Jalisco con 168; Guanajuato con 144 y Sonora con 152. El estado con menos fosas es Yucatán con solo un hallazgo.

Por municipios, donde se han encontrado más fosas clandestinas destaca Tecomán, en Colima, con 206; Acapulco, Guerrero con 127; Ahome, Sinaloa con 112; Cajeme, con 61 y Puerto Peñasco, Sonora con 52; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco con 54; Uruapan, Michoacán con 27. Dicha plataforma, que es pública, es un registro interno realizado desde la CNB a partir de la información que comparten la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales.

La plataforma muestra la información por estado y cuando los hay, de municipios, así como las fechas de los hallazgos. La plataforma permite tener una visualización espacial y geográfica de fosas clandestinas. Además de la visualización desde la dimensión geográfica, podrán obtenerse datos numéricos sobre las fosas clandestinas por estado y municipio. Cualquier información que no se visualice, puede ser consultada con la FGR y/o fiscalías.

Se subraya que la FGR y las fiscalías no comparten a la CNB la información a detalle solicitado en todos los hallazgos, por lo que se despliega aquella con la que se cuenta desde el año 2006 a la fecha de corte que se indica en la plataforma.

Es importante destacar, como se ha manifestado en diversas ocasiones, que la fecha del hallazgo no permite determinar la fecha del ilícito, es decir, cuando se haya realizado la desaparición y muerte de las personas y/o realizado las fosas clandestinas. La probable fecha de muerte, así como su causa, solo puede ser determinada por personal forense, aunado al avance de las investigaciones ministeriales.

También es importante mencionar que existen, desde las instituciones ministeriales, diversos criterios de definición de fosas clandestinas, que la determinación de fosa clandestina no coincide con el número de cuerpos atendiendo a la diversidad de modos de operación en que se realizan y que existen diferentes contextos de hallazgo destacados en el Protocolo Homologado de Búsqueda.

La CNB carece de facultades para conocer de las investigaciones, denuncias y sus resultados, pues no es el órgano responsable del registro de los hallazgos localizados, por tanto, la plataforma no refleja las atribuciones de la CNB.

(V.periódico El Informador en línea del 26 de marzo de 2023).

Entiendo y me parece bien pensado que la decisión de quién o quiénes serán los candidatos de oposición no se haga pública antes de tiempo, pues cualquier candidato de oposición que surja, sería hecho pedazos por el presidente en la carnicería de prestigios que son sus conferencias mañaneras, en las que él, sin empacho alguno, miente, difama, viola la ley e interviene ilegalmente en los procesos electorales con total impunidad.

¿Acaso el INE declarará inválida la votación que hubiera a favor del candidato de Morena porque la contienda fue inequitativa?

Claro que no. La ley será violada y el daño estará hecho. Lo que pasará si Morena pierde la elección sería al revés, idéntico a lo que Trump quiso hacer: reclamar que hubo fraude, acusar de corruptos al servicio de los conservadores y la oligarquía a los consejeros del INE que no le son afines, como lleva haciendo años, y convertir todo el proceso electoral en un caos. Y en este caso, siguiendo el dicho popular que dice "a río revuelto, ganancia de pescadores", los pescadores serían los militantes de Morena, y el dicho popular se convertiría en "a México revuelto, pérdida de opositores".

Si el partido en el poder y el propio Presidente no juegan limpio, mienten y usan el dinero de todos para hacer campañas anticipadas y comprar votos; si sus mafias y aliados gansteriles amenazan, extorsionan y hasta asesinan candidatos de oposición con posibilidades de triunfo, entonces es inocente pensar que se puede ganar una elección jugando limpio, sin mentiras, sin acuerdos oscuros y con candidatos honestos y bien intencionados.

La verdad es que la única manera de combatir una mafia en el poder como la de la 4T que hoy nos gobierna, es con otra mafia igual o más poderosa.

La única esperanza de avance para los ciudadanos es que la nueva mafia tenga algo más de escrúpulos que la anterior, y ya en el poder, aspirar y trabajar para una transformación, tanto de la clase gobernante como de la sociedad toda.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(24 de marzo de 2023).

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores rechazó la ampliación hasta junio de 2023 del decreto que regulariza a los autos que se importan de manera ilegal desde Estados Unidos. Ayer el presidente anunció que se ampliaría el decreto.

(V.pág.4 del periódico El Informador del 24 de marzo de 2023).

A José Noriel Portillo Gil le decían "El Chueco". Un personaje violento que trabajaba para el grupo de Sinaloa y tenía el control de la zona de la Tarahumara en Chihuahua. Se hizo famoso por el brutal asesinato de 2 jesuitas que trabajaban en la misión, Javier Campos y Joaquín Mora, y un guía de turistas, Pedro Eliodoro Palma, en junio de 2022. Durante 9 meses los gobiernos de Chihuahua, Sinaloa y el gobierno federal no pudieron detenerlo para llevarlo a la justicia. El sábado alguien, nadie sabe quién, se "les adelantó" y lo mató para acabar con el problema. Tenía varios balazos en el cuerpo y un tiro de gracia en la cabeza.

El final de la historia deja en claro que ni los gobiernos estatales, ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni la Fiscalía General de la República fueron capaces de hacer justicia en un caso que, se suponía, era prioridad nacional por su visibilidad y sensibilidad social. En el inter detuvieron a 32 personas presuntamente delincuentes de la banda de "El Chueco"; ninguno de ellos responsable por lo ocurrido aquella noche. "La justicia", si es que se le puede llamar así a un asesinato más, la hicieron otros, los que mandan en la zona. Ni a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ni al fiscal Gertz Manero, ni al presidente López Obrador parece preocuparles gran cosa que sea otro quien decida en ese territorio, otro el que haga una justicia chueca.

La justicia chueca en el caso de los jesuitas asesinados en la Tarahumara coincide fatalmente en el tiempo con la declaración del secretario de Estado del vecino del norte, Antony Blinken, quien, ante la pregunta del senador Graham sobre si consideraba que parte de México estaba en control del crimen organizado y no del gobierno, contestó: "Creo que es justo decir que sí". Por supuesto que el Departamento de Estado no está descubriendo el agua tibia. No necesitan decirnos lo que ya sabemos, el problema es que los gobiernos de todos los niveles en México siguen sin hacerse cargo de aquello que no sólo es su responsabilidad sino su 1a. razón de ser como Estado: brindarnos seguridad y administrar la justicia.

Las pataletas y rabietas del presidente en la mañanera sirven para que la tribuna aplauda, pero no para resolver el problema. El Estado mexicano tiene que recuperar el control de su territorio no para darle gusto a los gringos sino para darnos paz y justicia a los mexicanos. Para eso los elegimos, para eso les dimos el poder, para eso están ahí.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 23 de marzo de 2023).

La ONG de seguridad y derechos humanos Causa en Común reportó al menos 80 masacres ocurridas en México durante los 2 primeros meses del año, que contrastan con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó que ocurran este tipo de sucesos.

Según el recuento realizado por la organización, entre enero y febrero de 2023 los medios de comunicación registraron al menos 344 casos de tortura, 147 asesinatos de mujeres "con crueldad extrema" y 110 de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres.

Esto suponen cerca de 1,106 "atrocidades", un promedio de 19 al día y 24% más que en el mismo periodo del año anterior, indicó el informe "Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos".

Por el contrario, según el informe bimestral de seguridad presentado esta por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el número de homicidios dolosos repuntó un 4.23% en el 1er. bimestre hasta llegar a los 4,882 asesinatos, un promedio de 83 al día.

Entre las "atrocidades" recopiladas por Causa en Común están "el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causa la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror".

Los estados que más sucesos registraron durante el inicio de año fueron Chihuahua, Guanajuato, Baja California y Morelos.

(V.pág.10 del periódico El Informador del 23 de marzo de 2023).

Tarde de domingo y puente vacacional sin tráfico ni prisas. En una ciudad semivacía, nuestra pareja conduce por Avenida Lázaro Cárdenas. No conocemos más datos, sólo que él tiene 46 años (eso informará su esposa más tarde a la Policía de Zapopan).

A la altura de Avenida Vallarta, exactamente por Los Cubos, la camioneta Highlander en la que viajan los esposos tiene un incidente vial. Un alcance con otro vehículo, un Nissan Sentra gris modelo atrasado (tampoco tenemos más datos del ocupante). Sólo sabemos que ambos hombres descendieron de sus autos, discutieron y el del vehículo compacto sacó un arma y disparó 2 veces.

Estas noticias quedan relegadas a un 2o. plano. En febrero, en Tlaquepaque, un hecho similar terminó con un joven acribillado a balazos tras una discusión vial. Nadie lleva la contabilidad de los conflictos viales, vecinales o comunitarios que derivan en una forma de violencia a veces letal.

¿Cuántos eventos similares pasan desapercibidos cada día? ¿Cuántos en esta ciudad salen diariamente con un arma, dispuestos a utilizarla a la menor provocación? Qué es más fácil en estos días, ¿conseguir un arma o dispararla contra cualquiera?

Se llama violencia comunitaria (no escatimemos fuerzas en señalarla). Se traduce en un odio soterrado contra el otro en donde la individualidad anula el sentido de colectividad. Prevalece lo individual sobre lo vecinal.

Otro ejemplo es el caso de la menor Norma Lizbeth, golpeada por su compañera del colegio hasta la muerte en un caso fatal de acoso escolar. O la piñata de la ministra Norma Piña incendiada en el Zócalo. La materialización y el ritual incendiario son expresiones del mismo padecimiento.

Regreso con nuestra pareja en Avenida Lázaro Cárdenas. El agresor erró o perdonó a su víctima. La 1a. bala dio en el glúteo izquierdo y la 2a. en el muslo del mismo lado. Después el atacante huyó en su Sentra. Ninguna cámara de videovigilancia o patrulla lo detuvo. ¿Por qué el C5 Escudo Urbano nunca registra estos hechos?

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 21 de marzo de 2023).

Un video difundido en redes sociales muestra el ingenio de un ladrón que con una maniobra logró escapar de un hospital, a donde fue llevado luego de recibir una golpiza por vecinos de la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuando fue descubierto en flagrancia cometiendo un robo.

El hombre permanecía sentado en la banca de un hospital, esperando atención médica, esposado a un descansabrazos de metal.

Las imágenes fueron captadas el pasado sábado, según la fecha que exhibe el mismo video, a las 04:55 horas.

En el material se observa a Mario "N" esposado a una banca del hospital, pero comienza a jalar con fuerza para lograr zafarse de la estructura; lo hace en repetidas ocasiones hasta que lo logra. La sala de espera permanece sola y el joven carece de supervisión.

Cuando se libera, el hombre camina por un pasillo, con la estructura de metal que logró arrancar, pero a la que permanece unido por las esposas que porta. Observa por una ventana, aunque decide continuar por la ruta de evacuación. La acción duró apenas 5 minutos.

Las autoridades capitalinas buscan al joven para reaprehenderlo.

(V.periódico El Informador en línea del 21 de marzo de 2023).

Estados Unidos señaló este lunes en su informe anual sobre derechos humanos al presidente Andrés Manuel López Obrador por "desacreditar" a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias de prensa diarias.

El documento, elaborado por el Departamento de Estado y relativo a 2022, vuelve a expresar preocupación por los altos niveles de impunidad en México y por la violencia perpetrada por el crimen organizado.

Sobre la situación de la libertad de prensa en el país, recoge que 15 periodistas fueron asesinados el año pasado y que 11 de esos crímenes estuvieron relacionados con su labor.

Estados Unidos considera que "los altos niveles de impunidad" en estos crímenes generan "autocensura y reducen la libertad de expresión y de prensa".

"Los periodistas pueden criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general sin restricciones", recoge también el informe, pero añade que "políticos, incluso el presidente López Obrador, los desacreditaron públicamente para presentarlos como parciales, partidistas y corruptos".

Sobre los defensores de derechos humanos, el documento también destaca que "el presidente López Obrador reprendió a grupos de la sociedad civil en sus conferencias de prensa matutinas".

El informe destaca que el crimen organizado perpetra crímenes violentos en México como homicidios, torturas, secuestros, extorsiones y tráfico de personas.

"El gobierno investigó y persiguió algunos de esos crímenes, pero la mayoría permanecen sin investigar", sostiene el Departamento de Estado.

También destaca la colusión de criminales y autoridades en algunos crímenes que "a menudo quedan impunes".

El informe recoge reportes de ataques contra migrantes y solicitantes de asilo por parte del crimen organizado, policía y agentes migratorios en las zonas fronterizas y en los aeropuertos.

(V.periódico El Informador en línea del 20 de marzo de 2023).

En un país donde la gente pobre no tiene posibilidades de ser respetada, porque carece de influencias, de palancas, de un gobierno que los defienda y haga aparecer a sus desaparecidos, vivos o muertos, con la misma rapidez con que fueron localizados los norteamericanos secuestrados en Tamaulipas.

El riesgo para las autoridades ha sido perder la calma y dar paso a la represión. El riesgo para los manifestantes es perder la lógica de sus ideales y caer en una radicalización destructiva y estéril, como si agrediendo personas y bienes públicos sus problemas se resolvieran con mayor prontitud. No creo que al gobierno le importe más defender piedras que personas, pero tampoco creo que causa alguna justifique destruir lo que es patrimonio de todos.

De cualquier modo, el radicalismo nace siempre de la frustración repetida, de los nulos resultados a legítimas demandas, de la perpetuación de conductas y actitudes equivocadas y aún, legitimadas, y cuando todas las frustraciones de todos los sectores de una sociedad se juntan y combinan, la estabilidad del país puede venirse abajo.

Armando Gonzalez Escoto
(v.pág.2 del periódico El Informador del 19 de marzo de 2023).

"La impunidad es el ejercicio del poder sin responsabilidad... en una frase, la impunidad es la idea de que 'la ley es para los tontos'". Así comienza "El Atlas de la Impunidad", una reciente publicación que ha sido muy comentada a nivel global y que analiza la relación entre impunidad y democracia. Pasó desapercibida en México, aunque analizan nuestro caso, y los resultados no son halagadoras. De esperarse porque, en México, efectivamente hay muchos que piensan que "la ley es para los tontos".

Democracia e impunidad no son lo mismo. Un país puede ser democrático y tener altos niveles de impunidad y, por el contrario, puede ser autoritario y tener bajos niveles de impunidad. Por ejemplo, mientras que Singapur no tiene elecciones libres y competitivas, sí tiene un robusto Estado de Derecho que asegura que todos respeten la ley. Por ello, en el país asiático hay menos impunidad que en países democráticos que inclusive son desarrollados, como Italia. De los 163 países analizados, donde el primero es el más impune y el último el menos, México se encuentra en un penoso lugar 45. Es decir, estamos entre los 50 países más impunes.

La ingenuidad mexicana de los últimos años consistió en creer que democracia significaba menos impunidad. El gran error del régimen autoritario priista no fue su autoritarismo, sino el no haber terminado de consolidar el Estado mexicano a través de mayor recaudación fiscal y mayores y mejores cuadros burocráticos. La relativa paz durante los años del régimen no se debió a la presencia del Estado, sino a los acuerdos con el crimen organizado. La llegada de la democracia provocó su ruptura y el comienzo de las desapariciones y los asesinatos masivos. Si durante los 17 años de la dictadura chilena de Augusto Pinochet desaparecieron alrededor de 3,000 personas, en el México democrático de 2006 a 2022 han desaparecido alrededor de 80,000 mexicanos. Y en ese mismo lapso de tiempo han asesinado a 206 periodistas.

Las actuales políticas no ayudan. A estas alturas queda claro que desde Palacio Nacional existe una nostalgia por el autoritarismo del pasado, agravado por la falta de vocación de Estado (los priistas de antaño tenían mucha mayor vocación en ese sentido). El asedio al Instituto Nacional Electoral (INE), por no mencionar los ataques a todo aquel que ose desafiar al presidente, son prueba clara de lo primero. El creciente papel de las fuerzas armadas en la vida pública nacional son prueba clara de lo segundo. Y a todo esto añadamos el constante desprecio a la ley, visto a través de innumerables reformas políticas que son a todas luces inconstitucionales, secundadas por las palabras del presidente: "no me vengan con que la ley es la ley".

En México, conquistamos la democracia sin terminar de construir el Estado. Esto eventualmente trajo una falta de resultados que debilitaría nuestra democracia. Y hoy, vemos de manera prístina el peor de los mundos: creciente autoritarismo con disminuida capacidad gubernamental.

Fernando Nuñez de la Garza
(v.periódico El Informador en línea del 14 de marzo de 2023).

El juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, acusado y sentenciado por delitos relacionados con el narcotráfico, fue considerado por muchos como un juicio al mismo tiempo al Estado mexicano asociado al crimen organizado, especialmente a las bandas del narcotráfico.

El mismo juicio a García Luna permite confirmar otra característica del Estado mexicano: la impunidad que impera en México, pues finalmente al ex secretario de Seguridad se le juzga y sentencia en otro país revelando las serias deficiencias que existen en materia de impartición de justicia en el país y la impunidad estructural.

La pregunta es por qué si desde hace años había sospechas, denuncias, reportes, trabajos periodísticos y ciertas evidencias de las maniobras ilegales de García Luna, entre otras cosas su riqueza inexplicable, por qué no se le investigó, juzgo y sentenció en este país.

Rolando Herrera, periodista del Grupo Reforma, publicó el pasado 5 de marzo un reportaje donde recoge denuncias en contra de García Luna al menos desde hace 25 años, cuando trabajaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Hubo al menos 4 serias acusaciones en contra de García Luna como funcionario que violaba la ley en los sexenios panistas de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa. Rolando Herrera recuerda que en 2001 Alejandro Gertz Manero (actual fiscal federal), en ese entonces como secretario de Seguridad Pública, acusó a García Luna por haber desviado al menos 42.5 millones de pesos de la Policía Federal. En lugar de investigarlo, García Luna fue apoyado por el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y premiado por Fox encargándole el nacimiento de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Un año después se hizo otra grave denuncia contra García Luna, entonces flamante director de la AFI. En 2002 García Luna fue acusado de proteger a bandas de secuestradores de alto impacto. La denuncia fue presentada por José Antonio Ortega, entonces presidente de la Comisión de Seguridad de Copamex, quien reportó que un secuestrador de nombre Marco Tinoco Gancedo, "El Coronel", acusó a García Luna "de proteger a Alberto Pliego Fuentes, que había sido su subordinado en la PFP y quien extorsionaba a los jefes de las bandas de secuestradores antes de capturarlos", recuerda Rolando Herrera. La denuncia llegó otra vez hasta el procurador Macedo de la Concha, pero de nuevo decidieron protegerlo.

La vinculación de García Luna con la protección de bandas de secuestradores llegó incluso al conocimiento de Felipe Calderón, obviamente al cambio de sexenio, con la denuncia que le presentó Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, quien conoció a García Luna a la década de 1990 en la corporación. Herrera Valles le escribió una carta al entonces presidente Felipe Calderón y acusó a García Luna de cometer graves delitos. "En mi carta al presidente Calderón", reveló a Reforma, "le hice referencia de la gente que estaba involucrada desde que estaban en la AFI en hechos relacionados con delincuencia organizada, homicidios de comandantes, pérdida de droga" e incluso el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas. Herrera Valle sostuvo que no tuvo respuesta de Presidencia y entonces denunció a García Luna directamente ante el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, pero no pasó nada.

Tuvieron que pasar más de 10 años para que García Luna fuera detenido, pero en Estados Unidos, por colaborar con el narcotráfico. El mes pasado en la Corte de Nueva York, el ex narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, "El Grande", aseguró que García Luna estuvo en la nómina del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, quienes desde 2001 y hasta 2006 le pagaron 1 y 1.5 millones de dólares mensuales a cambio de protección, eso suman unos 75 millones de dólares, o unos 1,350 millones de pesos. Todo esto se sabía desde hace años, pero aquí no pasó nada. En México impera la impunidad, hay una impunidad estructural.

Rubén Martín
(v.pág.2 del periódico El Informador del 11 de marzo de 2023).

El despliegue del gobierno federal para encontrar a 4 ciudadanos estadounidenses secuestrados fue el que se esperaría cuando una tragedia similar involucre a mexicanos. Por eso fue noticia, porque fue totalmente inusual. El que no exista nada parecido cuando se trata de nacionales deja un reguero de indignados doblemente huérfanos de justicia.

Las madres buscadoras tienen que rascar la tierra con sus propias manos y muy pocas veces son acompañadas o apoyadas por algún agente gubernamental. Esa realidad contrasta con lo visto en Matamoros: una rueda de prensa para informar del secuestro de los ciudadanos de Estados Unidos ameritó la presencia de 3 secretarios de estado.

