¿Estado de Derecho?

El Derecho y la Justicia de José Clemente Orozco.

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución... y las leyes que de ella emanen... y si así no lo hiciere que la nación me lo demande."

Juramento presidencial, artículo 87 de la Constitución.

"En el laberinto de las leyes, el individuo aislado sólo puede defender sus derechos si sale al encuentro de las pretensiones burocráticas totalistas del estado incorporado a una de las organizaciones establecidas con esta finalidad."
"El hombre tiene valor sólo como miembro de una asociación, ahora bien, como ha indicado Theodor Eschyenburg, estas asociaciones se convierten cada vez más en un estado dentro de otro estado. Las guía el impulso de llegar a apoderarse de los puestos clave del aparato estatal."

Hermann Glaser, "Introducción a la Cultura Contemporánea".

"Los costos de no observar las leyes son siempre mayores que los de hacerlas cumplir."

Rosendo Fraga, Centro de Estudios de la Nueva Mayoría, Buenos Aires.

"Sólo los estados fuertes son capaces de establecer un marco de derechos individuales efectivos. Cuando el estado es incapaz de hacerlos cumplir, las garantías de las personas se convierten en buenos deseos consignados en libros decorativos llamados constituciones."

José Antonio Aguilar Rivera, en su ensayo "La soga y la razón".

"Conforme al modelo teórico del Estado de Derecho en que está organizado nuestro país, las autoridades quedan facultadas para hacer lo que la ley les permite; en sentido contrario, no pueden realizar aquello para lo que no están expresamente creadas."

Alberto Espinosa

"Somos esclavos de las leyes para poder ser libres."

Marco Tulio Cicerón

"Todo delito no castigado engendra una familia de delitos."

Marcela Gómez Zalce

"La ley, sin la fuerza, es impotente."

Blaise Pascal

"(A México), para no decir una palabra muy fea, le falta voluntad masculina para hacer cumplir sus propias leyes."

Jeffrey Davidow, exembajador de Estados Unidos en México

"Los norteamericanos son libres de no estar de acuerdo con la ley, pero no de desobedecerla; porque en un gobierno de ley, y no de los hombres, ninguno, por importante y poderoso que sea, ni ninguna chusma, por más ingobernable y alborotadora, tiene derecho a desafiar a un tribunal de ley."

John F.Kennedy

"Es una ilusión creer que podemos para siempre reclamar para nosotros lo que le negamos a los demás."

Bill Clinton, expresidente estadounidense

"Hasta que se respeten la Constitución, las leyes y el estado de derecho, podrá ser México un país pacífico y próspero."

Ana María Salazar Slack, académica del ITAM

"México sufre un mal endémico e histórico, las instituciones y los medios que están a disposición del estado mexicano han sido insuficientes para hacer valer el estado de derecho."

Ernesto Zedillo, expresidente mexicano (1994-2000)

"La fuerza cuyo empleo autoriza la ley, no es violencia."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Para Tomás Hobbes (1588-1679), su utilidad como protector de la vida y la propiedad de los ciudadanos es la razón de ser y justificación última del estado. Sin la fuerza estatal, el hombre no tendría más remedio que vivir en el 'estado de naturaleza', cuyas características centrales son la violencia generalizada y la imposibilidad de la vida civilizada. Por eso, la autoridad que falla en su obligación de proveer seguridad pierde su razón de ser."
"El enfoque hobbsiano es descarnado, pero no es fácil argumentar en contra de la propuesta que ve en la fuerza la esencia del estado. Max Weber (1864-1920) lo enunció así: 'el estado es la asociación que reclama para sí el monopolio del uso legítimo de la violencia y no puede ser definido de ninguna otra forma'. Ahora bien la formulación anterior no evita que dentro de cada estructura estatal existan actores que niegan legitimidad al orden existente y proponen un discurso alternativo, como ocurre con los revolucionarios. En contraste, la delincuencia común desde siempre ha retado al estado y a la sociedad, pero sin justificar de manera teórica su desafío; el criminal simplemente se dedica a lo suyo y listo."

Lorenzo Meyer

"Después de la batalla por la ley, viene la batalla porque se cumpla. Lasciate oggni speranza. Al parecer hemos entrado a los linderos de La Cosa mexicana, donde por un lado se tienen leyes buenas o malas, según se vea, y por el otro esas leyes se cumplen o no, según se quiera."

Héctor Aguilar Camín

"En todas partes escuchamos pronunciamientos de respeto a la Constitución. La verdad es que solamente nos hemos dedicado a honrarla, no a cumplirla."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Las leyes en este país están hechas para ser atropelladas, para ser aplicadas sólo si así conviene a la clase gobernante."

Genaro Lozano, académico del ITAM y de la UIA

"Vivimos en pleno Estado de Derecho. Resígnate: si no tienes mucho dinero para conseguirte un buen abogado, o si no eres alto funcionario, te va a ir mal. Resígnate: la ley es dura, pero está tarifada."

Carlos Monsiváis

"¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo dormirá la justicia en nuestro país? Decía Almafuerte: no pidas nada, pero si vas a pedir, pide justicia, aunque sería mejor que no pidieras nada."

Germán Dehesa

"Corre, ve y dile al politicastro de turno que te consiga un empleo, que te quite el hambre y que le dé de comer a tus hijos y te darás cuenta de que el texto constitucional está plagado de publicidades muy engañosas."

Román Revueltas Retes

"Los mexicanos no creen en la ley porque con frecuencia es utilizada para favorecer al poderoso. Es una tragedia porque no hay democracia posible sin legalidad. Pero esa es una perniciosa herencia de abuso que duerme en las capas más profundas del alma nacional (Paz dixit)."

Federico Berrueto

"Una de las principales deudas que tiene el Estado Mexicano con sus ciudadanos, es la de una verdadera justicia, que les de certidumbre jurídica, tanto en su patrimonio, como en la propia convivencia social."

Eduardo Medina Mora, procurador general de la República

"Rayito dice que éste es el país de los 'ricos y poderosos'. Pues no. Es el paraíso de las pandillas."

Román Revueltas Retes

"México es un país a la medida de chantajistas de todo pelaje."

Román Revueltas Retes

"Una revisión al sistema que imparte la justicia no estaría de más, porque todos sabemos que siempre se emite el fallo a favor del que más tiene."

Martha González Escobar, divulgadora científica de la Universidad de Guadalajara

"El que hace la ley hace la trampa."

Eduardo García Máynez

"El estado de derecho no existe en México desde tiempos ya casi inmemoriales."

Pablo Gómez, senador perredista

"Muchos somos buenos para exigir nuestros derechos, pero pocas veces aceptamos nuestras obligaciones."

Juan Pablo Ferreira Santillán, agente de tránsito de Guadalajara

"Los problemas no se resuelven por el solo hecho de aprobar una ley. Cuando hacemos de la ley un símbolo y objeto de irracionales esperanzas, estamos convirtiendo el derecho en brujería."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"El estado de derecho es el Talón de Aquiles de México."

Ernesto Zedillo, expresidente de México

"Es tal la exasperación ciudadana en nuestro país por el engaño y la ineficacia de la autoridad en el combate a la delincuencia organizada, que más que un sistema de justicia, la opinión pública parece apelar a un sistema de venganzas."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Todo el mundo conoce o ha oído hablar de la majestad de la ley. Está dentro del poder del estado el controlar a la organización política que permite la existencia de la civilización. Eso es cierto. Sin el imperio de la ley todos estaríamos perdidos. Pero recuerden siempre que la ley también está llena de mierda. Yo puedo esquivar cualquier ley que ustedes promulguen. Se puede retorcer la ley, deformarla, para servir a una civilización corrompida. El rico puede escapar a la ley y, a veces, hasta el pobre tiene suerte en ello. Algunos abogados tratan la ley como los chulos tratan a sus mujeres. Los jueces venden la ley, y los tribunales la traicionan. Todo eso es cierto. Pero no disponemos de nada que funcione mejor. No existe otra forma de establecer un contrato social con nuestros semejantes."

Mario Puzo, "La cuarta K"

"La tarea más importante del estado es cumplir y hacer cumplir la ley. Es lo primero a lo que nos comprometemos los gobernantes. Y en esto el gobierno federal es absolutamente claro, hacer cumplir la ley sólo por la vía de la ley misma que es la fuente de toda legitimidad."

Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México

"El derecho no es una disciplina moral, sino una máquina que permite el funcionamiento de la sociedad."

Mario Puzo, "La cuarta K"

"Se abusa constantemente de la ley, según intereses personales o de grupo, incluidos partidos políticos y poderes públicos."

Jesús Vergara Aceves

"En México, todo y todos tienen un precio."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Sobre 3 pilares fundamentales se finca la vida pública de una nación: justicia, libertad y democracia. En los 2 últimos renglones hemos logrado avances importantes -aún nos falta mucho por conseguir en ambos-, pero en lo tocante a la justicia nuestro reloj va muy atrasado."

Armando Fuentes Aguirre "Catón"

"En este país no hay justicia."

Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara

"No habrá avance de la cultura de la civilidad, mientras la cultura de la ilegalidad se mantenga en la impunidad casi absoluta. Esa falta de penalización es, a final de cuentas, el origen de las mafias que ahora azotan al país."

Jaime Barrera Rodríguez

"Crímenes sin castigo son los que desbordan el vaso cuando el tejido sociopolítico se ha desgastado por la impunidad y laxitud frente a la delincuencia."

Raymundo Riva Palacio

"Muchas más personas harían negocios en México si la propiedad privada estuviera garantizada por un estado de derecho sólido."

Carlos Mota

"Cuando se prohibió la circulación de camiones con doble remolque, los transportistas bautizaron a los remolques como semirremolques, de manera que 2 semirremolques hacían un remolque. De esa forma se cumplen las leyes y reglamentos en los Estados Unidos de la Palabra."

El webmaster

"No cabe duda de que México pasa por una crisis de corrupción del sistema de justicia, crisis que no sería tan perniciosa de no ser por el poder de incidencia de traficantes de influencias y 'líderes morales', que se han erigido en jueces sin nombramiento para perpetuar injusticias."

Lydia Cacho

"De la necesidad a la ley apenas media un brevísimo paso, y la más expedita justicia, lo sabemos desde Caín, es la que hacemos con nuestras propias manos."

José Saramago

"Hemos vivido durante siglos con la herencia católica del perdón. Una cultura que con confesarse y arrepentimiento es suficiente para borrar cualquier pecado, circunstancia que nos condena a un estado de derecho inexistente. Un Estado que no castiga al que viola las leyes envía un mensaje de que se puede infringir cualquier norma sin consecuencia alguna."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Tan pronto como los hombres saben que pueden matar sin miedo al castigo o culpa, matan."

Simone Weil

"Cuanto más corrupta una sociedad, más numerosas sus leyes."

Edward Paul Abbey

"Sólo un Estado más fuerte que el crimen, aunque sea cometiendo excesos, puede abatir y someter la actividad delincuencial. Indeseable realidad."

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"Qué lejana ha quedado la aspiración del General Calles de que México pasara de la condición de 'país de caudillos y caciques a la más civilizada condición de país de instituciones y de leyes'."

Javier Hurtado

"El exceso de leyes corrompe la República"

Tácito

"En nuestro sistema judicial, culpable es aquél que no tiene dinero para costear su inocencia."

Flavio Romero de Velasco

"En este horrible lugar/ donde reina la tristeza/ no se castiga el delito/ se castiga la pobreza."

Letrero que estaba en el viejo penal de Escobedo

"Tiene más poder el que hace la ley y el que puede reformar la Constitución que el que simplemente se compromete a hacerla cumplir. La Corte sufre mucho cuando ve que una ley es injusta. Existe sistema para oponerse a las leyes inconstitucionales; pero no a las leyes injustas."

Juventino Castro y Castro

"Lo que los hombres valoran más en este mundo no son los derechos sino los privilegios."

H.L.Mencken

"No es la libertad la que libera, sino la ley."

Henri Lacordaire

"Yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte."

Platón

"Un hombre de Estado pasa la mitad de su vida haciendo leyes y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas."

Noel Clarasó

"Las autoridades están acostumbrando a la ciudadanía a un hacer lo que a nadie beneficia y es: sin manifestación no hay escucha, mucho menos solución. Lo que querría decir que para que un problema tenga la atención de las autoridades, no basta con exponerlo por escrito, tampoco con solicitar audiencia, se requiere hacer expresiones públicas, manifestaciones que, otra vez, lastiman la convivencialidad, pero sin las que las autoridades, omisas en el cumplimiento de sus responsabilidades, no escuchan."

Lourdes Bueno

"Cuando la corrupción se vuelve normal, es la muerte de la confianza de los ciudadanos en el Estado."

Leoluca Orlando, alcalde de Palermo

"En los últimos tiempos a los mexicanos se nos ha nublado la razón y nos hemos puesto peligrosamente contra ella. Por un lado vivimos e intentamos desarrollarnos al margen de la ley, o con las leyes de la selva, y por otro lado el instinto nos dice que debemos cambiar, que tendremos más oportunidades de salir adelante haciendo valer el Estado de Derecho."

Ricardo Elías, arquitecto y empresario

"Hay un lugar común que es parte del ideario mexicano: la ley es letra muerta."

Roberto Medina

"Aterra la casi total incompetencia de la autoridad para investigar, dar con las causas, descubrir a los culpables, encontrarlos, enjuiciarlos y hacerlos cumplir la penalidad que la ley (letra muerta, de ordinario) establece."

Jaime García Elías

"En el México de hoy no siempre deben ganar quienes se movilizan y protestan por el simple hecho de hacerlo."

Emilio Gamboa Patrón, senador priista

"El respeto al estado de derecho y a la constitución y un sistema de justicia funcional es uno de los pilares que explica el poderío de los Estados Unidos. Esta es todavía una lección que se está aprendiendo en México."

Ana María Salazar Slack

"Un Estado donde quedan impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina en el abismo."

Sófocles

"En los tensos días del movimiento estudiantil de 1968, el presidente Díaz Ordaz dijo: 'Preferimos conservar la libertad que solamente se puede mantener con el orden. La libertad es como el alimento: no se puede vivir sin ella, y el orden es como el aire: sin él, el cuerpo social perece'."
"Siempre he sostenido que orden no quiere decir represión. Los han pretendido hacer sinónimos los profesionales del libertinaje que tienen una inconsciente proclividad al anarquismo. Desde la época de los griegos, al orden se le percibía como armonía, afinidad de las partes dentro del todo, como simetría estructural."

Flavio Romero de Velasco

"Si acaso doblaras la vara de la justicia, que no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia."

Don Quijote a Sancho Panza instruyéndolo para gobernar la Insula Barataria

"Por favor, ya no hagan más leyes, basta con que apliquen en serio las existentes y abatan de una vez por todas la impunidad imperante."

Armando González Escoto

"El ciudadano se sigue preguntando dónde puede demandar a los funcionarios que incumplieron su 'protesta' de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, se pitorrearon de las leyes... y le vieron, en fin, la 'p' en la frente."

Jaime García Elías

"A México le hacen falta 3 cosas: Estado de derecho, Estado de derecho y Estado de derecho."

Ernesto Zedillo, expresidente de México

"Las antiguas colonias españolas en América, vivieron inmersas en la herencia de la doctrina católica del perdón. Una cultura que con sólo confesarse y arrepentirse es más que suficiente para borrar cualquier culpa. Con ello, la sociedad queda condenada a un estado de derecho inexistente. Un régimen que no castiga cuando se violan las leyes, envía un mensaje negativo: puede infringirse cualquier norma, a sabiendas que los mandatos legales son letra muerta."

Flavio Romero de Velasco

"México no será un estado de derecho mientras siga viviendo en estado de corrupción."

Armando Fuentes Aguirre "Catón"

"La reforma económica que México más necesita es la del verdadero cumplimiento de la ley... en la medida en que los secuestros, las extorsiones y la violencia se reduzcan, la inversión y el turismo fluirán de manera abundante."

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México (Los retos que enfrentamos, Ed.Debate)

"Las leyes son telarañas por las que pasan las moscas grandes y las pequeñas se atrapan."

Honoré de Balzac

"Pueblo que lincha, que arremete y humilla no es pueblo iracundo que pelea por sus derechos: es una turba incontrolada, es una masa enardecida."
"Entre pueblo y masa, entre comunidad y turba, hay una distancia parecida a la que separa a la bestia del hombre. Cualquier grupo humano por más culto y refinado que sea, puede volver a la bestialidad si las condiciones son propicias para ello. La bestialidad en el hombre siempre está al acecho dispuesta a surgir en cualquier momento, porque el animal-ancestro, está inscrito en nuestra condición humana."

Flavio Romero de Velasco


Llueve igual a diario
sobre el justo y el injusto,
aunque más le llueve al justo,
pues el injusto tiene del justo su paraguas.

Copla inglesa citada por George Orwell



Links relacionados con el tema:

Led Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C.
Led Esto es la Justicia.org


En 2013 se cometieron 33.1 millones de delitos, sólo el 6.2% de esos delitos terminó en averiguación, es decir 31 millones de delitos quedaron en impunidad, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, el instituto dijo que la cifra negra de delitos alcanzó 93.8% en 2013, mientras que en 2012 había sido 92.1%. Es decir de 10 delitos que se cometieron, sólo se denunció un delito, los otros nueve quedaron en impunidad.

De acuerdo con la encuesta aplicada a 100,000 personas en todo el país, en 23 estados del país la cifra negra subió en 2013. 6 de cada 10 encuestados dijeron que el principal problema del país es la inseguridad, con lo que la percepción de inseguridad creció de 72.3 a 73.3%. Más del 70% dice ser víctima de un delito, y se siente inseguro en su estado.

La mitad de los encuestados reconoce que dejo de salir en la noche por miedo a ser víctima del delito, 7 de cada 10 dijo que le prohibió salir a sus hijos en la noche por la inseguridad y en misma proporción dejaron de usar joyas.

(V.prodigy.msn Noticias
del 30 de septiembre de 2014).

Los activistas de la normal de Ayotzinapa, en Guerrero, son indefendibles: han hecho de la violencia y la provocación una forma de vida y las agresiones que han generado son innumerables: robo de camiones de carga y de pasajeros, incluyendo el despojo de los bienes de unos y otros; toma de gasolineras, de tiendas y supermercados, portación ostensible de armas; mal uso de recursos públicos; las normales rurales como escuelas de militantes de todo tipo de grupos porriles y radicales. La gama de delitos que han cometido es larga y de vieja data.

La inoperancia y corrupción de la policía, municipal y estatal en Guerrero, es tan célebre como provocadora la actividad de los normalistas de Ayotzinapa. En Guerrero se suceden los crímenes más violentos, muchos de alto significado político y casi nunca hemos visto un caso resuelto por las fuerzas locales. En realidad, de una u otra forma, son éstas las que terminan estando involucradas en los mismos. Todo eso no podría ser una realidad si no fuera porque las autoridades terminan siendo parte de todo ese esquema de corrupción, inseguridad y clientelismo político. Y como siempre sucede en ese tipo de situaciones, como los acuerdos se dan con base en la fuerza, lo que se dispara es la violencia más irracional.

En el último fin de semana, vimos en Guerrero como, en eventos que no tienen siquiera una explicación oficial, hubo duros enfrentamientos, a balazos, entre normalistas de Ayotzinapa que intentaban secuestrar autobuses en Iguala, con fuerzas policiales, mismos que se prolongaron con emboscadas, tiroteos aislados y se saldaron con varias muertes, incluyendo jóvenes inocentes y la desaparición, se dice, de 57 normalistas que estarían detenidos por fuerzas de seguridad.

Los hechos, incluyendo los actores que participaron en los enfrentamientos, no pueden más que hacernos recordar lo sucedido hace 19 años en Aguas Blancas, cuando el entonces gobernador Rubén Figueroa ordenó emboscar a un grupo de campesinos de la Sierra Sur, que era un secreto a voces que estaban ligados con grupos armados que poco después se dieron a conocer como el EPR, lo que terminó en una masacre. Le costó la gubernatura a Figueroa que dejó en el cargo en uno de sus más cercanos colaboradores, Ángel Heladio Aguirre, ahora nuevamente en el gobierno pero después de haber ganado la elección con el cobijo del PRD.

Ya otra muerte de 2 estudiantes de Ayotzinapa estuvo a punto de costarle a Aguirre el cargo al inicio de su administración, pero logró superar esos eventos. Luego fueron la escalada espectacular de la inseguridad y los continuos asesinatos políticos (de priistas, panistas, perredistas, empresarios, caciques, líderes radicales) en el estado. Libró también los bloqueos continuos a las carreteras y la negligencia inicial con la que se encararon las tormentas "Ingrid" y "Manuel" e incluso las denuncias de malos manejos en las tareas de reconstrucción. Habrá que ver cómo se libra el gobierno estatal de este nuevo Aguas Blancas, ocurrido ahora en Iguala, que viene adicionado con el asesinato, en pleno Acapulco, de Braulio Zaragoza Maganda, secretario general del PAN en el estado. Asesinato, como todos, también impune.

Probablemente no pase nada. Habrá investigaciones, algunos detenidos (que no siempre terminan siendo procesados) y se esperará que el tiempo juegue su papel. La razón es sencilla: el estado vive en una situación de descontrol mayor que cualquier otro, desde hace años; no hay grupos políticos fuertes que puedan generar otro tipo de opciones; el gobierno federal no puede intervenir como lo hiciera en Michoacán, entre otras razones porque hay elecciones en Guerrero el año próximo y una intervención en un estado perredista provocaría disensiones políticas y también, no nos engañemos, porque la profundidad de la crisis es tal que ella no puede solucionarse en unos pocos meses y con autoridades bajo sospecha.

Claro, todo eso mientras se perciba que la situación está relativamente bajo control y confinada a esa entidad.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 30 de septiembre de 2014).

México enfrenta un gravísimo problema de orden público. Ayer por la tarde, bastaba un vistazo a los diarios en línea para enterarse de saqueos perpetrados por encapuchados en pleno centro de Morelia (desvalijaron camionetas con frituras y garrafones de agua) o de la desmesurada respuesta de la policía municipal de Iguala a las manifestaciones de los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, esos mismos que prendieron fuego a una estación de servicio en diciembre de 2011, quemando vivo a un empleado (al intervenir luego las fuerzas del orden, murieron también dos estudiantes). En los sucesos acaecidos en Guerrero este fin de semana, perecieron ocho personas, entre ellas un chofer de taxi, un ama de casa y un jugador del equipo 'Los Avispones' así como su entrenador.

Mientras tanto, los maestros de la CNTE siguen acampados en el centro de Oaxaca debido a lo cual algunos comerciantes anuncian ya que van a cerrar indefinidamente sus negocios. En ese mismo estado, estudiantes del Centro Regional de Educación Normal se adueñaron de la caseta de peaje en San Pablo Huitzo, donde permitían el paso a los vehículos pero exigían una cuota para ellos; entre sus exigencias figura la de obtener una plaza automáticamente luego de concluir sus estudios, una demanda que comparten con los guerrerenses de Ayotzinapa. En la capital de México, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional cerraron las avenidas Constituyentes y Taxqueña, provocando apocalípticos atascos de tráfico.

El cierre de avenidas y carreteras es ya parte de la perversa normalidad que vivimos en este país. Es más, algunos funcionarios se ufanan de que las autoridades no "reprimen" a los manifestantes y de que respetan así el sacrosanto derecho a la "libre expresión". Desde este punto de vista, estaríamos hablando de un mal menor en una sociedad que ha confundido interesadamente los valores. Curiosamente, bajo estas reglas subvertidas se pueden pisotear impunemente los derechos de todos esos ciudadanos, la mayoría, que no tendrían por qué sufrir las consecuencias de la "protesta social". Y lo más llamativo del asunto es que esta tal protesta pareciera sustentarse en la capacidad de perjudicar a los demás: mientras más daños puedas infligirle al prójimo -que no pueda transportar sus mercancías, que no llegue a sus citas, que pierda dinero, que experimente un agudísimo sentimiento de frustración, que tenga que cerrar su negocio- más exitosa y rentable parece ser la estrategia. Podemos así imaginar un dialogo entre jefes: "Pues, mira, yo logré paralizar el aeropuerto: se cancelaron 200 vuelos y miles de turistas no pudieron llegar a sus destinos, je, je". Respondería el otro: "Eso no es nada, yo cerré las vías de acceso al puerto de contenedores y detuve el envío de insumos para las plantas armadoras: las líneas de producción tuvieron que parar, ja, ja".

La cosa se pone más seria, sin embargo, cuando los manifestantes cometen a su antojo actos de vandalismo, pillajes y destrozos. ¿Es mínimamente admisible el saqueo, por sujetos encapuchados, de dos furgonetas en la calle principal de una de las ciudades más turísticas de México? Los dueños de la mercancía sustraída, ¿no tienen derechos? ¿Para qué sirve, entonces, la fuerza pública? ¿Para qué diablos están las leyes si no es para brindar certezas y garantías a los ciudadanos?

Pero aquí llegamos a lo más desalentador de todo: cuando los cuerpos policiales intervienen -salvo esas excepciones en las que la Policía Federal y alguna que otra corporación han operado de manera impecable-, resulta que no son capaces de administrar sensatamente la fuerza y terminan disparando proyectiles a lo bestia: en Iguala, para mayores señas, mataron a siete u ocho personas. Y, justamente, a partir de ahí se perpetúa ese nefasto círculo vicioso en el que es imposible aplicar la fuerza legítima del Estado para preservar algo tan esencial como el orden público porque la mera intervención de las autoridades sería una manifestación de la brutalidad de un régimen “represor”. Y vaya que saben, los provocadores -y todos esos grupos que negocian, a punta de imponerse abusivamente a todos los demás, exigencias tan espurias como desmedidas-, explotar el victimismo y vaya que son expertos en las artes de la denuncia y el agravio. La torpeza de la policía, en este sentido, no hace más que aportar agua a su molino: no les faltará razón cuando lancen acusaciones y sus muertos (que son los que cuentan, porque a Gonzalo Rivas, el empleado de la gasolinera que murió quemado, nadie le ha hecho justicia) ahí estarán, a la vista de todos. Que sigan pues los desórdenes.

Román Revuelyas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 28 de septiembre de 2014).

Las imágenes de saqueadores y acaparadores tras "Odile" dan por enésima vez la razón a Hobbes: la sociedad sin Estado se parece más al infierno que al cielo. Uno de los factores que incrementan la probabilidad de que se presenten comportamientos como estos es la impunidad, que carcome los cimientos de la convivencia social en México. Quienes saquean supermercados y hasta cargan con bienes que están en la antípoda de lo básico, como televisores y estéreos, o quienes acaparan alimentos, lo hacen a sabiendas de que nadie los sancionará, por la debilidad institucional del Estado mexicano en seguridad y justicia. Es esa misma conciencia con la que operan asesinos, secuestradores y extorsionadores.

Germán Petersen Cortés
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 23 de septiembre de 2014).

Hay preocupación entre la iniciativa privada [de Jalisco] por el cada vez más notorio tráfico de influencias de un despacho de seudo abogados, parecido a Los Talibanes en la materia laboral, pero en materia civil y mercantil, que involucra consejeros, funcionarios, jueces y magistrados en todos los niveles.

Héctor A.Romero Fierro
(v.pág.25 del periódico Milenio Jalisco del 19 de septiembre de 2014).

Luego de que una televisora exhibió las obras de infraestructura hidráulica que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, ha construido durante su gestión para acumular agua de un río cercano a su rancho, sin ningún permiso federal y afectando a pequeños productores de la región, el secretario de Gobierno de esa entidad dijo que su gobernador tiene "el derecho" a tener una represa en su rancho Pozo Nuevo, como tienen muchos políticos que también son ganaderos, y que eso además es "una costumbre" (¡vaya costumbre, esa de pasarse las leyes por el arco del triunfo!).

Creo que la idea de que los estados de la república son "libres y soberanos" ha hecho creer a algunos gobernadores que pueden hacer en "sus" estados lo que les dé su soberana gana.

Desde hace tiempo se ha considerado un error llamar "soberano" a un estado que, a pesar de tener sus propias leyes, está subordinado a una constitución federal.

Además de que induce a los gobernadores a pensar equivocadamente que son una especie de "reyes estatales" y que nada ni nadie puede estar por encima de ellos.

Desde hace tiempo se ha planteado la idea de cambiar la denominación de "estados libres y soberanos" por la de "estados autónomos".

El abogado constitucionalista mexicano Ignacio Burgoa, en franca crítica a la redacción de los artículos 40 y 41 de la Constitución Mexicana, hizo notar esto:

"El solo hecho de concebir que un estado miembro de la Federación pueda ser soberano entrañaría el despropósito de admitir la divisibilidad de la soberanía de la nación (...) así como la aberrativa coexistencia de tantas soberanías como fuese el número de entidades de que ésta se compone".

Consideró también que la llamada teoría de la "co-soberanía" es jurídicamente insostenible.

Si las entidades federativas están supeditadas a la Constitución General de la República, entonces no son soberanas, aunque sí pueden ser autónomas.

Lo anterior debiera ser explicado o recordado a todos los gobernadores que se marean con el poder, para que no se les olvide que el estado que gobiernan no es "su" estado, sino una entidad sujeta (junto con ellos mismos) a la Constitución Mexicana y a las leyes que de ella emanan.

A nadie debe extrañar entonces que la Comisión Nacional del Agua no le dé al gobernador Padrés el trato de Rey de Sonora, y haya iniciado un procedimiento para verificar si la represa y los pozos construidos en terrenos de su propiedad se encuentran dentro de la legalidad.

Son los gobernadores y funcionarios públicos los que deben predicar con el ejemplo, sometiéndose a las leyes y aceptando de buena gana las investigaciones a que se someta a cualquier persona que presumiblemente pueda estar violando alguna ley, en este caso la Ley de Aguas Nacionales.

Y como el propio titular de la Conagua dijo: "en el caso de las obras construidas que no cuenten con los permisos, concesiones o afecten a terceros y/o representen un posible riesgo a la población, se procederá a ordenar lo que establezca la ley: 1o., la clausura; 2o., la liberación del recurso de agua hacia los usuarios que debidamente tienen el derecho, y en el caso que no se cuente con los permisos, se ordenará la demolición de la presa y la aplicación de las multas correspondientes".

Es increíble, pero con tanto abuso de poder es necesario recordarle a los gobernadores, de vez en cuando, que los estados no son suyos, que las constancias de mayoría que recibieron no son cetros y que sus sillas no son tronos.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 18 de septiembre de 2014).

En los últimos 5 años, la ineficiencia en la recaudación de multas a nivel estatal ha provocado que el sector salud en Jalisco deje de recibir 96 millones de pesos.

Desde 2009 hasta el mes pasado, han sido impuestas 22,270 multas procedentes de entidades federales y estatales facultadas para sancionar, cantidad que se traduce en 192 millones de pesos que no han sido cobrados.

La mitad de ese dinero, por ley, debería destinarse en partes iguales al organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco, que reparte a los programas de prevención de enfermedades y campañas de vacunación, para equipamiento médico, adquisición de medicamentos e insumos de hospitales regionales; y el restante al Hospital Civil de Guadalajara.

