¿Estado de Derecho?

El Derecho y la Justicia de José Clemente Orozco.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución... y las leyes que de ella emanen... y si así no lo hiciere que la nación me lo demande."

Juramento presidencial, artículo 87 de la Constitución.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público...
Artículo 9o. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En el laberinto de las leyes, el individuo aislado sólo puede defender sus derechos si sale al encuentro de las pretensiones burocráticas totalistas del estado incorporado a una de las organizaciones establecidas con esta finalidad."
"El hombre tiene valor sólo como miembro de una asociación, ahora bien, como ha indicado Theodor Eschyenburg, estas asociaciones se convierten cada vez más en un estado dentro de otro estado. Las guía el impulso de llegar a apoderarse de los puestos clave del aparato estatal."

Hermann Glaser, "Introducción a la Cultura Contemporánea".

"Los costos de no observar las leyes son siempre mayores que los de hacerlas cumplir."

Rosendo Fraga, Centro de Estudios de la Nueva Mayoría, Buenos Aires.

"Sólo los estados fuertes son capaces de establecer un marco de derechos individuales efectivos. Cuando el estado es incapaz de hacerlos cumplir, las garantías de las personas se convierten en buenos deseos consignados en libros decorativos llamados constituciones."

José Antonio Aguilar Rivera, en su ensayo "La soga y la razón".

"Conforme al modelo teórico del Estado de Derecho en que está organizado nuestro país, las autoridades quedan facultadas para hacer lo que la ley les permite; en sentido contrario, no pueden realizar aquello para lo que no están expresamente creadas."

Alberto Espinosa

"Somos esclavos de las leyes para poder ser libres."

Marco Tulio Cicerón

"Todo delito no castigado engendra una familia de delitos."

Marcela Gómez Zalce

"La ley, sin la fuerza, es impotente."

Blaise Pascal

"(A México), para no decir una palabra muy fea, le falta voluntad masculina para hacer cumplir sus propias leyes."

Jeffrey Davidow, exembajador de Estados Unidos en México

"Los norteamericanos son libres de no estar de acuerdo con la ley, pero no de desobedecerla; porque en un gobierno de ley, y no de los hombres, ninguno, por importante y poderoso que sea, ni ninguna chusma, por más ingobernable y alborotadora, tiene derecho a desafiar a un tribunal de ley."

John F.Kennedy

"Es una ilusión creer que podemos para siempre reclamar para nosotros lo que le negamos a los demás."

Bill Clinton, expresidente estadounidense

"Hasta que se respeten la Constitución, las leyes y el estado de derecho, podrá ser México un país pacífico y próspero."

Ana María Salazar Slack, académica del ITAM

"México sufre un mal endémico e histórico, las instituciones y los medios que están a disposición del estado mexicano han sido insuficientes para hacer valer el estado de derecho."

Ernesto Zedillo, expresidente mexicano (1994-2000)

"La fuerza cuyo empleo autoriza la ley, no es violencia."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Para Tomás Hobbes (1588-1679), su utilidad como protector de la vida y la propiedad de los ciudadanos es la razón de ser y justificación última del estado. Sin la fuerza estatal, el hombre no tendría más remedio que vivir en el 'estado de naturaleza', cuyas características centrales son la violencia generalizada y la imposibilidad de la vida civilizada. Por eso, la autoridad que falla en su obligación de proveer seguridad pierde su razón de ser."
"El enfoque hobbsiano es descarnado, pero no es fácil argumentar en contra de la propuesta que ve en la fuerza la esencia del estado. Max Weber (1864-1920) lo enunció así: 'el estado es la asociación que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia y no puede ser definido de ninguna otra forma'. Ahora bien la formulación anterior no evita que dentro de cada estructura estatal existan actores que niegan legitimidad al orden existente y proponen un discurso alternativo, como ocurre con los revolucionarios. En contraste, la delincuencia común desde siempre ha retado al estado y a la sociedad, pero sin justificar de manera teórica su desafío; el criminal simplemente se dedica a lo suyo y listo."

Lorenzo Meyer

"Después de la batalla por la ley, viene la batalla porque se cumpla. Lasciate oggni speranza. Al parecer hemos entrado a los linderos de La Cosa mexicana, donde por un lado se tienen leyes buenas o malas, según se vea, y por el otro esas leyes se cumplen o no, según se quiera."

Héctor Aguilar Camín

"En todas partes escuchamos pronunciamientos de respeto a la Constitución. La verdad es que solamente nos hemos dedicado a honrarla, no a cumplirla."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Las leyes en este país están hechas para ser atropelladas, para ser aplicadas sólo si así conviene a la clase gobernante."

Genaro Lozano, académico del ITAM y de la UIA

"Vivimos en pleno Estado de Derecho. Resígnate: si no tienes mucho dinero para conseguirte un buen abogado, o si no eres alto funcionario, te va a ir mal. Resígnate: la ley es dura, pero está tarifada."

Carlos Monsiváis

"¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo dormirá la justicia en nuestro país? Decía Almafuerte: no pidas nada, pero si vas a pedir, pide justicia, aunque sería mejor que no pidieras nada."

Germán Dehesa

"Corre, ve y dile al politicastro de turno que te consiga un empleo, que te quite el hambre y que le dé de comer a tus hijos y te darás cuenta de que el texto constitucional está plagado de publicidades muy engañosas."

Román Revueltas Retes

"Los mexicanos no creen en la ley porque con frecuencia es utilizada para favorecer al poderoso. Es una tragedia porque no hay democracia posible sin legalidad. Pero esa es una perniciosa herencia de abuso que duerme en las capas más profundas del alma nacional (Paz dixit)."

Federico Berrueto

"Una de las principales deudas que tiene el Estado Mexicano con sus ciudadanos, es la de una verdadera justicia, que les de certidumbre jurídica, tanto en su patrimonio, como en la propia convivencia social."

Eduardo Medina Mora, procurador general de la República

"Rayito dice que éste es el país de los 'ricos y poderosos'. Pues no. Es el paraíso de las pandillas."

Román Revueltas Retes

"México es un país a la medida de chantajistas de todo pelaje."

Román Revueltas Retes

"Una revisión al sistema que imparte la justicia no estaría de más, porque todos sabemos que siempre se emite el fallo a favor del que más tiene."

Martha González Escobar, divulgadora científica de la Universidad de Guadalajara

"El que hace la ley hace la trampa."

Eduardo García Máynez

"El estado de derecho no existe en México desde tiempos ya casi inmemoriales."

Pablo Gómez, senador perredista

"Muchos somos buenos para exigir nuestros derechos, pero pocas veces aceptamos nuestras obligaciones."

Juan Pablo Ferreira Santillán, agente de tránsito de Guadalajara

"Los problemas no se resuelven por el solo hecho de aprobar una ley. Cuando hacemos de la ley un símbolo y objeto de irracionales esperanzas, estamos convirtiendo el derecho en brujería."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"El estado de derecho es el Talón de Aquiles de México."

Ernesto Zedillo, expresidente de México

"Es tal la exasperación ciudadana en nuestro país por el engaño y la ineficacia de la autoridad en el combate a la delincuencia organizada, que más que un sistema de justicia, la opinión pública parece apelar a un sistema de venganzas."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Todo el mundo conoce o ha oído hablar de la majestad de la ley. Está dentro del poder del estado el controlar a la organización política que permite la existencia de la civilización. Eso es cierto. Sin el imperio de la ley todos estaríamos perdidos. Pero recuerden siempre que la ley también está llena de mierda. Yo puedo esquivar cualquier ley que ustedes promulguen. Se puede retorcer la ley, deformarla, para servir a una civilización corrompida. El rico puede escapar a la ley y, a veces, hasta el pobre tiene suerte en ello. Algunos abogados tratan la ley como los chulos tratan a sus mujeres. Los jueces venden la ley, y los tribunales la traicionan. Todo eso es cierto. Pero no disponemos de nada que funcione mejor. No existe otra forma de establecer un contrato social con nuestros semejantes."

Mario Puzo, "La cuarta K"

"La tarea más importante del estado es cumplir y hacer cumplir la ley. Es lo primero a lo que nos comprometemos los gobernantes. Y en esto el gobierno federal es absolutamente claro, hacer cumplir la ley sólo por la vía de la ley misma que es la fuente de toda legitimidad."

Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México

"El derecho no es una disciplina moral, sino una máquina que permite el funcionamiento de la sociedad."

Mario Puzo, "La cuarta K"

"Se abusa constantemente de la ley, según intereses personales o de grupo, incluidos partidos políticos y poderes públicos."

Jesús Vergara Aceves

"En México, todo y todos tienen un precio."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Sobre 3 pilares fundamentales se finca la vida pública de una nación: justicia, libertad y democracia. En los 2 últimos renglones hemos logrado avances importantes -aún nos falta mucho por conseguir en ambos-, pero en lo tocante a la justicia nuestro reloj va muy atrasado."

Armando Fuentes Aguirre "Catón"

"En este país no hay justicia."

Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara

"No habrá avance de la cultura de la civilidad, mientras la cultura de la ilegalidad se mantenga en la impunidad casi absoluta. Esa falta de penalización es, a final de cuentas, el origen de las mafias que ahora azotan al país."

Jaime Barrera Rodríguez

"Crímenes sin castigo son los que desbordan el vaso cuando el tejido sociopolítico se ha desgastado por la impunidad y laxitud frente a la delincuencia."

Raymundo Riva Palacio

"Muchas más personas harían negocios en México si la propiedad privada estuviera garantizada por un estado de derecho sólido."

Carlos Mota

"Cuando se prohibió la circulación de camiones con doble remolque, los transportistas bautizaron a los remolques como semirremolques, de manera que 2 semirremolques hacían un remolque. De esa forma se cumplen las leyes y reglamentos en los Estados Unidos de la Palabra."

El webmaster

"No cabe duda de que México pasa por una crisis de corrupción del sistema de justicia, crisis que no sería tan perniciosa de no ser por el poder de incidencia de traficantes de influencias y 'líderes morales', que se han erigido en jueces sin nombramiento para perpetuar injusticias."

Lydia Cacho

"De la necesidad a la ley apenas media un brevísimo paso, y la más expedita justicia, lo sabemos desde Caín, es la que hacemos con nuestras propias manos."

José Saramago

"Hemos vivido durante siglos con la herencia católica del perdón. Una cultura que con confesarse y arrepentimiento es suficiente para borrar cualquier pecado, circunstancia que nos condena a un estado de derecho inexistente. Un Estado que no castiga al que viola las leyes envía un mensaje de que se puede infringir cualquier norma sin consecuencia alguna."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Tan pronto como los hombres saben que pueden matar sin miedo al castigo o culpa, matan."

Simone Weil

"Cuanto más corrupta una sociedad, más numerosas sus leyes."

Edward Paul Abbey

"Sólo un Estado más fuerte que el crimen, aunque sea cometiendo excesos, puede abatir y someter la actividad delincuencial. Indeseable realidad."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Qué lejana ha quedado la aspiración del General Calles de que México pasara de la condición de 'país de caudillos y caciques a la más civilizada condición de país de instituciones y de leyes'."

Javier Hurtado

"El exceso de leyes corrompe la República"

Tácito

"En nuestro sistema judicial, culpable es aquél que no tiene dinero para costear su inocencia."

Flavio Romero de Velasco

"En este horrible lugar/ donde reina la tristeza/ no se castiga el delito/ se castiga la pobreza."

Letrero que estaba en el viejo penal de Escobedo

"Tiene más poder el que hace la ley y el que puede reformar la Constitución que el que simplemente se compromete a hacerla cumplir. La Corte sufre mucho cuando ve que una ley es injusta. Existe sistema para oponerse a las leyes inconstitucionales; pero no a las leyes injustas."

Juventino Castro y Castro

"Lo que los hombres valoran más en este mundo no son los derechos sino los privilegios."

H.L.Mencken

"No es la libertad la que libera, sino la ley."

Henri Lacordaire

"Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte."

Platón

"Un hombre de Estado pasa la mitad de su vida haciendo leyes y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas."

Noel Clarasó

"Las autoridades están acostumbrando a la ciudadanía a un hacer lo que a nadie beneficia y es: sin manifestación no hay escucha, mucho menos solución. Lo que querría decir que para que un problema tenga la atención de las autoridades, no basta con exponerlo por escrito, tampoco con solicitar audiencia, se requiere hacer expresiones públicas, manifestaciones que, otra vez, lastiman la convivencialidad, pero sin las que las autoridades, omisas en el cumplimiento de sus responsabilidades, no escuchan."

Lourdes Bueno

"Cuando la corrupción se vuelve normal, es la muerte de la confianza de los ciudadanos en el Estado."

Leoluca Orlando, alcalde de Palermo

"En los últimos tiempos a los mexicanos se nos ha nublado la razón y nos hemos puesto peligrosamente contra ella. Por un lado vivimos e intentamos desarrollarnos al margen de la ley, o con las leyes de la selva, y por otro lado el instinto nos dice que debemos cambiar, que tendremos más oportunidades de salir adelante haciendo valer el Estado de Derecho."

Ricardo Elías, arquitecto y empresario

"Hay un lugar común que es parte del ideario mexicano: la ley es letra muerta."

Roberto Medina

"Aterra la casi total incompetencia de la autoridad para investigar, dar con las causas, descubrir a los culpables, encontrarlos, enjuiciarlos y hacerlos cumplir la penalidad que la ley (letra muerta, de ordinario) establece."

Jaime García Elías

"En el México de hoy no siempre deben ganar quienes se movilizan y protestan por el simple hecho de hacerlo."

Emilio Gamboa Patrón, senador priista

"El respeto al estado de derecho y a la constitución y un sistema de justicia funcional es uno de los pilares que explica el poderío de los Estados Unidos. Esta es todavía una lección que se está aprendiendo en México."

Ana María Salazar Slack

"Un Estado donde quedan impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina en el abismo."

Sófocles

"En los tensos días del movimiento estudiantil de 1968, el presidente Díaz Ordaz dijo: 'Preferimos conservar la libertad que solamente se puede mantener con el orden. La libertad es como el alimento: no se puede vivir sin ella, y el orden es como el aire: sin él, el cuerpo social perece'."
"Siempre he sostenido que orden no quiere decir represión. Los han pretendido hacer sinónimos los profesionales del libertinaje que tienen una inconsciente proclividad al anarquismo. Desde la época de los griegos, al orden se le percibía como armonía, afinidad de las partes dentro del todo, como simetría estructural."

Flavio Romero de Velasco

"Si acaso doblaras la vara de la justicia, que no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia."

Don Quijote a Sancho Panza instruyéndolo para gobernar la Insula Barataria

"Las leyes deben ser pocas, pragmáticas y que se cumplan."

Don Quijote a Sancho Panza instruyéndolo para gobernar la Insula Barataria

"Por favor, ya no hagan más leyes, basta con que apliquen en serio las existentes y abatan de una vez por todas la impunidad imperante."

Armando González Escoto

"El ciudadano se sigue preguntando dónde puede demandar a los funcionarios que incumplieron su 'protesta' de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, se pitorrearon de las leyes... y le vieron, en fin, la 'p' en la frente."

Jaime García Elías

"A México le hacen falta 3 cosas: Estado de derecho, Estado de derecho y Estado de derecho."

Ernesto Zedillo, expresidente de México

"Las antiguas colonias españolas en América, vivieron inmersas en la herencia de la doctrina católica del perdón. Una cultura que con sólo confesarse y arrepentirse es más que suficiente para borrar cualquier culpa. Con ello, la sociedad queda condenada a un estado de derecho inexistente. Un régimen que no castiga cuando se violan las leyes, envía un mensaje negativo: puede infringirse cualquier norma, a sabiendas que los mandatos legales son letra muerta."

Flavio Romero de Velasco

"México no será un estado de derecho mientras siga viviendo en estado de corrupción."

Armando Fuentes Aguirre "Catón"

"La reforma económica que México más necesita es la del verdadero cumplimiento de la ley... en la medida en que los secuestros, las extorsiones y la violencia se reduzcan, la inversión y el turismo fluirán de manera abundante."

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México (Los retos que enfrentamos, Ed.Debate)

"Las leyes son telarañas por las que pasan las moscas grandes y las pequeñas se atrapan."

Honoré de Balzac

"Pueblo que lincha, que arremete y humilla no es pueblo iracundo que pelea por sus derechos: es una turba incontrolada, es una masa enardecida."
"Entre pueblo y masa, entre comunidad y turba, hay una distancia parecida a la que separa a la bestia del hombre. Cualquier grupo humano por más culto y refinado que sea, puede volver a la bestialidad si las condiciones son propicias para ello. La bestialidad en el hombre siempre está al acecho dispuesta a surgir en cualquier momento, porque el animal-ancestro, está inscrito en nuestra condición humana."

Flavio Romero de Velasco

"Si el encargado de hacer valer la ley siempre por medio de la violencia legítima no cumple con su cometido, entonces el resultado no puede ser otro que la corrupción, la impunidad y el auge del crimen."

Guillermo Barba

"Las leyes en España son vistas como formas de violencia comparables a cualquier otra coacción ilegal: quien las transgrede considera que sus motivos personales son tan válidos como los acuerdos colectivos de quienes pretenden hacerlas cumplir (...). En su imaginación se están enfrentando retrospectivamente a Franco, a Hitler (...), con la ventaja de que su audaz batalla (...) puede salirles hasta gratis, con un poco de suerte y una ayudadita de los bienpensantes..."

Fernando Savater

"El Estado de Derecho es lo único que podría rescatar a México. Pero el fin de la impunidad es también el principio del fin de un sistema al que esta clase política debe su existencia y su reproducción."

Jorge Zepeda Patterson

"Nada destruye más el respeto por el gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución."

Albert Einstein

"Es más que complejo crear, desarrollar y mantener instituciones en sociedades habituadas al escepticismo. O en las que los ciudadanos actúan como si el cúmulo de derechos que consideran que les corresponde va siempre adelante y por encima de obligaciones que consideran no tener."

Marco Provencio

"La sabiduría comienza cuando uno reconoce que lo mejor que puede hacer es elegir bajo qué reglas quiere vivir. Es una imbecilidad persistente y agravada pretender que uno puede vivir sin reglas."

Wallace Stegner

"Los derechos individuales no están sujetos al voto público; una mayoría no tiene derecho a votar la derogación de los derechos de una minoría."

Ayn Rand

"Corrupción, simulación e ineptitud son el ADN del 'combate al delito' y la 'administración de la justicia' en México."

Jaime García Elías

"Quizá la ley no pueda hacer que alguien me ame, pero puede impedir que me linche, y eso para mí es bastante importante."

Martin Luther King, Jr.

"Sin un sistema de justicia eficiente todo lo demás puede salir sobrando, comenzando por el respeto a los derechos individuales."

Jorge Fernández Menéndez

"Siempre he pensado que el germen de los peores delitos y atrocidades se encuentra en las pequeñas, cotidianas violaciones a las normas elementales de convivencia."

Francisco Ortiz Pinchetti

"La verdadera libertad requiere del Estado de Derecho y la Justicia, y un sistema judicial en que los derechos de unos no se aseguren con la negación de los derechos de otros."

Jonathan Sacks


Llueve igual a diario
sobre el justo y el injusto,
aunque más le llueve al justo,
pues el injusto tiene del justo su paraguas.

Copla inglesa citada por George Orwell



Links relacionados con el tema:

Led Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C.


Al señalar que 62 jueces orales fueron designados de manera irregular pues no cumplían con uno o varios de los requisitos establecidos, abogados pertenecientes a varios colegios demandaron al Consejo de la Judicatura que estos fueran destituidos. Según dijeron, fueron nombrados para cumplir cuotas, por amiguismos o por ser familiares de integrantes del poder judicial.

"Los jueces que incumplieron con los requisitos que establece la Constitución y la Ley Orgánica fueron designados mediante un acto de corrupción, y si su nombramiento nace por corrupción, su función está corrupta y todo lo que desempeñe", declaró Martín Márquez Carpio, presidente de la Comisión de Análisis Social y Política del Colegio Luis Manuel Rojas.

Los abogados presentaron una lista de 62 jueces quienes carecían de uno o más requisitos para ser nombrados, como no contar con cédula profesional expedida por la Dirección de Profesiones del Estado con una antigüedad de más de 5 años; no contar con una edad mínima de 27 años al momento de su nombramiento; y hasta no contar con carrera judicial.

Algunos de ellos, señalaron, no acreditaron conocimientos en la especialidad del nuevo sistema de justicia, y otros más reprobaron el examen psicológico y de coeficiente intelectual. Pese a ello, fueron nombrados.

"Existe duda y sospecha de tráfico de influencias, porque entre estos nombramientos irregulares de jueces se beneficia a hijos de magistrados, parientes del secretario de Gobierno del Estado, de diputados, partidos políticos y de la Universidad de Guadalajara", advirtió Juan Martínez Álvarez, presidente del Colegio Luis Manuel Rojas.

"¿Cómo queremos tener buenos jueces si toleramos jueces ilegales que cometen delitos para llegar a su cargo, que declaran con falsedad, que mienten ante el órgano que los designa ante el Consejo de la Judicatura? Si mienten le están mintiendo a la sociedad, a la ley y al justiciable. ¿Qué tipo de justicia esperamos? Pues una justicia mala", insistió Márquez Carpio.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 8 de diciembre de 2016).

Es ridículo que tengamos una ley restrictiva que cree que impide hacer política a los políticos, pero en fin, es la ley y hay que cumplirla o cambiarla. Los poderosos, por supuesto, no la cumplen: por cada restricción para su aparición en medios de comunicación hay un mercado negro en expansión.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 7 de diciembre de 2016).

Esta mañana el asalto a un autobús en Tlalnepantla, Estado de México, fue frustrado por un sujeto quién hirió a un delincuente cerca de las 6:45 de la mañana.

La unidad de pasajeros se dirigía a Tenayuca, zona de la Esmeralda.

Mientras el ladrón hacia uso de la fuerza pegándole un cachazo en la cabeza a una mujer, fue sorprendido por el "justiciero", quien sacó un arma de fuego y le disparó, lesionándolo en el abdomen.

Al lugar llegaron paramedicos de la Cruz Roja Mexicana para atender a los heridos, la señora y el delincuente, el cual fue trasladado al hospital de Tlalnepantla.

El "salvador" escapó del lugar y el conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente.

(V.periódico Excélsior en línea del 7 de diciembre de 2016).

Una pasajera de la ruta 622 enfrentó a un hombre que asaltaba a un chofer de ese servicio de transporte y logró ahuyentarlo, según muestra un video de las cámaras de seguridad de la unidad que fue difundido por la empresa.

El video de casi 3 minutos, que la ruta compartió el sábado 3 de diciembre aunque la imagen del video muestra la fecha 25 de noviembre, muestra a un hombre en sudadera blanca, con la cara medio cubierta, que se acerca hasta el chofer mientras conduce la unidad y, al parecer con una navaja en la mano, le exige que le entregue el dinero.

Antes de que la unidad se detenga, una señora, que al parecer viaja con un niño, se acerca poco a poco hasta el ladrón y el chofer y, tras preguntar al conductor si todo está bien, se hace de palabras con el hombre.

Tras un intercambio de palabras, otra pasajera pide la parada y, cuando el camión se detiene, el ladrón forcejea brevemente con la primera señora y escapa a pie. Todavía la mujer le propone al chofer que persiga al ladrón, para detenerlo.

Las autoridades estatales recomiendan en forma permanente no enfrentar a ladrones en sucesos como éste; por el contrario, señalan que el pasajero debe mantener la calma, tratar de tomar en cuenta alguna característica del agresor (sin exponerse) y presentar una denuncia formal tan pronto sea posible, en las instalaciones de la Fiscalía Central: Calle 14 de la Zona Industrial de Guadalajara.

(V.periódico El Informador en línea del 5 de diciembre de 2016).

Pobladores de San Francisco del Mar, Oaxaca le arrebataron un hombre acusado de secuestro a las autoridades municipales, para lincharlo y posteriormente dejarlo colgado en el marco de una puerta.

De acuerdo con los reportes policiales sobre el hecho, el hombre fue señalado como responsable de intentar secuestrar a una adolescente de 15 años, por lo cual, policías municipales realizaron su captura en un retén carretero, cuando este intentaba huir a bordo de una camioneta van color blanca.

No obstante, durante la mañana del sábado un grupo de pobladores enardecidos, irrumpió en las oficinas de la Sindicatura Municipal con la finalidad de tomar al supuesto plagiario para tundirlo a golpes y después dejarlo muerto colgando, sin que los policías pudieran contener la situación.

Sobre estos hechos, el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, José Raymundo Tuñón Jauregi indicó que se han girado las instrucciones pertinentes para hacer valer el Estado de Derecho en el poblado perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec.

Cabe mencionar que el occiso se encontraba utilizando la camioneta de su trabajo, en la que transportaba medicamentos de patente.

(V.periódico Excélsior en línea del 4 de diciembre de 2016).

Mototaxistas del poblado Palomares bloquean la carretera Transístmica, en la zona norte del Istmo, mientras que campesinos del municipio de Jalapa del Marqués cerraron el paso vehicular sobre la carretera Panamericana.

Los mototaxistas de Palomares, perteneciente al municipio de Matías Romero, demandaron que funcionarios de la Secretaría de Vialidad y Transportes de Oaxaca dejen sin efecto la entrega de 7 concesiones otorgadas sin que mediara un estudio de factibilidad.

Mientras que en Jalapa del Marqués, campesinos de esa población bloquearon la carretera Panamericana 190, justo en la desviación que comunica con la presa "Benito Juárez" e impidieron el paso vehicular hacia la capital oaxaqueña.

Los campesinos reclaman que su dirigente comunal, Gumersindo Ortiz, les entregue los recursos económicos que la Comisión Federal de Electricidad pagó por las afectaciones y uso de tierras comunales para el tendido de sus líneas.

(V.periódico El Informador en línea del 28 de noviembre de 2016).

Hay 2 puntos de vista: Los que defienden a los comerciantes, pues, dicen, tienen derecho a ganarse el pan y a trabajar en la vía pública, y los que consideran que nadie, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho a apropiarse de lo que es de todos: el espacio público. Yo soy de estos últimos. Si bien estoy de acuerdo que todo mundo tiene derecho a trabajar también creo que todos debemos respetar el espacio público. Y cuando digo todos es todos, no sólo los comerciantes ambulantes.

El problema al que se está enfrentando la administración de Enrique Alfaro es justamente que no se trata con la misma vara a unos y a otros. Lo que no se permite a los comerciantes ambulantes se tolera para otros. Valgan 3 ejemplos.

Cuando se hace una obra, sobre todo los edificios de varios pisos, los constructores se apropian de las banquetas y muchas veces incluso de un carril completo de las vialidades y nadie los molesta. Si bien las obras son temporales, en algunas ocasiones estas duran más de un año. Si el ayuntamiento quiere ser parejo debe obligar a los constructores a construir pasos peatonales seguros (así se hace en muchas ciudades del mundo) y a no obstruir la vialidad en horas pico.

Otro caso común es la apropiación de áreas de sesión. Hay un sinnúmero de cotos (la gran mayoría en Zapopan y Tlajomulco, pero en Guadalajara también los hay) cuyas áreas de sesión al ayuntamiento quedaron dentro de los muros negando el acceso a un espacio que por definición es público. En esos casos el ayuntamiento está obligado a levantar las plumas y permitir el libre acceso.

Pero más grave aún es la apropiación de calles. El caso más emblemático, no es el único, es la continuación de Acueducto que fue cerrada con una reja para unir 2 predios de una universidad [privada]. Ese caso lleva más de 40 años y amerita también una acción enérgica del ayuntamiento.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 24 de noviembre de 2016).

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, admitió que en la comunidad de San Jerónimo el Grande, Ajuchitlán del Progreso, región Tierra Caliente, surgió un grupo de autodefensa ante los últimos homicidios y raptos; el último, el secuestro masivo de 10 hombres, 2 menores de edad, de los que han recuperado a 3.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 23 de noviembre de 2016).

Las protestas de los trabajadores del Gobierno de Veracruz, a quienes les adeudan salarios y prestaciones, se extendieron al puerto de Verarcruz, donde bloquearon uno de los principales accesos a la ciudad y con ello decenas de camiones de carga se quedaron varados.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 20 de noviembre de 2016).

"Cuando la justicia se corrompe las naciones se destruyen" reza una antigua sentencia. Desde luego no me refiero al específico caso del señor Vega Pámanes, sino al sistema que lo llevó al poder y al mismo sistema que lo derrocó, no porque haya hecho ni menos ni más de lo que lamentablemente hacen muchos jueces todos los días, sino porque seguramente hizo algo o dejó de hacer algo que el propio sistema corrupto del 3er. poder le demandaba. Y mientras todo el mundillo local se crispa en torno al caso, otros actores de ese mismo poder dejan en libertad a secuestradores confesos por la podrida y conocida fórmula de que el proceso no había sido bien armado, así, amparados por todo tipo de triquiñuelas "legales" burlan a los ciudadanos que fueron víctimas de secuestro, chantaje y daños a su vida física y emocional. Ciudadanos que mantienen con sus impuestos a esta clase de "jueces" prevaricadores, responsables de que la gente esté ya harta de vivir en este muladar generado por partidos y políticos, y cada vez se convenza más de que en el futuro inmediato no habrá otra justicia posible que la que cada quien logre hacerse por propia mano.

Razón y Acción
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 19 de noviembre de 2016).

Trabajadores de Servicios de Salud del Estado de Veracruz bloquean la autopista Veracruz-Xalapa como protesta para exigir bonos retroactivos, aguinaldos y otras prestaciones que les adeuda el gobierno estatal, sumido en una crisis por desfalco a las arcas públicas atribuido al gobernador con licencia Javier Duarte.

(V.pág.13-A del periódico El Informador del 19 de noviembre de 2016).

Por 10a. ocasión quedó arrestado "El Kevin", un hombre acusado de varios delitos, sobre todo robos a casas, y quien tenía tan sólo 3 semanas de haber sido liberado por las autoridades.

Ésta sería la 7a. vez que lo capturan en lo que va del 2016, según mencionan medios locales, que registraron las quejas de los ciudadanos por temer que volverán a dejarlo libre.

Identificado como Kevin Roberto Aldapa Estrada, de 19 años de edad, fue capturado por vecinos luego de que presuntamente robara artículos electrónicos de una vivienda en el Fraccionamiento Villas Terrranova, de Tlajomulco; junto con él fue retenido un adolescente de 16 años de edad.

El fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, subrayó que buscarán que se le aplique prisión preventiva para que no quede libre de nuevo, pues cada vez que lo arrestan los montos robados son menores y puede salir con medidas precautorias como la firma semanal.

En el nuevo sistema de justicia penal, los acusados por delitos que no son graves no ameritan prisión preventiva, pero para que se haga válida la condición de reincidencia es necesario que los afectados interpongan la denuncia correspondiente.

Especialistas en ese sistema han subrayado en varias ocasiones la urgencia de que haya denuncias formales, pues se trata del principal insumo con el que podría trabajar el Ministerio Público.

(V.periódico El Informador en línea del 18 de noviembre de 2016).

No hay duda de que la justicia por mano propia es el resultado de la falta de seguridad y de la incapacidad de las instituciones del Estado para cumplir con la primera y más importante de sus obligaciones, pero también de la certeza de los "asesinos buenos" que ni los delincuentes ni ellos serán detenidos por las fuerzas del Estado.

Los justicieros, las autodefensas, las guardias blancas son la gran trampa para el Estado, pues si bien son una ayuda en su misión fallida para cumplir con la seguridad y la justicia que no puede brindar, son al mismo tiempo la némesis del Estado: lo contradicen y lo anulan.

Aunque sea impopular, el gobierno tiene que perseguir con la misma fuerza a los asaltantes y asesinos que a quienes hacen justicia por mano propia. La vida de la persona inocente que murió ayer a manos de uno de estos Batman chilangos vale más que cualquier justificación. No hay que tener miramientos en demandar a los gobiernos seguridad. Esa es su tarea, para eso fueron electos y no hay excusa que valga, ni siquiera la de nos dejaron el país, el estado o la ciudad hecha un desastre, que es la más recurrida.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 16 de noviembre de 2016).

Si hay algo que sigue funcionando con esquemas que hace mucho se pudrieron y huelen mal hasta otros estados es el Poder Judicial de Jalisco. El escándalo de Vega Pámanes no es el único y es más, ni siquiera es lo más relevante. Hace tiempo que ese espacio que tendría que ser un oasis de autoridad, con hombres sabios que imparten justicia, es una cloaca pestilente que resistió la transición política en Jalisco y las reformas que se hicieron en la década de los 90.

Todo resiste esa momia. Resistió la creación del Consejo de la Judicatura, que en lugar de repartir poder, lo concentró. Resistió los cambios en los nombramientos de magistrados (cada que salía uno se amparaba y había que poner más oficinas y destinar millones adicionales y pagar salarios caídos y ampliar el número de magistrados entronizados). El tribunal resistió también al magistrado Celso Rodríguez como presidente, ¿lo habían olvidado? No, si Vega Pámanes no es el primero.

El Poder Judicial requiere autonomía y al mismo tiempo límites. Independencia frente a poderes externos como los diputados o el gobernador y rendición de cuentas judicial, pero además, suficiente autonomía individual de los jueces frente al poder de los caciques judiciales.

Lo importante es lo de siempre. Lo elemental: impartir justicia de calidad. Más que controles para el vértice de la pirámide judicial, hay que darle fuerza a los jueces de 1a. instancia para que los culpables paguen, los inocentes no sean castigados, las acusaciones no sean infinitas, las sentencias sean definitivas, los papelitos valgan y los pleitos entre particulares sean resueltos. Eso es lo importante. Si eso se cumple, habrá justicia también ante los Vega Pámanes, ante ex funcionarios, ante caciques judiciales, ante ladronzuelos y ante ratas grandes.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 16 de noviembre de 2016).

Elba Esther Gordillo fue declarada inocente del cargo de defraudación fiscal equiparada y agravada, por lo que un tribunal determinó otorgar su libertad. Sin embargo, la ex lideresa magisterial no saldrá de la cárcel ya que aún enfrenta 2 averiguaciones por defraudación fiscal y por lavado de dinero y delincuencia organizada.

El 1er. Tribunal Colegiado en materia penal del 1er. Circuito determinó otorgar el auto de libertad por fallas en la actuación de la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con Marco Antonio del Toro, abogado de la maestra, la resolución afirma que la PGR ocultó la averiguación previa contra la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que las pruebas presentadas en contra de Gordillo fueron declaradas ilegales.

(V.primera plana del periódico El Informador del 15 de noviembre de 2016).

Otro pasajero "justiciero" sorprendió a 2 ladrones que subieron a asaltar a viajeros que iban en una camioneta de la ruta Valle de México, en Periférico Norte, frente a la Unidad Cuauhtémoc del IMSS a quienes disparó, generando la muerte de los dos presuntos rateros y de una pasajera.

Con este hecho suman una decena de casos registrados este año en municipios metropolitanos del Valle de México donde pasajeros que se han convertido en justicieros espontáneos, enfrentan a ladrones y los balean dejando muertos a una veintena de delincuentes; quienes reciben el apoyo del resto de los viajeros y conductores que facilitan el escape de quien los defendió de un robo.

La noche del domingo, el conductor de la camioneta de pasajeros de la línea Valle de México, que inició su trayecto en San Pedro, en el municipio de Nicolás Romero, cruzó Tlalnepantla e ingresó a Periférico Norte en la zona de Santa Mónica; con pasajeros que se dirigían al Metro Cuatro Caminos, quienes fueron amagados por 2 sujetos armados, cerca de las 11 de la noche.

Testigos relataron que cuando la camioneta de pasajeros, transitaba por Periférico Norte, en Naucalpan, subieron dos jóvenes en la parada de la Unidad Cuauhtémoc del IMSS, metros adelante gritaron "¡esto es un asalto!".

El chofer sólo escuchó detonaciones de arma de fuego y escuchó gritos, en la parte trasera de la camioneta tipo Van. Los pasajeros pidieron al conductor que detuviera la unidad pues 2 de los presuntos ladrones estaban lesionados, al tiempo que uno de los viajeros, que presuntamente hizo frente a los asaltantes con un arma que sacó de entre su ropa, descendió de la unidad y corrió por calles de la zona industrial.

El resto del pasaje, junto con el conductor, decidieron continuar el camino al paradero del Metro Cuatro Caminos, ubicado a menos de un kilómetro de distancia del sitio donde descendió el "justiciero".

Al llegar al paradero, el chofer se percató además que una pasajera que iba junto a él, en el asiento del copiloto, también estaba lesionada por un impacto de bala, que le penetró a un costado del torax, por lo que paramédicos la trasladaron al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, donde falleció este lunes.

El presunto ladrón lesionado afirmó que su nombre era Sergio y que tenía 21 años, fue trasladado a la Cruz Roja de Polanco donde también falleció horas después.

En tanto que el otro sujeto, de aproximadamente 25 años de edad y que presuntamente también subió a asaltar a los pasajeros, quedó tirado en el piso de la camioneta donde falleció casi de inmediato.

(V.periódico El Universal en línea del 14 de noviembre de 2016).

Nicolás Vega Pedroza, el hombre detrás de los bloqueos del aeropuerto, se dispone a recibir, por parte del gobierno federal, un 2o. pago de sus predios ubicados en donde ahora se encuentra el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

¿Qué opina de las afectaciones a terceros?

Es de la única forma en que hacemos reaccionar al gobierno. Había mucha gente que me decía que si no nos manifestamos no nos iban a hacer caso.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 13 de noviembre de 2016).

Habitantes del municipio veracruzano de Catemaco quemaron una parte del palacio municipal en una jornada de violencia para exigir la aparición de un sacerdote católico, desaparecido desde el viernes.

Los inconformes mantenían en su poder la sede municipal desde la mañana de este sábado, cuando habían quemado una patrulla de la policía local, cerrado una carretera federal y saqueado la vivienda del alcalde Jorge González Azamar.

Sin embargo, durante la noche decidieron también prenderle fuego al palacio municipal para exigir la aparición con vida del cura y activista social, José Luis Sánchez Ruiz.

(V.periódico El Informador en línea del 12 de noviembre de 2016).

Por considerar que el poder judicial tiene actualmente una profunda infiltración partidista, además de padecer de corrupción e incompetencia, este miércoles representantes del Congreso Ciudadano, del Observatorio Legislativo del ITESO, y del colectivo ¡Tómala! -que agrupa a más de 50 organizaciones civiles- exigieron aplicarle una reforma de fondo, expuso Cecilia Díaz Romo, integrante del citado colectivo.

"Consideramos que en Jalisco hay un poder judicial parcial y esta situación tiene implicaciones muy serias para el estado que no solamente pone en riesgo lo político y lo económico, sino que al ser un poder inequitativo afecta libertades y derechos de todos, pero especialmente de los más desfavorecidos. Afecta a las personas cuya economía es deficiente porque la justicia depende ahora del dinero con el que se cuente, si se pueden comprar buenos abogados, o incluso jueces o magistrados".

Los organismos propusieron tres puntos para una reforma al poder judicial. En 1er. lugar que ésta sea profunda y que sea de contrapeso para los poderes y no un "traspatio" del poder ejecutivo, señaló Sergio Beas, del Congreso Ciudadano. Para ello pidieron detener la llegada y permanencia de jueces y magistrados que hayan violado la Constitución o la ley.

Esto, en alusión al actual presidente con licencia del Supremo Tribunal, Luis Carlos Vega, quien no contaba, de acuerdo a la Constitución de Jalisco, con los requisitos para ser nombrado magistrado, toda vez que fue condenado a 4 años de prisión por diversos delitos ocurridos en 1984, (cuando arrolló y mató a una mujer y causó otros daños) pese a que la ley admite sólo un año de pena, si es que se cuenta con este antecedente.

El 2o. punto, señaló Díaz Romo, es el de generar mecanismos de justicia abierta, una estricta rendición de cuentas y que incluso los juzgadores trabajen con una argumentación de sentencias "entendible" para la sociedad. A su juicio, el utilizar sólo términos legales significa una estrategia para "segregar a la ciudadanía".

El 3er. punto es que en los nombramientos de los magistrados y jueces se transparente el proceso y se permita que los procesos sean vigilados por la ciudadanía.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 10 de noviembre de 2016).

El 14 de junio, justo una semana antes de que concluyera el plazo constitucional para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es aplicable en todo el país a aquellos jóvenes a quienes se le inculpe de incurrir en conductas tipificada como delito por las leyes federales y que tenga entre 12 años cumplidos y menos de 18, con lo que se da un gran paso para la consolidación y adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio; además de sentar las bases para la modernización de la justicia penal para adolescentes, que deja de ser un sistema amparado en la doctrina tutelar para inscribirse dentro de los sistemas garantistas que privan en la mayor parte del mundo.

Dentro de dichas disposiciones la privación de la libertad se utilizará sólo como medida extrema y será exclusiva para los jóvenes infractores mayores de 14 años. Existiendo la posibilidad de que pueda ser sustituida por la estancia domiciliaria o la prestación de servicios a la comunidad, siempre y cuando el órgano jurisdiccional correspondiente considere que dicha medida es la más adecuada para lograr la reinserción social y reintegración familiar del adolescente, que es uno de los propósitos fundamentales del nuevo sistema.

Asimismo, se destaca la reducción de las penas a un máximo de 5 años de prisión para aquellos adolescentes que hayan sido sentenciados por delitos de alto impacto; es decir, por homicidio doloso, secuestro, violación, extorsión agravada, robo con violencia, posesión y portación de armas de uso exclusivo del Ejército y las fuerzas armadas.

A la par de esta disposición emerge la otra cara de la moneda, pues la enmienda nacional sustituye las legislaciones locales y abre la posibilidad de que los menores que han delinquido y cumplen condenas mayores a cinco años, puedan solicitar la modificación a su sentencia cuando la legislación bajo la que fueron sentenciados en su entidad establezca penalidades máximas de entre 10 y 15 años para delitos graves y a jóvenes que tiene entre 14 y 18 años.

Dicha situación no es una probabilidad ni nace de un propósito especulativo, es una realidad que ya constituye un problema para algunos estados de la república, como Chihuahua, y que favorece desafíos al nuevo sistema de justicia penal, pues dicha medida abre un boquete monumental por donde veremos cómo alcanzan su libertad jóvenes que han participado en enfrentamientos entre cárteles de las drogas y en delitos aberrantes como el secuestro y homicidio doloso. Es hora de que se inicie una reflexión seria sobre este desafío para encontrar medidas apropiadas antes de que el problema nos desborde.

Alejandro Martí, presidente de México SOS
(v.periódico El Universal en línea del 9 de noviembre de 2016).

Un justiciero exasperado o un sicario de malas pulgas, vaya usted a saber, pero el Ángel Exterminador, como ha sido designado por redes sociales y prensa, ha inflamado la imaginación de la opinión pública en los últimos días.