El que el martes hayan podido dar con el paradero de los secuestrados el viernes, el que afortunadamente hayan sido encontrados con vida al menos 2 de esas víctimas, es una realidad desconocida, e impensable, para las familias mexicanas que denuncian la desaparición de uno de sus integrantes.

Pero al mismo tiempo, esta eficacia selectiva enervará a miles de hogares en todo México, a madres, padres y hermanos de desaparecidos que nunca se cansan de ir a fiscalías donde los expedientes de sus seres queridos son solo peso muerto en un archivo.

El Estado mostró que puede, pero nada más en casos de excepción, solo cuando la presión amenaza con desbordarle en otras agendas, en otros ámbitos. Si el que reclama es nacional, entonces a lo más que llegará el gobierno federal es a dar informes de esos llamados cero impunidad desde el cómodo estrado de la mañanera.

Así será en tanto las víctimas no acumulen el poder suficiente para forzar que el Gobierno les atienda con diligencia, para que lo que hoy es una obligación desdeñada se vuelva un tema impostergable.

Encima, las víctimas de crímenes -desapariciones, secuestros, asesinatos, "confusiones", etc- ven con impotencia que no hay partido o agente social con influencia que acompañe y menos abandere su lucha.

El sistema de partidos no quiere abanderar esa causa. El oficialismo, que en parte llegó al poder por los agravios de la falta de justicia del prianismo, hoy atiende a cuentagotas ese drama nacional. Ha despreciado cualquier encuentro con víctimas que no sean de Ayotzinapa, y Palacio Nacional voltea a otro lado cuando se reclaman desaparecidos, feminicidios, asesinatos, masacres.

La oposición tampoco ofrece alternativa: prácticamente todos sus gobiernos estatales han sido caracterizados por la indolencia y la ineficacia. Esta semana, para no ir más lejos, un reportaje de Nmas desenmascaró al gobernador de Nuevo León, quien con más de 900 mujeres desaparecidas en esa entidad no se dio tiempo para recibir a la reportera Alejandra Barriguete, que durante meses le pidió declarar sobre esa historia a fin de explicar por qué no hacen nada a la altura del gran estado que presumen ser.

De ahí que la pregunta es si habrá algún actor político, actual o por surgir, que pueda hacer que la falta de justicia se vuelva el tema prioritario que hoy no es. O si serán varias madres buscadoras las que de alguna manera articulen la resistencia y la protesta políticas que logren que su lucha se vuelva central en la agenda pública.

Los filos de la falta de justicia calan más porque el presidente López Obrador carece de la empatía indispensable para entender que lo ocurrido en Matamoros revictimiza a mexicanas que no han recibido del Estado ni una diligencia, ni una pesquisa, ni una cosa que no sea tortuguismo y desprecio.

¿Alguien logrará que la falta de justicia se convierta en tema electoral, o todos ya descontamos el agravio de vivir en la impunidad?

Salvador Camarena
(v.pág.4 del periódico El Informador del 9 de marzo de 2023).

Así como las semanas previas a la marcha del 26 de febrero en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fustigó todos los días a organizadores y simpatizantes, la semana anterior orquestó toda una escalada de embates cotidianos desde su púlpito mañanero en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de su ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

A los cuestionamientos hechos desde su elección entre los que destaca aquella afirmación de que Piña se había convertido en la 1a. mujer presidenta del Poder Judicial de la Federación por él, por no haber impuesto a nadie como antes se estilaba, el 1 de marzo la cuestionó como nunca cuando se le preguntó por la decisión de un juez de Tamaulipas que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el ex gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Si ya la había criticado porque otro juez ordenó descongelar las cuentas bancarias de la esposa del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, justo el día que lo declararon culpable en Nueva York, el miércoles pasado aprovechó el caso Cabeza de Vaca para poner en tela de juicio su capacidad y honestidad al afirmar que desde que tomó el cargo "se desató una ola a favor de delincuentes". Le reprochó incluso que mientras estuvo su antecesor Arturo Zaldívar había "un poquito mas" de vigilancia sobre los jueces.

Aunque es innegable que urge una profunda reforma al poder judicial por los altos niveles de corrupción que siempre ha presentado, es claro que la campaña de señalamientos contra la presidenta de la Corte responde más a que no era su favorita para representar a la Corte y a su estrategia para tratar de erosionar su legitimidad y ejercer presión ahora que las y los ministros deberán analizar la constitucionalidad o no de las reformas electorales del presidente.

A ese plan de defensa del cuestionado "Plan B" y contra el que marcharon cientos de miles de mexicanos el domingo antepasado, se sumó el viernes pasado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien desde la mañanera y muchos otros medios salió a contrarrestar las descalificaciones a las reformas al INE, argumentando que sólo se estaba erradicando a la "burocracia dorada" del órgano electoral y todos sus privilegios, además de que sólo se darían de baja a 1,200 vocales y no los más de 6,000 empleados como asegura el presidente saliente del INE, Lorenzo Córdova.

Así, con toda la influencia y poder de un presidente que mantiene altos niveles de popularidad, la 4T operará con todo para estar muy cerca y apretando a las y los ministros de una Corte que no está sometida, pero en la que buscarán, que por ningún motivo, se alcancen los 8 de 11 votos obligados para invalidar su "Plan B" que defenderán con uñas y dientes.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 6 de marzo de 2023).

Ayer el presidente López Obrador despidió su mañanera con el anuncio de que iba a tener una videollamada con Elon Musk. Puede ser importante para el país. Musk está considerando construir una nueva planta de Tesla y el destino lógico sería México.

AMLO presumió que iba a hablar con el hombre más rico del mundo. "Tengo una llamada -dijo-. Si les digo con quién, ¿me dejan ir? Con el dueño de Tesla y quiero estar puntual. Es por teleconferencia y ya mañana les platico...".

No imagino, sin embargo, que cuando Cemex o Bimbo hacen una inversión en Estados Unidos sus directores generales deban hablar con el presidente de esa nación. En los países con Estado de Derecho las inversiones simplemente deben cumplir reglas que se aplican a todos.

En México no. El presidente López Obrador había declarado que no permitiría que la nueva planta de Tesla se estableciera en Nuevo León porque "no hay agua". Era un golpe injusto para los neoleoneses. Pidió, además, que se construyera cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque quiere apoyar a su hasta ahora fallido proyecto. Al final, sin embargo, parece que la planta sí quedará en Nuevo León, con otras fábricas en distintos lugares del país.

No es esta la 1a. vez que AMLO utiliza la excusa del agua para cerrar la puerta a una inversión. En 2020 canceló la planta cervecera que Constellation Brands construía en Mexicali, pese a que contaba con todos los permisos y una manifestación de impacto ambiental, tenía un avance de 70% y había requerido ya una inversión de 1,400 millones de dólares. Dijo que la planta debería construirse en su estado, Tabasco, aunque finalmente aceptó una propuesta para edificarla en Veracruz. El presidente también ha pedido a la empresa Lala, mexicana, que deje la Comarca Lagunera, donde ha operado siempre, para irse a producir al sur del país.

Estas "sugerencias" dejan en claro que el presidente, que nunca ha trabajado en una empresa, desconoce los factores que se toman en cuenta para realizar una inversión. El propio López Obrador ha iniciado sus proyectos del AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya sin estudios previos de factibilidad porque sabe que las pérdidas las tendrán que cubrir los contribuyentes. Las empresas privadas no tienen esa opción. Una compañía toma en cuenta, por supuesto, la disponibilidad de agua y electricidad, pero también la infraestructura de transporte, la disponibilidad de personal técnico, la cercanía de proveedores y la distancia a su mercado. Aunque Constellation Brands ya compró terrenos en Veracruz, la construcción no ha empezado; la compañía está usando solo sus plantas ya existentes de Nava, Coahuila, y Ciudad Obregón, Sonora.

El presidente nunca entenderá por qué en toda la zona árida de Estados Unidos hay inversiones industriales muy importantes, o por qué Israel, en un desierto, es un gigante económico; y es que el agua es muy importante, pero las inversiones en infraestructura permiten superar el problema. Tampoco comprenderá que la cancelación de la cervecera de Mexicali, que habría usado solo el 0.2% de la oferta de agua de la zona, habría mejorado el abastecimiento de líquido para los cachanillas por las inversiones de la empresa en infraestructura hídrica.

Al presidente no le gusta el sistema en el que se establecen reglas para todos. Prefiere negociar directamente con los directivos de las grandes corporaciones. A esta forma de gobernar se le llama corporativismo, y genera malas decisiones y muchas oportunidades de corrupción.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 1o.de marzo de 2023).

Caímos. Estamos en una espiral en descenso que nos regresa al punto de partida, como si fuera un déjà vu. Hace 20 años vimos lo vulnerables que somos las mujeres en este país con un fenómeno que nos puso en el ojo internacional, primero con las desapariciones en la fronteriza Ciudad Juárez, después con la expansión al resto del país.

El auge laboral de las maquiladoras convocó a mujeres de la región entre mediados de los años 90 y principios del 2000, pero a la vez fue un imán para los depredadores que encontraron la manera de sustraerlas impunemente y abandonarlas con huellas de tortura. La sociedad visibilizó el fenómeno de las desapariciones o los hallazgos de los cuerpos a través de las cruces rosas con las que se identificaron a "Las muertas de Juárez". Una cicatriz en el tejido social no sólo de Chihuahua.

No por nada la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en 2009 por la muerte de 3 jóvenes a quienes las autoridades de Chihuahua no buscaron luego de su reporte de desaparición en 2001. El caso conocido como Campo Algodonero obligó a las autoridades a construir un memorial para recordar la omisión de las autoridades y la violencia de la que son víctimas las mujeres.

Hace 2 décadas hablábamos de las desapariciones como algo que ocurría "allá", en Chihuahua, pero pronto vimos que "allá" es como "aquí", sin maquiladoras, pero con la misma impunidad en el delito de feminicidio. Basta con abrir los portales de los diarios en cada ciudad y darnos cuenta que se vive el mismo infierno. Le ha costado la vida no sólo a las víctimas, sino a la familia de cada una de ellas. Madres que se convierten en activistas, buscadoras y que también sufren la misma violencia feminicida en la búsqueda de justicia, como Marisela Escobedo.

Entre el año 2000 y 2019 se registraron más de 42,000 homicidios de mujeres en México y más de 62,000 desapariciones; sin embargo de esos homicidios sólo el 30% aproximadamente se califica como feminicidio y de éstos el 56% de las niñas y mujeres asesinadas fue a manos de sus parejas o familiares cercanos. No hay lugar seguro para las mujeres. Tampoco justicia.

Caemos. Todavía no encontramos la forma de frenar este descenso, no hay partido que proponga la estrategia que detenga por lo menos los 10 feminicidios que se registran al día. Hemos visto la alternancia en estas 2 décadas y no se ha encontrado la solución para la seguridad de las mujeres. El pasado feminicida de Juárez es el presente feminicida de México y en él todos los factores cuentan: desde el machismo hasta el crimen organizado, pues en el ajuste de cuentas las mujeres fungen como el objeto donde expresan la violencia.

El año pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 3,754 muertes de mujeres y sólo 947 se investigaron como feminicidio, es decir, sólo el 33.7% se investigó con perspectiva de género. El año 2021 reportó 980 feminicidios y 2020 registró 943.

Por fortuna la sociedad se ha organizado, las redes sociales y los colectivos han hecho la diferencia en las últimas décadas. Se manifiestan, tejen lazos de acción. Algunos casos han tenido un final positivo con el regreso a casa con vida, la mayoría no puede contarlo así y permanece en la búsqueda.

¿Cuántas sentencias más se requieren para cambiar el paradigma? ¿Se necesitan cementerios rosas en cada ciudad? Yo confío que no, porque el daño no se repara ni con cruces ni con glorietas ni con parques para el recuerdo. Es válido exigir que ni una sola mujer sea víctima y que ninguna denuncia sea ignorada. Si las generaciones anteriores no lo consiguieron, trabajemos para que la siguiente encuentre las respuestas y no sigamos viviendo siempre el mismo día.

Gabriela Aguilar
(v.pág.4 del periódico El Informador del 28 de febrero de 2023).

Eugenio Ruiz Orozco recuerda que las leyes establecen el orden jurídico y son las vías sobre las que gravita la sociedad, por lo que hacer cambios a las leyes es positivo cuando se detectan imperfecciones. Sin embargo, el llamado "Plan B", considera que tiene otro objetivo. "No es el cambio a la ley con el propósito de mejorarla, es el cambio de la ley con el propósito de establecer control sobre los organismos electorales. El presidente lo que quiere es apropiarse de los mecanismos, de las estructuras electorales, para él decidir, y entonces el problema de fondo es la tenacidad de este señor para modificar un orden jurídico que ha funcionado y que ha funcionado bien".

Ruiz Orozco indica que la única posibilidad de parar los cambios es lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "La única instancia que queda para defender a la democracia es la Corte. Ya no hay otra. Si la Corte aprueba las modificaciones que hicieron en el poder legislativo ya no hay vuelta para atrás. A ustedes les va a tocar vivir un régimen verdaderamente atroz".

Destaca que es preocupante el intento de sustituir al sistema electoral por una burocracia que atiende a las instrucciones del presidente. "Eso no se había visto antes en algún otro régimen".

Sobre la marcha para defender al INE, dice que es prioridad que los mexicanos defiendan la democracia. "Tenemos que protestar por los cambios que el Senado autorizó. Miles de mexicanos no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo".

La autonomía del INE "es violada" con las modificaciones avaladas dentro del "Plan B", explicó la académica María Marván Laborde, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien detalló que los principales riesgos son que le dan facultades al gobierno federal para intervenir de manera directa en la elaboración del padrón electoral, en puntos como la ubicación de los módulos de atención ciudadana hasta la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el empadronamiento de los mexicanos que residen en el extranjero.

Acentuó que lo vital es la elaboración del padrón electoral. Refirió que el INE, a lo largo de 3 décadas, perfeccionó los mecanismos de seguridad de ese registro para que sea confiable, introduciendo medidas de seguridad que dificulten la falsificación de las credenciales con micro textos y hologramas. "El INE ha hecho tan buen trabajo en el proceso del cuidado de la integridad de la base de datos, vinculada a la expedición de credenciales electorales, que hoy es el medio de identificación más confiable con el que cuentan los mexicanos mayores de 18 años".

Otro punto en el que se afecta la autonomía es que obliga al INE a trabajar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el desarrollo del voto electrónico, lo que sin duda es otra injerencia más del poder ejecutivo. También prohíbe al INE para disponer del dinero que pudiese resultar del subejercicio en otro proyecto de desarrollo institucional, lo que interfiere en la autonomía presupuestaria, sumado a que obliga al despido del secretario ejecutivo.

Con argumento de reducir la burocracia electoral, las reformas implican la desaparición del 84.6% de las plazas del Servicio Profesional Electoral.

El investigador de El Colegio de México, Mariano Sánchez Talanquer, precisó que la desprofesionalización de la función electoral sería una grave consecuencia que derivaría en la fractura del derecho igualitario al voto en elecciones libres y auténticas. Por eso remarcó que la reforma embiste la estructura ejecutiva del INE.

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, aseguró que, con la reformas, Morena busca judicializar el próximo proceso electoral desde antes de que comience.

Al haber retrasado la discusión del tema en el Senado, afirmó, se acortaron los tiempos para la promoción de las controversias constitucionales y eso obligará a la Suprema Corte a tener que resolver a contrarreloj todos los recursos de inconformidad que reciban.

"Lo que Morena está haciendo, de manera perversa e irresponsable, es dejar a la Corte con el menor tiempo posible para que cuando tenga que conocer del caso ya esté prácticamente a unos pasos el proceso electoral formal... y eso sería gravísimo. Y es por una razón sencilla: el presidente de la república, Morena y sus aliados, apuestan al caos electoral porque sienten que ellos ganan en el caos electoral".

(V.pág.5 del periódico El Informador del 26 de febrero de 2023).

Sin hacer mucho ruido, porque la consigna era que no se notara, Margarita Torres Arreola ocupa temporalmente la titularidad de la Junta Local del INE en Jalisco, después que dejó el cargo Carlos Manuel Rodríguez, quien se postuló para ser fiscal de delitos electorales en el estado.

Cambió el personaje que ocupa la oficina, pero las líneas de trabajo siguen siendo las mismas. Y es que, al ser cuestionada sobre las sanciones a los políticos que hacen precampaña sin que la ley lo permita, como por ejemplo las "corcholatas" que pintan bardas por toda la ciudad, su respuesta fue que no han aplicado ninguna sanción. ¿Pero no se actúa de oficio?, le preguntaron. "No", respondió con contundencia. "Estamos facultados para actuar de oficio, pero luego dicen que somos parciales". ¡Ah bueno!

Para que no digan nada, déjenlos que sigan violando las leyes electorales. Total...

Allá en La Fuente
(v.pág.2 del periódico El Informador del 23 de febrero de 2023).

La manifestación de transportistas que ayer arribó a las oficinas del Centro SCT Jalisco, ubicadas en avenida Lázaro Cárdenas casi esquina con Niño Obrero, se apoderó de los carriles laterales de la avenida en ambos sentidos. Solamente dejaron un carril para el paso de los vehículos.

Diego Bolio, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Jalisco, entregó un documento en las oficinas de la SICT en Jalisco y confió en que con la manifestación realizada durante gran parte de ayer tengan respuesta sus demandas.

El líder de la Conatram en Jalisco dijo que la principal exigencia es la publicación del reglamento de grúas que permita a las empresas de transportistas tener una certeza para su operación y no verse afectados por los servicios de estas grúas.

"Esperamos que el nuevo reglamento de grúas para los prestadores de este servicio se autorice y se publique en el Diario Oficial de la Federación y con esto evitemos los problemas que hemos tenido con los prestadores de grúas, pues al no existir un reglamento nos hacen cobros excesivamente altos", dijo.

Explicó que la publicación del reglamento de grúas le dará certidumbre a las empresas que se dedican al transporte en vehículos pesados, ya que son objeto de abusos cuando requieren de algún servicio de grúa.

"Hay veces que nos llegan a cobrar 200,000 a 300,000 pesos por una maniobra y en algunos casos hasta 500,000 pesos por un servicio cuando se requieren varias horas, pero realmente son cobros que no entendemos de dónde los sacan", comentó.

Aclaró que por muy costoso que sea un servicio, éste no debería superar los 30,000 ó 40,000 pesos.

Diego Bolio ofreció disculpas a la ciudadanía por los problemas viales causado por la manifestación y explicó que ante la pasividad que ha tenido la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no tuvieron otra alternativa más que realizar su movilización.

Añadió que en caso de no tener una respuesta positiva seguirán manifestándose en los próximos días.

En la movilización participaron alrededor de 150 unidades que partieron desde 4 puntos de la zona metropolitana de Guadalajara: autopista Zapotlanejo, prolongación López Mateos Sur, avenida Vallarta y carretera a Saltillo. Un grupo hizo plantón en las instalaciones de la Secretaría de Administración y Movilidad del Gobierno del Estado, que exigió el pago de los adeudos pendientes con operadores de grúas.

Luego de que la Conatram realizó ayer manifestaciones en diferentes ciudades del país como Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Colima para exigir la publicación del reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre con Depósito de Vehículos, conocido como el reglamento de grúas, la SICT ofreció llegar a una solución integral.

En encuentro realizado en la Ciudad de México, el subsecretario de Transporte de la SICT, Rogelio Jiménez Pons, ofreció atender de manera prioritaria la situación que padece el autotransporte federal de carga, tras señalar que dicho fenómeno registra niveles que exigen la pronta intervención del Estado mexicano.

Además, reconoció la necesidad de contar con un reglamento que ponga fin a los abusos tarifarios contra el sector, así como adoptar medidas adicionales que impliquen el apoyo e intervención de otras instancias gubernamentales, tales como la Guardia Nacional y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para ello, refirió que a la brevedad quedarán instaladas mesas de trabajo que atienda de manera específica dicha problemática y se puedan tomar acciones inmediatas o en el corto y mediano plazo toda vez que urgen decisiones impostergables, pues el tema del autotransporte federal es un asunto de interés nacional.

Los diputados Cecilia Márquez Alkadef Cortés y Francisco Javier Borrego Adame, ambos de Morena, respaldaron las manifestaciones de transportistas para exigir la creación de un reglamento de grúas.

En conferencia de prensa, acompañados del presidente de la Conatram, Elías Dip Ramé, luego de participar en las movilizaciones de la confederación en las diferentes oficinas de la SICT alrededor del país, los legisladores manifestaron su compromiso con este sector.