El resto de las multas sin pagar, 48%, debe distribuirse de manera equitativa entre los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas (estímulos y recompensas por productividad); y el otro 2% a un fondo de capacitación para todos los servidores públicos de la dependencia.

Una de las principales razones de que este universo de multas no se cobre es porque en alrededor de 6 de cada 10 casos no se localiza a los infractores por fallas en los procesos de recabación de datos. Lo anterior de acuerdo a la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas, encargada de realizar el cobro.

La procedencia de la mayoría de multas sin cobrar a nivel estatal son del poder judicial, y la tercera parte las concentra el Tribunal de lo Administrativo del Estado: 17 millones de pesos sin cobrar a burócratas de la entidad.

Al respecto, el presidente del TAE, Laurentino López Villaseñor dice: "Tienen al funcionario en sus bases de datos. No sé por qué no pagan, si lo hicieran sería más fácil ejecutar nuestras resoluciones. Pero estás hablando de un funcionario que cobra a un funcionario, ahí puede estar tu respuesta".

Los servidores públicos pueden pasar a juicio y ser multados por utilizar ilegalmente recursos públicos, maltratar al personal, abusos de autoridad, entre otras.

El magistrado dice que los reglamentos de imposición y cobro de multas están bien complementados, la distinción aparece cuando, simplemente, no se aplica la ley.

Del global de multas a nivel estatal y federal, las instancias con más multas sin cobrar son la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y le sigue a nivel local la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

(V.primera plana del periódico El Informador del 16 de septiembre de 2014).

Como bien sabemos, en este país mandan las minorías: cualquier grupo de agitadores, por más insignificante que sea su representación y más ilegítimas sus exigencias, puede paralizar el tráfico de una gran metrópoli o bloquear impunemente aeropuertos, carreteras y centros comerciales. Ahora mismo, en Oaxaca, las turbas de la CNTE se han apoderado del centro histórico y mantienen ahí, desde hace meses, un horroroso campamento mientras los restauranteros y comerciantes, que tratan de ganarse la vida atendiendo a un turismo en vías de desaparición, piensan ya en cerrar su negocios e irse a otra parte.

Los daños económicos son devastadores. Pero, este perjuicio no parece importarle a nadie lo cual no debiera tampoco sorprendernos siendo que los primerísimos damnificados por las escandalosas prácticas de los "maestros" (hay que usar siempre las comillas para referirse al supuesto oficio de esa gente) de la mentada Sección 22 son, miren ustedes, los niños de México. Y en un país que no protege siquiera a sus infantes, lo más preciado que puede tener cualquier nación (vaya vergüenza histórica, señoras y señores), uno puede esperarse cualquier cosa.

Nos llenamos la boca propugnando la instauración de un verdadero "Estado de derecho" pero, justamente, la actuación de nuestra justicia allana el camino para que tengan lugar infracciones y abusos que serían totalmente inamisibles en esas democracias donde el orden público es un principio innegociable. Ah, y los jueces... En Morelos, hay uno que acaba de amparar a unos cavernarios, una docena, que se oponen a la construcción de una carretera necesarísima. Lo dicho, mandan las minorías.

Román Revueltas Retes
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 12 de septiembre de 2014).

La corrupción no es una enfermedad enraizada en la cultura nacional, sino una manifestación de problemas institucionales que se deben y pueden corregir. Es por eso que México sale mal calificado en comparaciones internaciones, aun con respecto a sociedades con las cuales comparte raíces culturales.

La corrupción cuesta mucho y debilita la competitividad de México. Sus síntomas son notorios y causan que los costos de transacción y capital sean más altos en México que en otros países. Por ello es importante evitar resignarnos a que "así somos"; también debemos evitar la tentación de pensar que la solución está en montar grandes campañas para reformar los valores de los mexicanos. No es lo mismo hacer lo correcto que hacer las cosas bien; lo que falla en México no son las personas, sino las instituciones encargadas de protegerlas.

Para reducir la corrupción es indispensable mejorar la calidad del sistema de procuración de justicia. Puesto llanamente: la tarea a realizar es rediseñar estos procesos para aumentar el costo esperado en el que incurren las personas que cometen actos corruptos en México.

Para que esto se dé, lo primero que se requiere es crear incentivos para que las víctimas de la corrupción estén dispuestas a denunciar a los corruptores. Para multiplicar el número de denuncias, es indispensable crear un sistema de denuncia anónimo y confiable. Las víctimas no denuncian porque no están locas; no saben hasta dónde se extienden las redes de extorsión. Temen que si presentan una denuncia podrían exponerse a la venganza de grupos criminales, y posiblemente tengan la razón. En las condiciones actuales, probablemente se denuncia una pequeña fracción de los miles de casos que diariamente acosan a los mexicanos. Para resolver este problema, se requiere un proceso de denuncia que proteja la identidad del denunciante y garantice su seguridad.

Pero también se requieren incentivos para que convenga denunciar. Se estima que el costo anual de la corrupción es de alrededor de 15% del PIB. Con sumas tan grandes en juego, los mexicanos deberíamos estar dispuestos a compensar generosamente a quienes denuncien casos comprobables de corrupción. Un giro de esta naturaleza transformaría radicalmente los incentivos causando que más personas estuvieran dispuestas a denunciar prácticas corruptas. Pero ahí no acaban las cosas.

Para reducir la corrupción, también requerimos agentes judiciales mejor preparados, que cuenten con las pericias técnicas y de investigación necesarias para resolver casos complejos y sofisticados de corrupción. El objetivo en este caso debe ser aumentar la probabilidad de que las denuncias que se presenten se conviertan en casos bien documentados que sirvan como la base para aprehender a personas culpables de actos corruptos. Luego, para que todo lo anterior conduzca a un resultado plausible, se requieren jueces y tribunales especializados, calificados para oír y resolver los casos.

Para que la campaña anticorrupción marque un hito transformacional, es indispensable cambiar las expectativas de los mexicanos. Actualmente están convencidos de que la corrupción existe porque les conviene a los políticos y a los que dirigen al país. La sociedad ha visto incontables casos de combate a la corrupción que inician escandalosamente y acaban con los indiciados sueltos en la calle, disfrutando bienes malhabidos. Para convencer a los mexicanos de que esto va a cambiar, es indispensable crear un historial de casos icónicos que muestren que la guerra contra la corrupción no es una moda pasajera, sino un nuevo estadio de desarrollo. La percepción actual es que la corrupción es parte de las estructuras económicas y políticas del País. Para que esto cambie, se requerirán años de trabajo disciplinado y muestras tangibles de éxito. Si esto no sucede, los mexicanos seguiremos respondiendo al incentivo que genera la impunidad.

Roberto Newell G., economista y vicepresidente del consejo del Instituto Mexicanos para la Competitividad, AC
(v.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 11 de septiembre de 2014).

Baile en los portales de Oaxaca.

Campesinos con machetes bloquearon los accesos a los restaurantes de los portales del centro de Oaxaca, en demanda de que el gobierno estatal les restituya sus tierras. Policías llegaron al lugar pero estuvieron 4 horas sin intervenir. Los comercios cerraron en protesta y los manifestantes armaron un baile con marimba.

(V.pág.8 del periódico Mural del 11 de septiembre de 2014).

En el caso de la mortandad de peces en la Laguna de Cajititlán, que fue "la nota de la semana" pasada, las autoridades a las que correspondería deslindar responsabilidades, imponer sanciones a los culpables y aplicar medidas remediales a corto y a largo plazo, tienen un punto a su favor: el desinterés de la mayoría de los ciudadanos, y la desmemoria de los medios.

Lo 1o., porque es público y notorio que las investigaciones de las que debería desprenderse el esclarecimiento de los hechos y el castigo a las acciones dolosas o a las negligencias que hubieran ocasionado ese desastre ecológico -como lo calificó la prensa internacional que dio cuenta del hecho- se van a resolver, como de costumbre, con la impunidad más absoluta. El esquema de complicidades es parte del sistema.

En nuestro medio, la lista de los agravios que saltan de los desgarramientos colectivos de vestiduras y la indignación generalizada al hartazgo y a la convicción de que tendrán el desenlace de "El Parto de los Montes" de la vieja fabulilla ("después de tanto ruido, solo viento"), es más larga que una cuaresma de las de antes...

Por mencionar, entresacados de la historia reciente, unos cuantos botones de muestra: las explosiones del 22 de abril del '92 se resolvieron con el gesto pretendidamente altruista de Pemex, de indemnizar a damnificados... pero sin ninguna resolución judicial que señalara a los culpables de la tragedia o sancionara a las autoridades que incurrieron, a todas luces, en negligencia criminal al no disponer el desalojo de la zona amenazada; el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, un año después, dejó vigentes las dudas que se encargaron de sembrar, sistemáticamente, los inconformes con las conclusiones de la "comisión interdisciplinaria" que se integró para estudiar el caso; los dispendios de la administración pasada en asuntos como la adquisición de los predios aledaños al Parque Morelos para el proyecto original de la Villa Panamericana, la construcción de la misma villa y la de la vecina Ciudad Judicial, están en vías de quedar sepultados para siempre por el misericordioso polvo del olvido.

Jaime García Elías
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de septiembre de 2014).

Amnistía Internacional reveló que desde 2006 a 2013, la PGR inició 1,219 investigaciones sobre denuncias de tortura y otros malos tratos, pero sólo presentó cargos en 12 casos. Según el Consejo de la Judicatura Federal, hubo 7 sentencias firmes por tortura, por lo que índice de sentencias condenatorias es apenas del 0.006%. En otras palabras, los torturadores en México gozan de cabal impunidad.

Rubén Martín
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 6 de septiembre de 2014).

El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince escribió un editorial en el que decía: "Los vigilantes empiezan matando a los secuestradores, narcotraficantes y extorsionistas, pero pronto comienzan a matar a sus familiares, y luego sus amigos, o los que piensan que son sus amigos, y después las familias de los amigos, hasta que todo el mundo es sospechoso y podrían venir a llamar a su propia puerta, como nos pasó a nosotros en Colombia -como le sucedió a mi padre, cuando fue abatido a tiros en las calles de Medellín".

"Permitir los ejércitos privados, incluso si se supone que son para la autodefensa, es la creación de un monstruo como la Hidra: si corta una cabeza, dos más vuelva a crecer".

Carlos Puig
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 5 de septiembre de 2014).

Si el régimen de la revolución estuvo vigente durante casi 70 años, el ciclo reformista lleva poco menos de la mitad de ese tiempo. Desde Miguel de la Madrid ha habido reformas, reformitas y reformotas. Se han reformado el Estado y el sistema económico; la política y las finanzas; el régimen fiscal y las leyes laborales; las relaciones del Estado con las iglesias y la política social; se desmanteló el proteccionismo y se privatizaron empresas estatales; se modificaron las leyes electorales y el sistema de comunicaciones; se crearon órganos de transparencia y rendición de cuentas, se instituyeron formas de la democracia directa y se han fortalecido los derechos humanos; se han aprobado reformas educativas, hacendarias, agrarias, urbanas, de salud, administrativas y monetarias. En suma, ha sido reformado casi todo en este país.

A la luz de tamaño expediente, extraña forzosamente que no se hayan dado reformas de similar envergadura en el ámbito del Estado de Derecho. No es que no haya habido modificaciones en el sistema de justicia (las ha habido tanto en el período revolucionario como en el reformista). Pero sigue haciendo falta una reforma judicial profunda y de verdadero impacto. De hecho, el consenso al respecto (junto con la necesidad) es lo que se ha venido incrementando rápidamente.

Cada vez más voces reclaman meter mano en el sistema de procuración y administración de la justicia, y de hacerlo lo antes posible. Porque la historia reciente nos ha enseñado que muchas de las grandes reformas han sido conveniente capitalizadas por los cuates de los reformadores, más que por el país. El tamaño del pastel que se va a partir con las reformas energética y de comunicaciones, por ejemplo, es descomunal. También lo es el tamaño de la corrupción que se dará en el proceso, habida cuenta de que para la transa no hay impedimentos.

La diferencia entre un festín de corrupción y reformas conducidas dentro de la ley, es una pronta reforma al Estado de derecho. No es fácil diseñarla y llevarla a cabo, pero es urgente e imprescindible. A tal grado, que en la capacidad de imponer la ley como es debido, radica el que sigamos siendo una democracia fallida (típica de un país bananero), o una democracia verdaderamente efectiva (para usar la categorización de un señor llamado Christian Welzel).

Marco Antonio Cortés Guardado
(v.pág.7 del periódico Mural del 4 de septiembre de 2014).

Que para el 2016 el nuevo sistema de justicia sea una realidad, que hoy está aún lejana pese a que llevan 6 años aprobadas las reformas respectivas. Porque con un sistema que permite que entre el 95 y el 98% de los delitos denunciados queden impunes, a la larga, todo lo demás, termina siendo insuficiente.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 1o.de septiembre de 2014).

En Guadalajara, 1 de cada 4 predios tienen adeudos con el ayuntamiento. De las 460,000 cuentas que tienen registradas en la Dirección Municipal de Catastro, 110,000 son omisas en cumplir con la obligación de pagar el impuesto predial. La suma total, de los últimos 5 años, es de 650 millones de pesos.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 30 de agosto de 2014).
Manifetación del grupo Mercado Corona por Siempre A.C.

Ante el aparente vacío de información que genera el Ayuntamiento de Guadalajara a los locatarios del Mercado Corona, unos 50 comerciantes del inmueble se manifestaron ayer por la mañana, cerrando las vialidades de 16 de Septiembre y avenida Hidalgo. Exigen certezas jurídicas sobre sus locales y que se reconsidere la existencia de franquicias comerciales en el nuevo proyecto.

Los integrantes del grupo denominado Mercado Corona por Siempre A.C. cerraron las calles por un periodo de 20 minutos, lo que generó congestinamiento vial.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 26 de agosto de 2014).

Los políticos hicieron estas reformas y no se iban a dar un balazo en el pie. ¿Verdad? Y ya estamos viendo las fallas en la Educativa, en la Laboral, en la Fiscal (ésta con pésimos resultados), y las Política y Electoral se van a derrumbar cuando salgan los primeros perdedores de las próximas elecciones, y empiecen los gritos y acusaciones de fraude y de compra de votos. Nos falta empezar a ver los efectos y resultados de la de Telecomunicaciones y la Energética.

Faltó una Reforma Judicial que intentara garantizar un verdadero estado de derecho, que tanto han señalado que falta, desde expresidentes de México hasta empresarios y la sociedad en su conjunto.

Si la corrupción, la inseguridad y la impunidad siguen campeando en el país, no esperemos mucho éxito de estas reformas.

Enrique Acevedo A.
(v.pág.17 "Los correos del público" del periódico Milenio Jalisco del 22 de agosto de 2014).

Cualquier extranjero, y hasta algunos mexicanos de ciertas ciudades, que llegue al Distrito Federal pensará que nosotros los chilangos manejamos muy mal. Nos pasamos los altos, no respetamos un paso de peatón ni de casualidad, nos estacionamos donde nos da la gana, no conocemos lo que es un límite de velocidad, damos vueltas en "U" cuando se nos pega la gana, sentidos contrarios, en fin.

Ayer traté de argumentar, a partir de un intercambio entre el presidente Peña y León Krauze en el programa del FCE, que el desprecio a la ley y la corrupción no son asuntos "culturales" o que "así somos los mexicanos", sino que son comportamientos más o menos racionales a partir de la actuación o las omisiones de la autoridad.

"El caos vial de la Ciudad de México es un clarísimo ejemplo de lo que trato de decir."

Hace 20 y más años, si uno cometía una infracción había buenas posibilidades de que un policía lo detuviera. Ese policía, mal pagado y poco supervisado, recibía una mordida. De esa mala manera, pero el mal conductor tenía una sanción. Ese mismo conductor tendría que haber pasado un examen para obtener su licencia. En muchas ocasiones ese examen se obviaba bajo el mismo método pero al menos parecía que había un examen.

Desde 1997, los sucesivos gobiernos del PRD se propusieron combatir la percepción de la corrupción que definía a la policía. Terminaron con los exámenes para manejar, dieron licencias "permanentes" (uno de los grandes absurdos de esta ciudad) y, sobre todo, decidieron que los policías ya no pararan a los automovilistas.

El inventario de las multas por faltas al reglamento de tránsito demuestra que las infracciones a vehículos en movimiento son prácticamente inexistentes para el tamaño de ciudad y parque vehicular. Tanto es así que en el sexenio pasado el jefe de la policía anunció que por fin ya habría unos 500 policías -uno para cada 6,000 vehículos- que sí podrían poner multas de tráfico.

En resumen: quienes manejan no tienen que saber el reglamento, reglamento que nadie hace cumplir.

Nuestro caos vial -como nuestra corrupción- entonces, no es cultural, no es que así manejemos por ser mexicanos. No es cosa de folclor. Es resultado lógico de ciertas políticas públicas. Ahí lo jodido.

Carlos Puig
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 22 de agosto de 2014).

El sábado pasado (16 de agosto) anocheció cargado de presagios de fiesta en un barrio de la colonia Mirador del Sol, en Zapopan. Ya en la madrugada del domingo el jolgorio se convirtió en una enorme escena digna de CSI Miami, con casi 3 centenares de jóvenes tirados en el pavimento, detenidos y luego arrestados. Habían acudido al cruce de las calles Helios y Perihelio a un singular festejo, el cumpleaños de un chavo de 18 años que, dicen, se llama Chamín Godoy. Se convocó por redes sociales y a la pachanga se le llamó "la fiesta de los 4,000".

Los colonos reportaron riñas, ruido, alcoholizados y todo lo que no debe ocurrir en la calle de un barrio vecinal.

Llegó la policía, se armó la gresca y los uniformados impusieron el orden. Las cifras apuntan a 281 detenidos, de los que una tercera parte eran menores de edad. Todos fueron liberados antes de que se abrieran las escuelas para el regreso a clases, pero la controversia está asegurada, porque sobran las denuncias de abuso de la fuerza por parte de los elementos de seguridad.

Lo que ocurrió esa noche es un foco de alarma (otro) para las autoridades municipales (todas) de la gigantesca área metropolitana de Guadalajara, con sus más de 4 millones de habitantes. En incontables puntos de la ciudad, cualquier día pero sobre todo los fines de semana, hay cierres de calles porque los vecinos festejan un cumpleaños, organizan un juego de futbol callejero o ensayan un baile. Los motivos son tan variados como inverosímiles, pero el hecho es que cruzan un carro o dos en las bocacalles y que el mundo ruede...

Exigir el derecho de libre tránsito es una exquisitez que se antoja fuera de lugar. Pero que esto ocurra sin que la autoridad tenga el más mínimo conocimiento es tan peligroso como conceder islas intermitentes de ausencia de gobierno. En estos cierres callejeros ocurren faltas administrativas y delitos; y también se pone en riesgo la integridad y la vida de muchas personas.

Jorge Octavio Navarro
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de agosto de 2014).

No existe ni un entramado institucional sólido ni un marco jurídico adecuado para enfrentar de lleno a la corrupción. Se parte de que la transformación interna de Pemex, la modificación de su consejo de administración y su vocación como una empresa competidora y productiva del Estado, van a redundar en un decremento de la corrupción. Se modifican los incentivos, pero no se ataca de fondo el problema de la corrupción en un mercado multimillonario que es ideal para la articulación de las mayores estafas. Incluso, el hecho de que el Estado Mexicano asuma el pasivo pensionario de Pemex (lo cual era imposible de descartar) no vino acompañado de acciones concretas para identificar a los responsables de una gestión errática que dejó a la empresa con finanzas insustentables. Es cierto, no hay opción, el Estado adquirió esa deuda como una empresa paraestatal, pero la responsabilidad política y jurídica sigue en el aire. Es un borrón y cuenta nueva, un mensaje poco constructivo de cara al futuro.

Enrique Toussaint
(v.pág.3-B del periódico El Informador del 17 de agosto de 2014).

México, uno de los países con más baja cultura de la legalidad en el mundo. Para que las reformas aprobadas no vengan a fortalecer la disociación entre sistema jurídico y realidad, se requiere promover la cultura de la legalidad y de la plena vigencia del Estado de Derecho.

Las reformas aprobadas ameritan transitar a ser un país donde gobiernen las leyes y donde todos (incluidos los gobernantes) estemos sometidos al imperio de la ley. Hacer de México un país donde realmente exista el Estado de Derecho es una reforma que implica un cambio tan o más importante que el de la reforma energética. Esa es la reforma que falta Señor Presidente.

Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 16 de agosto de 2014).

El pasado 25 de julio, el puente Chalma [en Morelos], ubicado en las inmediaciones del kilómetro 5 de la Autopista Puente de Ixtla-Chalma colapsó, presuntamente tras el paso de 3 tráileres que superaban el peso máximo que soporta la infraestructura carretera del país.

(V.pág.8 del periódico Mural del 14 de agosto de 2014).

Miembros de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero rompieron el bloqueo de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco que mantenían desde la madrugada de este viernes, ante la negativa del gobierno federal para entablar una mesa de diálogo con esta organización armada que demanda seguridad, paz y desarrollo en la entidad.

El bloqueo en ambas vías de comunicación comenzó a las 00:00 horas de este viernes, a la altura del poblado de Mohoneras, municipio de Chilpancingo, donde se congregaron más de 400 miembros de la UPOEG, en su mayoría campesinos, procedentes de las regiones de la Montaña, Costa Chica, Acapulco y Centro.

El bloqueo que provocó caos y descontento cumplió más de 10 horas con las principales vías que conectan el centro del país con el Pacífico mexicano, cerradas sin que ninguna autoridad de los 3 niveles hubiera destrabado el conflicto, hasta que elementos de la Policía Federal buscaron dialogar con los manifestantes.

Ayer, desde las 16:00 horas, la UPOEG y cerca de un millar de simpatizantes iniciaron el bloqueo de la carretera federal México-Acapulco, la acción comenzó en el tramo comprendido entre la comunidad de El Ocotito y Mohoneras, en lo que se conoce como El Valle.

La UPOEG realizó el domingo pasado una caravana denominada Por la Paz y el Desarrollo en el estado de Guerrero, a dicha protesta se sumaron organizaciones de campesinos, indígenas, estudiantes y empresarios.

La caravana no tuvo el impacto que esperaban. Por eso, el lunes pasado, estuvieron en la Ciudad de México en busca de una entrevista con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El funcionarios federal tampoco los recibió y, por ello, regresaron a Chilpancingo dispuestos a realizar acciones más radicales.

(V.Sin Embargo del 8 de agosto de 2014).

Mientras que maestros (?) de la Sección 18 de la CNTE bloquearon ayer avenidas e instalaron un campamento frente al Palacio de Gobierno de Morelia, Mich., en demanda de la liberación de normalistas y la asignación automática de plazas, docentes (?) de la Sección 22 se plantaron frente a comercios, gasolineras y dependencias de gobierno en rechazo a la reforma educativa.

(V.pág.3 del periódico Mural del 7 de agosto de 2014).

Cuando leí que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación expulsó de Oaxaca a la Secretaría de Educación Pública, y que el líder de la gremial, Rubén Núñez Gines, afirmó que el gobierno federal "no pisará" el estado para aplicar la reforma educativa federal, lo primero que pensé es que ahora "los patos le tiran a las escopetas".

Los "patos", y en especial los "patos oaxaqueños", piensan que su territorio puede ser un estado de excepción, en el que sus exigencias están por encima de todo, inclusive de la Constitución; los "patos oaxaqueños" quieren ser maestros sin necesidad de pasar por ningún tipo de examen o evaluación; quieren plazas automáticas; quieren que se les respeten sus "logros sindicales" que incluyen 90 días de aguinaldo, bonos de productividad sin medición, becas para sus hijos, recursos públicos para préstamos y fondos de vivienda controlados por ellos mismos, etc.

Todos quisiéramos 90 días de aguinaldo en lugar de 15; todos quisiéramos bonos adicionales sin tener que demostrar resultados; todos quisiéramos "préstamos" que no tengamos que pagar..., en fin, todos quisiéramos tener todo, haciendo nada, pero todos (excepto los "patos oaxaqueños") sabemos que eso no es posible.

La actitud de este gremio sindical y sus manifestaciones son idénticas a las de un niño berrinchudo que si no obtiene lo que quiere se tira al piso, grita y patalea.

Estos maleducados niños sindicales llevan semanas "tirados" en el zócalo oaxaqueño, haciendo berrinches y sus necesidades fisiológicas en plena Alameda y explanada de la Catedral.

Y la respuesta del gobierno es la misma de un padre débil, que no sabe educar y cede ante los gritos y escándalos de sus hijos: en lugar de sostener principios e imponer su autoridad, se sienta a "negociar" las exigencias sindicales para que de "buena manera" acepten acatar una ley a medias y paren sus fechorías.

Las autoridades, al obligar a los ciudadanos al cumplimento de la ley, ejercen una importante función no escrita en sus deberes y obligaciones: la de ser "educadores cívicos" en el respeto a la ley y al derecho ajeno.

Cabe mencionar que, así como un padre que usa su fuerza física para levantar del piso a un hijo berrinchudo no puede ser acusado de abuso infantil, de la misma manera, un gobierno que usa la fuerza pública para levantar de una plaza o de una avenida pública a ciudadanos corajudos, no puede ser acusado de represor.

Los castigos y las reprimendas no son agradables para nadie, pero son necesarias y son parte de la formación del carácter de una persona o de una nación.

"Patos tirándole a las escopetas", parece ser el mal de nuestra época. El mundo al revés. Autoridad, respeto y miedos invertidos. Padres temerosos de aplicar principios a los hijos y gobiernos temerosos de aplicar la ley a los ciudadanos.

Por eso cada día, con más frecuencia, vemos por un lado a padres lidiando con niños igualados y beligerantes a más no poder, y por otro, a presidentes municipales, gobernadores y secretarios de estado "negociando" con niños-ciudadanos agresivos y maleducados que, con todo el descaro, cinismo e impunidad del mundo pasan por encima de las leyes, afectando los derechos, tranquilidad y patrimonio de todos.

Por eso también tenemos "niños-macheteros" parando la construcción de un aeropuerto (Atenco); "niños-maestros" negándose a estudiar y pasar exámenes y si no obtienen lo que quieren patalean en la calle, destruyen mobiliario y bloquean calles y avenidas (CNTE); "niños-policías" jugando a ser ladrones (funcionarios públicos) y "niños-ladrones" jugando a ser policías (autodefensas).

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 7 de agosto de 2014).

No deja de resultar paradójico, extraño, que la CNTE y otros grupos puedan una y otra vez realizar acciones que no pueden calificarse más que de vandálicas, y que van desde secuestrar, tomar rehenes, bloquear carreteras o aeropuertos, ocupar oficinas públicas o privadas o simplemente saquearlas, todo con lujo de violencia, y nunca resulten acusados de nada. Esa impunidad es la que genera más violencia y la convierte en una suerte de derecho adquirido que los pone por encima del resto de la ciudadanía, esa que debe hacerse responsable de sus actos.

Y no hablemos de los policías. Hubo una época en que en este país pocas cosas eran peores que la extorsión o la represión policial. Hoy, se tenga o no simpatía por la institución policial, son los que se llevan un día sí y el otro también madrizas tanto mediáticas como muy terrenales, y no existe prácticamente sector, personaje o grupo político alguno, incluyendo los gobiernos de los que dependen, sean el federal o los locales, que salga en defensa de sus derechos.

Algo similar ocurre con el caso del niño que murió en un bloqueo carretero en Puebla. No existe una sola prueba documental que indique que el niño murió por efecto de una bala de goma como dicen los líderes del movimiento de protesta. Al contrario, todos los estudios periciales (realizados en México y por especialistas del FBI) indican que murió a causa de uno de los proyectiles que lanzaban los manifestantes, con armas artesanales que se han hecho cosa de todos los días, entre estos grupos, desde Atenco, en el 2002-03 y la toma de Oaxaca en el 2006. No sólo eso: hay pruebas documentales de que la policía poblana, haya actuado bien o mal en términos operativos (se dejaron rebasar en muchos momentos por los manifestantes), no tiene, no cuenta, con balas de goma en su arsenal, además no existe un solo video, una sola prueba documental que lo demuestre. Los grupos que encabeza la diputada Roxana Luna, son los que aparecen en los videos disparando, agrediendo, enviando a 49 policías al hospital. Pero libran la batalla mediática, como en Atenco o el DF.

No se trata de defender la represión, en Puebla o en Oaxaca, Michoacán, el Estado de México o el DF. Se trata de comprobar que más allá de capacidades operativas, en todas estas entidades, y en muchas otras, la norma es que casi siempre, ante manifestaciones violentas, los que terminan agredidos son los policías, y los que exhiben carnet de impunidad son los agresores. Y eso se aplica a Oaxaca, Atenco, la Ciudad de México, Chilpancingo o Morelia. Son grupos que actúan con la misma lógica, el mismo sistema de operación, con las mismas “armas” e incluso atuendos (pañuelos, máscaras, mochilas) y que una y otra vez, exigen que se respeten sus derechos... de ejercer la violencia con impunidad. Y últimamente casi siempre lo logran.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 6 de agosto de 2014).

Lo que sí es palpable es el cúmulo de trabajo que deben atender los tribunales locales que supera, y con mucho, las recomendaciones internacionales, es decir, los organismos revisores daae la competitividad, calidad de vida e inversión productiva en el mundo, sugieren un número estandarizado de expedientes para cada tribunal, límite sugerido que en Jalisco se supera en cuatro y hasta cinco tantos dependiendo de la materia.

En pocas palabras, hay un fuerte exceso de juicios que supera la capacidad física de la infraestructura judicial, problema añejo que no ha sido posible resolver y que sin duda afecta la inversión productiva y la competitividad pero especialmente a la ciudadanía jalisciense.

Ciertamente con las recientes reformas constitucionales se está apostando a los juicios orales como la herramienta que en un mediano plazo libere las fuertes cargas de trabajo, dé celeridad a la justicia y contribuya a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales, sin que deba perderse de vista que la oralidad tiene significativos avances en materia penal, pero no así en otras materias que también atienden grandes cargas laborales.

Más allá de ello, se puede percibir como origen común de los problemas a la falta de planeación del poder judicial que no le permite crear oportunamente los juzgados y salas que hacen falta para atender la necesidad de justicia en determinadas materias o en regiones que vienen creciendo sin detenimiento, pero no lo hace porque no son atendidos los proyectos que acorde a la Constitución deben incorporarse al proyecto de presupuesto que se presenta a la consideración de los poderes ejecutivo y legislativo, quienes han destinado al poder judicial en los últimos 10 años un presupuesto apenas actualizado con el índice inflacionario publicado anualmente por el Banco de México.

[Además toda la lana se la gastan en salarios y prestaciones para jueces y magistrados - el webmaster.]

En Jalisco, como sucede en la gran mayoría de las entidades federativas, la falta de recursos para la planeación del desarrollo de la administración de justicia y la dependencia absoluta del subsidio oficial vía presupuesto, representa tácitamente una violación al principio constitucional de la división de poderes.