¿Héroe o asesino a sangre fría? ¿Un ciudadano valiente harto de la impunidad o un sicario a quien no le hizo gracia ser víctima de unos improvisados colegas? La respuesta sólo la tendremos si llega a ser atrapado el misterioso hombre. Lo cierto es que en redes sociales el "justiciero" recibe aplausos. Solo el año pasado fueron asaltados más de 3,000 autobuses foráneos según las propias empresas, lo cual supone decenas de miles de pasajeros. En las ciudades el fenómeno es aún mayor: millones de personas han sido desvalijados en el metro, en taxis, peseros y microbuses en las principales poblaciones del país.

La justicia por propia mano no sólo es aplaudida; también es un recurso creciente de parte de víctimas cada vez más exasperadas por la absoluta incapacidad de la policía. Para no ir más lejos, los 4 asesinados, emparentados entre sí, habían cometido cerca de 30 robos, hasta entonces con absoluta impunidad.

Los diarios reportan que tan sólo en la última semana en el Estado de Puebla se registraron 6 intentos de linchamiento de asaltantes o supuestos asaltantes. En todos los casos los sospechosos fueron golpeados de manera salvaje y uno de ellos se encuentra en riesgo de muerte. Otros habrían fallecido de no haber sido rescatados por las autoridades.

Los que participan en estos linchamientos y otros que incluso simplemente se enteran de ellos, experimentan un desahogo de la frustración acumulada por las innumerables ocasiones en que han sido víctimas de un despojo. Muchos encuentran difícil resistir la tentación de dar un escarmiento a los delincuentes atrapados, pues saben que entregarlos a la justicia resulta inútil en la mayoría de las ocasiones, y que saldrán libres para seguir delinquiendo. El nuevo Sistema de Justica Penal Acusatorio no castiga con prisión de oficio a los presuntos asaltantes, lo cual exige la denuncia de la víctima para que la detención prospere. Resulta sintomático que prácticamente en todos los casos de intentos de linchamiento de esta semana, los presuntos delincuentes quedaron o quedarán en libertad porque nadie quiso hacerse responsable de presentar la denuncia correspondiente.

Y difícil olvidar los terribles casos en los que terminan pagando justos por pecadores. Justamente, uno de los linchamientos de estos últimos días afectó a dos trabajadores de una casa de empeño. Pobladores de San Francisco Totimehuacán, en Puebla, intentaron asesinar a 2 jóvenes a quienes observaron trasladar electrodomésticos robados. Se trataba de empleados de la casa de empeño First Cash, que en realidad movían los aparatos a una bodega de la empresa. O peor aún, el caso de los 2 hermanos que levantaban una encuesta en octubre del año pasado, en Ajalpan, Puebla, quienes fueron tomados por acosadores de menores y resultaron quemados entre golpes y torturas.

Jorge Zepeda Patterson
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 7 de noviembre de 2016).

La madrugada del lunes, 4 individuos abordaron, en la carretera, un autobús que cubría la ruta de San Mateo Atenco a la capital del país. Ocuparon asientos separados. Minutos después, los cuatro se pararon, sacaron armas de entre sus ropas, amenazaron a los pasajeros y los despojaron de sus objetos de valor. Consumado el asalto, obligaron al chofer a detener el autobús y descendieron de él... En esas estaban cuando otro pasajero les disparó con una pistola. Los 4 hampones cayeron heridos. Su agresor, consciente de que aquéllos sólo traían cuchillos y un arma de utilería, se bajó del camión, los remató uno a uno, recuperó los morrales con el botín, regresó a la unidad, puso los morrales en el piso, pidió a los pasajeros que cada quién recuperara sus pertenencias, y solicitó: "Nada más háganme el paro"... Pidió al chofer que arrancara. Unos kilómetros adelante, le solicitó detener el autobús, se colocó una capucha, tomó una vereda... y desapareció.

La nota mereció 2 tipos de reacciones: un artículo editorial de "El Universal" ("¿Justicia por propia mano?") en que consigna que en el Estado de México, en lo que va del año, han ocurrido 7 episodios similares; subraya que sólo el 1% de los delitos que se cometen en México son castigados; apunta que "la solución a la delincuencia nunca será terminar con la vida de otra persona", y esboza que "aspiramos a un país de leyes (...) para que aquellos que hayan cometido algún delito paguen por él"... Por contrapartida, un sondeo de un canal de televisión -ilustrativo... aunque sin valor estadístico- concluye que 92% de los encuestados aplaude el desenlace de la historia, porque -apuntó uno- "la probabilidad de que esos delincuentes muertos vuelvan a delinquir, es de 0%", y porque -expresó otro- "el mejor remedio para la rabia es matar al perro".

Colofón: en un país civilizado, el desenlace del episodio sería totalmente reprobable. Pero en México...

Jaime García Elías
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 2 de noviembre de 2016).

Siempre es un peligro cuando la sociedad empieza a defenderse o hacerse justicia por propia mano. En el caso del justiciero de Ocoyoacac hay certeza de que los 4 hombres muertos eran maleantes ya que fueron acribillados al concluir su robo. Son muy comunes, sin embargo, los casos de inocentes linchados, como ocurrió con dos encuestadores en Ajalpan, Puebla, en octubre de 2015.

La autoridad no puede cerrar los ojos ante el hecho de que su incapacidad para detener la oleada de asaltos en el Estado de México promueve la búsqueda de justicia por propia mano. Entiendo que la pena de muerte es excesiva como castigo para un asalto. Pero no me sorprende que la gente, en lugar de exigir la captura del justiciero de Ocoyoacac, le haga el paro.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 2 de noviembre de 2016).

Esto que hacen los políticos ya empieza a dejar secuelas. La impunidad con la que operan estimula a delincuentes a cometer delitos. En Tlajomulco y Guadalajara los vecinos, hartos de la inseguridad, han comenzado a organizarse para combatirla, eso implica que las cosas pueden salirse de control. El caso de un ratero apodado "El Kevin", que ha sido detenido y liberado 9 veces, ha levantado las voces sobre la revisión del sistema de impartición de justicia que debe reformarse, pero el problema tiene más fondo.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Mexicano de Competitividad presentaron la 2a. edición del estudio "México: Anatomía de la corrupción".

De los encuestados, 91% no confía en los políticos, pero 43% considera que sus familiares nunca son corruptos y sólo 20% afirma lo mismo de sus compañeros de trabajo. En términos económicos, 44% de las empresas admite haber sobornado a funcionarios o acudido a "relaciones" para obtener beneficios, esto es, hay quien ponga tentaciones y quien está dispuesto a corromper.

El dato más triste es que sólo 2 de cada 100 delitos de corrupción son castigados y desde 1998 a 2012 sólo 7 personas han sido consignadas. En Jalisco y el país, los sistemas anticorrupción están congelados.

Gabriela Aguilar
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 1o.de noviembre de 2016).

Las 4 personas halladas muertas en la carretera México-Toluca, en el kilómetro 38, a la altura de La Marquesa, presuntamente eran asaltantes y minutos habrían despojado de sus pertenencias a los pasajeros de un autobús que iba de San Mateo Atenco a la Ciudad de México.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, los presuntos asaltantes subieron a la unidad de transporte en San Pedro Tultepec.

"De los indicios recabados por personal de la PGJEM en el lugar de los hechos, se localizó uno de los boletos que se le entregan a los pasajeros al abordar la unidad, con el cual se pudo identificar al autobús y establecer que éste salió de San Mateo Atenco a las 5:23 horas, con dirección a la Ciudad de México", detalló la dependencia.

"Una vez identificada la unidad de pasajeros fue posible localizar a testigos, quienes rindieron su declaración ante el Agente del Ministerio Público de la PGJEM".

La PGJEM refirió que dichos testimonios son coincidentes en señalar que, posterior a la salida del autobús de San Mateo Atenco, 4 sujetos lo abordaron a la altura de San Pedro Tultepec.

Minutos después amenazaron a los pasajeros con un arma de fuego, para despojarlos de sus pertenencias.

Cuando los presuntos delincuentes se disponían a descender de la unidad, uno de los pasajeros se puso de pie y comenzó a dispararles, causándoles lesiones que ocasionaron los decesos de los 4 individuos.

Posterior a estos hechos, el autobús siguió su camino con dirección a la capital del país.

Metros adelante del lugar de los hechos, el pasajero que realizó los disparos descendió de la unidad, sin que se hayan percatado los testigos entrevistados el rumbo al que se dirigió.

(V.periódico El Universal en línea del 31 de octubre de 2016).

La selectividad de la justicia es la atribución que tienen los políticos más poderosos de este país para decidir quién paga por un delito y quién no. Es la atribución para absolver a los aliados y castigar a los enemigos, o a los que ya de plano no tienen ninguna relevancia política. En este sistema de selectividad de la justicia, el fuero se construye y se reconstruye a través de la complicidad y la vigencia política. ¿O no nos acordamos de Elba Esther que fue puesta tras las rejas por oponerse a la propuesta de reforma educativa de Peña Nieto?

El problema de la selectividad de la justicia es que nos puede llenar de espejismos. Qué pasa si mañana vemos a Duarte y a Padrés pagando en prisión por las tramas de saqueo que orquestaron en sus estados. Pensaremos, ¡Por fin! Alguien paga. Sin embargo, aun con Duarte y Padrés en la cárcel, estaremos igual de lejos de construir una democracia sustentada en el Estado de Derecho. Incluso, diría yo que el hecho de que el viejo régimen siga vigente cuando se trata de premiar a los amigos y castigar a los enemigos, nos demuestra que la transición mantuvo intactos esos poderes que al final restan credibilidad a esas apuestas institucionales que prometen regenerar la vida institucional en nuestro país. Un Sistema Nacional Anticorrupción fincado en estas prácticas de complicidad y fuero, el "tapaos los unos a los otros" de María Amparo Casar, será totalmente ineficaz para sancionar a los corruptos.

Cómo romper esa forma de entender las relaciones políticas. Cómo pasar de este pacto de impunidad que perpetua la complicidad y la corrupción, e impide que tengamos una clase política sometida a la ley y a la rendición de cuentas. La respuesta no es sencilla. Estos equilibrios políticos que se han mantenido por décadas se convierten en la gasolina de un sistema corrupto en sus entrañas. Y es que no es un asunto de individuos aislados, de frutas podridas que se corrompen al margen de las instituciones, sino que estos políticos surgen de ecosistemas muy particulares: los partidos políticos. Mucha de la corrupción asociada a la clase política no tiene que ver con el enriquecimiento de los funcionarios públicos en sí mismos, sino de una forma de financiarse de los partidos que se materializan en el desembolso de millones y millones cada campaña electoral. Si en otros países, como España, la cúpula de los partidos ha tenido que responder por casos de corrupción sistémica, en México tendríamos que entender que los corruptos cuentan con cómplices al interior de sus partidos y se convierten en beneficiarios directos de la corrupción de los gobernantes. No podremos regenerar la vida política de este país si no nos tomamos en serio la limpia interna de los partidos.

La política no se rige ni por leyes ni por decretos. La calidad, honestidad y limpieza de la política es reflejo de inercias y condiciones históricas que configuran el sistema político. Es cierto, el 1er. paso para modificar esta preocupante tendencia es reformar a fondo el Poder Judicial y despolitizar la justicia. Una exigencia irrenunciable: transformar todo el sistema de justicia que sigue subordinado a los intereses políticos y partidistas. También es fundamental abrir espacios de decisión para personalidades apartidistas y ciudadanos que se involucren en el combate a la corrupción. Sin embargo, la arquitectura de la impunidad se construye desde lo político y dificilmente se romperá el círculo vicioso si no existen sanciones sociales que afecten los intereses de la clase política. Lo que llevó al PRI a comenzar la caza a Duarte fue el resultado de los comicios de 2016 en donde los ciudadanos castigaron duramente al PRI por proteger a los gobernadores corruptos. Las reformas son fundamentales, pero creo que la voluntad política provendrá de la concientización de los partidos políticos de que, si son cómplices de los corruptos, lo pagarán en las urnas. No hay sanción que le duela más a un partido que perder una elección. El voto tiene esa propiedad de ser capaz de desmontar toda la arquitectura de la impunidad que se ha construido en México.

Enrique Toussaint Orendáin
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 30 de octubre de 2016).

El especialista Jorge Lara aseguró que en México se "lavan", al año, hasta 60,000 millones de dólares.

"De estos, alrededor de 24,000 millones son por defraudación fiscal, 20,000 millones por el narcotráfico, 5,000 millones por trata de personas. Por supuesto que esto es un cáncer que daña el tejido social", recalcó el presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Jalisco, Guillermo Siordia Romero.

Una de las conclusiones más importantes de este congreso fue que "es urgente" que se tipifique como un delito penal el lavado de dinero, "ya tenemos la extinción de dominio, que es una herramienta muy importante, pero debemos hacerle frente a este problema, porque es muy poco lo que se actúa al respecto, y no sólo en Jalisco, sino en todo el país".

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 29 de octubre de 2016).

El sistema judicial mexicano (no sólo el de Jalisco) queda en evidencia con el asunto escandalosísimo de Luis Carlos Vega Pámanes, hasta el jueves presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Fue necesario sacar a la luz sus antecedentes penales para que el individuo ¡solicitara licencia! Y como presidente, es decir, se deduce que podría seguir siendo magistrado. Es lo que tenemos.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de octubre de 2016).

La impunidad con que se pueden utilizar recursos públicos y la que permite que apenas un 3% de los delitos denunciados terminen siendo castigados, con el agravante, lo estamos viendo todos los días, por ejemplo, en la Ciudad de México, de que los pocos delincuentes que son apresados y condenados terminan siendo liberados una y otra vez. Y obviamente no sólo siguen delinquiendo, sino que se van elevando en la pirámide delincuencial. Otros han robado millones, y suelen estar también en libertad.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 27 de octubre de 2016).

El 17 de octubre el juez Vicente Antonio Zacarías Bermúdez cayó asesinado a manos de 2 sicarios. Un video de la ejecución terminó de sellar el mensaje que los criminales querían enviar: vean el descaro y la frialdad con la que nos atrevemos a desafiar al Estado.

La noticia 10 días después es que incluso los medios de comunicación hemos abandonado al juez Zacarías Bermúdez. Revisar los principales diarios ayer era constatar que ese atentado había desaparecido de la atención periodística.

Una de las principales funciones de los medios es ejercer, a nombre de la ciudadanía, la presión para que los órganos del Estado cumplan de la mejor manera sus funciones.

Ante la salvajada cometida por los criminales en la persona del juez Zacarías Bermúdez, lo único que puede y debe hacer una comunidad es responder de la manera más contundente posible. Detener pronto y bien a quienes atentaron en contra de un representante social como lo es el juzgador. Tramitar de manera expedita la investigación y el juicio que supondrá un castigo ejemplar y un mensaje inequívoco: no puedes matar un juez porque la respuesta del Estado será abrumadora y definitiva. Porque el castigo será ineludible. Porque no te saldrás con la tuya.

Esa es la tarea del Estado. Y la tarea de los medios es que el Estado no abandone casos como el de Zacarías Bermúdez.

El día de ayer, al comparecer al Senado para ser ratificado como nuevo procurador, Raúl Cervantes enlistó sus prioridades como fiscal.

Cervantes ni mencionó al juez asesinado. Sus palabras llenan 25 cuartillas, y en ellas ni una fue para el juez muerto. Así de presente tenía ayer el nuevo fiscal el caso de Zacarías Bermúdez.

No fue un lapsus de Cervantes. Fue un reflejo. Si la prensa no tiene un contador mediático que chicotee pidiendo diario novedades en torno a ese asesinato, si el congreso no presiona, si la Judicatura no hace ruido, por qué Cervantes iba a tener en mente al juzgador ejecutado.

Salvador Camarena
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 27 de octubre de 2016).

Mucha de la inconformidad, de la molestia, del enojo y la humillación que siente y expresa el sentir de la ciudadanía en contra de la autoridad, va en el sentido de padecer una justicia a conveniencia, que es la que ha prevalecido, prevalece y, ojalá dejara de prevalecer, en el ámbito de la penalidad que debería existir, pero que no existe, por cuanto a la delincuencia política.

Hasta la saciedad ha venido quedando como "principio establecido" que auténticos criminales privilegiados por una posición política que los protege dada la investidura de la que gozan -fuero incluído-, una vez descubiertos los delitos que han cometido, son sujetos más de la impunidad que del castigo.

Ya se encargan los altos funcionarios de declarar que, sin excepción de rangos y jerarquías, se aplicará la ley hasta sus "últimas consecuencias", solo que para aplicarla se debe tener físicamente al que la infringió, y si éste desaparece...

Ahí, primero, es cuando aparecen los "renglones torcidos" de la ley, en los cuales se finca la impunidad de la que los delincuentes gozan. Si son detenidos y apresados, las argucias aparecen en los "descuidos", en los errores legales de procedimiento que son las armas de los defensores para conseguirles la libertad, y a disfrutar...

Por segundo, a sabiendas que van a por ellos, se les da el suficiente tiempo para que huyan y desaparezcan, todo, eso sí, en la aplicación legal por parte de los funcionarios que, "respetando" los derechos del delincuente, se ven ante el impedimento de detenerlos y apresarlos, lo que aprovechan para que quede la deplorable situación de buscarlos luego que han huído, sin haber tenido la previsión de VIGILARLOS, en tanto se plantea la legalidad de la aprehensión.

Francisco Baruqui
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 24 de octubre de 2016).

Antes los juzgadores federales estaban lejos de ser tachados de dejarse influir o corromper pero parece que esa regla al menos en Jalisco se está rompiendo, habrá que ver cómo corrige ese punto el Consejo de la Judicatura Federal.

Héctor A.Romero Fierro
(v.pág.17 del periódico Milenio Jalisco del 21 de octubre de 2016).

Relacionado con el bloqueo de la carretera a Chapala, ayer, el meollo del asunto estriba en que los ejidatarios, antiguos propietarios de 306 hectáreas que fueron suyas y en las que se construyó, hace 50 años, una pista y algo más de las actuales instalaciones del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, aducen que aún hay pendiente, a su favor -avalada por la correspondiente resolución judicial-, un adeudo por la nada despreciable suma de 2,600 millones de pesos. A raíz de las manifestaciones y bloqueos que desde hace varios días realizan los comuneros -y que han reportado, al decir de los administraciones de la terminal aérea, pérdidas por 15 millones de pesos- se establecieron las consabidas "mesas de diálogo".

En lo que el conflicto se dirime por la vía civilizada -la judicial, se supone-, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, sostuvo que "no se va a coartar el derecho de nadie a hacer manifestaciones pacíficas, pero tampoco se van a permitir bloqueos"...

Una curiosa declaración, de la que no queda claro qué pasa con el derecho al libre tránsito de los ciudadanos comunes y corrientes... ni con los perjuicios a los fallidos viajeros.

Jaime García Elías
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 20 de octubre de 2016).

En Colombia, cuando los jueces que llevaban casos relacionados con el crimen organizado se habían convertido en las víctimas recurrentes de los sicarios, se tomó la decisión de tener jueces sin rostro, juzgadores que no eran conocidos públicamente y que llevaban los casos relevantes de narcotráfico para evitar, en lo posible, la coacción o las represalias.

En México se ha propuesto en muchas ocasiones una salida de esas características y siempre se las ha rechazado porque se asegura que tener jueces sin rostro, distorsiona el sentido de la justicia. Puede ser, pero de otra forma lo que tenemos son jueces sin protección que llevan casos muy delicados, como el juez de amparo [asesinado] Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, y que quedan sujetos a todo tipo de represalias, presiones o corrupción.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 19 de octubre de 2016).

Secuestran a 7 personas. Asesinan a una. A las otras 6 les cortan las 2 manos y las devuelven con vida y 2 bolsas de plástico con las 12 manos. Les pintan en el cuerpo que el castigo fue porque se dedicaban a robar. ¿Estado Islámico en algún poblado de Siria? No. Sucedió antier en la zona metropolitana de Guadalajara.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de octubre de 2016).

Los 6 mutilados (5 hombres y una mujer) y la persona asesinada, todos tenían antecedentes penales por robo, asalto y narcomenudeo. Se presume que hubo un doble motivo en mutilarlas y dejarlas vivas: castigarlos por no haber pagado droga que se les entregó para vender, y ponerlos como ejemplo para el resto de narcomenudistas para que paguen.

La persona asesinada era quien encabezaba el grupo de 7. Todos fueron privados de la libertad hacia el mediodía (del domingo) en Guadalajara y El Salto.

En lo que respecta a la mutilación que sufrieron en sus extremidades superiores, no se podrá hacer una reinserción de las mismas, pues según el reporte preliminar la agresión ocurrió entre 1 y 2 días antes de encontrar a las personas.

(V.periódico El Informador en línea del 19 de octubre de 2016).

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, aseguró que suman 65,000 homicidios dolosos en los últimos 3 años y tan sólo en los últimos 12 meses, se registraron 33 millones de delitos cometidos en todo el país.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, expresó su preocupación por las 14,000 víctimas de homicidios dolosos en este año, que Excélsior dio a conocer, con base en la información de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

(V.periódico Excélsior en línea del 17 de octubre de 2016).

Escuchar a la cabeza del poder judicial interceder por 2 presuntos delincuentes, simboliza mucha de la opacidad que afecta al ámbito de la justicia en Jalisco. Luis Carlos Vega Pámanes niega haber intercedido; dice que buscaba asegurar el debido proceso de 2 presuntos delincuentes detenidos por la Policía de Guadalajara. Eso lo resolverán los jueces, a partir de la evidencia que arrojen las investigaciones de la Fiscalía y de la PGR. Sin embargo, el escándalo nos recuerda la opacidad y sigilo que caracterizan al poder judicial. La transición a la democracia no pudo con los jueces y magistrados, que siguen operando con bajísimos niveles de rendición de cuentas como si nada hubiera cambiado en este país. Ante el cambio político en Jalisco, el poder judicial se atrincheró como mecanismo de protección. En su interior, los vicios del pasado siguen permeando el presente. Desde la cabeza, el poder judicial acarrea inercias muy preocupantes: discrecionalidad, nula transparencia, corrupción, influyentismo, partidización.

El poder judicial resultó intocado como fruto del pragmatismo y los acuerdos políticos en la transición a la democracia. Sólo Alberto Cárdenas intentó y no pudo con la cohesión política de los magistrados. El resto de gobernadores prefirieron entrarle al baile. Optaron por insertarse en el ciclo de la cooptación de uno de los 3 poderes del estado. Ni Francisco Ramírez Acuña, ni Emilio González Márquez y tampoco Aristóteles Sandoval, se comprometieron a sacar las manos del poder judicial. Por el contrario, hicieron todo lo posible para mantener una hegemonía política en las salas del Supremo Tribunal de Justicia. Ahí está el magistrado Celso Rodríguez que se entronizó en el cargo al frente del Supremo y pactó con González Márquez la sujeción del poder judicial a los designios del gobernador de turno. Algo similar sucede con Luis Carlos Vega Pámanes, impulsado por los "javieres", Galván y Guizar, y que luego ha servido como fiel escudero de los intereses de una parte de la clase política en el estado.

Y es que la separación de poderes en Jalisco es una bonita intención, y nada más. Los jefes políticos en Jalisco extienden sus tentáculos a los 3 poderes y vulneran la autonomía que está en la base del sistema de pesos y contrapesos de la democracia. El poder judicial se integra de cuotas, que ni siquiera responden en sí a una distribución partidista, sino a una serie de familias y apellidos políticos que controlan el rumbo de la justicia. Los Cosío, Arturo Zamora, Raúl Padilla, Aristóteles Sandoval, Fernando Guzmán, José María Martínez, todos tienen sus fichas en el poder judicial. Quien encabeza el poder judicial no se decide en el pleno de magistrados, sino en conversaciones entre políticos.

El control político del poder judicial nos explica la crisis tan aguda del sistema de justicia en Jalisco. Hemos permitido que el poder judicial se convierta en el mandadero de la clase política. Hoy por hoy, es imposible que un perfil con alto nivel de independencia alcance la silla presidencial en el Supremo Tribunal de Justicia. Sin ruborizarse, los partidos políticos se reparten los puestos y designan a sus amigos o aquellos que protegerán eficazmente sus intereses. Si bien se han introducido candados y entrevistas como parte del proceso para elegir magistrados, la decisión final siempre es un acuerdo político que se estructura a través de las cuotas: hoy me toca a mi, mañana te toca a ti. Es la tragedia del poder judicial en Jalisco se encuentra al servicio de unos pocos y en claro abandono de la mayoría.

Reformar el poder judicial no es sencillo. Nos llevará una generación si empezamos hoy. Y aunque todo parezca reducirse al debate sobre la figura del presidente, en este caso Vega Pámanes, la realidad es que el sistema de justicia reclama su deconstrucción casi absoluta y la erección de una nuevo modelo que se finque en la independencia de la justicia. Los países que lograron reformar el poder judicial tras décadas de regímenes autoritarios, España es uno de ellos, lo hicieron a través de una serie de modificaciones legales que dotaron al poder judicial de autonomía presupuestal y autonomía en las designaciones.

Pensemos en que llegue un perfil autónomo a encabezar el poder judicial, ¿Podría aplicar ciegamente la ley, sin importar colores y condiciones, si está atado de manos presupuestalmente? Por supuesto que no. Quien paga manda.

Aunados a la politización, por supuesto que los problemas del poder judicial son muchos más. La corrupción, la infiltración, la escasez de recursos, los salarios exorbitados para una casta judicial y los sueldos bajos para el resto, la falta de juzgados, las dificultades para implementar el nuevo sistema de justicia penal y un larguísimo etcétera. Sin embargo, primero lo primero. No habrá solución estructural a los problemas que aquejan al poder judicial, si antes no entendemos que la cooptación afecta directamente a la naturaleza de su encargo. La justicia es ciega si y sólo si es aplicada por jueces que no tienen una correa de transmisión directa desde las sedes de los partidos o desde las oficinas de los principales jefes políticos. De la misma forma que escuchamos en el audio sobre Vega Pámanes desvelado hace algunos días, ¿cuántos políticos no interceden por sus cuates con magistrados y jueces? Es una práctica cotidiana.

Los magistrados no tienen autonomía, por ejemplo, para entrarle en serio a los casos de corrupción de la clase política, pero sí la tienen para asignarse sueldos ofensivos para la mayoría de los ciudadanos y sí la tienen para poner controversias contra la Ley de Austeridad o contra resoluciones del congreso. Es una autonomía como impunidad, a diferencia de la autonomía como protección de la justicia que deberían reclamar los magistrados.

Los efectos de nuestro disfuncional sistema de justicia son funestos. Es un freno para la competitividad, inhibe las inversiones, promueve la corrupción, desgasta a los ciudadanos en los procesos y mantiene privilegios injustificables. El más opaco de los poderes no puede seguir en esta ruta de descomposición que nos aleja de contar con un poder judicial que responda a las demandas de los ciudadanos. El caso de Vega Pámanes es sólo la punta del iceberg, es sólo la más aparente de las manifestaciones de los problemas que afectan a la justicia en Jalisco. El poder judicial no aguanta más, las reformas son impostergables.

Enrique Toussaint
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 16 de octubre de 2016).

¿Por qué en México parece tan difícil cumplir la ley? ¿Por qué hemos llegado a una especie de violación "consentida" de las normas que aprobamos? ¿Por qué, desde la perspectiva de observadores nacionales e internacionales, en nuestro país existen muchas leyes, pero no se cumple? No se trata de un problema de origen cultural, como algunos han pretendido instalar, e incluso justificar, la situación que vivimos. Se trata de un aspecto que se ha instalado en la clase política, cuya erradicación constituye una de las demandas más apremiantes de la sociedad.

Miguel Barbosa, coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 14 de octubre de 2016).

Segundo día de caos en la CdMx por diversas marchas que se movieron otra vez a su antojo en detrimento de los sufridos capitalinos. Trayectos de más de 3 horas, mientras que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ni se inmutó. ¿Esto es gobernar?

Alberto Aguilar
(v.pág.26 del periódico Milenio Jalisco del 14 de octubre de 2016).

Cualquier persona que atraviese por un problema relacionado al debido proceso tras una detención o esté involucrado en un tema judicial, puede solicitar el apoyo del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, quien señaló en entrevista que ha hecho "miles" de gestiones, siempre de manera "institucional", para facilitar la atención, se les tome sus declaraciones y se citen a testigos en base a las nuevas leyes, para lo cual, dio su número particular de teléfono celular 3310255686 en donde puede recibir llamadas y peticiones.

(V.pág.14 del periódico Milenio Jalisco del 14 de octubre de 2016).

En los últimos días el enfrentamiento se fue al ámbito político. El rechazo del Gobierno del Estado a la Agencia de Seguridad Metropolitana tiene, más allá de los argumentos válidos, pero relativamente fáciles de resolver, un claro componente político. La respuesta de MC fue filtrar una conversación donde el presidente del poder judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, le solicita al comisario de Guadalajara, Salvador Caro, que libere a unos detenidos, en posesión de armas ilegales y sospechosos de robo, con el argumento de que trabajaban para una empresa amiga. Al ser negada la petición el magistrado dice que va a hablar directamente a la Procuraduría y el resultado es que las personas fueron liberadas.

El golpe al presidente del poder judicial es letal. El máximo representante de la justicia en el estado no puede andar litigando asuntos ilegales de sus amigos. Cualquier explicación sale sobrando: la llamada habla por sí sola. Muestra un presidente del poder judicial abyecto, operando para otros, haciendo favores, liberando presuntos delincuentes y pasándose por el arco del triunfo el debido proceso. Defendiendo en la llamada la vía corta de la justicia, el magistrado hace pedazos la credibilidad del poder que representa.

Aun suponiendo que el magistrado tuviera razón, que la Policía de Guadalajara hubiese detenido a un par de inocentes y cándidos pistoleros, la falta de respeto a las formas y a la investidura ameritaría la renuncia de Vega Pámanes. No va a suceder, porque en este país nadie renuncia "por esas nimiedades", ni en el gobierno federal, el estatal o el mismo municipio de Guadalajara, mucho menos en el poder judicial o el legislativo.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 13 de octubre de 2016).

Vega respondió que su llamada tuvo el fin de solicitar que los detenidos fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes; es decir, negó solicitar su liberación y afirma que actuó de forma "institucional". Que pase su número celular, ¿no? Por aquello de una urgencia.

Allá en La Fuente
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 13 de octubre de 2016).

No es un conflicto minero. Tampoco una disputa laboral. Lo que ocurrió en la mina de Peñasquito, Zacatecas, ha sido una extorsión que pone en duda si los contratos y las leyes tienen algún valor en México.

Peñasquito es una mina del municipio de Mazapil, uno de los más pobres de nuestro país. Es la mina de oro más importante de México y la 2a. del mundo, después de una en Sudáfrica. Además de oro, tiene plata, zinc y cobre, entre otros metales.

El complejo de Peñasquito empezó a ser desarrollado en 2006 por la empresa canadiense Goldcorp. La inversión ha sido enorme, en parte porque además de la mina había que construir una carretera que comunicara este aislado centro de producción con la carretera federal 54 (Zacatecas-Saltillo). En 2009 fuentes periodísticas se referían ya a una inversión de 1,500 millones de dólares. La planta fue inaugurada oficialmente en 2011. En la actualidad se ha acumulado una inversión de 2,500 millones de dólares, según la empresa.

El proyecto ha sido una bendición para una zona de miseria. Además del alquiler de las tierras ejidales, un contrato que se realiza de conformidad con la ley y la aprobación de los ejidatarios, la empresa ha realizado trabajos y otorgado beneficios especiales a la comunidad, como obras de infraestructura, becas a estudiantes, apoyo para escuelas, apoyo alimentario, pozos de agua, respaldo a micro y pequeñas empresas, programas deportivos y culturales. Su programa de inversiones sociales asciende a 4 millones de dólares al año.

La mina ha creado 3,500 empleos directos, con salarios muy superiores a los pocos disponibles en la comunidad, y más de 7 mil indirectos. Casi toda la actividad económica del lugar, y buena parte de la del municipio de Mazapil, gira en torno a esta mina. El 27 de julio pasado el consejo de administración de Goldcorp aprobó una inversión adicional de 420 millones de dólares para los próximos 3 años, que serviría para desarrollar un proceso de lixiviación de pirita que diversificaría la producción.

Toda la operación, sin embargo, se detuvo como consecuencia de un bloqueo de la mina desde el 26 de septiembre por un pequeño grupo encabezado por 2 líderes políticos, José Narro Céspedes, ex del PT y hoy del PRD, y Felipe Pinedo Hernández, del Frente Popular de Lucha de Zacatecas. No sólo impidieron el ingreso de insumos o la salida de producto terminado, sino la salida de los trabajadores y el acceso de alimentos para ellos. La mina se vio obligada a suspender operaciones.

El bloqueo no sólo fue ilegal, sino que se convirtió en una agresión a los mineros y a una operación que ha tenido enormes beneficios para la comunidad, que no sólo ha cumplido con cada uno de los requisitos establecidos por la ley y los dueños de la tierra, sino que ha sido enormemente generosa con la localidad. Ayer un juez estatal ordenó el levantamiento del bloqueo debido a la crisis humanitaria para los trabajadores privados de la libertad en el interior y por el riesgo debido a la presencia de explosivos en la mina. Las autoridades respondieron y retiraron el plantón después de 9 días. Las pérdidas, sin embargo, ascendieron a 3 millones de dólares diarios según la empresa.

El de Peñasquito es un caso importante. Si seguimos viendo este tipo de bloqueos, las autoridades estarán reconociendo que en México ni los contratos ni las leyes sirven para nada. ¿Quién invertirá entonces en el país?

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 5 de octubre de 2016).

Padres de familia de 4 comunidades del municipio de Tecoanapa, en Guerrero, mantienen un bloqueo sobre la carretera federal Tierra Colorada-Cruz Grande, en demanda de que la Secretaría de Educación de Guerrero les envíe 10 maestros.

(V.pág.17-A del periódico El Informador del 5 de octubre de 2016).

Estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Mich., quemaron un camión sobre las vías del tren en ese municipio en demanda de la liberación de 30 de sus compañeros que permanecen en el penal de Mil Cumbres.

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 2 de octubre de 2016).

El aparato judicial está mintiendo para poder afirmar que no es que el país esté en manos de la inseguridad, sino que los muertos, ya más que en el sexenio de Calderón, andaban en muy malos pasos, luego, la muerte sucedida era su merecido. Mentiras armadas, acciones de vileza de parte de un Estado que se desmorona frente a sus gobernados.

Pero esta corrupta forma de responder de las autoridades en materia de seguridad en México, va más allá. Va hasta inventar delitos y prender a inocentes. Va hasta armar casos ficticios, como el del estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, al que en el aeropuerto de la Ciudad De México se le acusó de transportar droga, cuando ésta en realidad le fue "sembrada". Y fue sólo porque estudiantes, profesores, periodistas y la línea aérea demostraron lo falso de las acusaciones, y porque movieron cielo y tierra, que el inocente culpado fue liberado.

Lourdes Bueno
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 1o.de octubre de 2016).

Las diferentes líneas de autobuses decidieron cancelar todas las corridas de entrada y salida del Estado de Michoacán, tras el robo e incendio de unidades a manos de normalistas, quienes exigían la liberación de 30 compañeros.

Desde el 1er. minuto de ayer, los empresarios de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo decidieron cancelar todas sus operaciones hasta nuevo aviso, luego de que los estudiantes de las diferentes escuelas normales de la entidad radicalizaran sus acciones.

Las lńeas de autobuses advirtieron que no prestarán el servicio de transporte de pasajeros hasta que el estado y la federación garanticen la seguridad y el libre tránsito en todas las carreteras y autopistas que atraviesan la entidad.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 1o.de octubre de 2016).

La justicia en Jalisco está cada vez peor, y se refleja no sólo en el actuar de algunos jueces y magistrados, sino también en el deterioro de sus instalaciones físicas, solo basta dar una vuelta por la Ciudad Judicial para comprobar el deplorable estado en que se encuentran el edificio y la justicia estatal, donde incluso diversas áreas se quejan que no les surten ni papel para las actuaciones menos los toners de los impresoras, y si a eso le adicionamos la incapacidad para dictar resoluciones apegadas a Derecho y en forma oportuna, como los juzgados Quinto y Séptimo familiar y algunos "mafiaestrados" del Supremo Tribunal de Justicia altamente corruptos. Esto no quiere decir que todo el sistema judicial estatal esté podrido, la gran mayoría de magistrados y jueces son gente de bien, conocedores del Derecho y sumamente honrados, inclusive hay jueces que de su propio bolsillo andan llevando insumos a sus juzgados, pero por unos cuantos pillos la imagen ante la sociedad es terrible.

Héctor A.Romero Fierro
(v.pág.17 del periódico Milenio Jalisco del 30 de septiembre de 2016).

Las líneas de autobuses ETN Turistar y Primera Plus anunciaron suspensión de viajes hacia Apatzingán, Jiquilpan, La Piedad, Morelia, Sahuayo, Uruapan y Zamora, por falta de garantías y seguridad para transitar en las carreteras del estado de Michoacán.

(V.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 30 de septiembre de 2016).

En todos los países, entre todas las nacionalidades, entre todas las razas hay corruptos y hay los que desprecian a la ley. La diferencia es la acción del Estado frente a sus actos; es decir, el costo que las acciones ilegales tienen para quien las comete.

Carlos Puig
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 30 de septiembre de 2016).

Enrique Peña Nieto sostuvo que en materia de corrupción "no hay quien se atreva a arrojar la primera piedra" pues todos han sido parte de un modelo que hoy se intenta desterrar y cambiar.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 29 de septiembre de 2016).

El director de Seguridad Pública del municipio de Chilchota, Michoacán, fue retenido por un grupo de supuestos normalistas, que exigen la liberación de sus compañeros, tras haber sido capturados durante el operativo realizado en la carretera Uruapan-Zamora.

El teniente Alfredo Lucio Ríos Chávez fue interceptado en Carapan, donde se asegura que fue retenido en contra de su voluntad y bajo amenazas de ser linchado y de ser quemado vivo.

Las autoridades mantienen comunicación con los jóvenes inconformes con la detención de sus compañeros, para a través del diálogo lograr un acuerdo para la liberación a salvo del director de la SSP.

Hasta el momento se desconocen detalles sobre los avances que se han registrado en la últimas 12 horas desde la privación de la libertad del mando policial.

Luego de que los normalistas tomaron la carretera, retuvieron unidades del transporte público y quemaron vehículos, las autoridades policiales del estado de Michoacán organizaron un operativo para la recuperación de las unidades.

Sin embargo, los uniformados fueron recibidos con piedras y palos, lo que generó una gresca que concluyó con la detención de los 49 jóvenes, quienes fueron trasladados la capital del estado y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Los estudiantes son acusados de retener 6 camiones de pasaje foráneo, así como camionetas comerciales y por la quema de un autobús y una camioneta.

En la acción, los elementos policiales recuperaron y liberaron 4 autobuses de pasajeros y 4 vehículos de empresas particulares, que los implicados mantenían en su poder.

En fechas recientes, los estudiantes normalistas michoacanos se han manifestado para la exigencia de plazas automáticas y para demandar la liberación de otros normalistas que han sido detenidos por actos vandálicos.

(V.periódico Excélsior en línea del 28 de septiembre de 2016).

El número de denuncias recibidas por el Ministerio Público más que ser señal de una elevada incidencia delictiva son un indicador de la confianza de la población en sus instituciones. Esto puede explicar el poco uso de los mecanismos que las autoridades estatales han implementado para facilitar la denuncia, como el Botón de Pánico Jalisco y Denuncia en Línea, la primera con unos 5,000 ciudadanos registrados; y la segunda, con sólo mil descargas.

Pese a las aplicaciones de la Fiscalía, Jalisco apenas está por encima de la media nacional, con 21.7 delitos denunciados por cada 100, contra 19.1 en promedio en el país.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 27 de septiembre de 2016).

La transición democrática en nuestro país no podrá realizarse si no se fortalece el Estado de Derecho. Esta dinámica solo podrá materializarse si se implementa un esquema efectivo de rendición de cuentas, que pasa por la determinación de responsabilidades y el fincamiento de las sanciones correspondientes a los servidores públicos que incurran en el ilegal ejercicio de sus funciones. Este deber de rendición de cuentas es aún mayor en aquellos funcionarios que ocupan altos cargos, como es el caso del Presidente de la República.

Miguel Barbosa, coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 23 de septiembre de 2016).

El incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 012 de pesos y dimensiones por parte de los tráilers, sobre todo los de doble remolque conocidos como fulles, ha deteriorado la calidad de la red federal de carreteras del país, señalan expertos. Al cierre de 2015, el 78% de esa red estaba en condiciones buenas y aceptables, conforme a estándares internacionales.

Everardo Martínez
(v.pág.14-A del periódico El Informador del 19 de septiembre de 2016).

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que investigan los hechos en los que la población mató a 2 secuestradores y golpeó a su cómplice, quienes presuntamente mantenían retenidos a una mujer y a sus 2 hijos, en Chichiquila, Puebla.

Los secuestradores que fueron linchados en Tepehuaca, en el municipio de Chichiquila, exigieron 4 millones de pesos por la libertad de 2 niños que tienen familiares en los Estados Unidos.

Los 2 menores de edad que ya se encuentran con su familia.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que la mañana del 15 de septiembre, 3 sujetos ingresaron a un domicilio en la localidad de Tepehuaca, municipio de Chichiquila, sometieron a una mujer y a sus 2 hijos.

La mujer entregó 24,000 pesos con tal de que los sujetos se fueran. Ellos intentaron atacarla sexualmente, pero según la Fiscalía no lo consiguieron.

Los atacantes se llevaron a los 2 menores trasladándolos a un cerro de la zona e hicieron una llamada telefónica a un familiar de las víctimas que se encuentra en Estados Unidos.

Cuando los vecinos de Tepehuaca se enteraron, realizaron recorridos para la búsqueda de las víctimas y minutos después fueron halladas y liberadas.

Los mismos pobladores detuvieron a los secuestradores y los mataron a golpes. De estos sólo se sabe que son originarios del Estado de México.

El 3er. secuestrador fue identificado como Janhon "N" de 19 años de edad y también originario del Estado de México, fue asegurado por la gente y trasladado a la comandancia de la policía municipal de Chichiquila.

(V.Sin Embargo del 17 de septiembre de 2016).

En el 1er. Informe de Gobierno de Enrique Alfaro, el alcalde [de Guadalajara] le puso un "centro" al gobernador que nomás pasó volando como avioncito frente al mandatario. El 1er. edil le pidió a él y al fiscal avances en torno a las 30 denuncias penales por las anomalías halladas al inicio de su gestión.

Pues que Alfaro vaya sacando su turno y que tome asiento, porque si no avanzan las denuncias por más de 7,000 millones de pesos que interpuso la Contraloría estatal hace 3 años... infieran nomás el orden de las prioridades...

Allá en La Fuente
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 13 de septiembre de 2016).