Borrego Adame señaló que estas concentraciones fueron pacíficas y tenían como objetivo manifestar la inconformidad del sector ante la falta del citado reglamento.

El también secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados dijo que "se tuvo que llegar a estos extremos por la falta de respuesta" de la dependencia.

Por su parte, la diputada Márquez Alkadef Cortes enfatizó que los transportistas son víctimas de "corralones clandestinos" a donde se llevan sus vehículos, en los que son extorsionados con cuotas que superan el costo de la carga.

La legisladora también llamó a la Secretaría de Transporte de Jalisco a poner atención en este tema, pues los transportistas son importantes para la seguridad alimentaria.

También solicitó a todas las autoridades encargadas de la seguridad nacional que atiendan a los transportistas, pues continuamente son abordados por el crimen organizado y a veces son extorsionados por policías municipales o estatales.

La manifestación realizada por miembros de la Conatram en la ciudad de Guadalajara tiene un beneficio para todos los sectores de la sociedad, consideró Francisco Jiménez Reynoso, profesor de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, al señalar que el exceso en cobros por servicios de grúas tiene una afectación directa al bolsillo de la ciudadanía.

El académico agregó que otra de las demandas de la Conatram, con respecto a la disminución en el costo de las casetas tiene a su vez una repercusión directa en la población, pues más allá de quienes tienen que realizar el pago más elevado año con año, la mayoría de las mercancías de consumo diario son transportadas por pista, lo que a su vez eleva el costo de los productos en las ventas a menudeo.

Afirmó que si los costos de traslados se incrementan esto se ve reflejado en los precios que pagan los consumidores al adquirir mercancías que ya de por sí tuvieron un aumento por los efectos de la inflación en el año 2022 y lo que falta de este 2023.

Señaló que el gobierno federal debe emitir un reglamento de grúas que les permita a las empresas transportistas tener una certeza para su operación.

(V.pág.10 del periódico El Informador del 23 de febrero de 2023).

A 9 meses de que Rebeca Beatriz Gómez Santos, una joven de 29 años edad, perdiera la vida en un accidente automovilístico provocado por Omar Juárez Gálvez, quien conducía en estado de ebriedad el pasado domingo 22 de mayo de 2022, no se ha hecho justicia. De acuerdo con sus familiares no hay fecha para su juicio ni se ha presentado a firmar con las autoridades correspondientes.

En entrevista con Manuel Zamacona para Zona de Noticias de El Heraldo Radio, Jerónimo Gómez comentó que el incidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando su hija se dirigía hacia su domicilio luego de haber ido a festejar su cumpleaños 29, a la altura de Cuemanco frente a la Cruz Roja y el Mercado de las Flores.

Rebeca solicitó un Uber que era conducido por Margarita Herrera Belmont; sin embargo, a la altura de ese mercado, el auto en el que viajaba su hija fue impactado por otro de la marca Honda Civic que conducía Omar Juárez Gálvez a exceso de velocidad, golpeando la parte trasera del Versa donde viajaba su hija, quien salió proyectada hacia el parabrisas, mientras que el la unidad de Uber se estrelló contra un muro de contención.

Agregó que el conductor del Honda Civic salió por su propia cuenta de su vehículo, pero al ser detenido por los policías que arribaron al lugar de los hechos, gritaba que detuvieran a la conductora del Versa porque ella había impactado a su vehículo, aunque en realidad había ocurrido lo contrario.

De acuerdo con el padre de Rebeca, al conductor se lo llevaron detenido, mientras que su familia emprendió la búsqueda de su hija durante muchas horas, y fue gracias a una persona que los ayudó a localizar el celular de la joven que había quedado al interior del Versa, que pudieron dar con su paradero.

Tras enterarse que Rebeca había sufrido un accidente, sus familiares iniciaron la búsqueda y los trámites necesarios, empero en ese momento Jerónimo se encontraba trabajando en Saltillo, por lo que no se enteró de nada, fue Margarita, otra de sus hijas y su esposo, los que se dedicaron a hacer los trámites y declaraciones correspondientes, así como la identificación y recepción del cuerpo.

Omar Juárez Gálvez fue liberado poco tiempo después de su detención. En el primer examen toxicológico que le realizaron "no podía ni decir su nombre", aseguró Jerónimo; sin embargo, le dieron un periodo de recuperación y un gramo de tiamina y otra sustancia, por lo que al realizarle de nuevo el examen ya aparecía normal.

Además, hasta ahora llevan 2 audiencias a las que no se ha presentado y el Ministerio Público de Xochimilco calificó de homicidio culposo, no de doloso, ya que aseguran que no fue su intención causar el daño; sin embargo, Jerónimo destaca que desde el momento en que una persona bebe y consume otras drogas como cocaína, anfetaminas y marihuana que se señalan en el examen toxicológico, no puede ser considerado como un delito imprudencial.

El padre de Rebeca destaca que hay diversas omisiones en el caso de su hija, ya que no solo Rebeca perdió la vida, la conductora del Uber quedó en silla de ruedas y perdió parcialmente la memoria. Por otro lado, asegura, que la empresa Uber solo ha hecho 2 llamadas con un familiar y ha querido llegar a un arreglo dando una simbólica cantidad.

"Quiero que se haga justicia conforme al delito que cometió porque no nada más fue en la persona de mi hija ni en la familia de mi hija, sino también afectó a segundas y terceras personas, la señora conductora y los bienes materiales y a las vías de comunicación".

"Los de la Fiscalía declaran que porque no me presenté al día siguiente como parte acusatoria, por eso lo dejaron en libertad", expresó.

De acuerdo con Margarita, la hermana de Rebeca, recientemente contrataron a un abogado para que los asesorara en este caso y han comenzado su difusión en medios.

Ahora los familiares de Rebeca, quien era profesora de primaria y se preparaba para presentar un examen de maestría, están buscando apoyo para que su caso sea difundido en medios de comunicación y tenga la resonancia necesaria.

La 3a. audiencia está por realizarse y esperan que el responsable se presente por primera vez, ya que en las anteriores no lo ha hecho señalando que no puede por motivos laborales.

(V.periódico El Heraldo de México del 20 de febrero de 2023).

Yasmín Esquivel Mossa obtuvo el jueves una suspensión provisional en contra de los lineamientos para la integración del Comité de Ética de la UNAM, que analiza su situación. Y a nadie sorprende que la medida cautelar que por el momento beneficia a la togada fuese emitida por el Juzgado 5o. de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, a cargo de la jueza Sandra de Jesús Zúñiga, quien admitió la demanda de amparo y otorgó la suspensión provisional en contra del origen del Comité de Ética universitario, encargado de revisar las posibles sanciones que se derivarían por el plagio del ensayo con el que se tituló Esquivel Mossa.

La suspensión emitida por la jueza, que muchos piensan la hizo bajo presión por tratarse de una ministra de la SCJN, establece además que las autoridades involucradas deben abstenerse de emitir comunicados o conferencias relativas al caso puesto que ello atenta contra el principio de presunción de inocencia.

Así es, leyó usted bien, la ministra que en septiembre de 2022 votó a favor de la prisión preventiva oficiosa que niega la presunción de inocencia (para congraciarse con su mesías, Andrés Manuel López Obrador) es la misma que en febrero de 2023 ha obtenido un amparo para ser protegida por el principio constitucional de la presunción de inocencia. La hipocresía, pues, en su máxima expresión.

El asunto es que si algo hay que reconocerle a la ministra plagiaria es su capacidad para torcer las leyes, para encontrar leguleyadas y cambiar las los hechos, porque no hay que olvidar que de acuerdo con la propia Universidad Nacional Autónoma de México, fue ella quien plagió la tesis de otro estudiante que la presentó un año antes que ella, y el sujeto, quien ya había asegurado haber sido el autor original de la tesis, terminó declarando que fue él quien la plagió, aunque sus palabras, sus historias y sus argumentos no tengan lógica ni gocen de credibilidad.

La pregunta es: ¿hasta dónde será capaz de llegar la ministra Yasmín Esquivel para evitar perder su posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Salvador Cosío Gaona
(v.pág.2 del periódico El Informador del 18 de febrero de 2023).

En lo que va de este año cada semana se suman en promedio 24 personas más a la lista de desaparecidos. El número de personas desaparecidas y no localizadas cada día en Jalisco pasó de 4.1 en 2018 a 6.1 en 2022 y 7.5 en los 45 días que llevamos de este año. En los últimos días en una zona específica, la llamada Zona Real, han desaparecido 6 jóvenes con perfiles similares. Cada semana 4 mujeres fueron asesinadas durante 2022. Las primeras semanas de este año los casos aumentaron en número y notoriedad. Y más de alguno preguntará: ¿qué tiene que ver el gobierno con todo esto?

Si atendemos a la lógica del gobernador Alfaro, si un criminal levanta a un joven por la razón que sea, lo mata, lo mutila y lo entierra en un predio privado es un asunto entre particulares que en nada interpela al gobierno. Y es cierto, el gobierno no puede evitar la casuística, salvo casos excepcionales en que un policía se topa con el delito nadie puede evitar que una persona en específico mate a otra. Lo que puede y debe evitar el gobierno es que tantas personas se sientan con derecho a matar, que haya en Jalisco tantos criminales que se saben impunes.

Para ponerlo en términos futboleros, que tanto gustan en Casa Jalisco, un árbitro no puede evitar que un defensa le dé una patada al delantero, o que un delantero le dé un codazo al portero del equipo contrario. Son decisiones personales de cada jugador. Lo que sí puede y debe hacer el árbitro es sancionar proporcionalmente las faltas conforme al reglamento. Eso es lo que se espera de él. Si el partido se le sale de las manos y los jugadores se olvidan de las reglas para darse patadas a discreción es porque el árbitro dejó de hacer su chamba. El partido se le salió de las manos, decimos.

Claramente algo no están haciendo las autoridades estatales, federales y municipales, algo han dejado de hacer que esos criminales que se matan entre ellos y matan incluso a los que no son como ellos, o a sus parejas, se sienten y se saben impunes.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 16 de febrero de 2023).

Las estadísticas de secuestro en un 2013, año donde Enrique Peña Nieto iniciaba su gestión, reportaba más de 123,000 secuestros, impensable considerar esa cifra, pero las denuncias fueron por mucho, menores. Aproximadamente 4,400 y ya no hablemos de las carpetas de investigación o las detenciones.

El tiempo ha pasado y el delito sigue vigente. Las autoridades abren el año con estadísticas a la baja; sin embargo, el secuestro es una realidad que lacera no sólo a las administraciones para encontrar la manera de bajar las cifras, también a la sociedad con el clima de incertidumbre sobre la seguridad que se vive.

Gabriela Aguilar
(v.pág.3 del periódico El Informador del 15 de febrero de 2023).

Prácticamente toda víctima de un abuso o de un incidente que entraña tribunales y abogados puede atestiguar el triunfo más que probable de quien tiene dinero. La cantidad de casos en que los jueces son comprados por criminales o por aquellos que pueden pagar su impunidad están a la vista. El poder judicial ha sido remiso para sanearse a sí mismo. El nepotismo que caracteriza a las instituciones del 3er. poder es endémico. Y en efecto se ha necesitado la presión de la opinión pública para que los ministros hayan comenzado a hacer algo al respecto.

[...]

Pedirle a los jueces que fallen en función de lo que es justo y no de lo que es legal, significa entrar en una dimensión subjetiva sumamente peligrosa.

Dictaminar que alguien es criminal solo porque al juez se lo parezca, al margen de las pruebas que demuestren su culpabilidad, es abrir una caja de pandora para la arbitrariedad, ya no digamos para una corrupción aún más flagrante. Y corremos el riesgo de confundir tecnicismos con lo que en realidad es negligencia de parte de las fiscalías.

En ocasiones los jueces están obligados a liberar a un criminal aparente, incluso contra su pesar, porque los expedientes se caen de las manos por la incapacidad, indolencia o corrupción de la autoridad como parte acusadora. En la mañanera se critica duramente que las cuentas de un corrupto sean desbloqueadas por un juez, pero lo que no se dice es que la fiscalía no cubrió los requisitos mínimos que exige la ley para justificar tal bloqueo. Y francamente, en ese caso, muchos preferimos optar por priorizar la defensa del interés ciudadano.

Sería absurdo que existiera la posibilidad de congelamientos de cuentas de empresas y particulares, ya no digamos detenciones, por la mera sospecha de un funcionario que no está obligado a presentar razones. Se puede entender la molestia del presidente por los casos que se pierden, pero pretender hacer justicia al margen de la ley sería calamitoso. En todo caso, cambiemos leyes y procedimientos. Incluso los obradoristas tendrían que pensar que, una vez retirado López Obrador, lo que está proponiendo nos dejaría a todos al arbitrio de los Gertz Manero y equivalentes.

[...]

Palacio Nacional había intentado influir en la composición de la Corte para presionar desde adentro reformas del poder judicial. Lo seguirá haciendo en los siguientes relevos de ministros, pero con la elección de Norma Piña como cabeza del poder judicial, una figura contraria a sus posiciones, el presidente ha pasado a la ofensiva abierta. Y esta no es otra que influir en la opinión pública para meter presión a los jueces o encarecer la factura política por cada decisión cuestionable, a los ojos de la 4T. Tampoco es para espantarnos, son estrategias políticas; pero vale la pena transparentarlas para entender lo que está detrás de una frase provocadora, un chiste a medias o una queja indignada.

Jorge Zepeda Paterson
(v.pág.3 del periódico El Informador del 12 de febrero de 2023).

El sistema de frenos y contrapesos propio de la división de poderes es mucho más frágil de lo que imaginábamos hace una década. Hoy sí entiendo por qué el Poder Judicial, cuando ese sistema se debilita, es el más vulnerable de los 3. La principal tarea de las y los jueces federales es dibujar y hacer efectivos los límites constitucionales a los que están sujetos los 2 poderes electos. Su debilidad es que no cuenta con la legitimidad que dan las urnas. El Poder Judicial solo cuenta con la calidad de sus sentencias. ¿Por qué acatan los otros 2 poderes las decisiones judiciales? Esa me parece una pregunta de fondo de este entramado institucional. El Poder Judicial no tiene instrumentos de coacción propios. El poder coactivo se concentra sólo en el Ejecutivo. Una parte toral de la gobernabilidad democrática es que los detentadores del poder obedecen las sentencias de los jueces. Qué delicado cuando este principio se ve amenazado. Ello es justamente lo que está sucediendo con el Tren Maya.

Este proyecto de AMLO va a pasar a la historia como el ecocidio más grave de los casos que han llegado a la Suprema Corte. Nunca ha existido un asunto que signifique 485 hectáreas de selva deforestada, la destrucción de un sistema de cuevas único en el mundo, la alteración de los flujos hídricos de ese bosque tropical, la posible extinción de especies tan notables como el jaguar, por mencionar sólo los efectos más visibles. Una obra como el Tren Maya se debió haber diseñado y ejecutado de formas radicalmente distintas para que el ecocidio no sucediera. En términos constitucionales, el Tren Maya claramente no cumple con los estándares que ha fijado la Corte para que este tipo de obras no violen nuestro derecho a un medio ambiente sano. A pesar de los esfuerzos de un montón de personas para que los jueces federales apliquen dichos estándares, no ha habido manera de que la devastación se detenga.

Esta semana nos enteramos de la buena noticia de que un juez federal volvió a conceder una suspensión definitiva para frenar la construcción del Tramo 5 y, al siguiente día, también nos enteramos de que Fonatur decidió simplemente desacatar esa sentencia. Me pregunto: ¿en qué casos sí y en qué casos no el presidente y las autoridades federales van a cumplir las decisiones de los jueces? El desacato a las sentencias es lo más grave que puede suceder en el país.

A diferencia de los litigios en el sector eléctrico, en donde algunos de los mejores despachos de México están defendiendo a las empresas afectadas y, además, es un asunto que forma parte toral de la relación bilateral con Estados Unidos, los litigios en contra del Tren Maya, en cambio, tienen detrás a personas comunes y corrientes y a algunas organizaciones civiles defensoras del medio ambiente. Es una causa ciudadana, como en su momento fue la lucha por la democracia del propio López Obrador o la batalla por la transformación del sistema penal de muchas organizaciones civiles. Estas son las causas de las que está hecha la base axiológica de un régimen democrático. Lo que se defiende no son inversiones ni dinero. Lo que está en juego es la preservación de la selva, su majestuosidad y todo lo que ello significa para México y para la humanidad.

Existen recursos legales para que los quejosos puedan intentar que Fonatur cumpla la suspensión. El presidente sabe que, al ritmo en el que se resuelven esos recursos, ya ganó: en ese tiempo se va a consumar la destrucción. Me pregunto: ¿qué debería suceder para que Fonatur no diluya la autoridad de los jueces federales? ¿Cómo deberían la ministra presidenta y la Corte en general hacer frente a este problema? ¿Existe o no forma de frenar judicialmente el ecocidio en Quintana Roo? No tengo respuestas. Lo que sí sé es que el desacato de las decisiones judiciales por parte del ejecutivo federal es un riesgo mayúsculo para la división de poderes y para la independencia judicial. Dicho desacato produce una de las formas más profundas de indefensión ciudadana frente al capricho y el abuso de autoridad. Ojalá la Corte haga algo al respecto.

Ana Laura Magaloni Kerpel
(v.periódico Reforma en línea del 11 de febrero de 2023).

El pleno del Congreso de Jalisco avaló la aplicación de descuentos a quien presente adeudos con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa). En lo autorizado consideran aplicar una reducción de hasta 95% en recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución, cuando el pago se realice en una sola exhibición.

[Y si no quiere no pague, ya habrá otra amnistia en el futuro. Los que pagamos los hacemos por 3 razones: 1.- Nos sobra el dinero. 2.- No tenemos algo mejor que hacer con él. 3.- Somos pendejos. - El webmaster]

En los casos en los que el pago se haga vía convenio, el descuento sería de 80% y no aplicará para contribuyentes que tengan antecedentes de incumplimiento en otros convenios de pago.

"Prácticamente presentan adeudo el 50% de las cuentas del Siapa, es una alta cantidad; el año pasado de esas cuentas con adeudo se recibió prácticamente un 70% de pago una vez que se hicieron los descuentos", comentó la diputada Claudia Salas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda.

La posibilidad de buscar los descuentos estará vigente a partir de la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado y hasta el 15 de diciembre de este año.

Vía solicitud de transparencia el Siapa informó que el monto total de su cartera vencida suma 14,060 millones de pesos, al corte de 2022. El monto se duplicó pues cuando asumió la dirección del Siapa, Carlos Torres Lugo, informó que les habían heredado una cartera vencida de 7,548 millones de pesos (MDP).

También avanzó una modificación a la Ley de Ingresos de Puerto Vallarta para realizar descuentos de hasta el 60% en el pago de derechos por concepto del servicio de agua potable de uso doméstico, a ciudadanos insolventes económicamente que habiten en colonias con mayores índices de marginación, previo estudio socioeconómico que así lo acredite, realizado por el sistema DIF Municipal.

(V.periódico El Informador en línea del 9 de febrero de 2023).

Es obvio que los instrumentos jurídicos que dan conducción y certidumbre a nuestras vidas deben actualizarse a la luz de las transformaciones que vivimos en todos los campos de la actividad humana. El problema es pretender modificar la Constitución en términos voluntaristas para adecuarla a una visión parcial de la realidad. Más grave aún es que, desde la Presidencia de la República, se intentara la modificación constitucional del INE (que evitó el Senado) y ahora traten de alcanzar los mismos fines mediante el denominado "Plan B" para convertir al presidente de la república en el factótum del próximo proceso electoral. Eso es subvertir, mediante "huizachadas", el Estado de Derecho. "Si el obstáculo para alcanzar mis propósitos es la Constitución o las leyes, ¿qué son las leyes? ¡Cambiémoslas!", ha dicho López Obrador en un exabrupto que revela su poco respeto por el orden jurídico.

Resulta alentador que, en su 1a. entrevista, a solicitud del secretario de Gobernación en representación del titular del poder ejecutivo, la señora presidenta de la Suprema Corte, doña Norma Lucía Piña, ante la presión que quiso sujetarla el secretario, haya puntualizado los términos de relación y límites entre los poderes. La Corte, como revisora de la constitucionalidad de los actos del poder público y como garante de los derechos humanos fundamentales, tiene la última palabra. Eso significa, ni más ni menos, la preeminencia del Estado de Derecho por encima de pretensiones mesiánicas o juicios de valor, vengan de donde vengan. Al hecho en sí, se le ha dado poca difusión, pero es un hito digno de celebrarse en la historia de nuestro país. La presidenta del máximo tribunal de la nación le plantó cara al ejecutivo, obligándolo a reencausar sus intenciones y devolviendo al Poder Judicial de la Federación el lugar que nunca debió perder. Digna conmemoración de nuestra vapuleada Constitución.