Celso Rodríguez González
(v.pág.13-A del periódico El Informador del 4 de agosto de 2014).

“El sistema con el que se elige a los magistrados ha sido rebasado por la realidad. Ya están obsoletos los criterios. Básicamente es un reparto de cuotas entre partidos políticos que no abona a la profesionalización del poder judicial: con que envejezcas 10 años y tengas un título de abogado, con eso puedes ser magistrado”, señala Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la UdeG.

En Jalisco, los magistrados son electos por el congreso y los requisitos para ser designado son: tener título de abogado, 10 años de experiencia y al menos 35 años cumplidos.

Los datos a nivel estatal muestran que el poder judicial no es capaz de responder a la demanda por justicia de la sociedad. Según los datos que otorga el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de su Censo de Impartición de Justicia Estatal, el número de sentencias (condenatorias y absolutorias) pasó de 9,599 en 2009 a 9,924 en 2012, lo que implica un crecimiento muy pequeño de 3.3% en 4 años.

Según la Encuesta de Victimización de 2013, la tasa en este rubro en Jalisco pasó de 29,351 a más de 49,000 por cada 100,000 habitantes. Esto quiere decir que mientras los delitos crecen en términos absolutos y que la tasa de no denuncia en Jalisco es la 4a. más alta del país al superar 80%, los procesos que llegan a sentencia se mantienen prácticamente igual desde 2009. Eso sí, 8 de cada 10 procesos iniciados en averiguación previa culminan con la culpabilidad del acusado.

Y no es un tema sólo de recursos. De 2009 a 2012, la Procuraduría del Estado (hoy la Fiscalía General) vio crecer su presupuesto de 1,021 millones a 1,415 millones de pesos. Un incremento nada despreciable de 40%. En el caso del poder judicial, el incremento pasó de 793 millones de pesos a 919 millones, un aumento de 24%.

En este sentido, para Guillermo Zepeda Lecuona, especialista en seguridad pública del ITESO, aunque en teoría el método para elegir a los magistrados responde a la división de poderes y a los contrapesos institucionales, en la práctica no se dan los mejores resultados. “Diría que sí (las cuotas impactan a la eficacia de la justicia) ya que llegan los perfiles más partidizados, porque muchas veces la dinámica entre partidos lleva a que estos veten a las primeras opciones de otros partidos y quedan los segundos que no cumplen con el perfil”.

(V.primera plana del periódico El Informador del 31 de julio de 2014).

Elementos de Seguridad Pública del Distrito Federal detuvieron una caravana de taxistas que pretendía llegar al Zócalo para protestar contra el "Hoy no circula", a la altura de Calzada Vallejo, esquina con la calle Clave, en el norte de la capital del país. Aunque los agentes policiacos no permitieron el avance del contingente, la vialidad fue cerrada.

Durante junio y julio los choferes de los coches de alquiler se han manifestado contra la nueva disposición "ecológica" del Gobierno de D.F., que resta días para la circulación a sus unidades. Otros transportistas también rechazan la medida implementada por la administración, porque impacta sus ingresos económicos.

(V.pág.12-A del periódico El Informador del 31 de julio de 2014).

A pesar de que el jueves 24 se firmó un acuerdo interinstitucional para dar solución al problema de fuertes olores en Tonalá generados por la empresa Apelsa, vecinos afectados por éstos se manifestaron la tarde del lunes y bloquearon el nuevo Periférico, ocasionando fuerte congestión vial en avenidas y calles de las colonias San Gaspar, Los Conejos y Zalatitán, principalmente.

Los automovilistas bajaron de sus vehículos para confrontar a los manifestantes.

A decir de Leonardo García, uno de los vecinos que enarbolan la batalla contra las molestias que les genera la empresa, a pesar del acuerdo que incluso él presenció, los afectados decidieron hacerse presentes en las calles para expresar su rechazo a Apelsa, ya que el problema con ellos data de décadas.

La empresa Apelsa entró al municipio hace 43 años, sin embargo, comenzó a generar problemas cuando la mancha urbana se extendió hacia la ubicación de la compañía. Se estaría reubicando en aproximadamente un mes, según el Ayuntamiento de Tonalá.

Según testimonios de García y los mismos vecinos, la empresa dedicada a la incineración de residuos de origen animal -cuerpos, huesos, sangre de rastro, entre otros- genera olores intensos que afectan la calidad de vida de colonias enteras, pues a quienes viven ahí les impide realizar actividades al aire libre, comer, tender su ropa o incluso dormir.

"Esa compañía está trayendo esas vísceras a incinerar aquí de Aguascalientes y Zacatecas, el problema es que durante 43 años la gente se enferma, los que vivimos cerca. Pero la gente ha tenido miedo de manifestarse por miedo de una represalia. Ahorita la gente ya no aguanta", relató García.

"Es un olor insoportable, al grado que no puedes comer, estás dormido a las tres de la mañana y tienes que despertarte. A la hora que se les pega la gana incineran, días festivos, domingo. Tienes que cerrar rápido las ventanas las puertas porque se mete el olor, es un olor a perro muerto", agrega.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 29 de julio de 2014).

La ciudad de México fue ayer una vez más víctima de movilizaciones y plantones. Organizaciones como el Congreso Agrario Permanente, la Central Campesina Cardenista, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y El Barzón protestaron por la Reforma Energética diciendo que ésta permitirá que se despoje a los campesinos de sus tierras. Las afectaciones a los ciudadanos fueron enormes. Los usuarios del Metrobús, por ejemplo, tuvieron que caminar kilómetros debido a un prolongado plantón sobre Insurgentes y Reforma.

La avenida Bucareli, cerca de la Secretaría de Gobernación, está cerrada desde hace días por un plantón. La vía ha sido bloqueada tantas veces que ha perdido buena parte de su actividad económica. Por otra parte, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas realizó protestas en contra del Hoy no Circula y del uso de remolques dobles. Los barzonistas tomaron las entradas de la Secretaría de la Comunicaciones y Transportes e impidieron el ingreso de los empleados. 2,500 policías capitalinos hicieron acto de presencia, pero no para apoyar a los ciudadanos sino para cuidar a los manifestantes.

En Oaxaca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha tomado el centro de la ciudad desde hace días y ha bloqueado centros comerciales y tiendas de autoservicio para impedir que los trabajadores puedan entrar o los clientes realizar compras. El bloqueo de la Autopista del Sol en Chilpancingo se ha convertido en una experiencia habitual. La autopista de Ciudad Obregón a Guaymas, que continúa a Nogales y a Estados Unidos, crucial para las exportaciones de hortalizas de Sinaloa, fue cerrada de manera intermitente durante meses por agricultores del sur de Sonora.

Los bloqueos de vías de comunicación se han convertido en una realidad cotidiana en nuestro país. La industria de la protesta, subsidiada con dinero de los contribuyentes, es cada vez más competida. Aumentan constantemente los grupos que organizan protestas para obtener dinero y tratos especiales de los órdenes de gobierno. Como ya nadie presta atención a una simple marcha, los grupos de poder han optado por agredir a los ciudadanos para destacarse. Esto ha hecho que los bloqueos se vuelven cada vez más comunes.

Los líderes afirman que el bloqueo de una vía de comunicación o de un centro comercial es una manera legítima de protestar. Incluso la violencia la consideran una forma de libertad de expresión. Gonzalo Rivas, trabajador de una gasolinera de Chilpancingo, perdió la vida después de que un grupo de normalistas en un bloqueo le prendió fuego a la gasolinera en diciembre de 2011. Las autoridades y la Comisión Nacional de Derechos Humanos procedieron contra los funcionarios que realizaron el desalojo del bloqueo, pero no se preocuparon por la muerte del empleado... No era manifestante.

Tribunales y comisiones de derechos humanos han ratificado una y otra vez que los ciudadanos mexicanos no tienen ningún derecho ante los manifestantes. Se ha ido estableciendo una jurisprudencia informal según la cual en México cualquiera puede bloquear la vía de comunicación que se le antoje. Si una autoridad pretende evitarlo, se le sanciona.

Se nos dice que esto es necesario para preservar la libertad de expresión y de manifestación, pero en los países democráticos las cosas son distintas. Todo el mundo tiene derecho a protestar, mas no a cerrar vías de comunicación. En esas naciones se mantiene el principio de que protestar es legal, pero no afectar el derecho a utilizar las vías de comunicación. Quizá algún día podamos también tener un país en que se respete el derecho de los ciudadanos a circular.

Curioso. Las organizaciones campesinas protestan por la nueva figura de "ocupación temporal" de la Reforma Energética, que dicen afecta sus "derechos de propiedad", pero nunca lo hicieron con la ley anterior que expropiaba automáticamente cualquier predio con hidrocarburos. El verdadero despojo era el de antes.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Torreón en línea del 24 de julio de 2014).

Puede estar distorsionada una impresión cuando se confronta con la cruda realidad. Por ejemplo la terrible muerte de un niño en un bloqueo carretero en medio de un enfrentamiento en Puebla, cuando se asegura que murió por disparos policiales de bala de goma, pero resulta que existe constancia de que las fuerzas de seguridad en ese estado no tienen balas de goma en su equipamiento y los partes médicos aseguran que el niño murió por un petardo que era lo que lanzaban los manifestantes.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 21 de julio de 2014).

Ya sea en materia económica o en la provisión de servicios, en el tema de niños migrantes o en el incendio de la Guardería ABC, detrás subyace una probada incapacidad del Estado Mexicano, sobre todo a nivel local y estatal, para supervisar adecuadamente. Por décadas, se construyó un Estado Mexicano que es simplemente un “gigante con pies de barro”: grandote, extenso, con ramificaciones y leviatanesco, pero que en la práctica se encuentra desprovisto de alcances para asegurar que albergues como el de “Mamá Rosa” cumplan con las especificaciones en materia de salubridad y se respete de fondo la dignidad de las personas que viven ese recinto. En gran medida, por eso mismo podemos explicar el fracaso de muchas de las reformas de apertura económica de los últimos 30 años: el Estado no puede regular y las intenciones detrás de las reformas quedan pervertidas en monopolios, oligopolios o mercados cerrados. No es sorpresa para nadie afirmar que el Estado Mexicano vivió históricamente de muchos pactos en los que ofrecía impunidad a organizaciones de la sociedad civil, empresarios o activistas ciudadanos, pero a cambio exigía la lealtad política.

Enrique Toussaint
(v.pág.3-B del periódico El Informador del 20 de julio de 2014).

Lamentablemente en Jalisco no hay mucho que celebrar en el mundo del Derecho, la corrupción e ignorancia en muchos de sus órganos de impartición de justicia crece exponencialmente.

Afortunadamente en el juicio de amparo aún se corrigen muchas sentencias, máxime con los nuevos criterios derivados de la estricta tutela de los derechos humanos, aunado a que los magistrados federales conocen mejor el Derecho y son mucho menos propensos a la corrupción, fenómeno que antes casi no se daba a nivel federal y no tan común como se presenta últimamente en el fuero estatal, por lo que muchos abogados estamos hartos de sentencias ilegales, cuando una de las razones de existencia de un Estado es una tutela judicial efectiva. Este alto grado de corrupción le dio a Jalisco el deshonroso 7o. lugar entre las entidades más corruptas de acuerdo al INEGI.

Héctor A.Romero Fierro
(v.pág.25 del periódico Milenio Jalisco del 18 de julio de 2014).

El Consejo de la Judicatura Federal denunció ante la PGR a 2 magistrados -suspendidos sin goce de sueldo- por probable enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y actuación indebida en la integración y resolución de juicios de amparo.

Se trata de los magistrados Jesús Guadalupe Luna Altamirano y Jorge Figueroa, quienes juntos obtuvieron -en 8 años- ingresos irregulares por alrededor de 26 millones de pesos; incluso utilizaron como prestanombres a sus familiares para evitar ser detectados.

(V.pág.13-A del periódico El Informador del 15 de julio de 2014).

Como una medida de protesta para solicitar la liberación del ex líder de las autodefensas José Manuel Mireles, y de los grupos que lideraba, familiares de los elementos de autodefensas de La Mira realizaron un bloqueo en la carretera interestatal que conecta Apatzingán con Buena Vista Tomatlán-La Ruana y Cuatro Caminos.

La Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo anunció que debido al bloqueo se vieron obligados a suspender las corridas de autobuses que estaban programadas a la zona de Tierra Caliente, en Michoacán.

(V.pág.14-A del periódico El Informador del 15 de julio de 2014).

La capital pasó de una policía con niveles de corrupción y criminalidad atroces a una ineficiente y más bien derrotada que lidia con una ciudadanía que mayoritariamente la desprecia. En medio de eso, abdicó de la responsabilidad de regular el tráfico con la aplicación del reglamento.

Fue en algún momento del sexenio de López Obrador que se tomó la decisión de que la mejor receta para evitar la corrupción cotidiana, la mordida, era que simplemente se acabara esa interacción entre ciudadano y policía de tránsito. Los números de infracciones por faltas a vehículos en movimiento bajaron dramáticamente en esos años. Se terminaron divisiones enteras de la policía como los gruyeros, de los más transas. La misma medida se tomó respecto a los exámenes para obtener una licencia -se acabaron- y se expidieron licencias permanentes. No sabemos quién o cómo manejan los que manejan, pero no hay corrupción en esas oficinas. Durante el sexenio de Ebrard se intentó recuperar el papel de la policía y se llegaron a asignar 500 elementos "autorizados para infraccionar". Quinientos. Una gota en el océano. No tengo claro cuál es la estrategia de Miguel Ángel Mancera.

Lo que sí tengo claro es que el caos en nuestras calles es cada vez peor.

Le preguntaban ayer a mi compañero Héctor Zamarrón que si lo que quería era el regreso de los tamarindos mordelones. Y hubo un muy buen porcentaje que afirmó preferir el caos que vivimos que lidiar con la autoridad y obedecer una ley.

La idea de Héctor y sus reacciones me ayudaron a pensar de otra manera en las nuevas leyes de telecomunicaciones y en las regulaciones que hoy se discuten para regular a empresas energéticas. Porque lo que no hemos resuelto en México de manera sana es la relación entre la norma, la autoridad que la aplica y el ciudadano (o la empresa o el sindicato) que debe obedecerla o será sancionado.

Hasta hoy, la única fórmula de éxito probado sigue siendo, el que no transa no avanza.

Carlos Puig
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 11 de julio de 2014).

Tras 10 días de manifestación, civiles que mantenían bloqueado el puenta Coahuayana para exigir la liberación de José Manuel Mireles liberaron la vía sin especificar los motivos por los cuales retiraron el bloqueo.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 9 de julio de 2014).

Una parte de la corrupción existente en el actual sistema de justicia penal mexicano se deriva de la falta de ética pública con que se conducen algunos de sus funcionarios, operadores e integrantes de las agrupaciones policiacas, y otra que deriva de deficiencias en el diseño de las leyes, que en su aplicación generan o inducen a la corrupción, iniquidad e impunidad, afectando los derechos humanos de las víctimas de delitos.

Alejandro Martí, presidente de México SOS
(recibido por e-mail el 7 de julio de 2014).

En Ayutla y varios municipios del Estado de Guerrero, hastiados de la violencia cotidiana que padecen de parte de la delincuencia organizada con violaciones y amenazas, secuestros y extorsiones, se decidieron a integrar para su defensa policías comunitarias, en ausencia de un gobierno medroso que se ha negado a cumplir sus funciones, haciendo valer la fuerza institucional que la ley le otorga. El gobernador del estado, como queriendo eludir sus responsabilidades, arguye la prevalencia leguleya de usos y costumbres de la comunidad. Sin embargo, la policía comunitaria y sus tribunales populares, quiérase que no, violentan la ley, y el gobernador al no intervenir, viola la Constitución. En un solo año de vacío de autoridad, ha habido más de 100 linchamientos sin haber comparecido ningún detenido ante juez alguno. Los Tribunales Populares pronto dictarán sentencias al margen de la ley. No es concebible subordinar la acción directa del Estado al imperio de la Ley de Lynch.

Flavio Romero de Velasco
(v.Razón y Acción del 5 de julio de 2014).

Las protestas en contra del "Hoy No Circula sabatino" que implementó el Gobierno del Distrito Federal crecen día con día.

Ayer usuarios de Volkswagen Sedán cerraron la autopista México-Toluca, lo que provocó congestionamiento vial y conatos de riña con las autoridades.

El GDF pretende que los vehículos con más de 15 años de antigüedad se queden en casa una vez a la semana y 2 sábados por mes, lo que afectaría a millones de conductores. Otros inconformes bloquearon avenidas en las delegaciones Gustavo A.Madero e Ixtapalapa, por lo que hubo 8 detenidos.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 5 de julio de 2014).

Después del bloqueo de más de 4 horas de Periférico Sur del 1o.de julio, el Gobierno del Distrito Federal ofreció concesiones a los tianguistas. Una vez más se lanza la señal de que los grupos de poder pueden obtener lo que quieran si dañan a los ciudadanos.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Torreón en línea del 3 de julio de 2014).

Cuando en la escena pública advierto la presencia de alguien que esgrime armas sin tener para ello autoridad legal, eso me basta para descalificarlo automáticamente. Lo hice con el llamado subcomandante Marcos -ya no recuerdo cómo se llama ahora-; lo hice también con las sedicentes autodefensas que surgieron en Guerrero y Michoacán. Algunos espíritus románticos vieron un héroe en aquel encapuchado que según su propio dicho era sólo una botarga, y otros consideraron que quienes integraban esos grupos armados eran auténticos luchadores de la sociedad civil que salían a defender sus derechos y los de la comunidad. Ahora esas bandas, y quienes las han dirigido, son para el gobierno un forúnculo en salva sea la parte, "a pain in the ass", si me es permitido usar una locución de extranjis. Y es que la Ley no se puede cumplir apartándose de la Ley. El desdén por el orden jurídico siempre trae por consecuencia el desorden social. Quienes legitimaron a las autodefensas empiezan a ver ahora el resultado de su indebida permisión.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 3 de julio de 2014).

Zonas donde se tolera la ilegalidad no son ajenas a la realidad michoacana diseñada por el comisionado federal Alfredo Castillo. Un caso sobresaliente existe en La Ruana, donde vive Luis Antonio Torres, apodado “Simón El Americano”, que se mueve en esa comunidad del municipio de Buenavista Tomatlán en un convoy de 6 camionetas Cadillac con una escolta de unas 40 personas armadas con fusiles de asalto. “Simón El Americano” es señalado como presunto autor intelectual de al menos 2 asesinatos en el último año, y se investigan sus presuntos lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero si no sale de La Ruana, como hasta ahora, no habrá consecuencias legales en su contra.

Castillo es tolerante con los grupos paramilitares que no aceptaron su reintegración a la vida institucional como policías rurales. Ha frenado todo intento de detener a “Simón El Americano”, y lo mismo habría pasado con Mireles, que seguiría en libertad de no haber transgredido militarmente el territorio dentro del cual podía vivir en la ilegalidad. Cuáles son las razones de Castillo para mantener ese status quo extra legal, son desconocidas.

Permite la cohabitación de fuerzas irregulares ilegales, como las llamadas autodefensas, y legales, como las policías rurales, en donde incorporó a los paramilitares que aceptaron caminar dentro de la ley.

Pero este diseño no genera equilibrio, ni ha logrado bajar los índices delictivos. De hecho, desde que las autodefensas iniciaron funciones como policías rurales, los homicidios dolosos vinculados con la delincuencia organizada, se incrementaron. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron 54 de ese tipo de asesinatos en enero; 42 en febrero; 45 en marzo; 35 en abril; 77 en mayo; y 30 hasta el 15 de junio. Las cifras se dispararon en mayo, cuando comenzaron a operar las policías rurales, lo que permite plantear la hipótesis si el incremento en la violencia obedece a que Castillo, al uniformar a personas sin el entrenamiento y doctrina de la Policía Federal, entregó una especie de licencia para matar a uniformados con plaza y arma que los avala como autoridades.

La tendencia en la 1a. quincena de junio apunta a llegar a los niveles de mayo por segundo mes consecutivo, lo que de concretarse mostrará una falla profunda en el esquema de seguridad diseñado por Castillo, y desmantelará su afirmación que tras los primeros 100 días de haber emprendido la cruzada para el rescate y la pacificación de Michoacán, a finales de enero pasado, el estado está bajo control. La cifra al alza de homicidios que coincide con la llegada de sus policías rurales, sugieren lo contrario. La movilización de Mireles enseña, asimismo, la fragilidad en el esquema general, al demostrar la falta de control real sobre los rebeldes.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.13-A del periódico El Informador del 30 de junio de 2014).

Es preocupante la irrupción de grupos paramilitares que empiezan a extenderse por todo el país, vista la ineficiencia de las autoridades para otorgar justicia y seguridad a los ciudadanos. El imperio de la impunidad y la violencia es evidente; dígalo si no -a guisa de ejemplo- la saña y la barbarie en los estados de Michoacán y Guerrero, así como las manifestaciones significativas en varias partes de la república. La ciudadanía harta y medrosa, ya ha visto como con las armas en le mano y el ánimo bien dispuesto, se puede suplir el fingimiento y la renuencia de gobiernos débiles en la aplicación de la ley, y en ocasiones en contubernio con la delincuencia a la que aparentan enfrentar... Ejercer la justicia por propia mano, es un desafío abierto a los gobiernos estatales y municipales que sostienen la versión de que la violencia prevaleciente, sólo es debida a grupos criminales enfrentados entre sí... Tal perece que en México se están dando las condiciones para hacer frente a una gran paramilitarización, similar a la que padeció Colombia en los años 80.

Flavio Romero de Velasco
(v.Razón y Acción del 28 de junio de 2014).

Policías de Huixquilucan rescataron a 2 presuntos delincuentes que habían sido retenidos por pobladores del municipio de San Jacinto, quienes pretendían lincharlos.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 25 de junio de 2014).

No habrá reforma -por ambiciosa o necesaria que sea- capaz de traer desarrollo o crecimiento a México mientras nuestro país carezca de un sistema de procuración de justicia que medianamente funcione. Y de eso ya se está hablando en espacios mediáticos extranjeros.

La semana pasada Bloomberg reportó sobre este asunto en un despacho titulado Los cárteles espantan a inversionistas de gas y petróleo. "A menos de que la situación de la seguridad a lo largo de la parte Este de la Frontera mejore significativamente, es probable que pequeñas compañías se tomen un tiempo antes de lanzarse", dice en ese artículo el analista de Control Risks Dwight Dyer.

El reporte de Bloomberg, como otros previos a ese, contrasta con una línea discursiva que ha repetido en las últimas horas Peña Nieto. En Los Pinos han considerado oportuno que el mandatario publicite que los homicidios han descendido 24% durante el 1er. cuatrimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2012. El asunto es que esa cifra no representa un baremo puntual. Nadie minimiza la buena noticia de que los homicidios vayan a la baja, pero los temores de los expertos se han confirmado: el ritmo de la reducción no augura que el número de homicidios llegue a un nivel aceptable al final del sexenio. Además, la cifra no nos permite llegar a la conclusión más importante: ¿la reducción de los asesinatos significa que ha aumentado la justicia o siquiera la seguridad? Dicho en otras palabras, (un poco) menos de enfrentamientos entre criminales, y de estos con autoridades, no necesariamente nos hace ser un país más seguro. El aumento en secuestros y extorsiones nos obliga a dejar de medir la violencia sólo con estadísticas de homicidios.

La apertura energética podría traer nuevos negocios. Pero si no hay un Estado fuerte, también representaría una nueva ocasión de ganancias para los delincuentes. El gran esfuerzo de este gobierno por reformar podría ser una nueva víctima del poder de los criminales. Sin seguridad, serán menos los capitales que se arriesguen.

Salvador Camarena
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 23 de junio de 2014).

El avance político y urbano de las organizaciones civiles ha impuesto que a las protestas las acompañe el campamento. Como lo oyen: cerraron las calles con coches y camiones. Nadie sale, ni entra en coche. Así nomás, y háganle como quieran. Desde temprano me di cuenta de que en la casa de usted éramos rehenes. Con velocidad profesional pusieron un toldo enorme, amarillo por cierto. Los hilos tensos que sostienen ese techo se ataron a la barda de la Secretaría, a los mojones de un estacionamiento, a los árboles. Mide 30 metros de largo por unos 3.5 de ancho y se ha instalado a la mitad de la calle y a la mitad de nuestras vidas. Con gran adaptabilidad, los agricultores tendieron sus cobijas y dentro del toldo pequeñas casas de campaña.

Entonces pregunto: ¿porque es gente pobre puede quedarse a vivir a la mitad de la calle e impedir que usemos nuestra cochera? Se van a quedar más de 3 días aquí afuera. Nadie pone esos toldos para permanecer unas cuantas horas.

Bajo los toldos, las mujeres pusieron grandes ollas sobre hornillas de estufas a gas. Peroles con sopa de lentejas, no olía nada mal; comales donde se tiraban tortillas, ollas con frijoles. Era la hora de la comida, las 7 de la tarde, horario gringo. Los agricultores mataban el tiempo jugando cartas en una mesa, apostaban de a veinte la mano y no quise ver, pero la vi, una ánfora de bacacha para los fríos nocturnos. Un plantón en toda la forma.

No deja de sorprenderme, más que el campamento mismo, que estemos acostumbrados a esta locura urbana. Una más entre la lista demencial de escenas del manicomio en la Ciudad de México. Nos fuimos a dormir sin más contrariedades como no sea tener la calle tomada por unos señores y unas señoras que sabe Dios quiénes sean. A la mañana siguiente, cuando el viento frío esparce el engaño del amanecer, el suministro de energía eléctrica se suspendió. Así nomás: puf.

Los agricultores vienen de Puebla, Morelos, Hidalgo, Oaxaca. Pertenecen a una organización campesina, la UNTAD, no soy bueno para los acrónimos, y para el caso es lo mismo. Según me dijo uno de los jóvenes integrantes de la organización, ellos pelean por un programa de economía social y la Secretaría no les ha cumplido. No se preocupen, yo tampoco entendí.

Cumplimos 8 horas sin luz. Mi mente conspirativa asocia el plantón con la falta de luz. ¿Han intentado comunicarse a esa empresa de calidad mundial llamada Comisión Federal de Electricidad? Inténtenlo, y tenga Tafil a la mano. Sí, en 3 horas. Ajá, en 2 horas. Descuide.

Supongamos sin mala fe que se trata de una horrible coincidencia. Si un camión de la CFE tuviera que transitar por estas calles para reparar un cable de un poste, olvídenlo, seguiremos a oscuras y con carne podrida en el refrigerador.

Rafael Pérez Gay
(v.pág.17 del periódico Milenio Jalisco del 20 de junio de 2014).

Cada año hay 2,500 manifestaciones en la Ciudad de México, que equivalen a 6.8 marchas por día, o lo que es lo mismo, una cada 4 horas.

Se han dado casos en que pequeños grupos de 15 personas han cerrado el Paseo de la Reforma, sin importar cuán legítimas pudieran ser sus motivaciones. La vida cotidiana llena de incertidumbres, se hace imposible con la estrangulación de una arteria importante que genera un caos vial multiplicador… Hay marchas de todo y para todos. Políticas y económicas, sociales y particulares; con machetes y pañuelos blancos, de marginados, de campesinos y burócratas, diurnas y nocturnas. De todo y para todos…

En sólo 5 años se movilizaron en la Ciudad de México 10 millones de personas que equivalen a 5,479 protestantes por día…Hay 2,500 protestas exasperantes por año… Es preocupante la frustración de una sociedad de agravios acumulados y tolerancia decreciente… No es posible la medrosidad de diputados y senadores para hacer frente al sensible problema de las habituales marchas que afrentan a miles de ciudadanos, que pasiva y resignadamente soportan la violación y atraco a la elemental libertad de tránsito… ¿Hasta cuando?

Flavio Romero de Velasco
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de junio de 2014).

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la reunión del pasado mes de abril ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, informó que el 87% de los delitos durante el 2012 -el último año que tenían como referencia- no fueron denunciados. Lo que sí se percibe es que al denunciar, más que invertir, se pierden horas y días confiando en que las autoridades hacen lo suyo mientras, como afectados, nos quedamos en un estado de vulnerabilidad cada vez mayor.

El joven víctima de robo es un estudiante de 18 años que viajaba en el pasado martes en un camión de la ruta 51, de pronto notó que su pequeña mochila estaba más ligerita, buscó en su interior y ya no estaba su cartera. Volteó para todos lados y su mirada se topó con los ojos de una señora que se dirigían a su vez a otro pasajero. Así fue como el muchacho entendió el mensaje sobre el presunto responsable. “Dame mi cartera”, le dijo. El sujeto de no más de 35 años volteó a verlo, sonrió y como si nada, se la dio. El afectado, temblaba de coraje ante la impotencia y desfachatez de la situación. Se dirigió hacia el chofer, le explicó la situación y todos a bordo continuaron el trayecto esperando encontrar una patrulla. Y así fue. Se detuvo la unidad, bajaron para explicar lo ocurrido, de ahí partieron a las instalaciones de la policía de Zapopan en “La Curva”. Los elementos del delito eran claros para iniciar con la denuncia. Los policías advirtieron que si procedía, perdería tiempo y tendrían que llevar primero la cartera ante el juez municipal y luego continuar con el debido proceso en los juzgados de Puente Grande, claro, con todo y cartera. El joven relató después que los policías se portaron “buena onda” y le dijeron que sacara sus identificaciones, que sólo dejara los 1,300 pesos que llevaba. El miércoles fue a ratificar, el jueves 5 de junio cuando llegó a su casa se encontró con un citatorio para ir por su cartera a Puente Grande. Sí, ese mismo día, demasiado tarde. Tendría que ir a la Fiscalía a Calle 14 a buscar otro citatorio y después, comprobar -de alguna forma- que la cartera que le robaron era suya. ¿Cómo? Si sus identificaciones ya las tenía él, no tenía testigos y nadie le aseguraba recuperarla. ¿Ve por qué no denunciamos?

Gabriela Aguilar
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 10 de junio de 2014).

Por casi 3 horas, artesanos organizados en un sector que agrupa Salvador Cabrera, identificado como líder de ambulantes del "centro histórico", cerraron las avenidas Hidalgo y 16 de septiembre desde las 15:00 horas hasta cerca de las 18:00 horas.

La autoridad municipal se presentó con policías acompañados de inspectores municipales. En el arroyo vehicular, un uniformado les pidió que su manifestación la trasladarán a las banquetas.

Elizabeth Lázaro, vocera de los artesanos, se mostró firme en su petición: regresar a trabajar a la zona de juzgados, a un costado del Teatro Degollado. Por su parte, las autoridades municipales les ofrecieron espacio en Las Nueve Esquinas, el Andador Colón, el Parque Revolución o los banquetones de Avenida Revolución.

Durante la negociación, personal de la Secretaría General sacó una mesa a la banqueta. La condición que planteó la autoridad fue liberar la calle para poder platicar. Los manifestantes antepusieron una nueva consigna: retirar las vallas que tienen cercado el palacio municipal desde la semana pasada.