Por cerca de 2 horas, integrantes de las exautodefensas en Michoacán bloquearon la carretera Aparzingán-Tepalcatepec, debido a un operativo de seguridad implementado en la zona.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 13 de septiembre de 2016).


integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca.

Luego de bloquear 2 cruceros de la capital oaxaqueña con unidades de transporte de pasaje, integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca vandalizaron una oficina pública y agredieron a empleados y civiles que visitaban el lugar.

Una decena de personas encapuchadas a bordo de un camión llegó al Departamento de Certificación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), quienes destruyeron papelería y equipos, y se llevaron algunos bienes, de acuerdo con los trabajadores.

Los agresores también lesionaron a personal que se encontraba en el lugar, destruyeron equipo de cómputo y extrajeron cajas con documentación de certificación y actas de nacimiento de alumnos, así como artículos personales como teléfonos y computadoras, entre otros artículos.

Una mujer lesionada fue trasladada a un hospital.

Los encapuchados asaltaron el Archivo Histórico de Certificación, oficinas que resguardan documentación de certificados de educación básica, preescolar, primaria y secundaria.

Minutos más tarde arribaron elementos de la Policía Estatal que resguardaron por un momento el inmueble, para después retirarse.

Hasta el momento el IEEPO no ha cuantificarlo los daños ocasionados.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 10 de septiembre de 2016).

La investigación original del caso Ayotzinapa logró identificar a los responsables del secuestro y el posterior asesinato de los jóvenes, logró la detención de los autores materiales e intelectuales del crimen. Supimos que Sidronio, el jefe del cártel de Guerreros Unidos, fue el que ordenó al Cabo Gil, su jefe de sicarios, que eliminara a los jóvenes, convencido de que éstos eran miembros del cártel rival, el de los Rojos, y que habían ido a Iguala para acabar como los operadores de Guerreros Unidos en esa ciudad.

Esa fue la causa de lo virulenta persecución, del secuestro y la muerte de los jóvenes, de los cuales por lo menos 17 de ellos, según los peritajes, fueron incinerados en el basurero de Cocula. Hay por ese caso más de 100 detenidos, muchos de ellos confesos sobre su participación, y acusados con distintas pruebas documentales.

Pero esa investigación, realizada en la PGR, se confrontó con el GIEI y con los grupos de familiares que decidieron torcer la historia para invocar un crimen de Estado. No han tenido un solo resultado o dato importante en el cual reafirmar la tesis del crimen de Estado (o del popular "fue Peña"), pero sí le han dado a los acusados por ese crimen coartadas para tratar de librar la prisión. Si no hubo incendio en Cocula no hubo incineradores ni asesinos; si el objetivo fue político, aunque no haya sustento para afirmarlo, entonces no fue un tema de narcotráfico y ni Sidronio, ni los Abarca, ni el Cabo Gil, ni ninguno de los que operaron ese crimen, son responsables de nada, hay que dejarlos en libertad, por lo menos en esa causa. Si se demuestra tortura, aunque hayan pasado dos años de la declaración, Sidronio queda en libertad, será incluso indemnizado y se cancela el proceso.

Es perverso, pero el accionar ideologizado de quienes trabajan con los familiares de los 43 es el principal responsable de que los verdaderos asesinos estén encontrando una coartada para buscar la libertad. Si un personaje como Sidronio Casarrubias Salgado puede ser amparado por la justicia y está en condiciones de conseguir su liberación, que nadie se asombre si el día de mañana los Abarca y muchos otros puedan seguir ese mismo camino. El GIEI, los que asesoran a los familiares, los personajes políticamente correctos que pululan en redes sociales y medios, están logrando un objetivo político perverso: que el crimen de Ayotzinapa quede en la impunidad para construir, a partir de allí, un proceso político que impacte en el 2018 y si es posible que logre llevar a Peña Nieto y a su administración ante tribunales internacionales, aunque el crimen de Ayotzinapa quede impune. Trataron de hacerlo hace exactamente 6 años con Felipe Calderón y no lo lograron. Hoy parecen estar mucho más cerca de ese objetivo.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 6 de septiembre de 2016).

Algunos vecinos de la colonia El Campanario, grabaron un video, en el cual los ciudadanos intentaron linchar a un sujeto, quien presuntamente minutos antes había amagado a una mujer y la despojó de sus pertenencias. Por su parte el Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Gto., César Armando Vázquez Rivera, reconoció que la gente está cansada de la delincuencia pero pidió que no golpeen a los ladrones "porque qué tal si los llegan a matar".

En la grabación se ve a un sujeto tirado en el piso y sangrando de la cabeza, al tiempo que dice que se le hizo fácil el intento de robo.

El sujeto golpeado dijo llamarse Edgar, quien minutos atrás había amagado a una mujer poniéndole un cuchillo en el cuello y despojándola de sus pertenencias.

(V.Sin Embargo del 5 de septiembre de 2016).

La Ley de Movilidad de Jalisco establece la obligatoriedad de que los vehículos cuenten con un seguro de daños a terceros, como mínimo; no obstante, 7 de cada 10 unidades en el padrón incumplen con este requerimiento.

Las reformas legislativas de poco han incidido para que los dueños de vehículos contraten una póliza: en Jalisco apenas se avanzó de 29.3% de autos asegurados en 2014 a 31% en 2015, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

Aunque la mayoría de los automovilistas jaliscienses no cuenta con un seguro de vehículos, las sanciones aplicadas a conductores que carecen de una póliza que cubra al menos daños a terceros disminuyeron casi 40% de 2014 a 2015, al pasar de 16,171 a 10,040.

En lo que va de este año (con corte al 16 de junio) suman apenas 6,570 folios, informa Francisco Poe Morales, director de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad.

La sanción vigente para conductores que carecen de seguro en la Entidad es de 10 a 30 días de salarios mínimos; o bien, de 730 a 2,191 pesos. Sin embargo, es posible cancelar la multa si se presenta la póliza de seguro en los 20 días posteriores a su aplicación. Con lo que cuesta la infracción sí es posible adquirir una póliza de seguro básica de daños a terceros.

"Es mejor que estén asegurados y así se quitan de problemas porque tienen la seguridad jurídica. De otra manera andan buscando al primo, al amigo, al abogado porque dañó patrimonio del Estado de las calles, o peor aún, hay un lesionado o un muerto".

Quien conduce un vehículo está obligado a cumplir la ley; contar con el seguro de daños a terceros es una obligación.

(V.primera plana y pág.2-A del periódico El Informador del 5 de septiembre de 2016).

Integrantes del sector indígena de la CNTE y pobladores de la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, liberaron este sábado cerca de 100 vehículos que mantenían retenidos desde hace más de 2 meses en una de sus trincheras; señalaron que es parte de su flexibilidad para distensar el conflicto magisterial y de normalistas con el Gobierno del Estado [de Michoacán].

Tanto los autobuses de pasajeros, los tráileres, madrinas de traslado de automóviles nuevos, así como camionetas y coches comerciales, fueron conducidas de regreso a sus empresas por los propios choferes.

Entre las unidades se encontraban 2 pipas de Pemex con material peligroso y 14 autobuses de diferentes líneas de transporte de pasajeros, como Parhikuni, ETN y Ómnibus de México.

Los empresarios del ramo continúan con la exigencia a las autoridades estatales y federales de que se recupere el resto de los vehículos que han sido robados con violencia y que mantienen retenidos los estudiantes de las diferentes escuelas normales de la entidad desde hace 67 días.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 28 de agosto de 2016).

Profesores de la CNTE mantenían ayer 12 bloqueos, uno de ellos en el crucero del aeropuerto y cortes a la circulación en 2 casetas de peaje en Oaxaca, confirmó la Comisión Nacional de Seguridad.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 27 de agosto de 2016).

El viernes pasado se cumplieron 6 años del asesinato de Armando Chavarría, quien era presidente del Congreso de Guerrero. Fue acribillado por la mañana a la puerta de su casa en Chilpancingo. Su crimen causó conmoción en la sociedad política. El presidente Felipe Calderón ordenó a la PGR colaborar en el caso y resolverlo, pero hasta ahora, eso no ha sucedido. El crimen de Chavarría no es uno más de la estadística de la violencia en Guerrero, ni un ejemplo adicional a la ineficiencia del sistema de procuración de justicia. Es uno de los casos más claros de cómo en México la justicia no vale cuando los intereses políticos se cruzan, y fotografía un país donde la ley es aplastada por las complicidades.

La investigación de su crimen se desvaneció con el tiempo, por lo que la llegada del PRD a la gubernatura, con Ángel Heladio Aguirre, parecía ser la oportunidad de aclarar el caso. Fue todo lo contrario: se guardó como secreto en una casa de seguridad en Cuernavaca. El expediente regresó a Chilpancingo en la última etapa del gobierno de Aguirre.

El asesinato, según extractos del expediente a los que se ha tenido acceso, aclara quiénes son los autores intelectuales y materiales del crimen. Se señala a los comandantes "Ramiro" y "Beto", del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI), una guerrilla metida en la producción y el tráfico de mariguana y goma de opio para canjear por armas, en un ajuste de cuentas porque Chavarría, según las averiguaciones, incumplió sus compromisos para dar un mayor número de recursos a la guerrilla y ayudar a derrocar a Torreblanca.

En los extractos de las investigaciones a las que se tuvo acceso, aparecen las relaciones de Chavarría con varias de las figuras más importantes del PRD en aquél momento. Aguirre, que era socio político de "Los Chuchos", quiso esconder el origen del asesinato del presidente del congreso porque le perjudicaba a él, a sus aliados, y a otras figuras del PRD, no sólo a sus camaradas de facción, sino también al jefe de Izquierda Democrática, René Bejarano, y su esposa, la senadora Dolores Padierna, quienes aparecen mencionados de manera central en la indagatoria.

Los vínculos de Bejarano en Guerrero son viejos, y respaldaba a varios dirigentes sociales con vinculaciones a la guerrilla, como Arturo Hernández Cardona, quien se enfrentó con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de acuerdo con una investigación en manos de la PGR, lo mandó matar. Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, se encuentran presos actualmente y han sido vinculados al grupo criminal Guerreros Unidos, al que se le adjudica la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La investigación sobre Chavarría incluye testimonios de involucrados en el crimen que afirman que Bejarano y Padierna estuvieron en una reunión en una casa en Tlapa, Guerrero, el 19 de agosto de 2009, en donde se habló del asesinato del dirigente perredista y del propio gobernador Zeferino.

Ni Bejarano ni Padierna fueron llamados a declarar, porque se consideró que no hubo información adicional que los ubicara ese día en Tlapa. Pero el seguimiento de la investigación del asesinato de Chavarría los iba a colocar en una situación muy delicada cuando aparecieran sus nombres, y el de otros diputados federales y locales del PRD que también fueron mencionados directamente como asistentes a la reunión del 19 de agosto. Varios de ellos también fueron vinculados al ERPI y a organizaciones de masa de la guerrilla, el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, el FRAP, y otros organismos relacionados con la defensa de los derechos humanos.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que heredó el caso, conocía los vasos comunicantes con el asesinato de Chavarría, y de los nexos del PRD con guerrilleros y narcotraficantes. Sin embargo, la facción del PRD que quedaba manchada por actividades delictivas, más allá de que sus líderes no estuvieran directamente involucrados en ellas, eran "Los Chuchos", con quienes el gobierno hablaba, negociaba y armaba las votaciones en el congreso para las reformas económicas de Peña Nieto. La facción de "Los Chuchos" tenía que ser protegida, porque cualquier acción que la debilitara, afectaba el entramado del Pacto por México. Que Aguirre escondiera el expediente y buscara desviar el origen del asesinato al gobierno de Torreblanca, respondía a esta lógica de encubrimiento político, donde la ley podía obviarse frente al embate reformador de Peña Nieto. Esto es México, 2016.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 24 de agosto de 2016).

Hoy será un día clave para saber qué fuerza real tiene la Coordinadora más allá de bloqueos y agresiones, en qué medida puede boicotear el inicio del ciclo escolar, pero también para saber cómo responderá el Estado ante las provocaciones de estos grupos.

Se antoja difícil que se pueda transitar en los próximos días sin utilizar esa fuerza sin la cual la ley se convierte en letra muerta. Y como hemos visto en Tlatlaya, en Tanhuato, en Nochixtlán, no existe ni claridad ni un marco legal que dé certidumbre a los propios miembros de los cuerpos de seguridad sobre cómo responder a agresiones violentas, sea de manifestantes o sicarios.

La reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una muy buena demostración de ello. La CNDH está hablando desde un mundo ideal: habla de ejecuciones extrajudiciales (en realidad, en nuestro sistema de justicia no se contemplan las ejecuciones, así que no existen las extrajudiciales) porque hay personas que tienen disparos que no fueron de frente; dicen que se acomodó la escena porque hay cuerpos que fueron movidos de lugar; que se esperó 4 horas en entregar al MP el lugar donde se había dado un enfrentamiento que duró más de 3 horas e incluso recomienda que de esos hechos no se difunda información para no alterar los procesos.

Estoy muy lejos de sostener que la comisiones de derechos humanos sean organismos, como muchos piensan, que sirven para defender los derechos de los delincuentes, pero también creo que su labor debe, en casos como Tanhuato, partir de las realidades que impone la propia violencia criminal en el país. No sé si hubo o no ejecuciones en Tanhuato, pero sí sé, porque como reportero me ha tocado cubrir sucesos de esas características, que cuando se da un enfrentamiento armado entre un grupo de más de 100 sicarios, en un rancho enorme, enfrentados con más de 50 policías, cuando se tiene el antecedente que esos mismos sicarios días antes habían emboscado y matado un grupo numeroso de agentes federales y derribado un helicóptero del Ejército matando a soldados y policías, se está en un combate donde el uso de la fuerza se limita en muchas ocasiones a matar o morir.

Hay que insistir en que en el rancho El Sol en Tanhuato llegó a haber 700 sicarios entrenándose, que al momento del operativo había más de 100 elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación que no se rindieron, sino que atacaron a las fuerzas de seguridad, ocasionando la muerte de un oficial y heridas graves en otro. Que hubo 42 muertos, pero también detenidos y que más de 60 sicarios escaparon armados hacia la sierra que rodea el lugar. ¿Qué se esperaba? ¿Que los policías fueran uno por uno ante los sicarios a pedirles que, por favor, dejaran de disparar y que se rindieran?

Toda vida humana es importante, pero pareciera que la de los policías, soldados y marinos para algunas voces vale menos que la de sus agresores, sean sicarios, grupos armados o manifestantes. No hay una línea en la recomendación de la CNDH que ponga en contexto los hechos de Tanhuato, respecto a las agresiones que el CJNG había ejecutado contra las propias fuerzas de seguridad, ni tampoco del lugar en que se libró el combate entre sicarios y policías, tampoco respecto al oficial muerto (de un tiro por la espalda).

Pero tampoco se observa el menor interés en el poder legislativo para darle fuerza de ley al uso de la fuerza y de las armas de fuego, tampoco de contar con una ley de seguridad que reglamente con claridad la participación de policías, soldados y marinos en la seguridad interior del país. Y ése es un reclamo público de quienes encabezan esas instituciones civiles y militares no de ahora, sino de los últimos 3 sexenios. Pero los legisladores prefieren crear comisiones en lugar de legislar, prefieren utilizar estos casos para hacer proselitismo, en un sentido o en otro, en lugar de proteger legal y jurídicamente a quienes están defendiendo las instituciones.

Lo que refleja la recomendación de la CNDH sobre Tanhuato es eso: 2 visiones, 2 interpretaciones sobre lo que se puede y debe hacer ante un enfrentamiento armado, en una situación de evidente utilización de la fuerza del Estado. Pero se trata, insisto, de interpretaciones ante un marco legal tan endeble que se presta a eso, a ver cómo lo quiere interpretar cada uno de los interesados, tanto que ahora resulta que se debería hasta indemnizar como víctimas a los sicarios que atacaron y mataron a los elementos de seguridad federal.

Jorge Fernández Menéndez
(v.periódico Excélsior en línea del 22 de agosto de 2016).

Durante el sexenio de Felipe Calderón se repetía como una especie de mantra: el incremento de los homicidios en México se debe a que "los criminales se están matando entre ellos". Los Pinos trazaban un cordón sanitario artificial que servía de justificación. Los malos son asesinados; los buenos pueden vivir tranquilos. Una escisión de 2 méxicos, el de los narcos en donde se asesina, se secuestra y se viola, y el del resto de la población, que no tiene nada que temer. 2 méxicos que de acuerdo al discurso oficial estaban tajantemente divididos, y no había esta descomposición del tejido social de la que hemos hablado por un buen tiempo. Los datos nunca confirmaron esta división tan tajante como irreal. La guerra contra el narco del presidente Calderón supuso que en el plazo de un lustro, se triplicara la tasa de homicidios en el país. Pasamos de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, en 2007, a 26 a finales de 2011. Y de acuerdo a las cifras que permanentemente registra el investigador Eduardo Guerrero, el crecimiento en los homicidios no sólo se debe a ajustes entre los cárteles de la droga, también la proporción de homicidios por otros tipos de violencias crecieron alarmantemente.

Más allá de cifras, otra de las herencias que el calderonismo tomó prestadas del régimen autoritario, es la justificación de la violencia aludiendo a que "si te portas bien, nada te pasará". Es un asunto entre malos; es un ajuste entre los propios narcos. "Seguro andaba en malos pasos", como reza la frase repetida por mucha gente. La construcción de esta narrativa, que ha tenido una increíble adopción social, ha tenido severos impactos tanto en nuestro incipiente Estado de Derecho como en el imaginario que tenemos los mexicanos del problema del narco. Hubo una gran irresponsabilidad del gobierno de Calderón al utilizar la palabra "guerra" para referirse a un reto que tenía que ver con la política de drogas y el combate a la impunidad en México.

En 1er. lugar, se matan entre ellos, como discurso oficial para explicar el incremento de la violencia, es una justificación para ni siquiera abrir investigaciones por homicidios en México. Las cifras no mienten. La tasa de impunidad en homicidios oscila entre el 92%, su nivel más alto en 2012, al 85% actual. El discurso de se matan entre ellos, funciona para justificar la no investigación de miles y miles de asesinatos. Respalda discursivamente la inacción gubernamental, lo que resulta muy peligroso. ¿Para qué investigar si sabemos que el ajuste de cuentas fue entre "malos"? ¿Para qué abrimos causas si sabemos que se están matando entre ellos?

Así, se viola la presunción de inocencia y se investiga de acuerdo a las condiciones que supuestamente originan los homicidios, pero siempre partiendo de una intuición y no de certezas. Ninguna autoridad, por más segura que esté del móvil de un asesinato, puede pasarse por el arco del triunfo el Estado de Derecho y llegar a una conclusión sin antes haber llevado un debido proceso. El "se matan entre ellos" deslinda al Estado de su responsabilidad con las víctimas y con el esclarecimiento de los crímenes. No puede haber justicia sin debido proceso y, lamentablemente, en México se hacen investigaciones por intuiciones o con bajísimos niveles de pruebas. A veces son simples dichos de testigos. Una narrativa que favorece la impunidad y criminaliza a las víctimas.

En 2o. lugar, este discurso profundiza la dimensión bélica de un problema de inseguridad que debería tener como principal objetivo la reducción de la violencia. Se matan entre ellos constituye un imaginario que divide a nuestra sociedad entre buenos y malos. En algún momento el propio presidente Felipe Calderón dijo que el incremento en los asesinatos era una consecuencia lógica de enfrentamientos entre los cárteles ante el asedio del Estado. A tal nivel llegó Calderón que incluso dijo que el incremento en los homicidios nos acercaba al objetivo de acabar con el narcotráfico. Un razonamiento sumamente peligroso y más proveniente de un gobierno: entre más malos caen asesinados, más éxito tiene nuestra estrategia.

En 3er. lugar, es un discurso que brinda una falsa paz. Es ingenuo creer que en un país en donde han muerto 180,000 mexicanos en 9 años, se puede estar al margen de la violencia. Es una forma de mentirnos constantemente: sólo mueren los malos. Más que un discurso que apele a la realidad o que quiera explicarnos la situación de violencia que vive el país, es una especie de frase tranquilizadora que nos hace olvidar que los desaparecidos y los muertos en este país no sólo tienen que ver con el narco. Incluso, de acuerdo a los datos que tiene la Fiscalía General del Estado, sólo uno de cada 8 desaparecidos se encuadra en el perfil de una pugna entre células del crimen organizado.

Y en 4o. lugar, se desdeñan los procesos judiciales, el entramado institucional que nos da certeza de esclarecer la verdad sobre un asesinato, y se apuesta por el escándalo mediático, por el juicio momentáneo de la opinión pública. Sin embargo, suele pasar otra cosa: los encargados de defender el interés público, sea procurador o fiscal, dan ruedas de prensa en donde se asumen como jueces ad hoc de lo sucedido. "Se matan entre ellos", asumiendo una posición que no tiene nada que ver con las competencias del funcionario y que gravemente viola el debido proceso, así como la presunción de inocencia. A quien le toca dictar sentencias es al juez, para eso existe la separación de poderes. Violaciones al debido proceso de esta magnitud han llevado a que la Suprema Corte deje en libertad a presuntos criminales por la falta de observancia a un derecho humano, como es el caso del debido proceso. Y, ahora, con el Sistema Penal Acusatorio, dichas violaciones al debido proceso constituirán una parte esencial de la cadena judicial. Queda claro que las autoridades no están ni medianamente conscientes de los retos que se les vienen encima.

Enrique Toussaint
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 21 de agosto de 2016).

En México, la impunidad no deriva exclusivamente del fuero de los funcionarios públicos, sino lo que podríamos llamar como el “fuero social” producto de la corrupción y que está en relación directa con "el número de ceros que cada persona traiga en su bolsillo". No obstante, la impunidad de los funcionarios con fuero es la que mayor irritación y escándalo provoca. Empero, la reforma aprobada en Jalisco es tan solo "el 1er. clavo que se le clava al ataúd de la impunidad", como lo señalara la diputada Rocío Corona, y al que le falta colocarle muchos más, como el sistema estatal anticorrupción, la autonomía de la Fiscalía; y la despartidización del Juicio Político, por mencionar los más importantes.

Flaco favor se le hace a la impunidad con la reforma aprobada cuando al mismo tiempo los propios diputados dicen (quizá queriéndose curar en salud) que de esos 1598 funcionarios que perdieron el fuero 99 de ellos lo seguirán conservando en materia de delitos federales, incluidos ellos.

Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de agosto de 2016).

Ser impotente ante la violencia o la ilegalidad de un movimiento es una cosa. Otra cosa es sentar a la mesa a los violentos y a los ilegales como interlocutores legitimados precisamente por su violencia y su ilegalidad.

El espacio intermedio es reconocer que el gobierno no puede contenerlos ni desmovilizarlos, pero tampoco les da legitimidad como interlocutores.

El lenguaje de los hechos es que el débil Estado mexicano no puede contener ni reprimir sus protestas ilegales, porque reprimirlas puede desencadenar violencias e ilegalidades mayores, y porque su sociedad se vuelve a las primeras de cambio contra él.

Pero el lenguaje de los hechos diría también que el Estado no reconoce los comportamientos violentos y delictuosos como una forma efectiva de llegar a la negociación, de hacer política.

Una fórmula alternativa de este espacio intermedio sería: "Ni represión ni diálogo".

Es decir, que ni el Estado aplica la ley a rajatabla ni los protestantes adquieren legitimidad violando la ley.

Quedaría claro ante la opinión pública que el Estado es débil, pero no tanto como para además ser obsecuente. Quedaría clara la situación real: el gobierno no puede imponer condiciones a quienes lo desafían ilegalmente, pero estos tampoco pueden imponerlas al gobierno.

Se crearía una especie de empate táctico en el que los protestantes ilegales desgastarían al gobierno, pero no obtendrían de éste ni un gramo de legitimidad.

Quedaría claro ante la sociedad que, en efecto, el gobierno no puede contener ni reprimir las protestas ilegales, pero tampoco les da calidad de interlocutores públicos.

Premiar a los ilegales y los violentos con mesas de negociación establece una pedagogía pública que lejos de resolver los conflictos simplemente los multiplica.

Héctor Aguilar Camín
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 19 de agosto de 2016).

Archivaldo Guzmán, el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, había sido detenido el 13 de febrero del 2005. En forma insólita fue absuelto de todos los delitos de los que se le acusaba y fue liberado por el juez (años después destituido y procesado por presuntamente haber recibido dinero del cártel de Sinaloa) Jesús Guadalupe Luna Altamirano, el 11 de abril del 2008, que exoneró a Iván, en los delitos de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Antes había sido absuelto del asesinato de Kristen Paige Deyell una chica canadiense de 20 años de edad, originaria de Calgary, Alberta, estudiante de intercambio en el ITESM de Guadalajara. Fue ejecutada junto con su amigo mexicano, César Augusto Pulido Mendoza, de 23 años. Fue liberado y desde entonces está prófugo.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador en línea del 17 de agosto de 2016).

Luego del bloqueo del lunes en el cruce de La Magdalena y carretera a Colotlán, en Zapopan, los vecinos del Valle de Tesistán lograron el compromiso de la autoridad para rehabilitar vías alternas. David Zamora Bueno, director de Obras Públicas, informó que buscarán conseguir 35 millones de pesos para reconstruir el camino a Copalita, aunque no cuentan con una partida presupuestal asegurada. El coordinador general de Servicios Públicos, Hugo Salazar, y el secretario general del Ayuntamiento, Ricardo Rodríguez, se comprometieron a entregar un proyecto en 10 días.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 17 de agosto de 2016).

Luego de mantener bloqueada la carretera a Colotlán desde antes del mediodía de ayer, vecinos de la zona que reclaman la reparación con concreto hidráulico de la vía, así como la de Lago Real, liberaron el cruce anoche y aceptaron ir a una mesa de diálogo con la autoridad [municipal de Zapopan] esta mañana a las 8:00 horas.

(V.pág.7-A del periódico El Informador en línea del 16 de agosto de 2016).

Este martes, estudiantes normalistas incendiaron 3 vehículos más sobre la autopista de Occidente, a la altura del municipio de Huaniqueo, como parte de su 6o. día de movilizaciones.

Los conductores indicaron que sujetos encapuchados los despojaron de sus unidades con violencia y bajo amenazas de atentar contra su vida.

Se trata de un tráiler, un tractocamión y un auto Chevrolet tipo Chevy particular con placas del Estado de México, que fueron robados e incendiados sobre el kilómetro 270 del tramo carretero Maravatío-Zapotlanejo.

Con este hecho suman 14 las unidades siniestradas a manos de los estudiantes de las escuelas de formación docente en 6 días.

Atrincherados en Turícuaro, municipio de Nahuatzen, los normalistas también advirtieron que continuarán con sus acciones hasta que sean liberados sus 38 compañeros detenidos el lunes durante operativos policiales en el municipio de Ecuandureo y en la tenencia de Tiripetío, mientras bloqueaban la circulación en las autopistas de Occidente y Siglo 21.

En Morelia, el gobernador Silvano Aureoles señaló que no habrá tregua para quienes violenten la paz pública, alteren el orden o vulneren el Estado de Derecho.

Aureoles dijo que su gobierno no va a negociar jamás con grupos que violenten la convivencia y la armonía de la sociedad.

Agregó que ningún hecho que se dé fuera de la ley y que violente el Estado de Derecho hará que las autoridades retrocedan.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública informó que elementos de la policía de Michoacán han reforzado un operativo de seguridad en la entidad ante las acciones cometidas por estudiantes normalistas durante las últimas horas.

A través de un comunicado, indicó que los operativos de la policía se han desplegado por aire y tierra en todo el estado, principalmente en la autopista de Occidente, donde se cerró la circulación para evitar afectaciones a terceras personas tras la quema de 2 tractocamiones y un auto particular.

(V.periódico El Informador en línea del 16 de agoto de 2016).

La propaganda gubernamental nos dice que las leyes y los tribunales protegen a las madres y a sus hijos. La verdad es muy distinta para Doramy Minganti Gurtubay, de 27 años de edad, madre de Camila Flores Minganti, de 6 años.

El padre de la niña, José Alejandro Flores Caballero, secuestró a Camila el pasado 12 de febrero, el día de cumpleaños de la pequeña. La custodia de la niña era compartida. El padre y la madre habían firmado un convenio el 15 de agosto de 2013 en el juzgado 28 de lo familiar de la Ciudad de México que establecía que la niña permanecería con el padre los fines de semana y la devolvería a la madre los domingos. Los gastos se cubrirían al 50%.

Como Alejandro no aportaba los gastos para la niña, Doramy promovió un proceso para el pago y la pérdida de patria potestad. Este proceso fue radicado en el juzgado noveno del proceso oral familiar en la Ciudad de México. En el fin de semana del cumpleaños, sin embargo, el padre simplemente decidió quedarse a la niña y nunca la devolvió. En términos estrictos Alejandro secuestró a su hija, aunque en México las leyes sólo tipifican su acción como "retención de menor".

Doramy presentó una noticia por retención de menor en la Fiscalía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría de la Ciudad de México. 6 meses después la investigación continúa.

En un país donde realmente existiera la justicia, Camila habría sido devuelta a la madre de inmediato y el padre transgresor sancionado. Pero en México la madre sigue sin ver a la hija. En México quien transgrede la ley es premiado en lugar de sancionado.

Lo peor de todo es que Alejandro realmente no se interesa por estar con la niña. Como otros jóvenes, prefiere salir los fines de semana. Es la abuela paterna la que quiere tener el control de Camila y convertirse en madre sustituta.

Para justificar el secuestro de la niña el padre ha afirmado que Doramy ha ejercido actos de violencia en contra de la niña. No hay ninguna indicación o prueba (yo conozco personalmente a la madre y a la hija y puedo testificar que la afirmación es falsa). La denuncia no ha sido ratificada, pero ha sido suficiente para dejar a la niña en custodia de un tío que vive en la casa vecina a Alejandro y su madre durante meses, mientras los procesos legales se mueven con lentitud.

Los problemas iniciales de Doramy y su hija surgieron del hecho que cuando los padres se separaron la chica no tenía dinero para contratar un abogado, mientras que la madre de Alejandro trabaja en un despacho legal. Esto hizo posible que los tribunales despojaran a la madre de la custodia de su hija y se la dieran al padre. Condenaron además a Doramy a pagar una pensión al padre.

Cuando ya Doramy logró tener un despacho de abogados que la apoyara, pudo defender sus derechos y los de su hija, pero firmó el acuerdo de custodia compartida de 2013 con la idea de que era la mejor opción para Camila. El padre se ha dado cuenta, sin embargo, que en México la manera más fácil de tener a la niña es secuestrarla.

En este caso el padre, junto con su familia, han mostrado su falta de respeto a la ley. Es increíble, sin embargo, que en México se premie a quien viola la ley y se castigue a quien la respeta con la separación forzada de su hija.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 15 de agosto de 2016).

Tras la libertad bajo caución de Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, principales dirigentes de la Sección 22 de la CNTE, el presidente en la entidad de la Cámara Nacional de Comercio-Servicios y Turismo, Jaime Zorrilla, reprochó la excarcelación:

"Es aberrante lo que está sucediendo, cómo están conduciendo en este país las cosas; nos tiene muy preocupado la situación, vemos que después de un gran desorden, de lesionar la economía, la paz, la tranquilidad, a los negocios, a los trabajadores de las empresas, las cosas se resuelvan así, no hay consecuencias para el gobierno, no hay consecuencias para los grupos que operan fuera de la ley y finalmente el gobierno sigue cediendo en la totalidad a los chantajes".

Lamentó que en el caso de Núñez Ginez, a pesar de que está acusado del mismo delito de lavado de dinero por el que está encarcelada Elba Esther Gordillo, la ex líder del SNTE continúe en prisión.

Demandó a la Secretaría de Gobernación una solución a fondo del caso e informó que en conjunto con las demás cámaras empresariales analizan otras medidas de protesta en la capital del país, aunque descartó que sean marchas o "plantones", para no actuar como el magisterio.

"Nos dejan en Oaxaca una economía lesionada, con graves consecuencias que vamos a ver no solamente este año sino los próximos; es un tema muy serio, la actitud del gobierno es terrible, el propio gobierno tuerce la ley; seguramente les pagó las fianzas, esto es inconcebible, es abonar a la corrupción, es abonar a la impunidad", manifestó el dirigente empresarial.

(V.periódico El Informador en línea del 13 de agosto de 2016).

Estudiantes de las escuelas normales de Michoacán iniciaron un bloqueo sobre la Autopista de Occidente México-Guadalajara, a la altura del municipio de Churintzio, donde atravesaron tráileres para impedir la circulación vehicular.

Los normalistas señalaron que este bloqueo carretero es sólo una parte de las acciones que emprenderán y que cada vez serán más radicales al no existir una mesa de negociación con las autoridades estatales y federales, a las que les exigen el otorgamiento de plazas automáticas para todos los egresados de las carreras de docentes.

Este jueves incendiaron 2 vehículos comerciales, dañaron 2 patrullas y bloquearon por al menos un par de horas la Autopista Siglo 21 y la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, donde también reiteraron su respaldo a la movilización magisterial de la CNTE.

Los normalistas han radicalizado sus acciones tal como lo habían advertido desde la tarde de este jueves.

En distintos pueblos de la Meseta Purépecha y respaldados por los pobladores indígenas, los estudiantes mantienen retenidos, desde junio pasado, camiones repartidores, vehículos oficiales, autobuses de pasajeros, coches nuevos y al menos 5 pipas de Pemex con material peligroso.

(V.periódico El Informador en línea del 12 de agosto de 2016).

5 encuestadores fueron liberados en un operativo luego de que fueron retenidos por pobladores de Centla, Tabasco, quienes intentaron lincharlos al confundirlos con delincuentes.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 10 de agosto de 2016).

La Suprema Corte de Justicia discutirá esta semana, -¡por fin...!- una iniciativa que, sin coartarla del todo, restringirá (regulándola, acotándola, condicionándola al cumplimiento de determinados requisitos y al respeto del derecho de los demás) el derecho que la Constitución tutela para que se realicen marchas, manifestaciones y similares. Se trata, sí, de mantener vigente el derecho que los ciudadanos de este país tienen para "asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito", como establece el Artículo 9º. de la carta magna... pero no de la manera libérrima, abusiva e injusta que hasta ahora ha caracterizado ese tipo de expresiones.

Durante muchos años, el clamor de los ciudadanos que planteaban la necesidad de reglamentar marchas, plantones, manifestaciones y demás, fue desoído sistemáticamente por (con la venia de Pito Pérez) "el supremo gobierno que no se equivoca nunca". So pretexto de que los preceptos constitucionales son intocables, sacrosantos e irrenunciables, se permitía que unos cuantos ciudadanos -decenas, cientos o miles- deseosos de "hacer una petición o presentar una protesta por un acto a una autoridad", como la misma norma establece, alteraran el derecho de muchos miles de ciudadanos igualmente respetables a circular por las calles o espacios públicos de que aquéllos se apropiaban; a no convertirse, como rehenes de los manifestantes, en ciudadanos de 2a. clase.

Marchistas, manifestantes y demás han convertido la libertad que la Ley Suprema del país les reconoce, en vil libertinaje, al poner a la autoridad entre la espada y la pared: o los reprime a ellos... o permite que los menos la chantajeen, conculcando artera e impunemente los derechos de los más.

Jaime García Elías
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 9 de agosto de 2016).

La Secretaría de Gobernación dialoga con la Coordinadora a pesar de que ésta mantiene bloqueos de vías de comunicación que afectan a los ciudadanos y conserva cientos de vehículos robados. Pero además Segob no ha ofrecido ninguna información sobre los acuerdos. La Coordinadora es la que ha dado a conocer arreglos que supuestamente han surgido de la mesa de negociación. Segob no ha confirmado nada, pero lo que presume la CNTE preocupa. No ha habido (todavía) un acuerdo para abrogar la reforma, pero Gobernación parece estar dando concesiones para las que no tiene facultades.

La información disponible sugiere que los maestros que no se han presentado a trabajar ya están recibiendo su sueldo. Los que deberían haber sido dados de baja, por haber faltado más de 4 días consecutivos, siguen en la nómina. Han sido también liberados varios activistas de la CNTE acusados de delitos graves y que estaban en proceso.

Hasta donde sabemos el gobierno no ha aceptado abrogar la reforma educativa. No podría hacerlo, supongo, después de haber dicho tantas veces que ésta no está sujeta a negociación. Pero la CNTE se da cuenta que si mantiene sus bloqueos, y si sigue generando daños importantes a empresas y ciudadanos, tendrá al gobierno contra la pared y podrá ir obteniendo concesiones graduales. Por lo pronto ayer Enrique Enríquez, de la sección 9, proclamaba feliz: "La reforma ya se cayó".

El secretario de Gobernación parece también muy satisfecho con la negociación. Ha expresado su extrañeza de que los empresarios se quejen en un momento en que, según él, ha habido avances importantes en el diálogo. Es verdad que los dañinos bloqueos de las vías de ferrocarril en Michoacán se han levantado, y que también han concluido algunos cierres de carreteras, pero para muchos empresarios de Oaxaca, que ayer decretaron un paro de labores y se manifestaron a favor de que el gobierno garantice el derecho al libre tránsito, estos avances no son suficientes.

Los empresarios, especialmente en Oaxaca, siguen pagando el costo de la inseguridad jurídica. Nunca saben si una carretera estará abierta o cerrada, o si un camión o autobús será robado o no. Los hoteles y restaurantes turísticos de la ciudad de Oaxaca y de lugares como Puerto Escondido han perdido buena parte de la temporada de vacaciones escolares con tasas de ocupación y de clientes muy inferiores a las normales. El que el gobierno mande a la Secretaría de Economía a ofrecer créditos especiales a los empresarios afectados parece una burla ante el hecho de que el gobierno se ha negado a garantizar el libre tránsito o a actuar ante el robo de vehículos.

Si preocupa que el gobierno ha tenido miedo de cumplir y hacer cumplir la ley, también inquietan los posibles resultados de esta negociación en lo oscurito. No sabemos a cambio de qué se han dado los "avances" que presume el secretario de Gobernación. La verdad es que esta mesa de negociación está recalcando que en México importa menos la ley que las negociaciones que los grupos de poder tienen en lo oscurito con el gobierno.

Miles de activistas de organizaciones campesinas realizaron ayer por la mañana 4 manifestaciones simultáneas en la Ciudad de México y provocaron un enorme caos vial. ¿Qué pedían? Más dinero del gobierno.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 9 de agosto de 2016).

"La ley no se negocia" dice Miguel Ángel Osorio Chong con especial vitalidad. Son esas frases armadas, puntos comunes que escuchamos un día sí y el otro también. La muestra de un supuesto Estado enérgico, incorruptible y firme. Un Estado que es capaz de hacer respetar el marco normativo de nuestro país y que nunca pondría, bajo ninguna circunstancia, la ley a negociación de terceros. Ese discurso de la simulación, que mientras se muestra firme ante la opinión pública, en la oficina de atrás está negociando puntos concretos de la ley.

Sabemos que tenemos un gobierno doblegado por intereses particulares, y en donde la ley opera como un mecanismo de intercambio político y como producto de una negociación. La justicia selectiva es uno de los cimientos del régimen político mexicano. La ley como instrumento político; la ley como el garrote que se ensaña con el disidente. Es lo paradójico del discurso de la innegociabilidad de la ley. La ley se negocia a diario como una mercancía política, los ejemplos sobran. Niegan lo que vemos a cada momento.

Ahora los empresarios se sumaron a las voces que piden acabar con los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca y, por lo tanto, reestablecer el Estado de Derecho en dicha entidad. Le pedimos al gobierno federal que aplique la ley y defienda el Estado de Derecho, dijeron en conferencia de prensa. Y un hecho es innegable: los bloqueos han llegado a tal nivel de impacto sobre la ciudadanía en Oaxaca, que la propia CNTE ha perdido enorme credibilidad en las últimas semanas. Los bloqueos son efectivos para presionar a las autoridades, la historia lo demuestra, pero es un arma de doble filo, si pierden fecha de caducidad, sus efectos son regresivos. Y en medio de las presiones, las cúpulas empresariales elevaron el tono de su demanda: si el gobierno no aplica la ley en Oaxaca, nosotros responderemos evadiendo la obligación de pagar impuestos.

El discurso de la ley tiene gran potencia, pero muy poco realismo. 1o., porque México es el país de los privilegios. Y los empresarios son corresponsables en esa cultura de la violación al Estado de Derecho a través del influyentismo. Siguiendo en los impuestos, México es en América Latina, uno de los países con las tasas de presión fiscal más bajas al empresariado. El acuerdo histórico entre el Estado mexicano y las cúpulas empresariales es simple: yo cierro los ojos ante tus evasiones permanentes, pero ustedes no se meten en política (por ello le dolió tanto al PRI en el Congreso que los empresarios presionaran por la Ley 3 de 3 con máxima publicidad).

Como lo mencionaba anteriormente, la justicia es selectiva. La selectividad y el Estado de Derecho no pueden coexistir. La regla de oro de una democracia es que todos somos iguales ante la ley. Que la justicia es ciega. Y, sin embargo, en México la ley no toca a los poderosos. Por ello, sólo los enemigos del régimen están tras los barrotes de las prisiones. Pero lo mismo sucede con algunos empresarios que han hecho de la corrupción su modus operandi y sin embargo siguen en plena actividad y sin ninguna causa judicial abierta. La selectividad de la justicia sirve como una forma de castigar a los rivales políticos, estén en los partidos políticos o en la sociedad civil. ¿Por qué el gobierno mexicano decidió meter a la cárcel a los líderes de la sección 22 hasta que se agudizó el conflicto político por la reforma educativa? Si había pruebas contundentes para actuar contra ellos, ¿Por qué no se tomó la decisión con anterioridad? No puede haber democracia e igualdad jurídica si la ley sigue siendo un instrumento político del gobierno en turno. Sin embargo, mientras la Procuraduría siga atada a los intereses del ejecutivo, poco podremos hacer en la materia.

Somos un país que ha hecho de las leyes un instrumento o para obtener réditos políticos o para secuestrar rentas de los ciudadanos. Siempre hay una forma de negociar la ley, desde lealtad política al gobernante hasta la "mordida" al oficial de tránsito.

Enrique Toussaint
(v.pág.4-B del periódico El Informador del 7 de agosto de 2016).

¿Es más importante el derecho a manifestarse de un indígena que no sabe contestar qué pretende al bloquear una vía, avenida o ingreso a un espectáculo turístico o un aeropuerto, que el de una ambulancia que tiene que cruzar para llevar al hospital a un paciente de urgencia o un padre de familia que necesita llegar a tiempo a su trabajo para que le paguen el día y poder así mantener a su familia?

Entrar en cuestionamientos como éstos no es un tema de valentía ni mucho menos de retar al intelecto o al conocimiento de la Constitución y las leyes que de ella emanan, es un ejercicio que nos debemos plantear porque una vez que el Estado ha fallado en defender los derechos de sus ciudadanos, cabe preguntarse entonces cuál es su función y si está en condiciones de desempeñarla.