Eugenio Ruiz Orozco
(v.pág.3 del periódico El Informador del 6 de febrero de 2023).

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró que el gobierno federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, está “destazando” y “asesinando” la Constitución de 1917.

Así lo aseguró ayer en el marco del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En 1903 el partido liberal de Flores Magón denunciaba al gobierno porfirista afirmando 'la Constitución ha muerto'. Hoy, en el marco del 106 aniversario de la Constitución de 1917, el gobierno de López Obrador intenta asesinarla", declaró en conferencia de prensa.

Zambrano Grijalva aseguró que esta administración mantiene al país "al filo de la inconstitucionalidad", tras la aprobación del Plan B de la reforma electoral y las reformas a las leyes secundarias de la industria eléctrica.

"La obsesión de atentar contra la legalidad por parte de López Obrador se evidencia en su conocida frase: 'no me vengan con que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento', expresada cuando los ministros de la SCJN rechazaron las reformas de la industria eléctrica. Ya nomás falta que para dejar constancia de dicha obsesión quieran que esa frase quede con letras de oro en el Senado de la República", aseveró.

El líder perredista calificó como "preocupante" que el Presidente de la República considere "que la justicia debe estar por encima de la ley", como afirmó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva para quienes cometan delitos fiscales.

(V.pág.10 del periódico El Informador del 6 de febrero de 2023).

En Jalisco 93 de cada 100 delitos que suceden no son denunciados o, aunque se presentó denuncia no derivaron en una carpeta de investigación, estos casos conforman la "cifra negra" en incidencia delictiva que es la más alta desde el 2016.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública detalla que entre las principales razones por las que las víctimas no denuncian están las causas atribuibles a la autoridad, entre las que se incluyen, miedo a una extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad.

Sobre el tiempo que lleva el trámite de presentar una denuncia ante el Ministerio Público, 57.5% de los afectados dijo que tardó de una a 4 horas; 9.7% respondió que dedicó menos de una hora y 29.2% que demoró más de 4 horas.

La revisión hecha por la agrupación México Evalúa al Sistema de Justicia Penal de Jalisco, concluyó que es necesario trabajar en la profesionalización y capacitación del personal encargado de brindar atención a víctimas de un delito.

(V.pág.8 del periódico El Informador del 6 de febrero de 2023).

Policías, fiscalías, tribunales, servicios periciales y forenses, defensorías públicas, unidades de seguimiento de medidas cautelares y suspensión condicional de proceso, centros penitenciarios y centros de internamiento son lo que el Gobierno de la República denomina "operadores del sistema de justicia", dichos así o según la denominación que de entidad en entidad tengan.

En teoría, cada uno de ellos se rige por lo que mandan la Constitución y las leyes complementarias y de este modo conforman un sistema, o sea un "conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto" (Real Academia Española), lo correcto es suponer que el objeto de un sistema de justicia sea ésta, la justicia.

¿Tenemos un sistema? Sucede un crimen, interviene la policía, toma la estafeta el ministerio público, que a su vez ocurre a los tribunales en los que, apoyado por peritos y forenses, presenta evidencias, en tanto que el acusado o la acusada cuenta con un defensor de oficio o puede recurrir a uno particular; de lo que el juez determine podría ser necesario dar seguimiento a las medidas cautelares y si la sentencia dispone prisión entran al relevo, último engranaje del sistema, los centros penitenciarios (o de readaptación).

Es un resumen apretado, sabemos que hay varias instancias para agotar un proceso y sabemos que cada uno de los "operadores del sistema de justicia" está subrepticiamente regido por una burocracia implacable atravesada en buena medida por la corrupción. Y con todo y esto no queda sino responder: sí, tenemos un sistema de justicia, aunque ésta se apersona sólo en el membrete, pues el tal sistema no la procura, tampoco la administra, la impunidad es muestra de lo anterior, también lo dilatado e incierto de sus procesos, en los que no es extraño que las víctimas terminen pasando penurias e indignidades y tampoco es raro que inocentes estén en la cárcel, además de una certeza común entre quienes deberían ser sus beneficiarios: la justicia cuesta, queda más próxima a quienes pueden pagar los costos que los operadores imponen ilegalmente, y esto incluye a presuntos delincuentes.

Justicia. Ameritaría una definición, ojalá lo que dicta el diccionario bastara para fijar un horizonte compartido; recurramos a Amartya Sen (La idea de la justicia), premio Nobel de Economía: "A veces se dice que la justicia no es en absoluto una cuestión de razón, sino de tener la sensibilidad apropiada y el olfato adecuado para la injusticia". Líneas más adelante cuenta: "Lord Mansfield, el poderoso magistrado inglés del siglo XVIII, dio un famoso consejo a un gobernador colonial recién nombrado: 'Considere lo que usted crea que la justicia demanda y actúe en consecuencia. Pero nunca dé razones; pues su decisión será probablemente correcta, pero sus razones serán ciertamente erróneas'".

Así, la justicia, la noción de ella, en relación con la que tengamos de injusticia. Entonces Se refiere uno de los enfoques que en la Ilustración surgieron sobre el concepto: "identificar los esquemas institucionales justos para la sociedad", "más que en comparaciones relativas de la justicia y la injusticia", lo llama "institucionalismo trascendental" y pasa al 2o. enfoque: "el institucionalismo trascendental se dedica de manera primaria a hacer justas las instituciones, por lo cual no se ocupa directamente de las sociedades reales. La naturaleza de la sociedad que eventualmente resulte de un marco institucional determinado también depende, por supuesto, de aspectos no institucionales, como el comportamiento real de la gente y sus interacciones sociales". Y, nos figuramos, ese "comportamiento real de la gente" aplica también para los operadores del sistema de justicia.

Una de las ventajas de un sistema es que para repararlo puede intervenir pieza por pieza, no es un todo incoherente; pero, en nuestro sistema de justicia ¿por dónde empezamos? Al plantear esta cuestión comenzamos a notar que bien poco tiene de sistema y mucho de caótico, y que atravesado por gestos inconexos de justicia.

Está fracturado; y la persistencia de sus daños, bien identificados, invita a sospechar que su malfuncionamiento es intencional: quienes sucesivamente han mantenido el estado roto de las cosas de la justicia han superpuesto otro sistema para mantener las apariencias: el político. Este sí funcional, no para efectos sociales, sí para los operadores de este otro sistema, políticos, partidos, poderes fácticos y los mercados que cada cual atiende, legítimos e ilegítimos.

¿Fallan las policías, las fiscalías o el poder judicial? Interviene, caso por caso, algún componente del sistema político. ¿Alguien, un grupo, necesita justicia? Que recurra al diputado, a la diputada, al alcalde, gobernador, etcétera, quien se la procurará como un acto de magnanimidad personalizado o, si su cartera lo permite, que busque al abogado o personaje influyente que lo introducirá al omnipotente sistema político. ¿No tiene acceso a ninguno de estos? Bienvenido al sistema de justicia que, ni modo, se atiene a lo que dice la ley. Recomendamos recorrerlo con espíritu todo terreno.

Renovar el sistema de justicia tiene que ver con presupuesto, con volver a las bases: respetar la Constitución, con otorgarle autonomía de vuelo a partir de que sus operadores se ciñan a su objeto: la justicia, y con que el sistema entero se quite de encima el modelo de que es tributario del otro, del político.

Luce arduo. No, luce imposible. El sistema político es literalmente avasallador, fabrica vasallos, de eso se nutre, a eso ha concentrado su funcionalidad y nos hemos prestado a su juego: ahí estamos, lampareados frente a las declaraciones de los políticos anunciando todo tipo de futuros, liderados por un presidente cuya persona es, según él, el sistema de sistemas: el político, el de justicia y el moral.

¿Pruebas? Hoy la vida política de la nación está volcada hacia las elecciones de 2024. ¿Y la justicia? A quién le importa, si las corcholatas y sus rivales hacen las delicias grotescas del sistema político y de su tribuna que, en una de ésas (es la periódica esperanza) esta vez sí traerá bajo el brazo una reforma para que la justicia... etc.

Augusto Chacón
(v.pág.2 del periódico El Informador del 5 de febrero de 2023).

Luego del principal eje de inseguridad y violencia que padecemos en Jalisco conformado por las desapariciones, las fosas clandestinas y el colapso forense provocado por el alto número de homicidios, vuelven a aparecer los feminicidios en este arranque de año, como el 2o. más grave problema que amenaza la convivencia social en el estado.

Si el 2022 cerró con una infausta cifra de al menos 180 feminicidios en Jalisco, los 19 que ya se cometieron en enero trazan una preocupante inercia que haría crecer el luto en muchas otras familias.

Todo un reto que debe ser prioridad de gobiernos más ocupados en muy prematuras pugnas de poder.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 2 de febrero de 2023).

Mario Dávila Delgado, alcalde de Monclova, Coahuila, demandó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Cámara de Diputados, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al Diario Oficial de la Federación por emitir y publicar un decreto inconstitucional.

Dijo que piden a los ministros que desechen el Decreto del 27 de diciembre de 2022 sobre el "Plan B electoral" que emitió ilegalmente el presidente de la república porque en materia de comunicación social viola la autonomía municipal y la soberanía de los estados.

Pide que analicen con detalle los agravios a la autonomía municipal, fundados en el artículo 115 fracción 2a. y el artículo VI constitucionales porque se atenta contra el derecho de la libertad de expresión.

Monclova se suma a Chihuahua y a los ayuntamientos de Mérida, Yuc., León, Gto., y Puebla, que también demandaron en tiempo y forma la controversia constitucional por el decreto presidencial, apuntó.

Cuestionó que el mandatario haya emitido el mandato en esa fecha, cuando faltaba poco para finalizar el año y era temporada de descanso, por eso hubo quienes ni cuenta se dieron de lo que dispuso.

Los recursos para difusión "los bajó" del 3% al 0.1%, los cuales son necesarios para los gobiernos, por eso están incluidos en la ley para difundir la información y el trabajo de los ayuntamientos y los estados, subrayó.

Son necesarioz para que la gente se entere que hacen los alcaldes (y gobernadores) en beneficios y servicios (de salud, educación, desarrollo social, seguridad...) y obra pública, por ejemplo, mencionó Dávila Delgado.

López Obrador incurrió en abuso de autoridad, porque viola lo dispuesto en la Ley de Comunicación Social y la Ley Administrativa, informó el director Jurídico del municipio de Monclova, Jorge Luis Garza Calvillo.

El recurso es en contra de la Cámara de Diputados por aprobarlo y del Diario Oficial de la Federación por publicarlo.

Refirió que el 26 de enero presentaron la demanda vía virtual y en la víspera lo hicieron directamente en la Oficialía de Partes de la SCJN.

Los ministros de la Corte deben tomar en cuenta que se viola la carta magna en cuanto a autonomía y soberanía y se está violentando el Estado de Derecho, por eso ese mandato ilegal debe ser desechado, subrayó Garza Calvillo.

(V.periódico El Informador en línea del 1o.de febrero de 2023).

Si las autoridades quieren que Jalisco deje de ser la entidad donde más desapariciones se cometen, deben pasar de sólo localizar fosas y exhumar los cadáveres que ahí se encuentran, a detener a los raptores para que privar de la libertad a ciudadanos, inocentes o culpables, deje de ser un crimen sin castigo y que por ello crezca día con día.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 31 de enero de 2023).

Un caso muy serio de espionaje ha pasado a ser, inexplicablemente, tema de 2o. plano ante la banalización del delito y las obscenidades de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con las que respondió a Proceso, de que publicó varios chats que revelaban actos ilegales de sus cercanos contra el líder del PRI, Alejandro Moreno. Sansores agregó que las conversaciones, que sugerían también peculado al financiar campañas electorales, eran un "invento" y los diálogos habían sido fabricados. El último episodio sobre la impunidad de la gobernadora al utilizar información obtenida ilegalmente para sus fines políticos, terminó así, en dimes y diretes.

Más de 60 horas de conversaciones telefónicas le fueron proporcionadas por el Centro Nacional de Inteligencia para neutralizar a Moreno y obligarlo a aprobar las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sansores, que está alineada con Claudia Sheinbaum en la lucha por la candidatura presidencial, usó intercepciones telefónicas para dañar a uno de los adversarios de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el senador Ricardo Monreal.

Lo que dio a conocer Proceso escaló aún más en el andamiaje del espionaje descarnado en estos tiempos mexicanos, donde es posible violar la ley si se está del lado correcto de la historia, el que narra López Obrador. Sansores refutó el contenido y la manufactura de los chats, que es lo mismo que ella y su equipo han hecho con chats de políticos que ha dado a conocer en el llamado "Martes del Jaguar". Pero la esencia de lo publicado no fue refutado, pese a su trascendencia por dar a conocer un presunto centro de inteligencia armado por el fiscal de Campeche, Renato Sales, con un equipo que había comprado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El espionaje campechano nunca lo investigó la Fiscalía General, pero el Tribunal Electoral abrió un camino importante al dictar una sentencia el año pasado en donde habla de la intervención ilegal de la plataforma de WhatsApp. Meta, su matriz, podría denunciarla en tribunales, como recomendó el Tribunal Electoral, y replicar lo que hizo contra la empresa israelita NSO en Estados Unidos por espiar a políticos y periodistas.

Si lo hace, forzará una investigación sobre el espionaje que está encubriendo el gobierno mexicano, y podrían abrirse los chats difundidos por Sansores con una orden judicial en Estados Unidos, que es su jurisdicción, para establecer cómo se realizó el espionaje y los orígenes de la intervención de las comunicaciones.

La gobernadora es una delincuente confesa, y de proceder la investigación en Estados Unidos, Sansores no sería la única que podría pagar las consecuencias, sino también las áreas federales que presuntamente realizaron el espionaje, y los responsables en autorizarlos o tolerarlos, donde quedarían en entredicho no sólo el fiscal Gertz Manero, sino el propio Presidente de la República.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador del 30 de enero de 2023).

Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López transitaban en su coche cuando fueron detenidos en la carretera México-Veracruz. Era el 12 de enero de 2006 cuando una patrulla de la policía les confiscó el vehículo. Durante 2 días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Los consignaron y les decretaron arraigo lo que implicó fueran trasladadas a una casa de la Procuraduría, en la Ciudad de México, ahí fueron confinados por más de 3 meses hasta que, 3 meses después les decretaron la "formal prisión" por el delito de delincuencia organizada en modalidad de terrorismo. En el juicio penal fueron mantenidos en prisión preventiva por más de 2 años. Fue hasta el 16 de octubre de 2008 cuando fueron absueltos de los cargos y fueron liberados.

Historias como ésta tristemente se repiten con frecuencia y constituyen un testimonio de la crisis del sistema de justicia en la cual estamos inmersos desde hace décadas. Estos jóvenes nunca se imaginaron entonces que 15 años después su historia se encaminara a ser la base para un cambio jurídico profundo en México.

Efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en días pasados condenó a México mediante una sentencia que declaró que el Estado Mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

El caso llevó al análisis de 2 figuras que se encuentran establecidas en la ley mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Y la resolución es de enorme trascendencia porque obliga a nuestro país a reformar la Constitución, las leyes y a fijar criterios interpretativos en el orden judicial para eliminar la figura del arraigo y para exigir que la prisión preventiva sea plenamente justificada en cada caso, obligando a eliminar el criterio de la aplicación oficiosa injustificada.

La Corte Interamericana ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en el ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de costas y gastos.

El Gobierno de México ha sido notificado y "analizará con atención los resolutivos del tribunal interamericano en su resolución para estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones, asegurando el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a sus procesos democráticos".

"El caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México y la sentencia que de él se deriva podrán orientar en un sentido positivo las acciones del Estado para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad."

De la misma forma, el Estado Mexicano refrenda el compromiso para trabajar con las familias de las víctimas en lo relativo a la reparación del daño y garantías de no repetición.

Así México ha perdido un juicio en la Corte Interamericana y ha ganado un enorme impulso para la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Esto significa que habrá reformas a la Constitución, a las leyes y se cambiarán los criterios judiciales. Este caso sienta un precedente fundamental para la protección de la presunción de inocencia y se establecen las bases para que las labores de investigación sean plenamente respetuosas de los derechos de las personas.

Es una buena noticia para el sistema jurídico mexicano y un paso adelante para generar cambios efectivos que permitan el acceso más expedito a la justicia. Así que la arbitrariedad sufrida por los hermanos Tzompaxtle Tecpile ha generado un legado de justicia, que levanta una ola de esperanza en la mejora de la aplicación de la ley, en medio de la tormenta de impunidad que nos azota.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.2 del periódico El Informador del 29 de enero de 2023).

No recuerdo alguna ocasión en que un secretario de Gobernación se mostrara comiendo garnachas antes que dar a conocer alguna información relacionada con las acciones inherentes a su cargo. Tampoco recuerdo a un jefe de Gobierno que estando en funciones abandonara su estado los fines de semana para placearse por todo el país en una campaña disfrazada. Mucho menos recuerdo a un secretario de Relaciones Exteriores haciéndose el cómico y pintándose la cara para ganar seguidores en redes sociales o haciendo circular un peluche con su figura. Y lo más grave, no recuerdo que un presidente "destapara" a sus "corcholatas" con un año y medio de anticipación, ni que se registrase tal desprecio por el órgano que garantiza la democracia en este país, sus autoridades y todo lo que representan.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha catapultado como el gran destructor en lo que va de su gobierno. Lo mismo destruye personas y trayectorias, que instituciones, programas, servicios, estrategias, políticas públicas, obras, aeropuertos y leyes. Para el todopoderoso presidente mexicano no hay nada ni nadie que merezca permanecer en pie si él así lo determina.

AMLO está resuelto a desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano garante de que prevalezca la democracia en México y al que al menos un millón de personas salieron a las calles a defender en noviembre pasado.

Su vilipendio hacia el instituto que tutela Lorenzo Córdova es tal que ha permitido y alentado que sus "corcholatas" protagonicen una abierta pelea por ganar la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en 2024 sin que se hayan abierto aún los tiempos electorales.

De manera que teniendo la bendición de su jefe máximo para romper las leyes electorales, a los suspirantes del partido guinda les han tenido sin cuidado los llamados al orden, los extrañamientos y las sanciones por parte del INE.

En este contexto, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, no le preocupó qué pensaría el INE cuando tapizó el país con pinta de bardas y colocación de lonas, así como la difusión en redes sociales con la frase "#EsElla", "EsClaudia", y "para que siga la transformación", al tiempo que recorría la República Mexicana dictando conferencias para compartir "sus éxitos de gobierno en CDMX". (Por el caso de la pinta de bardas y colocación de lonas la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó la procedencia de medidas cautelares, al considerar que existía una estrategia de publicidad atípica y actos anticipados de precampaña y/o campaña).

Adán Augusto López García, también con el aval del presidente, se da el lujo de compartir videos comiendo un tamal. Hace que futbolistas graben videos enviándole saludos en TikTok. Y manda circular un periódico como medio de propaganda llamado "A Gusto del Pueblo".

Y qué decir de Marcelo Ebrard, el flamante canciller que lleva años esperando su momento y no está dispuesto a perder la que quizá sea su última oportunidad de llegar a la Presidencia de la República. Marcelo ha estado tejiendo fino y aparentemente cuenta ya con una profusa red de seguidores que, según se dice, estaría dispuesto a llevar consigo a otra trinchera si le niegan la candidatura en Morena. Pero no por ello ha sido ajeno a las tentaciones de adelantarse en la carrera morenista y también ha incurrido en acciones que si bien no constituyen un quebranto a las leyes electorales, sí hablan de que quiere estar en la jugada como ocurrió a finales del año pasado, cuando difundió encuestas que presuntamente lo posicionaban como la persona con más apoyo tanto en la militancia de Morena como de la ciudadanía en general, de cara a la elección presidencial del 2024. Y más recientemente, comenzaron a circular los "Marcelitos", que son pequeños muñecos de tela con la imagen del canciller que fueron repartidos por diputados federales y locales que apoyan al candidato en una conferencia llevada a cabo en Tijuana el pasado fin de semana.

Ninguno de los 3 ha sido ajeno a incurrir en desfiguros; lo mismo hemos visto a Ebrard pintarse la cara de catrín que a Claudia disfrazada de deportistas saltando en un trampolín, o a Augusto dirigirse de manera soez. Sin dejar de mencionar que los 2 últimos cuentan ya con su propia cumbia.