Tras esta última negociación infructuosa, los policías municipales se dispusieron al contacto. Salieron en una fila y encapsularon a los manifestantes. Los empujaron hasta el cansancio y los sacaron de las vialidades.

Las avenidas fueron reabiertas al instante. Una vez que se contuvo de forma al grupo sobre Plaza Guadalajara, elementos de Seguridad Ciudadana fueron agredidos por algunos de los manifestantes, resultando tres mujeres policías lesionadas.

(V.primera plana del periódico El Informador del 10 de junio de 2014).

No fue hasta que el grupo de artesanos se plantó en el cruce de avenida Hidalgo con 16 de Septiembre cuando recibieron la atención de las autoridades. Mari, acompañada de otras cuatro compañeras, entró al Palacio Municipal para dialogar con personal del Ayuntamiento de Guadalajara sobre el futuro de sus comercios. Después de casi media hora llena de gritos de "¡Queremos solución, no represión", la mujer salió en compañía de las otras artesanas para plantearles la resolución a su grupo: reubicación.

Las 9 Esquinas fue el nuevo destino elegido por las autoridades municipales para trasladar a los artesanos indígenas con su mercancía. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida entre los comerciantes. "Ahí no hay nadie" explicó Mari, "ya hemos estado ahí otras veces y no hay clientes, no hay turistas".

El grupo se rehusó a aceptar la nueva ubicación y decidió continuar con el plantón al Ayuntamiento. Desbloqueó la calle de Hidalgo, pero volvieron a sus antiguar posiciones fuera del palacio a la espera de una nueva resolución por parte de las autoridades.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 7 de junio de 2014).

Descubrir y encontrar culpables, es una cosa; fabricarlos…., otra muy diferente. Para lo primero se requiere ciencia y paciencia. Para lo segundo, basta y sobra con una buena dosis de cinismo y mala leche.

Caso concreto: a los pocos días de la trifulca del sábado 22 de marzo en el Estadio Jalisco, en ocasión del “clásico” Atlas-Guadalajara, las autoridades policiacas se anotaron una diana al notificar a la opinión pública la detención de ocho presuntos responsables de los hechos que indignaron lo mismo a aficionados al futbol que a legos en la materia. La reprobación a la brutalidad con que varios “barristas” del Guadalajara agredieron a los policías que se apersonaron en la tribuna a raíz de que los primeros encendieron bengalas y las arrojaron al público, fue unánime. La aprobación por la diligencia con que actuaron las fuerzas del orden para atrapar a algunos forajidos la misma noche de los hechos, y la eficiencia con que consiguieron identificar y detener a otros, a partir de los videos de la trifulca, lo mismo… Vaya: hasta quedó la sensación de que en Guadalajara había policía “de Primer Mundo”.

Al paso del tiempo, empero, quedó en claro que no podía ser verdad tanta belleza. Primero se comprobó la inocencia de uno de los inculpados; y lo más grave: que los policías que lo detuvieron, fueron lo suficientemente perversos para conseguir una gorra como la que portaba uno de los protagonistas de la gresca, y se la colocaron para “demostrar” la culpabilidad del indiciado… y su propia pericia, por supuesto. Luego la semana pasada apenas: más de 2 meses después de los hechos-, un peritaje antropométrico (realizado por el experto Alfredo Rodríguez García) demostró la inocencia de otro inculpado: un joven al que los policías detuvieron esa misma noche, muy lejos del Estadio (en Revolución y la Calzada Olímpica), y le pusieron una camiseta de las “Chivas” para inculparlo.

Al margen de la injusticia perpetrada en contra de 2 inocentes -a los que se deja en libertad, días o hasta meses después de su captura, tras el consabido “usted dispense”-, está la tibieza de las sanciones contra los policías que incurrieron en una bajeza, primero, y en una traición a su compromiso social, después, como si el reconocimiento que es de justicia abonarles por la detención de varios presuntos culpables, atenuara la infamia de haber tratado de cubrirse de gloria “fabricando” culpables.

Jaime García Elías
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 3 de junio de 2014).

Un grupo de manifestantes conocidos como repecos (por régimen de pequeños contribuyentes) protestaron afuera de la Presidencia Municipal de Guadalajara, para exigir su reincorporación a ese régimen fiscal. La vialidad se vio interrumpida en el cruce de las avenidas Hidalgo y 16 de Septiembre.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 3 de junio de 2014).

El 29 de mayo un hombre fue asesinado en una unidad de transporte público en el Distrito Federal, el asesino huyó tranquilamente, los testigos afirman que no le vieron el rostro, está libre e impune, lo más impactante es que no fue un pasajero, fue un delincuente.

Dos hombres subieron a asaltar la unidad, surgió un “héroe”, mató a uno, el otro fue golpeado y sometido por los pasajeros y fue entregado en bandeja de plata a la policía, ahora ese hombre es un asesino al que nadie acusa puesto que hizo “justicia”.

Lo más importante es que una persona se convirtió en juez, jurado y verdugo de otra, sin burocracia ni corrupción, después de todo lo vivido en nuestro país esta persona sólo encontró una opción para combatir la inseguridad, estar dispuesto a matar y morir, es un hecho lamentable que la falta de confianza en la autoridad, debido a su falta de eficiencia, logre que la justicia pase a ser de “ojo por ojo” y que tengas que convertirte en eso que deseas enfrentar para erradicarlo, un delincuente o un asesino, lo más triste es que hay quienes confiamos en que se hizo “justicia”.

Ismael Arroyo Ledezma
(v.pág.2 "correo-e" de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 2 de junio de 2014).

Desde el auge de los casinos comenzó a denunciarse la relación corrupta de algunos dueños con algunos jueces y magistrados, lo que se ignoró.

Por años se documentó la ilegalidad con la que actuaba el llamado zar de los casinos, Juan José Rojas Cardona, quien durante el sexenio pasado obtuvo de la Secretaría de Gobernación permisos que duplicó, y abrió casas de juego sin autorización, lo que le fue tolerado por la autoridad y legalizado por jueces y magistrados.

Al llegar Miguel Ángel Osorio Chong a la Secretaría de Gobernación, el 1 de diciembre de 2012, de lo 1o. que hizo fue revisar el tema de los casinos, donde encontró un tiradero.

Le llevó más de un año reconstruir lo que quienes se fueron destruyeron para borrar evidencias.

De la mano con la revisión de los permisos de los casinos, se revisó la actuación de jueces y magistrados con los que creó una estructura de corrupción.

Así cayeron dos magistrados; Eduardo Ochoa Torres, presidente del 3er. Tribunal Colegiado en Materia Civil, en Monterrey, y José Manuel Rodríguez Puerto, del primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en Tamaulipas. Corrieron la misma, mala, suerte, varios secretarios de juzgados de distrito y ayer se conoció la denuncia del Consejo de la Judicatura Federal contra el juez 3o. en Materia Administrativa con sede en Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, y 3 de sus secretarios, que ya habían sido suspendidos, por favorecer, a través de sobornos, a la misma empresa casinera de Rojas Cardona, investigación ésta que inició en 2011.

Estos casos confirman que en los casinos hay rachas de buena suerte y a éstos se les acabó, irán a la cárcel.

La pregunta es ¿y los demás, incluido el dueño del negocio?

Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 30 de mayo de 2014).

Se va haciendo costumbre. Este 27 de mayo 2 policías del Estado de México fueron asesinados y tres quedaron gravemente heridos tras un linchamiento en Tlalamac, en el municipio mexiquense de Atlautla. Los policías habían matado y herido a dos presuntos talamontes que buscaban evadirse de un operativo de Probosque. Un grupo de pobladores secuestró a los policías y los golpeó hasta causar la muerte a 2 y dejar a los otros 3 gravemente heridos.

Unos días antes, el 22 de mayo, un centenar de policías fueron lesionados en un operativo en San Bartolo Ameyalco, en la ciudad de México, que buscaba proteger la realización de una obra hidráulica. 5 de los policías quedaron heridos de gravedad. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Rodríguez Almeida, calificó el acto de "brutalidad ciudadana".

Los casos de ataques y linchamientos de policías son cada vez más frecuentes. Uno de los más dramáticos de los últimos años fue el linchamiento de 3 policías federales de investigación en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, en 2004. 2 fueron quemados vivos y uno quedó gravemente herido. El entonces secretario de seguridad pública capitalino, Marcelo Ebrard, fue destituido por el presidente Vicente Fox por supuestamente no haber actuado de manera oportuna.

Algunos ven los linchamientos como algo normal e incluso deseable. En junio de 2001 el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al linchamiento de un presunto ladrón de imágenes religiosas en Santa Magdalena Petlacalco, Tlalpan, de la manera siguiente: "Con las tradiciones de un pueblo, con sus creencias, vale más no meterse. Es parte de la cultura y creencias de los pueblos originarios, que representan al México que no termina por irse, el México profundo".

La excusa del México profundo ha sido común para justificar la inacción de las autoridades ante los linchamientos.

La mayoría de los linchamientos en México quedan impune, especialmente los de policías. La saña en estos casos es enorme. Nadie que vea el video de un linchamiento puede quedar tranquilo. Pero la autoridad teme sancionar a quienes cometen delitos al amparo de una turba o grupo político.

Los linchamientos son producto en parte de un Estado que gasta dinero a manos llenas en programas superfluos, subsidios y burocracias, pero que falla en su mandato más importante: garantizar la seguridad de los gobernados. Otro factor es la falta de respeto y legitimidad de la autoridad; de nada han servido las sistemáticas campañas de radio y televisión en que gobierno y legisladores afirman estar trabajando con eficiencia para los gobernados. Quizá el factor principal que promueve los linchamientos, particularmente contra los policías, es, sin embargo, la impunidad. En otros países las agresiones a policías se castigan más severamente que otras; en México agredir a un policía se premia con notoriedad social sin que se reciba ningún castigo.

Si no cambia la actuación de la autoridad seguiremos teniendo linchamientos, especialmente de policías. Los comandantes deberían advertir a sus subalternos antes de mandarlos a un operativo que podrán ser torturados y asesinados sin que nadie pueda defenderlos o castigar a quienes los agreden.

Sólo un presunto responsable ha sido detenido por el linchamiento de 5 policías en Tlalamac pese a que muchos otros han sido identificados. "Ayer las condiciones no estaban para complicar las cosas", explicó el secretario de seguridad mexiquense Damián Canales.

Sergio Sarmiento
(v.periódico El Siglo de Torreón en línea del 29 de mayo de 2014).

Con la tolerancia de la autoridad desde hace varias administraciones, cientos de miles de propietarios de vehículos fallan en sus obligaciones e incumplen las leyes, principalmente por omitir el pago del refrendo, la verificación y la contratación de una póliza de seguro.

De un parque de 3 millones de vehículos en Jalisco, 1.5 millones no pagaron a tiempo su refrendo 2014 en el periodo enero-marzo y están en la situación de que se les puede aplicar una multa por 1,077 pesos; sin embargo, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas sólo prevé que 303,814 propietarios se pongan al corriente, por lo que ya inició una estrategia escalonada de requerimientos.

“Esa cifra de 1.5 millones de morosos no es real porque el padrón es de hace 30 años (acumulado) y muchos ya no están en sus domicilios”, explica Jaime Cervantes, director de Ingresos, “muchos contribuyentes tienen adeudos por más de 8 años, entonces esos ya se fueron del estado y no generaremos el requerimiento por cuestiones de administración… sólo vamos contra los que sabemos que están vigentes y esos son los 303,814”.

Hay un padrón poco confiable porque nunca se exigió un comprobante de domicilio para facilitar el pago del refrendo [¿Será porque el comprobante de pago lo enviaban a domicilio y eso era más que suficiente? - pregunta el webamster]. Por eso el Congreso de Jalisco aprobó reformas hacendarias y los contribuyentes que no avisen los cambios de propietario o de domicilio serán sancionados hasta con 3,350 pesos. “Tienen 30 días para hacer esos cambios”. Con ésta y otras medidas, se prevé en 2015 un padrón más confiable.

La multa por no pagar a tiempo el refrendo se aplicaba en junio, pero este año se recorrió el plazo a marzo “con fines recaudatorios”.

La morosidad en el pago del refrendo no es la única falla: apenas 749,000 vehículos tienen una póliza de seguro. La omisión es grave en el momento que 2 unidades participan en un accidente y ninguna tiene cobertura, sobre todo si hay lesionados o muertes. “Antes, para tramitar un refrendo se exigía como requisito una póliza de seguro, pero se hizo una reforma porque era inoperante; los pagos se podían hacer en otros lugares, como bancos. Hoy no obstaculizaremos el pago del refrendo, la nueva legislación ya no lo exige. Lo mismo ocurre con la verificación vehicular, no se pide cuando se paga el refrendo porque sería un juego de fastidio para el ciudadano”.

La legislación señala que los vehículos sin seguro para daños a terceros deben ser multados con cerca de 2,000 pesos, equivalente al costo de este seguro, pero 74% circula tranquilamente.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros apunta que los que carecen de seguro se enfrentan a un gasto promedio de hasta 25,000 pesos por accidente, puede dispararse en caso de ocasionar alguna muerte.

Sólo 792,000 vehículos cerraron 2013 con el holograma vigente de verificación. La Secretaría de Medio Ambiente trabaja en la modificación del programa.

(V.primera plana y pág.2-A del periódico El Informador del 26 de mayo de 2014).

Miles de automovilistas adeudan 1'047,763 folios al Gobierno del Estado de Jalisco por infringir normas viales, esto en los últimos 5 años y casi 5 meses.

Los folios por incumplir las normas de tránsito, aplicados a los automovilistas por parte de la Secretaría de Movilidad de 2009 a lo que va de mayo de 2014, suman 5'474,132, de los cuales alrededor de 2 de cada 10 (19.1%) están pendientes de pago por parte de los conductores.

(V.primera plana del periódico El Informador del 24 de mayo de 2014).

Una larga jornada de tensión, conflicto y prolongadas negociaciones se saldó anoche con el acuerdo oficial para que los comerciantes afectados por el incendio del Mercado Corona se instalen en la calle Zaragoza.

Mientras las negociaciones se prolongaban, ya por la tarde, grupos de comerciantes del Corona incluso bloquearon durante unos minutos el cruce de Hidalgo y Alcalde-16 de Septiembre, y otros amenazaron con instalarse a la fuerza en Zaragoza, donde hubo momentos de conflicto verbal con los vendedores establecidos.

(V.primera plana del periódico El Informador del 23 de mayo de 2014).

De entrada hay que reconocer que en una marcha o bloqueo siempre hay 2 derechos que se contraponen. No hay remedio; si unos deciden hacer uso del derecho a la libre manifestación, afectarán a muchos que apelan al libre tránsito. La postura desde la izquierda tiende a ser a privilegiar el primero, mientras que la derecha busca conservar el segundo. Pero eso no es universal ni permanente: cuando la izquierda gobierna tiende a acotar la manifestación -ahí está el Gobierno de Brasil como muestra-, y cuando la derecha quiere hacerse oír acude a la manifestación y el bloqueo de calles olvidando sus propios principios y argumentos.

Partamos, pues, del hecho de que ningún derecho es superior al otro, y que no puede ser el número de manifestantes ni de afectados lo que privilegie cuál es superior: el mismo derecho tienen los cientos de miles de romeros de la Virgen de Zapopan a bloquear 8 kilómetros de avenida durante 8 horas, que los artesanos de la Plaza Tapatía, falsos o verdaderos, a cerrar Hidalgo. El mismo derecho tiene un ciudadano a quejarse porque le cierren una calle por un acto del presidente o el gobernador, que por una manifestación de “repecos” (régimen fiscal de pequeño comercio) acarreados por un líder. A mí, como transeúnte, me da el mismo coraje si la razón por la que no puedo circular es Peña Nieto o los maestros de Atequiza.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 21 de mayo de 2014).

En Monterrey fue detenido Juan Andrés Amaya, sicario de los Zetas involucrado en varios asesinatos y secuestros. Pero este joven, de apenas 20 años, ya había sido detenido en 2011, siendo ya, a los 16 años, sicario de ese grupo criminal. Pero como era menor de edad, las autoridades judiciales decidieron dejarlo en libertad. Dos años después, en 2013, volvió a ser detenido. Se le dio una sentencia durísima: 36 años de prisión… pero unos meses después un tribunal colegiado decidió dejarlo en libertad aduciendo errores de procedimiento en su captura. Esta semana, por 3a. ocasión, el sicario Amaya ha sido detenido, acusado ahora de varios crímenes, y habrá que ver si ahora sí cumplirá alguna condena.

El lunes también fue asesinado un hombre identificado como César Alberto Acosta Chairez, presunto sicario del capo del narcotráfico Joaquín el “Chapo” Guzmán. Acosta, de 31 años, fue ejecutado cuando luego de una persecución por las calles de Culiacán, el vocho color blanco sin placas de circulación con el que se trasladaba, se incrustó a la entrada de un centro comercial.

Pero no era la primera vez que este hombre estaba en las noticias. Ya había sido arrestado en 2005 en el Puerto de Mazatlán y tenía órdenes de aprehensión en su contra en Culiacán. Nunca se supo porqué fue dejado en libertad. Se dice incluso que en un importante operativo volvió a ser detenido, junto con varios otros sicarios, y que por alguna razón de los 8 apresados en aquella ocasión sólo 6 fueron presentados ante los medios. Acosta fue uno de los que tuvieron la suerte de no ser consignados.

El jueves pasado, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, informó que en Monterrey fue detenido Fernando Martínez Magaña, el “Z-16”, jefe del cártel de los Zetas en Nuevo Laredo. Pero tampoco era la primera que el jefe de los Zetas estaba ante la justicia: había sido aprehendido por elementos de la Marina Armada de México el 16 de junio de 2011 y por alguna razón que no se informó fue dejado inmediatamente en libertad.

¿Cuántas vidas, cuántos recursos, cuánto costó que el sicario de los Zetas en Monterrey, el del “Chapo” Guzmán en Culiacán y el jefe de los Zetas en Nuevo Laredo hayan sido inmediatamente liberados, sin ninguna explicación plausible, después de ser detenidos?. Y no son excepciones: son 3 casos que se han presentado con apenas unas horas de diferencia en 3 lugares diferentes del país. Ya vimos cómo funciona la corrupción judicial con delincuentes de cuello blanco, en el caso de los casinos de Rojas Cardona. Con estos y muchos otros casos, podemos escenificar cómo funciona esa misma corrupción con sicarios y asesinos.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 21 de mayo de 2014).

La justicia es una palabra poco o casi nada conocida por la ciudadanía que busca solucionar sus problemas a través de las autoridades correspondientes.

La construcción y puesta en marcha de las ciudades judiciales en Jalisco (estatal y federal) ha venido a aminorar la tardanza -con todo y que la estatal implique “el robo del siglo” por el altísimo costo que declararon las anteriores autoridades, más toooodo lo que aún le hace falta de invertir.

Resulta increíble que en Colima, Nayarit, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y otras entidades cercanas a Jalisco, ciertamente con menor población, los juzgados cuenten con aire acondicionado, oficinas equipadas, juzgadores preparados y gracias a ello el rezago es menos perceptible y los litigantes se dicen mejor atendidos, lo que permite una mayor agilidad en los procedimientos por realizar.

En este contexto, la implementación de los juicios orales podría significar un extraordinario ahorro para todas las partes -al menos así lo “venden” quienes son sus promotores-, tanto en lo que se refiere a costos de operación, como lo que significa el procedimiento para los litigantes, y por supuesto a sus clientes, amén de la agilidad con que se podrá llegar al fin de una contienda judicial, que para nadie es deseable, pero que en muchas ocasiones son necesarias ante la falta de civilidad de las personas.

La justicia sólo es tal, cuando es expedita.

Cuauhtémoc Cisneros Madrid
(v.pág.17-A del periódico El Informador del 19 de mayo de 2014).

El arresto y consignación de Jesús Reyna y de otros servidores públicos debe ser un mensaje claro al resto de los políticos michoacanos de que transar con los delincuentes no es parte de la normalidad.

Carlos Puig
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 9 de mayo de 2014).

Se tienen leyes estrictas, pero no se cumplen. Hay en el país un contexto de impunidad y un amplio mercado negro de armas. Según estimaciones, hay 15 millones de armas en manos de particulares, pero sólo 2 millones registradas.

Guillermo González Pérez, investigador del CUCS de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 8 de mayo de 2014).

Un grupo de maestros jubilados bloqueó por más de una hora las principales avenidas del centro histórico de Tlaxcala y demandó frente a palacio de gobierno solución a sus demandas, entre ellas el pago de laudos laborales que, dijeron, fueron resueltos a favor de este sector.

Los docentes jubilados, entre ellos ex maestros de primaria y secundaria, solicitaron que una comisión fuera atendida por funcionarios de la Secretaría de Gobierno estatal.

(V.Notisistema del 7 de mayo de 2014).

El lunes, el Consejo de la Judicatura anunció que investigaría las relaciones, puestas de manifiesto por la divulgación de varias llamadas telefónicas, entre el representante de los hermanos Rojas Cardona, a quienes se les han cancelado las licencias para operar casinos (mismos que están en falta desde el 2005, pero que durante estos 9 años han operado gracias a distintos amparos judiciales y a la red de protección, judicial y política que estos personajes han creado en torno suyo) y un magistrado de Nuevo León.

En ellas, Francisco Salazar Arreazola, representante de los Rojas Cardona y el magistrado Eduardo Ochoa Torres, llegan incluso a hablar de los sobornos que darían a distintos jueces para resolver casos que involucraban al primero. Pero ayer, otros audios y documentos, involucran al mismo Salazar Arreazola con el magistrado José Manuel Rodríguez Puerto y con Mario Prado, que encabeza la oficina del consejero de la Judicatura, Daniel Cabeza de Vaca, quien fue incluso procurador general de la República en el gobierno de Vicente Fox. Cabeza de Vaca ha desmentido que él personalmente tuviera alguna relación con Salazar Arreazola, pero está pendiente de ver si su secretario técnico la tuvo.

El caso demuestra una vez más cómo se da la penetración de estos grupos y personajes en el sistema judicial mexicano; cómo se puede mover, inducir y comprar la justicia en nuestro país. Es verdad que hay sectores en el poder judicial que han tenido una muy importante transformación desde la reforma de 1994 hasta ahora, sobre todo en torno a la Suprema Corte, pero debajo de ella aún hay muchos espacios donde la justicia lisa y llanamente no opera, u lo hace alimentada por poder y dinero.

En el terreno judicial, el notable retraso en la implementación del nuevo sistema de justicia que muestran la mayoría de los estados es consecuencia directa de esa opacidad, pero también el retraso está provocado por quienes desean que la misma perdure. Cuanto más opaco sea el sistema de justicia, cuando más discrecional, mayores oportunidades de corrupción existen. Y las mismas las utilizan quienes tienen dinero y poder. Y si ambos van de la mano, mejor. Y el de los Rojas Cardona parece ser un caso paradigmático al respecto.

En su caso estamos hablando de grandes personajes, pero esto también se da en la justicia del día con día. En esta semana hemos recibido información de niños que en los hechos le han sido literalmente robados a sus madres, porque sus padres o abuelos son, o dicen ser, influyentes en el mundo político e incluso importantes abogados dicen que prefieren no tomar sus casos porque tienen “conflictos de intereses” con esos personajes. Conocemos un caso de una madre y sus hijos despojados a la mala de sus propiedades por otro hijo de un autodenominado influyente, éste del mundo cultural y político. Sabemos de sicarios y secuestradores que entran por una puerta a los juzgados y salen, en libertad, por la otra. Y estamos hablando de miles de casos, mientras que otros, muchos de ellos inocentes, acusados de los más graves delitos prácticamente sin pruebas, se pudren en las cárceles sin posibilidad siquiera de tener un defensor.

El sistema de justicia no está funcionando y cuando nos encontramos con que personajes como los Rojas Cardona pueden llegar a “operar” con tanta tranquilidad hasta en el propio Consejo de la Judicatura y con magistrados de 1er. nivel, sin necesidad siquiera de ocultar sus pláticas telefónicas, podemos saber perfectamente bien porque la justicia no funciona en nuestro país.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 7 de mayo de 2014).

En México aún existe una situación generalizada del uso de la tortura como mecanismo de investigación criminal, dijo el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de la Tortura, Juan E. Méndez, al concluir su visita de 12 días al país. Es una práctica generalizada, dijo, porque parece que entre todas las instancias de gobierno se ha normalizado la tortura y los malos tratos, como insultos, amenazas, golpes, violencia sicológica e incluso el uso de toques eléctricos y de bolsas para asfixiar, en algunos casos.

Destacó que las detenciones violentas y el apremio por obtener información son comunes entre autoridades de los 3 niveles de gobierno y se observan con mayor regularidad entre los más vulnerables: pobres, indígenas, mujeres y adolescentes.

El funcionario de la ONU detalló que la mayoría de los detenidos son personas de escasos recursos que no tienen acceso a abogados particulares, y carecen de defensores públicos al momento de su detención.

Méndez también afirmó que el mayor número de casos en los que se presume se comete tortura ocurre entre la detención y la puesta a disposición de un probable responsable ante el Ministerio Público. Indicó que la tortura en general se produce en vehículos, en traslados y en casas de seguridad, antes de que las víctimas sean presentadas ante un juez, además de que las detenciones con frecuencia van acompañadas del ingreso a viviendas sin orden de cateo, así como destrucción y robo de propiedad privada. Y en este contexto “la carga de la prueba suele recaer sobre la persona que alega ser torturada”, manifestó el relator.

Aseguró que los actos de tortura que se cometen en el país normalmente quedan en la impunidad y que hay una tendencia a primero detener y luego investigar los delitos, lo que incrementa la vulnerabilidad de los detenidos.

Durante la conferencia de prensa en la que presentó sus conclusiones y recomendaciones preliminares, el funcionario pidió al gobierno mexicano poner fin al ciclo de impunidad en los casos de tortura. Asimismo, expresó que confiaba en que el Estado mexicano elimine la figura del arraigo antes del 2016.

(V.Sin Embargo del 2 de mayo de 2014).
Desvío de recursos.

Debilidad del Estado de Derecho (variable en la que nos localizamos en el lugar número 26, según datos del Imco), administración de justicia e inseguridad, son otros de los principales flagelos de Jalisco.

Nuestro estado va en último lugar en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral; en calidad de los juzgadores pasamos del lugar 15 en 2006 al 21 en 2012; en imparcialidad de los jueces de la posición 24 a la 32 en ese mismo periodo; es el estado con peores salarios para jueces; y es el 29 en materia de suficiencia de material para ejercer la labor jurídica (EL INFORMADOR 7/03/2013); y es uno con menor número de jueces: 104 juzgados en Jalisco contra 280 en Veracruz.

Jalisco ocupa el 1er. lugar en robo de vehículos de enero a octubre del 2013 (Milenio, 7/12/2013). Según datos de la ENVIPE del Inegi, en 2012 en Jalisco se denunció 11.3% de los delitos, mientras que a nivel nacional 12.2%. La percepción de inseguridad llegó a 75.9% en el estado, mientras que en el ámbito nacional fue de 72.3%.

Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 26 de abril de 2014).

Manejaba un auto compacto por Javier Mina cuando otro vehículo que transitaba por una calle que cruza la avenida se atravesó en su camino y la chocó. El impertinente chofer intentó escapar, pero los daños en su automóvil lo impidieron. Natalia Prieto Fonseca, quien conducía el auto compacto, ahora se arrepiente de no haber dejado que se fuera: como el culpable del choque no tenía seguro, el auto de Natalia terminó en el corralón por 6 meses.

La posibilidad de sufrir estos incidentes se multiplica debido a que apenas la tercera del parque vehicular en Jalisco cuenta con póliza de seguro, según la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras. Y aunque el estado esté por arriba del promedio nacional, que es de 20%, aún está lejos de entidades como Nuevo León o el Distrito Federal, que ocupan los primeros lugares en cobertura de seguros con 54 y 97%, respectivamente.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Jalisco existe un parque vehicular de 2'901,000 unidades, hasta el año 2012, pero sólo alrededor de 967,000 están asegurados, pese a que, según lo establece la Ley de Movilidad en el Estado, es obligatorio contar con póliza que cubra daños a terceros.

Natalia cuenta que el hombre le recomendaba que se culpara del accidente para que el seguro de ella, el cual estaba vigente, cubriera los daños: “Ahora pienso que me hubiera ido mejor si se hubiera ido”.

La razón la encuentra en la declaración que hizo el hombre: culpó a Natalia del accidente, y ante la falta de acuerdo aseguraron los vehículos y los llevaron al corralón mientras se hacían las declaraciones ante la Fiscalía General del Estado.

Para iniciar el proceso tuvo que invertir 6 horas en las oficinas de la calle 14, pero al momento de hacer la declaración, el conductor implicado no se presentó: “A mí me asignaron un abogado. Me citaron con peritos para hacer mi declaración, y como no llegó puse mi denuncia”.

La espera para ver su auto de regreso era de 6 meses obligatorios, sin embargo, por un acuerdo “debajo de la mesa” pudo sacar el vehículo un mes después del accidente.

En el taller de reparación lo reportaron como pérdida total, mientras, deberá esperar a que se esclarezca la denuncia y aparezca el conductor que causó la peripecia, “nomás con una `mordida´ pude sacarlo, con dinero se mueve todo”.

En junio del año pasado esta casa editorial informó que en los últimos 5 años hubo, en promedio, 15 choques diarios atendidos por el área de peritos de la Secretaría de Movilidad, porque uno de los vehículos involucrados en cada percance no tenía seguro. Es decir, más de 23,000 automovilistas incumplieron con la ley que los obliga a tener una póliza de seguro con cobertura de daños a terceros.

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas debería verificar que todos los autos tengan dicha cobertura; la dependencia tiene que cerciorarse de que los particulares cumplen con este requisito al recibir el pago del refrendo, pero no hay registro.

La falta de seguro podría provocar que, después del peritaje y en caso de no llegar a un acuerdo, se deba acudir al Ministerio Público. En el periodo 2008-2013 hubo 6,363 denuncias contra esta instancia.

En los casos de choques, si uno o más de los vehículos involucrados no portan sus documentos en regla se procederá a la aplicación del retiro de circulación de los autos involucrados.

La póliza de seguro está al mismo nivel de importancia que las placas, la tarjeta de circulación u holograma de verificación vehicular.

A nivel federal también se obliga a poseer seguro de daños a terceros de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. En el Artículo 63 se indica que todos los carros que transiten en vías, caminos y puentes federales deberán contar con este tipo de póliza.

(V.primera plana y pág.7-A del periódico El Informador del 26 de abril de 2014).

