¿Estado de Derecho (pre-2006)?


Pese a las advertencias de llevar al corralón a los taxis pirata hechas por el secretario de Seguridad Pública del DF, Joel Ortega, la fuerza pública no actuó en su contra a pesar de que bloquearon la calle de Liverpool, justo enfrente de las oficinas de la policía capitalina.

Incluso Los Panteras, taxistas agrupados y ligados al Frente Popular Francisco Villa, amenazaron con incendiar las grúas de la secretaría en caso de que intentaran retirarlos.

Trascendió...
(v.pág.3 del periódico Público del 30 de diciembre de 2005).


Hubiera sido infortunado, por supuesto, que el principal candidato a la Presidencia de la República hubiese sido descalificado de la contienda por un desacato producto, al parecer, del descuido jurídico más que de la mala fe. Pero en un afán de evitar que el perredista siguiera aumentando su popularidad al presentarse como mártir, el presidente Vicente Fox tomó una decisión muy peligrosa al ordenar al procurador general que no buscara una orden de aprehensión en contra de López Obrador. El mensaje es que los fallos de los tribunales en nuestro país no se aplican a los políticos poderosos.

Otros mensajes de falta de respeto a la ley menudearon durante el año. El presidente Fox legalizó los autos chocolate, introducidos de manera ilegal al país, con lo que promovió un mayor contrabando. Por su parte, el jefe del Gobierno del Distrito Federal Alejandro Encinas, se ha negado a acatar un fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró ilegal la expropiación del predio en que se encuentra la embotelladora de refrescos Pascual.

Sergio Sarmiento
(v.periódico a.m. del 29 de diciembre de 2005).


¿Dónde quedó la autoridad de suficiente altura para llevar a cabo operativos anti piratería en el mercado de San Juan de Dios, que ha dado a nuestra ciudad la fama de ser un abastecedor nacional de este tipo de mercancía ilegal?

La impunidad con que operan a la luz del día quienes en diversas zonas de la ciudad viven de vender mercancía de origen dudoso, pero invariablemente ilegal, ya sea por piratería, robo o contrabando, no puede explicarse sin la protección de cuerpos organizados que anteponen sus intereses a los de la sociedad a quien se deben.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 24 de diciembre de 2005).


No hubo nada peor que el reciente capítulo de la repetitiva novela de la regularización. Otra vez los mexicanos que compran productos viejos en su mayoría, que no pagaron impuestos por estar en el país, echan humo en los pulmones de los que pagamos todo lo que hay que pagar por tener un auto Hecho en México o legalmente importado, es decir, IVA, ISAN y Tenencia. Tambén nos meten la mano en la bolsa, al inundar el mercado con coches de bajo valor, que jalan hacia el suelo el precio de los coches usados que algún día venderemos todos.

Sergio Oliveira
(v.pág.12-B de El Informador del 24 de diciembre de 2005).


Resulta que todos los años, en época de posadas, se les ocurre cerrar el tránsito en mi cuadra; en una esquina atraviesan el taxi de mi vecino bigotón y en la otra esquina, la camioneta chocolata de alguien que ni conozco, Y se acabó el paso.

Más allá de la molestia que provoca, esto es obstrucción de vía pública. ¿Qué nadie puede hacer algo para remediarlo?

Luisa Padilla Vargas
(v.pág.4 "correo" del periódico Público del 23 de diciembre de 2005).


La sanción impuesta al gobernador por su deliberado desacato a la Ley de Transparencia nos dice que el estado de derecho en Jalisco no vale más de 50 salarios mínimos, cantidad que el gobernador decidió arriesgar para hacer con esa ley lo que le venga en gana.

¿Por qué tanto argüende por un pinche recibo de nómina?

Lo importante de este asunto no es que el gobernador no haya entregado la copia, o que lo hayan multado con 50 igualmente pinches salarios mínimos, ni que vayan a presentar una denuncia penal en su contra, la cual seguramente se la pasará por cualquiera de los tres arcos del milenio. El argüende, que más bien es indignación, es porque dijo que la razón por la que no acató la ley es porque considera que es una ley mal hecha. Semejante argumento merece un verdadero argüende, pues quiere decir que el señor gobernador sólo cumplirá aquellas leyes que a su juicio estén bien hechas. Habría que preguntarle qué otras leyes no considera bien hechas, para que los ciudadanos al menos sepamos a qué atenernos.

No cumplir la ley deliberadamente es un abierto desafío al estado de derecho que no puede pasarse por alto.

Si para el gobernador, o para cualquiera, una ley está mal hecha o parece injusta, la solución no es la indiferencia, el desacato, la desobediencia civil, o como en este caso, la desobediencia oficial, sino exponer las razones del desacuerdo y promover su modificación. Y mientras eso no suceda no hay mas opción que someterse a ella, aunque sea bajo protesta.

El argumento del gobernador es un peligroso ejemplo que los ciudadanos podríamos invocar para incumplir todas aquellas leyes que nos parezcan mal hechas o injustas (y vaya que las hay). Así podríamos dejar de pagar muchos impuestos, multas y recargos improcedentes o hacer caso omiso de miles de requisitos exagerados, basados en percepciones personales de la justicia o de la legalidad.