En todo este circo, que como ya decíamos, mucho de él se desarrolla rompiendo o torciendo las leyes electorales, habría que preguntarse sobre los recursos que las "corcholatas" destinan para promocionarse y principalmente de dónde salen esos dineros con los que Sheinbaum puede colocar miles de lonas, pintar igual o mayor número de bardas y recorrer cada fin de semana diversos puntos del territorio nacional. De dónde salen esas grandes cantidades -porque los futbolistas no son baratos- para que famosos envíen mensajes diciendo que se sienten "Augusto" y para publicar periódicos, o para que Ebrard pueda sostener redes de simpatizantes y pague los Marcelitos que seguramente muy pronto veremos circular de manera profusa.

El ex presidente del Instituto Federal Electoral -hoy INE-, Luis Carlos Ugalde, señaló en días pasados que "la democracia no sólo requiere reglas precisas para jugar, también autocontención de los participantes. No hay ley perfecta que contemple todas las modalidades de comportamientos sancionables. La ley electoral mexicana, por ejemplo, no contiene una sección que prohíba que los jugadores de futbol graben mensajes en TikTok dirigidos a saludar al secretario de Gobernación".

"Por eso es tan importante la responsabilidad política y la prudencia, sobre todo cuando eres el funcionario responsable de mantener las condiciones de gobernabilidad en el país, el diálogo entre poderes públicos y la negociación con los partidos de oposición".

Si bien Ugalde no necesariamente refiere que algunos actos como los aquí señalados signifiquen violaciones directas a la normatividad, sí advierte que "con razón muchos señalan el riesgo de no detener estas simulaciones".

Las "corcholatas" de Morena pueden quebrantar las leyes electorales o manejarse al margen de ellas porque como dije antes, cuentan con la complacencia y complicidad de AMLO. Fue él quien las destapó, quien las puso a competir y es el responsable de la simulación, el despilfarro y el cinismo con el que actúan. La pregunta es ¿hasta dónde piensan llegar y qué tanto el INE estará dispuesto a tolerar?

Salvador Cosío Gaona
(v.pág.2 del periódico El Informador del 28 de enero de 2023).

Alertas de violencia de género van y vienen, tanto a nivel local como federal, y los casos de agresiones a mujeres lejos de disminuir van en aumento en Jalisco.

Un factor para que ese flagelo se multiplique es la impunidad, de ahí la gravedad del caso del desaforado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien cumplió ya un año prófugo de un aparato de justicia que parece no hacer nada para llevarlo ante un juez y responda por las acusaciones de abuso sexual infantil y corrupción de menores, que hizo su ex pareja Blanca Paredes a partir de unos videos en los que se le ve acariciar a su sobrina menor de edad.

Lo preocupante ahora es que a la nociva tendencia de casos de jueces y magistrados, que están impartiendo justicia contra toda perspectiva de género, al grado de dejar en libertad a agresores y feminicidas, ahora se suma una especie de blindaje y esquema de protección patriarcal para no enjuiciar a uno de los suyos que va desde el congreso, la Fiscalía del Estado y el propio poder judicial.

Según reconoció esta misma semana el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura en Jalisco, Daniel Espinosa Licón, el caso de Covarrubias Dueñas mancha al poder judicial (en el que ya de por sí desconfían, por sus altos niveles de corrupción, 8 de cada 10 ciudadanos, de acuerdo a encuestas del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos).

Por eso habrá que ver qué responde el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz al señalamiento de Espinosa Licón de que le corresponde a la dependencia que dirige buscar y detener al magistrado desaforado, al que también llamó a dar la cara y defenderse de las acusaciones para no seguir afectando al STJ.

La que también puso a prueba al fiscal fue Blanca Paredes, la ex pareja de Covarrubias Dueñas, quien ha sufrido toda clase de acosos laborales en el poder judicial donde trabaja por haber denunciado al magistrado al grado de tener que hacer una huelga de hambre a las afueras de Casa Jalisco para exigir justicia.

La tía de la víctima retó al fiscal a dar un informe de las acciones que han realizado para localizar a Covarrubias Dueñas luego de que el 3 de febrero del 2022 lo declararon ilocalizable tras no asistir a la audiencia de imputación.

Esta petición adquiere relevancia por el antecedente que existe de la negativa de la mayoría de diputadas y diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) de llamar al Fiscal a comparecer al congreso sobre las investigaciones para dar con el paradero de Covarrubias Dueñas, a quienes ellos mismos desaforaron. Sin duda, esta renuencia a citarlo pone en entredicho las convicciones de género y de lucha contra la violencia en su contra, de la actual Legislatura donde las diputadas mujeres son mayoría.

Habrá que ver, pues, si el fiscal pasa o no esta prueba en la que lo ha metido un magistrado con 12 meses en fuga.

Jaime Barrera
(v.pág.2 del periódico El Informador del 27 de enero de 2023).

Los gobiernos, dejan al ciudadano a la deriva, a merced de grupos que se han enquistado y que Morena, el partido que dijo que rompería las cadenas de los monopolios y poderes fácticos, le hace al tío Lolo cuando se trata de intereses de los cuales se ha beneficiado, como los transportistas.

Cancún tiene un problema de movilidad mayúsculo. Es notable cómo siendo la ciudad turística más importante de México es, al mismo tiempo, un ejemplo de las deficiencias institucionales del país.

En diciembre fue noticia que un mal operativo vial, en una obra que lleva meses, provocó todo un desastre internacional. Los pasajeros de vuelos domésticos y foráneos hicieron 4, 5 o más horas al aeropuerto. Muchos terminaron caminando kilómetros. Muchos perdieron su avión. Un desgarriate propio de la falta de gobierno.

Esta semana el bloqueo a los turistas y locales fue a manos de los taxistas, enardecidos porque el fallo de unos magistrados federales abrió la posibilidad a que Uber circule en ese puerto.

Tendríamos que haber advertido el tamaño de la amenaza: el día que iban a sesionar los magistrados en la 1a. semana hábil de este año, elementos de varias corporaciones tuvieron que custodiar la sede judicial ante la posibilidad de que los taxistas irrumpieran.

La protesta de estos ocurrió esta semana y ha escalado: ya también atentan contra turistas internacionales, y EU ya lo avisó a sus ciudadanos. Nice.

A pesar de eso, AMLO dijo que es un tema local y que confía en que la gobernadora Mara Lezama va a resolverlo. A la nueva titular del ejecutivo de Quintana Roo la están calando, veremos de qué está hecha.

Y, por supuesto, este tema importa más allá de los turistas: los bloqueos y el monopolio afectan también a los trabajadores locales.

Se habla de que mañana viernes habrá un boicot en contra de los taxistas. Se habla de que les van a revocar licencias.

¿Uber es el bueno y los taxistas los malos? No necesariamente. Pero algo nos dice de la necesidad de más opciones si vemos que el 11 de enero, apenas se supo el fallo de los magistrados, se dispararon en casi 200% las solicitudes de una licencia de Uber.... y en similar proporción las agresiones de los taxistas a los conductores de plataformas.

Salvador Camarena
(v.pág.3 del periódico El Informador del 26 de enero de 2023).

¿Qué sentido tiene el Estado si no es capaz de darnos seguridad? ¿De qué sirve una Guardia Nacional diseñada y pensada para disuadir el crimen si no disuade a nadie? ¿Cómo le explicamos a las madres de Pao, Dany, Vivi y Jorge, los jóvenes levantados y asesinados en los límites de Jalisco y Zacatecas, que vamos muy bien? ¿De qué les sirve escuchar que hay una gran coordinación entre los gobernadores David Monreal y Enrique Alfaro con las autoridades federales si no fueron capaces de ofrecer seguridad a sus hijos? ¿Cómo debemos interpretar los ciudadanos la advertencia del alcalde de Colotlán, José Julián Quezada, de que mejor no hay que circular de noche en las carreteras porque nadie nos puede brindar seguridad?

El origen y sentido último del Estado es la seguridad. Para eso vivimos en comunidad; por ello renunciamos a la justicia por mano propia; por y para eso tenemos leyes y autoridades. Algo no está bien, algo está roto, cuando en la Sierra del Tigre, en Puerto Vallarta, en la zona norte de Jalisco o en un barrio de la zona metropolitana de Guadalajara hay alguien más que toma las decisiones en el territorio y no merece la reacción de las autoridades.

Recuperar el territorio y la seguridad debe ser la prioridad de cualquier Estado y cualquier sociedad. Acostumbrarnos, unos y otros, que hay rincones a donde no podemos o no debemos ir es claudicar: el gobierno a su deber primario; la sociedad al más importante de sus valores, la libertad. Al gobierno en turno le toca encabezar, diseñar las estrategias y explicarlas. A los ciudadanos nos toca exigir, y también asumir el costo, esto es, entender que, si la prioridad es la seguridad y la recuperación del territorio, la inversión del tiempo, el dinero y el esfuerzo del Estado y la sociedad deben colocarse ahí.

Los gobiernos de López Obrador y Enrique Alfaro ya renunciaron a dar esa batalla. Nos van a entregar cuentas alegres -números, gráficas y estadísticas- y un territorio fragmentado, con amplias zonas de la geografía estatal y nacional donde hay otros, que no son las autoridades legítimas, quienes toman las decisiones, donde las leyes son distintas a las que nos dimos como sociedad para convivir.

La construcción de la paz es una tarea larga y tortuosa que no saldrá de los políticos, cuyos tiempos tienen otra velocidad y cuyos intereses están en otra parte, sino de la sociedad misma. La paz se construye desde abajo, desde la organización barrial, la exigencia en la calle y la demanda ciudadana. El Estado de Derecho hay que recuperarlo exigiendo a los poderes que cumplan y hagan cumplir la ley. Para eso tenemos el voto.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 25 de enero de 2023).

Por casos de violencia familiar en Jalisco se abrieron 13,747 carpetas de investigación por denuncias presentadas durante el año pasado. Es la mayor cifra registrada según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Guadalupe Ramos Ponce, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), advirtió que la impunidad es el principal factor que alienta la violencia, pues los responsables saben que no les pasará nada por su conducta de abuso.

"La impunidad que prevalece en el estado manda el mensaje equivocado de que se pueden cometer estos delitos porque saben que no les va a pasar nada. Es tal el nivel de impunidad en la administración de justicia que no desalienta el ejercicio de agresividad".

Agregó que, en los 3 niveles de gobierno, persiste la ausencia de políticas públicas de prevención de la violencia.

Acentuó que hay algunas acciones, pero desvinculadas y orientadas a la atención de este problema y no a evitar que suceda.

Jalisco es 4o. lugar nacional en casos de violencia familiar, por detrás de la Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. A nivel nacional se acumularon 270,546 investigaciones por esta causa el año pasado.

En el informe "Hallazgos. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México", elaborado por la organización México Evalúa, Jalisco tuvo 95.4% de impunidad en la impartición de justicia.

(V.primera plana del periódico El Informador del 25 de enero de 2023).

Cuentan que en la Suprema Corte todos tratan de evadir a la ministra Yasmín Esquivel. Cuando camina por los pasillos, cuando se sienta en medio de sus colegas, hay un elefante en medio de la sala: la UNAM ha señalado y ratificado que ella plagió su tesis. Cunde la exigencia de que renuncie pero ella ha asumido la más descarada de todas las posiciones: no se va porque no se va. Su presencia es evidentemente incómoda. Para ella y para todos. Pero nadie está haciendo nada.

Las ministras y ministros no han dicho una sola palabra sobre el plagio de su colega. No ha habido un solo posicionamiento público. No han activado tampoco ningún resorte en privado. Si hubieran querido dar un manotazo en la mesa para no dejar duda, los otros 10 integrantes pudieron haber emitido un posicionamiento público. Si hubieran querido ser más discretos, pudieron haber hablado con ella para que se separara del cargo. No han hecho ni una ni otra, así que con este silencio la Suprema Corte está asumiendo y pagando el desprestigio de una de sus integrantes.

¿Será que su voto a favor del "bloque ganador" de la nueva Presidencia de la Corte le esté brindando un manto de impunidad? Ojalá no sea el caso. Porque eso de que la Corte sólo puede actuar cuando la violación se comete en el desempeño de sus funciones suena a evasiva que empieza a tener un costo. Y en la Corte lo saben.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.2 del periódico El Informador del 24 de enero de 2023).

La legislación mexicana prevé que la salida de un ministro de la Suprema Corte, que goza de inmunidad, sólo puede darse a través de un juicio político que se promueva en el congreso, que actualmente es controlado por el oficialismo y sus fuerzas aliadas, lo que hace improbable que pueda prosperar una iniciativa de ese tipo contra Yasmín Esquivel Mossa, afirmó Sergio Méndez, abogado de la organización civil local Fundación para la Justicia, que defiende el Estado de Derecho y apoya a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

El profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, Francisco Burgoa, dijo que aunque "no existe una norma expresa" que faculte al máximo centro de estudios de México para revocar un título, podría recurrir al camino legal e "interponer un juicio de la nulidad de un acto administrativo", como lo es la expedición de un título, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ya algunos abogados han presentado en las últimas semanas acciones legales contra Esquivel Mossa para lograr su salida de la Suprema Corte, pero los analistas coinciden en que es poco probable que puedan prosperar.

Ante ese escenario Méndez indicó que el único camino que quedaría es que la ministra Esquivel renuncie o pida una licencia para ausentarse temporalmente del cargo mientras se aclara la situación. El abogado precisó que los ministros pueden solicitar una licencia de un mes ante el Pleno de la Corte, y si se extiende, pedir un nuevo permiso por 2 años al Senado, que nombrará un ministro interino. Al vencer ese período se debe elegir un nuevo ministro.

"La ministra está descalificada", dijo Méndez al plantear que en este momento Esquivel no cumple un requisito constitucional que prevé que quien ocupe el cargo de ministro debe ser una "persona honorable" y de "buena fama pública", por lo que debería retirarse del cargo ya que está debilitando a la Suprema Corte de Justicia.

En recientes declaraciones a la televisora local Milenio la ministra descartó que vaya a pedir una licencia para separarse del cargo. "Voy a continuar como siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años, tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo de qué avergonzarme y continuaré".

(V.pág.8 del periódico El Informador del 24 de enero de 2023).

El Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco manifestó hoy su beneplácito por la sentencia emitida por los ministros de la 2a. Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes acordaron sentencia por un amparo en revisión; asimismo, hicieron hincapié en la inconstitucionalidad de la Ley de Actividades Profesionales del Estado de Jalisco.

En un comunicado, el consejo advierte que la 2a. Sala de la SCJN hace hincapié en que la ley promulgada por el Congreso de Jalisco incide en las atribuciones de la federación al ordenar que todos los profesionistas de la entidad acudan a tramitar una cédula profesional temporal y además que la certifiquen periódicamente.

Para los abogados de Jalisco, esta sentencia de amparo protege los derechos de todos los profesionistas ya que en la resolución de la SCJN se establece que el Congreso de la Unión al crear la cédula profesional nunca dispuso la existencia de una cédula temporal ni la obligación de certificarle, por lo que ordena a los estados a circunscribirse sólo a la expedición de títulos conforme a lo que se aplicaba antes de la reforma del Congreso de Jalisco.

El maestro José Luis Tello Ramírez, secretario ejecutivo del Consejo de Colegios de la Abogacía del Estado de Jalisco, señaló que la organización manifestó su postura de que la Ley de Actividades Profesiones es inconstitucional y se han opuesto a la existencia de un plan recaudatorio que sólo busca captar recursos de los profesionistas de la entidad.

Por lo que consideró que con el amparo 466/2022 los trámites y pagos que se exigieron para la obtención de la cédula temporal y su certificación obligatoria pueden considerarse como cobros indebidos por la Dirección de Profesiones de Jalisco e invitó a todos los profesionistas a que no se dejen engañar.

Conforme a la sentencia del amparo 466/2022, la SCJN declara inválidos los artículos 12, fracción 4a., 13 fracción 2a., 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 80 en sus últimos renglones y la fracción 9a. de los transitorios de la Ley del Ejercicio Profesional del Estado de Jalisco.

Se concedió el amparo para efectos de que no se apliquen los preceptos inconstitucionales que obliguen a obtener la cédula temporal y la certificación señalados en la ley de actividades para el ejercicio profesional de Jalisco, a quienes ejerzan actividades profesionales en el Estado de Jalisco.

Los ministros de la 2a. Sala, al acordar la resolución, advirtieron que ningún profesionista debe ser obligado a llevar a cabo trámites o pagos de derechos que no estén contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(V.periódico El Informador en línea del 24 de enero de 2023). en línea del 24 de enero de 2023).

La Dirección de Profesiones del Gobierno del Estado informó que acatará la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, organismo que le concedió la razón a una veterinaria que se amparó por condicionarle la cédula a la temporalidad y el refrendo de la misma a la certificación.

"Nosotros en esa lógica estaremos esperando a que a través del Poder Judicial de la Federación nos hagan llegar en qué términos viene la resolución de la Suprema Corte y acatarla de manera inmediata", explicó José Martín Orozco Almádez, director del organismo.

El funcionario aclaró que la resolución de la Corte está dada en lo particular a una profesionista y no en lo general; por lo tanto, se seguirá expidiendo la cédula y se deberá validar periódicamente tal y como lo marca la ley.

"Si en algún momento la ley que nos rige para el ejercicio de las actividades profesionales se cambia o modifica algo, nosotros tenemos que apegarnos a ello, y mientras eso sucede nosotros seguiremos manteniendo nuestro sistema de emisión de cédulas como veníamos haciéndolo antes de la resolución de la Corte", añadió.

Aclaró que la Suprema Corte no declaró inconstitucional la Ley de Profesiones de Jalisco y tampoco que se expidan cédulas temporales.

"El amparo indirecto 466-2022 que es la que se dirige a esta profesionista veterinaria es que se le restituyan sus derechos, que no se le condicione su cédula a la temporalidad y que no se le condicione al refrendo a través de una recertificación", concluyó.

Se estima que en Jalisco alrededor de 80,000 profesionistas tienen la obligación de actualizarse y certificarse cada 5 años. El trámite para la certificación de la cédula tiene un costo de 500 pesos.

(V.periódico El Informador en línea del 24 de enero de 2023). en línea del 24 de enero de 2023).

Un juez federal dictó sobreseimiento (una resolución que suspende un caso por falta de una justificación) del proceso penal a favor de 5 de los 31 científicos investigados por la FGR. Ellos había sido denunciados por Conacyt por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción.

(V.pág.4 del periódico El Informador del 22 de enero de 2023).

La UNAM, una institución respetada y reconocida incluso más allá de nuestras fronteras, ha sido degradada a un organismo solapador y cómplice de fraudes y trampas. 

El rector se escudó en que, luego de las consultas realizadas ante la Oficina de la Abogacía General, se llegó a la conclusión de que conforme a la normatividad vigente la Universidad Nacional y sus autoridades carecen de facultades legales para retirar o anular un título profesional a un egresado por el plagio de tesis, y sólo atinó a sostener que "este tipo de conducta es reprobable, una usurpación de ideas y talentos".

Graue Wiechers descartó encubrir este caso y al contrario subrayó que se analizan acciones sobre todo para corregir los vacíos legales para evitar casos similares en un futuro.

Pero es evidente que no ha existido voluntad por parte de las autoridades universitarias para sancionar como corresponde el actuar de la ministra, aunque tampoco podemos descartar que tras su tibieza para accionarse se encuentre una mano oculta jalando los hilos -como luego también se sabe actuar desde Palacio Nacional y Bucareli-, a fin de someter, coaccionar, amedrentar, amenazar, y perseguir, todo para que se cumpla su voluntad.

En la oficialía de partes de la UNAM, el pasado miércoles 18 de enero, antes de las 11:00 horas, se recibió un documento firmado por integrantes del Foro Plural Jalisco, al que pertenezco, en el cual presentamos a las puertas de la propia Máxima Casa de Estudios las herramientas a su alcance para proceder en contra de la ministra plagiaría, toda vez que existen claramente estamentados los dispositivos legales marcados en el arábigo 97, fracción III, del Estatuto General que rige a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y que no solo posibilitan sino que obligan a determinar la anulación de la tesis ilegalmente presentada y por ende anular el título correspondiente, dejándolo sin efectos, llegando a ser acreedor de responsabilidad administrativa y quizá hasta penal el propio abogado general de la Universidad Nacional e incluso el rector si son omisos en cumplir lo que la norma dicta.

Por otro lado, hay que destacar la tibieza para consignar el plagio y la falta de carácter para exigir la renuncia de Esquivel a nombre de quienes antes le otorgaron un título, ello constituye quizá lo más criticable de ese frágil argumento del rector Graue.