Hace unos días le platicaba del exponencial crecimiento que han tenido las importaciones de autos usados. En 2013 tan sólo tuvieron un brinco del 40%, dada la proliferación de amparos que realizan 4 empresas. Le platicaba que el 80% de los mismos fueron librados por 2 jueces de Mexicali: Daniel José González Vargas del 2o. Distrito en BC y José Neals André Nalda del 3er. Distrito en ese estado. Contra ellos ya hay un procedimiento administrativo en la Judicatura Federal. Una situación espejo se repite en camiones pesados. Las ventas de vehículos nuevos al 1er. trimestre se contrajeron 25.2%. No obstante lo anterior, ahora resulta que la próxima semana se preparan bloqueos en el DF por transportistas y gestores que insisten ante la SCT en que se les aprueben sus vehículos a pesar de que están fuera de norma. La Dirección de Autotransporte Federal tendría poco menos de un centenar de casos de unidades que fueron rechazadas porque no cumplen requerimientos ecológicos y peor aún porque violan el decreto de importación del 2011. Con la placa única y su pronta implementación no se descarta que la presión crezca. A su vez agrupaciones como ANPACT están totalmente renuentes a que continúe el flujo de chatarra desde EU al país ya que distorsiona el mercado.

Alberto Aguilar
(v.pág.25 del periódico Milenio Jalisco del 25 de abril de 2014).

Cerca de 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación bloquearon por varios minutos 3 de los 4 carriles del anillo Periférico justo a las afueras del edificio de Ciudad Judicial.

Los reclamos de los más de 2,500 trabajadores afiliados a la Sección 20 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación son la homologación de los salarios y un no rotundo al 6% de incremento a su salario que se les va a otorgar, pues les parece insuficiente.

(V.pág.11 del periódico Milenio Jalisco del 25 de abril de 2014).

No sé si sea deformación profesional -soy abogado, y eso jamás se quita-, pero pienso que muchos de los problemas de México derivan del menosprecio que los mexicanos sentimos por la ley. Mientras en otros países la ley se aplica con rigor, en el nuestro es letra muerta, o por lo menos desmayada. Ricos y pobres, débiles y poderosos, se apartan de ella por igual. Eso genera un ámbito de impunidad que a su vez da origen a la inseguridad y el desorden en que vivimos siempre. La corrupción y la negligencia son habitantes permanentes de muchos recintos judiciales, y menudean los casos en que la justicia se vende a quien la puede comprar. Las cárceles están llenas de inocentes, o de quienes purgan largas sentencias por delitos menores, en tanto que los delitos de cuello blanco quedan las más de las veces sin castigo, y los culpables campean orondos por sus fueros. Un país donde la ley no se cumple es un país condenado al atraso. El respeto al orden jurídico es pilar básico de la vida comunitaria. "Multae hominibus at malitiam viae sunt", decían los romanos para explicar la necesidad del derecho. Los caminos del hombre hacia la maldad son muchos. Sólo la recta aplicación de la ley puede evitar que los ciudadanos se dañen unos a otros. Y en México la ley es desvirtuada con frecuencia por el poder político o el económico. En ese aspecto estamos, si me es permitida la expresión, ligeramente jodidísimos.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas en línea del 24 de abril de 2014).

Integrantes del Frente Único de Comerciantes de Jalisco, realizaron este lunes su 12a. manifestación en contra de la Reforma Fiscal.

Armados con mantas, cartulinas y silbatos, los comerciantes avanzaron por avenida Juárez, Federalismo, Hidalgo, hasta avenida Alcalde, donde bloquearon la vialidad por una hora.

(V.Notisistema del 21 de abril de 2014).
Las manifestaciones prohijando vandalismo son delitos, tanto como el establecimiento en plazas públicas, con paralelo cobro de prestaciones que por causas indefinidas por la autoridad, ésta no aplica el rigor de la ley.

En el orden de dificultades para aplicar las leyes, se aduce el cuidado a no incurrir en autoritarismo, pero contrariamente se contemplan flagrantes delitos que se emplean para el discurso protagónico de personajes inscritos en la nómina oficial, partidista, sindical o grupos de presión con poder factual.

Carlos Cortés Vázquez
(v.pág.2-B del periódico El Informador del 13 de abril de 2014).


Algunos policías comunitarios bloquearon la Autopista Siglo 21 a la altura de la caseta de Ziracuaretiro, para pedir la liberación de otros policías comunitarios detenidos.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 13 de abril de 2014).


Fue en tiempos de Fox cuando el entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, pedía desesperado ayuda a la federación porque los grupos delictivos aumentaban sin control, pero su voz y la de millones de michoacanos no fue escuchada en esa administración sexenal. Así, se sumaron faltas de responsabilidad, simulación y contubernios hasta llegar a la compleja situación en la que están varios estados, el más grave hoy: Michoacán.

Y tampoco en la administración de Calderón se hizo lo que se debía hacer para frenar al crimen organizado, su guerra contra la delincuencia, cruzada infantil vestido de soldadito, no fue basada ni en la información de la inteligencia del Estado, ni en una estrategia que involucrara todos los aspectos de este problema, luego, se dejó al estado sin Estado.

Porque no se puede decir que en Michoacán impera el estado de derecho, como tampoco que hay seguridad y mucho menos justicia. 3 de las condiciones que un Estado debe proveer a sus gobernados para avalar su derecho de ser, precisamente, Estado.

Y la población, cansada de no ser escuchada, de no ser protegida, de estar con la vida pendiente de un hilo; cansada del abandono del Estado, decidió defenderse de la única manera que el pueblo conoce: armándose, peleando, buscando por mano propia lo que desde las administraciones sexenales les fue negado: seguridad.

Las autodefensas han sido la respuesta que la población eligió ante la desesperación y el abandono del Estado. Con Fox el privilegiar la seguridad de los estados panistas y descuidar a los demás, y eliminar al organismo encargado de la inteligencia nacional. Con Calderón la violencia atizada de manera irresponsable, guerra declarada y todos los recursos asignados que no frenó al crimen organizado y la población siguió en la inseguridad.

Es así como esta administración recibe una bomba de tiempo y tarda tiempo en tomar en sus manos la problemática heredada... largos meses en que la población siguió a merced de la delincuencia organizada, con agravios como violaciones a las jóvenes y adolescentes de las poblaciones, robos de todo tipo y, desde luego, secuestros y asesinatos.

Pero el trabajo apenas empieza, porque restablecer la tranquilidad, garantizar la seguridad y retomar, donde se quebrantó, el desarrollo de la entidad, conlleva medidas integrales que hasta hoy no se han siquiera planeado, mucho menos implementado.

Y entonces, se entiende -aunque no se justifica- que las autodefensas no quieran desarmarse; se entiende que sabiendo que su vida sigue en vilo decidan protegerse de la manera que hasta hoy conocen.

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 12 de abril de 2014).


Para las áreas de inteligencia del Gobierno del Distrito Federal, los grupos anarquistas que operan frecuentemente en la Ciudad de México se articulan políticamente a través de una poderosa mujer: la diputada federal Aleida Alavez Ruiz, brazo derecho del protagonista de los videoescándalos René Bejarano.

Ante el recrudecimiento de la violencia de los anarquistas, Miguel Mancera ordenó crear una unidad especial para investigar a estos grupos.

Según sus informes, a los que tuve acceso, la legisladora Alavez orquesta la inyección de siete a 10,000 pesos diarios "irrastreables" que sirven para financiar la compra de material explosivo que usan en sus movilizaciones los grupos anarquistas y para pagar 200 pesos diarios por cabeza a quienes participan en las protestas.

Identifican además a la activista Rosa Isela Martínez como coordinadora política y financiera de una operación que vincula a los principales líderes del grupo Frente Oriente con políticos como el ex diputado Gerardo Fernández Noroña y el Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador.

El flujo de dinero se realizaría por medio de cuentas en Bancomer, Banco Wal-Mart, Banamex, Banorte y Banco Azteca a nombre de los dirigentes del Frente Oriente: Mónica Hernández Monroy, Rosa Isela Martínez, Gabriela Hernández Arreola y Vidal Rojas.

Ubican el origen del movimiento en el capítulo juvenil del Frente Popular Revolucionario, originario de Oaxaca y activo en las movilizaciones de 2006, y su ramificación defeña representada por la Acampada Revolución, que fue la más radical del movimiento #YoSoy132, nutrida de grupos del CCH Oriente, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y las "asambleas populares" de Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Ciudad Nexahualcóyotl, Cuauhtémoc y Los Reyes-La Paz.

Estas organizaciones se habrían luego aglutinado en el Frente Oriente, manteniendo vínculos con la Liga de Trabajadores Socialistas, el Frente Popular Revolucionario, la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (de Bejarano), el Frente Popular Francisco Villa Independiente y los grupos estudiantiles Colectivo Pan y Rosas, Colectivo Corriente en Lucha por el Socialismo, el Comité de Lucha de la UACM y el de la Prepa Popular Tacuba.

El informe señala que el Frente Oriente tiene como "brazos de choque" a los grupos Bloque Negro, Cuartel Anarquista, Acción Directa-Prensa Libre, La Mano Negra y La Lucha Sigue, la Alianza Anarquista Revolucionaria, Escarlata Revoltosa, Juventud Libertaria y La Llama de la Libertad, y #Yosoy26animalista.

Cuentan además con un frente jurídico, la Federación de Abogados Democráticos, que en diversas ocasiones ha defendido a detenidos en las protestas y recolectado dinero para las fianzas entre legisladores perredistas y petistas.

También tendrían un aparato de inteligencia y contrainteligencia en los grupos Centro Errante de Estudios Anarquistas, Fuego en las Cárceles, Guerrilla Comunicacional de México y Colectivo Veneno.

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de abril de 2014).


En el caso Michoacán no hay un solo culpable o una única explicación, nos enfrentamos ante una erosión paulatina y sostenida de las instituciones del estado que hacen imposible que el orden se restablezca por la simple intervención de las fuerzas federales.

En Michoacán el Estado mexicano se juega mucho más que el control de un territorio perdido, se juega su capacidad de mantener el Estado de Derecho y las instituciones; se juega su razón de ser.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de abril de 2014).


Gran parte de los procesos se caen ante un juzgado de lo penal porque el juez, ya sentado en su escritorio, y a la hora de querer ver los elementos integradores de su presunta responsabilidad que se está presentando, no cumple la averiguación previa con los requisitos mínimos o que no está muy bien sustentada, formulada. Entonces el juez no tiene los elementos suficientes y lo dejan ir.

Dante Jaime Haro Reyes, investigador en seguridad de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 8 de abril de 2014).


Manifetación del Frente de Resistencia de Comerciantes del Estado.

Cientos de personas, integrantes del Frente de Resistencia de Comerciantes del Estado, nuevamente tomaron las calles del 1er. cuadro de Guadalajara para mostrar su inconformidad con la reforma fiscal, modificación de Ley que, aseguran, "los llevará a la quiebra".

Los inconformes bloquearon la circulación en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez, lo que causa serias complicaciones para los vehículos en el 1er cuadro de Guadalajara.

(V.periódico El Informador en línea del 7 de abril de 2014).


Estudiantes de diferentes escuelas normales de Michoacán realizaron bloqueos en diferentes puntos de la capital michoacana y en la carretera Pátzcuaro-Morelia. La manifestación de los jóvenes es en rechazo a la modificación de la convocatoria de nuevo ingreso a los 7 centros normalistas del estado.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 5 de abril de 2014).


El miércoles pasado integrantes de la Sección 22 de la CNTE entraron por la fuerza a las instalaciones de la SEP, en Arcos de Belén, en la colonia Centro, y tomaron el edificio, con lo que lograron la promesa de una mesa de diálogo en la Segob.

(V.pág.21 del periódico Milenio Jalisco del 4 de abril de 2014).


El ex secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, dijo que actualmente se comenten 27 millones de delitos en México, de los cuales un millón y medio son denunciados, y sólo 150,000 castigados.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 30 de marzo de 2014).


Los grupos de autodefensa en Michoacán son financiados por grupos criminales y por empresarios que persiguen intereses particulares y no los de los ciudadanos, aseguró Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y experto en temas de seguridad.

Aseguró que un mayor avance de los grupos de autodefensa en Michoacán propiciaría que se generalice el ambiente de "colombianización" que se vive desde la expansión de los cárteles de la droga.

Destacó que contrario a la percepción ciudadana, la expansión de las autodefensas no conducirá a la paz, ya que son grupos paramilitares que utilizan "tácticas ofensivas para limpiar la zona y cometer homicidios transgrediendo la ley".

"Estos grupos no son genuinos, no son electos bajo usos y costumbres como en el caso de Guerrero".

Buscaglia aseguró que las autodefensas han dañado la imagen exterior del gobierno mexicano, que ha pagado millones de dólares a consultoras extranjeras para "ocultar la realidad".

Asimismo, dijo que esos grupos, con presencia en Veracruz, Durango, Tabasco o Michoacán, se dividen entre aquellos que son financiados por "empresarios desesperados", los financiados por los propios Zetas y los que sí se autodefienden de forma genuina. "Entonces son 3 fuentes de paramilitarismo. En Michoacán hay una mezcla de estas 3 fuentes".

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 30 de marzo de 2014).


Hace una semana que se desató la violencia en el Estadio Jalisco y de entonces para acá las reacciones, las posturas, las opiniones, los análisis y las decisiones se han sucedido de manera vertiginosa y, con todo eso, creo que aún hay aspectos y cuestiones que estamos dejando al margen.

Mal que no se esté otorgando la debida importancia a estos acontecimientos, como una violación grave al principio de autoridad. La irreverencia, el nivel de violencia y de brutalidad de civiles contra policías en conjunto son, deberían ser un foco de alerta y una llamada de atención para la autoridad; un tema de análisis sin duda, pare revisar qué está pasando en el entorno social y en la esfera de lo público. En otras palabras, en las relaciones de la sociedad con sus gobernantes; de los ciudadanos y sus policías. Ojo. Es una realidad para no perder de vista y atender cuanto antes, digo, si es que les interesa la armonía y la estabilidad de la sociedad en la que estamos inmersos.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de marzo de 2014).


No hay que modificar los reglamentos ya existentes para evitar que se repitan incidentes tan deplorables como los del sábado pasado en el Estadio Jalisco. Basta con aplicar la ley... Con una condición: que la autoridad, considerando la gravedad de tales acontecimientos, dentro del margen de maniobra que tiene para aplicar su criterio, pondere los agravantes y actúe en función de ellos; que no se deje influir por estúpidas presiones sociales ni por el peligro de que, si obra con la severidad que el asunto amerita, la tilden de "represiva".

Las conductas de los trogloditas que agredieron de manera brutal a los policías que trataron de evitar que se arrojaran bengalas a la planta baja del estadio y eventualmente de detener a quienes de esa manera transgredían los reglamentos municipales, están tipificadas en el Código Penal como delitos: las lesiones que demoran más de 15 días en sanar y ponen en peligro la vida de las víctimas, son delitos graves; golpear con saña a una persona -policía o civil- inerme e indefensa, como lo hicieron los rufianes que los agredieron con pies y puños, con palos u otros objetos contundentes y aun con las macanas de los propios gendarmes, es un homicidio en grado de tentativa; ponerse de acuerdo dos o más personas para realizar una acción tipificada en la ley como delito, constituye delitos adicionales: pandillerismo y asociación delictuosa, verbigracia.

Es absolutamente falso que la sociedad esté indefensa, y condenada, por ende, a que esos episodios se repiten cada que 2 o 3 inadaptados así lo decidan... Hay leyes. Existen los recursos técnicos idóneos para identificar plenamente a los responsables. Existen las vías jurídicas adecuadas para que se les procese, se les sentencie y se les aplique, con el rigor que el caso requiere -proporcional a la saña y a la vesania con que actuaron-, las penas que la misma ley, creada en defensa de la sociedad, establece.

Único requisito: que se actúe, por una vez, con firmeza; no con la tibieza usual en esos casos.

Jaime García Elías
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 25 de marzo de 2014).


Asumir que darle mayor poder a las policías, y en nuestro caso al Ministerio Público, va a hacer más eficientes las investigaciones y van a permitir que los delitos sean combatidos con mayor eficacia, puede ser correcto. Sin embargo, existe el riesgo permanente de que las policías y los ministerios públicos aprovechen esas facultades para fabricar culpables y quedar bien con las víctimas que exigen justicia, o de plano para corromperse abusando de su poder.

El pasado 25 de febrero, derivado de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte estableció, con base en el texto del artículo 16 constitucional, que los estados no pueden legislar en materia de arraigo, lo que abrió la puerta a que todas las personas arraigadas con base en legislaciones locales y aquellas sentenciadas con pruebas obtenidas durante el arraigo se puedan amparar y posiblemente obtener su libertad.

Paradójicamente, la decisión de la Corte puede abrir las puertas a la impunidad; sin embargo, el problema no es su decisión, sino la desarticulación de la política criminal y las limitaciones que imponen los artículos 21 y 115 al desarrollo de las policías investigadoras.

El arraigo es una medida que utilizan los investigadores del delito con 2 objetivos fundamentales:

a) Anular de inmediato la peligrosidad de una persona considerada como miembro de un grupo criminal, privándola de la libertad, aunque no haya suficiente evidencia para imputarle un delito, y
b) Subsanar las omisiones de una investigación que no reúne suficientes elementos para presentar a un inculpado ante los tribunales para someterlo a un proceso.

En el mundo medidas análogas se han aplicado básicamente en contra de personas presuntamente involucradas en el terrorismo y en la delincuencia organizada, considerando que son delincuentes muy peligrosos que pueden hacer mucho daño a la sociedad y que dada la complejidad de los delitos que cometen es necesario que la policía o el Ministerio Público tengan la posibilidad de detenerlos para poderlos investigar -aunque no se haya probado su responsabilidad- y no al revés, como debería ser.

La hipótesis de la justicia democrática se basa en la presunción de inocencia y en el debido proceso, sin embargo, la gravedad de ciertos delitos como terrorismo y delincuencia organizada, y la peligrosidad de quienes los cometen, han obligado a los legisladores a permitir ciertas excepciones con el fin de facilitar su captura e impedir mayores daños a la sociedad. De esta manera la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada precisamente se funda en las razones de máxima eficiencia para determinar que se debe garantizar el procesamiento de este tipo de personas que cometen delitos graves de delincuencia organizada.

La historia de la justicia democrática está estrechamente vinculada con la idea de limitar los abusos del Estado en contra de los individuos y por ello se obligó a las autoridades a no detener a nadie a menos que hubiera una "causa probable" o estándares análogos como los contenidos en el articulo 16 y 19 de nuestra Constitución, a presentar a los detenidos ante el juez, a que antes de determinar que se ha roto con la presunción de inocencia haya un juicio con plenas garantías. Sin embargo, en toda la historia ha habido organizaciones criminales que han superado la capacidad del Estado para someterlos y esto ha provocado que se tomen medidas excepcionales que dotan de mayores poderes a las policías y los Ministerios Públicos para combatir estos crímenes.

Estas medidas son muy delicadas porque asumen que darle mayor poder a las policías, y en nuestro caso al Ministerio Público, va a hacer más eficientes las investigaciones y van a permitir que los delitos sean combatidos con mayor eficacia, lo cual puede ser correcto. Sin embargo, existe el riesgo permanente de que las policías y los ministerios públicos aprovechen esas facultades para fabricar culpables y quedar bien con las víctimas que exigen justicia, o de plano para corromperse abusando de su poder. Por eso se debe lograr un equilibrio que garantice el debido proceso y sin embargo se logre la eficiencia de las instituciones.

El texto constitucional negociado en 2008 por el constituyente permanente que estableció los equilibrios, presuponía la existencia del arraigo para los estados en tanto entra el sistema procesal acusatorio. Era una medida transitoria y una especie de amortiguador en el cambio de sistemas.

La SCJN con su resolución eliminó este amortiguador y pretende aplicar hacia atrás instituciones que debían tener una cierta secuencia. La afectación se verá en las víctimas de los delitos que no tienen la culpa de estas decisiones del estado. Las víctimas tienen derecho a la verdad y la justicia. Están hoy atrapadas en tecnicismos que no pueden controlar. Es importante construir el debido proceso para los imputados y las víctimas. Por eso deben buscarse los equilibrios hacia delante y no lastimar más a quien ya sufrió un gran daño en la vida de sus seres queridos, su libertad y el daño que los secuestros y otros graves delitos hacen, no sólo a las víctimas sino a la sociedad en su conjunto.

Alejandro Martí, presidente de México SOS
(recibido por e-mail el 24 de marzo de 2014).


Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero levantaron el bloqueo que tenían en la Autopista del Sol. Mientras, el gobernador Ángel Aguirre Rivero llamó a los docentes a dialogar y les pidió evitar los bloqueos.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 22 de marzo de 2014).


El bloqueo de la carretera federal 190 dejó 73 normalistas de Oaxaca detenidos, luego de que incendiaron un camión de una refresquera. El secretario de Seguridad Pública informó que los detenidos son por la quema y actos vandálicos.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 22 de marzo de 2014).


Tras horas de mantener bloqueadas las avenidas Ávila Camacho y Laureles, los empleados del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Zapopan se retiraron de la zona centro de Zapopan, sin haber llegado a un acuerdo con las autoridades.

Las afectaciones en las áreas municipales no han sido contabilizadas por la autoridad zapopana, sin embargo, el paro ocasionó enojo y problemas a la ciudadanía, pues no pudieron llegar a tiempo a su destino, a causa de los cierres viales.

Finalmente, los trabajadores decidieron retirarse para no ocasionar más afectaciones a la ciudadanía.

El sindicato sigue en lo mismo: No aceptarán el acuerdo que el ayuntamiento logró con los otros 5 sindicatos, respecto a tener un incremento escalonado del 4 al 6%; quieren un aumento generalizado de 600 pesos a todos los trabajadores, pues asegura que sus sueldos no están alineados a la canasta básica.

Su líder, Francisco Vázquez, reconoció que en la manifestación, que inició desde las 8:00 horas en la Calle 2, y que se fue rumbo a la presidencia municipal, no había sólo trabajadores de Zapopan, sino que también acudieron empleados sindicalizados del municipio de Guadalajara, por "solidaridad" con sus compañeros.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 21 de marzo de 2014).


Estudiantes normalistas tomaron este jueves la gasolinera propiedad del Gobierno del Estado de Oaxaca y la terminal de autobuses de primera clase de ADO en demanda de la asignación de 740 plazas automáticas.

Encapuchados, los jóvenes mantienen encerrados en la central camionera a pasajeros y empleados.

Los manifestantes también tomaron las instalaciones de la gasolinera Fonapas, administrada por el Sistema DIF estatal.

En el lugar, 100 normalistas se apostaron en todas las bombas, lo que obligó a que el personal las cerrara, y robaron productos de mostradores de aceite para dárselos a automovilistas.

En ambos sitios se presentaron policías estatales, quienes sólo observan desde el interior de sus camionetas.

Previamente, los inconformes retuvieron por lo menos cinco autobuses del transporte público.

Los integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca tienen 4 semanas realizando acciones de protesta para presionar a los gobiernos federal y estatal que les entreguen plazas.

Ayer, ese mismo grupo vandalizó una plaza comercial y saqueó una tienda de celulares. No hubo ningún detenido.

(V.periódico Mural en línea del 20 de marzo de 2014).


Una vez más, y con la misma impunidad, normalistas de Oaxaca volvieron a vandalizar la tarde de ayer -ahora en una plaza comercial de esa ciudad-. Los manifestantes exigen que se les asignen de manera automática 740 plazas docentes, y para ello han realizado, sin castigo alguno, diversas protestas que van contra la ley.

(V.pág.8 del periódico Mural del 20 de marzo de 2014).


Bloqueo afuera de la Preparatorio 10.

Un minuto por cada víctima mortal del transporte público en lo que va del año. 14 minutos en total fue el lapso en el que cerca de un centenar de manifestantes, entre bachilleres y algunos ciudadanos, mantuvieron cerrado a la circulación el Periférico en el sentido de poniente a oriente a las afueras de la Escuela Preparatoria Número 10, poco después de las 6 de la tarde.

En este lugar, hace una semana un camión de la ruta 368 arrolló a un grupo de personas que se encontraban en la parada, lesionando a 19 de ellas y posteriormente provocando la muerte de María Fernanda Vázquez, la más reciente víctima.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 15 de marzo de 2014).


Ayer el Gobierno del Estado ofreció a los productores pagarles 300 pesos extra por tonelada de maíz, para que reciban un promedio de 3,100 pesos por cada unidad, lo que finalmente fue aceptado por los maiceros.

Antes del acuerdo, la Avenida Alcalde y la Calle Ramón Corona fueron cerradas ayer mientras los campesinos dialogaban con autoridades estatales en busca de una solución a su demanda.

Además de los productores de maíz, también los profesores y habitantes de Poncitlán bloquearon la Avenida Alcalde en su cruce con las Avenidas Hidalgo y Juárez para exigir que los recibiera el Gobierno del Estado.

Los docentes rechazan las modificaciones a la Ley Estatal de Educación, que trajo la armonización de la reforma educativa.

(V.pág.3 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 13 de marzo de 2014).


El tema de Oceanografía es uno de los muchos asuntos que muestran lo generalizado de la venalidad. Pero no es único. El país demanda un quiebre en materia de justicia y legalidad. Es urgente acabar con la impunidad, especialmente la que viene del sector gubernamental y de la élite empresarial. Que el que la haga la pague. Así de sencillo.

Federico Berrueto
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 9 de marzo de 2014).


Por vez primera en 9 meses, los yaquis iniciaron ayer la tregua pactada con la Secretaría de Gobernación y dejaron libre el paso en la Carretera Internacional, luego de bloquearla parcialmente en protestas por el Acueducto Independencia.

Después de un cierre de sólo 2 horas (de 9:00 a 11:00 horas), donde se impidió el paso solamente a vehículos de carga, los inconformes cumplieron ayer con el inicio del retiro del bloqueo al menos durante los próximos 40 días que dura la Cuaresma, que es la celebración religiosa más importante de la cultura yaqui.

Juan Domingo Molina, yaqui opositor al Acueducto Independencia, dijo que se libera la carretera, pero se mantiene la exigencia de detener el bombeo de agua de la cuenca del Río Yaqui hacia Hermosillo.

(V.pág.9 del periódico Mural del 6 de marzo de 2014).


Un juez de Monterrey, suspendido desde hace 3 años, y 3 de sus secretarios, acumularon entre 2006 y 2011 más de 14 millones de pesos en depósitos bancarios no justificados.

Mediante amparos, beneficiaban a la empresa de casinos Entretenimiento de México (Emex), propiedad de los hermanos Rojas Cardona, para impugnar clausuras de autoridades municipales.

"Concurren elementos que hacen presumir que tanto el juez Ricardo Hiram Barbosa Alanís, como los secretarios Héctor Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González omitieron cumplir con los deberes y obligaciones inherentes a sus cargos, pues de la información financiera vinculada con ellos y sus familiares, se observan ingresos adicionales a los percibidos con motivo de sus encargos, además de la existencia de depósitos sospechosos y falta de veracidad en declaraciones patrimoniales", dice la resolución.

(V.pág.4 del periódico Mural del 6 de marzo de 2014).


En Michoacán se vive una lucha de fuerzas. Por un lado, el gobierno federal, acotado por las leyes, no puede realizar una toma formal y total, pese al reconocimiento de una debilidad institucional que desvela la existencia de territorios que están en manos de grupos paramilitares que son la ley, imponen sus condiciones a las propias autoridades, las desafían y demuestran que en ese estado, o al menos en una buena parte de él, son ellos quienes mandan.

El gobierno federal está buscando la recuperación de ese cacho de su territorio nacional y este martes viajó el presidente Enrique Peña Nieto a Morelia, acompañado de todo su gabinete legal y ampliados, con senadores y diputados federales, para decirle a los michoacanos que no están sólo y que restituirán la paz y el Estado de Derecho. Hubo frases rimbombantes, lugares comunes, en el ejercicio de una retórica para un acto político que exige, en estos momentos, otro perfil y dirección.

El espejo del Estado Mexicano es el doctor José Manuel Mireles, uno de los líderes de los grupos de autodefensa, que en el mismo día del anuncio del Plan Michoacán, apareció en una entrevista publicada en el diario madrileño El País, asombrosa por lo brutalmente cándido y sorprendente por su beligerancia y desdén al gobierno. Es una de las voces más públicas del paramilitarismo en la entidad, que amalgama aquellos que frustrados legítimamente por la ausencia de quien les proveyera seguridad, se levantaron en armas para proteger a su familia y patrimonio, pero también a los intereses económicos que escudados en un movimiento militar sociopolítico, se sienten afectados en sus utilidades por la competencia desigual de los cárteles de las drogas, o los que vieron en las autodefensas la manera de cobrar facturas personales contra sus viejos camaradas en el sicariato del crimen.

Mireles habló abiertamente sobre lo que él y miles de michoacanos deben estar pensando en estos momentos sobre el pacto del gobierno con las autodefensas que, en unas cuantas frases, descalificó. "El pacto para legalizar las autodefensas es un teatro, están burlándose unos de otros", afirmó. "No vamos a parar hasta que caigan (sus enemigos declarados, los Caballeros Templarios). No podemos estar en paz en ningún lado mientras no caigan. Porque como ya los enfrentamos, mientras estén vivos, aunque estén detenidos, hay cárceles donde viven mejor que en sus casas y pueden dar orden de matar gente".

El líder de las autodefensas habló con la realidad que no alcanza a abarcar cualquier estrategia nacional. En una guerra con criminales, no hay códigos internacionales ni de honor. Si no los matan, serán asesinados por aquellos a quienes les perdonaron la vida. En sus propias palabras, no descansarán las autodefensas hasta que estén muertos los 7 líderes de los Caballeros Templarios, y no depondrán las armas, hasta que el Gobierno federal les entregue sus cabezas. Mireles ha dicho. Y las autodefensas siguen avanzando y cazando a sus enemigos. En términos de Estado de Derecho, la ley es inexistente. La Policía Federal tiene instrucciones de no frenarlos y de acompañarlos -cuantas veces sea posible, que no es siempre-. El gobierno federal se encuentra en un atolladero y está pagando el empoderamiento que les dio a estos grupos paramilitares cuando se presentaron en sociedad hace un año. Les dio la bienvenida, los consideró sus aliados, les facilitó financiamientos y que se armaran. Además, aceptó mediante la inacción, que grupos armados fueran tomando municipios y sustituyendo a la autoridad.

En una parte de Michoacán son los paramilitares, en efecto, quienes detentan el poder y establecen qué es justo y qué es ilegal, cuál es la estrategia y qué condiciones tiene que aceptar el gobierno federal para que entonces acepten realmente el plan de desarme. La debilidad institucional michoacana ha demostrado que esa debilidad, en ese territorio, también es federal. El presidente dijo este martes en Morelia que el gobierno es quien tiene el único derecho legítimo de la fuerza. Es absolutamente correcto en un país en orden. No es el caso mexicano, y mucho menos en Michoacán. El ejemplo de los paramilitares se está extendiendo, lo que deberá ser un aviso a las autoridades que algo no están entendiendo porque no lo están resolviendo.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 4 de marzo de 2014).


"No sabemos ni prender una computadora, cómo quieren que facturemos de manera electrónica", gritaba uno de los auto llamados pequeños comerciantes que por 4a. ocasión salieron a las calles a protestar contra los nuevos impuestos y recientes formas de comprobar los mismos. Desde alrededor de las 9:30 horas bloquearon las principales avenidas del centro histórico como Avenida Juárez, 16 de Septiembre, e Hidalgo.