No es casual que desde que iniciaron los bloqueos masivos hace unos meses, los índices de inseguridad se han disparado, más alcaldes han sido acribillados, el número de asesinados se ha disparado y la sensación de estar en un país sin orden ni autoridad que lo imponga se comienza a generalizar.

Ante estas circunstancias, lo que sigue es que también se generalice el pretender hacer justicia por propia mano y cuando eso empieza, la ley de la selva comienza a regir y sálvese quien pueda.

Así las cosas, cabe que nos preguntemos, ¿de quién es México y quién lo cuida? Los que elegimos para hacerlo no lo están haciendo, ¿a quién le toca?

Razón y Acción
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 6 de agosto de 2016).

Después de meses de bloqueos de carreteras, vías férreas, centros comerciales, aeropuertos, puertos, secuestros de camiones, tráileres, robo de mercancías y combustible, de incendiar desde edificios públicos hasta tiendas, pasando por transportes y urnas electorales, luego de un costo económico para los sectores productivos de, por los menos, 10,000 millones de pesos, sólo en los últimos 85 días, los empresarios de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y algunos de la Ciudad de México se atrevieron a protestar por los daños sufridos por las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de presentar una demanda en los juzgados para que se les garantice su derecho al trabajo y al libre tránsito, y parte del mundo político en lugar de tener la sensibilidad para respaldar una demanda a todas luces legítima, decidió rasgarse las vestiduras para frenar las "presiones empresariales".

Nunca pudimos observar, en los 85 días que lleva la actual movilización de la Coordinadora, una reacción tan terminante ni del gobierno, del PRI o del PRD, como ante la queja de empresarios que están perdiendo su patrimonio como consecuencia de esas movilizaciones. Nunca el PRI y el PRD, tampoco el gobierno, decidieron, en forma unánime, exigirle un alto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como ahora se lo exigen a los empresarios, insistiendo todos en que no se puede combatir la ilegalidad con ilegalidad.

El problema es que, por una parte, los empresarios no están proponiendo nada ilegal: están ejerciendo un legítimo derecho a presentar ante tribunales una demanda para que se respeten sus fuentes de trabajo y la libre circulación de personas y mercancías. No es verdad, en realidad es un invento, decir que los empresarios están llamando a no pagar impuestos: lo que han dicho es que aquellos que se han visto aquejados de estos daños podrían declarar en ceros, y otros han insistido en que se les debería descontar de sus pagos fiscales los daños que han sufrido por estas acciones, perjuicios que, definitivamente, no son menores.

Estamos hablando de pérdidas, las que se han podido cuantificar, de 10,000 millones de pesos y que incluyen empresas del sector de los lácteos, el cemento, la manufactura eléctrica, las bebidas carbonatadas, el maíz industrializado, las conservas alimenticias, la automotriz, la naviera, de la transformación, vivienda, electrónica, tecnologías de la información y del papel, entre otras.

Los empresarios, grandes y pequeños y sus trabajadores, tienen todo el derecho del mundo a exigir que se les permita trabajar, hacer producir a sus negocios y empresas y poder transitar libremente. Nunca dijeron que dejarían de pagar impuestos, lo que sería un error, pero más allá de eso, resulta una muestra de insensibilidad política, lanzar contra ellos una ofensiva política cuando están recurriendo a una vía judicial y cuando con quienes desde hace meses vienen violando la ley cotidianamente y apelando una y otra vez a la violencia, se los sienta a negociar y se les otorgan concesiones. Se termina privilegiando a una minoría que viola la ley y se amedrenta a una mayoría que sufre las consecuencias de esos abusos.

Tiene razón el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, cuando dice que en las dos últimas semanas ha habido avances en algunos temas con la CNTE, quizás el más importante el levantamiento del bloqueo de las vías del tren que conectan con el puerto de Lázaro Cárdenas. Pero los bloqueos y los actos de intimidación y violencia continúan, mientras la Coordinadora amenazó el miércoles con no permitir el inicio de clases en sus estados, y bloquear aeropuertos, pasos fronterizos, vías férreas e instalaciones de Pemex, si no se abroga la Reforma Educativa.

Los actores políticos que tanto han criticado las presiones empresariales deben tener la sensibilidad para comprender que nadie puede sentirse esperanzado de que haya resultados rápidos. Porque además, por encima de todo, sobrevuela el fantasma de que, por lo menos, en esos cuatro estados del país la reforma se convierta, como quiere la CNTE, en letra muerta.

Es verdad, no se puede combatir la ilegalidad con la ilegalidad, pero sí se puede combatir la ilegalidad recurriendo a la justicia y tratando de evitar la impunidad.

Jorge Fernández Menéndez
(v.periódico Excélsior en línea del 5 de agosto de 2016).

El grupo delincuencial y brazo político de MORENA, y de su líder amoral MALO y sus secuaces, denominado Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se dicen "maestros", ya se pasó. Tiene la razón la COPARMEX, secundada por CANACO Y CONCAMIN, en exigir, como muchos de nosotros, simplemente que se aplique la ley, y cesen de inmediato las graves violaciones de estos tipos, tales como bloqueos a las vías de comunicación incluyendo trenes, carreteras y aeropuertos, centros comerciales, robos a tiendas y vehículos, secuestros a policías, funcionarios y periodistas y otros delitos, provocadas por esos rufianes que tienen secuestrado el sur del país, le recordamos al Presidente, al secretario de Gobernación, a los gobernadores de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas y a la comisión nacional y estatales de Derechos Humanos, que su obligación es hacer cumplir la ley, no negociar prebendas con guerrilleros, así que, a usar la fuerza pública, señores.

Héctor A.Romero Fierro
(v.pág.17 del periódico Milenio Jalisco del 5 de agosto de 2016).

Oscar Pérez, presidente de la Canirac en Huajuapan de León señaló: "El libre tránsito ya no es posible. ¿Hay ley para unos y no para otros? ¿Somos empresarios de segunda?".

Calificó de "ilógico" que las autoridades digan que es un delito que no paguen sus impuestos"cuando nuestros derechos humanos han sido pisoteados".

Señaló que como cámara ya se hizo una petición al Infonavit y al IMSS para que les condonen 6 meses el pago de estos impuestos, "el SAT no nos quiso recibir".

(V.periódico Milenio Jalisco del 5 de agosto de 2016).

Al acudir al Juzgado 1o. de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el presidente de la Coparmex, Gustavo Hoyos Walther, dijo que "el Estado de Derecho no es negociable" y responsabilizó a los 3 niveles de gobierno de permitir que el magisterio disidente en México infrinja las leyes y no cumpla "con sus obligaciones" que es garantizar el orden y la legalidad.

Luego de interponer la demanda de amparo, el presidente de la Coparmex en Chiapas, Enoc Gutiérrez Cruz, refirió que las autoridades han actuado con opacidad "ante un conflicto que nos ha puesto en una de las peores situaciones para los chiapanecos".

Hernández manifestó que "los chiapanecos vivimos una incapacidad de los gobiernos en todos sus niveles para aplicar la ley. Esta descomposición sistemática ha afectado a los sectores social, político y económico".

Antes de ingresar al juzgado federal, el presidente del organismo empresarial enfatizó que las empresas de Chiapas de diversos giros "padecemos las pérdidas económicas y como consecuencia la amenaza constante y lamentable más cercana de la pérdida de plazas de trabajo".

Ejemplificó que en esta entidad sureña 1,500 empleos están en riesgo, aunado a que decenas de comercios han cerrado.

En los comercios del centro de Tuxtla Gutiérrez, donde los maestros mantienen un plantón desde hace 11 semanas, las pymes se han declarado en quiebra y han cerrado definitivamente, apuntó Gutiérrez.

El sector más impactado es el turístico, cuyas empresas y prestadores de servicios reportan afectaciones de 80%; un centenar de empresas del giro han cerrado.

"Los hoteleros han declarado prácticamente perdido este periodo vacacional de verano por la baja ocupación y ya analizan el posible cierre de estas", agregó.

Por su parte, Hoyos dijo que la incapacidad de los gobiernos ante las protestas de la CNTE "es una pésima señal para los inversionistas locales e internacionales, nada más importante para la inversión que es la certeza jurídica".

"Lo que se pretende de manera muy concreta es que se recupere el orden y la legalidad, esa es nuestra exigencia puntual para el gobierno. En otros ámbitos de la activad económica, de la actividad financiera tenemos un trato fluido, los acuerdos están caminando, sin embargo, no podemos dejar ante la forma omisa en que se ha conducido el gobierno en ese tema en particular que es la tutela del estado de derecho".

(V.periódico Milenio en línea del 4 de agosto de 2016).

La gran pregunta es si el gobierno de Enrique Peña Nieto puede realmente escoger en qué casos aplicará la ley y en cuáles no. ¿Puede un gobierno lavarse las manos cuando el Estado de Derecho es violado abierta y sistemáticamente por una organización poderosa como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación?

Ningún gobernante se atrevería a reconocerlo públicamente, pero en México esto es precisamente lo que está ocurriendo. Ni los distintos órdenes de gobierno, ni otras entidades del Estado mexicano, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se atreven a cumplir su función cuando los miembros y simpatizantes de la CNTE violan la ley.

Algunas organizaciones empresariales, como la Concanaco y la Coparmex, han decidido demandar a los 3 órdenes de gobierno ante los tribunales y ante la CNDH para que cumplan la ley. Hacerlo, sin embargo, debería ser una acción automática y no discrecional del gobierno. No en balde el presidente, los gobernadores y los presidentes municipales juran al asumir sus cargos "guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen...". De manera increíble ni siquiera estas demandas han sido suficiente para impulsar al gobierno a cumplir con su deber.

La Coparmex presentó ya el 15 de julio una queja ante la CNDH por la inacción de los gobiernos ante las violaciones sistemáticas a los derechos de los ciudadanos que realiza la CNTE. La CNDH al parecer está integrando un expediente, pero hasta el momento no ha anunciado ninguna recomendación o acción.

El problema no es que la CNTE proteste, lo cual tiene derecho a hacer, sino que bloquee vías de comunicación y centros comerciales, robe vehículos que en algunos casos destruye, secuestre y humille públicamente a policías y funcionarios, y agreda a periodistas, entre otras faltas.

La autoridad tiene obligación de proteger a los ciudadanos y de aplicar a los activistas de la CNTE las mismas reglas que usa para los demás. Al resto de los ciudadanos no se nos permite bloquear vías de comunicación o robar vehículos.

En algunos momentos ha parecido que los funcionarios se acuerdan de su responsabilidad. El 1o. de julio, por ejemplo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró: "Las afectaciones a la ciudadanía deben de terminarse. Por ello, en breve, se estarán tomando las decisiones necesarias para permitir el tránsito en vías estratégicas y el abastecimiento de las comunidades". Tras la declaración, sin embargo, la autoridad ha vuelto a refugiarse en la inmovilidad.

Las organizaciones empresariales han tomado la bandera de defensa de la sociedad que debería estar en manos del Estado. El esfuerzo comenzó con la queja ante la CNDH. Ahora las organizaciones están recurriendo a juicios de amparo. Habrá que ver si alguna de estas soluciones funciona. Tanto la Comisión como los tribunales se han destacado más por proteger a los grupos de presión que a los ciudadanos.

Si ni la CNDH ni los tribunales intervienen para que el gobierno aplique la ley, entonces será mejor que el presidente Enrique Peña Nieto se eche para atrás. Yo me cuento entre quienes piensan que la reforma educativa es una medida justa para recuperar la educación pública que estaba en manos del sindicato. Pero si el gobierno no se atreve a proteger a los ciudadanos que han sido tomados como rehenes por la CNTE, más vale que le devuelva el sistema educativo.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 4 de agosto de 2016).

Los afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana presentaron una demanda de amparo ante tribunales del Poder Judicial de la Federación en contra del ejecutivo por las omisiones en que incurren al no aplicar la ley y permitir los bloqueos del magisterio a diversas vías de comunicación.

"En esta demanda de amparo hemos señalado como responsables al Presidente de la República, al secretario de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al procurador general de la República, a los gobernadores de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, a los secretarios generales de los estados y a los congresos generales entre otras autoridades", dijo el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos al término de la presentación de la demanda en los juzgados de distrito en materia administrativa.

A pesar de que se violan los derechos fundamentales de los mexicanos por parte de la CNTE las autoridades estatales y federales no actúan, incurriendo también en violación a los derechos humanos de las personas, agregó.

La demanda de amparo se turnó al juez de distrito en materia administrativa, Agustín Tello Espíndola, en la que los empresarios se quejan de que durante los más de 80 días de movilizaciones magisteriales existe "una inminente falta de capacidad de la autoridad para impedir los bloqueos", expuso.

Empresarios del país anunciaron que interpondrán una demanda penal colectiva en contra de la CNTE por los daños y perjuicios causados a sus empresas y derechos constitucionales en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.

Advirtieron que de no ser atendidos realizarán sus declaraciones de impuestos en ceros e iniciarán paros de labores a partir del próximo 17 de agosto.

En conferencia de prensa, los representantes de los restauranteros, hoteleros y de los servicios turísticos en general, afiliados a la Confederación de Cámaras Naciones de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), informaron que la denuncia colectiva se interpondrá en el curso de los siguientes días.

Los empresarios que podrían presentar su declaración en ceros por la falta de ventas son: Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán.

Es necesario, señaló, que de forma precautoria, no se les regresen las cuentas embargadas ni los bienes inmuebles a los líderes de la CNTE, para garantizar parcialmente los graves daños y perjuicios ocasionados a los comerciantes y que hasta hace unos días ascendieron a 7,500 millones de pesos.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Enrique Solana Sentiés, llamó a que se les exente a las empresas del pago de Impuestos sobre Nómina, del Impuesto Sobre la Renta, del IMSS y del Infonavit, hasta que se regularice y recupere la situación de las empresas y personas físicas con actividad empresarial.

"Que se detengan de manera inmediata las acciones violatorias de los derechos humanos que realiza la CNTE. Que se implemente de forma inmediata el programa de becas de la Secretaría de Economía (Probecat), los programas de la Secretaría de Desarrollo Social para ser otorgadas a los trabajadores y conservar empleos", dijo.

Destacó que los apoyos económicos que prometió la Secretaría de Economía debieran darse para cuando vuelva la paz a las entidades afectadas por las movilizaciones magisteriales como Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán.

Y advirtió: "Los empresarios de estas localidades nos han expresado estar dispuestos a partir del próximo 17 de agosto, si no fueran atendidas las peticiones antes descritas, a reflejar en sus declaraciones de impuestos sobre nómina y sobre la renta, los daños y perjuicios que están enfrentando y en el extremo presentar sus declaraciones en ceros, así como iniciar paros en sus empresas".

Expuso que los empresarios siguen sufriendo daños, mientras el gobierno permite que sigan las violaciones a los derechos humanos, sin que haya resultados claros del diálogo magisterio-autoridad.

La iniciativa privada en Chiapas pidió que el gobierno emita una declaratoria de desastre económico para el estado, debido a las pérdidas y repercusiones que causan las protestas de la CNTE a 80 días de paro laboral, movilizaciones y protestas en contra de la reforma educativa.

Los empresarios anunciaron que derivado de la gravedad de la situación económico-financiera que enfrenta el sector, en los próximos días realizarán un paro técnico ante la falta de recursos para el pago de salarios íntegros, prestaciones sociales, y además podrían realizar un cierre de empresas y comercios.

Los empresarios chiapanecos acusaron que los conflictos en el estado derivan de la falta de atención oportuna del gobierno. Asimismo, responsabilizó a la CNTE de afectar a la niñez -que perdió 2 meses de clases- y a la sociedad en su conjunto.

(V.periódico El Universal en línea del 2 de agosto de 2016).

El país asumió una transformación extraordinariamente ambiciosa en materia penal pero no se dedicó a crear las condiciones para poder llevarla a buen puerto; como en tantas otras cosas, saltamos al río sin un mapa que guiara el arribo a la ribera opuesta. Sin embargo, de acuerdo a la legislación aprobada hace años, al menos en la interpretación que ha predominado en el poder judicial, los principios del nuevo sistema entrarían en operación de inmediato, impactando las malas herencias del pasado. Con esto, los riesgos de una transición inacabada podrían tornarse inconmensurables.

La principal preocupación en torno a la instrumentación de la reforma se reduce a la aplicación del debido proceso. Desde que se liberó a Florence Cassez bajo el principio de que se habían violado las garantías que existen en nuestro sistema procesal (para evitar que se violen los derechos de todos, culpables o inocentes), se ha liberado a un gran número de secuestradores, pederastas y homicidas. El fallo respectivo de la Suprema Corte estableció el principio del debido proceso y éste ha sido empleado por innumerables abogados para obtener la libertad de sus clientes, a pesar de que la mayoría había reconocido su culpabilidad. El nuevo sistema está acelerando este proceso de liberación.

La disputa al respecto no se ha hecho esperar. Las víctimas (y sus familias) de secuestros, homicidios, extorsiones y toda clase de delitos argumentan que no es posible aplicar un principio de manera retroactiva y que, en todo caso, el nuevo sistema debe aplicarse a delitos futuros y no a los pasados. Una de las demandantes más articuladas, y madre de un joven secuestrado y asesinado, Isabel Miranda de Wallace, escribió que "El debido proceso tiene que ser integral, es decir, todas las partes deben contar con igualdad de armas... Diversas voces se pronuncian por los derechos de los imputados, pero te pregunto ¿quién voltea a ver a las víctimas? ¿Quién defiende sus derechos humanos que son los primeros que se violentan por los delincuentes cuando son torturadas o mutiladas?".

El planteamiento es moralmente indisputable y descubre el corazón del dilema que el país tiene frente a sí en este asunto. La pregunta es cómo llevar a cabo la transición que el país requiere a partir de las cenizas del viejo sistema político autoritario y corrupto, pero que sigue siendo la norma, a la construcción de una nueva plataforma de civilización, democracia y justicia. Dada la corrupción, disfuncionalidad y, por lo tanto, impunidad que caracteriza al sistema de procuración de justicia, es perfectamente explicable y entendible la virulencia de quienes han sufrido por la delincuencia. Igual de lógico es que los ciudadanos -desde los más modestos hasta los más encumbrados- prefieran ver a un presunto delincuente en la cárcel -o lincharlo- que confiar en las promesas inherentes al debido proceso. La burra no nació arisca...

El punto de partida en materia penal son los bajos mundos de la corrupción donde quienes gobiernan la justicia no son los jueces sino los ministerios públicos y sus peritos y policías, quienes carecen del profesionalismo, laboratorios, capacidades e incentivos para realizar investigaciones profesionales y jurídicamente irreprochables. El énfasis del sistema no se encuentra en la procuración de justicia sino en el procesamiento de quienes los propios ministerios determinan ser culpables; el proceso es tan viciado que inevitablemente entraña violaciones a derechos y procedimientos que son la esencia del debido proceso. Un abogado al que consulté no pudo ser más elocuente: "el debido proceso es un regalo venido del cielo para los abogados defensores porque no hay forma que las procuradurías actuales hagan una buena chamba; siempre es posible encontrar fallas procesales".

Es claro que sólo una transformación cabal del sistema de justicia podría hacer posible que, al llegar al otro lado del río, tengamos procesos abiertos y transparentes, ministerios públicos profesionales y jueces a cargo del proceso. Como en una nación civilizada. El problema es cómo llegar ahí.

El furor que está generando la liberación de personas acusadas de homicidio y secuestro obliga a los políticos a responder. La transición contemplada en la reforma se debió iniciar en 2008 pero, a la mexicana, nunca se dio. La pregunta ahora es qué hacer: congelar la reforma, preservando el sistema de (in)justicia actual, como muchos proponen o crear un mecanismo sancionado por la SCJ que separe al viejo sistema del nuevo, con lo que se crearían incentivos para la pronta implementación del nuevo. Es decir, no sobreponer el nuevo sobre el viejo, sino crear un proceso de transición paralelo.

Lo responsable es no cejar ni por un instante en lo medular: llegar al otro lado del río, al lugar de la justicia profesional e impoluta por medio del debido proceso.

Luis Rubio
(v.periódico Reforma en línea del 31 de julio de 2016).

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero de México advirtió que de continuar los bloqueos de vías férreas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la producción de acero en algunas plantas siderúrgicas se paralizaría a partir del próximo 4 de agosto.

En un comunicado señaló que al día de hoy las afectaciones al sector ya rebasan los 700 millones de pesos, pérdidas que podrían incrementarse considerablemente de continuar las obstrucciones.

Destacó que la toma ilegal de vías férreas impide el transporte de más de 20,000 toneladas al día de mineral de hierro y chatarra, materias primas básicas y fundamentales para la fabricación de acero.

Además imposibilita el abastecimiento de planchones de acero desde Lázaro Cárdenas, Michoacán que sirve de materia prima a varias plantas de laminación en el país e impide la entrega de productos finales de acero a nuestros clientes.

"Rechazamos los bloqueos ilegales al servicio público de transporte ferroviario de carga que han estado ocurriendo en Michoacán en fechas recientes, los cuales no solo afectan a las empresas instaladas en este estado, sino a la industria siderúrgica en general que opera en todo el país", apuntó la Canacero.

(V.24 Horas del 27 de julio de 2016).

Un presunto asaltante, que en la tarde de este lunes fue sacado del hospital y linchado por pobladores del municipio de Zongolica, Veracruz, falleció en la madrugada del día de hoy a causa de las lesiones presentadas.

De acuerdo a la información difundida por medios locales, el hombre, identificado como Tayson Samil Munguía, estaba siendo atendido en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando la turba llegó al lugar para sacarlo y lincharlo.

El secretario de Gobernación estatal, Flavino Ríos, informó que ya se identificaron las personas que lo agredieron. La Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos.

Aparentemente él y otro hombre habían asaltado la caja popular de ahorro de la localidad. Durante el atraco fueron enfrentados por un elemento del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, quien fue herido de muerte.

El incidente, en el que también resultó herida una mujer de la localidad, provocó la molestia de la población, la cual decidió arremeter contra al agresor. Fue así que lo llevaron a la plaza principal del municipio y luego de golpearlo severamente, lo amarraron e intentaron lincharlo.

La intervención de un sacerdote de la localidad evitó que el presunto delincuente fuera asesinado en el sito, tras lo cual las autoridades ministeriales lo trasladaron a otro hospital.

A pesar de lo anterior, el sujeto, quien había quedado a disposición de la Policía Estatal en calidad de detenido como presunto responsable de los delitos de homicidio y robo agravado, falleció este martes en la clínica.

(V.Sin Embargo del 26 de julio de 2016).

¿Por qué existen y subsisten los grupos de presión en nuestro país? Porque son muy buen negocio. Antorcha Campesina, Asamblea de Barrios, los 400 Pueblos y los Panchos Villa, entre otros, realizan invasiones y movilizaciones que al final se premian con predios o recursos de los contribuyentes. La CNTE ha hecho lo mismo durante décadas para obtener poder y privilegios laborales.

Estos grupos viven de organizar movilizaciones e invasiones de predios. Exigen al gobierno recursos o que se les escrituren los terrenos o inmuebles que invaden. Cuando obtienen lo que exigen, utilizan sus "utilidades" para financiar nuevas movilizaciones y atraer más "clientes".

Los apoyos sociales del gobierno deberían entregarse por igual a todos los merecedores sin discriminación, pero las organizaciones de presión se han dado cuenta que si acosan a los gobiernos durante un tiempo suficiente serán el vehículo para la entrega de estos subsidios.

Las recompensas llegan tarde o temprano, como lo estamos viendo en Chimalhuacán. El gobierno de este municipio, encabezado por la antorchista priista Rosalba Pineda Ramírez, ha obtenido la "donación" de un valioso predio de 200 hectáreas adyacente al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Un artículo del periódico Reforma señalaba que el 21 de julio se realizó una fiesta en la que participó el líder antorchista César Torres para festejar la entrega del predio a Antorcha Campesina. Estrictamente hablando la donación se hizo al municipio, pero los líderes de Antorcha, como los antiguos monarcas, consideran que ellos son Chimalhuacán. Originalmente el Estado de México cedió el terreno al gobierno federal para propósitos de mitigación ambiental por la construcción del aeropuerto; pero el gobierno de Chimalhuacán, o más bien Antorcha Campesina, piensan usarlo para un politécnico, un centro deportivo y un parque industrial.

Si bien Antorcha es una organización priista, y varios de sus miembros ocupan y han tenido cargos a través del PRI, la organización ha realizado innumerables movilizaciones y bloqueos contra gobiernos priistas, incluido el de Enrique Peña Nieto. Las movilizaciones les permiten obtener las propiedades y el dinero de los que vive un grupo de presión.

Al final es muy triste que los grupos de presión agredan a los ciudadanos para que los gobiernos les entreguen todo lo que piden. Estamos creando un sistema perverso en el que unos extorsionadores se enriquecen cuando los funcionarios los compran subsidiando la agresión a los ciudadanos con dinero de los ciudadanos.

La Concanaco está considerando medidas legales contra los gobiernos que se niegan a aplicar la ley contra la CNTE. La CNDH no se ha atrevido a hacer nada después de la denuncia de la Coparmex contra los funcionarios que permiten los bloqueos. Los distintos órdenes de gobierno están aterrados ante la posibilidad de aplicar la ley.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 26 de julio de 2016).

Todos sabemos o intuimos que en la protesta de la CNTE contra la reforma educativa se juegan intereses que rebasan lo estrictamente educativo. No se trata solo de la sucesión presidencial, que está cercana, sino principalmente el tema de la estabilidad política y la gobernabilidad del país.

Algo peculiar del movimiento de la CNTE es el uso recurrente de la violencia como método de lucha. Entre 2012 y 2016 se registraron acciones violentas de todo tipo: clausura de carreteras, ataque a edificios públicos, actos de pillaje, incendio de archivos, robo de muebles y vehículos, vandalismo en supermercados, etc. etc. En estados como Oaxaca existe, desde tiempo atrás, una "tradición" de luchas colectivas ilegales, pero la historia no puede exculpar a nadie. La violencia, ritualizada o no, es violencia.

Estos sucesos fueron muy graves. De hecho, las protestas políticas violentas en México adquirieron una suerte de legitimidad desde 1994, a raíz de la revuelta indígena del EZLN. Esta pequeña revolución derivó en concesiones (del Estado a los rebeldes) que hicieron posible la creación de un territorio, prácticamente autónomo dentro de la nación.

Chiapas dejó un aprendizaje político de enorme importancia para las fuerzas opositoras de izquierda: la violencia, paga, reditúa, es buen negocio. Desde entonces, no ha habido movimiento de protesta significativo en México que no acuda al uso de la violencia como mecanismo de presión.

Pero no es solo Chiapas. Cuando alguien argumenta: "Se están violando la legalidad" se encuentra, de inmediato, con una respuesta irónica o indulgente: "Por favor, dime, ¿quién en México respeta las leyes? ¿Las respetan los ricos? ¿Las respetan los narcotraficantes? ¿Las respetan los políticos?".

Esta reacción se funda en este principio moral espurio: "Si los demás no, ¿Por qué yo sí?" Este ejemplo ilustra la peor amenaza que enfrenta actualmente el Estado de Derecho -y la paz interna- de México. Se trata de un volver la espalda a la ley y, al mismo tiempo, a la política como medios eficaces para dirimir los desacuerdos entre mexicanos.

El poder judicial sufre grave erosión. Su desprestigio es enorme, por la impunidad rampante en que vivimos -los culpables de los crímenes no son juzgados y castigados como se debe- y por el permanente acoso de las policías y fuerzas armadas sobre la población civil. El Ejército Mexicano no ha sido modernizado.

Es evidente que el orden social y la estabilidad política están en peligro. ¿Cómo conjurar ese peligro? La ecuación de organizar una policía moderna y eficaz ha fracasado, las fuerzas armadas siguen enrocadas en su feudo y renuentes a responder al reclamo democrático. La apuesta de las autoridades, sin embargo, es desencadenar un proceso vigoroso de revisión de las instituciones educativas y re-educar a la sociedad para conducirla hacia una convivencia civilizada.

Gilberto Guevara Niebla
(v.periódico Milenio Jalisco del 25 de julio de 2016).

En Morelia al menos 24 vehículos de agencia permanecen en poder de los maestros de la Coordinadora. Los coches fueron robados en la Autopista Siglo XXI, en el tramo que va de Lázaro Cárdenas a Pátzcuaro. Los tráileres con los coches nuevos se encuentran en Turícuaro, municipio de Nahuatzen, donde hay además otros 75 coches de todo tipo, en ese lugar también hay 2 pipas de gas, una de Pemex y un contenedor con materiales químicos.

Si estos grupos violentos no son gavillas y bandidos organizados, quién sabe qué sean; y si estas acciones no son despojo, asalto y vandalismo, sabe Dios qué sean; y si no estamos ante un ataque directo al Estado y a la sociedad, entonces Gilga es una guacamaya.

El jefe de los grupos de choque de la sección 22, Othón Nazariega Segura, fue liberado al obtener su libertad condicional. Este angelito ha sido acusado de robo, vandalismo, despojo con violencia. Gilga se enteró así de que este activista forma parte del Bloque Negro, grupo que controla las brigadas de choque que coordinan los actos vandálicos en Oaxaca. Muy bonito, el señor Nazariega en plena libertad.

Gil Gamés
(v.periódico Milenio Jalisco del 25 de julio de 2016).

Este pasado 20 de julio un grupo de indígenas de San Juan Chamula, algunos con el rostro cubierto y armados, atacaron el bloqueo que la CNTE mantiene desde el 27 de junio sobre el kilómetro 47 de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas. Los atacantes desalojaron el campamento e hirieron por lo menos a dos miembros de la CNTE. Más tarde, sin embargo, la CNTE mandó refuerzos y volvió a bloquear la autopista. Ni la policía estatal ni la federal intervinieron ni en la liberación de la autopista ni en el nuevo bloqueo.

La CNTE y sus simpatizantes han descalificado a las personas que liberaron temporalmente la autopista al llamarlos "policías vestidos de civil" o "paramilitares". Mientras tanto, la organización ha mantenido sus innumerables bloqueos de carreteras, calles, vías de ferrocarril y accesos de tiendas, y ha continuado con el robo y a veces quema de autobuses y camiones, ante la inacción, impotencia o negligencia de policías municipales, estatales y federales.

La Coordinadora mantiene una muy hábil política de comunicación, ciertamente mejor que la del gobierno de la república. Cuando sus miembros y simpatizantes bloquean vías de comunicación, vandalizan edificios y oficinas, roban vehículos, toman casetas de peaje, pintarrajean vehículos, impiden el funcionamiento de comercios, rapan o humillan a maestros, funcionarios o policías, presentan sus acciones como una legítima protesta. Si la policía actúa para hacer cumplir la ley, en cambio, se quejan de represión.

La actual estrategia de la CNTE está dirigida a hacer daño a la población. Los líderes han encontrado que es más eficaz hacer 20 bloqueos con grupos pequeños que uno solo con un mayor número de activistas. Los bloqueos no buscan como en el pasado afectar el funcionamiento del gobierno. No están dirigidos a oficinas de gobierno sino a vías de comunicación esenciales para la actividad económica. Las consecuencias son, por lo tanto, cada vez más importantes. El transporte ferroviario y una parte muy importante del carretero está detenido en Oaxaca y partes de Chiapas y Michoacán. Las ventas de automóviles y de otros productos se han desplomado. El turismo está sufriendo una crisis brutal.

Ni al gobierno federal ni a los estatales les importan estas afectaciones. Los funcionarios buscan simplemente evitar problemas. Rehúyen una confrontación con un grupo poderoso y bien organizado. Quizá lamentan los daños que los activistas están provocando a la actividad económica, pero su prioridad es conservar sus propios empleos y no proteger a los ciudadanos. Olvidan que su responsabilidad es cumplir y hacer cumplir la ley.

La Coparmex ha presentado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidiendo medidas cautelares urgentes para obligar a las autoridades a cumplir con la ley y proteger los derechos de los ciudadanos. Hasta la fecha, sin embargo, tampoco la CNDH ha actuado. No es "políticamente correcto" defender los derechos de ciudadanos comunes y correctos.

El problema es que cuando un Estado abdica de su obligación de proteger a los ciudadanos las reacciones violentas se vuelven inevitables. Acciones como las que vimos el 20 de julio en la autopista Tuxtla-San Cristóbal se harán más comunes. Lo hemos visto en otros países. Cuando el Estado deja de funcionar, los ejércitos privados y la violencia se multiplican.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 22 de julio de 2016).

Entre los clientes afectados por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están principalmente las navieras.

Para Maersk Line, los cierres provocados por el magisterio disidente perjudican a alrededor de 2,000 contenedores, tanto de importación como de exportación, lo que equivale a una semana de carga, dio a conocer Pablo Flores, gerente de Trade and Marketing en México y América Central.

Ante la decisión de la ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM), de ya no recibir contenedores para mover por tren hasta que no se regularice la situación, la naviera danesa busca opciones para los clientes, a fin de sacar la carga del puerto de Lázaro Cárdenas por camión, lo que encarece la operación de transporte entre 24 y 40%.

El gerente refirió que la afectación más grande es un incremento en el costo de la cadena de suministro para los importadores y exportadores del país.

Los clientes que atiende la naviera en esa ruta son de variadas ramas productivas, entre ellas empresas de consumo, tiendas de autoservicio, automotriz, fármacos y mercancía en general que no dan a conocer por razones de confidencialidad.

Explicó que la alternativa de ocupar autotransporte es solo para la carga que no ha salido o que está en los patios intermodales. Todavía no hay alternativas para la que está detenida en algún punto de las vías del ferrocarril.

Los bloqueos disidentes también han impactado al sistema ferroviario de KCSM, por lo que la empresa declaró ayer un "estado de fuerza mayor" al considerar que no hay alternativas de desvío disponibles y que la vía es completamente intransitable.

Otras ramas afectadas por la protesta de la CNTE son restaurantera, de construcción, de transporte, agroalimentaria, cárnicos y lácteos, industria de la transformación, salud y turismo, denunciaron empresarios.

Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, informó que los perjuicios se registran principalmente en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México.

En un comunicado explicó que las industrias de transportes, ferroviaria y terrestre ha reportado afectaciones a inventarios, cantidades y fechas de entregas, así como toma y quema de unidades.

Indicó que los sectores automotor y acerero, 2 de las actividades productivas más importantes para la economía mexicana, tienen dificultades para el transporte de sus mercancías e insumos.

Herrera Vega dijo que la industria agroalimentaria, incluidos molinos de trigo, ha reportado detenciones de unidades y robo de mercancías; el abasto de hidrocarburos se ha visto seriamente afectado durante varias semanas.

Calificó la situación de insostenible en diversas regiones, con serias y preocupantes afectaciones en la producción, el transporte y la venta de múltiples actividades industriales, con pérdidas incuantificables que provocan el cierre de empresas y pérdida de empleos.

"Los industriales hacemos un llamado urgente a las autoridades, así como nuestro entero respaldo, para que implementen medidas que permitan restablecer el Estado de Derecho en México, en una situación que ya no podemos soportar", señaló.

(V.pág.18 del periódico Milenio Jalisco del 22 de julio de 2016).

En el caso de las afectaciones que día a día provocan los delincuentes agrupados en la CNTE es urgente que el gobierno federal ya haga valer el legítimo derecho al uso de la fuerza pública para restaurar a lo largo y ancho del territorio nacional la libertad de tránsito, Felicitaciones a los pobladores de San Juan Chamula que desalojaron a los "maistros" de uno de sus plantones.

Héctor A.Romero Fierro
(v.pág.17 del periódico Milenio Jalisco del 22 de julio de 2016).

Pedro Rubén Romero Olivera comenta mi condena a quienes, hastiados de los atropellos y abusos de los mal llamados "maestros" de la CNTE, reaccionan y se enfrentan a esa canalla que, como usted mismo admite, ha causado pérdidas económicas que pueden alcanzar el nivel de las provocadas por un desastre natural.

Pero lo más importante es que han acabado con la paz y tranquilidad que requiere una comunidad para vivir.

La inacción y la cobardía del gobierno federal y de algunos estatales, timoratos y torpes en la aplicación de la ley y la defensa de los derechos legítimos de las mayorías, contribuyen a agravar una situación ya insoportable.

Muchísimos son los delitos cometidos por los vándalos, sin que nadie los detenga.

Y todavía osa usted calificar de "provocadores" y "pendejos con iniciativa" a quienes se atreven a hacerles frente.

Con las palabras que usted usa: ¡Qué poca madre, señor Marín!

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 22 de julio de 2016).

Acalambra el operativo disuasivo para evitar confrontación entre habitantes de San Juan Chamula y activistas de la CNTE que anunció la desconfiable policía chiapaneca, porque puede incendiar el polvorín que significa el violento desmantelamiento de un campamento de profes, ayer, por enfurecidos y supuestos pobladores de la localidad.

Tanto ha ido el cántaro al agua de la regresiva disidencia magisterial que, por los perjuicios causados a la población que tiene la desgracia de padecerla, la irritación llevó a una turba de tzotziles a hacer de mala manera lo que, precisamente, la policía de ese estado ha sido incapaz de concretar con eficiencia disuasiva.

Otro enfrentamiento, éste con la policía, sucedió en una vía férrea de Zitácuaro, Michoacán, cuyo puerto en Lázaro Cárdenas alberga buques en espera de carga. Las pérdidas, se afirma, son equiparables a las de un desastre natural.

Devastadas las economías de tanta gente (¿qué tal oaxaqueños y acapulqueños?), no faltan provocadores ni pendejos con iniciativa con la coartada de que el valiente dura hasta que el cobarde quiere...

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 21 de julio de 2016).

El nuevo sistema de justicia que recién se implementó en la totalidad del Estado de Jalisco el 31 de mayo pasado ha ocasionado una reducción de la cifra negra de delitos, toda vez que cuando se comete un ilícito ya no es necesario que las víctimas tengan que acudir a denunciar a la Calle 14, sino que los oficiales de las policías municipales, cuando tienen conocimiento de un hecho, inician las carpetas de investigación, explicó Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, enlace de la Fiscalía General para los trabajos de la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Actualmente se han levantado 14,600 carpetas de investigación en el Distrito Judicial I (que corresponde a la zona metropolitana de Guadalajara) desde que inició el nuevo sistema en esta región el 31 de mayo y hasta el 18 de julio. Según Trujillo Cuevas, esto significa un incremento de 30% en el número de denuncias registradas.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 20 de julio de 2016).

En Michoacán manifestantes que dijeron ser estudiantes y profesores incendiaron 3 autobuses y un camión de carga como acción de presión para exigir al gobierno la contratación de 1,200 egresados de las normales.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 20 de julio de 2016).

Desde que tengo memoria, gobiernos van, gobiernos vienen, de uno y de otro partido, y se diseñan programas y campañas para promover la cultura de la denuncia, que porque dizque nos falta. ¿Deseos de que no se haga justicia? ¿Falta de ganas? ¿O es que acaso queremos ser cómplices de los delincuentes?

En escasos 30 segundos, el creativo contratado por el Senado de la República nos echa toda la culpa: "9 de cada 10 delitos no se denuncian en México". Y luego que es uno de los países con mayores niveles de impunidad en el mundo. Que lo que no se denuncia no se investiga y, por ende, no se sanciona, que la responsabilidad es de todos "la inseguridad es responsabilidad de todos, tú también puedes prevenirla denunciando al crimen; si denunciamos acabamos con el delito y acorralamos a los delincuentes; juntos podemos cambiar, si todos cambiamos, México cambia". Ajá. Y no es que yo quiera impedir o inhibir o promover que no se denuncie, claro que no, al contrario. Siempre será bueno promover la cultura de la denuncia pero ¿y al poder judicial no le toca hacer nada?

Datos apenas de 2015, publicados en Forbes, revelan que México es el 2o. de un listado de 59 países, con mayor impunidad; y no le atribuyen la responsabilidad a los ciudadanos por no denunciar, sino a las deficiencias en el sistema de justicia: 46% de la población detenida carece de una sentencia condenatoria, por ejemplo. El Índice Global de Impunidad recomienda la operación de 17 jueces por cada 100,000 habitantes; el dato para México es de 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Y claro que no se trata de abultar la burocracia judicial, sino de hacerla más eficiente y que el indicador "se hizo justicia" se dispare.

Según el Senado todo se debe a que no denunciamos ¿y por qué las cárceles están llenas? ¿Serán todos culpables? ¿Todos tienes sentencia? ¿No es la impunidad en México resultado de un sistema podrido y pervertido?

Por lo general, lo he notado, gobiernos deficientes le echan la culpa de todos los males a su población, que dizque no participamos, ni denunciamos, ni pagamos impuestos. Por si fuera poco, ahora se difunde un spot de que gracias al gobierno los mexicanos creemos en nuestro ingenio. No bueno. Así los niveles de impunidad e ineficiencia. Respecto al retiro del fuero, hasta no ver no creer.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 16 de julio de 2016).

A poco más de mes y medio de la crisis magisterial, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confirmó que normalistas mantienen en su poder 142 unidades automotrices.

El mandatario descartó que el gobierno recurra al uso de la fuerza pública para la recuperación de las unidades, las cuales se encuentran en Turícuaro, Arantepacua, y Carapan.

(V.pág.18 del periódico Milenio Jalisco del 15 de julio de 2016).

¿Se acuerda usted cuando el secretario de Gobernación afirmó que el tiempo se había agotado? Fue apenas el 1o. de julio. Ese día Miguel Ángel Osorio Chong declaró: "La única condición de nuestro lado ha sido que se deje de afectar a los ciudadanos. No obstante, no ha habido respuesta y se ha seguido afectando a la sociedad; se ha puesto a los ciudadanos en medio de estos conflictos, lastimándoles... Se ha agotado el tiempo".

La Segob, sin embargo, encontró alguna fórmula para "desagotar" el tiempo. Este 11 de julio por la noche anunció que realizará 3 nuevas mesas de negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No es un mal resultado para la CNTE. El gobierno prometió que no negociaría la reforma educativa, pero la CNTE lo ha obligado a establecer una mesa para esta reforma, una más sobre política y otra sobre el tema social. Parecería que la Coordinadora se ha convertido en el interlocutor del gobierno para negociar políticas públicas.

¿Ha decidido el gobierno darle a la CNTE este papel inusitado porque ya no está afectando a los ciudadanos? No, todo lo contrario. La Coordinadora ha multiplicado sus movilizaciones y bloqueos, pero con grupos más pequeños de militantes y simpatizantes. Esta guerra de guerrillas la mantiene en Oaxaca y Chiapas, pero también en la Ciudad de México.

En los países democráticos las protestas son usuales, pero los gobiernos no permiten bloqueos de vías de comunicación. En México hemos pasado del "tiempo se ha agotado" a la aceptación de mesas de negociación con la CNTE, y no sólo sobre la reforma educativa sino sobre otros temas. Por su parte, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, pidió el lunes a los líderes: "[Tenemos] absoluto respeto al derecho de manifestación. Ellos se pueden manifestar todos los días, pero hacemos un poco el llamado en los bloqueos... Les pedimos que no duren mucho tiempo, que puedan ser intermitentes y, por supuesto, que no impidan el paso al transporte público".