Cabe agregar que como parte de las acciones llevadas a cabo en la Ciudad de México por integrantes del Foro Plural Jalisco, también entregamos documentos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por los posibles delitos de falsedad de declaraciones ante autoridad ministerial y complicidad en posibles delitos cometidos por fedatario público, así como amenazas con señalamientos dolosos buscando incriminar a un tercero por parte de la ministra Esquivel.

En la Fiscalía General de la República (FGR) se hizo lo propio, en razón del carácter federal de la posible comitente de ilícitos así como por uso indebido de facultades y atribuciones.

Igualmente, presentamos peticiones en La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a efecto que por directriz de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, se instruya al Órgano Interno de Control el dictamen y se turne a resolución, en relación a la valoración para que se determine la remoción de La ministra Esquivel Mossa por carecer de requisitos constitucionales, ya que además del plagio, la señalada carece de la probidad y solvencia moral que representa una condición imperativa para ostentar su cargo.

En la Cámara de Diputados y en el Senado de La República, se entregaron sendas peticiones a efecto que en el ámbito de su competencia se exhorte a la ministra a que renuncie a su cargo y la solicitud al alto tribunal para que valore y determine la remoción, siendo acentuable la participación que tuvo el Poder Legislativo Federal en su designación.

En este contexto será fundamental que las instancias a las que acudimos cumplan a cabalidad su responsabilidad y no la evadan, dado que no solamente está en entredicho el prestigio de la UNAM y sus egresados y estudiantes sino lo mas grave, la certeza jurídica en nuestro país, toda vez que si se parte de que una ministra de la SCJN plagió su tesis de licenciatura; trató de inculpar al plagiado; le habría sembrado supuestas declaraciones notariales; lo calumnió; lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y fue capaz de involucrar a destacados y prestigiosos académicos para hacerlos cómplices de su mentira, en términos simples, tenemos que hablar de que no existe la probidad, se vulnera la certidumbre jurídica, se extingue el imperio de la ley y por ende el Estado de Derecho, y ello, lógicamente, genera un estado de indefensión respecto al marco jurídico y a la forma en que éste se aplicará y fiscalizará.

Un ordenamiento jurídico incapaz de brindar certeza termina, a la postre, impidiendo el desarrollo de diversas actividades por parte de los ciudadanos y genera una inconveniente y no deseable relación de desconfianza entre la ciudadanía y el Estado. Así de grave resulta que la ministra corrupta ocupe una silla en el más alto tribunal de justicia de México.

Salvador Cosío Gaona
(v.pág.2 El Informador del 21 de enero de 2023).

Jalisco es la entidad con más personas desaparecidas. Tras un análisis de la presente administración, 2022 fue el año con más fosas localizadas desde 2018, con un total de 41 tumbas clandestinas localizadas hasta noviembre pasado, de acuerdo con estadísticas de la Plataforma de Seguridad Jalisco, a cargo del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) y de la organización Jalisco Cómo Vamos. En tales puntos fueron encontrados los restos de 301 personas.

En su pasado informe en materia de seguridad, el gobernador de Jalisco evitó abundar sobre esta problemática, mencionando únicamente que si se tienen más fosas clandestinas "es porque las autoridades están buscando".

Al respecto, Jorge Ramírez Plascencia, investigador de la Universidad de Guadalajara y coordinador del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas, indica que existe un estancamiento en cuanto a las labores de las autoridades para evitar que esta situación aumente, exponiendo así las fallas de las estrategias emprendidas por las autoridades para detener la situación.

Explicó que en lugar de disminuir, las cifras van en aumento. Y es principalmente a las labores que emprenden las familias para buscarlos, así como la presión que hacen para que se les brinde apoyo para extraer a sus seres queridos una vez que se les localiza. "Esto demuestra que el Gobierno del Estado realmente no tiene interés en localizar cuerpos, si lo hubiera habría cifras a la baja. Hay un débil esfuerzo del Gobierno del Estado, tiene mucha resistencia a que se sigan localizando cuerpos".

En noviembre de 2020, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la federación dio a conocer que Jalisco tenía 2 de las fosas clandestinas con más víctimas exhumadas de todo el país, halladas en lo que va de la actual administración estatal de gobierno.

Con 171 víctimas, señaló una fosa clandestina hallada en la colonia El Mirador (aunque según los datos de la fiscalía estatal corresponden al menos 2 fosas encontradas en la misma colonia entre 2019 y 2020), seguida de la fosa clandestina de Los Sabinos, en El Salto, de donde se exhumaron los restos de 115 personas.

Desde enero del 2018 a noviembre de 2022 en Jalisco, la entidad con más personas desaparecidas del país, han sido exhumados los restos de al menos 1,872 víctimas de un total de 149 fosas clandestinas, de acuerdo con información de la Plataforma de Seguridad Jalisco, a cargo del IIEG y la organización Jalisco Cómo vamos.

Para Jorge Ramírez Plascencia, el Gobierno de Jalisco no debería cantar victoria al presumir la baja de homicidios sabiendo que existen todas estas víctimas que fueron asesinadas de manera violenta, pues también forman parte de la criminalidad que no ha sido contenida en la entidad, pese a que no se han determinado las causas por las cuales fueron ultimadas.

"También está el hecho de las mismas desapariciones, en las cuales se presupone que en muchos de los casos las víctimas ya fueron privadas de la vida, pero no se han localizado o no se ha logrado identificar sus cuerpos. Todo esto influye en la disminución de homicidios en las cifras oficiales".

Lo anterior se relaciona también con el número de restos humanos bajo resguardo del Servicio Médico Forense de la entidad ya que, de acelerar su identificación, podría ayudar a agilizar las investigaciones de por qué las víctimas fueron asesinadas, incluso podrían ayudar a disminuir el número de personas desaparecidas, pues no es sino hasta que se logra su identificación completa que una persona puede ser considerada como localizada, según lo establecen las leyes locales y federales.

Con un total de 654 cuerpos, comenzó a operar en octubre de 2019 el Registro de Personas Fallecidas Sin Identificar, a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, luego de los tráileres con cuerpos humanos que deambularon por la ciudad que destaparon la crisis forense vivida en Jalisco. Sin embargo, a poco más de 3 años la cifra se ha quintuplicado, llegando a tener, hasta el pasado 2 de enero, un total de 3,813 registros de personas fallecidas no identificadas por sus familiares a resguardo del Servicio Médico Forense.

Los registros contemplan a víctimas "completas" preidentificadas por sexo, vestimenta, tatuajes, cicatrices, edades aproximadas y, en algunos de los casos, hasta nombres probables, así como osamentas y restos humanos seccionados.

Del total de registros, 335 corresponden, preliminarmente, a mujeres, 2,934 registros corresponderían a víctimas hombres y en 543 registros no se pudo determinar el sexo.

Hay desde cuerpos de bebés recién nacidos, hasta personas adultas mayores. Y otros casos en los cuales no puede verificarse mayor información. Los registros datan desde el 19 de septiembre de 2018, aunque la plataforma señala que es posible que existan restos humanos con data previa a tal fecha.

Aunque especifica que se contempla sumarlos al micrositio, todavía se "está en proceso de consolidación", es decir, que es probable que existan víctimas que ni siquiera han sido registradas en él.

Pese a ser una propuesta del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas en 2022, Jalisco debía presentar el proyecto de la construcción de un Centro de Identificación Humana, el cual no fue iniciado sino hasta mayo del año pasado, con un presupuesto de 36 millones de pesos.

Se prevé que trabajen en el Centro de Identificación Humana aproximadamente 50 especialistas, quienes se encargan únicamente de la identificación de los restos humanos que resguarda el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a fin de dar celeridad a su reconocimiento para que sean devueltos a sus familias.

(V.pág.4 del periódico El Informador del 21 de enero de 2023).

Una vez más la justicia mexicana se hace desde Estados Unidos. Fue allá, en Nueva York, donde finalmente recluyeron, sin posibilidad de escape, a Joaquín Guzmán Loera; fue allá, en Los Ángeles, en 2007, donde juzgaron y condenaron al sacerdote mexicano Nicolás Aguilar por pederastia; fue también allá, en California, donde juzgaron y condenaron por abuso sexual al líder de la iglesia La Luz del Mundo, mientras en México jamás se abrió investigación alguna. Ahora es el ex secretario de Seguridad y ex zar antidrogas, Genaro García Luna, quien es juzgado en Nueva York y quizá gracias a ello nos enteremos un poco de lo que sucede en este país.

¿Por qué en México estas personas -salvo el escapista Guzmán- no fueron juzgadas o siquiera acusadas? Una parte de la respuesta habrá que buscarla sin duda en la debilidad de nuestro sistema judicial, desde la maltrecha procuración de justicia hasta el poroso sistema carcelario, pasando por supuesto por el poder judicial. La explicación de fondo hay que buscarla más allá, en el sistema de poderes fácticos de la sociedad mexicana, donde más que acceso a la justicia para todos lo que hay es acceso a la impunidad para algunos pocos. La justicia se ejerce con demostraciones de poder, no con juicios imparciales y garantías constitucionales. El poderoso en turno decide quién va a la cárcel: De la Madrid encerró a Díaz Serrano, Salinas a La Quina, Zedillo a Raúl Salinas, Fox sigue buscando peces gordos, Calderón permitió el montaje del caso Cassez-Vallarta, Peña Nieto encarceló a la maestra Gordillo y López Obrador a Rosario Robles. La "justicia" en México es un asunto político, vertical, casuístico y de pretendida ejemplaridad. Por lo mismo, la impunidad tiene que ver con el sistema político, con los llamados poderes fácticos.

Tuvieron que pasar muchos años para que la justicia mexicana se animara a tocar a un sacerdote de la Iglesia Católica. Pese a que las denuncias de abuso sexual y pederastia comenzaron a surgir desde finales del siglo pasado fue hasta 2018 que un sacerdote, Carlos López Valdés, fue sentenciado en México por ese delito. Marcial Maciel murió sin ser perseguido jamás por la justicia mexicana.

Las denuncias sobre abusos en la Iglesia La Luz del Mundo tienen años, por no decir generaciones; sin embargo, la instrumentalización política de los feligreses hizo que sus líderes fueran intocables e intocados en México, donde recibían loas de priistas, panistas, emecistas o morenistas. Poco antes de ser apresado por delitos sexuales, en México Naasón Joaquín era homenajeado en Bellas Artes con el apoyo de legisladores de Morena, exhibido como ejemplo de moralidad por Margarita Zavala y exaltado por Enrique Alfaro.

El denostado secretario de Seguridad, Genaro García Luna, es acusado un día sí y otro también en las mañaneras, pero no hay un solo caso en su contra en México. Si se hace justica será, como siempre, made in USA.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 19 de enero de 2023).

Salvador Cosío Gaona, Eduardo Almaguer y Jaime Robles Gómez, abogados del Foro Plural Jalisco, acudieron a la Ciudad de México para presentar denuncias penales contra la ministra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis de licenciatura.

Entregaron documentos ante la Fiscalía de Justicia de la capital del país por los posibles delitos de falsedad de declaraciones ante la autoridad ministerial y complicidad en posibles ilícitos cometidos por fedatario público, así como amenazas con señalamientos dolosos.

Además, presentaron denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) por uso indebido de facultades y atribuciones. También exigieron en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se resuelva la sanción contra Esquivel, tras haber confirmado el plagio.

Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitaron que se instruya al Órgano Interno de Control el dictamen y se turne a resolución, en relación a la valoración para que se determine la remoción de la ministra por carecer de los requisitos constitucionales, "ya que además del asunto inherente al título profesional, la señalada carece de la probidad y solvencia moral que representa una condición imperativa para ostentar su cargo".

En la Cámara de Diputados y en el Senado de la República dejaron peticiones para analizar y resolver el exhorto a la ministra para que renuncie.

Por otra parte, la UNAM despidió a Martha Rodríguez Ortiz, profesora que asesoró la tesis de Esquivel. Ella dijo que se defenderá ante esa decisión y buscará un amparo para mantenerse en su puesto.

El abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, refirió que esa casa de estudios no puede cancelar el título de licenciatura a la ministra Yasmín Esquivel debido a que no cuenta con la legislación sobre plagio o copia sustancial de una tesis, y negó que hayan enviado "la bolita" a la Secretaría de Educación Pública (SEP), como señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El abogado aclaró además que la UNAM, al no tener una normatividad que permita cancelar el título, lo que hizo fue remitir la documentación a la SEP sin determinar qué debía hacer, puesto que la universidad no puede exigir a una autoridad cómo pronunciarse.

Sánchez Castañeda reconoció que la SEP no puede cancelar el título, debido a que lo emitió la UNAM, pero "habría que preguntarse si la secretaría puede cancelar un registro de una cédula profesional".

El representante legal de la máxima casa de estudios del país insistió en que para poder resolver la cancelación de un título, se necesita tener validada la supuesta infracción y no lo está; se necesitaría también tener detallada la supuesta conducta indebida, y tampoco está.

"No se tiene, como dicen los abogados, tipificada, y no puedo yo como abogado hacer una interpretación analógica. Porque decir que 'se parece a y entonces se resuelve en tal sentido', no puedo hacerlo. Tampoco una interpretación extensiva de lo que establece la normatividad", expresó el abogado.

Investigadores, académicos, exalumnos y trabajadores de diversas escuelas, facultades e institutos de la UNAM exigieron a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario que invalide el título de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel.

"Exigimos que se cumplan los principios universitarios y se retire el título de Licenciada en Derecho que se obtuvo de manera delictiva a la señora Yasmín Esquivel de Riobóo, se investigue a todas las personas que intervinieron en este hecho y se les apliquen las sanciones universitarias correspondientes", expresaron.

Los 33 integrantes de la comunidad universitaria que hicieron la petición anotaron que en caso de no hacerlo, "se pone en riesgo la credibilidad de todos los títulos emitidos por nuestra alma máter".

(V.primera plana y pág.8 del periódico El Informador del 19 de enero de 2023).

Cuando la joven Jazz cometió aquella irregularidad en los años 80 jamás imaginó 2 cosas: que con el tiempo se iba a desarrollar un software capaz de identificar textos similares entre miles de escritos, y que el grupo político con el que logró los ascensos más importantes iba a cosechar muchos enemigos, sobre todo entre la prensa, ya que el líder se dedicaba a maltratarles y menospreciarles públicamente, y esos periodistas vivían a la caza de una pifia de su gente cercana.

Hoy aquel detalle de Jazz ha salido a la luz y ha provocado un auténtico desastre: ha sacudido terriblemente a las instituciones más honorables y con credibilidad del país: la Universidad Nacional Autónoma de México y la Suprema Corte de la Nación.

Pablo Latapí
(v.pág.4 del periódico El Informador del 19 de enero de 2023).

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la obligación de certificarse periódicamente para mantener la cédula profesional, el diputado de Hagamos Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Educación, sostuvo que los ministros le dieron la razón a quienes, como él, consideraban que la medida condicionaba el derecho al trabajo e invadía facultades del ámbito federal.

La 2a. Sala de la SCJN resolvió un amparo impulsado por una profesionista contra la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales, aprobada por el Congreso de Jalisco en 2015.

En la resolución se especifica que la ley estatal incide en las atribuciones de la federación, ya que los estados son competentes para regular la emisión de títulos profesionales, pero no para establecer o variar las exigencias para obtener o conservar las cédulas profesionales.

(V.periódico El Informador en línea del 19 de enero de 2023).

La UNAM dijo que la tesis sí es copiada, pero no tiene facultades para anular un título. La Secretaría de Educación Pública dice que la dependencia puede anular una cédula profesional, pero no un título porque ella no los expide, sólo los registra. En síntesis, en las leyes y reglamentos está muy claro qué se requiere para obtener y registrar un título profesional, para dar el grado de licenciado a un alumno que ha cumplido con todos los requisitos, pero no para quitarlo. No fue una ley hecha para tramposos, y la ministra Yasmín Esquivel lo sabe.

En este caso se podría aplicar fácilmente una de las frases favoritas del presidente López Obrador, "no me vengan con que la ley es la ley". Es cierto que no existe una ley para "deslicenciar" a un licenciado, pero la exhibición misma del plagio y las mentiras y manipulaciones posteriores bastarían para que la ministra Esquivel presentara su renuncia, incluso para que tanto sus pares como sus compañeros de lucha política le retiraran la confianza. No es así: la ministra seguirá, dijo, en su cargo hasta donde tope.

Son 2 los principales afectados con esta decisión de aferrarse a la silla de la señora Esquivel: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente López Obrador.

Dice la conseja popular que un grupo es tan bueno como el peor de sus integrantes, y la Corte acaba de dar un bajón enorme en su calificación. Solíamos decir que en la Corte el más chimuelo mascaba tuercas, que más allá de diferendos ideológicos todos eran grandes juristas que merecían respeto. La permanencia de Esquivel entre los 11 colegiados del más alto tribunal tendrá un costo para toda la Corte, no por la calidad de sus ponencias, que vamos a suponer que las hará bien merced a sus estudios posteriores y la buena formación y cantidad de asesores de los que dispone, sino por la sospecha de su calidad ética.

El 2o. gran afectado con esta decisión es el presidente López Obrador. Si bien en el corto plazo mantener a la ministra en su puesto significa una posición de fuerza, se trata de una victoria pírrica, pues lo que se pone en juego es la calidad moral de todo el proyecto que llegó con la bandera de "no somos iguales". Por supuesto que sería injusto, un abuso de importancia, colgarle a la ministra Esquivel todo el descrédito del gobierno lopezobradorista y la autodenominada 4a. Transformación. Hay muchos otros personajes que abonan a ello, comenzando por la familia del presidente, pero el escándalo de la ministra plagiaria es una de las abolladuras más importantes en la ya muy golpeada carrocería de la "honestidad valiente".

Lo que es común a los poderosos mexicanos es la renuencia a la renuncia, decía el gran Manuel Rodríguez Lapuente allá a finales del siglo XX. En eso tampoco hemos cambiado mucho.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 18 de enero de 2023).

Los gritos retumbaban por los túneles del Metro: "Hay que botar a la Guardia Nacional... fuera la Guardia Nacional del Metro... militarizar el Metro no es cuidar. Fuera Claudia... Metro popular", además de exigir justicia por Yaretzi, la joven que murió en el choque de trenes del sábado de la semana pasada.

El grupo de feministas, que iban encapuchadas, llegó a la estación Bellas Artes del Metro capitalino, en protesta también por el amplio despliegue de 6,000 oficiales de Guardia Nacional que por órdenes de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheiumbau, fueron apostados en las 195 estaciones de las 12 líneas que tiene el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), después de la serie de accidentes o incidentes (incidente es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes) que han sucedido en las últimas semanas.

A pesar de la presencia de los elementos de la Guardia Nacional (GN), las protestantes primero colocaron cinta adhesiva alrededor de los aparatos de lectura de las tarjetas de acceso, pintaron algunas leyendas en las paredes de la estación y rompieron algunos vidrios de la taquilla.

Posteriormente se dedicaron a destruir los torniquetes de entrada, mientras que con varilla y martillo arruinaron los sensores de los lectores de boletos. Fue la 1a. prueba de fuego al operativo de vigilancia. Y, ¿cuál fue la respuesta de la autoridad?

Actuaron con mucha mesura y gentileza, invitándole a retirarse y de manera paciente ver cómo el caos y destrucción crecía "sin meter las manos" prácticamente. Y por la única detención que hicieron, de un sujeto que con megáfono en mano arengaba a las manifestantes -que fuera identificado como Hendrik Ortega, quien supuestamente es dirigente del PRD México-, 2 agentes de la GN fueron suspendidos(?).

Es urgente que desde Palacio y pasando por el congreso se haga una evaluación y valoración de las asignaciones y responsabilidades de la Guardia Nacional, ubicándolos con la debida autoridad en los lugares donde es necesaria su presencia. Que no se les ponga de adorno como 'policías' -como sucedió en el Metro donde no actuaron ante el desorden provocado, además de la destrucción y daños en las vías de comunicación, que está debidamente tipificado- y que cumplan con el compromiso para el que fueron creados.

Daniel Rodríguez
(v.pág.3 del periódico El Informador del 15 de enero de 2023).

El Gobierno de Jalisco presume que en el estado han bajado los homicidios y los robos en la presente administración; sin embargo, 93% de los ilícitos cometidos no se denuncian, por lo que son parte de la llamada "cifra negra".

"Hace 2 meses caminaba por la calle Reforma en el Centro de Guadalajara. Cometí el error de distraerme viendo el celular y de pronto un motociclista me lo arrebató y se dio a la fuga en sentido contrario. Intenté seguirlo, pero se fue. Aunque me recomendaron denunciar, no se recupera nada y sólo se pierde tiempo", lamentó Ramón Suárez, quien labora en el Centro tapatío.