(V.pág.13-A del periódico El Informador del 4 de marzo de 2014).


Para confiar en la justicia deben existir muestras claras de voluntad y un mecanismo que puede aliviar el hartazgo de la sociedad hacia el sistema existente y obsoleto, en eso puede convertirse el nuevo sistema de justicia penal donde se contemplan los famosos juicios orales, situación en la que Jalisco, a pesar de las buenas intenciones, se ha visto lento, salvo que esta misma semana se den noticias, avances significativos de un gran paso que necesita concretar nuestro estado.

En la actualidad, sólo en materia mercantil y según el tipo de juicio, se realiza algo similar, con un desahogo en las audiencias de 2 a 3 días.

Al iniciar los juicios orales se daría batalla al lastre más importante: la corrupción. Dada la rapidez de la acción, el acusado hace la declaración preparatoria, el juez dicta formal prisión o auto de libertad y entonces inicia el proceso oral que desahogaría la gran cantidad de expedientes acumulados.

Es obvio que no se le puede dar la misma importancia a una sentencia de un homicidio que a una por el robo de una cartera. Algunos estados de la república que ya aplican este nuevo sistema de justicia, Chihuahua, Oaxaca y Baja California, han cuadruplicado su efectividad en la resolución de los casos hasta en 45%. Los que no han llevado a la práctica esta reforma, resuelven 15% de los casos.

Los delitos menores se podrían resolver de otra forma y permitiría desahogar el sistema procesal.

Gabriela Aguilar
(V.pág.8-A del periódico El Informador del 4 de marzo de 2014).


En México sólo se resuelve 3% de los delitos que se denuncian.

Con tanta impunidad, lo que debería sorprendernos es que no haya más delincuencia, ha dicho el investigador en seguridad de la Universidad de Guadalajara Marcos Pablo Moloeznik.

Vanesa Robles
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 2 de marzo de 2014).


La detección de 41 casos de clenbuterol en 8 ranchos de Jalisco no debe alarmar al consumidor de hígado de res, afirmó el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Guizar Macías [también conocido como "El Mataperros", recuerda el webmaster.].

El funcionario federal argumentó que hasta el momento no tienen registro de personas intoxicadas y que la cantidad de casos no se compara con los 309 que se contabilizaron en 2009. Sin embargo, resaltó la importancia de realizar una supervisión como lo establece la ley.

Para dar mayor certeza de que no se utiliza este anabólico para engordar las reses de Jalisco, se reforzarán las inspecciones en los ranchos.

(V.pág.14-A del periódico El Informador del 1o.de marzo de 2014).


Con excepción de su frenada marcha de ayer sobre Morelia, esos paramilitares "buenos", por supuesto armados hasta los dientes, han venido (¡desde hace un año!) brotando, creciendo, reproduciéndose y desplazándose por donde han querido sin que nadie los moleste.

Por sui géneris, "provisional" y explicable que sea la relación establecida por la federación con estos grupos, lo deplorable del caso es que las autodefensas parezcan ser las heroínas de la película michoacana, como si Ejército, Policía Federal y las demás instituciones del Estado fueran... sus comparsas.

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Milenio Jalisco del 28 de febrero de 2014).


Desdén en mayor o menor medida los mexicanos sentimos por la ley. El respeto a la legalidad no forma parte de nuestros usos y costumbres, y lo mismo ignoramos las señales de tránsito que las disposiciones constitucionales. Quien detenta autoridad, ya sea un simple gendarme o un funcionario poderoso, se siente absoluto, es decir absuelto de cumplir la ley, y los ordenamientos que lo obligan se los pasa por abajo de no voy a decir dónde. Se instaura así un ámbito de inseguridad, pues nadie está seguro si las leyes no se cumplen. Donde hay derecho hay sociedad, decían los romanos, esos grandes creadores de sistemas normativos.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas en línea del 27 de febrero de 2014).


Normalistas bloquearon ayer por más de 10 horas todos los accesos carreteros a la Oaxaca, Oax., así como los principales cruceros.

Los estudiantes demandan que la federación y el gobierno del estado les otorguen automáticamente plazas docentes.

Los jóvenes se niegan a presentar un examen de oposición para ganarse una plaza de maestros, tal y como lo exige ahora la legislación educativa.

Debido a sus bloqueos, miles de oaxaqueños tuvieron que caminar ante la imposibilidad de transitar en vehículos.

Las acciones de presión fueron organizadas por la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca, la cual aglutina a los jóvenes de las 11 escuelas que existen en la entidad.

Por la mañana, retuvieron camiones de pasajeros y los atravesaron en los accesos a la ciudad durante 5 horas.

Los bloqueos a la carretera federal 190 cerraron los accesos que comunican a Puebla y al Istmo; al sur, la ruta a la costa, y al norte, la vía que lleva a Veracruz.

Por la tarde los estudiantes se movilizaron hacia los 7 principales cruceros.

En la Calzada Niños Héroes de Chapultepec, la cual cruza el centro de la ciudad, atravesaron 30 camiones del transporte público en los cruceros del estadio de beisbol, IMSS, Crespo, Margarita Maza, Manuel Ruiz, ADO y Fonapas.

Durante esa acción, la terminal de autobuses de 1a. clase quedó cercada y las corridas fueron suspendidas. Decenas de visitantes quedaron varados por horas.

Debido al corte de las carreteras, los taxis, camiones y autobuses de transporte foráneo pararon su servicio.

Los pasajeros debieron caminar en promedio un kilómetro para abordar a otra unidad que los llevara hacia su destino en la ciudad de Oaxaca.

Mujeres que venden tortillas y verduras en el centro de Oaxaca tuvieron que llevar cargando, bajo el sol, sus bolsas y costales de productos.

Por la tarde, las calles lucían congestionadas por cientos de automovilistas que buscaban salidas alternas.

El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Antonio Iturribarría Bolaños, confirmó que los estudiantes reclaman la asignación automática de 740 plazas docentes para egresados de este ciclo escolar.

Sin embargo, el funcionario dijo que esa petición es imposible de cumplir porque tras la reforma educativa las plazas deben asignarse mediante un examen de oposición.

El funcionario ofreció como alternativa que el gobierno estatal financie cursos propedéuticos en los que los normalistas se preparen para el examen que exige la SEP.

(V.pág.8 del periódico Mural del 27 de febrero de 2014).


Pobladores de San José del Llano, en Celaya, Gto., bloquearon ayer la carretera a Querétaro. Los trabajos de construcción de un puente vehicular fueron suspendidos durante la protesta. Los habitantes exigen un puente peatonal y un acceso a su pueblo.

(V.pág.8 del periódico Mural del 27 de febrero de 2014).


Si a usted le roban la cartera, su casa o el carro ¿denuncia por convicción o por necesidad? Piense unos minutos su respuesta. En México el nivel de delitos no denunciados asciende a 92.1% de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 2013 del Inegi. Hace 2 semanas en un restaurante de la colonia Americana se encontraba comiendo un grupo de señoras; una de ellas más tarde se percató que "alguien" había sustraído de su bolsa colgada en el perchero el monedero donde llevaba 15,000 pesos dentro, resultado de los abonos que ese día había recibido y tendría que pagar a una firma de venta de cosméticos por catálogo.Nadie hizo nada al respecto, ni ella misma, porque decidió que sería una pérdida de tiempo ir a denunciar.

Días después, en un caso muy similar y muy cerca de donde ocurrió el incidente, otro episodio se escribe de igual forma. Ahí sí se logró detener a una persona involucrada en la sustracción de pertenencias de bolsos ajenos. La afectada denunció como marca la ley para enterarse 10 días después que el acusado estaba libre por ser "un robo simple" y por contratar una buena defensa que hoy ya lo tiene fuera de la cárcel.

Para los robos a casas y carros, si se cuenta con el seguro, es lógico tener que ir a pasar por todo el proceso que implica denunciar, para que al final de todos modos, el daño no se repare en su totalidad.

El "disco rayado" de las autoridades para hacer la denuncia ciudadana, salvo algunos casos, queda en el trámite. La falta de credibilidad es el principal problema. Será percepción o realidad: ante un robo es difícil, a veces imposible, recuperar lo que se llevan, pero seguro denunciar acarrea más de un problema -directo o colateral-. ¿Así cómo alentar la acción legal?

Gabriela Aguilar
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 25 de febrero de 2014).


México debe transitar a la legalidad. El país no podrá tener una economía en crecimiento si no hay certeza jurídica; si no hay un régimen judicial confiable; si no hay un sistema que reprima y sancione la corrupción; si los empoderados no se someten a la ley y no abusan de su investidura como ha sucedido con la extorsión de legisladores a gobernadores y presidentes municipales. Si no hay legalidad tampoco habrá seguridad y la impunidad prevalecerá. Si no hay leyes tampoco habrá bienestar social o menor pobreza.

La legalidad no pasa por el Congreso ni por la Constitución, es cuestión de actitudes, valores y, especialmente, voluntad. Mucho más de quienes tienen poder político, económico o de influencia. Importa mucho la denuncia social, los medios de comunicación, incluso la red con todo y sus excesos y abusos. Es muy útil la acción vigilante de la sociedad, aunque también hay que decir que el cambio debe darse en las personas, las que mantienen una postura, en el mejor de los casos, ambigua respecto a la ley, si no es que de apego selectivo, cumplo hasta donde conviene.

Es crucial interiorizar la legalidad. Es difícil porque implica que el cambio empiece por uno mismo. Ni cinismo ni hipocresía, simplemente actuar conforme al dictado de la ley. Entender y asumir, cosa nada fácil, que las leyes son nuestra mayor garantía y, por lo mismo, se debe cumplir rigurosamente con las obligaciones y deberes, así sean las cotidianas de vida cívica o las periódicas como las contribuciones o el ejercicio del voto. Vivir con apego riguroso a la legalidad en México no es fácil y en el servicio público requiere de valor y carácter. Logros importantes como la detención del narcotraficante más buscado no debe significar bajar la guardia.

Gobiernos vienen y van. México ha logrado superar su pasado no democrático. En cierto sentido ha sido hazaña, pero no hay mucho aprecio por ello porque persiste la inseguridad, la violencia y una apabullante desigualdad. En eso tienen razón quienes llaman a transitar a un país de leyes.

Federico Berrueto
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 23 de febrero de 2014).


Vagoneros invidentes bloquean la circulación de la Calzada de Tlalpan, debido a que avanzan en marcha hacia el Zócalo capitalino.

Más de 50 vendedores ambulantes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se reunieron a la altura del Metro Viaducto, para caminar a la Plaza de la Constitución.

La circulación vial de todos los carriles se encuentra severamente afectada hacia el centro, por lo que se pide evitar la zona.

(V.periódico Excélsior en línea del 20 de febrero de 2014).


Un grupo de 230 personas de grupos indígenas tomaron el cruce de Avenida Juárez y 16 de Septiembre a manera de protesta porque desde el 5 de marzo hicieron 2 peticiones al Gobierno del Estado y no han recibido respuesta. La 1a. se trata de un predio en Tlajomulco para que vivan familias indígenas, explicó Martín Guzmán, vocero del Frente Popular Revolucionario.

La 2a. solicitud son 2 mercados de artesanías.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 18 de febrero de 2014).


Las leyes, en mi limitada visión de las cosas, son para aplicarse -o sea, para respetarse- y sanseacabó. Pero, en este país las cosas no son tan lineales. Para empezar, doña Constitución es meramente un muy encomiable catálogo de buenas intenciones, o sea, una extensísima lista de derechos tan magnánimamente otorgados como imposibles de satisfacer vistas las limitaciones de un aparato público ineficiente y corrompido. Aun así, sabiendo que en México millones de ciudadanos no tienen siquiera asegurados los mínimos para vivir dignamente, los prohombres de nuestro congreso bicameral promulgan leyes cada vez más generosas: muy pronto, tendremos garantizadas las prerrogativas constitucionales al desayuno caliente, a la Internet de alta velocidad, al clima temperado y al aire puro en las ciudades, entre otras posibles asistencias que estará obligado a dispensarnos papá Estado.

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 16 de febrero de 2014).


En días pasados integrantes de la horda de la CNTE, que supuestamente son maestros y que tienen la responsabilidad de educar a la niñez y juventud mexicana, bloquearon la calle Hidalgo en el Centro de la ciudad como una señal de protesta contra la Reforma Educativa.

El viernes pasado volvió a nacer otro bloqueo, ahora de los cultivadores de maíz protestando según ellos contra el precio actual del grano, siendo que no hay límite para el precio, sino que el mercado es el que lo determina.

Las autoridades tanto municipales, como estatales y federales, deben estar preparadas, sin que les tiemble la mano para poner en orden estas agresiones a la población y a la comunidad.

El año pasado en la Ciudad de México hubo más de 2,000 bloqueos, provocando cada vez un verdadero desorden en nuestra gran capital y sus habitantes.

Si no se previenen y se paran a tiempo estas arbitrariedades e irregularidades, las agresiones pueden iniciar un foco de violencia incontrolable que pudiere llegar hasta una degeneración cívica y humana, como empezó Michoacán, que su estado actual es una verdadera vergüenza y un caos que llama la atención a nivel mundial.

Es vergonzoso que ciudadanos normales hayan tenido que tomar las armas para defender su comunidad de malandrines, maleantes y del crimen organizado, secuestradores y asesinos.

En la Ciudad de México las marchas y bloqueos aparentemente pacíficos terminaron en actos de vandalismo, agresiones, perjudicando gravemente a la ciudadanía trabajadora y a los comerciantes respetuosos de la ley, y no se tomaron las medidas que se deberían haber tomado.

Siempre hay una norma obligatoria dentro de la ley para mantener el orden, como aquella vez que los globalifóbicos trataron de atacar a los asistentes a la Cumbre de las Américas en el centro de nuestra ciudad, pero las autoridades cumpliendo la ley y con mano firme los detuvieron llevando a la cárcel a más de 50 salvajes que aventaban bombas molotov, piedras, varillas, palos, etc.

José Manuel Gómez Vázquez Aldana
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 16 de febrero de 2014).


Spencer McMullen, del despacho de abogados de Chapala Law, advirtió que las condiciones legales en México y lo que ha visto en Chapala favorecen la impunidad de los delincuentes: "Muchos extranjeros no entienden el sistema aquí en México, la policía aquí es para la prevención del delito y si ya pasó el delito hay que levantar la denuncia en la ‘Procu’ y llevar un traductor. Muchos extranjeros como mexicanos tienen flojera sabiendo que una denuncia tarda meses y meses después de pasar horas en la ‘Procu’ y piden facturas, algo que no existe en Estados Unidos o Canadá. Muchos se hartan de las vueltas para dar seguimiento a su asunto". Y de los delincuentes detenidos, se estima que 98% salen libres y sólo el resto obtiene sentencia condenatoria.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 15 de febrero de 2014).


El gobierno federal acordó con la etnia Yaqui el retiro del bloqueo que mantenían integrantes de esa comunidad en la carretera federal México-Nogales 15, en su tramo Vicam Estación, mientras un tribunal resuelve el conflicto sobre el Acueducto Independencia.

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda, se reunió con los gobernadores de la etnia, a quienes entregó el pronunciamiento del gobierno federal ante el conflicto social por el abastecimiento de agua a la ciudad de Hermosillo.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 15 de febrero de 2014).


Las múltiples violencias aquí o allá, en Guerrero o Michoacán, no brotan de la nada: se van incrustando en las grietas del muro desvencijado de un Estado constitucional de derecho mermado, hasta que un día el muro no resiste y aplasta a quienes esperaban de él cobijo y paz, en especial, los vulnerabilizados (sic) de siempre. Complicidades y cobardías previas permiten estas violencias, que no pasan forzosamente por las armas. Parte de esa larga lista son, por ejemplo, las acciones de legisladores que eligen a quienes debían garantizar el derecho a la ciudad, a los derechos humanos, a la vida en democracia, por cuotas de partido, como si de un mercado se tratara, y han dado a traste con instituciones ciudadanas, o a su servicio, que ya no lo son.

Guadalupe Morfín
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 14 de febrero de 2014).


Con ayuda de una muleta, Don Marcos Rodríguez llegó a duras penas al parabús del Par Vial, y se detuvo de uno de los pilares mientras detenía con su mano derecha una pequeña bolsa, la muleta reposaba en su axila. Pero el trolebús no pasaría, ya que la Avenida Hidalgo sigue cerrada por los miembros de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco.

Ahora los pasos de Marcos, dirigidos por sus sandalias, se dirigirán hasta la calle Prisciliano Sánchez; "hasta allá" dice con pesadez, donde tomará otro autobús que lo llevará a su casa en el Sector Libertad.

"¡La gente se pregunta: ¿y estos quiénes son? Somos maestros y queremos solución!", gritaban los profesores frente al Congreso del Estado, a unas cuadras, dejando atrás los 4 trolebuses detenidos a un costa de la catedral, uno tras otro usuario de transporte llegaba al parabús, notaba el tráfico y un taxista u otros usuarios comunicaban la lamentable noticia: "no está pasando el camión".

Y como previendo el trajín, las personas repetían las mismas señas: suspiro, mirada gacha, y luego daban un vistazo al cielo para notar el sol radiante que azotaba cada espacio sin sombra. Sin embargo, ni eso abatía a las decenas de maestros que seguían gritando consignas ahora no por la reforma educativa, ya que sus críticas se centraron en el secretario de Educación, Francisco Ayón.

A pesar de las molestias, los miembros de la asamblea se mostraban relajados, reían tras una rima pícara y daban un mordida al lonche, chupaban la paleta, o tomaban un sorbo de la botella de agua que les vendían comerciantes ambulantes que aprovechaban la ociosidad de los profesores.

Los manifestantes no dejaban de repetir que su movimiento es pacífico.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2014).


Antes de ser autoridad y cobrar lo justo prefieren ser amistosos y cordiales. Se trata de los ayuntamientos que sufren las deudas de sus ciudadanos por no pagar el impuesto predial, aunque en su conjunto superan los 4,440 millones pesos de cartera vencida en los municipios más poblados.

Ninguna de las administraciones de Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Puerto Vallarta y Zapopan quiere "presionar" a sus habitantes para que cumplan con el impuesto predial, sino que "la idea es tener la forma más cordial para negociar una forma de pago", afirma la directora de Ingresos del ayuntamiento tapatío, Sara Macías Arellano.

El Ayuntamiento de Guadalajara, con una deuda ciudadana de 458 millones de pesos, es la única administración que ha llegado a señalar y embargar bienes. "Se trata de una televisión, una computadora y una camioneta de modelo antiguo", dijo la funcionaria, sin detallar el monto de lo recuperado.

(V.pág.2-A del periódico El Informador del 12 de febrero de 2014).


Lo único más injusto que subir los impuestos es que unos paguen y otros no. En la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco en general, el predial lo paga el que quiere. En la práctica es un impuesto opcional, y eso va en contra de todos aquellos que sí pagan pero reciben malos servicios porque el dinero no ajusta.

4,000 millones de pesos no son poca cosa. Ajustan nada menos que para 3 millones de metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico, con lo prácticamente se acabarían los baches. O si se prefiere es más o menos la mitad de lo que la ciudad necesita de inversión en colectores para acabar con las inundaciones. Por no hablar del tema de moda que es la movilidad, pues con eso se podría construir cerca de 100 kilómetros de líneas de BRT. O simplemente no sufrir para destinarle 4 millones de pesos a combatir el muérdago que está acabando con nuestros árboles.

Es cierto, el problema es de ida y vuelta: ciudadanos que no pagan y gobiernos que no hacen lo hay que hacer. Pero la responsabilidad de cobrar es del gobierno, para eso lo elegimos, para eso le pagamos y en ello confiamos todos los que sí pagamos.

Dego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 12 de febrero de 2014).


Calle Hidalgo cerrada.

Luego de sostener una reunión con los coordinadores parlamentarios del Congreso del Estado, los maestros que se manifestaron ayer a las afueras del Palacio Legislativo lograron la firma de un convenio con los diputados en torno a las peticiones por las que los docentes hicieron su protesta. Sin embargo, el plantón no fue levantado y en tiendas de campaña pasaron la noche afuera del Palacio Legislativo.

De acuerdo con información proporcionada por el vocero de la Asamblea Magisterial Democrática de Jalisco, Carlos Scheel Martín, la comisión que ingresó a reunirse con los diputados presentó sus solicitudes, y tras la reunión lograron firmar una carta en la que los legisladores se comprometen a darle seguimiento a sus peticiones, las cuales se centraron en mantener la educación gratuita y la no retroactividad de las leyes en materia de la reforma educativa.

Minutos después de haber logrado los acuerdos, los docentes liberaron la circulación vehicular por la calle de Independencia, manteniendo el cierre parcial de la Avenida Hidalgo, desde la Avenida Alcalde hasta el recinto legislativo.

Tras deliberar el siguiente paso que tomarían en sus protestas, los maestros llegaron al acuerdo de pasar la noche en la Plaza de la Liberación, en donde alrededor de 500 docentes pernoctaron como parte de su manifestación.

El vocero del movimiento adelantó que se analiza la posibilidad de que hoy realicen una marcha hacia la Torre de Educación o de enviar una delegación de 15 a 20 maestros a que dialoguen directamente con el gobernador Aristóteles Sandoval, para que sea él quien mande llamar al secretario de Educación y se sostenga el diálogo con los maestros manifestantes.

(V.primera plana del periódico El Informador del 12 de febrero de 2014).


Ciudadanos de Zongolica, Ver., amenazaron con tomar las armas para defenderse de la delincuencia y el crimen organizado. Román Vásquez González, líder de la autodefensa, dijo que llegaron a esta decisión porque desde el 2011 solicitaron apoyo a las autoridades estatales y federales, pero éste nunca llegó.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 11 de febrero de 2014).


Asfixia con bolsas de plástico, toques eléctricos en los genitales, golpes que se amortiguan con toallas húmedas para no dejar moretones y aislamiento por varios días para "ablandar" al detenido, son métodos de "investigación policiaca" que no han podido ser erradicados en Jalisco. Y no sólo eso, sino que a pesar de que las autoridades han reconocido y lamentado los casos de este tipo, en los hechos no hay ninguna sentencia, a decir de expertos en derechos humanos y académicos consultados por La gaceta.

"Tristemente la Ley Estatal para Prevenir la Tortura, que tipifica esta conducta como delito, pareciera letra muerta. Lo más preocupante es que las autoridades reconocen y saben que esto ocurre, y ni siquiera hay un solo detenido", lamenta Francisco Macías Medina, especialista del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.

El fiscal general, Luis Carlos Nájera, aceptó preocupado que no se ha podido erradicar del todo esta práctica. Aceptó que "lo que decían de la tortura es algo real".

La ex ombudsman Guadalupe Morfín Otero resaltó varios pendientes: no sólo calificó de grave la vigencia de la tortura como táctica indagatoria, sino que aún falta mucho para que los derechos humanos sean el verdadero eje transversal de todas las políticas públicas en Jalisco. "La aceptación de que hay tortura me parece gravísima. Yo quisiera que aceptaran que se comprometen a erradicarla definitivamente, por todos los medios posibles".

María Guadalupe Ramos Ponce, investigadora de la UdeG y representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, reflexiona en el mismo tono: "Ha sido una práctica constante, primero en la Procuraduría de Justicia y ahora en la Fiscalía. Al tema no se le ha dado suficiente visibilidad, sobre todo para sancionar a quien utiliza la tortura como método de investigación. Quisiera saber cuántos casos se han sancionado, cuántos ministerios públicos o policías han sido dados de baja. No tenemos esa información. Sólo palabras, frases que dicen que aumenta o que no se practica, pero eso no nos dice nada".

Francisco Macías Medina, creador del Programa Preventivo contra la Tortura y responsable del proyecto de desarrollo institucional en Cepad, puntualiza: "El solo hecho de aceptarlo, sitúa a Jalisco en una práctica policial de Edad Media y que no debe ser admisible en un Estado de derecho, porque esto implica para una autoridad realizar investigación, sancionar, reparar y asegurarse de que eso no vuelva a ocurrir".

Mientras no haya castigos, concluye Francisco Macías, la ley seguirá como letra muerta y será imposible erradicar la tortura: "En la reciente actualización que hicimos en nuestros estudios para el tema de la tortura, no se han movido los indicadores. En Jalisco tenemos el problema de la práctica reiterada de tratos degradantes de todas las corporaciones policiales".

Julio Ríos
(v.pág.9 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 10 de febrero de 2014).


Un suceso escalofriante: en Chacté, una comunidad de Chiapas, el conductor de un taxi atropella a un chico, que resulta con una pierna rota. Los pobladores lo detienen, junto con su pasajero. Ambos son llevados a la cárcel municipal de San Juan Cancún. Llega luego una turba, los saca de la celda y los arrastra de vuelta al poblado donde, tras golpearlos, los amarran a un poste, los rocían de gasolina y les prenden fuego. Los 2 hombres mueren.

Esta noticia, que debiera quitarnos el sueño a todos los mexicanos, no ha figurado en los titulares de la prensa y, por lo visto, se inscribe ya en una suerte de normalidad hecha de sangre y horror. Pero, no está aquí el elemento, así de estremecedor como pueda ser, de la brutalidad que acostumbran esas organizaciones criminales que amedrentan a sus adversarios con cadáveres colgando de puentes, decapitaciones y otras aterradoras advertencias. Esto es mucho más inquietante todavía. Porque, señoras y señores, no estamos hablando de la siniestra actuación de un delincuente, canalla de necesidad, sino de la barbarie de los ciudadanos de a pie. Y tampoco se trata de un hecho enteramente aislado sino de algo que ha ocurrido hasta en la mismísima capital de la república, bajo un gobierno municipal que, por una extrañísima razón, se abstuvo de intervenir oportunamente siendo que las cámaras de las televisiones ya estaban ahí, en la plaza donde fueron linchados 3 policías, para registrar tan atroz suceso.

El huevo de la serpiente fue tal vez incubado en esa ancestral disposición de nuestras autoridades para acomodarse a la ilegalidad y para convivir con la realidad de un "México bronco" que, según nos avisan los agoreros, no sólo sigue estando entre nosotros sino que en cada momento, por esto o por lo otro -porque se llevó a cabo una reforma en el congreso o porque subieron los precios de la gasolina o porque el virus A/H1N1, identificado y aislado, ya no merece que se paralice la vida pública- puede llevarnos al precipicio del "estallido social".

En todo caso, resulta que el "pueblo bueno" ya no es tan bueno. No sólo eso: es bastante salvaje, cruel e inhumano, perfectamente capaz de perpetrar atrocidades como las que consigna el Antiguo Testamento y de colocar, a todo un país, en la angustiosa disyuntiva de convivir con el horror y de volver a los tiempos de la horda primitiva como si las leyes no existieran y la justicia fuera un mero asunto de quemar viva a la gente o de matarla a golpes en la calle.

No puedo dejar de recurrir, en este sentido, a la formidable frase del pensador español Fernando Savater: "Un pueblo sin educación es un pueblo ingobernable". Y es que lo primero que te podría venir a la mente es que, en estas comunidades donde han acontecido hechos terribles -en el Estado de México, la delegación Tláhuac del Distrito Federal, Chiapas y Guerrero-, la gente carece de la mínima formación como para mitigar sus instintos destructivos y sus comportamientos antisociales. La reflexión más apremiante, sin embargo, gira en torno al hecho de que los bárbaros son compatriotas nuestros. ¿Qué vamos a hacer con ellos?

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 9 de febrero de 2014).


Como bien lo dice el Dr. José Barragán Barragán: todos los actos y decisiones que está tomando el IFE son nulos de pleno derecho por hacerlo con tan sólo 4 de sus integrantes, cuando el quórum válido requerido para sesionar es contar con al menos 5 de los 9 integrantes de su Consejo General.

Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de febrero de 2014).


Un turba de indígenas tseltales golpearon y quemaron vivos a dos personas que habían atropellado a un menor en el estado de Chiapas, en el sureste de México, informaron hoy fuentes oficiales.

Los hechos ocurrieron el jueves en la comunidad Chacté cuando un taxi arrolló al niño Jerónimo Gómez, quien sufrió una fractura en una pierna, señaló la fiscalía estatal.

Algunos pobladores detuvieron a los 2 ocupantes del vehículo y los trasladaron a la cárcel municipal de San Juan Cancuc, adonde después llegó una turba y sacó a los sujetos y los trasladó nuevamente a la comunidad.

Allí los golpearon, los ataron a un poste y finalmente les prendieron fuego hasta que murieron.

De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos 6 meses han ocurrido al menos 9 casos de linchamientos similares en la zona, el más reciente el pasado mes en la comunidad de Yochib, municipio de Oxchuc, donde 2 presuntos asaltantes fueron quemados.

(V.periódico El Informador en línea del 7 de febrero de 2014).


Luis Carlos Vega Pámanes, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, asegura que la corrupción, la impunidad y la falta de certeza jurídica en Jalisco han ahuyentado importantes inversiones de la entidad, como una de la planta automotriz BMW. Y advierte: esa situación no cambiará si en Jalisco sigue existiendo un juez por cada 100,000 habitantes, mientras en México el promedio es de 4 jueces y en los países del 1er. mundo 14 por el mismo número de pobladores.

Para desgracia de los que aquí vivimos, Vega Pámanes no exagera, aunque tampoco dice nada de cómo se pueden hacer ahorros en el poder judicial, caracterizado por su opacidad, para crear más plazas de jueces, que nos ayuden a salir de la posición número 26 en la que está Jalisco en certeza jurídica, imparcialidad e incidencia delictiva. Para no dejar en la impunidad más de 97,000 delitos como nos ocurrió en el 2013. Condición que es el más poderoso estímulo para que la delincuencia crezca.

¿Están los casi 1,200 millones de pesos que tendrá el poder ludicial (STJ, Consejo de la Judicatura, Tribunal Electoral, Tribunal Administrativo, y el Instituto de Justicia Alternativa) en 2014 óptimamente utilizados o también se cometen excesos que no conocemos?

¿Por qué todas las dependencias que conforman el poder judicial subieron casi en un 4% su presupuesto este año respecto a 2013, menos el IJA, que redujo en más de un 21% sus recursos al pasar de 46 millones a sólo 38 mdp, pese a su importancia estratégica para quitar vía la mediación la carga que Pámanes dice que ahoga a los jueces y se come el poco presupuesto de este poder?

Si bien es cierto que el Supremo Tribunal de Justicia debe tener por ley un porcentaje del presupuesto estatal seguro como ya pasa en otra entidades del país, también es necesario primero que se transparente su operación y se optimice el manejo de un presupuesto a todas luces insuficiente.

Jaime Barrera Rodríguez
(v.pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 7 de febrero de 2014).


Operaciones financieras por 26 millones de pesos realizó entre 2006 y 2011 el juez federal Luis Armando Jerezano, quien está bajo investigación por beneficiar a casinos.