El problema cuando los gobiernos ceden a extorsiones es que generan incentivos para multiplicar estos actos. Lo estamos viendo. Los bloqueos siguen afectando a los ciudadanos. Los activistas no sólo están cerrando carreteras sino accesos a centros comerciales, y siguen reteniendo y robando carga de transportes de empresas que no les gustan. La policía no se atreve a intervenir o recibe instrucciones de no hacerlo.

La CNTE ha obtenido grandes éxitos con su campaña. No solamente ha logrado sentar al gobierno en mesas de negociación, sino que ha conseguido prácticamente la suspensión de la reforma educativa en muchos estados. Los maestros faltistas, o que no presentan evaluaciones, no están siendo destituidos. Tampoco se están aplicando los descuentos de nómina. Los estados no están contratando maestros por la prelación de los concursos, sino que están aceptando las imposiciones del sindicato. Nos dicen que esto se hace para evitar una mayor confrontación, pero en términos prácticos es una rendición incondicional.

La rendición llevará no sólo a la anulación de la reforma educativa sino a represalias contra los maestros que pensaron que el gobierno prevalecería. En distintas comunidades de Oaxaca se preparan ya acciones contra los maestros que han dado clases o se han presentado a evaluaciones. Los ciudadanos, mientras tanto, siguen sufriendo la pesadilla de los bloqueos cotidianos. El tiempo que el secretario de Gobernación dijo se había agotado, ahora se alarga al infinito.

SIN AUTORIDAD

Activistas de la sección 22 vandalizaron ayer el hotel Casa de Adobe de Oaxaca. Sacaron por la fuerza a 3 personas, a quienes acusaron de trabajar para el Instituto de Educación Pública, y las agredieron con huevos. Ninguna autoridad se atrevió a intervenir.

El Estado de Derecho se encuentra en una de sus mayores debilidades de los últimos 20 años, mientras que la corrupción y la impunidad recuperaron el vigor de antaño, de acuerdo con todos los indicadores.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.13-A del periódico El Informador del 11 de julio de 2016).

Hay un costo económico y social enorme como resultado de las marchas y plantones, particularmente en las regiones que resultaron literalmente ahorcadas en el sureste en los últimos días. El costo al mediano plazo es aún mayor, porque revela a los grupos inconformes que sólo mediante la violencia el gobierno va a atender sus reivindicaciones. La moraleja que deja este conflicto es que mediante el daño a terceros es la única vía de los sectores agraviados para ser escuchados por el Estado.

Que los pobladores recurran cada vez más al linchamiento para responder al cáncer de la delincuencia, que las comunidades rurales quieran armar a sus tropas de autodefensa o que los grupos políticos marginales se sientan obligados a provocar embotellamientos y entorpecer la vida de cientos de miles de ciudadanos es un fiel reflejo de que el Estado está siendo desbordado por muchos frentes.

La eficiencia de un sistema político se mide en buena medida por su capacidad para gestionar con eficiencia las tensiones que brotan en su seno.

Jorge Zepeda Patterson
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 11 de julio de 2016).

La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informó de bloqueos intermitentes en la capital, entre los que destacan los de las autopistas México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Toluca. También reportó marchas en apoyo a la CNTE en avenidas de diversos puntos de la ciudad.

En Oaxaca, medios locales reportaron que la Coordinadora continúa ocupando las inmediaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, así como al menos tramos carreteros de forma intermitente en la zona del Istmo de Tehuantepec, cumpliendo 25 días de bloqueos en ese estado.

En Chiapas, maestros, padres de familia y simpatizantes retiraron hoy por la tarde siete bloqueos, 12 días después de su instalación, entre los que destacan dos ubicados en puntos fronterizos con Guatemala: el Puente Rodolfo Robles sobre el Río Suchiate y el Puente Talismán.

Previamente, las filas derivadas de los bloqueos se extendían por más de 10 kilómetros y entre los afectados estaban 400 camiones de carga con destino a Centroamérica.

El bloqueo ubicado en la carretera de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas no se retiró pues es defendido tanto por la CNTE como por grupos con agendas distintas a la de los maestros, como trabajadores del sector salud y organizaciones campesinas y de la sociedad civil.

En un comunicado el rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional indicó que apoyará a este último grupo con víveres.

(V.Agencia Efe del 9 de julio de 2016).

En Michoacán, los profesores y sus simpatizantes tomaron los accesos a los centros comerciales de las 22 regiones donde tienen presencia, mismos que liberaron 6 horas después.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 9 de julio de 2016).

No deja de provocar desconcierto lo que ocurre en México. La CNTE tiene más de 2 años realizando actos violentos de manera impune, y cuando la violencia se desborda y hay muertos, entonces las autoridades los invitan a negociar. La moraleja o enseñanza que se infiere es funesta para nuestra democracia y para la legitimidad del Estado.

La verdad es que durante décadas las autoridades no han sabido (o no han querido) hacer frente con seriedad y rigor a protestas colectivas que violan la ley y derivan en violencia, porque temen repetir el síndrome de 1968: no saben si, al reprimir a un grupo, la protesta pueda escalar y adquirir dimensión nacional.

El caso es que la CNTE ya doblegó a las autoridades y hay mesa de negociaciones. Sin embargo: ¿qué se quiere negociar? ¿La reforma educativa? Creo que la reforma educativa no es perfecta, puede mejorarse, como hace días lo afirmó Sylvia Schmelkes, presidenta del INEE. La reforma ha tenido fallas que se pueden corregir.

En ese caso, que se negocie. Pero ¿Está dispuesta la CNTE a negociar la reforma educativa? No hay indicio de que así sea. La demanda de la CNTE nunca ha sido negociar, sino derogarla. ¿Acaso los líderes de la CNTE conocen las leyes que dan sustento a la reforma?

El problema de fondo, y que preocupa a todos, es que no existe ningún ánimo palpable por parte del grupo que dirige la coordinadora para negociar la reforma. Su juego es al todo o nada. O mis adversarios se rinden ante mí o yo continuaré mi protesta violenta impunemente.

Ese juego ha sido un obstáculo, incluso para que las autoridades den respuesta al movimiento magisterial. Echar abajo, de golpe, toda la reforma acarrearía daños mayúsculos a la educación nacional, daños que ni las autoridades ni la sociedad entera están dispuestos a aceptar.

El riesgo de que las cosas continúen así es muy grave. Si la violencia continúa se estará empujando a las autoridades a asumir la postura que debieron haber asumido desde 2013, cuando la CNTE inició su cadena de actos violentos. Es decir, a reprimir. Y cuando se reprime en México, todos lo sabemos, la probabilidad de un desastre aumenta.

Gilberto Guevara Niebla
(v.periódicoMilenio en línea del 5 de julio de 2016).

El presidente de la Concanaco Servytur, Enrique Solana Sentíes, estimó daños superiores a mil millones de pesos y la pérdida de al menos 20,000 fuentes de trabajo, debido a las acciones emprendidas por maestros disidentes, grupos sociales y políticos que se les han sumado en Chiapas.

En el sector turismo, el dirigente señaló que se han cancelado más de 25,000 reservaciones, lo que implica que se dejen de percibir alrededor de 72 millones de pesos para esta temporada de vacaciones.

La Concanaco Servytur refirió que las agencias y transportistas que hacen los tours dentro del estado, reportan una caída de 80% en sus traslados.

Tan solo en Tapachula se han reportado cancelaciones turísticas que superarían los 10 millones de pesos; y en San Cristóbal de Las Casas, los 160 millones de pesos.

Este último, es además uno de los lugares más solicitados para realizar eventos sociales (bodas, viajes de incentivos y otros), actividades que presentan una caída de 20%.

En este contexto, el líder del comercio organizado dijo que en Chiapas, y en menor medida en Guerrero y Michoacán, persiste un clima de tensión por las acciones que maestros disidentes, grupos sociales y políticos que se les han sumado.

Si bien ya se ha permitido el abasto de gasolina, todavía persiste el problema en algunas comunidades, lo que ha contribuido a la falta de víveres provocando con ello aumento de precios en algunos productos, así como menor flujo de efectivo.

(V.periódico El Informador en línea del 3 de julio de 2016).

La aceptación de la violencia como parte de la vida cotidiana es un cáncer que termina desgarrando los tejidos sociales. Admitir como normalidad el pisoteo a la dignidad de las personas es un veneno para el Estado de Derecho. Ambas cosas suceden en México hoy. Los crímenes terribles suceden en todas partes y están en nuestras narices gracias a la información en línea. Un desafío que exhibe la falta de eficacia de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia. El paso siguiente es el llamado a la insurrección para suplantar a las autoridades en sus funciones.

Linchamientos públicos de presuntos delincuentes son una muestra cada vez más frecuente del nivel de irritación social. A este caldo de cultivo le están sembrando la levadura de la rebelión organizada. Los grupos alzados en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas tienen décadas haciendo labores de adoctrinamiento y adiestramiento en muchas comunidades rurales. Muchos de sus monitores e impulsores son profesores formados en las normales rurales.

En las regiones serranas de estas entidades además operan grupos de la delincuencia organizada que propician un ambiente de lucha por el control de territorios y compiten por influir a las autoridades municipales. Los ayuntamientos muchas veces tienen una clara inferioridad en número y capacidad de fuerza ante estos grupos. Ante esto las autoridades estatales y federales han desplegado acciones para revertir el deterioro, pero los resultados aún son limitados.

Este es el contexto en el que se desarrolla el levantamiento de los profesores de la CNTE en estas regiones y son las organizaciones guerrilleras, los activistas y la mezcla variopinta de agitadores y personal de las organizaciones criminales las que pueden confluir en las acciones violentas que tienen colapsadas las carreteras en Oaxaca y otros estados.

Los hechos lamentables de Nochistlán dieron pie al fortalecimiento de la agitación para convertirse en un llamado abierto a la insurrección que las autoridades no pueden dejar pasar, so pena de perder aún más control en territorios en donde estos grupos tienen presencia. Es claro que ahora mismo estos llamados han despertado pequeñas células que actúan en la capital del país, y en otros estados para mostrar que son capaces de generar violencia simultánea en muchos sitios.

Y por otra parte deciden tensar la cuerda del diálogo para desgastar a las autoridades a las que pretenden derrocar. Si bien es cierto que aparentemente la causa es la reforma al sistema educativo, la verdad es que hay muchos grupos que en realidad trabajan para desestabilizar a las instituciones. El gobierno debe actuar con la fuerza de la ley, pero con extrema pulcritud porque la provocación es abierta y el riesgo de cometer errores como los de Nochixtlán es enorme. El desafío está lanzado: negociar la aplicación de la ley para someterla al intercambio y sembrar inestabilidad a partir de querer negociar todo. Si se negocia la ley misma, se debilita la política, se golpea el estado de derecho, se socava la autoridad, y propicia la impunidad.

El derecho a disentir, protestar, expresarse debe ser garantizando plenamente con el límite del respeto a la dignidad de todas las personas. El Estado no puede permitir vejaciones, robos, secuestros, y pérdida de la libertad y del patrimonio de personas inocentes con el pretexto de la expresión de inconformidades. La fuerza está para garantizar la libertad de los inconformes y la de todas las personas.

Cuando la inconformidad organizada se vuelve violenta es simplemente insurrección. Y ante ella no queda sino la ley para imponer las salidas políticas.

Los acuerdos políticos al margen de la ley siembran más indignación y a la larga propician más violencia.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 3 de julio de 2016).

Lo que se ve en Oaxaca es más que un desastre. Ahora resulta que por querer aplicar la ley lo único que priva es la anarquía y no se toca ni con el pétalo de una rosa a ninguno de los miles de responsables. Lo peor es que desde que tienen sus muertos, negocian en la mismísima Secretaría de Gobernación cuando lo que merecen es ser detenidos y sometidos a la justicia.

¿Qué no se da cuenta el gabinete presidencial que en la medida en que se va perdiendo terreno para aplicar la ley, se va agrandando el territorio para que prive la impunidad y que los más afectados de este proceso son los más necesitados que se quedaron sin víveres y [sin] los bienes más básicos para su manutención? Se dice que el litro de gasolina ha llegado a costar 50 pesos y que un huevo 40, pero lo mismo estará pasando con la leche, las medicinas, el pan y todo aquello que algunas cuantas manos puedan controlar porque de ellos depende el tránsito por la región. ¿Cómo van a dejar que las cosas cambien si tienen la sartén por el mango?

La falta de autoridad ha creado uno de los peores caos que el país pueda recordar en las últimas décadas y lo quieren arreglar "por las buenas" en la comodidad de las pomposas oficinas de Bucareli. ¿Por qué tanto miedo a ser calificados como un gobierno represor, cuando lo que hicieron fue entregar la plaza, y al paso que va, ceder los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y para allá van Veracruz y otros más?

Más que un represor de unos cuantos que no respetan ni la Constitución ni las leyes que de ella emanan, lo que estamos teniendo es un gobierno ausente, cobarde, débil y mediático; es decir, no estamos teniendo un gobierno que vele por los intereses de los ciudadanos.

Habrá que preguntarse para qué están, pero como no hay quien despache, las cosas seguirán a la deriva.

Razón y Acción
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 2 de julio de 2016).

Sitiar una ciudad siempre ha sido un movimiento estratégico para ganar una guerra, los ejércitos han sitiado Troya, Palmira, Cartago y Leningrado entre otras. Una ciudad se puede sitiar con un ejército no muy grande. Sitiar la mitad de un país se podría lograr con unos 50 ejércitos perfectamente pertrechados.

Hoy México se ha ganado el título del "Único país del mundo cuya mitad puede ser sitiada por 1,600 delincuentillos".

Todo esto sucede mientras el Presidente se pasea en su nuevo avión, el secretario de Hacienda nos sube la gasolina y devalúa el peso y el secretario de Gobernación recibe con honores a los facinerosos y les pide de favorcito que: "Se porten bien y que si son tan amables ya nos dejen vivir en paz".

¿Como es posible que 1,600 ninis, sin entrenamiento, sin disciplina militar, cuasi analfabetas, pongan en jaque a nuestro país y nos estén haciendo quedar en ridículo en todo el mundo? ¿Acaso nuestro gobierno no tiene miles de policías, un ejército, tanquetas antimotines, helicópteros y toda una red de inteligencia? ¡Claro que si! Lo único que no tiene nuestro gobierno es...

No justifico a los políticos, pero a ellos les vale sorbete lo que le pase a la población, andan muy ocupados cuidando no perder el poder en las próximas elecciones y además, en general los políticos siempre han sido cobardes. Peeero lo que es inexplicable es que 25 de estos mequetrefes puedan poner en sitio una ciudad completa y los hombres de la ciudad no vayan a las casetas y saquen a 25 chamacos desarmados por la buenas... o por las malas. ¿No que muy machos los mexicanos?

Y también es inaudito que los camioneros fuertes y grandotes, se queden calladitos viendo como se pudre su mercancía sin mover un dedo. Si hay 25 sicarios y 50 camioneros parados, ¿no puede cada chofer tomar su llave de cruz, acercarse a los pelaos y convencerlos de que abran las casetas y se larguen, so pena de tremendísima madrina?

Estos idiotas abusan de toda la población porque nadie se defiende. Y la autoridad no nos va a defender ni le interesa ni le conviene ni se atreve. Perdónenme compatriotas, pero somos un país de cobardes, gobernado por cobardes.

Y si no están de acuerdo con mi afirmación, ¡Órale vamos a hacer algo!

Alberto Martínez Vara
(en su cuenta de Facebook el 1o.de julio de 2016).

Indígenas y normalistas de Cherán se trasladaron a la caseta de Zirahuén, ubicada sobre la Autopista Siglo 21, donde despojaron a automovilistas y choferes de camiones repartidores de sus unidades.

Los manifestantes se trasladaron a la citada caseta luego de realizar una marcha en el poblado de la Meseta Purépecha.

Estas protestas son realizadas en respaldo a la acciones de la Sección 18 de la CNTE.

De acuerdo con el reporte policial, decenas de manifestantes encapuchados se encontraban en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, el cual se encuentra bloqueado. En este punto también retuvieron autobuses de pasajeros.

(V.periódico El Informador en línea del 1o.de julio de 2016).

12,610 personas tienen en jaque a Chiapas. Pertenecen a 10 organizaciones políticas, sociales y estudiantiles, y mantienen 18 bloqueos carreteros que han generado desabasto de combustible y de productos de primera necesidad en la entidad.

Estas agrupaciones, vinculadas con la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tienen entre sus métodos de presión y de lucha, el bloqueo de carreteras y dependencias, retención de funcionarios, marchas, actos vandálicos y de humillación a los "traidores", como ocurrió con seis profesores de Comitán trasquilados.

Otras de las características es que suelen encabezar sus actos embozados y en ocasiones se enfrentan a grupos antagónicos y a las fuerzas de seguridad que quieren contener sus protestas, como la Organización Popular Independiente Emiliano Zapata, que tiene como bastión el municipio de Comitán y un poder de convocatoria de 250 personas.

Algunos de sus integrantes usan bombas molotov y entre sus acciones destacan la retención y vejación de personas.

Además, mantuvieron un plantón en la plaza central de San Cristóbal de las Casas y en diversas dependencias estatales y carreteras federales. Se han enfrentado violentamente con otros grupos como Lucha por la Vida y las Confederaciones priistas CTM y CROC.

El Movimiento de Resistencia Popular del Sureste-Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, opera en Altamirano y Tila; está conformado por 60 personas y mantiene una disputa con la Organización Regional de Cafeticultores Autónomos de Ocosingo. Los 300 afiliados a dicho frente acostumbran retener personas, invadir predios, encabezar marchas y bloqueos con el rostro cubierto provistos de palos y piedras.

Uno de los de mayor poder de concentración es el Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Emiliano Zapata, con 2,000 integrantes que además de realizar las mismas actividades que los anteriores mantienen una actitud agresiva hacia la población.

La Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas agrupa a las 4 normales rurales de la entidad y tiene presencia en 16 municipios. Entre sus acciones de lucha están los paros de labores, bloqueos, toma de casetas y edificios públicos. Existen registros de que en sus protestas realizan actos vandálicos y agreden, con palos, piedras, cohetones y bombas molotov a quienes intenten detenerlos. De acuerdo con la PGJE, estuvieron presentes el 7 de diciembre de 2015 en el cierre carretero en Ocozocoautla, donde se apoderaron de un autobús de pasajeros y lo lanzaron contra los policías que resguardaban la sede donde se aplicaba la evaluación. El vehículo se desvío y arrolló a 2 maestros. Uno murió y el otro resultó herido.

La Unión de la Juventud Revolucionaria de México, de 100 personas; la Organización Campesina Emiliano Zapata-Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, con 150 integrantes; el Frente Democrático Regional de Obreros y Campesinos, de 250 participantes; los Frentes Popular Revolucionario y el Campesino Popular de Chiapas, ambos con mil simpatizantes, y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y de Campesinos Histórica, con 6,000 afiliados también echan mano de marchas, bloqueos, así como retención de funcionarios.

(V.pág.16 del periódico Milenio Jalisco del 1o.de julio de 2016).

Ante la realidad implacable que ha llevado al Estado mexicano a una situación de debilidad extrema, el lunes el presidente Peña Nieto recurrió, parecería que como último recurso de defensa, a "pintar su raya": la reforma educativa no se reforma ni se negocia, porque es ley; de hecho ninguna ley se negocia. Echó mano de lo que por definición es el soporte básico de toda democracia, el Estado de derecho. Él juró "...cumplir y hacer cumplir las leyes".

La aprobación del presidente Peña está en el suelo (35%), al igual que la de su gabinete, pero también la del congreso, jueces y magistrados, policías, y prácticamente todos los elementos del poder público. Peor aún, una parte sustancial de la ciudadanía (42%) no le cree "nada" al Presidente, ni a muchas otras autoridades. Varios gobernadores, entre otros políticos, se hunden en el lodo de la realidad que crearon, con la "concurrencia" del gobierno federal.

Lo más grave es que a esto se suma a la evidencia de la incapacidad del gobierno para usar de manera efectiva la información y la inteligencia políticas, y en su caso la fuerza pública, como instrumentos legítimos para preservar la gobernabilidad, la paz social, y el Estado de Derecho. Por una parte, en materia de combate a la delincuencia y al crimen organizado, la evaluación más generosa sería que hay un empate entre gobierno y criminales. Además, por otra parte, se registra una secuela de pifias operativas para controlar vandalismo, bloqueos, secuestros, extorsiones y demás, lo que erosiona el concepto de que con el gobierno no se "juega", porque cuenta con los recursos para hacer que se cumpla la ley e imponer el orden democrático.

Ahora que el enfrentamiento en Nochixtlán desnudó que lo que priva en Oaxaca es el actuar de la guerrilla (movimientos antisistémicos violentos), las reglas para gobernar cambiaron. Entre los 8 muertos de Nochixtlán, ninguno era maestro y sólo 2 locales del lugar. El asunto no es la CNTE contra la reforma educativa, sino lidiar con "la guerrilla" disfrazada de CNTE. Esa es la tarea para el presidente Peña, con la Secretaría de Gobernación como eje de su estrategia.

El renovado énfasis en respetar los derechos humanos no debe convertirse en México en causal para que el Estado no cumpla sus obligaciones, como no ha sucedido en otros países (Francia, España, Chile). Ya no se legisló a tiempo en materia del uso legítimo de la fuerza pública. Esa gran omisión deberá subsanarse de inmediato con protocolos, precisiones y convenciones públicas que cuenten con la sanción de las múltiples instancias de derechos humanos y justicia, nacionales e internacionales. La guerrilla se disfraza de movimientos sociales, de ONG’s (algunas auspiciadas por gobiernos estatales), y de lo que le sirva para moverse con un disfraz social.

La ley no se negocia, pero ninguna, en ningún caso, y para nadie. Desde los franeleros, los tianguis, las concentraciones públicas, el bloqueo de vialidades y carreteras, pasando por las licitaciones de obra pública, el fraude y la estafa (¿cómo ve usted los desalojos en Tulum?) ¿Cómo puede mantener la gobernabilidad un gobierno impopular, con diversas incapacidades operativas, alejado de la gente, basado en un federalismo disfuncional, que recurre ocasional y erráticamente al uso legítimo de la fuerza pública, al cual denigran turbas, organizaciones no gubernamentales y empresariales, al cual no respetan quienes infringen la ley, al cual la mayoría no le cree, y en el que la mayoría no confía?

Sólo con la ley en la mano. La prioridad del gobierno debería ser reconstruir credibilidad por medio de aplicar la ley a todos, en toda circunstancia, y en todo momento.

Jesús Reyes Heroles G.G.
(v.periódico El Universal en línea del 30 de junio de 2016).

El monopolio del uso legítimo de la fuerza es una de las características fundamentales del Estado. Los gobernantes de la antigüedad aplicaron el principio, Maquiavelo lo recomendó a los príncipes italianos, Hobbes lo asentó en su Leviatán y Weber lo definió con plena claridad. El gobierno mexicano, sin embargo, no se ha enterado.

El uso de la fuerza por parte del Estado puede ser cuestionable en algunos casos. Los gobernantes pueden emplearla, por ejemplo, para mantener privilegios o dictaduras. En países autoritarios, como Corea del Norte o Cuba, las protestas están prohibidas y el Estado utiliza su fuerza para impedirlas. Los gobiernos democráticos, sin embargo, también recurren a la fuerza pública para aplicar la ley o para defender a los ciudadanos cuando son objeto de agresiones. No hacerlo es una omisión de sus responsabilidades.

En México, sin embargo, los gobernantes tienen pavor al uso legítimo de la fuerza. Quizá sea producto de una conciencia culpable que se remonta a la represión del movimiento estudiantil de 1968. En muchos casos, sin embargo, más que culpabilidad lo que se percibe es cobardía. Por eso se establecen "mesas de negociación" que prolongan los problemas, pero no pueden negociar nada.

Cuando un grupo de poder, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bloquea vías de comunicación con el abierto propósito de dañar a la población, roba vehículos y los quema, o secuestra y humilla públicamente a personas inocentes, la autoridad no tiene el derecho sino la obligación de intervenir.

Me dicen que en México el problema es que la policía, cuando actúa, lo hace de manera inmoderada. Y quizá sea cierto. Pero estas actuaciones fallidas suelen volverse inevitables por la demora en recurrir a la fuerza pública cuando ya es necesario. Al final las autoridades se ven obligadas a ordenar la intervención tardía de la policía, pero cuando lo hacen se enfrentan a grupos más preparados y belicosos que además se sienten protegidos por los tribunales y las comisiones de derechos humanos.

El ejemplo más reciente lo tenemos en el operativo policial en Nochixtlán, Oaxaca, del 19 de junio. Durante 5 días la CNTE mantuvo, con el apoyo de grupos afines, un bloqueo sobre la autopista Oaxaca-Puebla que afectaba severamente los derechos de terceros. Cuando finalmente se ordenó un operativo, éste falló completamente: no sólo generó 8 muertos (y uno más en Hacienda Blanca) sino que fracasó en el objetivo de liberar la vía de comunicación, la cual sigue estando bloqueada hasta el momento.

El problema no es nada más de aplicación de protocolos de actuación por la policía. Como los gobiernos han permitido de manera sistemática los bloqueos de vías de comunicación, los grupos de poder piensan que bloquear es un derecho adquirido. Es su "derecho de protesta", dicen.

Al final, un gobierno que quiera mantener su autoridad tendrá que usar la fuerza pública para impedir violaciones a la ley, como bloqueos, robos de vehículos, secuestros de personas o humillaciones públicas de maestros y policías. Si no lo hace, la violencia irá escalando, como ha ocurrido en los últimos meses en Oaxaca y Chiapas. Ante la ausencia de autoridad, la población civil no tendrá más opción que defenderse a sí misma; y el gobierno, que habrá perdido el monopolio del uso de la fuerza, estará perdiendo también el poder.

Desde Canadá, el presidente Peña Nieto apela a la CNTE y a sus aliados a "que no afecten la vida interna de sus comunidades" y añade que no "vamos a caer en las provocaciones". En otras palabras, suplica a quienes están violando la ley que dejen de hacerlo, pero les da la garantía de que no actuará para no caer en provocaciones.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 29 de junio de 2016).

Maestros que se oponen a la Reforma Educativa reanudaron los bloqueos viales. En Oaxaca, centenares de integrantes de la CNTE pusieron retenes en el aeropuerto internacional y en la carretera federal 190 a la altura del crucero de Hacienda Blanca. También reactivó bloqueos viales en la zona del Istmo de Tehuantepec, en los municipios de Matías Romero, Juchitán, Tehuantepec, Jalapa del Marqués, Tequisistlán, Ixtepec, Zanatepec y María Lombardo. En Chiapas, los maestros bloquearon las 2 principales vías de comunicación del estado, la Panamericana y la Interamericana.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 28 de junio de 2016).

El chantaje al que la CNTE sometió al Estado mexicano -al obligar la negociación luego de 8 personas muertas en un enfrentamiento- no busca una mejor educación, sino el regreso de las prebendas que hicieron de esa mafia magisterial el principal brazo político de grupos guerrilleros. Es decir, busca tronar la reforma educativa.

Avanza viento en popa la alianza Morena-CNTE-AMLO y grupos radicales. Y como es público, esa alianza busca influir -mediante la desestabilización del país- en la elección de 2018.

Todo apunta a que la alianza Morena-CNTE-AMLO y grupos radicales busca implantar en México el esquema que siguieron los grupos radicales que llegaron al poder en Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia, entre otros, donde han instalado verdaderas dictaduras.

Y el mejor ejemplo es que hoy Oaxaca es una calca del caos, el atraso social, la ingobernabilidad, la ausencia de estado de derecho y el desabasto que se vive en buena parte de Venezuela. ¿Cuál es hoy la diferencia entre Oaxaca y Venezuela? Lo único distinto es el nombre de las mafias que provocan el caos y el de sus autores intelectuales.

Pero el choque en Nochixtlán -y sobre el cual la CNDH no tarda en culpar a las instituciones- fue apenas el principio. Con dinero y logística de guerrilla urbana el caos se ha sembrado en otros municipios de Oaxaca y en otros estados del país. Y es tan burdo el montaje que, incluso, en los casos de Chihuahua y Jalisco existen presuntos videos de supuestos "maestros" procedentes de Oaxaca, llegando en autobús de línea -horas antes de los desmanes-, y luego aparecen encabezando el vandalismo.

Y la prueba de fuego la veremos en la Ciudad de México el domingo próximo, cuando se lleve a cabo la llamada "marcha del silencio", convocada por AMLO en solidaridad con la CNTE.

Resulta que el gobierno de la CdMx detectó la presencia de los antisociales que vandalizan y provocan caos en Oaxaca y Guerrero, quienes tendrían listo el mismo "espectáculo". Y para "taparle el ojo al macho", la CNTE y Morena marcharán por separado.

¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde las instituciones?

Ricardo Alemán
(v.pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 23 de junio de 2016).

Pese a la mesa de diálogo que el gobierno federal instaló para encauzar las exigencias de la CNTE, los bloqueos en 18 puntos carreteros en Chiapas y Oaxaca se intensificaron.

Ante este escenario, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró que tras haberse concretado el diálogo con el magisterio es momento de mandar señales para que todo regrese a la normalidad.

“Pueden seguir manifestándose, pero lo que no pueden es seguir afectando a muchos ciudadanos en todo el país", dijo.

Sin embargo, los cercos que han instalado maestros y padres de familia han logrado paralizar la frontera con Guatemala, luego de que la carretera costera de Chiapas, a la altura de Huehuetán, fuera bloqueada por la CNTE.

Por lo que el magisterio cumplió ya con 4 días de bloqueos en la capital del estado, y de 24 horas en los municipios de la Costa y Soconusco de Huehuetán, Villa Comaltitlán, Escuintla y Mapastepec, en carreteras federales y estatales estratégicas donde hay mayor tránsito.

Hasta el momento, la policía federal y estatal no ha arribado a los sitios ni se han aplicado operativos para liberar las vías, por lo que se espera que estos se mantengan hasta el sábado.

Estas carreteras son las únicas que conectan a la frontera con Centroamérica, por lo que camiones de carga que trasladan mercancías se encuentran varados; mientras que los pasajeros que viajaban en los autobuses han tenido que caminar hasta 3 horas para transbordar y poder llegar a sus destinos.

La SSP informa que los maestros bloquean puntos importantes de la ciudad de Oaxaca, además de que exigen el pago de entre 50 y 100 pesos a los automovilistas para poder pasar.

Juan García, líder provisional de la sección 22 de la CNTE, dijo que las protestas y bloqueos carreteros no cesarán hasta que haya justicia en el caso Nochixtlán y se derogue la reforma educativa federal, además de que se logre la libertad incondicional de sus dirigentes.

Mientras en Tabasco la CNTE convocó a una manifestación que colapsó el tráfico de las avenidas principales, como Gregorio Méndez, Paseo Usumacinta y Paseo Tabasco, además de que logró la suspensión de clases en 70 escuelas.

(V.pág.18 del periódico Milenio Jalisco del 23 de junio de 2016).

La CNTE hace mucho tiempo tomó la medida de los gobiernos locales y del federal. Por eso se hizo dueña de la educación pública en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y partes de Guerrero. A través de paros y presiones ha conseguido privilegios que el Estado nunca debió dar porque implicaban entregar la educación pública a intereses privados.

La reforma educativa se hizo con la idea de recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. Era una reforma administrativa, es cierto, pero necesaria. Mejorar la calidad de la educación es imposible si los maestros no se presentan a las aulas y si no pueden ser evaluados.

La CNTE advirtió desde un principio que no aceptaría la reforma. Hemos visto en los últimos años una gran contienda entre el gobierno y la CNTE para aplicar la reforma. La SEP no ha tenido problemas para operar los cambios en los estados que no son controlados por la CNTE, pero en el sureste del país, en los estados más pobres, los que más necesitan mejorar la calidad de la educación, la reforma no se ha podido aplicar.

La CNTE ya consiguió por lo pronto una nueva mesa de negociación. Éste ha sido un recurso al que ha acudido muchas veces para obtener beneficios o impedir que las autoridades impulsen políticas que afecten los intereses de sus líderes. El diálogo se realiza a pesar de que los maestros no han regresado a clases como exigió el secretario Nuño. Quizá lo peor es que se trata de un premio a los bloqueos que han afectado a cientos de miles de oaxaqueños. Es un incentivo para multiplicar los bloqueos.

La CNTE ha demostrado una vez más que la violencia sí funciona en México. Los bloqueos están diseñados para asfixiar la economía de Oaxaca. Es muy claro, por otra parte, que la organización está recibiendo apoyo de grupos políticos que no tienen realmente nada que ver con el magisterio. Ninguno de los 8 muertos en el intento por liberar la autopista Oaxaca-Puebla en Nochixtlán era maestro. Los bloqueos están siendo realizados por organizaciones políticas más que por docentes.

La CNTE se está jugando su supervivencia. La reforma educativa convierte a la CNTE en un simple sindicato y ya no en la dueña de la educación, y elimina los privilegios ganados en décadas de mesas de negociación en que los gobiernos, para no meterse en problemas, daban concesiones que nunca debieron haber otorgado.

Quizá lo peor es que la negociación la hace la Secretaría de Gobernación en un momento en que la CNTE mantiene rehén a la población de Oaxaca a través de los bloqueos. El gobierno está negociando con un extorsionador. Si algo nos dice la experiencia, es que ésta es una muy mala decisión. El actual gobierno está cayendo en la misma trampa que permitió a la CNTE obtener privilegios inaceptables de tantos gobernantes anteriores.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 23 de junio de 2016).

Me parece muy bien que se dialogue con la CNTE y la Sección 22, pero ¿cuándo defenderá y se reunirá el gobierno federal con los maestros que sí trabajan en Oaxaca, en Chiapas y en el resto del país? ¿Con los comerciantes, los operadores de turismo, los padres de familia, con los transportistas que han perdido desde autobuses hasta trailers, los empresarios a los que les han robado sus productos o que han sufrido daños graves a su economía por los bloqueos o los robos de la Coordinadora, con los propietarios de tiendas departamentales, de conveniencia, de agencias de automóviles que han sido saqueadas, quemadas, bloqueadas? ¿Cuándo con los familiares de los policías heridos, mutilados, quemados? ¿Cuándo con los familiares del fotógrafo Elpidio Ramos, asesinado el sábado en Juchitán por los saqueadores, cuándo con los maestros violentados y trasquilados en Comitán? Porque, hacer política sólo para los que recurren a la violencia más extrema es legitimarles, al tiempo que ignorar a sus víctimas es dejarlas nuevamente en el desamparo legal y político.

Para quienes sufren cotidianamente de la violencia y las agresiones de los grupos más radicales también debe haber respuesta y política.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 23 de junio de 2016).

Más de millón y medio de personas en Oaxaca están siendo afectadas ante la imposibilidad de las autoridades de abastecer los almacenes de Diconsa y 1,800 tiendas de la entidad han visto afectado su suministro de productos básicos. Han comenzado a escasear el azúcar, arroz y maíz.

En Chiapas el bloqueo de la carretera hacia San Cristóbal de las Casas impide el comercio de productos agropecuarios y el acceso a lugares turísticos, además de que representa una amenaza a la seguridad de los turistas a quenes se ha despojado de sus pertenencias durante los bloqueos carreteros.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 23 de junio de 2016).

Enrique Solana, presidente de la Concanaco, detalló que en Chiapas las pérdidas comerciales ascienden a 1,000 millones de pesos, mientras que en Oaxaca suman 1,700 millones desde finales del año pasado a la fecha.

En Oaxaca están bloqueadas entre 12 y 16 carreteras, lo que impide la distribución de mercancías y el transporte turístico. Para los hoteleros, las pérdidas ascienden a 175 millones de pesos y 25% de las reservaciones en la zona de Huatulco han sido canceladas.

A lo anterior se suman los saqueos a tiendas de cadenas comerciales y pequeños comercios.

Los empresarios consideraron que el conflicto no tiene nada que ver con la reforma educativa, sino que es un problema de la CNTE que data de hace más de 34 años en Oaxaca.

Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, agregó que la mayoría de las pólizas cubren daños por huelgas y alborotos populares, pero no vandalismo y pillaje, que es donde entran los saqueos, a menos que la empresa haya contratado esa cobertura adicional, que en su caso cubre hasta 2 millones de pesos a negocios de Oaxaca y Chiapas.

(V.periódico El Universal en línea del 23 de junio de 2016).

¿Quién les ha dado a la Coordinadora, a la Sección 22 y a sus aliados, carta de impunidad? ¿Por qué se quiere considerar víctimas de la represión a quienes llevan años cometiendo desmanes, robos, secuestros, asesinatos, escudados en banderas políticas? ¿Por qué estos grupos pueden usar armas y entonces es "violencia legítima", pueden mutilar y asesinar y son expresión del "enojo social", pueden bloquear carreteras, negocios, robar trailers y carros, incendiar oficinas, secuestrar funcionarios y niños, y deben ser tratados como "luchadores sociales" cuando se trata de delincuentes, usen o no una bandera política? ¿En qué democracia del mundo se permite que se realicen actos tan terribles sin esperar una respuesta del Estado? ¿Por qué cuando hay una respuesta del Estado se habla de represión y no de hacer cumplir las leyes?

En Oaxaca, el 95% de las escuelas están abiertas y los integrantes de la Sección 22 movilizados no son más de unos 3,000 afiliados a esa sección sindical. Los demás provienen de organizaciones radicales, extremistas y muchas de ellas ligadas a grupos armados. Durante los 10 días anteriores a los enfrentamientos, tuvieron bloqueados 28 pasos carreteros en todo el estado. En esos bloqueos quedaron varados desde autobuses hasta trailers, desde automóviles particulares hasta servicios de emergencia. En los bloqueos, con el tránsito colapsado, se sucedían los robos, sobre todo de mercancías, las agresiones, las exigencias de dinero: la gente queda indefensa ante los agresores, porque la zona queda paralizada.

En la refinería de Salina Cruz, la cola de pipas cargadas con materiales químicos y derivados petroleros, lo mismo que de desechos de la propia refinería, tenía cinco kilómetros y medio de largo. No sólo no se permitía pasar a las pipas y trailers sino que se amenazaba con hacerlos estallar, independientemente de que la propia refinería no podía seguir soportando, sin poner en riesgo gravemente su seguridad, la acumulación de materiales.

En Nochixtlán, el bloqueo de la carretera que comunica Oaxaca con el centro del país provocaba que comenzara a existir un desabasto constante de alimentos y productos de todo tipo en la entidad. Desde hacía una semana no había corridas de autobuses entre la ciudad de Oaxaca y el centro del país, porque la empresa ADO que presta ese servicio decidió suspenderlo ante la falta de seguridad y por la enorme cantidad de autobuses secuestrados, quemados, varados. La única forma de comunicación era aérea y el aeropuerto también suele estar bloqueado. El turismo y los comercios viven por ello una profunda crisis.

Todas las tiendas de autoservicios y de conveniencia de las principales ciudades han sido bloqueadas, saqueadas, algunas quemadas. En la noche del sábado, unas horas antes de los sucesos de Nochixtlán, en Juchitán se saquearon e incendiaron todo tipo de comercios, desde cines hasta supermercados, incluyendo concesionarias de automóviles: en la Nissan, los "luchadores sociales" se robaron 5 carros. El fotógrafo del periódico local El Sur, Elpidio Ramos, estaba tomando fotos de los actos de vandalismo, fue amenazado por los saqueadores y fue asesinado de un par de disparos en la cabeza, también fueron atacadas dos personas que estaban con él, una de ellas también trabajador de un medio de comunicación que murió poco después. Por cierto, no ha habido un solo reclamo de las buenas conciencias que estallan en las redes sociales cada vez que alguien remotamente ligado al periodismo es objeto de alguna agresión, aunque se trate de la pagadora de los Zetas en Veracruz. Por Elpidio que murió haciendo su trabajo y que fue asesinado por agresores identificados que estaban saqueando comercios no se ha levantado una sola voz.

El domingo en Nochixtlán, los policías fueron agredidos a tiros por personas de civil con el rostro cubierto. 3 policías recibieron disparos antes de que hubiera reacción de fuerzas de seguridad. El propio padre Alejandro Solalinde ha publicado el relato de cómo los manifestantes la emprendieron a balazos contra los policías por intentar desalojarlos. Hubo más de 60 policías heridos por los manifestantes, por granadas caseras, por bombas incendiarias, por ataques con machetes que les han costado los dedos a varios policías, y a uno de ellos un ojo. Los manifestantes quemaron autobuses y hasta 2 trailers con pollos vivos.

Ninguna de las personas muertas en Nochixtlán es maestro ni tiene nada que ver con el magisterio. La mitad de ellos no son siquiera de la zona, sino de Tlaxiaco, una comunidad con una profunda penetración del EPR que está a 3 horas de camino de Nochixtlán.

¿Qué más hay que hacer para esperar una respuesta de las autoridades? ¿Quién les dijo a estos grupos que pueden violar sistemáticamente la ley y el derecho de los demás y salir impunes?

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 22 de junio de 2016).

Siempre he sostenido que somos el país más transparente del mundo, somos el único país del planeta que en televisión nacional, prime time, se mostraron el tiempo real sobornos y ligas y no hay nadie en la cárcel, yo no sé si alguien tenga duda de que los gobernadores perdidosos y algunos entrantes se aprovecharon del erario público, si alguien duda de que muchos funcionarios, todos con nombres y apellidos y que este espacio tan limitado no podría listar, se necesitarían varios tomos de los desaparecidos directorios telefónicos.

Además si algo sobra en este país son leyes, nuestros padres conscriptos tienen una verdadera diarrea legislativa, no hay ocurrencia de la que no pretendan hacer una ley. Hace 2,000 años Tácito estableció con absoluta claridad que "el exceso de leyes implica la corrupción de la cosa pública" la ley debe ser clara y accesible y yo agrego que una buena ley no debe crear más burocracia.

Por esas y otras razones considero que en este país sobran leyes, lo que falta absolutamente es voluntad de castigar a quienes delinquen, lo que en mi criterio tan solo proporcionará información que ya conocemos; a menos de que lo que nos interese sea quedarnos con el argüende.

Carlos Enrigue
(v.pág.3-B del periódico El Informador del 19 de junio de 2016).

En el nuevo sistema de justicia penal acusatorio existe el riesgo de que cualquier falla en la actuación de policías, peritos, investigadores, ministerios públicos, jueces y defensores se traduzca en la liberación de presuntos delincuentes, lo cual generará una mayor percepción de impunidad entre la sociedad, que además desconoce muchos de los cambios clave en la persecución de los delitos, advierten integrantes del Poder Judicial de la Federación.