El afectado forma parte de la "cifra negra", que es conformada por los delitos que no se denunciaron o los que sí se reportaron ante el Ministerio Público, pero no derivaron en una carpeta de investigación.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, elaborada por el Inegi, el porcentaje de la "cifra negra" es el más alto en Jalisco desde el año 2016.

La población no denuncia por miedo a que las autoridades los extorsionen, por pérdida de tiempo o por trámites largos y difíciles. Anuar García, presidente de la organización México SOS en Jalisco, subraya que la autoridad provoca que las víctimas no denuncien. "Falta personal para procesar las denuncias y reducir los tiempos de espera".

Entre los motivos que explican la ausencia de denuncias, el 57.8% de las víctimas dijo que no presentó querella por causas atribuibles a la autoridad, entre las que se incluyen, miedo a que lo extorsionen, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad y por actitud hostil de la autoridad. El 41.7% de las víctimas no denunció por otras causas, como tener miedo al agresor, delito de poca importancia, no tener pruebas, entre otros.

"Te desincentivan para no presentar denuncias; dentro de la misma Fiscalía hay un área de delitos no judicializables, es decir que ni siquiera son contabilizados como denuncias porque desde su punto de vista no tendrían porqué investigarlos y no se consideran", comentó Anuar García Gutiérrez.

El especialista añadió que otros factores que influyen a que no se presenten denuncias son la falta de personal para procesarlas y los tiempos de espera.

La ENVIPE refiere que, del total de delitos denunciados en Jalisco, en el 9.7% de los casos se dedicó menos de una hora en denunciar ante el Ministerio Público; en el 36.4% de los casos, la denuncia duró de una a 2 horas; 21.1% de las denuncias duraron de 3 a 4 horas en el trámite y el 29.2% duró más de 4 horas.

Destaca que el porcentaje de las denuncias que duraron más de 4 horas tuvo un aumento de 14.9 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, según el estudio.

Por rangos de edad, considerando a la población con 18 años o más, el grupo de personas con un mayor porcentaje de víctimas de algún delito fue el que tenía entre 30-39 años (31.7%), seguido de 20-29 años (31.0%) y 18-19 años (27.1%). Por sexo de la víctima, los hombres de 20-29 años registraron el mayor porcentaje de víctimas de algún delito (35.0%).

Prisión preventiva en faltas menores

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) limitó su aplicación, la prisión preventiva oficiosa se sigue empleando en Jalisco para los delitos menores.

Por el robo de un autoestéreo, un juez vinculó a proceso y dictó un año de prisión preventiva oficiosa en contra de Juan Pablo R., que fue detenido en diciembre pasado por policías de Guadalajara, tras ser sorprendido intentando robar el equipo de sonido de un automóvil estacionado en calles de la colonia Americana.

En otro caso donde se aplicó la prisión preventiva, un juez de control determinó esta medida en contra de Jesús David S., quien le prendió fuego al árbol de navidad colocado en el andador 20 de noviembre de Zapopan. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de enero, de acuerdo a las investigaciones, policías municipales que circulaban por la zona vieron que Jesús David S. le prendió fuego al árbol de navidad de entre 10 a 12 metros que se encontraba instalado sobre la explanada del centro, por lo que los policías lo detuvieron y le aseguraron un encendedor.

La prisión preventiva oficiosa es el recurso legal con el que se puede encarcelar a las personas inculpadas por un crimen grave sin un juicio y sin sentencia.

La prisión preventiva justificada es una medida cautelar en la que con una serie de evidencias se puede concluir que, efectivamente, la libertad del imputado implicaría un riesgo para la procuración e impartición de justicia.

(V.primera plana y pág.6 del periódico El Informador del 15 de enero de 2023).

De manera abierta y reiterada, Morena tiene una estrategia, por ahora contenida al Estado de México, donde emprende litigios estratégicos para censurar a la prensa y coartar la libertad de expresión. Lo que está haciendo es acusar a periodistas de violencia de género, para que se dicten medidas cautelares y eliminen sus críticas y blindar que juicios sobre el actuar público, no con el sexo de la persona, sean retomados por más comunicadores. Hasta ahora sus intenciones han sido frenadas, pero nada está escrito en los próximos meses, porque el laboratorio de pruebas de facto de Morena en el Estado de México, si empieza a tener éxito, se extenderá a las elecciones presidenciales y federales en 2024.

El 1er. botón para hacer escarmentar a periodistas y medio se apretó en 2021, cuando Leonardo Kurchenko y quien esto escribe, fueron denunciados por violencia política de género por Michelle Núñez, en ese entonces candidata de Morena a la alcaldía de Valle de Bravo, luego de que publicaron que la candidata de la alianza opositora, Sudykey Rodríguez, había sido privada de su libertad por La Familia Michoacana para intimidarla y forzarla a abandonar la contienda electoral. Rodríguez se escondió y prácticamente dejó de hacer campaña, con lo cual dejó el camino abierto a Núñez.

El Instituto Electoral mexiquense dio entrada a la queja y comenzó un litigio en tribunales, donde los periodistas argumentaron que los planteamientos en sus columnas no se originaban en un tema de género, sino en su actuar público. Las columnas no sugerían un prejuicio contra las mujeres, sino analizaban la forma como el crimen organizado estaba actuando de una forma que en los hechos beneficiaba a Morena. Quien esto escribe apeló y ganó el caso; Kourchenko sigue peleando en tribunales.

El año pasado apretaron el 2o. botón. Decenas de legisladoras de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentaron una queja y solicitaron medidas cautelares en contra de 2 periodistas, Denise Dresser y quien esto escribe, alegando que habían cometido actos de violencia de género en contra de Delfina Gómez, precandidata al Gobierno del Estado de México. El Instituto Electoral mexiquense ordenó la eliminación de todos los comentarios escritos en las diversas plataformas, y abstenerse de volver a referirse a Gómez como una delincuente electoral.

Los señalamientos se sustentaban en que Gómez, cuando fue alcaldesa de Texcoco en 2015, retuvo un porcentaje del salario de trabajadores municipales, y que los más de 2 millones de pesos que les quitaron de manera no voluntaria se usaron para financiar campañas de Morena. En enero del año pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) multó a Morena por financiamiento ilegal, pero no lo hizo con Gómez, porque pese a que ella había cometido el delito, no había sido beneficiada en lo individual.

Dresser promovió un juicio donde argumentó que las autoridades electorales mexiquenses hicieron un análisis indebido sobre la violencia política en razón de género, porque sus comentarios no fueron discriminatorios ni contenían estereotipos por el hecho de ser mujer. Las medidas cautelares para que se abstuvieran de difundir contenidos similares sobre Gómez, alegó, constituían una censura previa e infringían el derecho a difundir información plural, por lo que eran ilegales. Finalmente, dijo, la resolución de la autoridad producía un efecto inhibidor, inhabilitando la participación ciudadana en el debate político.

La Sala Superior del TEPJF revocó la resolución de los órganos electorales mexiquenses, pero sólo lo aplicó a favor de ella, por lo que se dejaron firmes las medidas cautelares para los demás denunciados. Quien esto escribe nunca recibió la notificación de la queja, pero sus abogados recomendaron presentar de cualquier forma un juicio electoral, donde además de retomar los argumentos de Dresser, se pidió que se reconociera el derecho de acceso a la justicia a quienes no se encuentran inmersos en la contienda electoral, como los periodistas, y que se pronunciara sobre el uso de las denuncias contra periodistas y comunicadores como mecanismos para inhibir la libre expresión de ideas en torno a los procesos electorales.

El último día del año pasado, la Sala Superior del TEPJF revocó las resoluciones de los órganos electorales mexiquenses porque no se acreditaba en la queja la violencia de género en contra de Gómez. Sin embargo, al igual que en la sentencia de Dresser, no se pronunciaron sobre el recurso para inhibir la libertad de ideas, ni hubo una resolución genérica.

Las resoluciones en el TEPJF tienen un sabor agridulce. Aunque en lo particular los periodistas ganaron sus casos, la amenaza permanece no sólo en un grupo, como los comunicadores, sino de cualquier persona en general, por la falta de una resolución que proteja a quienes sean denunciados en casos similares. Pero también dejan completamente desprotegidos a quienes no tengan una asesoría oportuna ni acceso a la justicia o recursos para defenderse. Sus resoluciones dejan puertas abiertas dentro del sistema legal para que se sigan esas prácticas inhibitorias.

El uso de las leyes para acallar a la prensa no es un caso único en México. Por ejemplo, en el contexto de la guerra en Ucrania, varios oligarcas rusos demandaron a una periodista del Financial Times por revelar detalles de sus relaciones con el presidente Vladimir Putin. 31 estados en la Unión Americana tienen leyes que protegen a medios y periodistas de las demandas "SLAPP" -litigios estratégicos contra la participación pública-. Canadá y Australia aprobaron leyes similares y la Unión Europea va por ese camino. En México estamos retrasados, aunque los intentos para alterar y modificar los contenidos en los medios y acallar la libertad de prensa avanza rápidamente.

Leyes, con Morena controlando las mayorías en las cámaras, no habrá. La libertad de expresión en procesos electorales está en las manos del TEPJF, que en las próximas denuncias de violencia de género tendrá la oportunidad, desperdiciada hasta ahora, de emitir resoluciones generales e integrales, que impidan litigios estratégicos emprendidos por los poderosos, como estamos empezando a ver de manera peligrosamente regular.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.3 del periódico El Informador del 13 de enero de 2023).

Me parece de enorme relevancia el que los abogados analicemos deontológica y jurídicamente la gravísima situación por la que atraviesa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos ante muy severos cuestionamientos sobre la conducta de una, de sólo 11 ministras y ministros que integran el máximo órgano de justicia del país, ni más ni menos. No puede haber un mayor honor para un abogado interesado en la carrera judicial que ser llamado a servir a México desde la Suprema Corte. Ello exige velar por el prestigio que debe caracterizar a la cúspide del Poder Judicial.

Es esencial que cada uno de los ministros observen una conducta ejemplar que sirva de modelo a seguir para magistrados, jueces, abogados y estudiantes de Derecho. De ese modo la sociedad puede tener confianza y reconocer a la institución. Y es que la confianza en la Suprema Corte, así como su credibilidad, derivan en buena medida de la forma de conducirse de ese selecto grupo que la integra.

A raíz de que hubo quiénes hurgaron en el pasado de la ministra, al grado de remontarse a sus épocas de recién egresada de la carrera de Derecho, se conoció del ahora ya constatado plagio de su tesis profesional de licenciatura. Todo apunta a que le buscaron hasta encontrar ese arroz negro que empaña su posición de ministra. Ese pecado en su juventud lamentablemente para ella será recordado por encima de su trayectoria profesional y académica en las demás etapas de su vida. Es obvio también, que esa búsqueda de algo que afectara a la ministra no se hizo para velar por la dignidad de la Corte, sino que tuvo otras finalidades que perseguían poder perjudicarla, lo que también me parece una bajeza, aunque lo más relevante es sin duda, la forma fuera de toda ética con la que la ministra Esquivel se ha conducido.

Partiendo de lo anterior, he de decir que en mi opinión los abogados tenemos el deber de fijar una postura ante hechos como los que acontecen hoy. Para ello, lo correcto es despolitizar el análisis y concentrarnos en las consecuencias que tiene para el sistema de justicia mexicano lo que ha venido sucediendo en torno la Ministra Yazmín Esquivel Mossa.

Entrando al tema de las conductas de la ministra, para mí lo más grave fue cómo pretendió atajar el problema. Ya no como joven recién egresada, sino como ministra de la Suprema Corte en funciones, optó por presentar denuncia penal en la Fiscalía de la Ciudad de México asumiéndose como víctima del plagio de su tesis profesional.

El que haya presentado denuncia penal es gravísimo en mi opinión. Lo es, porque denota una falta de técnica jurídica alarmante. Y es que no existe delito alguno de la competencia de dicha Fiscalía y mucho menos en la codificación penal de la Ciudad de México que resulta aplicable. Imputar como delito el plagio de una tesis profesional ante dicha autoridad ministerial es absurdo, pero denota que privilegió el gestar una campaña mediática por encima del Derecho. Se quiso defender bajo la premisa de que tan era cierto que le plagiaron su tesis, que incluso lo denunció ante el Ministerio Público capitalino. No le importó el que no hubiere delito que perseguir desde un punto de vista técnico. Así no debe comportarse ningún ministro de la Suprema Corte.

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México hizo un pronunciamiento en el sentido de que esa conducta estaba prescrita, al haberse cometido tantos años atrás. Eso, es otro disparate que denota una postura también aberrante. Lo anterior es así, ya que para estudiar la prescripción es indispensable hacerlo a la luz de determinado delito y su penalidad. En el caso concreto no hay delito alguno que pueda subsumirse en tipo penal de la codificación sustantiva, por lo que mucho menos pueda efectuarse cómputo de la prescripción. La Fiscalía debió de inmediato pronunciarse en el sentido de que la denuncia presentada no era de su competencia al ser evidente que los hechos denunciados son atípicos. No lo hizo y ello abonó a que la ministra siguiera usando esa denuncia en su defensa pública.

El que la ministra Esquivel haya presentado esa denuncia penal es posiblemente más grave -cuando menos en mi opinión-, que aquello que hizo en su juventud al plagiar una tesis en aras de eludir su obligación académica, faltando a la ética de la manera más tramposa.

Digo que presentar esa denuncia es más grave, ya que imputó a otra persona (que resultó siendo el que realmente hizo su trabajo de tesis), el haberla plagiado. Es decir, acusó ante el Ministerio Público y difamó públicamente a un inocente.

Esa conducta es ilegal y puede ser constitutiva de delito.

ARTÍCULO 312 del Código Penal de la Ciudad de México: "A quien con el propósito de inculpar o exculpar a alguien indebidamente en un procedimiento penal, ante el Ministerio Público o ante la autoridad judicial, declare falsamente en calidad de testigo o como denunciante, además de la multa a que se refiere el 1er. párrafo del artículo 311, será sancionado con pena de 3 a 7 años de prisión si el delito materia de la averiguación previa, la investigación o del proceso no es grave. Si el delito es grave, se impondrá de 5 a 10 años de prisión".

Después tuvo la desvergüenza de comparecer en el Pleno de la Suprema Corte y hacer una defensa de su integridad aduciendo falsamente no haber plagiado su tesis de licenciatura.

Por si ello fuese poco, difundió falsamente el que supuestamente el abogado al que ella le plagió su tesis, había declarado ante notario público que era él quien lo había hecho.

En suma, las conductas de la C. Yazmín Esquivel de hoy atentan con la ética y el Derecho de una manera más grave y dramática que aquellas de la Yazmín Esquivel estudiante, al plagiar una tesis para hacerla suya y, con ello, haberle puesto un clavo desde entonces al ataúd en el que descansará su credibilidad como abogada.

Le falló al presidente que la propuso, le falló a la comunidad jurídica, le falló a su alma mater (la que por cierto ya puso al desnudo su conducta indebida de plagio), le falló a México.

Lo único que le resta, es renunciar a su cargo. No hacerlo la sigue empañando cada día más y afecta los valores que deben privar en la administración de justicia.

Es grato eso sí, ver cómo las agrupaciones más importantes de abogados en México han fijado su postura públicamente en el sentido de exigir la renuncia de la hasta hoy ministra.

De seguir aferrada a su cargo lastima nuestra profesión y lesiona la institución más importante de administración de justicia en México. Es momento de renunciar al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Marco del Toro
(v.periódico El Informador en línea del 13 de enero de 2023).

El año pasado, Andrés Manuel López Obrador reconoció que las bases de datos del Ejército fueron vulneradas por atacantes cibernéticos. En la presente administración federal se han presentado 15 iniciativas en el Congreso de la Unión para endurecer las sanciones contra estos delincuentes, pero todas están en la congeladora ante el desinterés de diputados y senadores.

Los hackeos, delitos informáticos o ciberdelitos van desde el robo de datos e información a personas, empresas e instituciones públicas, como el perpetrado contra la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también incluyen casos de extorsión, acoso digital y sexual.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública no incluye estos delitos en los reportes mensuales que publica e incluso son omitidos en los informes de las conferencias de López Obrador. Sin embargo, la Dirección Científica de la Guardia Nacional publicó un estudio donde se revela que los delitos cibernéticos denunciados en México mantienen una tendencia alcista y se han duplicado en los últimos 6 años.

Por ejemplo, mientras que en el año 2015 se denunciaron 6,393 ilícitos de este tipo, para el 2020 se dispararon a 15,016 ilícitos cometidos por vía digital, según la estadística.

Luego del hackeo masivo del grupo Guacamaya al Ejército Mexicano, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que se alista la aprobación de reformas para prevenir y sancionar estos delitos. Los senadores mantienen 12 iniciativas atoradas, mientras que los diputados federales ignoran 3. Sin embargo, los expertos coinciden en que es necesaria una ley federal de ciberseguridad.

Un análisis del Comité de Asuntos Regulatorios del Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad advierte que algunas de las iniciativas presentan vacíos en las definiciones y tipificación de delitos, así como diferencias en cuanto a la infraestructura institucional necesaria para garantizar la seguridad del ciberespacio.

Contar con una agencia nacional de ciberseguridad y elaborar una sola estrategia federal en la materia son acciones que México requiere ante la alta incidencia de este tipo de delitos, planteó Juan Manuel Aguilar Antonio, integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.

El especialista calificó como alarmante que el gobierno no tenga una estrategia clara de ciberseguridad para proteger las infraestructuras nacionales claves para el país.

Lamentó que actualmente, en materia de ciberseguridad y combate a ciberdelitos, el país carece de una estrategia digital nacional y hay poca o nula información sobre cómo operan las organizaciones criminales a través de las tecnologías de la información. Según un artículo publicado en el portal Insight Organized Crime in the Americas, México reporta altos índices de incidencia en delitos tales como el robo de información, hackeo, sabotaje y pornografía infantil.

(V.pág.5 del periódico El Informador del 13 de enero de 2023).

El doctor en Derecho Rubén Ortega Montes, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aseveró que el caso del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz no se puede dar como resuelto hasta que haya detenidos y sentencias a los responsables. Sostuvo que las posturas respecto a que ya se resolvió buscan engañar.

"Tenemos una persona que fue privada de la vida, pero no está identificado con nombre y apellido la persona que lo privó de la vida. Lo que hicieron es como si en todos los homicidios dictaran una orden de aprehensión contra 'N.N.' y decir que con eso están resueltos. El asunto quedará resuelto cuando se dicte una orden de condena, en donde se probó la participación de una persona identificada plenamente con las pruebas que demuestren que es responsable del homicidio", dijo.

El académico consideró que los anuncios de la Fiscalía estatal han sido sólo para salir del paso ante la falta de resultados.

(V.pág.5 del periódico El Informador del 10 de enero de 2023).

La prisión preventiva es una de las grandes aberraciones de nuestro sistema de justicia. 4 de cada 10 presos, más de 92,000 personas en este país, están recluidas sin que se les haya demostrado que son culpables, la mayoría de ellos por delitos menores.

El abuso de la prisión preventiva termina, invariablemente, convirtiéndose en un arma política. Lo vimos con Rosario Robles, que pudo perfectamente llevar su proceso en libertad, pero alguien decidió castigarla no por los delitos que presuntamente había cometido sino porque así lo quería el señor Presidente. La semana pasada, en una decisión absolutamente arbitraria, 3 jóvenes, entre ellos el ex presidente de la FEU, Javier Armenta, recibieron prisión preventiva por una protesta contra la venta de un predio municipal.

En la mayoría de las protestas se violan reglamentos y leyes. Desde las más simples normas de vialidad y bloqueo del libre tránsito, pasando por daño a monumentos históricos y a propiedades públicas y privadas. En el mundo ideal quisiéramos que las protestas se hicieran sin causar afectación alguna, pero eso no existe. Quienes hoy gobiernan, en el país y en el estado, algún día fueron oposición, protestaron por alguna causa, y muy probablemente afectaron derechos y bienes públicos o privados.

Como cualquier afectado, las empresas propietarias de Iconia tienen todo el derecho a demandar y, si se demuestra que sufrieron daños, exigir que les paguen por ello. Los jóvenes tienen todo el derecho a exigir que el ayuntamiento demuestre la legalidad de los convenios y transparente absolutamente todo lo relacionado con la enajenación de un predio público. Más allá del litigio, la empresa nada gana mandando a prisión a 3 jóvenes; esa es una decisión política que no tiene que ver con la administración de justicia. Es un golpe de autoridad -en realidad de autoritarismo- del gobernador Alfaro en su lucha contra el grupo político de la UdeG.