Lo anterior se concluyó en una indagatoria del Consejo de la Judicatura Federal que tomó 2 años y medio, por la cual el pasado 22 de enero se inició un procedimiento disciplinario contra el juez, quien encabezó el Juzgado 4o. de Distrito en Torreón.

Varios medios han publicado en días recientes reportes sobre una investigación de la DEA por una cuenta de Jerezano y su esposa en Estados Unidos, pero ese tema no fue parte del expediente del Consejo de la Judicatura Federal.

La investigación 7/2011 señala que Jerezano incurrió en "falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido" durante el trámite de al menos 12 amparos.

El caso más grave, que originó la indagatoria, fue el de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, vinculada con el Casino Royale de Monterrey.

En diciembre de 2008 la empresa ganó un amparo por el que se ordenó a Gobernación reconocer la validez de un permiso para operar 5 casinos que según la dependencia era falso, ampliar dicho permiso para autorizar 41 books deportivos y levantar clausuras sobre 2 casas de apuestas.

Entre otras irregularidades, Jerezano aceptó tener por cumplida la sentencia de amparo mediante un documento supuestamente expedido por Gobernación, que también era falso y fue presentado por los abogados de AEV, lo que es totalmente inapropiado.

En 2008 y 2009, el juez no se excusó de conocer amparos en los que estuvieron involucrados amigos cercanos.

(V.pág.2 del periódico Mural del 6 de febrero de 2014).


El secretario general de Gobierno de Jalisco, Arturo Zamora, tuvo que ir a "salvar" a su homólogo de Salud, Jaime Agustín González, al enfrentar las inconformidades de una centena de manifestantes que cerraron las calles del centro.

El bloqueo de Alcalde, con el amago de no retirarse hasta que fueran atendidos, motivó que llegara Zamora a atenderlos. El cierre sólo duró media hora.

Desde la semana pasada, los trabajadores del programa Patio Limpio, quienes combaten el dengue, se habían manifestado pidiendo les pagaran el mes trabajado y firmaran un contrato para garantizar su contratación.

(V.pág.5 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 6 de febrero de 2014).


Más de 2,000 personas provenientes de 200 comunidades de 13 municipios de La Montaña (Guerrero) bloquean paralelamente las carreteras de Tlapa hacia Guerrero y la que comunica con Chilpancingo en demanda de la instalación de una mesa de diálogo, en la que participen la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el gobernador Ángel Aguirre, para solucionar su demanda de vivienda y alimentación, luego de que quedaron damnificados con el paso de la tormenta "Manuel".

Desde las 11:00 horas marcharon desde la casa católica de Tlapa hacia las afueras de la ciudad donde dividieron el contingente en 2 para hacer sendos bloqueos en los puntos referidos.

Los inconformes que se desplazaron de sus lugares de origen hacia Tlapa desde la madrugada de hoy, se quejan de que los gobiernos federal y estatal no han cumplido sus promesas de apoyar totalmente a los afectados por las lluvias que azotaron la región entre el 13 y el 16 de septiembre y que dejaron muertos, viviendas y sembradíos destruidos, pueblos sepultados y abandonados, así como miles de damnificados que viven en la miseria en campamentos hechos con lonas y láminas.

Por ello, exigen que se instale una mesa de diálogo con Rosario Robles, Ángel Aguirre y los alcaldes de los municipios involucrados.

(V.periódico El Universal en línea del 5 de febrero de 2014).


El sistema judicial en México tiene deficiencias y contradicciones, ya que no hay orientación ni información de la cantidad de billetes falsos que circulan en el país, por lo que los ciudadanos se encuentran a expensas de ser víctimas de un fraude de este tipo, pero además de sufrir encarcelados injustamente. Así lo cree el investigador de la UdeG, Francisco Jiménez Reynoso, quien señala que no todas las personas cuentan con la capacidad o medios certeros para detectarlos, como sería el caso de las instituciones bancarias o las empresas.

Jiménez Reynoso atribuye la circulación de moneda falsa a la presencia criminal en el país, que la introduce en lugares donde "no es estricta la revisión", y a que México se encuentra entre los países más corruptos en el ámbito internacional.

Agrega que ahí radica el problema legal para los ciudadanos en general, ya que "hay un hilo muy delgado" en la interpretación jurídica, porque cualquiera que reciba "de buena fe" un billete falso y lo quiera usar, pone en riesgo su libertad, puesto que el código penal establece que la situación se agrava cuando el que lo usa sabe plenamente de ello, pero advierte que no es tan simple acreditar que se tenía este conocimiento, basado muchas veces sólo en dichos.

El académico reconoce que hay vicios en la estructura judicial del país que permiten estas afectaciones a personas inocentes, y refiere que en México el principio de la presunción de inocencia todavía es algo novedoso, y el inculpado debe "probar su inocencia" aun cuando se encuentre en medio de un proceso jurídico.

Agregó que tales problemas podrían eliminarse con el nuevo sistema acusatorio adversarial, que incluye los juicios orales, que permiten a los acusados confrontarse directamente con jueces y acusadores, pero que en Jalisco continúa siendo una iniciativa retrasada. También lamentó que en estas condiciones, en el país la constante es que quien no pueda pagar un buen abogado tiene menos posibilidades de recibir justicia.

El Banco de México dio registro en 2012, de 278 billetes falsos de 50 pesos por millón de piezas; 100 de 200 pesos por millón de piezas; 97 de 500 por millón de piezas y 125 de 1000 pesos por millón de piezas.

Willy Walter Cortez Yactayo, coordinador de la maestría en economía de la UdeG, señala que en términos macroeconómicos estos datos no representan mucho, pero sí un perjuicio a las personas. También advirtió que las estadísticas se basan en lo detectado por la banca mexicana.

Al no haber más información, "no se sabe la verdadera magnitud" del problema. Por ello la variación en el flujo de moneda falsa en los diferentes años, la que en 2007 alcanzó el mayor índice, de acuerdo a los mismos datos. Esta depende en gran medida de dicha capacidad de detección, que puede ser evadida, sobre todo en temporadas de compras o en la frontera.

También apunta que no es un fenómeno masivo. Concuerda en que el Estado debe promover una mayor concientización y apoyo a los ciudadanos, para que no sean víctimas de la falsificación.

Ya que la falsificación de billete es un delito federal, se persigue de oficio. El Artículo 234 del código penal establece una pena de cinco a 12 años de prisión, así como sanciones económicas, indistintamente de que se produzca, almacene, distribuya o utilice. Salvo el caso de producción, los otros aspectos citados, y sobre todo el de uso, deberá determinarse plenamente que el acusado sabía de ello, reitera Óscar Magallanes de la Rosa, director de Acreditación y Certificación del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Subraya que es el Estado el que tiene la obligación de probarlo ante el juez, lo cual "es subjetivamente difícil". Si este último no cuenta con elementos definitivos de la deshonestidad de la persona, sino tan sólo el billete, "tendrá que dejarla en libertad".

Dijo que en estos casos el afectado podría demandar al Estado y pedir resarcimiento de los daños y perjuicios, pero agrega que no hay casos documentados al respecto, porque normalmente la persona liberada y a la que sólo se le pide disculpas, desiste de iniciar otro proceso.

Roberto Estrada
(v.pág.9 de La gaceta de la Universidad de Guadalajara del 3 de febrero de 2014).


"Si Guerrero fuera un país aparte, hoy sería visto como lo fue Colombia en los años 80, como un territorio sin ley, sometido por las bandas criminales y los escuadrones de la muerte. Así de grave y perturbadora es la destrucción de las instituciones que experimenta Guerrero en este momento. El estado de derecho, la ley y la justicia son convencionalismos de papel sin reflejo en la vida diaria". Esta cita no es de este año, ni siquiera del anterior. Es del 2010, y pertenece al libro Un Asesinato Político. El homicidio del diputado Armando Chavarría y la nueva guerra sucia en Guerrero, del periodista Tomás Tenorio Galindo.

¿Será que ya dimos por perdido a Guerrero y que por eso no nos sorprende la impunidad ahí de crímenes contra líderes sociales, políticos, activistas, estudiantes...?

Salvador Camarena
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 3 de febrero de 2014).


Ese carácter popular y revolucionario que algunos observadores le encuentran a los grupos de autodefensa se diluye por completo cuando su condición es reducida a la categoría de una milicia contratada por los potentados de Tierra Caliente que, de tal manera, se agenciarían ellos mismos su seguridad. Ya no estaríamos hablando, entonces, de una suerte de movimiento espontáneo de valerosos pobladores sino de la inquietante creación de guardias privadas para desempeñar las funciones que corresponden, por ley, a la fuerza pública.

Lo más interesante, sin embargo, es el componente económico del asunto: después de todo, Michoacán es un estado exportador de productos agropecuarios. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los propietarios de las explotaciones agrícolas para proteger supatrimonio? Por lo pronto, ya se han organizado, de una u otra manera, para evitar la extorsión de los delincuentes. Pagan por esa seguridad que el Estado no puede brindarles. Y, por lo que parece, en ese choque directo entre la economía delictiva -la del dinero obtenido en secuestros, robos y extorsiones- y la economía legal, la segunda es la que está resultando ganadora. Esto nos habla, creo yo, de la desbordante fuerza del mercado y de esa disposición, tan igualmente incontenible, de los individuos para defender sus bienes. Pero lo más desalentador, una vez más, es que la sociedad civil es la que ha terminado por dar solución a un problema. ¿Dónde se encontraba el Estado?

Peña Nieto no pudo evitar, en Davos, las preguntas sobre la inseguridad que se vive en México. Lo más visible, desde luego, es el tema de Michoacán. Pero los mexicanos, con sólo doblar la esquina, padecemos robos y secuestros. Tanto, que la primera preocupación de los ciudadanos de este país ya no es la economía sino la seguridad. Y, en este sentido, la pregunta sobre la ausencia del Estado es de una urgencia impostergable: Ciro Gómez Leyva, en una columna reciente, escribía que los caballeros templarios se movían a sus anchas en Tierra Caliente. Luego entonces, las autoridades no pecaron de omisión sino que, en infame complicidad, brindaron protección a los canallas. El gobierno federal, que uno supondría enterado de la situación, ¿se va a quedar cruzado de brazos? ¿No va a detener y a castigar a los responsables de la más nefasta descomposición social ocurrida en este país en los últimos tiempos?

Crear un país de leyes y de certezas jurídicas es la gran asignatura pendiente del actual gobierno. La solución implica terminar con la escandalosa ineptitud de muchos gobiernos locales, por no hablar de su abierta colaboración con los delincuentes. ¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar al México que no funciona?

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de febrero de 2014).


Uno de los factores del auge de los secuestros, y de la inseguridad, en México, son los tiempos infinitos, muertos, de los procesos judiciales.

El caso de Silvia Vargas Escalera, secuestrada el 10 de septiembre de 2007 y encontrada muerta el 12 de diciembre de 2008, sin que hasta hoy, 31 de enero de 2014, el juez que lleva el caso haya sentenciado a uno solo de los secuestradores y asesinos.

Alejandro Martí publicó en su cuenta de Twitter: No nada más Nelson Vargas espera sentencia de esos secuestradores asesinos, cientos de víctimas, incluyéndome a mí, esperamos justicia.

Fernando Martí, su hijo, fue secuestrado el 4 de junio de 2008 y encontrado muerto el l de agosto y a la fecha sus secuestradores y asesinos siguen sin ser sentenciados, lo mismo que los del hijo de la señora Isabel Miranda de Wallace.

Si el poder judicial no se involucra en la estrategia antisecuestros y sigue procesando a tiempos perdidos, esta será otra estrategia fallida, como en los gobiernos anteriores.

Alejandro hizo una crítica al sistema de defensores de oficio que litigan desde la medusa que complica y alarga por años los procesos, y reclamó la laxitud del Consejo de la Judicatura que es, dijo, una institución a modo.

[¡Y eso que son influyentes! ¿Qué será de los casos relacionados con los de a pie? - El webmaster.]

Joaquín López-Dóriga
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 31 de enero de 2014).


Qué difícil es vivir en un país donde no se pagan consecuencias por ninguna falta.

Causa impotencia y frustración comportarse como un ciudadano correcto, deseando hacer las cosas bien.

No hay consecuencias a nada, por eso los mexicanos burlamos las leyes una y otra vez, día a día.

Lo que más frustra y desespera es la falta de educación vial que tenemos todos los mexicanos, generalizo porque así es. Cuando estamos detrás de un volante, nos convertimos en cavernícolas energúmenos.

Es frustrante, por ejemplo, estar haciendo fila correctamente, esperando el semáforo para dar vuelta en la avenida Antiguo Camino Real, hacia Nueva Galicia, cuando de pronto llegan los muy listos y se brincan toda la fila, de más de 25 automóviles y, ¡peor aún...!, se pasan el semáforo en rojo.

Pero ¿quién los amonesta? ¡Nadie! ¿Quién les aplica una multa? ¡Nadie! ¿Quién les hace pagar consecuencias? ¡Nadie!

Sin tan sólo nos portáramos como ciudadanos educados y respetuosos, todo sería más fácil en nuestro país.

Así como nadie amonesta a quienes van hablando por celular mientras conducen, a quienes llevan a sus hijos en el auto sin sillas especiales, a quienes se pasan los semáforos en rojo, a quienes se estacionan en sitios para minusválidos, a quien tira la basura en la calle, a quienes fuman en sitios cerrados, a quienes manejan ebrios, simplemente... ¡No hay consecuencias en nada!

Cumplir con las leyes en México es una verdadera ¡burla!, por eso es tan difícil gobernar a este país.

Somos como niños malcriados y caprichosos, que hacemos exactamente lo que nos da nuestra regalada gana, porque "papá gobierno" nunca nos amonesta, ni nos hace pagar consecuencias por nuestros actos y nos deja a nuestro libre albedrío a que hagamos de nuestro país, ¡un desastre!

Necesitamos políticos de mano fuerte, de mano dura, que sepan imponer y cumplir las leyes. No políticos blandos, que buscan la aprobación del pueblo y que le tiene miedo al delincuente.

Si nosotros como mexicanos, todos y cada uno de nosotros, no cambiamos en nuestra actitud infantil, mal educada y prepotente, no vamos a progresar nunca.

Si colaboramos simplemente en hacer del tráfico algo menos desagradable, utilizando nuestra buena educación, dando oportunidad a que el otro pase, al uno y uno, y aplicando la cortesía y las buenas costumbres, habremos comenzado a civilizarnos y tener, ¡por fin!, el México que todos queremos.

Trinidad Terrazas Gastélum
(v.pág.24 del periódico Milenio Jalisco del 31 de enero de 2014).


El caso de Esperanza Reyes, quien estuvo en prisión 34 meses por circular un billete falso de 100 pesos y ayer fue preliberada por la Secretaría de Gobernación, es un ejemplo de otros casos en el país: la PGR reconoce que existen 196 juicios concluidos o en proceso similares al de la mujer, de los cuáles 20 están en prisión por pagar tan sólo con un billete falsificado.

Información del Banco de México muestra que la circulación de papel moneda falsa va en aumento. Al menos en 2013, se estima que circularon 90 millones de billetes falsos. El repunte inició en 2008. Entre 2011 y 2012, el fenómeno creció 17%, y de 2012 a 2013 se calcula que aumentó 20%.

De los juicios concluidos o cerrados por este delito, en 176 casos las personas intentaron distribuir más de 3 billetes apócrifos. La pena por este delito es de 5 años de prisión y una multa económica.

Como Esperanza Reyes, está el caso del señor David Herrera Martínez, de 46 años y originario de Guadalajara, Jalisco, quien actualmente está preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. El hombre, un vendedor de mariscos, intentó pagar un sombrero de paja con un billete de 500 pesos, en el tianguis del municipio de Ocotlán. Los vendedores, al reconocer el billete como falso, llamaron a la policía y fue detenido.

Aunque en su declaración señaló que el billete le fue entregado por un cliente, Herrera Martínez continúa en el mismo penal dónde estuvo preso -y después huyó- el narcotraficante Joaquín Loera "El Chapo" Guzmán.

100 pesos. De esa cantidad era el billete con el que Esperanza Reyes quiso pagar una libreta en una papelería. Y aunque el papel con el rostro del emperador Cuauhtémoc resultó falso, adquirió un costo altísimo para la mujer: pasar 34 meses de su vida en prisión, incluidas las Islas Marías. Pero ayer, tras una campaña en internet para solicitar el indulto presidencial a su favor, la Secretaría de Gobernación le dio el beneficio de la preliberación, debido a que su proceso judicial estuvo marcado por anomalías.

La historia de Esperanza -46 años, indígena, analfabeta, trabajadora doméstica, con una hija de 10 años y un hijo de 7- inició el domingo 11 de marzo de 2011, en la capital de San Luis Potosí.

Tras ser acusada por circular un billete falsificado, la maquinaría del sistema judicial se puso en marcha. El día 12 la PGR la consignó a un juez federal. El 13 le tomaron la declaración preparatoria, con apoyo de un defensor de oficio. Y para el día 14, el juzgador le dictó auto de formal prisión. 8 meses después llegó la sentencia: 5 años de prisión. Un lustro de vida por cien pesos que no eran pesos.

Uno de los abogados que tomó su defensa a través de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, José Mario de la Garza Marroquín, cuenta las omisiones en el caso de Esperanza: nunca se tomó en cuenta su situación social, había contradicciones en el expediente y el defensor de oficio técnicamente no existió.

El 13 de enero pasado, la Barra lanzó la petición de indulto presidencial a través de la plataforma www.change.org, animados por el caso del profesor chiapaneco Alberto Patishtan, quien recibió la amnistía en diciembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto. Hasta ayer, el caso de Esperanza llevaba 18,940 firmas de apoyo.

Tras difundirse la historia, el caso de Esperanza llegó a manos de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, y de Humberto Castillejos, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a fin de que se analizara la viabilidad del indulto.

[Bonito asunto éste. El gobierno pasándole la bronca causada por su manifiesta incapacidad -para atrapar a los falsificadores y detener la circulación de moneda falsa- a la gente. - El webmaster.]

(V.Animal Político del 30 de enero de 2014).


Estado fallido en Michoacán, se lee. Lo que se entiende es que no hay instituciones políticas que funcionen para proteger la libertad, el patrimonio y los anhelos de los individuos a través de corporaciones policiacas, leyes y mecanismos para garantizar justicia, rumbo económico, cuidado educativo y protección sanitaria, entre otras cosas.

No cometeré el error de matizar el término de Estado fallido. Sólo apunto que se presta a equívocos y que en medio de esos equívocos produce una separación maniquea entre Estado y mexicanos. Parece que ese ente, cuando es inútil, debe ser sustituido por mexicanos nobles (es decir, no corruptos, no políticos) y peor incluso: mexicanos nobles con armas. Por esa razón y tras escuchar las reflexiones del teórico político Ángel Rivero en el Inacipe, propongo un nuevo término: la ciudadanía fallida.

La ciudadanía es el acuerdo entre los individuos y el orden que permite la protección de sus derechos. Un ciudadano es un sujeto de derechos (y sí, alcanza a quienes no votan) y la ciudadanía es el terreno en el que se pueden ejercer esos derechos. Más aún: es el terreno y las herramientas que protegen y amplían esos derechos.

En el fondo, hay cierta identidad entre los términos, pero poner el foco en la otra cara de la moneda del Estado nos lleva a pensar en soluciones distintas. Fue lo que pasó con la reforma constitucional que hoy protege los derechos humanos. Antes de junio de 2011, las garantías individuales parecían graciosas concesiones del Estado. Hoy, el Estado debe girar alrededor del individuo y sus derechos inalienables. Parece un giro de palabras, pero es un vuelco gigantesco en la forma de abordar el tema.

Lo mismo pasa con la idea de la ciudadanía fallida. Un Estado fallido parece justificar la autodefensa. En cambio, la ciudadanía fallida requiere instituciones confiables que la puedan volver a proteger. No es lo mismo decir que un ente se descompuso y se volvió contra el individuo, a decir que el terreno en el que un mexicano es sujeto de derechos se destruyó. En el 1er. caso, hay que combatir al ente; en el 2o., hay que reconstruir el terreno.

¿Cómo se hace esto? No hay que descubrir el hilo negro. El elemento que pega la relación entre individuos y acuerdo social es la confianza. Y para que haya confianza deben existir legitimidad y consensos elementales. Consensos sobre las reglas del juego, sobre quién tiene el garrote, sobre cómo quitar al que tiene el garrote.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 29 de enero de 2014).


Hay un área de la vida estatal estancada desde hace décadas: la justicia.

Es nulo el avance en seguridad jurídica, impartición de justicia, modernización de juzgados, sistema penitenciario, reinserción social, mecanismos de conciliación... en fin, todos los actos y facultades del poder judicial que deben permitirle al ciudadano percibir que ante la ley todos son iguales, sin importar su nivel socioeconómico, creencias religiosas o color de piel.

La realidad es que, como dicen en las aulas donde se enseña el derecho, las cárceles están llenas de pobres, los espacios de renovación del poder judicial -desde el mismo Supremo Tribunal de Justicia- son propiedad de las cúpulas políticas y partidistas, y los menos interesados en hacer de la administración de la justicia un espacio transparente, legal y equitativo, son precisamente quienes han hecho su fortuna en la impunidad, el influyentismo y la reserva en la que se mueven todos los que debieran garantizar un Jalisco justo.

¿En qué posición está Jalisco en este aspecto? Muy por debajo de su acostumbrada medianía. Se califica al sistema judicial estatal en la posición 26 entre todos los estados del país.

Jorge Octavio Navarro
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2014).


Si partimos de una visión estricta de las cosas, las mismas no se pueden justificar: el Estado es el único que debe tener el monopolio de la fuerza y la seguridad. Pero los hechos lo que indican es que, mientras se va recorriendo ese camino, en demasiadas ocasiones ese monopolio no está en manos del Estado y existen, en algunos casos, condiciones tan limítrofes para la seguridad que la gente reacciona para garantizarse esa seguridad a sí misma.

Varias preguntas y respuestas sobre las autodefensas. La primera y obvia: no todos los grupos de autodefensa o las llamadas policías comunitarias son lo mismo, tampoco tienen un origen común, ni las mismas intenciones, dentro de cada estado y mucho menos en las dos diferentes entidades en las que surgieron: Michoacán y Guerrero. En este estado la mayoría de esos grupos tiene una raíz ideológica clara: están relacionados con distintas organizaciones armadas, como el ERPI y otros. En Michoacán, los orígenes son otros: existen, sin duda, algunos grupos que pueden tener origen (o impulso) en grupos rivales de los Templarios, hay integrantes que están relacionados o lo estuvieron con el crimen, hay participación política, pero la mayoría de las autodefensas se explica por el expolio brutal al que fueron sometidas sus comunidades por el crimen organizado y sobre todo por los Templarios, en demasiadas ocasiones en complicidad o convivencia con las autoridades locales.

¿Deben ser desarmados? En el mediano plazo, sin duda. Pero en el corto, por lo menos en Michoacán, eso sería tan imposible como poco deseable. Esos grupos deben cumplir un papel específico protegiendo sus comunidades en el proceso de pacificación del estado y en la misma medida en que se puedan renovar las fuerzas de seguridad locales y también la clase política, buena parte de la cual no cuenta con la confianza de la gente. Desarmar a esos grupos hoy equivaldría, por otra parte, a fomentar un mecanismo de revancha de los criminales que alimentaría, por el contrario, a los propios cárteles.

¿Se deben convertir las autodefensas en policías o fuerzas de seguridad? Muchos de sus líderes no estarán interesados en ello. No nos engañemos: la mayoría de los líderes de esos grupos en Michoacán son agricultores, algunos de ellos muy prósperos, que se cansaron de ser chantajeados, secuestrados, robados por los criminales sin que nadie hiciera nada. Quieren recuperar sus negocios y sus tierras, no convertirse en policías. Pero entre "la tropa" por supuesto que habrá muchos que querrán seguir el camino de las fuerzas de seguridad. El secreto estará en contar con mandos en los distintos municipios que sepan y puedan darle cauce a esa incorporación, evitando la filtración de los propios criminales. Ese punto es clave, porque los Templarios no sólo controlaban al gobierno en turno o los recursos de obra pública de muchos municipios, también "ponían" toda la fuerza policial local: tenían con ello un doble objetivo, garantizaban su propia seguridad y complicidad pero también con esos recursos y salarios públicos le pagaban a sus integrantes y sicarios. Ése es el esquema que se está rompiendo y que no puede regresar.

¿Las autodefensas han sido creadas por el gobierno? No hay ningún dato que sustente esa información. Las autodefensas fueron surgiendo, en el caso de Michoacán, durante el año pasado, ante la ausencia de las autoridades y la explotación de los criminales que sobrepasaron todos los límites e incluso los "acuerdos" que podría haber habido con ellos en distintas zonas del estado. El gobierno se encontró con una situación de hecho y ante ello ha debido responder.

¿Hay un acuerdo del gobierno con las autodefensas? De hecho existe en la misma medida en que hay comunicación y en algunos casos intereses comunes. Si bien hay contradicciones e incluso se han dado algunos enfrentamientos, sobre todo en el primer momento del ingreso de las fuerzas federales, lo cierto es que las autodefensas se están haciendo cargo de la seguridad y el control de sus propias comunidades y eso le permite al Ejército y la policía operar con un margen mayor de autonomía, al mismo tiempo que mucha de la información con la que cuentan proviene de las propias comunidades a partir de esa presencia local.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2014).


Las noticias giran en torno a la situación de Michoacán. De pronto, parecemos descubrir que las cosas no andan bien ahí, que hay mucha violencia e inseguridad. ¿Qué ha pasado, para que el tema ocupe ahora tan machaconamente los titulares de la prensa? Digo, los grupos criminales llevan ya un buen tiempo asolando el territorio de Tierra Caliente -años enteros de secuestros, asesinatos y extorsiones que han dejado un siniestro reguero de cadáveres- y todo eso, tan escandalosa situación de desgobierno e ilegalidad, no merecía ni la atención global de los medios de comunicación ni tampoco una intervención contundente y decidida como la que vemos ahora por parte del gobierno Federal. Por lo visto, formaba parte de esa perversa "normalidad" de sangre, terror y muerte que viven tantos lugares de nuestra república.

Pues bien, lo que ha ocurrido es que el Estado mexicano se siente súbitamente desafiado al haber aparecido en el escenario unos grupos ciudadanos de autodefensa que, tomando en sus propias manos la seguridad de sus comunidades, constituyen una suerte de poder paralelo que, ahí sí, no es aceptable en un país que se precia de tener cierta mínima cohesión institucional (y esto, aunque lo otro, el aterrador avasallamiento que padeció durante años enteros toda una región significara ya, a mi entender, una directísima vulneración del estado de derecho y soslayando, de paso, la inaceptable realidad de que miles de mexicanos se hayan encontrado en la más absoluta indefensión, acosados por unas organizaciones criminales que, por si fuera poco, actuaban impunemente gracias a su turbia e indecente complicidad con las autoridades).

O sea que, al organizarse y tomar las armas los habitantes de Tierra Caliente, lo que hubiera debido ser anteriormente inadmisible se convierte, ahora sí, en algo absolutamente innegociable, por lo menos en lo referente al discurso público del gobierno (en varias zonas, los grupos de defensa participan hombro a hombro con las fuerzas oficiales de seguridad y esto podría ser una solución al problema siempre y cuando, desde luego, las milicias populares vuelvan a la vida civil una vez que ya no exista la amenaza de los Caballeros Templarios y otros grupos criminales).

Román Revueltas Retes
(v.periódico Milenio Jalisco en línea del 26 de enero de 2014).


Estación del Macrobus de Guadalajara.

Dos horas después de lo pactado, el grupo #PosMeSaltoGDL se manifestó en las estaciones Agua Azul y San Juan de Dios del Macrobús y también en la estación del Tren Ligero contra el aumento a la tarifa del transporte público de 7 pesos.

Alrededor de 20 personas de este colectivo y otros más que se sumaron conforme la marcha avanzaba, tomaron las instalaciones de las paradas e invitaron a los usuarios a brincarse los torniquetes y no pagar por el servicio.

En las estaciones que tomaron, la mayoría de los usuarios atendieron a la solicitud de no pagar el servicio y ante la mirada de los vigilantes, pasaron libremente y decidieron no aportar la cuota. Con gritos como "bríncate, bríncate" y "7 pesos, 7 muertos" los inconformes continuaron con su manifestación en estas estaciones del transporte.

(V.primera plana del periódico El Informador del 26 de enero de 2014).


Me preocupa el hecho de que haya quienes aprueben, y aun aplaudan, la existencia de los llamados grupos de autodefensa, o defensas comunitarias. Cuidado con tal complacencia. Esas bandas de hombres armados vulneran el principio básico según el cual el Estado es el único que puede detentar fuerza legítima dentro de un territorio establecido. La existencia de grupos armados así a nada bueno puede conducir, y más temprano que tarde dará origen a toda suerte de problemas. Por otra parte no está claro su origen, y menos aún se conocen sus fuentes de financiamiento. ¿Quién los dota del armamento que usan, moderno y de alto costo? ¿A quién obedecen, y qué estructura tienen? Los que forman esas defensas comunitarias deben ser desarmados y quedar reducidos a su estricto papel de ciudadanos. Admito que los 3 niveles de autoridad -federal, estatal y municipal- han fallado en su tarea de garantizar a los particulares el ámbito de seguridad que necesitan para vivir y trabajar en paz. Pero tal cosa no significa que éstos puedan hacerse justicia por su propia mano. Eso conduce a la anarquía, al caos. No se dé trato de héroes a los integrantes de esos grupos armados, ni a quienes se ostentan como sus voceros. Se han apartado de la legalidad, y como violadores de la ley deben ser tratados. Eso sí: su presencia ha de servir de recordatorio a las autoridades, para que no se olviden del deber que tienen de restablecer el dominio del Estado ahí donde se ha perdido, ya a manos de los delincuentes, ya por la acción de esas defensas comunitarias.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico Milenio Tamaulipas en línea del 23 de enero de 2014).


En teoría, el Estado se conforma por la necesidad que tienen los individuos de proteger su integridad física y patrimonial, delegando el poder de hacer justicia por propia mano en una entidad que ejerce dicho poder por, y a nombre de, todos. El Estado tiene, por ello, el monopolio de la fuerza física legítima y ningún ciudadano puede recurrir a ella para imponer reglas o sanciones, o para castigar delitos, salvo cuando se le usa en defensa propia.

La función crea así un órgano complejo, altamente especializado y profesional, capaz de sumar de manera estudiada y planeada un amplio conjunto de recursos humanos, logísticos y organizativos, junto con armamento y equipo especializados que, legalmente, están vedados a la ciudadanía. En teoría, el poder disuasivo y represivo de un aparato así resulta prácticamente imposible de igualar.

Pero en la práctica la realidad es distinta en México. El monopolio de la fuerza legítima hace rato que se le escapó de las manos al Estado mexicano. El uso, en algún momento, del concepto "Estado fallido" (entiendo que incapaz de cumplir con su función esencial) para describir lo que pasa en México, nos da una idea de la magnitud del problema.