José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alerta: "No hemos hecho lo necesario para que el sistema funcione correctamente. Muchas personas están suponiendo, porque tenemos salas de juicios orales, que porque tengamos, digamos, la escenografía, los juicios van a funcionar, no es una obra de teatro".

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 18 de junio de 2016).

Los taxistas insisten en incumplir la ley. Que un carro amarillo use el taxímetro en esta metrópoli es prácticamente un acto de fe y buena voluntad. Ocurre a pesar de que la norma establece clarito su uso, sus modalidades y las fórmulas para cobrar. Nadie los obliga, sólo la ley. Así de paradójico.

Ahora la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco acordó que cobrará 50 pesos por viaje -si el taxímetro marca menos respetarán la tarifa, pero si la rebasa será topada en un tostón- para enfrentar a la competencia de los servicios ejecutivos como Uber y City Drive.

La medida beneficia al usuario. Pero, ¿y la ley, apá?

Otra vez de adorno.

Allá en La Fuente
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 15 de junio de 2016).

Cuando los sediciosos se manifiestan, "ejercen -según ellos- sus derechos"... así afecten notoriamente los de terceros e incluso incurran en delitos; cuando actúa la autoridad (que está, por mandato de ley y del pueblo, precisamente para cumplir y hacer cumplir las leyes), se le tilda de tiránica, represora y violadora de los derechos humanos de aquéllos.

(En otras palabras, lo que en el gobierno es borrachera, en el rufián es alegría).

Jaime García Elías
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 14 de junio de 2016).

En México aunque [la posesión de armas] está prohibida al extremo no hay nadie que sea capaz de hacer cumplir la ley, y las permitimos por la vía de los hechos; cualquier mexicano que desee comprar un arma la encontrará en el mercado negro (en Guadalajara algunos de los centros de distribución son los mismos mercados que venden fruta y verdura). En síntesis, si cualquier ciudadano puede tener acceso a un arma, evidentemente cualquier loco, también.

Cuando la única respuesta a la violencia es combatirla con más violencia (más policía, más armas, más protecciones en las casas, más guardias personales, etc.) es porque la hemos normalizado, la hemos convertido en parte del paisaje, en un dato más dentro de un mundo lleno de amenazas. Cuando normalizamos la violencia nadie piensa en erradicarla, sino sólo en controlarla, en mantenerla bajo ciertos parámetros tolerables.

La normalización de la violencia es el principal signo de que hemos perdido la batalla.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de junio de 2016).

La Secretaría de Salud Jalisco clausuró el rastro de Zapopan después que, durante un operativo, detectaron que 8 de 12 reses analizadas tienen rastros de clembuterol, un anabólico utilizado para la engorda de ganado cuyo uso está prohibido.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 11 de junio de 2016).

Rosa fue asaltada con violencia cuando caminaba hacia un parque con sus hijas. Tras el hecho acudió a denunciar ante el Ministerio Público, pero tardaron más de 5 horas en levantar la denuncia.

"Pasaban las 2 de la tarde (14:05). Caminaba con mis hijas hacia un parque, cuando 2 jovencitos se acercaron de frente. Yo leía un mensaje en mi celular, entonces uno de ellos con una mano me arrebata el celular mientras con la otra me somete y me tapa la boca para que no gritara. El otro empuñaba algo y le gritaba a la gente que había cerca que no hiciera nada. Mis hijas se quedaron paraditas, asustadas, viendo todo...".

Cuando Rosa llegó a su casa logró detectar la ubicación de su celular robado por medio del GPS, en calles de la colonia Alcalde Barranquitas.

"Mi esposo llamó a la policía. Se quedó de ver con los municipales en un cruce para dar los datos de la ubicación. Luego me llamó para decirme que los policías lograron recuperar el celular y que hay un detenido. Cuando fui a identificarlo, sí era él (15:22 horas). Fue el que me atacó. Entonces los policías me dieron a firmar un papel en el que me dijeron mis derechos de víctima y me indicaron que el causante era menor de edad y que saldría pronto, que la ley protege a los menores. Yo decidí denunciarlo porque creo que no podemos quedarnos callados".

A las 16:25 horas llegaron Rosa y los policías aprehensores con el causante a la Agencia de Menores Infractores en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en la Calle 14 en la Zona Industrial. Sin embargo, el agente del Ministerio Público no estaba.

"Esperamos una hora, hasta que llegó una mujer quejándose en voz alta, muy molesta (de nombre Sonia Ávila Luna), porque la sacaron de su casa, criticando y reclamando a los policías impacientes (el reloj marcaba las 17:30 horas). A pesar de eso, los agentes se dirigieron hacia ella y cuando le dijeron licenciada, supe que era la MP. Luego el jefe de Criminalística de la Policía de Guadalajara se me acercó y me pidió disculpas, me dijo que yo no tenía por qué escuchar eso, que le daba más pena a él", continuó la víctima.

Y agregó: "Los policías ya me habían explicado que tenía derecho a un asesor legal y apoyo psicológico. Entonces cuando hablé por 1a. vez con la MP le subrayé que quería asesor legal, le comenté que los policías me hicieron firmar mis derechos y ellos me informaron que la Fiscalía tenía qué proporcionármelo. Entonces me respondió que como, Ministerio Público, era mi defensora... y nunca me dieron asesoría legal ni me ofrecieron apoyo psicológico".

Rosa ya sabía del nuevo sistema de justicia penal, por eso esperaba que todo concluyera rápido para recuperarse un poco de ese momento amargo.

"En las oficinas de la Fiscalía el agresor siempre estuvo custodiado por policías, pero me tenía a la vista, sólo se me quedaba viendo (18:35). El trámite de la denuncia se tardó porque los policías municipales traían unos formatos llenos y les hicieron llenar otros formatos, y luego no había internet y tampoco tenían teléfono. Todo el rato, la agente del MP se estuvo quejando de la falta de capacitación de los policías y hasta de ellos y de la falta de material. En varias ocasiones me aseguró que el joven (agresor) era de una familia humilde y menor de edad, que estaba arrepentido y que era víctima de malos amigos. No me pidió que desistiera de mi denuncia, sólo me lo daba a entender".

En pleno relato, Rosa hizo una pausa. Su semblante se llenó de enojo y siguió: "Como a las 8 y media de la noche, los policías municipales terminan su trabajo y se retiraron. Entonces la MP expresó que no había policías investigadores disponibles para custodiar al detenido, y decidió llevarlo a la oficina donde yo estaba declarando. Lo sentó a 3 metros frente a mí. Él se me quedaba viendo. Hasta podía escuchar lo que yo estaba declarando. No sé si hasta él pueda tener mis datos... si los tenía a la mano".

La víctima acentuó que "antes de salir de la agencia, pregunté varias veces a la MP qué iba a pasar con el detenido y sólo me dio largas, nunca me dijo. No me dio copia de la denuncia y no me dio un número para preguntar qué seguía después. Yo quería largarme de ahí. Salí peor que como llegué, con más miedo y coraje (21:32). No sé qué es lo nuevo y mejor, si todo es peor: más papeleo, más tiempo, burocracia... a la víctima la tratan como cualquier cosa y, eso sí, te insisten para que desistas y no denuncies. Y al agresor, trátenlo con pincitas porque es menor. Ahí a nadie le importa lo que uno haya vivido...".

A una semana de que iniciara el nuevo sistema de justicia penal en Guadalajara, y en los distritos de Ocotlán, Colotlán, y Cihuatlán, autoridades prevén que tardará un año en consolidarse.

Hoy se pretende acabar con los largos procesos y se prioriza la transparencia y la defensa de los derechos humanos. Pero entre los rezagos falta capacitar a 4,400 operativos y 179 policías preventivas, de acuerdo con Ruth Gallardo, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quien acepta que deberán hacer ajustes de manera permanente.

El fiscal central Rafael Castellanos subrayó que el órgano implementador nacional olvidó pensar en los abogados particulares y reconoció que los defensores públicos son insuficientes, "en el distrito I tenemos 14 defensores que seguramente no serán suficientes; el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses necesita reforzar su personal".

"En todo sistema nuevo hay resistencias, todavía tenemos 80 compañeros que después de haber recibido 3 o 4 cursos de capacitación seguimos capacitándolos porque tienen resistencia...", dijo.

Para Rodolfo Casanova, presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco, las fallas son inevitables al iniciar una nueva forma de impartir justicia. Lo que más le preocupa es que la capacitación a las policías preventivas es insuficiente y recomienda apostar a la profesionalización; la otra preocupación es que los abogados deben estar capacitados, pues si en algún momento no se cumple con el procedimiento, "los litigantes van a hacer de las suyas y derrumbar fácilmente los juicios".

"Una parte débil es el tema de las víctimas. Existe una Comisión de Atención a Víctimas; sin embargo, les han dado un presupuesto bastante limitado, casi nulo... no tienen el personal suficiente para atender a las víctimas. Entrar a la defensa y la atención de las víctimas no es cualquier cosa, es una parte muy sensible que va a generar errores en el procedimiento. Se debe atender el interior del estado, sobre todo las regiones de acceso complicado donde no se está pensando en cuánto personal se requerirá, cuánta capacitación... qué sucederá con todas las policías municipales al interior del estado...", dijo.

Alfonso Partida Caballero, consejero de la Judicatura de Jalisco, explicó: "El pago de salarios e infraestructura. Hay que darle mantenimiento, limpieza, pagar energía, luz, telefonía... hay que pagar todo lo demás. Esa es la parte que hace falta y sobre todo los salarios. El poder judicial no tiene recursos para este sistema, estos recursos llegan del ejecutivo para el pago correspondiente, pero desgraciadamente no los hemos recibido".

"No solamente tendrá que estar el juez en todas las audiencias, también el abogado, tiene que hacer una teoría del caso y no sólo ir al juzgado".

"No podemos decir que en un año todo va a estar bien, Chihuahua gastó 4,000 millones de pesos y va en la 4a. modificación de su propio sistema".

(V.primera plana y pág.2-A del periódico El Informador del 8 de junio de 2016).

En cuanto nos enteramos de que el futbolista Alan Pulido había sido secuestrado en Ciudad Victoria, escribimos en Twitter que el narcotráfico ya había votado en Tamaulipas, como lo había hecho 6 años atrás con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, el candidato priista y hermano de Egidio (quien se convirtió en su sucesor de esa forma tan traumática) a una semana de las elecciones.

Afortunadamente la historia de Pulido terminó mucho mejor que la de Rodolfo.

Esclarecer lo sucedido con Rodolfo no era ni es responsabilidad de Egidio, comenzando por el simple hecho de que el caso fue atraído desde un inicio por la PGR y luego de unos pocos avances iniciales todo indica que la investigación fue abandonada.

Hasta ahora, ni en el gobierno de Calderón ni en el de Peña Nieto, se ha avanzado en ello.

Lo que nadie duda, es que la muerte de Rodolfo Torre fue un voto criminal en Tamaulipas, como lo ha sido aunque sea en otro contexto y afortunadamente con otro final, el secuestro de Alan Pulido.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 31 de mayo de 2016).

Un hombre quería justicia rápida y expedita, como muchos mexicanos anhelamos. No esperó el tiempo de las autoridades. Decidió por cuenta propia investigar el paradero del presunto responsable de la muerte de su hermano ocurrida el pasado 15 de abril en Guadalajara.

Transcurrieron 43 días para que las acciones emprendidas como investigador tuvieran resultado. El pasado sábado después de las 4 de la tarde, los servicios de emergencia alertaban en la radiofrecuencia sobre una movilización en la calle López Cotilla casi al cruce de 16 de Septiembre, en el centro de la ciudad. Primero dijeron que era un robo e intento de linchamiento. Nada más alejado de la realidad. Lo que ocurría ahí tenía confundidos a los agentes de la Secretaría de Movilidad quienes fueron los primeros en auxiliar al hombre que detuvo a punta de golpes al principal sospecho del homicidio.

Después llegaron policías de Guadalajara, luego la prensa. Pedro pedía a gritos que detuvieran al sujeto que tenía agarrado del cabello porque -decía- era el asesino de su hermano. Entre jaloneos y reclamos entre corporaciones porque no sabían qué hacer con el detenido, algunos agentes recitaban a los reporteros los artículos que protegían la identidad del detenido a partir del Nuevo Sistema de Justicia Penal y exigían no capturar imágenes de lo que ocurría -adelantados a la fecha, la inusual detención era tratada por estas autoridades como una práctica del protocolo a seguir a partir del próximo 18 de junio- situación que generó más enojo, "todavía lo protegen", decía parte de la familia del fallecido que iba llegando poco a poco al lugar para apoyar en el arresto.

Fue el "whatsapp" de Pedro el que permitió que otro pariente le enviara de inmediato las copias del acta escrita por la agencia del ministerio público del área de homicidios dolosos en donde se detallaba la muerte de Uriel de 52 años de edad, casado y con 2 hijos. Las autoridades reunidas tomaron nota y se realizó la detención formal. Se vivieron minutos de tensión. Pedro contó después qué fue lo que hizo.

Aquella fatídica tarde Uriel lanzó una broma verbal relacionada con la vestimenta del supuesto agresor, éste le mentó la madre y antes de escapar sacó de entre sus ropas un cuchillo que penetró el lado izquierdo del abdomen, a la altura de las costillas.

Inició la búsqueda por parte del hermano inquieto, hasta que el sábado por fin lo capturó en la nueva forma de intentar hacer justicia en el país y que cada vez se vuelve más común, a mano propia.

Gabriela Aguilar
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 31 de mayo de 2016).

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha encontrado un aliado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para mantener plantones permanentes en áreas públicas. La primera visitaduría general ha pedido a las autoridades la adopción de "medidas precautorias" a favor de los activistas en los plantones de la Ciudadela de la Ciudad de México y el parque Central de Tuxtla Gutiérrez. No importa el tiempo que duren ni los daños a los demás.

En México los manifestantes tienen más derechos que los ciudadanos comunes y corrientes (no ocurre lo mismo en Francia, España, Estados Unidos u otros países democráticos). Si yo decido quedarme a vivir en carriles centrales del Paseo de la Reforma, como Andrés Manuel López Obrador en 2006, seré desalojado porque sólo soy un ciudadano. Pero si pertenezco a una organización política puedo quedarme a vivir.

La CNTE busca frenar la reforma educativa porque, entre otras razones, obliga a los maestros a asistir a clases y a ser evaluados. Aceptarla implica perder el control sobre los sistemas educativos de los estados que controla. Una de sus formas de lucha es dejar sin clases a los niños; otra, establecer plantones que asfixian la actividad económica.

Las medidas cautelares respaldan ahora estos plantones. Los daños a terceros nada importan a la CNDH. El derecho a la protesta permite violar los derechos de los demás.

En las últimas semanas la policía en la Ciudad de México ha impedido a los manifestantes de la CNTE llegar al Zócalo, donde se lleva a cabo la Feria de las Culturas Amigas, o al monumento a la Revolución. Cuando la CNTE puso su plantón en avenida Bucareli, las autoridades "persuadieron" a los líderes de mudarse primero a la plaza de Santo Domingo y después a la Ciudadela, aunque luego fueron también forzados a salir de ahí.

Las medidas cautelares de la CNDH, sin embargo, cambian las reglas del juego. Por eso la CNTE se ha establecido nuevamente en la Ciudadela. Y cuidado porque puede hacerlo donde quiera. Para la CNDH quienes protestan tienen derechos superiores a los demás.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 30 de mayo de 2016).

La peor noticia de los linchamientos, ya de por sí compleja la trama por las muertes de delincuentes o víctimas de éstos, es que en la mayoría de episodios Fuenteovejuna dio innumerables avisos de que tomaría la justicia por propia mano, con mantas y denuncias en voz alta ante micrófonos de la prensa y escritorios de las instancias policiacas, y las autoridades desoyeron los barruntos.

Autoridades de todos los niveles. Hay un descontento con la actuación de policías, procuradurías y sus jefes, los gobernantes, desde el municipal o delegacional en el caso de la capital, hasta el ámbito federal y el Presidente.

El fusilero documentó aquí el caso de un barrio popular capitalino, el Olivar del Conde, en el que la incidencia delictiva ha tomado un sesgo de inusitada violencia al pasar, en menos de una década, de robos a transeúntes y pasajeros a asesinatos con el uso de armas blancas y de fuego.

Antes que arredrarse, la población, ignorada por la delegación Álvaro Obregón y por las instancias policiacas y de procuración de justicia capitalinas, se reúne en una iglesia para acordar acciones de protección, de las que salió la iniciativa de advertir con mantas que lincharán al hampón que sea capturado. El gobierno tapó la manta con otra que enlista los números telefónicos de emergencia. Nada más. Y los atracos a mano armada continúan.

La UAM registró de 1988 a 2014 un total de 366 casos de linchamiento, entre intentos y consumados, y el área de documentación en MILENIO obtuvo reportes de 63 más en 2015 y 20 en lo que va del año en curso. A partir de 2010 estos ataques han acabado con la vida de los presuntos delincuentes en 2 de cada 10 eventos, aunque pocas veces se sabe si la víctima era en realidad un hampón. Obvio, Fuenteovejuna no revisa antecedentes penales cuando desata su furia. ¿Ya olvidamos Canoa, Tláhuac?

La autoridad mexiquense determinó en cosa de horas que los linchados esta semana en Teotihuacán eran secuestradores, fallo de rapidez impensable, como si la culpabilidad restara gravedad o, peor, justificara el hecho.

Alfredo C.Villeda
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 27 de mayo de 2016).

Ayer, desde muy temprano, un grupo de policías federales impidió el paso de autobuses de manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la caseta de cobro de la autopista Toluca-México. Esto llevó al cierre durante horas y en ambos sentidos tanto de la autopista como de la carretera federal.

Cuando no era la policía la que bloqueaba, con sus órdenes de impedir el paso de los maestros, eran éstos los que lo hacían. Las víctimas fueron miles de usuarios que trataban de trasladarse en autos, camiones o autobuses, pero ni activistas ni autoridades se preocupan si los ciudadanos no pueden llegar a sus actividades.

Entiendo que la Secretaría de Educación Pública está defendiendo una reforma educativa muy importante para los niños de nuestro país y que el gobierno de la Ciudad de México quiere evitar bloqueos y manifestaciones en momentos en que la contaminación se ha convertido nuevamente en un problema serio. Lo que no se vale, sin embargo, es que por impedir el paso de un grupo de manifestantes se bloqueen vías de comunicación.

Los grupos que protestan en México recurren con frecuencia a la agresión a los ciudadanos en la forma de bloqueos de calles y carreteras. Piensan que es legítimo afectar a terceros para presionar al gobierno. De hecho, recurren a esta táctica porque funciona, porque ha sido eficaz para generar tratos especiales y recursos a los líderes de las organizaciones. Es muy raro que alguien que participa en un bloqueo sea castigado y en cambio los líderes suelen obtener jugosos premios para levantar plantones.

Con frecuencia son las mismas autoridades las que con el argumento de proteger a los ciudadanos terminan por afectarlos. En la Ciudad de México son muy comunes los llamados "cortes a la circulación" que realizan policías que dañan más a la ciudadanía que las propias manifestaciones y plantones. Estos cortes empiezan mucho antes y se levantan mucho después que las marchas.

Los policías federales que ayer bloquearon la caseta de la autopista de Toluca mostraron el mismo desprecio por los derechos de automovilistas y usuarios del transporte público que usualmente exhiben los manifestantes. Ellos sí tenían derecho de hacer su trabajo y de cumplir sus órdenes, pero los ciudadanos no tienen derecho de llegar a su trabajo o sus actividades.

A México se lo han repartido grupos políticos de un signo o de otro. Organizaciones que quieren seguir teniendo privilegios especiales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, agreden cotidianamente a los ciudadanos. Ayer, por ejemplo, la sección 22 bloqueó los accesos de todos los centros comerciales de la ciudad de Oaxaca. Pero las autoridades piensan también que tienen derecho a tomar medidas contra los ciudadanos, como lo hizo ayer el contingente de policía que para impedir el paso de los maestros bloqueó la autopista Toluca-México. Lo peor es que al final dejaron pasar a los maestros para realizar las manifestaciones que tenían planeadas en la Ciudad de México.

Estos grupos políticos de signos contrarios que afectan sin recato a los demás viven todos de los recursos que los ciudadanos aportan al erario. Piensan que tienen todos los derechos. El ciudadano sólo puede pagar impuestos, callar y obedecer.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 26 de mayo de 2016).

No hay una campaña contra los jueces, mucho menos contra el nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor el 18 de junio próximo en todo el país, una reforma que muchos, incluyendo quien esto escribe, hemos impulsado y defendido desde antes de su promulgación hace ya 8 años.

8 años que se dieron para la transformación del sistema judicial y que no fueron plenamente utilizados para una preparación eficiente en buena parte de las entidades del país, que perdieron años en comenzar a prepararse para ese cambio monumental. Lo que sí se hizo fue comenzar a sentar precedentes con una serie de decisiones de la 1a. sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, tras una línea calificada como ultragarantista, en un país con un sistema de justicia y de seguridad en transformación, está logrando dejar en libertad a decenas (y serán miles después del 18 de junio) de criminales sobre los que no existe la más mínima presunción de inocencia. Ese es el fondo del problema que se inició con la liberación de Florence Cassez, no porque fuera inocente, sino porque con aquel montaje televisivo en la detención se dijo que se contaminó todo el proceso e ignorando todas las demás pruebas.

Existen casos en que evidentemente un proceso puede ser completamente contaminado por falsedad de pruebas o declaraciones, pero hay muchos otros donde no existe la más mínima duda de la responsabilidad penal de los detenidos y sin embargo se termina aplicando el mismo criterio.

Ya hemos presentado casos de secuestradores que han quedado en libertad (y hasta indemnizados con cifras millonarias) por estos criterios. Estamos hablando de hombres que secuestraron pero que también mutilaron, violaron, agredieron y en algunos casos asesinaron a sus víctimas, contra los que hay pruebas, testimonios, reconocimiento de las víctimas.

Pero no se trata sólo de secuestradores, con estos mecanismos se están liberando desde líderes del narcotráfico hasta pederastas.

No es una campaña contra los jueces y mucho menos contra el nuevo sistema de justicia penal. Es la denuncia de una serie de decisiones erróneas e irracionales que dañan a la sociedad y a las víctimas del delito.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 26 de mayo de 2016).

En los estados de México, Puebla y Oaxaca, según un estudio de la UNAM, los linchamientos ("ejecuciones sumarias y tumultuarias de un sospechoso o un reo"), principalmente a raíz de robos, secuestros o asesinatos, son bastante comunes. El año pasado se registraron 62 casos en esas entidades. La lógica de esas conductas colectivas parte de la incompetencia manifiesta de las autoridades para investigar, procesar y sentenciar a los delincuentes. A nivel nacional, es público y notorio que sólo el 10% de los delitos que se denuncian -una mínima parte, a su vez, de todos los que se cometen- llegan al punto de la sentencia.

Jaime García Elías
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 26 de mayo de 2016).

Este miércoles, el secretario de Gobierno del Estado de México, Jorge Manzur Quiroga, confirmó que los 2 hombres y la mujer sí eran integrantes de una banda de secuestradores. El hombre que sobrevivió a los ataques -Pedro Jesús Rivera Rosas, de 28 años y originario de Guerrero- declaró que junto con sus 2 cómplices pertenecían a un grupo delictivo.

(V.Univision Noticias del 25 de mayo de 2016).

El Gobierno del Estado de México confirmó la liberación de 18 personas que habían sido detenidas tras los hechos registrados en la comunidad de Atlatongo, municipio de Teotihuacán, por el linchamiento de 2 personas.

En un comunicado, se informó que los detenidos puestos en libertad durante la madrugada de este miércoles 25 de mayo, ya que el Ministerio Público del fuero común no encontró datos de prueba para establecer la flagrancia de alguno de estos sujetos en el delito de homicidio.

Asimismo, señaló que la 3a. persona que resultó lesionada en los acontecimientos registrados en la comunidad de Atlatongo, de igual manera fue certificada médicamente y ha sido señalada por su probable participación en el delito de secuestro, por el cual se le investiga, para deslindar las responsabilidades correspondientes.

Por otra parte, señaló que alrededor de las 2:00 horas de hoy, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, tuvo conocimiento de que elementos de la Policía Federal localizaron a un individuo caminando solo, en la carretera Venta de Carpio-Teotihuacán, y el cual presuntamente habría sido secuestrado por 4 personas en los primeros minutos del martes 24 de mayo, situación que habría originado los hechos que se registraron en la comunidad de Atlatongo.

Esta persona, de unos 25 años de edad, fue localizada en buen estado de salud, y posteriormente trasladado a las instalaciones de la PGJEM, donde se le realizó la certificación médica respectiva, así como también se recabó su declaración, con la cual, se dio inicio a la carpeta de investigación por el delito de secuestro.

De manera preliminar, señaló que estuvo cautivo en un inmueble de 2 habitaciones, sin poder precisar el lugar exacto, y que durante la noche del martes un individuo, que presuntamente estaba encargado de vigilarlo, lo dejó en libertad a unos 30 kilómetros de donde fue secuestrado.

(V.periódico Excélsior en línea del 25 de mayo de 2016).

La Procuraduría General del Estado de México informó que la mujer que fue rescatada del centro de la comunidad de Santiago Atlatongo, golpeada por una turba de vecinos, murió al llegar al hospital a donde fue traslada para ser atendida por las lesiones que presentaba.

Fueron 2 personas las que murieron la tarde de este martes al ser agredidas por más de 500 habitantes en la comunidad teotihuacana, al ser acusadas de secuestrar a un joven de la localidad.

La dependencia mexiquense señaló que 18 personas fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público, presuntamente por participar en los disturbios que se generaron el ingreso de la policía estatal al centro de la comunidad.

(V.periódico El Informador en línea del 24 de mayo de 2016).

La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ingresó a la comunidad de Santiago Atlatongo para rescatar a un hombre y una mujer que son mantenidos desde la mañana de este martes en el centro del poblado, porque se les acusa del secuestro de un menor de edad.

Los miembros de la Corporación Estatal armados con cascos, toletes y escudos lanzaron gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a cientos de habitantes que se concentraron en el centro del poblado a donde llevaron a 2 hombres y una mujer.

Uno de los 3 retenidos, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, murió en el kiosko a consecuencia de los golpes que le propinó la turba, revelaron fuentes.

Al otro hombre y a la mujer, de quienes se desconoce su identidad, también fueron golpeados por los vecinos de esta comunidad.

Habitantes de la población realizaron un bloqueo en la Carretera Federal México-Teotihuacán para impedir que ingresaran los elementos de las fuerzas policiacas. Una de las unidades de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, la 7234 fue dañada y volcada por los pobladores.

En el operativo también participan elementos del Ejército Mexicano.

(V.periódico El Informador en línea del 24 de mayo de 2016).

En Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco las deudas de 638,729 cuentas superan los 9,141 millones de pesos.

Zapopan arrastra la deuda más robusta: 3,497 millones. En esa demarcación, tan sólo 10 evasores acumulan deudas por 574.5 millones; sin embargo no se registra ningún procedimiento de embargo en lo que va de la administración.

El tesorero Luis García explica que la cartera vencida es tan grande por 3 situaciones que ya están corrigiendo: el rezago en la información territorial, un exponencial desarrollo inmobiliario que se ha constituido a través de figuras jurídicas que esconden al legítimo propietario y porque en los últimos 6 años no se ha completado ningún procedimiento administrativo de ejecución.

Sigue Guadalajara con 1,764 millones de pesos. 3 de cada 10 cuentas morosas.

Las tesorerías municipales le echan la bolita a las administraciones anteriores. David Mendoza, director de Ingresos de Tlaquepaque, señala: "hemos detectado la falta de vigilancia de la autoridad en relación al cumplimiento de las obligaciones fiscales... si el contribuyente no se ve hasta cierto punto presionado para pagar, pues va haciendo caso omiso".

En Guadalajara, Omar Vargas, director de Egresos, señala que las administraciones pasadas no ejercían el procedimiento administrativo de ejecución adecuadamente, "encontramos que 99% de las notificaciones no cumplen con los requisitos mínimos legales establecidos en la ley".

¿Por qué tienen una deuda tan grande?, se le cuestiona: "El procedimiento no se llevaba a cabo y aun cuando había notificaciones, sólo daban el 1er. paso de notificación y pasado un año volvían a notificar como si fuera la 1a. vez, no le daban continuidad a todas las etapas del procedimiento: requerimiento de pago, embargo y remate de bienes".

El economista Antonio Ruiz Porras acentúa que los municipios han sido omisos e ineficientes en el cobro, "las nuevas administraciones están tratando de recuperar las deudas, pero es un problema añejo porque dejaron crecer el problema"; sin embargo, señala que la población no ha sido consciente de la importancia de estar al corriente en el predial.

Por eso, el investigador de la UdeG lanza un llamado a las alcaldías para incrementar la cultura de pago y simplificar el acceso a los medios de pago.

1,981 cuentas en los últimos 7 meses fueron condonadas por prescripción en Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco. Tonalá evadió responder y Zapopan contestó que ha recibido 177 solicitudes de prescripción, pero ignoró el total de cuentas y adeudo condonado.

Lo anterior significa que los ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco dejaron ir 32.8 millones de pesos debido a las omisiones de las administraciones anteriores. Pero de todos los municipios, la administración de Alberto Uribe es la que más deuda ha condonado por prescripción: 23'636,000 pesos correspondientes a 942 cuentas, informó la Tesorería.

La tesorera Sandra Tovar López explicó que las prescripciones aplican para "todos los (usuarios) que no recibieron un requerimiento de pago en los últimos 5 años... estamos condonando cuentas (que no pagaban) desde 1994... lo que se ha condonado son ejercicios anteriores". Y aunque el ayuntamiento perdió varios millones, para la funcionaria las cuentas "no pintan, son mil cuentas (condonadas) de 314,000 activas".

Después de Tlajomulco, Guadalajara es el que más adeudos dejó de cobrar en lo que va de la administración de Enrique Alfaro: 8'024,000 pesos de 966 cuentas. Una arrastraba adeudos por 313,000 pesos.

"En la mayoría de los casos (las cuentas) no estaban notificadas y no tenían ni los requisitos mínimos de notificación que marca la ley de procedimiento", refiere Omar Vargas, director de Egresos de Guadalajara, quien lamenta la falta de vigilancia de las autoridades que gobernaron la ciudad hasta antes de octubre pasado.

Con 73 cuentas condonadas por 1'202,000 pesos, sigue Tlaquepaque. "No es algo que propició la administración actual, es por la falta de vigilancia de las autoridades anteriores al no emitir notificaciones y requerimientos, la ley marca que el contribuyente puede solicitar la prescripción en adeudos anteriores a cinco años si el municipio no le exige el pago en ese periodo", señala David Mendoza, director de Ingresos.

Aunque Enrique Alfaro y Pablo Lemus, alcaldes de Guadalajara y Zapopan, prometieron emprender procedimientos de embargo a los predios cuyos dueños no paguen a tiempo el predial, los ayuntamientos no han ejecutado ningún embargo desde que arrancaron las administraciones actuales.

Sin embargo, en la lista de intocables aparecen incontables fideicomisos constituidos a través de instituciones financieras y crediticias para la construcción de desarrollos inmobiliarios. Uno de ellos debe 160 millones pesos, pero también existen particulares con adeudos hasta por 76 millones de pesos y una constructora en Avenida Acueducto que adeuda a las arcas municipales 105.7 millones desde el año 2004 a la fecha.

Luis García, tesorero de Zapopan, les manda un mensaje: "Vamos a ir por los que más nos deben... vamos a cobrar aunque sea rematando sus bienes". En la mira de la Tesorería están 200 cuentas de grandes contribuyentes.

En Guadalajara, los 10 principales morosos deben 244.8 millones por concepto de predial. [De éstos,] el predio que menos adeuda se ubica en José Guadalupe Montenegro 2119 y adeuda 15 millones de pesos, mientras que la finca en la calle Cometa 2856 debe 47.2 MDP al municipio (no se proporcionaron los nombres).

Pese a los pasivos millonarios y la promesa de Enrique Alfaro de iniciar procedimientos de embargo contra los morosos, hasta la fecha la Tesorería reporta cero embargos y sanciones contra los deudores: "No se han interpuesto sanciones, únicamente requerimientos de pago, por lo tanto no se ha recuperado nada de cartera vencida a partir de sanciones", informó la dependencia.

En los otros municipios tampoco se han embargado ni rematado bienes. En Tlajomulco, 10 morosos arrastran adeudos por 45'724,000 pesos. Mientras que en Tlaquepaque el top 10 de morosos debe 21'724,000 pesos, principalmente fideicomisos.

De todos los municipios, Tlaquepaque y Tlajomulco son los únicos que han impuesto sanciones. El 1er. ayuntamiento reporta un total de 153 multas a través de las cuales se recaudaron 872.3 millones, mientras que Tlajomulco multó a 48,715 cuentas desde octubre pasado.

En Tonalá, las 10 fincas más omisas adeudan 12'580,000 pesos. [De éstas], la que menos debe (574,000 pesos) se encuentra en San Francisco 48, en la Colonia Lomas de San Miguel, mientras que la más morosa adeuda 5'521,000 pesos, en la calle Loma Tototlán 202, en la Colonia Loma Dorada.

Para Antonio Ruíz Porras, antes de que los ayuntamientos piensen en embargar y rematar bienes, deben comenzar por actualizar y modernizar sus registros catastrales, "mientras no se tengan datos actualizados de las cuentas, no vamos a poder hacer evaluaciones ni cobros correctos del predial".

Por eso lanza un llamado para actualizar y reordenar los registros de información, "tienen años de no ser actualizados, muchas veces no se cobra porque no hay una actualización sobre el valor de las propiedades ni se sabe si los dueños y las propiedades existen tal y como están registradas".

De no actualizarse las cuentas, el economista prevé que los ayuntamientos seguirán teniendo miles de cuentas sin posibilidad de cobro. El punto es "actualizar los registros para que puedan cobrar las cuentas y no las den por perdidas porque, si esto sucede, se dan incentivos a otros morosos para que dejen de pagar".

(V.págs.2-A y 3-A del periódico El Informador del 23 de mayo de 2016).

Ahora la SEP está aplicando la ley de forma puntual, como debe ser, porque de otra forma daría al traste con el proceso de cambio de modelo de administración educativa que ha planteado. Pero por otra parte el tema se ha convertido también en un asunto de seguridad nacional porque la acción de los profesores insurrectos tiene implicaciones políticas, posibles vínculos con organizaciones violentas y criminales, así como también supone un desafío a las instituciones públicas.

La aplicación de la ley no puede ser objeto de negociación política, como lamentablemente lo había sido durante décadas, porque contraviene los principios constitucionales esenciales. Ahora que las autoridades por fin se decidieron a desalojar a los manifestantes en la Ciudad de México, y que ven los frutos de no pagar a quien no trabaje, la situación está llegando a su punto más delicado.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 22 de mayo de 2016).

Incipiente debate se cocina en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en el sentido de que deberían posponerse las marchas y plantones, tan comunes en aquellos rumbos, "mientras esté activada alguna fase de contingencia ambiental".

Incluido en el capítulo de las Garantías Individuales, el Artículo 9 de la Constitución garantiza "el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente" para "hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad". El precepto establece unas cuantas restricciones: "...si no se profieren injurias contra ésta (la Autoridad), ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee".

Los intérpretes de la norma concuerdan en que, de alguna manera, marchas y manifestaciones conllevan cierta dosis de violencia: es decir, "una fuerza o intensidad extraordinarias" (lo ordinario debería ser que no hubiera manifestaciones ni marchas...), o "el uso de la fuerza física o moral". Esto último es tan obvio como que marchistas y manifestantes intentan utilizar el malestar de los miles de terceros, cuyos derechos al Libre Tránsito y demás -igualmente consagrados por la Constitución- se ven conculcados, así sea de manera transitoria, para presionar a la Autoridad, no necesariamente a favor de la aplicación de la justicia, sino a favor de sus demandas.

El asambleísta Armando López-Velarde Campa, de Movimiento Ciudadano, sustenta que "a la Libertad de Manifestación debe anteponerse el derecho a la salud", considerando que marchas y manifestaciones, al entorpecer la circulación de miles de vehículos, deterioran aún más el medio ambiente.

Jaime García Elías
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 17 de mayo de 2016).

"Fue un acto criminal" (mayor Trinidad López Rivas en enero). Se refería al flamazo de una pipa de gas en Tonalá que se estrelló contra un gym: 16 heridos y 2 muertos tras varios días de convalecencia. El accidente ocurrió cerca de un jardín de niños que tuvo que ser evacuado. Pudo ser peor.

El fin de semana, en Chapala, otra pipa se estrelló contra un jardín de eventos. Al impactarse con una fila de autos, se evitó una tragedia mayor. Sólo hubo lesionados. Pudo ser peor.

Desde enero no hay reuniones interinstitucionales para poner en cintura a las gaseras. Ni sanciones ni presión para que las empresas cumplan con mejorar su equipo, planes de mantenimiento y capacitación. Protección Civil de Jalisco tiene apenas 12 elementos para supervisar 80 empresas de gas en todo el estado (más hoteles, industrias y zonas de riesgo).

Es un acto criminal.

Allá en La Fuente
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de mayo de 2016).

Permítanme contarles de una experiencia en una plática reciente con alrededor de 300 empresarios. En un momento dado salió el tema de la debilidad del Estado de Derecho, así que decidí preguntarles quiénes conocían entre sus familiares y amigos, a algún joven que al terminar la preparatoria hubiera decidido ser juez. Nadie lo hizo. Este cuestionamiento también lo hice en relación al sistema judicial, respecto a ser un agente del Ministerio Público, obteniendo idéntico resultado.

Entonces pregunté cómo esperaban que las instituciones fueran eficientes si no tenemos suficientes funcionarios para aplicar las normas. Nadie respondió. Ambas posiciones, juez y agente del ministerio público, no son aspiracionales para la juventud mexicana, que los ve como tareas de 2o. o 3er. nivel.

Es prácticamente imposible disminuir la impunidad si carecemos de funcionarios suficientes para ejecutar las leyes. Y peor todavía: no conseguiremos reducir la impunidad si esos funcionarios, además, no están bien formados. En Estados Unidos por ejemplo, un policía debe tener una titulación mínima, generalmente grado universitario, para ser considerado. Luego debe ir a la academia de policía otros 6 meses. México recluta sus policías entre personas con muy escasa formación, en muchas ocasiones ni siquiera con estudios de preparatoria, más urgidos por tener un salario para los alimentos de su familia, que por entender las leyes que deben aplicar. No he conocido en México a un solo policía que haya obtenido una licenciatura en una universidad de prestigio. En cambio, cuando vivía en Washington y mi hijo trabajaba en la policía, conocí a varios de sus compañeros, todos ellos egresados de prestigiadas universidades, de familias de alto nivel educativo o económico y que son altamente respetadas por la comunidad. A diferencia de México, ese respeto se traslada a la fuerza policiaca. El ser policía en Estados Unidos es aspiracional.

El Índice Global de Impunidad IGI 2015, revela que México ocupa el penúltimo lugar entre las 59 naciones estudiadas. México tiene solamente 4 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que la media de los 59 países es de 17 magistrados por cada 100,000 personas. Croacia, la nación con el índice de impunidad más bajo, tiene 45 jueces por cada 100,000 habitantes.

No es la mejor combinación posible: policías sin la preparación mínima necesaria y sin espíritu de servicio, que encierran a infractores sin que haya jueces en la cantidad necesaria para tratar los casos. Nada de esto mejorará sin un compromiso de la sociedad, de las familias, por formar más y mejores jueces y policías. Este no es un problema que un gobierno en democracia pueda arreglar solo.

Jacques Rogozinski
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 16 de mayo de 2016).

La difusión de casos de actos injustos que no son resueltos por las autoridades pone en evidencia que como parte de la evolución de nuestras instituciones, ahora mismo vivimos una profunda crisis en el servicio público de justicia. La percepción de crisis no es nueva, ya desde el siglo XIX se planteaban alternativas para resolver el rezago y la falta de supervisión en el poder judicial. En el siglo XX quizá la prioridad fue la conformación de estructuras judiciales que operaran regularmente en los estados y la consolidación de un crecimiento en calidad en el poder judicial federal.

En unas cuantas décadas se han creado una multiplicidad de tribunales y órganos especializados en cuestiones estratégicas como la propiedad intelectual, competencia económica, telecomunicaciones, justicia administrativa a nivel local, sistemas alternativos de justicia, sin dejar de mencionar el crecimiento de los casos de arbitraje para resolver controversias. Al mismo tiempo la cantidad de asuntos que se presentan ante los tribunales ordinarios en materias civil, penal, control constitucional y otros más han crecido de forma muy importante.

La demanda social por la justicia es enorme y la respuesta ha estado históricamente rezagada. Ante eso el Estado mexicano ha dispuesto un crecimiento de las estructuras encargadas de este servicio público, pero que no han sido por mucho suficientes.

Vivimos una transformación del sistema de justicia penal, desarrollamos el sistema de justicia administrativa que brinda a los ciudadanos mecanismos de defensa contra las autoridades, se aprobó una nueva ley de amparo que amplía el ámbito de defensa de los derechos fundamentales, se plantea una reforma necesaria al sistema de justicia laboral y se trabaja en terminar de una vez por todas con los conflictos agrarios.

Sin embargo, aunque la transformación es profunda los resultados perceptibles por los ciudadanos son pobres. La sensación de impunidad es enorme, la inseguridad crece y el respeto a las autoridades encargadas de la justicia se desgasta peligrosamente. Una mejora en la calidad de la justicia es un proceso largo y farragoso porque implica cambiar no sólo los procesos sino la actitud y la inercia, supone capacitar a miles y miles de personas y supone una lucha sin cuartel contra la corrupción y la denegación de justicia. Sin embargo es el único camino para consolidar el Estado de Derecho.

Los cambios en los sistemas judiciales se producen en décadas y la fuerza y respeto de las decisiones judiciales se consolidan mediante la práctica reiterada. La justicia está en crisis, hay que reconocerlo, pero el primer paso para resolver el desafío es levantar la mirada y aportar lo que nos corresponda, en lugar de desgastar cada vez más a las instituciones. Ellas son al fin de cuentas la mejor garantía para la justicia. A más fuerza institucional de las autoridades judiciales menor impunidad.

Nuestro sistema judicial ahora tiene muchas más puertas abiertas en la defensa de los derechos de los habitantes y debemos defender estos avances en los tribunales locales y sobre todo federales. México se va desarrollar sólo si consolida el servicio público que se percibe con mayor rezago: la justicia.

Luis Ernesto Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 15 de mayo de 2016).