Tan cierto es que el grupo de control de la universidad instrumentalizó a los estudiantes para generar un problema al gobierno de Alfaro invadiendo el predio de Iconia, como que el gobernador hizo lo propio con el poder judicial, con una gran diferencia: mientras la protesta estudiantil, por más molesta que sea, fue pacífica, dictar prisión preventiva oficiosa a los estudiantes es claramente un acto de represión y abuso de poder.

Si de verdad el Gobierno del Estado no tiene nada que ver con la abusiva resolución del juez Rivera Gallegos, debería ser el principal interesado en que las aguas vuelvan al cauce y que los jóvenes sigan su proceso en libertad. Sin embargo, todo parece indicar que no es así, que el gobierno de Alfaro, en su lucha más personal que institucional contra Raúl Padilla, está dispuesto a ir más allá.

Diego Petersen Farah
(v.pág.2 del periódico El Informador del 9 de enero de 2023).

Enrique Alfaro como alcalde tapatío pidió que Guadalajara volteara hacia la Barranca. Ahora como gobernador logró que todos, a nivel local y nacional, volteemos hacia la Barranca, pero por el caso de los 3 estudiantes presos: Javier Armenta, José Alexis Joras e Iván Ilich Vladimir.

Hay 2 visiones del conflicto. La 1a., que defenderá el gobierno de Alfaro, plantea que los estudiantes ocuparon durante 144 días un predio privado al que bautizaron Parque Resistencia Huentitán. Allí pernoctaron, impartieron talleres didácticos y clases de baile a la comunidad para exigir un parque público en vez de un negocio inmobiliario.

Por eso los dueños del predio, Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Rivera Deluxe, demandaron a los 3 jóvenes por el delito de despojo de inmuebles. Suena razonable, ¿no? Yo no puedo ocupar el terreno frente a mi casa, en donde construyen un desarrollo vertical, para exigir allí un parque público. Si lo hago, me demandan y me desalojan.

Pero el predio en disputa no es cualquier terreno. Corresponde a las 13.6 hectáreas, ubicadas en Periférico y Calzada Independencia, que compró en 1980 el ayuntamiento tras un decreto del gobierno estatal para construir allí un gran parque público. Por alguna razón, nunca se construyó.

En 2008, el panista Alfonso Petersen pactó con la empresa española Mecano el proyecto Puerta Guadalajara y cedió el terreno a cambio de una inversión en infraestructura urbana y vivienda por 65.5 millones de dólares (688 MDP según la paridad cambiaria de 10.5 pesos por dólar).

La empresa incumplió con las obras sin que la sancionaran. Al contrario, Francisco Ayón, alcalde interino de Guadalajara, avaló en 2012 un nuevo convenio entregado ahora a Operadora Hotelera Salamanca y rebautizado como Iconia. La compañía volvió a incumplir sin que el siguiente alcalde, el priista Ramiro Hernández, hiciera nada.

Finalmente en 2016 Enrique Alfaro como alcalde renegoció el proyecto y la inversión en obras urbanísticas por los mismos 688 MDP sin considerar que la paridad cambiaria había subido a 18.5 pesos por dólar, por lo que la inversión debía ser del doble.

Y sí, otra vez, la empresa incumplió. En 15 años, los desarrolladores han librado cualquier sanción y multas millonarias. Si estimamos que el metro cuadrado en ese predio ronda los 12,000 pesos, sólo el valor del terreno supera los 1,200 MDP, el doble de lo que "pagarán" Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe, las compañías impunes que demandaron a los estudiantes por invadir "su propiedad".

Por eso la protesta de los 3 estudiantes es una acción legítima en defensa de lo público. Su condición sería de presos políticos, pues el juez que les dictó prisión preventiva, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, es un ex diputado panista -partido subordinado al emecismo- cuya esposa María Cristina Estrada Domínguez, ex regidora tapatía así como funcionaria emecista de Guadalajara, está denunciada por los 3 estudiantes ante la Fiscalía Anticorrupción por las anomalías del proyecto Iconia. Este martes el juzgador ratificará o retirará esa medida cautelar desproporcionada a la luz de esta subordinación al ejecutivo y en claro conflicto de interés.

Por eso este episodio trasciende la pugna política UdeG-Alfaro. En el fondo se libra la gran batalla del futuro para esta ciudad: la disputa por el territorio y el espacio público ante los intereses y negocios inmobiliarios con la complicidad del poder público. El desarrollismo y la "neocolonización" de Guadalajara a través de la usura y la corrupción política, y el uso de las instituciones para consolidar esa conquista mercantil de la polis. Por tanto, este asunto compete a la esfera pública y está lejos de ser, como sostiene la narrativa oficial, un pleito entre particulares.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 9 de enero de 2023).

A 7 días de iniciado el 2023, hay 109,743 personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Búsqueda, con corte al 7 de enero.

Sobre este tema, ONU Mujeres señala que "las desapariciones forzadas en México constituyen una de las principales violaciones contra los derechos humanos", y enfatiza que el 25% de las personas desaparecidas son mujeres. Este organismo hizo su corte en noviembre de 2022.

Asimismo, reconoce el esfuerzo de colectivas y organizaciones, ya que "aparecen ejemplos de resiliencia, madres buscadoras que se organizan en sus comunidades para defender el derecho de las y los desaparecidos a ser buscados y que luchan por el derecho a la verdad y a la justicia de cada uno de los casos".

La Comisión Nacional de Búsqueda tiene registradas a 27,409 mujeres desaparecidas y no localizadas a nivel nacional, mientras que 81,593 son hombres desaparecidos.

(V.periódico El Informador en línea del 7 de enero de 2023).

Porcentajes de impunidad por delito.

En Jalisco predomina la impunidad en la impartición de justicia y existen bajos niveles de eficiencia, de acuerdo con el informe "Hallazgos 2021. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México", elaborado por la organización México Evalúa.

Según el estudio presentado, el estado registró 95.4% de impunidad. El documento detalla que revisaron la falta de atención, investigación y resolución de los casos conocidos por la autoridad, ya sea porque no se ha logrado un acuerdo reparatorio, no derivaron en alguna salida anticipada o porque se encuentran sin sentencia.

En comparación con la revisión de un año anterior, el nivel de impunidad en el estado subió, ya que en el estudio Hallazgos 2020 se reportó que quedaban sin castigo 94.5 de cada 100 delitos.

Jalisco es el 7o. lugar nacional con mayor nivel de impunidad. En contraparte, Yucatán, Baja California, Chiapas, Michoacán y Guanajuato; tienen los mejores niveles de eficiencia. La media nacional de impunidad se ubicó en 91.8%, por lo que el estado rebasa ese promedio.

México Evalúa realizó un apartado de impunidad por delito: en materia de homicidio doloso Jalisco tuvo 99.7% de casos sin resolver, en feminicidio fue de 96.4% y por desapariciones llegó al 100%.

"Cada delito presenta particularidades en las formas de conclusión posibles y efectivas desde una óptica del sistema penal acusatorio, y bajo la comprensión de que la justicia no se reduce al castigo. El objetivo principal de estas mediciones es contar con una fotografía más clara sobre la respuesta del sistema", se expone en el documento.

Por 2o. año consecutivo el estado se quedó con 517 de los 1,100 puntos posibles en la revisión que valora el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal (SJP) que realiza el estudio elaborado por la organización México Evalúa.

En el análisis del funcionamiento del SJP, Jalisco se ubicó en el lugar 15 por detrás de Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Estado de México. Es el mismo puntaje registrado en la anterior evaluación, Jalisco no ha podido mejorar en la materia a pesar de haber reportado un incremento de 181% en la asignación de presupuesto para las dependencias encargadas, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía estatal y Defensorías Públicas.

"

La mayoría de los sistemas de justicia locales carecen de coordinación técnica entre los entes que los componen", comentó Edna Jaime Treviño presidenta de México Evalúa.

Añadió que esa falta de coordinación genera que la persecución penal no priorice los delitos graves como feminicidio, homicidio doloso y secuestro. Destacó que se requiere dotar de personal y herramientas a las dependencias, sin dejar de lado la coordinación.

Durante el año pasado al Sistema de Justicia Estatal ingresaron más de 124,000 asuntos de los cuales solamente se concluyeron alrededor de 23,000, lo que representa apenas el 18.5%; reportó el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

"En 2021, en Jalisco se reportaron 124,429 asuntos ingresados y 23,040 asuntos concluidos por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en todas las materias", refiere el reporte.

Detalla que 32.9% de los asuntos ingresados fueron en materia mercantil y el 31.3% en materia familiar, mientras que el 9.3% corresponden a causas penales. Sobresale que poco más de la mitad de los asuntos concluidos son de materia civil con 54% y el 25% del rubro de lo familiar. En materia penal el nivel de conclusión llegó a sólo 3.

El censo del INEGI precisa que en Jalisco se registraron 12,677 víctimas en causas penales ingresadas en primera instancia durante 2021. El estado se ubicó en el 8o. lugar a nivel nacional en número de víctimas registradas; Nuevo León fue la entidad con el mayor registro, ya que ahí se contabilizaron 25,124 víctimas.

En materia de presupuesto ejercido por el Poder Judicial, el año pasado, Jalisco ocupó el 6o. lugar nacional con 1,772 millones de pesos etiquetados en las labores de administración de justicia. Las entidades con mayor gasto fueron la Ciudad de México; Estado de México y Chihuahua. La nómina de personal reportada a nivel estatal fue de 2,410 trabajadores, entre los que están 271 jueces de los órganos jurisdiccionales.

(V.pág.5 del periódico El Informador del 5 de enero de 2023).

En un México, el Gobierno de Jalisco informa que los homicidios bajaron 22% según arbitrarias comparaciones estadísticas y extraños criterios para clasificar la muerte, y ese mismo día, en el otro México... amanecen calcinados 2 cuerpos en Lagos de Moreno, en un tiroteo la policía abate a 3 presuntos criminales en ese municipio, más tarde como represalia asesinan a 2 vástagos de una comandante, y en la madrugada se escuchan ráfagas ocasionales y un helicóptero sobrevuela el pueblo casi toda la noche. Todo el mismo día.

En un México, el Gobierno de Jalisco culpa a Zacatecas de la desaparición de 4 ocotlenses (¿colotlenses?). Y Aldo Marín, secretario de Seguridad zacatecano, lo califica como un "problemilla", así en poquito. En el otro México, decenas de jaliscienses exigen seguridad en la zona limítrofe. Entonces ambos gobiernos prometen "reforzar" el patrullaje, como tantas veces anteriores, que podríamos hablar ya del delito de "seguridad reforzada" cuando una autoridad promete que solucionará los altos índices criminales en una región sin que nada ocurra.

En un México, el gobierno y la oposición debaten sobre la independencia judicial que acapara toda la discusión pública. El juego político de unos y otros secuestra la opinión pública por días enteros.

¿Cuál independencia judicial? Si con un operativo criminal, un comando a bordo de furgonetas blindadas liberó a 30 presos de alta peligrosidad, la mayoría sentenciados por delitos graves, y que los jueces ordenaron recluir.

¿Cuál independencia judicial? Si al escritorio de los juzgadores en México sólo llega 1 de cada 10 casos de homicidio porque en el resto simplemente no hay indicios ni avances ni detenidos para juzgar.

¿Cuál independencia judicial? Si ante uno de los flagelos más dolorosos en México, las desapariciones, los jueces han emitido apenas 36 sentencias por este delito en todo el país.

Jonathan Lomelí
(v.pág.2 del periódico El Informador del 4 de enero de 2023).

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México y precandidata prima a la candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum, se ha puesto en medio no sólo de un escándalo, sino del ridículo. Apenas el lunes, al salir en defensa de la ministra Yasmín Esquivel por las acusaciones y críticas por el plagio de su licenciatura, legitimó la resolución de la Fiscalía capitalina que concluía que no había copiado "ni en partes ni en su totalidad" la tesis de licenciatura de Édgar Ulises Báez Gutiérrez. Un día después de esa declaración y 48 horas más tarde de haberse difundido el dictamen, la Fiscalía negó tener conocimiento del documento. ¿Qué sucedió? La única respuesta concebible en este momento es que Sheinbaum y su equipo son muy incompetentes.

La nueva posición de la Fiscalía la deja muy mal parada. La resolución fue resultado de una denuncia de hechos de la ministra Esquivel el 24 de diciembre, por lo cual se abrió la carpeta de investigación, la CIEC/ACI/UI-2C/D/00647/12-2022. El documento, publicado inicialmente por El Universal el domingo, tiene fecha del 30 de diciembre, y en cada una de sus 15 páginas están los sellos de la Fiscalía, que pudo deslindarse desde ese día, pero no lo hizo y Sheinbaum menos. La ministra Esquivel, incluso, mencionó la resolución en un discurso el lunes en la Suprema Corte de Justicia.

¡Qué desastre! Ni Sheinbaum, ni la fiscal Ernestina Godoy, ayudan en nada a Esquivel, sino al contrario, la hunden más en su pantano. La Fiscalía informó este martes que la investigación seguía abierta pero, como lo concluía la resolución, el presunto delito de plagio ya prescribió, por lo que se determinó el no ejercicio de la acción penal. Es decir, lo fundamental en el documento que desconoció, lo ratificó, y lo único que desmiente es que Esquivel hubiera sido víctima de plagio. Según El Universal, esto se debió a que fueron tantas las críticas a la Fiscalía por su resolución, que Godoy quiere "lavarse las manos".

Pero aun así no la libra. La Fiscalía desconoce el documento, pero no lo denuncia. Si Godoy no sabía de su existencia, debió haber abierto otra carpeta de investigación ante la posibilidad de una falsificación de documentos oficiales, porque si está diciendo la verdad, también es omisa a resolver un delito grave, dejando un precedente de impunidad, pues si es posible falsificar algo de tan alto impacto, se puede inventar lo que sea.

Su omisión toca los linderos de su responsabilidad como funcionaria y acaricia los límites de la ilegalidad. Godoy está metida en problemas, y cualquiera que sea la verdad, la coloca en un terreno muy resbaladizo por esto y porque el documento que reconoce implícitamente que es oficial, pero que personalmente desconoce, es una regadera:

1.- La Fiscalía era incompetente para conocer los hechos denunciados. El ministerio público capitalino podría haber actuado dentro del margen de la ley solamente si se hubieran afectado intereses de orden particular, lo que no es el caso, pues como establece el artículo 145 de la Ley Federal de Derechos de Autor -donde se ven los plagios- la competencia es de los tribunales federales. Es decir, no debió haber iniciado una carpeta de investigación.

2.- La Fiscalía señaló que el presunto plagio había prescrito, pero aun así abrió la carpeta de investigación. Según el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público podía abstenerse de investigar cuando los antecedentes permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad del imputado. Pero en contra de los artículos 128 y 129 del mismo código, que obliga a la lealtad, objetividad y debida diligencia, fue omiso al no emitir un acuerdo de abstención de investigar, e inició una carpeta que raya en la ilegalidad.

3.- La carpeta se inició, integró y determinó en seis días, en donde se tomó como base para resolverla el testimonio de la directora de tesis de Esquivel y Báez Gutiérrez, Martha Rodríguez Ortiz, que presentó una hoja supuestamente firmada por el abogado donde reconocía haber tomado parte de la tesis de la ministra -publicada más de un año después de la suya-, que apareció en el buzón de la correspondencia de su casa el 27 de diciembre, mismo día que hizo su declaración en la Fiscalía, otorgándole valor probatorio a sus palabras, pese a que ha sido evidente su parcialidad a favor de la acusada de plagio. En cambio, no se tomó la declaración de Báez Gutiérrez.

4.- La resolución incluyó una fe de hechos realizada por el notario Amado Mastachi Aguario el 29 de diciembre, presentada por Rodríguez Ortiz, en donde se añade una nueva carta de Báez Gutiérrez en los mismo términos del escrito que apareció en el buzón de la profesora.

5.- El mismo día que la ministra presentó su denuncia y se abrió la investigación, la Fiscalía integró un dictamen en informática forense de la perito Verónica Rojas Hernández, que sólo permite conocer las fechas en que fueron subidos los archivos a la plataforma de tesis profesionales, pero no para saber cuándo fueron creados los originales o si fueron alterados. La Fiscalía integró otro dictamen del maestro Ubaldo Martínez Eslava, que incurre en las mismas inconsistencias.

Godoy tiene razones para estar preocupada, pero Sheinbaum todavía más, por su calidad de precandidata presidencial. Aunque se manejan como si la Fiscalía fuera autónoma, no lo es, como quedó demostrado en anteriores ocasiones, cuando trabajó coludida con la Fiscalía General de la República, o conforme a los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo sucedido en los 2 últimos días muestra la falta de control por parte de Sheinbaum y su incapacidad y la de su fiscal en la tarea que, o hicieron unilateralmente o les ordenaron de Palacio Nacional: blindar a Esquivel. La defensa que hicieron de la ministra pinta a la jefa de Gobierno y a Godoy como ineptas, que quisieron reírse de todos y al final quedaron en una situación peripatética.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4 del periódico El Informador del 4 de enero de 2023).

Los ministros eligieron bien y por varias razones. No escogieron a un personaje protagónico para presidir la Suprema Corte de Justicia. Norma Piña ha trabajado de manera discreta desde su elección a la Corte en 2015. Ayer, al darse a conocer su nombramiento, no tenía cuenta en Twitter, aunque de inmediato alguien creó una falsa que empezó a llenarse de seguidores.

La nueva ministra presidenta viene de la carrera judicial. Lo aplaudo. Si bien es correcto que algunos juristas lleguen a la Corte procedentes de otros campos, como el académico, el creciente predominio en el máximo tribunal de nuestro país de juristas sin experiencia en el Poder Judicial es un error que solo ha servido para politizar la Corte. Es inaceptable tener ministros cuya única virtud es ser leales al jefe del ejecutivo.

También me parece positivo que la ministra presidenta haya mostrado en la Corte una trayectoria independiente y liberal donde realmente importa, en los votos, no en los discursos. La ministra Piña votó a favor de detener la militarización de la seguridad pública, del uso recreativo de la marihuana, de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, de la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica y de la despenalización del aborto en Coahuila.

¿Y qué pienso de que sea mujer? Celebro que haya terminado el monopolio masculino en la presidencia de la Corte, pero no estoy a favor de las cuotas para nadie. Me parece loable, en cambio, que la ministra Piña haya tenido méritos para alcanzar la presidencia sin consideración especial por ser mujer. Fue la mejor opción, en opinión de sus pares, sin importar su sexo.

¿Qué viene ahora? Tiempos muy complicados para la Corte. El presidente ha prometido no atacar a los ministros, pero ya uno, Eduardo Medina Mora, se vio obligado a renunciar cuando se anunció una investigación financiera en su contra, la cual fue retirada una vez que el gobierno consiguió la renuncia que buscaba. (Cuando Medina Mora fue nombrado ministro yo cuestioné su designación porque consideré que su principal mérito era su cercanía con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto). A pesar de su promesa, sin embargo, el presidente ha lanzado ataques contra el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aunque sin nombrarlo, por el "delito" de ser el más rico de la Corte, sin preocuparse por aclarar si la presunta fortuna es bien habida o no. En varias ocasiones, además, López Obrador ha cuestionado la honestidad de los ministros que toman decisiones contrarias a sus deseos.

La verdad es que el presidente quiere una Corte obediente y por eso impulsó, hasta grados que cayeron en la más patente falta de ética, la candidatura de la ministra Yasmín Esquivel, a pesar de que ya hay una virtual certeza de que plagió su tesis de licenciatura y que después mintió en varias ocasiones para ocultarlo. El que la ministra Esquivel haya obtenido 2 votos en la 1a. vuelta, uno de ella y el otro presumiblemente de Loretta Ortiz Ahlf, es señal del daño que le hace a la Corte la presencia de ministros que en lugar de buscar el respeto a la ley representan al gobierno.

Los ministros, sin embargo, actuaron ayer con juicio y ética al escoger a una presidenta independiente y liberal. Espero que la ministra presidenta Piña tenga un excelente desempeño en el máximo tribunal de nuestro país. Nos hace falta. En un México en que el gobierno pretende mandar al diablo las instituciones, el que tengamos una Corte que defiende su autonomía, como lo hizo ayer, es una magnífica señal.

Si queremos ver cómo la procuración de justicia se ha politizado, ahí está la decisión de la Fiscalía de la CDMX que en solo 6 días determinó, contra toda evidencia, que Édgar Ulises Báez Gutiérrez plagió la tesis de Yasmín Esquivel presentada un año después. Ni siquiera se molestó en tomar la declaración de Báez.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 3 de enero de 2023).

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Fecha de última actualización: 17 de marzo de 2024.

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