La porosidad del Estado abarca varias dimensiones. Empieza con la tolerancia de facto ante la violencia que ejercen grupos radicales en manifestaciones públicas y culmina con el entronamiento actual del crimen organizado. El cobro de "derechos de piso" es la manifestación extrema de que la soberanía del Estado ha sido sustituida por otra, que impone sus propias reglas del juego en amplios segmentos del territorio nacional.

Así que en la práctica, lo que prevalece en varias regiones, es el poder del más fuerte, y en los hechos hemos vuelto al "estado de naturaleza", o mejor dicho, a la ley de la selva.

Esto es posible porque, en los hechos también, la teoría de la fuerza superior del Estado fue demolida por la sofisticada capacidad logística y el elevado poder de fuego que ahora tiene el crimen organizado, y que supera el de cualquier policía del País, con excepción, por un pelito, de la federal.

El problema de fondo es que la teoría constitucional Mexicana, no dice claramente qué hacer en situaciones como la presente, y en los hechos estamos a merced de la violencia, la corrupción y la impunidad, sin capacidad real de autoprotección. En una circunstancia donde la protección sólo se concibe al cobijo del Estado, pero donde el Estado no puede otorgarla, los ciudadanos quedan a merced del más fuerte, el crimen y la injusticia.

Especulo, porque no soy especialista en el asunto, que el matiz paternalista de nuestra cultura se observa también en nuestro constitucionalismo, imponiendo una visión que deslegitima el concepto de autoprotección mediante el uso de la fuerza armada (una especie de concepto algo distinto al de defensa propia). No encuentro otra razón para entender la ausencia de un debate serio sobre los grupos de autodefensa que han surgido en varias partes del país (curiosamente, en el centro y sur del territorio nacional).

Por ello, lo que se observa es una condena sumaria contra estos grupos, desde el gobierno y la sociedad, pero sin ofrecer razones de peso para condenarlos. Prevalece la sospecha de que algunos son creación del mismo crimen organizado, o de que se pueden crear regímenes de excepción en localidades determinadas.

Sin negar estas posibilidades, lo cierto es que, en los hechos, las autodefensas han enfrentado y detenido el avance de las organizaciones criminales en algunas regiones de México.

De alguna manera, están operando como verdaderos "sustitutos funcionales", y estarían haciendo la tarea que, constitucionalmente, le corresponde cumplir a los cuerpos de seguridad del Estado mexicano. Son hechos que obligan a una revisión de nuestra idea de seguridad, para allegarle al ciudadano más instrumentos legales y que pueda al menos "coadyuvar" en el resguardo de su seguridad y la de su familia.

Marco Antonio Cortés Guardado
(v.pág.9 del periódico Mural del 23 de enero de 2014).


Luego de que se presumió una inversión por 30 millones de pesos para la modernización del Rastro Tipo Inspección Federal 333 en León y de que se busca iniciar el proceso de exportación de diferentes tipos de carne a diferentes países, la Comisión Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios, suspendió la matanza de reses, al encontrar clembuterol en más de 50% de las muestras que aplicó.

La suspensión se registró desde el sábado y ya suman unas 1,250 reses las que se han dejado de sacrificar. La Cofepris confirmó que el clembuterol se encontró en orina y sangre de 15 de los 26 animales que se muestrearon, por lo que se decidió suspender las actividades para prevenir riesgos a la salud.

La dependencia advirtió que las autoridades del rastro leonés no podrán reanudar la matanza de reses hasta que garanticen con evidencias que sólo están sacrificando bovinos libres de clembuterol.

(V.pág.14-A del periódico El Informador del 22 de enero de 2014).


Algo que debió hacerse... Pero que no se hizo.

Es la reflexión que priva en el pensamiento de la población michoacana sometida por la delincuencia organizada, que, saturada de la injusticia que ha derivado de -aunque les molesta la definición-, un Estado fallido desde varios gobiernos anteriores, con predominación perredista, ha hecho que se llegara hasta donde en el hoy se llegó.

Desde años atrás, con la inseguridad plena cobrando víctimas en la extorsión, el secuestro, "protección", dominios territoriales y asesinatos a mayor escala, ante la total y absoluta impotencia de las llamadas "fuerzas del orden", inmersas en un tenor de desidia e indiferencia, obligó al extremo de que la ciudadanía misma tomara las armas para defenderse.

Lo cierto es que día con día la preponderancia delincuencial, que se inició ostentándose como defensora, encontró su modus vivendi al atacar a los que un día, según esto, defendieron, aprovechando ya estar debidamente organizados.

Motes como "El Chayo", "La Tuta", "El Kike" y otros más, apoderados de la situación victimando a una población descarnadamente desesperada que, sumisa, tenía que acatar bajo amenaza de muerte el entregar a los grupos ranchos, propiedades, negocios y hasta jovencitas y señoras, hijas y esposas de los extorsionados, que eran llevadas a la fuerza para sus bestiales fines y devueltas después de violadas.

Todo ello llevó a los grupos de autodefensa...

Seguro estoy de que el gobierno de Peña Nieto, de inicio, no supo calibrar la gravedad flagrante de la situación.

A los motes y nombres de Los Templarios y Familia Michoacana con sus cabecillas, ahora en la contraparte, destacan los que figuran como líderes de autodefensas. El doctor Mireles, Estanislao Beltrán, "El Papá Pitufo", "El Comandante Cinco", Mora y Juan Bucio, entre varios otros, quienes al mando de los grupos bien pertrechados, ante las declaraciones del secretario de Gobernación, Osorio Chong, se muestran determinados a no dejar las armas hasta que no les entreguen a las cabezas de los delincuentes.

Tal vez el nombre de Gregorio López no le diga nada, pero es sacerdote en Apatzingán, acérrimo enemigo de los delincuentes, quien desde mucho tiempo pasado les señalaba a las autoridades quiénes y en donde estaban los cabecillas ahora buscados. Lo ignoraron, y...

Francisco Baruqui
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 20 de enero de 2014).


Movimiento Ciudadano denunció que varias reses que dieron positivo a clenbuterol iban a ser sacrificadas en el rastro tapatío, pero al denunciarse el hecho, se detuvo la muerte del ganado que, hasta ayer, se encontraba en los corrales.

(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 16 de enero de 2014).


Los capítulos de violencia y conflictos armados en el Estado de Michoacán están lejos de terminar. Por un lado, la razón asiste a los ciudadanos que claman por seguridad social, pero por el otro, la autoridad no puede permitir la formación de grupos armados que pretendan controlar la violencia con violencia.

Cuando tenemos grupos civiles armados, tratando de defenderse de otros grupos civiles armados, es porque se ha fallado como Estado. Son palabras fuertes pero que en este caso no se alejan de la realidad.

Los ciudadanos no pueden condicionar a la autoridad e indicarle a ésta qué hacer. Pero en contraparte, la razón por la que se ha dado una constitución social como Estado es, precisamente, porque éste tiene el compromiso de brindar paz y seguridad, aspectos que, indudablemente, "han fallado".

Gerardo de la Cruz Tovar, investigador de la Universidad Panamericana
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 15 de enero de 2014).


El fenómeno de los llamados grupos de autodefensa se ha viralizado y es extraordinariamente peligroso. Si bien esa actitud individual de resistencia genera empatía, el fenómeno colectivo que desencadena es escalofriante. Esos grupos pueden acabar con el sistema político que tanto trabajo ha costado construir. Malón, pero en este sistema el poder tiene que lidiar con una Constitución, con leyes, con policías y con elecciones.

Para clarificar las cosas, es útil irnos al extremo puro. Digamos que no hay contaminación, ni de gobierno ni de grupos de narcotraficantes. Digamos que los hombres que se han armado en Michoacán y Guerrero al margen de las instituciones, son todos honestos ciudadanos en ejercicio de su derecho de estar hasta la m.

Así considerados, ¿deben permanecer armados para protegerse o deben ser detenidos? Deben ser detenidos de inmediato. No apelando a su voluntad y a su capacidad para continuar sufriendo atropellos, sino con la fuerza del Estado, la fuerza de su lado para protegerlos y en contra de ellos para desarmarlos. No deben ser un ejemplo a seguir y no deben ser el poder en su zona.

Hablar de la fuerza del Estado me saca ronchas, pero una de las funciones en las que debe estar presente, es en la atención de crisis de seguridad pública y crisis que amenacen al sistema. Y lo que tiene el país con los nuevos grupos armados es el aviso de una grave situación crítica que empeora a pasos agigantados. Los partidos políticos y los ciudadanos libres deben exigir la inmediata disolución de esos grupos y la inmediata garantía de su seguridad para evitar que vuelvan a salir.

¿Por qué? Porque esos grupos se pueden convertir, en 2 segundos, en grupos paramilitares, si no es que ya hay algunos que merecen ese nombre: ya son grupos armados que actúan al margen de la ley y que, por lo visto, son tolerados por el Estado. Vayamos despacio. El término paramilitar varía de acuerdo con el contexto, y el contexto que México tiene más a la mano para comparar es el de Latinoamérica, en donde los grupos paramilitares fueron auspiciados por el gobierno, en la mayoría de los casos con fines de represión. No es así en México, pero ojo, en Colombia, por ejemplo, nacieron para defender a sectores específicos de los delitos de las guerrillas (principalmente secuestro). Y ya se vio el trabajo que ha costado disolverlos.

Un país no puede tener grupos armados al margen de la ley, por muy honestas que sean sus intenciones originales. Una organización armada tiene poder y el poder se usa, siempre. Y cuando el poder se usa, se abusa, siempre. Por eso necesita la ley, los partidos y todas esas instituciones que hemos inventado y que no están presentes en Michoacán.

Es una vergüenza nacional que los ciudadanos hayan tenido que salir a defenderse solos, pero será una desgracia nacional que no se les detenga.

Ivabelle Arroyo
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 15 de enero de 2014).


La justicia en México y en Jalisco tiene un rezago histórico. En nuestro país, el poder judicial, elemento fundamental de toda democracia funcional pues es lo que nos permite vivir en paz pues ponemos en manos de otro la resolución de los conflictos y la aplicación de las leyes, ha estado históricamente supeditado al poder ejecutivo o su equivalente (la monarquía, el dictador o el presidente imperial).

La reforma del gobernador Guillermo Cosío a finales de los 80 buscaba romper con la subordinación del poder judicial al gobernador en turno y para ello se decretó la inamovilidad de los magistrados. Con Alberto Cárdenas en el poder se hizo otra reforma para crear el Consejo de la Judicatura, a imagen y semejanza al que había hecho Zedillo en el ámbito federal, para administrar y vigilar el trabajo de los jueces. Con el tiempo, el poder legislativo, nuestros queridos diputados, encontraron la manera se pervertir el espíritu de las reformas y hoy son ellos quienes nombran, en un singular reparto de cuotas, a los magistrados y consejeros del poder judicial creando nuevos lazos de dependencia.

El resultado es que en Jalisco los juicios tienen precio. El problema de fondo es que la justicia no es ni expedita, ni gratuita ni mucho menos equitativa.

Diego Petersen Farah
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de enero de 2014).


La reunión entre diputados locales y miembros de la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco que se prolongó por más de 2 horas concluyó sin acuerdos entre las partes.

Los inconformes que bloquearon la avenida Hidalgo, pedían a los diputados locales que se comprometieran a garantizar los derechos laborales de los maestros al margen de las evaluaciones académicas.

En este sentido, Guillermo Martínez Mora recordó que en los congresos locales no pueden modificar el sentido de las leyes federales.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 14 de enero de 2014).


El Estado, según la clásica definición de Max Weber, es el monopolio del uso de la fuerza y la violencia legítima en un territorio. El Estado es el depositario de ese pacto social donde todos cedemos la libertad de hacer lo que queramos, por la seguridad de una convivencia basada en la ley y en el estado de derecho. Sin embargo, ¿qué pasa si el Estado no cumple con su función original de dotar de seguridad a sus ciudadanos? ¿Es válido que los ciudadanos se armen y se defiendan a sí mismos ante las omisiones del Estado? ¿Cómo diferenciar la defensa justa de la seguridad ante las omisiones del Estado, de la justicia por propia mano característica de los tiempos previos al estado de derecho y de las repúblicas? No son respuestas fáciles.

José Manuel Mireles Valverde es el fruto de estas contradicciones. Conocido en los medios de comunicación como la cara más visible del llamado Consejo Ciudadano de Autodefensas Comunitario de Michoacán, su papel simboliza el fracaso y la incapacidad del Estado mexicano para controlar y gobernar su territorio. Es el espejo de la desesperación en la que viven miles de ciudadanos que ven como el Estado no sólo ha abandonado en vastos territorios del país su papel constitutivo de brindar seguridad a la población, sino que también ha renunciado al monopolio del cobro de impuestos y del control territorial.

El narco en amplias regiones del país, y en Michoacán con notable severidad, se ha convertido en un Estado al margen del democrático, capaz de extenderse y de cumplir roles de hacienda pública y hasta obras comunitarias. Territorios controlados por el crimen organizado que se fortalecen en la misma proporción en que las instituciones políticas se debilitan.

Mireles Valverde goza de amplia legitimidad, particularmente en los municipios donde existe alta presencia de los grupos de autodefensas. Médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, su natal Tepalcatepec es una mezcla de todos los factores que han sido decisivos para el surgimiento de las autodefensas en México: ingobernabilidad, falta de seguridad, cobro de piso, violencia y terror en la población. Municipio de más de 15,000 habitantes ubicado en la inestable Tierra Caliente de Michoacán, y a unos cuantos kilómetros de la frontera con Jalisco, los problemas de ruptura institucional han alcanzado la toma del ayuntamiento por parte de los grupos de autodefensa que no reconocen al alcalde priista, Guillermo Valencia. Tepalcatepec se constituye como un espacio donde el Estado ha desaparecido y el control municipal enfrenta a los Caballeros Templarios y a los grupos de autodefensa que resisten el embate.

Mireles Valverde es más que un combatiente del crimen organizado, es un símbolo de la renuncia del Estado. Es todo menos un político y menos un poeta de los movimientos sociales como el Subcomandante Marcos. Es un hombre crudo y realista, frío y calculador. Sus palabras no esbozan un futuro mejor donde todos podamos convivir en paz y en armonía; por el contrario, en sus entrevistas refleja con mucha nitidez el sufrimiento y la desesperación que aquejan a miles de ciudadanos en Michoacán. Sin embargo, esa crudeza se entrelaza con sus largos trayectos para conseguir medicinas y dotar a la comunidad de los productos mínimos necesarios.

Su inconformidad se extiende más allá de los cárteles, narcos y delincuentes. Su denuncia es también contra la clase política, a la que no pocas veces juzga de criminal y delincuente en el mismo sentido que a sus enemigos narcotraficantes. Dentro del discurso se pueden localizar estas dicotomías continuas: una población buena e indefensa vs. un Estado malo y en colusión con la delincuencia. Aunque el problema de la criminalidad y la falta de gobernabilidad territorial están vinculados con la ausencia de Estado, para Mireles Valverde el Estado no es la solución, sino el problema. Su narrativa se sustenta en el justicierismo, una combinación de valores y justicia comunitarios. Por ejemplo, siempre ha dicho que se desarmaría solamente si le traen las cabezas de los 7 líderes de los Caballeros Templarios. Más que una coyuntura precisa, sus reclamos asoman una verdad muy clara para él: la comunidad y los de abajo, contra la alianza entre poderosos y criminales.

Lo cierto es que Mireles Valverde comanda algo más que una modesta policía comunitaria. Los datos proporcionados en entrevista, señalan que en Tepalcatepec hay 3,000 personas armadas las 24 horas del día listas para defender a las "familias y propiedades" de la población. Una cifra nada despreciable: es decir, uno de cada 5 habitantes de Tepalcatepec está armado, un verdadero escuadrón. Y no es la comunidad más armada, existen otras como Coalcomán que cuentan con 5,000 armados día y noche. Las emboscadas y los enfrentamientos entre cárteles y grupos de autodefensa en estos municipios, son más la regla que la excepción.

Las autodefensas no son, ni mucho menos, un fenómeno exclusivamente mexicano. Cualquier estado endeble e incapaz de hacer valer su entramado institucional, muestra como síntoma de descomposición a una sociedad civil que decide armarse. Y es que las autodefensas son una necesidad y al mismo tiempo una tragedia. Para muchas comunidades, permanecer pasivos ante la incapacidad estatal sería prácticamente firmar el acta de defunción. Sin embargo, antecedentes de este tipo de grupos en otras latitudes como Colombia o Perú, nos muestran que es difícil que estos grupos, aunque pudieron haber nacido con intenciones puras y castas, se mantengan por la línea de la defensa ciudadana sin alianzas con el narcotráfico o la guerrilla. Al final, como pasó con la Autodefensas Unidas de Colombia, devinieron en estructuras paramilitares y sicarios dispuestos a todo por el negocio (y con un vínculo ya explícito con el narcotráfico).

Así, es inevitable que existan dudas sobre el papel de las autodefensas en una democracia de estado de derecho.

También su autonomía con relación al narcotráfico está bajo sospecha. Por un lado, ¿cómo pudo Mireles armar con miles de armas a municipios tan pobres? ¿Qué estaba haciendo Mireles en tierra jalisciense hace algunos días, antes de su accidente aéreo? Son preguntas a las que no tenemos respuestas. Las narrativas de los gobiernos federal y estatal son completamente distintas, como lo hizo notar esta semana Jorge Fernández Menéndez. Mientras el gobierno federal prácticamente lo ve como un aliado y le ha dado un velo de impunidad argumentado que su "fin es bueno" (aunque sus medios disten de entrar en la legalidad), el gobierno de Fausto Vallejo ha sostenido en innumerables ocasiones que existe una relación estrecha entre las autodefensas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Será que el gobierno federal entendió que la única forma de recuperar Michoacán es debilitando a los sanguinarios Caballeros Templarios? Y es que el gobierno federal le pide a Mireles que exprese su lucha a través de los cauces de la legalidad, pero para eso, él ya exigió la cabeza de los líderes de los Caballeros Templarios.

Y es que parece que Michoacán se resiste a las fórmulas que han dado resultado en otros estados. Ni la militarización, ni la presencia de la Policía Federal, ni tampoco la apuesta por la depuración policial, han tenido el efecto deseado. No sólo está roto el tejido social, también está destruido el institucional y parece que la política ya no es solución.

La privatización de la seguridad no es algo nuevo en México: sólo hay que recordar los ejércitos de policías privados que cuidan a empresarios y a políticos día y noche. Son verdaderos ejércitos que responden a la misma lógica, la desconfianza del Estado y su fuerza para detener a los criminales. Autodefensas y policías privados, son 2 caras de la misma moneda.

Es imposible pedirle a una población que no se defienda como pueda, cuando el Estado la ha abandonado a su suerte. Sin embargo, en la parte del desafío estructural, las autodefensas no sólo no abonan a mejorar el estado de derecho y el entramado institucional, sino que son regresivas. Es la paradoja de las autodefensas: su éxito y multiplicación nos aleja cada día más de una verdadera solución.

Enrique Toussaint
(v.pág.3-B del periódico El Informador del 12 de enero de 2014).


En estos tiempos, en los que se supone que vivimos en un Estado de Derecho y que la justicia es pronta y expedita, todas las acciones dirigidas a hacer justicia por la propia mano, son reprobadas porque a los ciudadanos no les toca y si lo hacen, están fuera de la ley.

¿Pero qué pasa cuando la autoridad no tiene capacidad para que esa ley se cumpla? ¿Cuándo no quiere o no puede? Varias veces en este mismo espacio he hablado de los riesgos de que el Estado no cumpla con su responsabilidad en materia de seguridad. Recuerdo -y las referencias van más allá del sexenio de Calderón- varios linchamientos especial y curiosamente en el Estado de México.

Y en cuanto al surgimiento de los grupos de autodefensa, también escribí aquí lo peligrosos que son, nada más al considerar la posibilidad de que se convirtieran en grupos de paramilitares tipo Colombia.

Lejos de atenuar la gravedad de la situación, en Michoacán las cosas se han complicado dramáticamente y ahora, las tibias manifestaciones de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aun cuando sostiene que se devolverá la paz a esa entidad federativa, son más un signo de alerta que de alivio.

Los grupos de autodefensa se han ido integrando con habitantes de las mismas localidades asoladas por los grupos criminales como, en el caso de Michoacán, los Templarios o la Familia y la manera de enfrentar este conflicto que afecta a cientos de inocentes es combatir de manera efectiva a los delincuentes. Si no fuera por la actuación del crimen organizado en el estado vecino, especialmente en la zona de Tierra Caliente, las llamadas autodefensas no se hubieran formado.

Por si fuera poco, el contexto se complica con la protección que el gobierno federal está otorgando a uno de los líderes de esas autodefensas, José Manuel Mireles. Analistas y periodistas sostienen que el presidente Peña Nieto está jugando con fuego.

Michoacán está mal y las expectativas de una solución en el corto plazo, lejanas.

Laura Castro Golarte
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 11 de enero de 2014).


Parácuaro

Un grupo de desconocidos prendió fuego al palacio municipal de Apatzingán y a dos oficinas aledañas cerca de las 20:30 horas, que no llegaron a arder por la intervención de los bomberos.

Posteriormente se reportaron disparos en zonas cercanas al centro histórico del municipio.

Además, por 3er. día consecutivo se registraron bloqueos en la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán de parte de miembros de las autodefensas, que tal y como ocurrió el jueves, quemaron vehículos en los accesos a la cabecera municipal.

Al menos 10 unidades fueron incendiadas a la altura del entronque a Parácuaro y a Los Espero, al igual que en el monumento a Lázaro Cárdenas de la ciudad de Apatzingán.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 11 de enero de 2014).


Un grupo de 40 ex elementos se manifiestan frente a las oficinas de la Policía Federal, ubicadas en Anillo Periférico, casi Luis Cabrera en la colonia Jardines del Pedregal, delegación Coyoacán.

Alrededor de las 10:00 horas, los manifestantes bloquearon los carriles laterales de Periférico, sin embargo, minutos después fueron replegados sobre los camellones.

Los ex elementos federales fueron destituidos de diversas áreas, luego de que les fueron practicados los exámenes de control confianza.

Piden que las autoridades reciban a una comisión para externar su problemática y puedan ser restituidos en sus puestos.

(V.periódico Excélsior en línea del 10 de enero de 2014).


El fenómeno de las autodefensas no fue atajado a tiempo.

Para la seguridad del país será el fenómeno más peligroso de 2014.

Carlos Puig
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 10 de enero de 2014).


Parácuaro

Vacinos de Parácuaro bloquearon por 4a. ocasión la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán. En esta ocasión incendiaron al menos 4 vehículos.

Entre los vehículos secuestrados había unidades de las empresas Sabritas, Santorini, Coca Cola y Lala. En total fueron 11 vehículos que los manifestantes amenazaron con incendiar si no llegaba algún representante del gobierno federal.

(V.pág.23 del periódico Milenio Jalisco del 10 de enero de 2014).


Ayer cientos de personas se movilizaron en Apatzingán y Parácuaro, y reanudaron el secuestro de vehículos y el cierre de carreteras.

Las unidades retenidas fueron atravesadas sobre la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán.

"Hasta que nos retiren a esas fuerzas de policías comunitarias, aquí vamos a estar", advirtieron los manifestantes desde el sonido local, que instalaron en plena vialidad.

El bloqueo fue respaldado por la presidenta municipal de Parácuaro, Lucila Barajas, y algunos de sus regidores.

Las movilizaciones de ayer provocaron nuevamente la cancelación de corridas de autobuses hacia esa región, hasta nuevo aviso.

Vía redes sociales, cuentas afines a grupos de autodefensa aseguraron que este tipo de manifestaciones son provocadas por el crimen organizado.

"El CO (crimen organizado) obligó a algunos taxistas a acudir a la marcha. En la radio frecuencia de los taxis se escuchaba: obligatorio asistir a la marcha, eviten que les quite el carro o se lo quemen", revelaron mediante la cuenta Valor por Michoacán de Facebook.

(V.pág.5 del periódico Mural del 9 de enero de 2014).


Tanto autodefensas como autoridades muncipales de Parácuaro han tomado carreteras e incendiado autobuses y tráileres, unos para reafirmar su posición y otros para exigir el retiro de las autodefensas.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 8 de enero de 2014).


La presencia continuada y sistemática de cientos de "mentores" afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, primero en pleno Zócalo de la ciudad de México, posteriormente en la explanada del Monumento a la Revolución, desde hace medio año, so pretexto de protestar por las afectaciones que al gremio magisterial le significa -según se aduce- la Reforma Educativa planteada por el titular del poder ejecutivo y convertida en ley por el legislativo, ha generado obvias incomodidades a muchos miles de personas, y evidentes perjuicios a vecinos, comerciantes, restauranteros y demás profesionistas de la zona.

Ahora bien, es probable que, a la vista de los hechos que han sido públicos y notorios, vengan al caso 3 preguntas:

1.- Si las leyes se hacen "en consonancia con la justicia", ¿no se supone que los encargados de elaborarlas ya deberían haber advertido la necesidad de hacer adecuaciones a las ya existentes, al efecto de evitar la injusticia de que las inconformidades de los menos perjudiquen a los más de manera ostensible y continuada...?

2.- Si se dictan, supuestamente, "para el bien de los gobernados", ¿no deberían de haberse propuesto las debidas acotaciones a las libertades de petición y reunión, consagradas en los artículos 8o. y 9o. de la Constitución...?

3.- ¿No existe, para tal efecto, un aparato legislativo (cuyos integrantes, por cierto, cobran como si sirvieran para algo)...?

Jaime García Elías
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 7 de enero de 2014).


No hay mejor forma de recuperar la confianza que hacer cumplir y respetar las leyes.

La seguridad no se puede negociar: si se secuestran niños el futuro de los secuestradores no puede entrar en una agenda de negociación.

Es verdad que siempre ha habido grupos de policías comunitarias en muchos municipios, sobre todo indígenas, del país. Pero lo que estamos viendo con las autodefensas es otra cosa. Un fenómeno, por cierto, que no tendría margen alguno si en lugares como Michoacán y Guerrero se le garantizara a la gente su seguridad cotidiana.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 7 de enero de 2014).


Luego de haber mantenido bloqueado el acceso a Parácuaro, Michoacán, por más de 8 horas, pobladores de ese municipio que exigen el retiro de los grupos de autodefensa que desde el sábado mantienen bajo su poder la zona, liberaron la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán.

Los inconformes secuestraron 3 camiones de carga y los atravesaron en el camino, cortando por completo el flujo vehicular.

Inocencio Carbajal señaló que mantendrán todas las medidas de presión hasta que las autoridades estatales o federales retiren por completo a los grupos de autodefensa de la zona, sin descartar nuevas quemas de vehículos.

El día de ayer se registraron enfrentamientos y quema de autobuses en las cercanías de Parácuaro.

(V.Sin Embargo del 6 de enero de 2014).


Varias decenas de integrantes del Frente Democrático Campesino bloquearon 3 de los 4 carriles del puente internacional "Libre" que conecta a El Paso y Cd. Juárez para protestar contra el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte que, consideraron, ha devastado al campo mexicano.

(V.periódico Milenio Jalisco en línea del 2 de enero de 2014).


Me parece un contrasentido que la Secretaría de Movilidad anuncie los días y horas en que implementará los operativos de alcoholimetría, y peor aún que informe los días en los que los cancelará.

El 23 de diciembre pasado, el titular de la Secretaria de Movilidad organizó una rueda de prensa y envió un boletín informativo a los medios de comunicación anunciando que los días 24 y 25 de diciembre no habría operativos de alcoholimetría "para que las familias jaliscienses festejen esas fechas con tranquilidad, pero que sí habría revisiones el día 31 de diciembre aunque haya sido martes".

Yo pregunto: ¿festejar con tranquilidad es saber que se puede ingerir alcohol a sabiendas que si luego conducimos un auto no hay riesgo de que nos detengan? Para mí, anunciar la suspensión de las revisiones produce exactamente el efecto contrario: intranquilidad. La intranquilidad de saber que todos los bebedores irresponsables -y vaya que los hay- considerarán el anuncio como una "licencia" para tomar y manejar ese día.

Es como anunciar que un determinado fin de semana no habrá policías en la ciudad, y de esa manera otorgarle a los ladrones una especie de "licencia para robar".

Para que los operativos de revisión de alcoholimetría sean efectivos, deben tener el carácter de permanentes, y sin que nadie sepa ni cuándo ni dónde se instalarán.

Sólo así funcionarán como lo que son: un disuasivo que induce a cambiar costumbres y a desistirse del irresponsable propósito de manejar un auto luego de haber ingerido alcohol, sea viernes o lunes, sea a la una de la mañana o a las tres de la tarde, pues no hay día ni horario bueno para provocar accidentes, ni para matarse o para matar a otros.

Anunciar las fechas que se suspenden significa establecer días de tolerancia al consumo de alcohol, y la tranquilidad de una familia o de un festejo no se logra "tolerando" la ebriedad, sino impidiendo que los ebrios manejen en ese estado.

El concepto de la disuasión se basa en 2 premisas fundamentales: la 1a. es que los castigos impuestos a los transgresores los conmina a no delinquir, y la 2a., que el miedo al castigo previene que otros cometan crímenes o delitos similares. La mayoría de la gente se autocontrola cuando sabe que hay castigos severos para quien viola la ley o pone en riesgo la vida de los demás. Sin embargo, un disuasivo pierde su razón de ser cuando las consecuencias negativas o la amenaza de castigo desaparecen.

Ha sido ampliamente demostrado que, más que la severidad de los castigos, lo que más efecto disuasivo tiene es la seguridad del castigo. De nada sirve aumentar las penas a un transgresor si éste no cree que será aprehendido por sus actos.

Por ello, los operativos de alcoholimetría serán más efectivos y cumplirán su propósito en la medida en que la sociedad sepa que las probabilidades de ser detenido y enviado a prisión por manejar en estado de ebriedad son realmente altas e insalvables.

En ese sentido, y contrario a lo que hasta ahora han hecho, lo que las autoridades deben anunciar es que los operativos serán permanentes, y serán instalados cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y mientras menos sepamos cuándo y dónde, mejor.

¿Por qué en los Estados Unidos, nadie se atreve a conducir un automóvil luego de haberse tomado unos tragos, ni a mentir o a violar la ley? Porque la seguridad de que seremos castigados es muy alta; porque la policía sale de donde menos la esperamos; porque los ciudadanos denuncian, y porque es prácticamente imposible sobornar a un policía, y las consecuencias de intentarlo son mucho peores.

Castigamos a quien viola ley en lugar de premiar a quien la cumple. Así funcionamos, porque desgraciadamente para muchos el autocontrol y la autorregulación no existen. La mayoría respeta la ley sólo si los vigilan o si los obligan.

Si queremos avanzar como sociedad no hay más opciones que respetar las leyes sin necesidad de vigilancia, adoptar como constitución política personal el bien común, y como freno a los impulsos y conductas nocivas, los dictámenes de nuestra propia conciencia.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 2 de enero de 2014).


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Fecha de última actualización: 30 de septiembre de 2014.

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