Una de las principales causas de la evasión fiscal es la falta de confianza en la forma en que gasta el dinero de nuestros impuestos el gobierno, por lo que las leyes reglamentarias del Sistema Anticorrupción deben enfocarse a considerar como delitos graves penados con resarcimiento del daño y cárcel sin fianza, al peculado, enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias y abuso de poder, sin excluir al presidente de la república. Además, en lo que debe ponerse especial cuidado es en la forma de castigar a los miembros del poder judicial que por dolo, negligencia, apatía y/o actos de corrupción, faciliten la salida de los delincuentes capturados que se escudan en subterfugios como "el debido proceso", la "falta de méritos", las consignaciones amañadas formulada por los agentes del Ministerio Público que se hacen para facilitar la defensa y conseguir la libertad; como el caso de los asaltos, por poner un ejemplo: se consigna a un delincuente que ataca armado a un individuo al salir de un banco (hecho bastante frecuente) y se le consigna por asalto, cuando las leyes definen que para que se tipifique el delito de asalto deben intervenir varios agravantes, como que tienen que ser en despoblado o debe haber testigos, en vez de consignar por robo a mano armada.

La mayor incidencia de la corrupción está en el poder judicial en todos sus niveles, por ahí debe comenzarse a legislar con las leyes del Sistema Anticorrupción.

Luis Jorge Cárdenas Díaz
(v.pág.11-A del periódico El Informador del 12 de mayo de 2016).

Las víctimas son lo menos importante en el nuevo sistema de justicia penal. Es verdad que las autoridades han creado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para crear más puestos burocráticos y repartir dinero de los contribuyentes, pero defender la seguridad y la vida de las víctimas es algo que se niegan a hacer.

Ahí está el ejemplo de la causa penal 28/2015 de Michoacán en que los jueces de control -Jesús Alejandro Sosa Maya, María Consuelo López Ramírez y Ana Lilia García Cardona- tomaron la decisión de liberar a miembros de una banda que secuestró a una niña de cuatro años y a su madre embarazada de dos meses. ¿Cuál fue el criterio para liberarlos y dejar en peligro no sólo a estas víctimas sino a muchas otras personas que pueden ser secuestradas? Que la policía rescató a la niña y a la madre antes de presentar a los detenidos con el Ministerio Público y el juez de control.

Lo curioso es que en esta ocasión sí hubo un buen trabajo policial. Los secuestradores fueron detenidos en flagrancia cuando cobraban el rescate. A los detenidos se les leyeron sus derechos, según la organización Alto al Secuestro de Isabel Miranda de Wallace, y "sin que mediara tortura, intimidación o coacción, señalaron dónde se encontraban la niña y su madre. Gracias a esta declaración la policía pudo rescatar a las víctimas y detener a los otros dos miembros de la banda", los cuales se encargaban de alimentar y vigilar a las secuestradas.

La policía actuó con oportunidad y tuvo una operación venturosa. Las víctimas fueron liberadas y los cómplices detenidos. Pero los jueces consideran que el operativo no debía haber empezado si primero no se presentaba a los secuestradores detenidos ante el Ministerio Público y el juez de control.

La señora Wallace lamentó "profundamente el nuevo atropello en contra de la pequeña y su madre: primero por los criminales que las secuestraron y ahora a consecuencia de las severas fallas del aparato judicial de Michoacán". En un secuestro, señala a través de un comunicado, la oportunidad de una acción para rescatar a las víctimas es absolutamente esencial. "Si el cobrador del rescate no regresa en determinado tiempo, los secuestradores matan a la víctima". El poder judicial de Michoacán está mandando el mensaje que es más importante "cumplir con las formalidades y tecnicismos del procedimiento" que salvar la vida de las víctimas. "Así de mal está la justicia en México".

Ésta es ya "la 3a. ocasión que los jueces de Michoacán anteponen a la vida y a la libertad de las personas, falsos derechos de los secuestradores que no existen ni en la Constitución ni en la ley... No existe ninguna norma en estos ordenamientos ni en los tratados internacionales que señale que la información proporcionada por un detenido de manera voluntaria no puede ser utilizada para fines de investigación".

Cuando se estableció el nuevo sistema de justicia oral se nos dijo que el propósito era evitar el excesivo apego a los formalismos que caracterizaba el tradicional sistema escrito de nuestro país. Lo que demuestra esta sentencia, y otras que la han precedido, es que el respeto a los formalismos, aun los más absurdos, tiene más importancia que preservar la vida de las víctimas.

El gobierno nos bombardea con spots de radio y televisión en que afirma que con el nuevo sistema de justicia penal "las víctimas ya no están desamparadas". La realidad es otra. Se están aplicando reglas que sólo amparan a los criminales. ¿Y las víctimas? Que las maten, dicen los jueces de Michoacán. Lo importante es presentar al detenido ante el Ministerio Público y concluir el papeleo.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 11 de mayo de 2016).

Las leyes de seguridad siguen estancadas en el Congreso; el asesinato de Rodolfo Torre continúa impune (el caso fue atraído por la PGR y ni en la administración Calderón ni en la actual, ha habido avances, en ese crimen de la narcopolítica). Julio César Godoy sigue prófugo y su hermano Leonel nunca fue interrogado o imputado. Greg Sánchez, estuvo preso, fue liberado, lo volvieron a detener en Argentina, acusado de lavar dinero, lo liberaron y ahora es candidato de Encuentro Social, cercanísimo por cierto a Jaime Rodríguez "El Bronco".

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 11 de mayo de 2016).

El problema del gobierno mexicano no se limita a lo que piensan las organizaciones defensoras de derechos humanos en el mundo, ni a los medios de comunicación.

Su problema es con el gobierno del presidente Barack Obama, de entrada, y otros líderes europeos, porque lo que hasta hace unos meses era subrepticio, ahora se debate públicamente: no creen que el presidente Peña Nieto sea capaz de establecer el Estado de Derecho en México. Tampoco lo consideran capacitado para construir un país de leyes, ni ven que su sistema de justicia pueda limpiar la corrupción y superar sus deficiencias. La vulnerabilidad de Peña Nieto en materia de leyes es tan grande, que 2 funcionarios internacionales de 2o. nivel lo han regañado -literalmente- en reuniones de trabajo, por violaciones a leyes y procedimientos, así como por lo que ven como falta de voluntad política.

El 1o. fue el primer ministro chino, Li Keqiand, quien durante la visita de Peña Nieto a China en noviembre de 2014, fue sacudido por la forma como canceló el proyecto del tren rápido México-Querétaro y amenazó con llevarlo a un panel internacional sobre comercio. "Aquél viaje fue un desastre", admitió un diplomático mexicano. "El peor error de todos, haber ido". El 2o. fue el vicepresidente Joe Biden en febrero pasado, cuando alzó la voz y reclamó al presidente el mal manejo de políticas internas que afectaban la relación con Estados Unidos. "El presidente no sabía por qué le estaba reclamando", dijo un funcionario que sabía de la sorpresa auténtica de Peña Nieto, desinformado como en tantas cosas de lo que habían hecho sus colaboradores, en buena parte por su desinterés en preguntar detalles y consecuencias con algunos de sus más cercanos.

Las reacciones al informe del GIEI son meramente la secuela de muchos meses en donde se le ha llamado la atención al presidente y a su gobierno por la ausencia de un Estado de Derecho, la proliferación de la corrupción y la impunidad. Las reacciones sobre violaciones a los derechos humanos en México -reflejado en un incremento significativo en el número de páginas en el informe anual del Departamento de Estado sobre ese tema- en su gobierno, es una de las vertientes de la creciente molestia en el mundo contra él. Las críticas en Alemania durante un reciente viaje de estado fueron sustentadas en las quejas de los empresarios alemanes sobre la corrupción en México, que se ha visto como una de las características del regreso del PRI al poder, pero sobre todo, porque ese tipo de prácticas se han concentrado, perciben, en personas que se encuentran dentro del círculo de Peña Nieto.

En 3 años y medio, el gobierno de Peña Nieto acumuló agravios que generaron las presiones internacionales. El crimen contra los normalistas de Ayotzinapa desnudó sus deficiencias en materia legal y dio el pretexto perfecto para presionar al presidente y empujarlo hacia donde parece buscar Washington: que acepte un modelo de justicia trasnacional, similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente para apoyar a las instituciones de procuración y administración de justicia, que produjo la detención del presidente Otto Pérez Molina el año pasado, acusado de corrupción. ¿Quiere Washington a Peña Nieto en la cárcel? La pregunta no tiene respuesta aún. Pero lo que definitivamente no quieren en varias capitales del mundo, es que la ley siga de adorno en México como ven que hasta ahora ha sido en su gobierno.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 4 de mayo de 2016).

Está por verse si la Ley contra la Tortura no quita a investigadores y ministerios públicos -que sólo excepcionalmente realizan investigaciones científicas- la única escalera (la tortura) que ordinariamente utilizan... y los deja, literalmente, colgados de la brocha.

Jaime García Elías
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 2 de mayo de 2016).

Ahora nos enteramos que un tribunal federal del Estado de México amparó y liberó a Isidro Solís Medina, integrante de la banda de Los Rojos, quien participó hace 9 años en el secuestro y asesinato de Silvia Vargas Escalera, la hija de Nelson Vargas.

Contra Isidro Solís había todo tipo de testimonios y pruebas, no sólo del caso de Silvia Vargas, sino de otros secuestros en los que había participado. De su liberación se supo porque una de sus víctimas, convencida de que su secuestrador estaba preso y condenado a 34 años de prisión, se lo cruzó caminando en la calle. Indagando el caso se supo que era también uno de los secuestradores y asesinos de Silvia Vargas.

Las causas por las que el 3er. Tribunal Colegiado en Materia Penal del 2o. Circuito le concedió el amparo a Solís Medina son ridículas: una víctima de secuestro en las indagatorias lo reconoció a través de la cámara de Gesell sin la presencia del abogado del imputado. Ante ello todo lo demás, para los jueces, salió sobrando. El magistrado federal José Merced Pérez Rodríguez, argumentando falta de evidencias, lo dejó libre.

Las faltas al debido proceso, que sirvieron lo mismo para dejar en libertad a Florence Cassez, a un grupo de secuestradores de Tijuana y ahora a este personaje, no pueden ser la coartada para liberar en automático a todo delincuente que argumente esas fallas a su favor. No es ese el espíritu de la ley. Si ha habido fallas al proceso, lo que debe ocurrir es que el mismo se reponga, no que se otorgue en automático la libertad cuando existen pruebas, testimonios, víctimas que reconocen y verifican la responsabilidad de un criminal.

El proceso se debe reponer, no liberar en automático a los criminales. Y eso está sucediendo un día sí y el otro también.

Ello va de la mano con la lentitud de la justicia. Ninguno de la banda de Los Rojos, los que secuestraron y mataron a Silvia Vargas, después de 9 años de cometido el crimen, tiene sentencia en firme. Tampoco la tienen la mayoría de los secuestradores y asesinos de Fernando Martí o de Hugo Alberto Wallace, hijos de Alejandro Martí y de Isabel Miranda, respectivamente. En la medida en que los procesos se alargan, esos criminales, basados en experiencias legales, como las fallas al debido proceso o de que sus propias declaraciones fueron arrancadas bajo tortura, comienzan una ola de amparos que en muchas ocasiones pueden dejarlos en libertad, sólo es necesario que algún juez o algún tribunal interprete mal la ley, tenga miedo o esté comprado para que las condenas se evaporen y la justicia se tuerza.

El tema de la tortura es particularmente sensible. Prácticamente todos los detenidos alegan, buscando su libertad, que han sido torturados. Sin duda en algunos (o en muchos) casos es verdad, pero eso no los hace necesariamente inocentes. Es el caso de Elvira Santibáñez Margarito, y conocida como La Pala, la joven que aparece en el video difundido en estos días y que motivó una disculpa pública del general Salvador Cienfuegos y del comisionado Renato Sales.

Elvira es originaria de Ajuchitlán del Progreso, y está detenida por pertenecer al cártel de la Familia Michoacana. Era conocida en la comunidad por ser parte de la célula que secuestraba, robaba y extorsionaba en la zona. Elvira fue detenida junto con otros 2 integrantes de esa banda con 4 armas largas; un arma corta; 9 cargadores y más de 200 cartuchos. Quienes torturaron a Elvira deben ser juzgados y castigados, pero la joven que fue parte del grupo que victimizó y castigó a toda una comunidad no debe quedar en libertad.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 20 de abril de 2016).

¿Qué es lo que realmente le preocupa al gobierno de Enrique Peña Nieto: la crisis de derechos humanos en México o la crisis de imagen de su gobierno en el extranjero? Por la forma de reaccionar, no tengo duda que es lo segundo.

Las denuncias sobre abusos del Ejército y las policías han sido constantes y al alza desde el gobierno de Felipe Calderón y absolutamente descaradas e impunes en el gobierno de Peña Nieto. No se trata de un caso aislado, sino de una conducta repetida en la que, en nombre de la seguridad pública, se comenten abusos. Evidentemente no todos los policías ni todos los soldados torturan todo el tiempo, lo que sí es una conducta sistemática es la protección de las corporaciones a los elementos que comenten abusos y tortura.

La Policía Federal trae en sus espaldas tantos o más problemas de abusos de autoridad que el Ejército, con la diferencia de que no gozan de la misma fama pública.

Ninguno de los funcionarios ha planteado un mecanismo serio para asegurar una actuación de sus elementos dentro del marco de los derechos humanos.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de abril de 2016).

Todos los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos e incluso el del gobierno de Estados Unidos -aliado cercano- coinciden en algo que los ciudadanos de México saben pero que el gobierno insiste en negar: Hay una crisis de derechos humanos e impunidad en todo el país.

Cada vez que se comete un delito en México, desde un robo hasta una violación, sea una desaparición o un homicidio, la probabilidad de que quede sin castigo es mayor a 95%. La posibilidad de que al denunciarlo la víctima o sus familiares sean revictimizados por las instituciones públicas encargadas de investigar y hacer justicia es igual de elevada. Y cuando las autoridades deciden aprehender a alguien por ello, lo más seguro es que se pasen de la raya para obtener sus confesiones. Bonito retrato.

Es verdad que en algunos círculos de las organizaciones pro-derechos humanos hay una actitud militante y que en algunas ocasiones hay reportes que carecen de rigor y buscan más sacar raja política que hacer justicia, pero el gobierno de México no puede escudarse en esos casos y negar que los abusos son cotidianos.

Pasan los años y no hay un banco genético en el país para la identificación de más de 20,000 personas desaparecidas; el mando único sigue siendo un discurso (que además no acaba de convencer como solución); el aterrizaje del nuevo sistema de justicia es exasperantemente lento y exhibe ineficacia estructural; y por si fuera poco continúan las resistencias para combatir un mal que está presente de principio a fin en la cadena de esta crisis: la corrupción.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de abril de 2016).

En materia de derechos humanos, el Presidente y su gobierno salieron reprobados severamente la semana pasada. El Departamento de Estado difundió su reporte anual sobre derechos humanos, donde la evaluación es devastadora. "Los problemas más significativos relacionados a los derechos humanos, incluyen el involucramiento de policías y militares en serios abusos, como asesinatos extrajudiciales, tortura y desapariciones", indica el informe. "La impunidad y la corrupción en el sistema de procuración y administración de justicia es un problema serio, con tasas extremadamente bajas de juicios para todo tipo de crimen".

El documento salió al público mientras el Presidente buscaba responder los señalamientos de que en México no hay Estado de Derecho, durante 2 visitas de estado, en Alemania y Dinamarca, que nunca se pensó tuvieran giros tan dramáticos para la credibilidad gubernamental. La crónica del corresponsal del diario El País de Madrid desde Berlín asomó la molestia y la preocupación de los inversionistas alemanes con México. "En México existe un gran vacío en temas de seguridad jurídica. El gobierno debe abordar estos temas si desea atraer a los inversionistas", dijo Erich Schweitzer, descrito por el corresponsal como "el poderoso" presidente de la Cámara de Comercio e Industria alemanas.

El día que arrancaba la visita, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, reportó El País, publicó una carta abierta dirigida al presidente Joachim Gauck -que luchó contra la dictadura de la desaparecida Alemania Oriental- y a la canciller federal, Angela Merkel, donde calificaron de "catastrófica" la situación de los derechos humanos en este país.

El tema del Estado de Derecho ha sido una crítica constante en el mundo contra el Gobierno del Presidente Peña Nieto, quien en prácticamente cada visita que realiza en el mundo, escucha las preocupaciones de los gobiernos anfitriones.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.12-A del periódico El Informador del 18 de abril de 2016).

¿No cree usted que se deba legislar con seriedad sobre el tema de las marchas y bloqueos en la CDMX? Lo ocurrido con diversas marchas, sobre todo la del Frente Francisco Villa, es inaceptable en general y en días de contingencia y cuando se están tomando medidas de emergencia como el Hoy no Circula generalizado resultan un insulto a la ciudadanía. Existe, es verdad, un derecho a manifestarse, pero se puede legislar para que, sobre todo en tiempos de emergencia ambiental, ese derecho se manifieste en plazas, estadios, parques, espacios cerrados. Es una limitación, sí, pero también existe un derecho a la libre circulación que es limitado para los ciudadanos con normas como el Hoy no Circula. ¿Por qué no poner límites a las marchas y bloqueos? ¿Por qué un puñado de manifestantes puede paralizar una ciudad que está en emergencia ambiental? Es un insulto para los ciudadanos.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 14 de abril de 2016).

Se dicen campesinos, pero en realidad son simples grupos de extorsión. El lunes 11 de abril alrededor de 2,500 activistas paralizaron el Paseo de la Reforma y la avenida de los Insurgentes de la Ciudad de México. La contaminación en el centro se disparó de 53 puntos, cuando empezaron a las 11 de la mañana, a 122, cuando concluyeron a las 3 de la tarde. Las manifestaciones y sus vehículos sí circulan todos los días en la megalópolis.

El grupo bloqueó el paso del Metrobús, que goza de un monopolio en Insurgentes, y obligó a miles a caminar por lo menos un par de kilómetros para continuar sus traslados. Algunos eran jóvenes y, tras el coraje, simplemente apretaban el paso. Para las personas de la 3a. edad el bloqueo era una agresión mucho más fuerte.

Ayer estas organizaciones realizaron nuevas marchas y bloqueos que generaron congestionamientos y contaminación. Los líderes saben que la forma más eficaz de obtener lo que quieren es agredir a la ciudadanía. Ninguna autoridad se atreve a enfrentárseles. Las autoridades capitalinas, tan preocupadas por detener a los automovilistas que salen a circular con la calcomanía equivocada, se lavan las manos y dicen que el problema es del gobierno federal (que además pertenece a otro partido). Las federales crean mesas de negociación.

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, El Barzón, el Frente Indígena Campesino de México y Unimoss son organizaciones de extorsión. Los verdaderos campesinos, los que viven del trabajo de la tierra, no pueden darse el lujo de abandonar el campo en la primavera, tiempo de preparación de la tierra y de la siembra, para irse a manifestar a la Ciudad de México. Los manifestantes llegan en autobuses alquilados y reciben alimentos, viáticos y sueldos que alguien paga. No son los campesinos que encuentra uno habitualmente en el campo.

¿Qué piden los líderes que organizan marchas en la Ciudad de México cada aniversario de la muerte de Emiliano Zapata? Dinero y poder. Una de las exigencias de las movilizaciones se repite todos los años: "Más recursos para el campo". La expresión puede traducirse como "Mayores subsidios para nuestras organizaciones". Lo peor es que las autoridades con frecuencia se los dan. Por eso los manifestantes regresan todos los años a pedir más.

Hoy, además, los líderes tienen otras exigencias. Afirman que los campesinos deben ser consultados para la realización de proyectos eléctricos en sus tierras. Pensará usted, quizá, que las empresas que desarrollan proyectos eólicos simplemente llegan y se apropian de los terrenos que quieren o el gobierno los expropia para ellos. Pero las autoridades nunca se atreven a expropiar tierras comunales o ejidales mientras que las empresas de generación de electricidad siempre llegan a acuerdos, usualmente muy generosos, con los campesinos para edificar generadores eólicos en sus tierras.

Ninguna empresa se atrevería a empezar una inversión cuantiosa en un terreno sin permiso de los dueños. En los casos que conozco, las compañías de electricidad pagan más a los campesinos por el alquiler de sus tierras para la generación de electricidad de lo que éstos obtienen por su explotación agrícola. Pero, además, la generación eólica es tan benévola que permite que la tierra pueda seguirse usando para la agricultura.

Lo que quieren los líderes es que los acuerdos no se hagan con los dueños de las tierras sino con ellos. Su propósito no es otro que seguir despojando a los campesinos del producto de sus tierras. No nos dejemos engañar. Los grupos que han desquiciado a la Ciudad de México y elevado la contaminación no son "campesinos". Son bandas organizadas de extorsión que viven de despojar a campesinos y contribuyentes.

Sergio Sarmiento
(v.periódico Mural en línea del 13 de abril de 2016).

En México tenemos un severo problema con las cárceles. Están llenas a reventar, no cabe un preso más, pero seguimos pensando, torpemente, que la forma de resolver los problemas es metiendo a nuestros jóvenes a la penal. Todos los días hay un encorbatado empresario pidiendo cárcel para los delincuentes (nunca para los evasores fiscales), un diputado proponiendo aumentar las penas, un político en campaña ofreciendo mano dura o un gobernador en problemas prometiendo que meterá al bote a lo corruptos de atrás, porque los de su sexenio todavía no han acabado de robar. Pero, ¿sirve de algo meter gente a la cárcel?

El sistema carcelario en México perdió ya toda proporción y sentido. En todo el país tenemos cerca de 240,000 reos en 359 penales, somos el 7o. país con más presos en el mundo, después de Estados Unidos, por supuesto, China, Rusia, Brasil, India e Irán. Pero la verdadera paradoja es que eso no nos hace un país más seguro, pues ahora los delitos se cometen incluso desde las cárceles. No nos hace un país más justo, pues 4 de cada 10 reos están encarcelados sin haber tenido un juicio o recibido una condena. Mas gente en la cárcel no equivale a menos impunidad, pues con todo sólo 2% de los delitos terminan en una condena, la que sea. Por el contrario, lo que tenemos son penales sobrepobladas donde, de acuerdo al más reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las 130 cárceles que pudo visitar durante el año se encontró lo siguiente: el 2015 hubo 2,110 incidentes en los penales, desde riñas hasta motines. 52 personas fueron asesinadas dentro de esas 130 cárceles y otros 23 se suicidaron. Más de la mitad tiene una sobrepoblación de 40% y el algunas hay más del doble de los presos para los que fue calculada la prisión.

Pero el dato más espeluznante es que en Jalisco un joven preso le cuesta al Estado 54,500 pesos, mientras que en un estudiante universitario se invierte sólo 14,600. Por cada persona que no vaya a la cárcel podríamos mantener a otro en la universidad y darle una beca de alimentación de 3,000 pesos mensuales. Visto de otra manera, por cada año que una persona pasa en el penal esperando condena, 4 jóvenes podrían ir a la universidad.

La solución al problema de seguridad no es meter más ciudadanos a la cárcel, sino quitar los incentivos a la delincuencia. Está claro que las penales no son un factor disuasorio, ni para delincuentes comunes, ni para políticos de uña larga o jóvenes consumidores de droga. En la cárcel deben de estar sólo aquellas personas que representen un peligro para la sociedad, aunque nos caigan mal o nos dé coraje que anden sueltos. Mientras las cárceles sirvan como un sistema de venganza social o peor, como un sistema donde se materializan prejuicios sociales, y no para alejar a aquellos que representan un peligro, seguiremos invirtiendo lo poco que hay en convertir a nuestros jóvenes en delincuentes.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 13 de abril de 2016).

En Veracruz, una joven y una familia que duda en acudir al Ministerio Público porque sabe que no existe protocolo alguno que ofrezca dignidad a quien denuncia algo así. En el intento de arreglo particular sale perdiendo y cuando acude a la justicia sus peores temores se confirman. Los poderosos influyen, maniobran, obstruyen. 15 meses después del hecho, casi un año después de la denuncia, la justicia no tiene nada. Nada. Bueno, algo sí, la destrucción de la víctima, exhibida, zarandeada. El penar del padre de programa en programa, de entrevista en entrevista. ¿Alguien cree que 15 meses después se puede hacer un juicio justo para las partes?

Ahora que tanto se habla de desigualdad, no queda duda que está ahí, en la procuración de justicia la mayor muestra. Presa de los poderosos, o del miedo a afectar intereses, o simplemente inútil, lenta, corrupta.

Ese sí es un problema estructural que a nadie interesa.

Carlos Puig
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 1o.de abril de 2016).

En México pese a los grandes escándalos no existe ningún político de 1er. nivel purgando penas, como sí sucede en estos momentos en Brasil.

Ernesto Hernández Norzagaray
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 19 de marzo de 2016).

Es común que el comportamiento violento de algunos "guaruras" de hombres y mujeres de poder es, en no pocos casos, el retrato hablado de la impunidad de sus patrones.

El guarura prepotente, golpeador y que violenta reglas elementales de convivencia comete esas irregularidades porque se sabe protegido, si no es que alentado y hasta premiado por quien le paga.

Y el caso de Alberto Sentíes Palacios -propietario del Ferrari, cuyo "guarura" bajó de su vehículo a un joven al que golpeó y asaltó- no es la excepción. En efecto, el patrón del "guarura" es lo que en la jerga policiaca se conoce como un "pájaro de cuenta".

¿Y eso qué significa? Todos lo saben, un "pájaro de cuenta" es un pillo profesional. Y si apelamos al sentido común, podemos decir que el "escolta" de un profesional del crimen no puede ser otra cosa que el "guarura" que asaltó, secuestró y robó al joven Jaír.

Y es que según diversas investigaciones periodísticas, el propietario del Ferrari cuenta con 3 averiguaciones previas por el delito de fraude, además de que la supuesta empresa de su propiedad es una defraudadora con decenas de denuncias por ese delito.

Lo curioso es que luego del escándalo por la golpiza, el presunto defraudador profesional parece haber perdido los sentidos de la vista y el oído y, por alguna razón sobrenatural, hasta quedó en calidad de idiota.

En efecto, si un curioso revisa la "declaración voluntaria" de Alberto Sentíes -ante la procuraduría capitalina-, el presunto defraudador dice que "no se percató al instante de la situación y pensó que se trataba de un incidente de tránsito". Eso sí, cuando por el espejo retrovisor vio lo que sucedía, ordenó a su escolta que dejara tranquilo al joven golpeado.

Pero el problema de la sordera, la ceguera y la idiotez que pudieran haber picado al dueño del Ferrari, va más lejos. Como ya disminuyó la presión de las explosivas redes y su repercusión en medios, ahora resulta que la ceguera, sordera y la idiotez se trasladaron a las autoridades que debieran castigar al patrón del "guarura" y al "guarura" infractor.

¿Y? ¿A quién le importa? Y es que la "legión de idiotas" en que se han convertido buena parte de las redes ya vocifera detrás de otro escándalo? No importa lo virtuoso o lo vicioso de las redes, lo que importa es que son llamaradas de petate, engañabobos.

¿Cuándo y quién hará justicia en el caso del Ferrari?

Al tiempo.

Y a propósito del tema. Otro que parece ciego, sordo e idiota es el juez que liberó a la secuestradora Nestora Salgado. Otro secuestrador fuera gracias a un podrido Poder Judicial que no rinde cuentas a nadie y que se esconde incluso de secretarios de estado. ¿Hasta cuando?

Ricardo Alemán
(v.pág.17 del periódico Milenio Jalisco del 18 de marzo de 2016).

El ex presidente de gobierno español, Felipe González, decía sobre el caso del ex mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva, en una reflexión muy aplicable para nuestro país, que cuando se reclama que haya casos "ejemplares" la justicia "no tiene que mirar al justiciable, sino a la aplicación de la ley. La justicia tiene que ser justa. Y si es justa, es ejemplar para todos por igual. Pero cuando se habla de ejemplaridad, se está pensando que con unos hay que ser más ejemplares que con otros. Y esto no es la aplicación de la justicia". Aquello, decíamos nosotros, de "a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la justicia a secas", será muy juarista pero le ha hecho un daño enorme a nuestra sociedad.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 16 de marzo de 2016).

No puede haber ejércitos privados recorriendo las ciudades. Lo ocurrido con los custodios de Alberto Senties Palacio, apodado Lord Ferrari por el carro que conducía, es inadmisible y debe ser castigado con toda la fuerza de la ley. Pero se debe ir más allá: no hay control sobre custodias y guardias de seguridad privados, éstos no pasan controles mínimos de confianza, no se rigen por norma alguna. Es un capítulo en el que resulta imprescindible poner orden, establecer derechos y obligaciones y encauzar a ese verdadero ejército privado en normas legales estrictas, acabando con su impunidad.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 16 de marzo de 2016).

El abogado Juan Velasquez [es] tenaz opositor a que la corrupta "justicia" civil se ocupe de los soldados y marinos que delinquen...

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 11 de marzo de 2016).

Jorge Emilio Esquivel Muñoz, "El Yorch", uno de los líderes del grupo Okupa Che, que no es ni alumno, ni maestro ni trabajador de la UNAM pero que tiene ocupado el auditorio Justo Sierra desde hace 14 años y que está preso en un penal de Hermosillo, Sonora, podrá quedar libre tras pagar una fianza de 8,725 pesos que le impuso el juzgado 11 de distrito en materia de procesos penales, luego de reclasificar el delito y determinar que las acusaciones en su contra no son graves. "El Yorch" había sido detenido el pasado 24 de febrero en posesión de 50 envoltorios de cocaína en piedra, 26 pastillas psicotrópicas de Rivotril y una bolsa con 300 gramos de mariguana. Olvidemos por un momento que, además, fue detenido mientras vendía droga en la zona de Copilco, ¿cómo una juez, la misma que le había dictado el auto de formal prisión, puede reclasificar el delito y argumentar que esa enorme cantidad de droga era para consumo personal? El rector Enrique Graue, con toda razón, se mostró indignado con la juez y con la PGR. Y el Justo Sierra continúa tomado.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 10 de marzo de 2016).

Porque consideran que sus derechos a ejercer su honesto oficio -que es, además, un servicio público- se conculcan al permitirse una (según ellos) "competencia desleal", y porque la Constitución les reconoce (Artículo 9) "el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito" y les garantiza que "no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad" (aunque el ejercicio de esa prerrogativa se condiciona a que "no se profieran injurias contra ésta -la autoridad-, ni se haga uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desea"), los taxistas salieron a la calle para protestar contra las modalidades que aportan Uber y plataformas similares, y contra la posibilidad de que el Congreso del Estado las incorpore formalmente a leyes y reglamentos.

Los manifestantes aducen que Uber y demás "atentan contra el derecho de 15,000 trabajadores del volante" a prestar ese servicio. Desdeñan 2 realidades evidentes: una, que si los usuarios tienden a preferir a la supuesta "competencia desleal" de los taxistas, es porque la oferta de aquélla es mejor, desde cualquier perspectiva -calidad y precio, principalmente-, a la de éstos; y 2, que si los taxistas tradicionales están -salvo excepciones- en desventaja es porque su gremio se ha contaminado, ante la pasividad (o merced a la complicidad de) la autoridad, de una serie de vicios que van en detrimento de la calidad del servicio que prestan. El acaparamiento y el tráfico de permisos, principalmente, propician, de entrada, la explotación inicua de los verdaderos trabajadores del volante; y, a continuación, el descuido sistemático de la calidad del servicio.

Por supuesto, las agresiones de algunos pelafustanes contra los taxistas que ayer se manifestaban en el Centro de Guadalajara, no se justifican... aunque tampoco se justifican los perjuicios que los manifestantes ocasionaron a miles de personas, al entorpecer, por varias horas, el tráfico en una amplia zona de la ciudad.

Por lo demás, es muy respetable el bien jurídico que se demanda (el derecho a trabajar de 15,000 taxistas), pero hay otro bien jurídico mayor: el de cientos de miles de usuarios a optar por un servicio de más calidad y a mejor precio.

Así que...

Jaime García Elías
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 9 de marzo de 2016).

Les tunden a taxistas por bloqueo de calles.

Más de 1,800 taxistas se manifestaron ayer contra las plataformas como Uber o CityDrive, pero no consiguieron su objetivo de evitar que el congreso frene la iniciativa para regular los servicios ejecutivos.

Lo que sí lograron fue desquiciar el tránsito vial durante 5 horas en diversos puntos, ya que partieron desde zonas como Plaza de Toros, Las Águilas, González Gallo, ex Penal de Oblatos, Vallarta y Juan Palomar para concentrarse y bloquear el corazón de Guadalajara, provocando una lluvia de críticas de conductores y usuarios del transporte público afectados.

Por si fuera poco, la movilización terminó con un enfrentamiento con comerciantes en el cruce de 16 de Septiembre y López Cotilla, una batalla campal a puñetazos y con ladrillos, palos y tubos de aire acondicionado lanzados por todos lados. El saldo: 47 detenidos, 7 vehículos afectados, una persona lesionada, daños materiales a negocios y la clausura de la Plaza de la Tecnología.

Las afectaciones por la movilización fueron de 9:00 a 14:30 horas. Don Álvaro Zamudio cuenta que se bajó del camión porque llevaba más de 15 minutos parado, pero a sus 72 años padeció la caminata con bastón para llegar a su destino desde Enrique Díaz de León hasta el pleno Centro. 'Es una mentada para todos'. Noé Jarero se sumó a las críticas: 'Es increíble... y más que el gobierno se los permita. No veo estas manifestaciones en ningún otro lugar'."

Evelia García padeció el caos y las groserías disfrazadas de piropos durante su forzado y largo recorrido a pie. Le tocó caminar desde Chapultepec hasta 16 de Septiembre, zona donde taxistas jugaban baraja y comenzaron a silbarle y gritarle. Lamentó que así celebrara el Día de la Mujer: "Les tomaba video para que se callaran", aunque lo peor fue llegar tarde a su trabajo.

Mientras tanto, líderes de taxistas se reunían con diputados, pero no recibieron buenas noticias. Cuando salieron del legislativo, sindicalizados que aguardaban lanzando insultos a los diputados corrieron hacia sus representantes y, en tono fuerte, les exigieron resultados, pero éstos no lograron darles argumentos que los convencieran.

Así, los inconformes tomaron el altavoz que usaba Antonio Álvarez Esparza, de la CROC, para advertirles que de regularse los servicios de Uber, sus líderes habrían demostrado que no pueden defender los intereses del gremio. Álvarez les insistió que se había abierto un canal de diálogo y así terminaba un día caótico para la ciudad, aunque en las redes sociales la crítica siguió: "El mundo según los taxistas: 'Si bloqueamos toda la ciudad, los usuarios van a volver a preferirnos y ya no usarán Uber'", ironizó Luis Torres.

Les tunden a taxistas por bloqueo de calles.

A las 9:30 partieron de Las Águilas sobre López Mateos hacia Hidalgo. Inició el caos.

Sobre los carriles opuestos muchos conductores les gritaban ofensas con sus cláxones o a gritos. Los taxistas respondían y también amedrentaban ante cualquier gesto que desaprobara su lento avance.

Cientos de ofensas después, hacia las 11:00 horas, la caravana había llegado a Hidalgo y se instaló sobre Ignacio Ramírez para bloquear totalmente la circulación del resto de conductores, que en ese punto se desviaban sin más remedio a rutas alternas, mientras agentes viales intentaban dar fluidez.

Otros automovilistas recriminaron a los oficiales para que movieran a los taxistas: "¡Ven y muévenos tú!", respondían desafiantes.

José Ramírez, del Sitio 40, siguió firme en su intención de protestar pese a que, según consideró, no les ha ido mal en los negocios.

Un grito desató la pelea. En tono de broma, uno de los jóvenes que estaban afuera de la Plaza de la Tecnología (16 de Septiembre y López Cotilla) coreó el nombre de la plataforma "enemiga" de los taxistas: "¡Uber, Uber!".

Y se le sumaron otras voces. Los taxistas que habían estacionado sus vehículos amarillos sobre 16 de Septiembre se molestaron. Antes, ya habían sido increpados por peatones y locatarios de otros establecimientos, quienes los acusaban de haber afectado su jornada laboral.

Molestos, los taxistas respondieron la agresión con insultos. Y le siguió un 1er. objeto lanzado al aire y luego los golpes.

Los trabajadores del volante intentaron ingresar por la fuerza a la plaza, pero desde el interior eran expulsados con el gas a presión de varios extintores.

Una decena de policías de Guadalajara corrió a tratar de frenar el enfrentamiento que ya era campal. Una de las oficiales resultó herida en ese intento.

La dimensión del pleito fue creciendo, y también los participantes. Algunos entraron a la plaza y subieron a los pisos altos para, desde ahí, comenzar a arrojar objetos contundentes contra taxistas. 2 reporteros y 7 vehículos fueron alcanzados por éstos.

Ladrillos, palos y hasta tubos por los que hasta ayer circulaba el aire acondicionado fueron arrojados desde las alturas. El actuar de los rijosos rápidamente atrajo a más agentes de la Policía, quienes decidieron resguardarse en el interior del edificio. Los locatarios ya habían bajado sus cortinas para evitar más daños.

Luego la zona se llenó de más policías, agentes viales, paramédicos, bomberos, antimotines y perros entrenados.

(V.primera plana y pág.2-A del periódico El Informador del 9 de marzo de 2016).

Desde que inició el bloqueo de los ejidatarios en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara decenas de automóviles están atorados en el estacionamiento de la terminal aérea sin que puedan salir.

El GAP reconoce que esta situación ha provocado molestia de parte de los pasajeros que no han podido retirar sus vehículos y perdidas económicas.

El líder de los ejidatarios Nicolás Vega reconoce la difícil situación y pide comprensión a los pasajeros que se han visto afectados.

"Nos da pena con los usuarios, pero no tuvimos otra alternativa", dijo el líder ejidal.

(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 4 de marzo de 2016).

La lucha contra la corrupción está ya presente en los discursos del presidente, gobernadores, diputados, senadores. Pero no pasa nada.

Hay leyes, reglamentos y un presupuesto millonario que se gasta en combatir la corrupción. Hasta existe una Secretaría de la Función Pública. Pero no pasa nada.

Pareciera se habla de la corrupción de otra época, de otro sexenio, pero se acumula de manera grosera en este tiempo con corruptelas ofensivas como Malinalco, la casa blanca, el tren chino, OHL, los moches de legisladores de todos los partidos, la defensa en España de Humberto Moreira y recientemente, apenas esta semana, el desfalco a la de por sí quebrada Pemex, pero por parte de un colaborador cercano de Peña Nieto.

Los principales críticos tanto nacionales como extranjeros señalan que México no avanza precisamente por la enorme corrupción, que duerme en la misma cama con la impunidad y con la no aplicación del Estado de Derecho.

Su combate está en los discursos, en los desplantes, pero no pasa nada. Los principales sospechosos de las corruptelas se pasean con total impunidad por restaurantes y calles de México. Y no pasa nada. Todo es simulación.

La corrupción mexicana va liquidando a todo un país, empezando por los pobres a los que no llegan recursos, los jóvenes que no acceden a educación, los ciudadanos que no reciben justicia, y somos todos testigos de cómo ese dinero va a parar a las chequeras, mansiones, camionetas y viajes de una clase política cada día más desprestigiada y apestada.

Pablo Latapí
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 3 de marzo de 2016).

"Pues es justo que les paguen, lo que no es justo es que afecten a terceros", se quejó Miguel Ramírez, uno de los conductores que ayer no pudo ingresar al estacionamiento del Aeropuerto Miguel Hidalgo, el cual fue bloqueado por personas del ejido El Zapote.

Los ejidatarios demandan que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Grupo Aeroportuario del Pacífico les paguen por el terreno donde se construyó la terminal aérea, pues llevan décadas sin llegar a un acuerdo.

Miguel era uno de los cientos de personas que desde las 11 de la mañana ya no pudieron ingresar a los estacionamientos, por lo que tenían que circular hasta el frente de las salas de los vuelos y estacionarse en 2a. o 3a. fila.

"Pues yo vine a comprar un boleto y me tuve que poner aquí, y mi familia ir caminando hasta allá, y pues causa inseguridad porque puede pasar algo", comentó Enrique, quien se quedó a unos 500 metros de las taquillas.

La fila de vehículos comenzaba apenas después de la glorieta al ingreso de la central aérea; en los rostros de muchos de sus conductores se observaba la molestia al saber que el tráfico lo provocaba un bloqueo; no obstante, al enterarse de las razones reconocían que los ejidatarios estaban en su derecho de reclamar; "ellos tienen razón", dijo Benjamín Zúñiga, quien tuvo que llevar a pie 17 cajas de mercancía que debía enviar por avión.

Nicolás Vega, presidente del ejido, informó por la noche que no se llegó a un acuerdo con las autoridades aeroportuarias, por lo que hoy seguirá el bloqueo en el estacionamiento. Tras una nueva reunión a las 6 de la tarde decidirán si permanecen indefinidamente.

(V.primera plana del periódico El Informador del 1o.de marzo de 2016).

La Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla, informó que pobladores del municipio de Chapulco retuvieron esta madrugada a 3 presuntos asaltantes de casa habitación, a quienes intentaron linchar, hechos que causaron la muerte de uno de los infractores.

La dependencia estatal precisó que las autoridades municipales solicitaron apoyo para impedir que aproximadamente 300 pobladores de la comunidad Aquiles Serdán, perteneciente a Chapulco, donde se tenía reporte de cinco presuntos asaltantes, lincharan a tres hombres, a quienes hirieron gravemente.

El delegado de la Secretaría General de Gobierno en esa comunidad, Leonel Bustamante, acudió al lugar junto con elementos de las policías Estatal y Federal, Ejército y Ministerio Público para dialogar con los vecinos, a fin de persuadirlos de su intento de linchamiento.

La dependencia estatal detalló, que el primer rescatado fue Pedro Alexander Regalado Paz, de 32 años de edad, a quien ingresaron a un hospital de la zona de Tehuacán, sin embargo, minutos más tarde falleció en el nosocomio.

Los otros 2 individuos, Javier Sánchez García, de 39 años de edad, y Bernabé González González, de 37, fueron liberados por los pobladores y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público.

Indicó que además fue asegurada una unidad Nissan Frontier, color guinda con placas del Estado de México.

(V.Sin Embargo del 29 de febrero de 2016).

Ciudad Universitaria no puede ser un espacio de extraterritorialidad, donde se confunde la imprescindible autonomía (que es un requisito básicamente académico) con la impunidad como para cometer cualquier delito. Es como con el fuero legislativo: debe servir para que nadie sea perseguido por expresar libremente sus ideas en el quehacer político, no como patente de corso, para cometer cualquier delito. El solo hecho de que haya que debatir si se tiene que quitar o no a alguien que ocupa ilegalmente un espacio universitario durante 15 años es la mejor demostración de lo grave del deterioro en los sistemas de impartición de justicia y de su percepción por la sociedad.

Lejos de CU, en el barrio de Tepito, casi al mismo tiempo elementos de la Policía de Investigación de la procuraduría capitalina, ingresaron a un bodegón en la calle Tenochtitlan donde aseguraron más de 80 kilos de mariguana y detuvieron a 5 posibles distribuidores. Cuando estaban intentando trasladar a los detenidos, los agentes fueron violentamente atacados por un grupo de supuestos vecinos, que golpearon policías y destrozaron patrullas, generando un enfrentamiento que duró varias horas.

En el barrio de Tepito, donde coexisten historias de gran raigambre popular y social, junto con una vieja, antiquísima, tradición comercial, operan los grupos más violentos de la delincuencia en México. Allí tampoco puede existir extraterritorialidad. Cada vez que se intenta un operativo en Tepito las cosas terminan en fuertes enfrentamientos. Ocurrió la semana pasada y había ocurrido la anterior y también en enero. Pero lo cierto es que en Tepito se puede encontrar de todo, desde armas de asalto hasta drogas, desde allí operan desde extorsionadores hasta secuestradores y el hecho es que hay quienes creen que la autoridad, como ocurre con CU, no puede o no debe ingresar a Tepito para no generar violencia.

Es, se ha dicho muchas veces, el síndrome del 68: el temor a que la intervención de las autoridades termine en matanzas. Creo que mucho más allá de eso (han pasado ya muchos años, 3 generaciones para que ese sentimiento siga vivo) lo que hay es una debilidad institucional creciente que va de la mano con una falta de respeto a las leyes, a las normas básicas de convivencia, que son las que generan, al final de cuentas, esa impunidad que tanto nos duele pero que exigimos cuando algún acto legal nos afecta, sin importante si es siquiera justo o no. No puede, no debe haber ni fueros ni espacios de extraterritorialidad, ni impunidad, y eso se aplica tanto a Tepito como a Ciudad Universitaria.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 29 de febrero de 2016).

El colectivo Okupa Che, que mantiene el control ilegal del auditorio Justo Sierra, desafió ayer a la UNAM. La agrupación aseguró que le pertenece el espacio también conocido como Che Guevara, pese a estar dentro de Ciudad Universitaria.

El rechazo del colectivo, que invade desde el año 2000 el recinto académico y cultural, ocurre a un día de que las autoridades universitarias exigieron la devolución del lugar, tras los actos violentos realizados por un grupo de encapuchados que protestó contra la detención de un narcomenudista ajeno a la institución.

Testimonios de estudiantes denuncian que el lugar se ha convertido en una vecindad, donde se realizan fiestas y desmanes.

(V.periódico Excélsior en línea del 27 de febrero de 2016).

De ser estudiantes, en los 16 años que llevan acampando en el auditorio Justo Sierra (que Luis González de Alba, durante el movimiento del 68, rebautizó Che Guevara), los encapuchados que ayer bloquearon algunos accesos en Ciudad Universitaria ya podrían haber cursado 3 o 4 licenciaturas.

Suman quizá 20 los del "colectivo" que, al saber que uno de sus compinches había sido detenido por narcomenudear, quemaron un vehículo de "seguridad" y contenedores de basura, además de lanzar cohetones y bombas molotov en oficinas de vigilancia.

Ante este recordatorio de la impune apropiación del auditorio por una pandilla delincuencial, se reactivan presiones para que el recinto sea recuperado y devuelto a la comunidad universitaria.

En otras palabras: que los paracaidistas sean desalojados.

Sin embargo, el riesgo es que sus contlapaches en otras instalaciones educativas (universitarias o no) utilicen lo que llamarán "acto de represión" para iniciar un movimiento falsamente progresista y tan protofascista como el que protagonizó en 1999 el corrosivo CGH...

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 26 de febrero de 2016).

Lamentablemente para el director general de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, es un simple chantaje de la FINA por querer cobrar una sanción improcedente, basando su alegato en que el contrato, que este personaje tilda de leonino, contrario a la buena fe, a la moral y a las buenas costumbres, nunca fue firmado por el gobierno de México ni ratificado por el Congreso del Estado de Jalisco, ya que Guadalajara fue seleccionada como sede de los Campeonatos Mundiales de Natación para el año 2017, alegando también que el país entró en crisis y no se podían cubrir los gastos. La verdad, yo no encuentro competencia del Congreso del Estado para sancionar dicho contrato.

Dichos argumentos, considero, sólo afectan la imagen de nuestro país ante los tribunales arbitrales internacionales, ya que el "contrato de cuidad sede" para celebrar el 17 Campeonato Mundial FINA 2017 fue firmado el día 15 de julio del 2011, entre la FINA y el gobierno federal a través de la Conade, representado por el Mtro. Bernardo de la Garza Herrera, el representante del Gobierno del Estado de Jalisco Carlos Andrade Garín y la Federación Mexicana de Natación Kiril Todorov.

Los antecedentes de este contrato fueron las solicitudes formuladas a la Federación Internacional de Natación (FINA) por la Federación Mexicana de Natación, la Conade, el entonces presidente municipal de Guadalajara Jorge Aristóteles Sandoval y el gobernador del estado Emilio González Márquez.

Sin embargo, en el citado "contrato", se pactó que en caso de desear dar por terminado anticipadamente el contrato "(a) La Ciudad, el HMF y/o el OC deberán enviar un aviso por escrito de cancelación, dirigido a FINA con la decisión de retirarse del presente contrato. (b) Dentro de los 15 días siguientes a que dicho escrito sea recibido por FINA, la ciudad, el HMF y/o el OC serán responsables de pagar a FINA una penalidad de 5 millones de dólares de los Estados Unidos".

Independientemente de los errores cometidos al llenar el "contrato" que para algunos abogados chicaneros del rumbo serían maravillosos, debemos señalar que los contratantes incluyeron la cláusula que denominamos compromisoria sometiéndose a las leyes de Suiza y a un procedimiento arbitral ante los tribunales de arbitraje para deportes de Lausanne, Suiza e inclusive renunciaron a reclamar inmunidad en contra de cualquier demanda, y uno de los principios de los tribunales arbitrales suizos es la buena fe de los contratantes, por ello excepciones hechas valer como las señaladas por el director de la Conade en el juicio no gustan a los árbitros.

Si el gobierno mexicano, el Ayuntamiento de Guadalajara, el Estado de Jalisco no demuestran en el procedimiento arbitral tener la razón en base a las causas del contrato relativas a su recisión sin responsabilidad de estos, serán condenados a pagar sin duda la pena de 5 millones de dólares. En el derecho internacional las defensas de estilo barzonista no funcionan señores, recordemos el principio de los contratos: Pacta sunt servanda adoptado por las leyes de todos los países, que significa que debe estarse a lo pactado entre las partes, es decir, que los contratos legalmente celebrados deben ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación de acuerdo a las condiciones que privaban al concertarse aquélla, sin que corresponda al juzgador modificar las condiciones de los contratos.

Héctor A.Romero Fierro
(v.pág.13 del periódico Milenio Jalisco del 26 de febrero de 2016).

Si vivimos, como tanto se dice, en un "Estado de Derecho", incidentes como el que protagonizó la semana pasada el jefe del gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, Hugo Luna, en una discusión con líderes de locatarios del Mercado Corona, no pueden quedarse a nivel de chismes, ni de conflicto mediático. Lo pertinente, lo conducente es lo que hizo, a instancias de su representación en el cabildo, el comité estatal del PAN: presentar una denuncia ante la Fiscalía, por los delitos -debidamente tipificados en la Ley de Servidores Públicos del Estado- de amenazas, abuso de autoridad, etc.

Claro: podrá decirse que los denunciantes -los dirigentes estatales del PAN- actúan en nombre del despecho; que reaccionan, como podrían hacerlo los priístas, resentidos aún, si no contra los ciudadanos que con sus votos, en julio pasado, decidieron el sentido de la elección, rompieron la inercia del bipartidismo de los últimos años y dieron -tan desencantados de los azules como de los colorados- su voto de confianza a una 3a. fórmula, sí contra un ejercicio gubernamental que había comenzado de manera promisoria, al tomar medidas orientadas a restablecer el orden y acabar con el desgarriate -hijo de la ineptitud y la corrupción a partes iguales- que, por años, fue la norma.

Sin embargo, precisamente para eso se supone que existen los regidores de oposición: para denunciar actitudes autoritarias; no para solaparlas.

Jaime García Elías
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 25 de febrero de 2016).

En el Consejo de la Judicatura de Jalisco anduvo perdida casi un año una notificación en donde un juzgador federal solicita que se indague al juez José Reyes Victoriano González, adscrito en ese momento a Arandas, por presuntas irregularidades en un caso.

La notificación llegó el 2 de marzo de 2015 a la Coordinación de Amparos y no se supo de la misma hasta la semana pasada. La coincidencia: se perdió un día antes de que nombraran magistrado a Victoriano González (aunque no ha podido asumir debido a un amparo).

Allá en La Fuente
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 23 de febrero de 2016).

Sabemos que las normas en nuestro país muchas veces se hacen para violarlas: todos recordamos, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador no cumplía con los requisitos de residencia cuando fue designado candidato a jefe de gobierno del DF para los comicios del 2000, y en estos días se debate si los cumple Alejandro Murat para serlo en Oaxaca.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 22 de febrero de 2016).

En la búsqueda de la erradicación de las prácticas de corrupción en el sistema de justicia, el fiscal Eduardo Almaguer sugirió que los integrantes del poder judicial también se sometan a los exámenes de control de confianza. Esto, en el entendido de que no sólo los policías y operativos deben cumplir este requisito.

Esta sugerencia derivó de una serie de inconformidades del fiscal sobre las decisiones de los juzgadores, que concluyó con la denuncia que presentaron contra una jueza que dejó en libertad a un presunto ladrón y homicida, 10 años antes de cumplir su condena.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia [de Jalisco], Luis Carlos Vega Pámanes, reviró que los jueces no están sujetos a pruebas de control confianza. "Así lo decidió la Suprema Corte de Justicia, yo estoy dispuesto, por mí no hay problema, pero son acuerdos, resoluciones".

Desde la reforma en 2009 a la Ley de Seguridad Pública, el Congreso de la Unión descartó que el poder judicial se incluyera en este tema, por lo que sólo aplica en términos generales a los policías y agentes del ministerio público.

(V.pág.3-A del periódico El Informador del 20 de febrero de 2016).

Lo sucedido entre el empresario Raúl Libien, sus guardaespaldas y Arne aus Den Ruthen es un claro ejemplo de la inexistencia de un sistema de justicia que cumpla con lo que tiene que cumplir. Ayer decía Rommel Moreno, de la PGR, que el sistema está colapsado. Es cierto. Pero a nadie parece preocuparle.

En medio de su mayor crisis del sexenio, después de la casa blanca y la noche de Iguala, el presidente Peña Nieto anunció como prioridad la revisión de lo que llamó "justicia cotidiana".

Exactamente lo que vimos en la última semana: un funcionario público que tiene que utilizar tácticas de vigilantismo para que se respete una norma contra ciudadanos que responden de la única manera en que se resuelven las cosas en México: a madrazos.

Por mandato del presidente, liderada por el CIDE, una multitud de organizaciones hizo el año pasado foros en varias ciudades del país, entregó un reporte, hizo sugerencias y propuso un plan.

Decía aquel documento: "La consulta permitió por primera vez en muchos años poner en el debate público uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad mexicana: la notoria ausencia de incentivos y condiciones para el cumplimiento regular de los acuerdos entre las personas, para la reivindicación efectiva de sus derechos, y para que, quienes los violenten o incumplan sus obligaciones, tengan consecuencias por su comportamiento. En efecto, la falta de mecanismos efectivos para dar solución a los conflictos interpersonales, así como entre la autoridad y las personas, genera incentivos para la autocomposición (justicia por propia mano), la intervención de terceros que toman beneficio del conflicto, o simplemente para dejar a las personas en virtual estado de desprotección y con ello generar alicientes para la impunidad".

Es decir, en México no hay autoridad que medie los conflictos y por lo tanto se solucionan -es un decir- con el ojo por ojo.

El presidente dijo en su último informe que cumplir aquellas sugerencias del CIDE era parte de su compromiso para el resto del sexenio. En la realidad, nada ha sucedido.

Carlos Puig
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 19 de febrero de 2016).

La Auditoría Superior de la Federación, entre 1998 y 2015, ha presentado en total 656 denuncias penales por actos de corrupción, de las cuales sólo 19 han terminado en consignaciones.

La cifra representa el 2.89%, es decir, que el 97.11% quedan en la impunidad.

En el último lustro, el número de denuncias penales, presentadas por la auditoría, ha tenido un aumento exponencial: 7 en 2010; 53 en 2011; 80 en 2012; 134 en 2013; 186 en 2014 y 157 en 2015.

Pese a que la revisión es cada vez más exhaustiva y, en consecuencia aumenta el número de irregularidades detectadas, las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación no se han traducido en sanciones.

Con fecha de corte del 18 de noviembre de 2015, la ASF reportó que de las 656 denuncias penales presentadas, 601 se encuentran en integración del ministerio público, 19 han sido consignadas, 11 han concluido en el no ejercicio de la acción penal, 9 están en reserva y 16 tienen amparo.

Ante estos datos, el director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, es contundente: transparencia sin anticorrupción es igual a impunidad.

"Hay un dique en el ministerio público y sólo 19 consignaciones, (aunque) habrá que ver qué ocurrió con éstas. Es lo que he venido insistiendo por años, mientras estos no sean indicadores de desempeño e impacto del sistema anticorrupción, y mejoren, el sistema seguirá produciendo impunidad". Dice que "la Auditoría Superior de la Federación cumple una función central, pero no es el sistema anticorrupción. Ese fue el error que el país cometió al pensar que una sola dependencia -SFP, ASF, PGR- puede reemplazar a un sistema".

Tras las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación hace las observaciones a las entidades de la administración pública federal, las cuales deben subsanar las irregularidades; de no hacerlo, la ASF presenta la denuncia ante la Procuraduría General de la República.

(V.pág.12-A del periódico El Informador del 16 de febrero de 2016).

En los últimos tiempos, particularmente desde el sexenio de Felipe Calderón, se infiere que muchas víctimas del narcotráfico y periodistas específicamente "andaban en malos pasos" y que por eso.

Y otra vez Veracruz, la Entidad, hoy por hoy, más peligrosa para ejercer el periodismo en México y, por extensión, en el mundo. Ese estado cuyo gobernador, en tono amenazante, advierte a los reporteros que se porten bien, o si no ¿qué?

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2016).

En el tema de verificación vehicular la Secretaria de Movilidad (Semov) es un juez que por su casa no empieza, los agentes de la dependencia encabezan un operativo en las calles de la ciudad a través del cual pretenden detectar y sancionar automovilistas que no acrediten haber realizado la prueba de control de emisiones, pero para desplazarse, utilizan vehículos que carecen del ese mismo engomado.

El 16 de octubre de 2014, MILENIO JALISCO reveló que ninguna dependencia de gobierno, tanto municipales como estatales, cumplían con la verificación vehicular de los automóviles oficiales, entre estas la Semov, situación que tiene relevancia debido a que son la única instancia con facultades para inspeccionar y castigar a quienes incumplan con la imposición.

La justificación ofrecida por el en ese entonces Secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, fue que existía "un calendario de verificación de todos los vehículos", sin embargo, dicho programa era aplicable para el 2014, y la falta de engomado en los carros observados en un ejercicio periodístico, incluía los años 2012 y 2013.

Para el 17 de octubre del mismo año, la Semov comenzó a enviar sus unidades a verificar, acción a la que no se le dio seguimiento en 2015, ni después del mes de julio de dicho año con el cambio de titular en la dependencia, puesto que los vehículos oficiales carecen de la calcomanía de control de emisiones del año anterior.

Entre los argumentos con los cuales justificó el que sus patrullas no verifiquen, reveló que algunos municipios tampoco lo hacen.

(V.pág.7 del periódico Milenio Jalisco del 12 de febrero de 2016).

Uno de los problemas sociales que se ha posicionado como número 1 en México, incluso sobre problemas como pobreza y desigualdad social, es la corrupción, que año con año crece en el sector público. En ese mismo sentido, la impunidad es otro de los problemas que deteriora al país, y se ha mantenido constante, sin cambio alguno desde ya hace mucho tiempo. En consecuencia, los ciudadanos no confían en el sistema de impartición de justicia y ha decrecido la credibilidad y legitimidad del Estado. Si bien son temas que ya se han colocado en la agenda pública por parte de la sociedad civil, así como de expertos e investigadores, hasta ahora lo más que se ha hecho es hacerlos evidentes para la opinión pública.

Muy ligada al índice de la corrupción está la impunidad. Es evidente que la corrupción difícilmente es castigada en México, y los servidores públicos se preocupan más en tratar de ocultar o encubrir los casos de deshonestidad que en descubrirlos.

En el Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar 58 de 59 países con los mayores niveles de impunidad. En en el país solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos y las 2 principales razones por las que no se hace son: la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad; además se señala que en el país menos del 1% de los delitos son castigados, lo que deja ver los profundos problemas estancados en las instancias de impartición de justicia.

A pesar de la prevención y detección de los casos de corrupción de servidores públicos, si no se aplica de manera efectiva la ley para castigar, de poco servirán la creación de más organismos enfocados en estos temas, o que se continúe abriendo procesos de investigación que con el paso del tiempo se pierdan.

Ruth Padilla Muñoz y Brenda Luna Chávez
(v.pág.15 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 8 de febrero de 2016).

¿Quiere usted saber por qué México es pobre y hemos sufrido regímenes autoritarios durante tanto tiempo? Es culpa de la Constitución de 1917, que remplazó a la carta magna liberal de 1857, y en particular del artículo 27, que abrogó el derecho de propiedad, el derecho fundamental del individuo frente a los poderes del Estado.

Lo entendió desde un principio Emilio Rabasa, no el embajador actual sino el jurista que fue gobernador de Chiapas, senador y director de la Escuela Libre de Derecho. El 12 de marzo de 1917 escribió a José Yves Limantour: "No es posible que subsista como ley fundamental de un país lo que establece como base de organización el desconocimiento de los derechos más elementales y la imposición de la tiranía" (José Antonio Aguilar Rivera, "La imposición legal de la tiranía"; Nexos, enero 2016).

El artículo 27 fue uno de los cimientos de la constitución liberal de 1857. La belleza del artículo radicaba en su sencillez y contundencia: "La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse." Así de sencillo. La propiedad privada era un derecho fundamental que no había siquiera que expresar. El artículo 27 sólo establecía el caso de excepción en que por utilidad pública y previa indemnización podía expropiarse.

La propiedad privada ha sido siempre el baluarte del individuo ante el tirano. Cuando el monarca o el gobierno es dueño de todo, el individuo no tiene forma de defender su libertad. "La propiedad privada -escribía Walter Lipman-fue la fuente original de la libertad."

La constitución de 1917, sin embargo, abolió la propiedad privada. "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada" (Diario Oficial, 5.2.17). La constitución del '17 traicionó la filosofía liberal de la carta del '57 y convirtió la propiedad privada en una simple concesión de una "Nación" representada por funcionarios y burócratas. Era imposible en ese marco jurídico construir un país próspero o evitar el surgimiento de un gobierno autoritario.

Los efectos negativos del artículo 27 los vemos por doquier en el país. Se manifiestan en la dispersión de la población en comunidades diminutas que llegaron a la punta de algún cerro incomunicado porque ahí les repartió tierras "la Revolución". Esas comunidades no pueden tener servicios como electricidad, agua entubada o vías de comunicación en razón de su aislamiento, pero tampoco pueden mudarse porque perderían "su tierra", la cual no pueden vender porque no es propiedad privada sino ejido.

No sorprende que la pobreza extrema en nuestro país se concentre en las tierras ejidales. Si bien la reforma agraria dio parcelas a millones de mexicanos, no lo hizo en propiedad privada sino en ejidos comunales en los que se ha restringido el derecho fundamental de vender. La productividad de los ejidos es, como podía esperarse, muy inferior a la de las tierras privadas. El control lo detenta un comisario ejidal que ejerce poderes dictatoriales con el mandato de una asamblea.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 5 de febrero de 2016).

Lamentablemente, en México la impunidad de una persona está garantizada por su pertenencia o cercanía al poder o por su nivel económico. La acción de la justicia llega hasta las puertas donde viven los gobernadores, los altos funcionarios o los dueños de las principales fortunas. Existe un grupo de intocables. ¿Quiénes son estos intocables? Se trata de personas, mujeres y hombres que pueden hacer lo que se les dé en gana porque no serán alcanzados por la justicia, entre ellos la familia Moreira.

La impunidad es un sistema que funciona con base en la complicidad, porque se instala en los niveles más altos de algunas de las personas que ocupan alguna responsabilidad pública y mayor nivel económico; la impunidad poco a poco permea al resto de la estructura social y política. De acuerdo al Informe de Impunidad, elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla, México ocupa el lugar 58 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en esta materia.

Este mismo informe advierte sobre la necesidad de México de contar con más jueces. Nuestro país cuenta con sólo 4 jueces por cada 100,000 habitantes, cifra por debajo del promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada 100,000 habitantes.

Miguel Barbosa, coordinador parlamentario del PRD en el Senado de la República
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 5 de febrero de 2016).

La impunidad es generalizada en el país. Los datos de seguridad pública e impartición de justicia muestran que la cotidianeidad de no perseguir y castigar un delito es alta o muy alta en 25 estados.

En una escala en que la máxima impunidad es 100, el promedio nacional es de 67.42 puntos, según el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX) que este miércoles presentó la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Ese promedio ya se ubica en el grado de alta impunidad y apenas 10 estados tienen una mejor calificación, aunque todos con niveles reprobatorios.

Sólo Campeche y Nayarit tienen niveles bajos de impunidad; y San Luis Potosí, la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Chiapas un grado medio.

El resto de las entidades están en el rubro de alta o muy alta impunidad. Y aunque Colima, Zacatecas y Guanajuato mejoran en calificación al promedio nacional lo hacen por menos de 3 puntos.

Los autores del Índice incluyen a Michoacán como un caso "atípico", pues tras revisar los datos disponibles concluyeron que no reflejan la situación real de la entidad; por lo que la calificación obtenida sobre el nivel de impunidad se consideró de baja confianza.

La diferencia en puntos entre entidades es mínima y la distancia entre el valor máximo y el mínimo del índice no es ni de 10 puntos.

"Un hallazgo adicional radica en que no se encontró alguna correlación significativa entre el IGI-MEX e indicadores de pobreza, producto interno bruto y desigualdad, lo cual hasta cierto punto es esperado dada la impunidad generalizada que prevalece en el país, es decir, independientemente de las condiciones sociales o económicas locales, la impunidad existe", cita el reporte de la UDLAP.

Entre algunos de los indicadores que se tomaron en cuenta para construir el índice están delitos registrados por cada 100,000 habitantes, sentencias, número de policías, ministerios públicos o magistrados y jueces registrados.

Pero también se tomó en cuenta la cifra negra de delitos, es decir, aquellos no denunciados o que no derivaron en una averiguación previa.

Si se toman en cuenta los delitos consumados más la cifra negra, aquellos no denunciados por los ciudadanos, el estudio de la UDLAP concluye una "impunidad simple y llana", es decir, que los delitos sin castigo en México serían el 99% de los casos.

Aun cuando sólo se tomaran en cuenta los datos disponibles por delitos denunciados, la cadena de impunidad -que da seguimiento desde que se inicia una averiguación previa hasta la sentencia- muestran ineficacia e ineficiencia institucional, pues los casos se van quedando rezagados y sólo una parte mínima concluye el proceso de procuración e impartición de justicia.

Para el Índice Global de Impunidad México 2016, los investigadores no pudieron incluir la variable de derechos humanos.

El equipo consideró "que las estadísticas sobre violaciones graves a los derechos humanos, provenientes de las comisiones estatales de derechos humanos, no son confiables".

(V.Animal Político del 3 de febrero de 2016).

En sociedades con ciudadanía de baja calidad los ciudadanos exigen todo a sus gobiernos, pero sobre todo, exigen un cambio de status quo que ellos mismos lo perpetúan. Gritan que hay injusticia mientras agujeran el Estado de Derecho y violan las leyes con la mirada complaciente, corrupta o inepta de sus gobernantes.

En sociedades con individuos responsables, los ciudadanos mantienen sus empleos, se educan, abren empresas o contribuyen con fuerza y talento a las de otros, ganan medallas deportivas y cumplen con la ley, mientras exigen a los gobiernos que administren los impuestos para bienes colectivos y hagan leyes justas que evolucionen con la sociedad. No les piden que cambien una ciudad de verdad por una imaginada por Italo Calvino.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 3 de febrero de 2016).

Poco más de un año después, algunos de los policías de Iguala y Cocula que participaron en el secuestro de los jóvenes de Ayotzinapa, están reclamando que fueron torturados. En su caso existen numerosas pruebas documentales y testimonios cruzados que muestran su participación en los hechos. Pero también se debe prestar atención a lo que allí ocurra porque, por una de esas extrañas paradojas, vía la partidización incuestionable que han tomado esos casos, resulta que son algunos de los supuestos defensores de las víctimas, los más interesados en que esos criminales queden en libertad: si no son ellos los responsables podrán decir, entonces, que "fue el Estado". Y lamentablemente casi siempre parece haber un juez dispuesto a encontrar fallas en el debido proceso y, en lugar de reponerlo, otorgar la libertad a los delincuentes.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 2 de febrero de 2016).

Ante la ausencia de autobuses y trenes suficientes para mover a la población con puntualidad, decencia, limpieza y, más que nada, seguridad -y no me refiero a sólo a la seguridad contra accidentes, sino contra los ladrones y demás maleantes- queda sobre los hombros del automóvil llevar la gente al trabajo, los niños al colegio y los enfermos al hospital. El detalle es que esto ya es cada día más complicado. Es así por culpa de la autoridad, que no quiere ejercerla como debe con miedo de perder popularidad.

Uno de los cánceres de la circulación son las manifestaciones públicas. Son cada día más frecuentes y ya no como hace unos años, una exclusividad de la capital federal. Guadalajara, por ejemplo, es otra de las víctimas de ese absurdo contra el derecho de circular cometido muchas veces ni siquiera por la población misma, sino por unos cuantos contratados por alguien con intereses específicos.

Sí, entiendo perfectamente bien que muchas veces la única forma en que el gobierno "escucha" a la gente es cuando hace una manifestación. Y esta es sólo una de las deficiencias de la autoridad, no escuchar o dar las respuestas a las necesidades de la población. Pero cuando cierran una calle o una carretera, están cometiendo un crimen sobre el derecho ajeno. Pueden, literalmente, estar matando a alguien por quitarle la capacidad de recibir atención médica a tiempo, por ejemplo. Por lo menos están cobrando muchas y muy caras horas productivas, generando estrés y haciendo pagar a alguien que no tiene ninguna culpa en el asunto.

Tiene que haber otra forma de encontrar soluciones a los problemas. Yo no tengo el derecho de decidir quién pasa por una avenida o no simplemente porque quiero luz en mi colonia o un paso peatonal en algún sitio.

Porque el automóvil sólo es villano por la falta de visión de la misma autoridad que lo transformó en su "política" de transporte colectivo, que no dejó a la gente más alternativa que comprar un auto para trasladarse y ahora no es capaz de permitir que esos autos circulen por la falta de mecanismos para escuchar a sus electores, mucho menos los pantalones para abrir una arteria cerrada por manifestantes.

Sergio Oliveira
(v.pág.3-B del periódico El Informador del 30 de enero de 2016).

Dentro de las principales obligaciones que establece la NOM-022, se encuentran la de preservar el manglar como comunidad vegetal y garantizar la integridad de su flujo hidrológico. Estas obligaciones no fueron impuestas a FONATUR dado que la evaluación realizada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental no consideró relevantes las poblaciones de manglar presentes en Tajamar. Derivado de lo anterior, la evaluación de impacto ambiental realizada no se ajusto a los requisitos legales aplicables conforme a dicha norma.

La SEMARNAT deberá proceder conforme a derecho. La sociedad en su conjunto sigue muy de cerca este proceso y ya se pronunció: no más Tajamares en nuestro país. La ley no medio se cumple, hay que observarla al pie de la letra, no es opcional. Tomando en cuenta la certeza jurídica que hay que brindar a los inversionistas, también hay que cuidar que no se violente el estado de derecho en materia ambiental. Hay que valorar la legalidad de todo lo que el caso envuelve y no guiarse por criterios o intereses meramente económicos/patrimoniales. Me atrevería a decir que la mayoría estamos a favor del crecimiento, de las inversiones, de la creación de empleos y todo aquello que contribuya al desarrollo de nuestro país, siempre y cuando se respete a la ley y a la naturaleza. ¿Sucede esto último en el caso que nos ocupa?

Gustavo Alanís Ortega
(v.periódico El Universal en línea del 29 de enero de 2016).

Los linchamientos se alimentan de la desesperación y la impotencia, sentimientos muy extendidos en México, un país donde 98% de los asesinatos quedan impunes y el Estado está ausente en algunas regiones.

Azam Ahmed y Paulina Villegas
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2016).

Las conversaciones difundidas en la prensa, resultado del trabajo de inteligencia del Cisen y la Marina, no tenían realmente una bala de plata que demostrara una relación criminal entre la señora [Kate] Del Castillo y [Joaquín] Guzmán. Un funcionario federal explicó que esos diálogos, una vez judicializados, entrarían a la investigación como piezas de un rompecabezas. Con la información que tenía la PGR, sugirió, esas conversaciones irían corroborando y confirmando las sospechas de que los vínculos entre ambos eran más que negocios coyunturales. Los medios habían servido como vehículos de excelencia para darle el pretexto a la PGR de abrir nuevas líneas de investigación a partir de las grabaciones publicadas.

Cuando se quitan los reflectores de la investigación y se disipa la tolvanera que levantó, varias preguntas quedan sin respuesta. Por qué, si las grabaciones son parte de la investigación y se supone que fueron intercepciones telefónicas autorizadas por un juez, fueron difundidas a través de la prensa. Por qué, si pueden ser utilizadas dentro de la averiguación previa, se entregaron a la prensa algunos de los segmentos más picantes y emocionalmente más perturbadores. Queda la duda si, cuando anunció la PGR que las incorporaría en la averiguación, existe la posibilidad de que fueran grabaciones ilegalmente obtenidas, o si hay un interés oculto, personal o relacionado directamente con la investigación. En todo caso, la consecuencia de los materiales que tienen que ver con su fuero interno, en particular las conversaciones con un tono personal, han creado la impresión de que sí tuvo que ver con un criminal. Es decir, el juicio popular la encontró culpable.

Llevar al tribunal popular a la señora Del Castillo, es permear que es culpable. Falta a la PGR demostrar los delitos por los que se le investiga y proceder en su contra, pero aun cuando se llegue a ello, en otras áreas del gobierno, le hicieron un enorme daño al proceso. A la señora De Castillo le han violado sus derechos fundamentales.

Aún no se construye una acusación formal en su contra, y se están colocando los pilares para que se alegue, si llegara a darse el proceso, una violación al debido proceso. El caso de la señora Del Castillo es similar al de la francesa Florence Cassez, sentenciada por secuestro y delincuencia organizada, a quien la Suprema Corte de Justicia dejó en libertad hace 3 años por considerar que se le habían violado sus derechos fundamentales. La decisión se apoyó en el dictamen del ministro Arturo Zaldívar, que al describir la forma como se violaron los derechos de la francesa, lo llamó el "efecto corruptor".

Entre las circunstancias que se consideran dentro del "efecto corruptor", se encuentran que "la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven a la falta de fiabilidad de todo el material probatorio", y que "la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte en forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión". Esto conduce a que se vulnera la presunción de inocencia como regla de trato, por lo que el acusado no recibe un juicio justo.

El ministro Zaldívar apuntó en una de sus afirmaciones centrales: "Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra. Sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo".

La señora Del Castillo no es la señora Cassez. La 1a. ni siquiera ha sido acusada de nada, mientras que la 2a. ya había sido sentenciada. Sin embargo, lo que la Suprema Corte tomó como prueba de que se violaron sus derechos, lo que popularmente se conoció como "el montaje", una recreación de su captura, es menos grave, se puede alegar, que las 2 semanas de linchamiento mediático contra la actriz.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 25 de enero de 2016).

La Policía de Guadalajara, a pesar de la visión reformista del Sheriff Salvador Caro, continúa difundiendo imágenes de detenidos con lo que viola la presunción de inocencia al exhibir a personas sin juzgar. Pero ahora sí fueron demasiado lejos y ayer circularon la imagen con el botín de una presunta carterista en donde destacaban 3 credenciales de elector, una licencia de conducir y tarjetas de crédito con nombres y número. ¿Y la Ley de Protección de Datos? Esos compadres necesitan 2 cosas: un curso de derechos humanos y poquito sentido común.

Allá en La Fuente
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 25 de enero de 2016).

Hay quienes dicen que ese tramo de carreteras que comienzan en La Tinaja, Veracruz y llega hasta Matías Romero, en Oaxaca, cruzando entre otros Tierra Blanca, debería ser llamado la ruta de la muerte. La mayor parte de esa zona es exuberante y rica, pero también está, en buena medida, lejos del Estado de Derecho y de la preocupación de muchas autoridades, ahí en muchas ocasiones se mata o se muere. Es una de esas zonas donde coexisten muchos Méxicos diferentes y que durante décadas, ha sido ganada por la violencia.

En el secuestro y la desaparición en Tierra Blanca de los 5 jóvenes que iban por esa ruta del puerto de Veracruz hasta Playa Vicente, han intervenido policías estatales y por lo menos 2 grupos criminales enfrentados entre sí. Se dice que entre los jóvenes secuestrados (y los que los acompañaban en otro carro que, inicialmente, cuando fueron subidos a una patrulla, los siguieron y luego decidieron no continuar la persecución) había algunos ligados a un grupo con origen en la cercana Tuxtepec, encabezados por un personaje al que llaman "El Brujo", que se dedica a asuntos de droga pero también de robo de ganado y de autopartes.

Entre los policías, de los 7 detenidos, 4 no estaban acreditados, o sea que no habían pasado los controles de confianza, algo que, pese a que es norma desde 2009, sigue siendo un agujero negro en muchas de las policías del país. Se estima que los policías secuestraron a los muchachos por una suerte de venganza contra algunos de ellos y los entregaron a un grupo criminal rival de los de Tuxtepec. Falta saber, aún, cuál ha sido su suerte. Nadie es demasiado optimista.

Esa larga frontera que comparten Veracruz y Oaxaca se alimenta, hay que decirlo, de la violencia, social, criminal y política de todo tipo. Hace muchos años, investigando un tema de narcotráfico, terminé cubriendo una visita a un rancho propiedad de Margarito Montes Parra, un sonorense que se había asentado políticamente en esa zona, quien era entonces líder de la Unión General Obrera Campesina y Popular por el rumbo de Tuxtepec. El rancho era magnífico y había una pequeña multitud festejando mientras las armas largas aparecían por doquier.

El problema era que Margarito y su gente al mismo tiempo que negociaban con gobiernos y otras instancias de poder, arreglaban los problemas agrarios, y muchos otros de los negocios "privados" que tenía el líder, a sangre y fuego. En ese viaje, estamos hablando de hace por lo menos 15 años, tuve oportunidad de platicar con ganaderos de toda la zona, incluyendo Tierra Blanca, y eran innumerables las denuncias por extorsiones, chantajes, violaciones, ocupación de tierras y abigeato realizadas bajo el manto de la UGOCP o de otras organizaciones sociales o simplemente de grupos criminales que a veces usaban una cachucha y en ocasiones otras.

Los de Margarito decían que ellos sólo se defendían y que los propietarios tenían grupos paramilitares que los perseguían. Por lo que investigué entonces, ambos tenían razón: las extorsiones y ocupaciones eran terribles y las reacciones también. En ese entonces, hubo enfrentamientos entre decenas de hombres armados de uno y otro grupo que dejaron más de 40 muertos.

En enero del 2006 se involucró a Margarito con el narcotráfico por su relación con Neguib Manrique Madariaga, ex alcalde de Ixtepec, Oaxaca, asesinado en un ataque ocurrido cerca del aeropuerto de Veracruz. Al ex edil, a su vez, se le relacionaba con un narcotraficante de Coatzacoalcos y con Pedro Díaz Parada, entonces uno de los jefes del narcotráfico en Oaxaca y el Istmo. No pasó nada pero 3 años después, en 2009 durante una reunión en Sonora, Margarito, uno de sus hijos y parte de su familia, en total 15 dirigentes de la UGOCP, en un ataque feroz, que jamás ha sido esclarecido, fueron asesinados.

Hay demasiadas armas y demasiados grupos criminales al margen de la ley en la zona, demasiadas venganzas, las policías estaban y están infiltradas y pese a los esfuerzos realizados siguen estando lejos de los objetivos declarados, incluso de las normas de ley.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 21 de enero de 2016).

Hay que agarrar al toro por los cuernos y al diputado naranja Augusto Valencia por la lengua. Y es que ayer, al recibir de frente el reclamo de los motociclistas que piden derogar el uso del chaleco reflejante con número de placa, Valencia le bajó varias rayitas. Apenas el mes pasado exigía a Servando Sepúlveda, titular de la Semov, castigar a los motociclistas que no usaran chaleco para inhibir a los motoladrones. Pero ante los bikers dijo que mejor iba a pedir que los aperciban antes de multarlos, que consultaría si la medida no viola sus derechos y al final, que la decisión de derogar es del gobernador.

El que también se subió al "tren" de los motociclistas inconformes fue el senador priista Jesús Casillas para pedir al ejecutivo estatal la derogación del uso del chaleco. Para eso llegó a Palacio de Gobierno en moto... y sin chaleco. O sea, ¿para mostrar solidaridad con los bikers se puede infringir la ley? Porque estará muy en desacuerdo, pero la ley y su reglamento de Movilidad están vigentes.

Allá en La Fuente
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 21 de enero de 2016).

Cuando hace ya más de una década la empresa Tractebel comenzó a instalar tuberías para la distribución de gas natural en la zona metropolitana de Guadalajara se desató una guerra de acusaciones entre los distribuidores de gas LP (cilindros y tanques estacionarios) y los concesionarios de gas natural. Ambos se acusaban mutuamente de ser una bomba de tiempo. Los piperos decían que el gas natural en el subsuelo podía provocar una explosión como la del 22 de abril de 1992 y sacaron a pasear todos los fantasmas y los miedos que tenemos bien ganados los tapatíos, que sabemos que la explosión del subsuelo es posible y letal. Los partidarios del gas natural insistían en que en todo el mundo la forma civilizada y correcta de distribuir el gas es por el subsuelo y que las pipas y los cilindros de gas licuado son bombas rodantes que más temprano que tarde causarían un accidente en Guadalajara. A mí ambos me convencieron y me quedó claro que los 2 tenían razón: no podía confiar ni en unos ni en otros. Lo único que nos podía salvar de un accidente era un gobierno que hiciera su chamba, los trajera cortitos y no le diera un centímetro de flexibilidad, porque se lo iban a tomar.

Conforme se va uno alejando del periférico las condiciones de los camiones son cada vez peores. En los pueblos no encontramos un pipa de menos de 20 años de edad y lo peor, esas chatarras explosivas circulan por las carreteras de todo el estado con absoluta impunidad.

Las empresas son tan laxas como lo permita la autoridad. De nada sirven las actuaciones de emergencia como la de la Secretaría del Trabajo que corrió a cerrar la planta de Gas Nieto, en Tonalá, después del accidente. Esa planta ha estado ahí, llena de irregularidades, desde hace años, al igual que los camiones que andan circulando por la calle. Las empresas y vehículos que representan un riesgo para la población tienen que ser revisados periódicamente por la Secretaría del Trabajo, Protección Civil, los municipios e incluso por la Secretaría de Movilidad, que no debería dejar circular camiones que no estén en óptimas condiciones.

No se requiere hacer más leyes o reglamentos (para que no se les ocurra a los diputados salir con que van a hacer mesas de trabajo para sentar las bases que permitan generar una negociación con miras a la implementación de un nuevo marco legal...).

Las normas que existen son suficientes, si se aplican. Lo que está en juego es la seguridad de los ciudadanos; hacerse ojo de hormiga con las normas de seguridad en el manejo del gas es criminal.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 21 de enero de 2016).

El discurso del Presidente ante embajadores y cónsules mexicanos, definió la recaptura de Guzmán como "un logro a favor del Estado de Derecho". Está confundido. Atraparlo no fue un logro del Estado de Derecho, pero su fuga sí rompió el ordenamiento jurídico en los poderes ejecutivo y judicial, que no resuelve el que Guzmán regrese a la cárcel. Tampoco se ha avanzado mucho por reponerlo. La impunidad persiste. Quizás a este tipo de matices, donde enredan conceptos, es la razón por la que no encuentran cómo salir de la ratonera.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.13-A del periódico El Informador del 18 de enero de 2016).

Ambos escenarios, poderío del narcotraficante y fragilidad de los penales, hablan de las debilidades crónicas del Estado mexicano y del estado de derecho. Aceptar extraditar [al Chapo] para evitar que se fugue desgasta aún más esa percepción de debilidad y ratifica las dudas sobre el Sistema Penitenciario y el poder judicial mexicanos.

Joaquín López-Dóriga
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 15 de enero de 2016).

Asuntos públicos que estuvieron vigentes en 2015 y que, desde mi punto de vista, su seguimiento en 2016 es indispensable:

Reformas al Tribunal de lo Administrativo del Estado: Los polémicos fallos para autorizar proyectos habitacionales en el Bosque Los Colomos con los que inició el año, y que unió al gobierno estatal priista, y al alfarista de Guadalajara para combatirlos, son la mejor prueba de que se deben acelerar las modificaciones legales para acotar la discrecionalidad y la corrupción con la que por años se han manejado muchos temas en este tribunal que no rinde cuentas a nadie y del que se propusieron reformas el año pasado más allá de las que implicó el cambio del Código Urbano.

Abogados Talibanes: De este tema se habló ya en este arranque de año, con la revelación que hizo ayer el secretario del Trabajo, Héctor Pizano, que se presentaron ya 15 nuevas denuncias contra estos abogados que en colusión con las direcciones jurídicas de las dependencias públicas buscan enriquecerse con juicios laborales amañados. El año pasado el fiscal, Eduardo Almaguer (quien como titular de la STyPS inició esta inédita batalla en 2013) encarceló a 2 de ellos, lo que provocó una lluvia de amparos de abogados con negocios ilegales del tipo. Habrá que ver si se logra erradicar esta industria ilegal que ha robado miles de millones del erario y de empresas privadas.

Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.6 del periódico Milenio Jalisco del 15 de enero de 2016).

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederacióbn Patronal de la República Mexicana, consideró que la viabilidad económica de la nación depende del fortalecimiento del Estado de Derecho.

"Mientras haya un rincón en el país donde los trabajadores tengan miedo de caminar y los empresarios frenen sus inversiones para evitar ser víctimas de la delincuencia, será imposible consolidar el nuevo modelo económico", dijo.

Jesús Alberto Cano Vélez, presidente de El Colegio Nacional de Economistas
(v.pág.15-A del periódico El Informador del 4 de enero de 2016).

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Fecha de última actualización: 8 de diciembre de 2016.

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