La desobediencia civil podría ser justificable en situaciones extremas que atentan contra los derechos fundamentales del hombre o que lo obliguen a ir en contra de su propia conciencia. Pero cuando se trata de una ley que solamente obliga a dar copia de un recibo o al pago de un impuesto, no hay razón para invocar desobediencias civiles u oficiales deliberadas. Hacerlo es meramente un abuso de poder y un abierto desafío al estado de derecho, basado en el nada valiente acto de un desacato de consecuencias irrelevantes.

Si bien la democracia y el estado de derecho no son sistemas perfectos, son el vehículo menos imperfecto que hemos encontrado los hombres para convivir, si no en plena armonía, al menos sin matarnos unos a otros.

Coincido con el gobernador en que la Ley de Transparencia, como muchas otras más, está mal hecha, pero no porque no deba haber entregado una copia de su nómina, sino porque no nos permite a los ciudadanos destituir fácilmente a los funcionarios públicos que la violen.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.12 del periódico Mural del 22 de diciembre de 2005).


En México es sueño guajiro el estado de derecho. Es aquí el reino del estado de lo chueco. Más que el imperio de la ley, aquí nos rige la ley... de los que administran la justicia. Policías, fiscales, jueces... ellos, y sus asociados, son los poderosos.

La gran vergüenza de este país es la falta de justicia. No me refiero, como comunista trasnochado, a la justicia social, sino a la procuración de justicia. A ésa que empieza con una gran confusión: no se sabe si es capacidad del poder ejecutivo y sus elementos policiacos de cualquier ámbito "municipal, estatal o federal" o de los fiscales o ministerios públicos del poder judicial.

Esa misma que después se convierte en una larga y engorrosa pesadilla: si uno es el afectado, tendrá que pasar largas horas de muchos días en diligencias lentas y redundantes, sólo para ver cómo se van diluyendo sus esperanzas de justicia. Y si uno es el acusado, bien puede ver cómo pasan los años tras las rejas, antes de que lo liberen con el clásico "usted disculpe", si tiene suerte y resulta inocente de los cargos que le imputan.

Suerte. Ésa es la palabra clave en todo el proceso: suerte de tener influencias, suerte de saberse las transas, suerte de conocer a los "precisos", suerte de tener miles y miles de pesos para pagar la estancia como en hotel de lujos, con todas las comodidades imaginables. No en balde los más suertudotes son los capos de la droga, del hampa o de la política, que es casi lo mismo, pero no es igual.

Díganme si no es suerte la que acompañó al fiscal Campa Molina después de atropellar a dos jóvenes que iban en una moto, y de los cuales uno murió a consecuencia del golpe. Claro, primero fue suerte de la mala, pues cuándo se iba a imaginar que después de zamparse unos buenos chupes, la vida le iba a poner enfrente a sus involuntarias víctimas. Y sucedió el trance. Pero luego empezó a funcionar su buena suerte: primero de que, como buen representante de la ley mexicana, sabe que más vale aquí corrió que aquí quedó... y se peló en su camioneta Silverado... ¡con todo y la moto de las víctimas!

¿Cómo le hizo? Pues fácil: la fue arrastrando por varias cuadras, como si fuera un chicle pegado al zapato. De hecho, era tan notorio que los policías de una patrulla lo detuvieron. Ahí, no hubiera sido raro que vociferara, amenazara y hasta ofreciera un billete, pero esto último sólo consta en las declaraciones "off the récord", o sea, fuera de grabadoras, así que imaginemos que nunca pasó.

Digamos, entonces, que sólo lo acompañó la buena suerte. Tan buena que los colegas de sus colegas le practicaron el examen de alcohol en la sangre y ¿qué creen? Que salió más sobrio que un testigo de Jehová. Eso es suerte.

Claro que todo esto fue tan obvio, y la indignación por la impunidad que ha gozado el procurador de la ley, que luego luego lo volvieron a entambar... para liberarlo poco después. ¿La razón? Fíjense nomás: que el arresto fue ilegal, porque no había flagrancia. Es decir, los policías no vieron el momento mismo en que se llevó a los jóvenes de corbata, aunque hayan visto los fierros retorcidos de la moto siendo arrastrados por la camioneta -y perdón por lo crudo, pero unos momentos antes incluso hubieran podido ver a una de las infortunadas víctimas prendida de la moto-, y al fulano en estado incróspido.

Ese mismo pretexto es el que se usa una y otra vez para liberar rateros y hampones de todo tipo: que no los agarraron en flagrancia. Y a esto sumemos que la investigación policial es en este país poco menos que una broma y se reduce a las providenciales llamadas de algún valiente para denunciar delitos o, más común, de un mafioso para "poner dedo" en alguien de la competencia, y ya sabrán por qué en este país ni siquiera se investiga el 98% de los crímenes.

Pareciera entonces que la única manera en que veremos una real persecución de los delitos será dándonos todos y cada uno de alta como policías, para que, llegado el momento del delito, podamos no sólo ser víctimas, sino eventuales fiscales que si no atrapamos, al menos pescamos al delincuente el plena flagrancia: cometiendo un delito contra nosotros mismos.

El problema va a ser cuando nosotros seamos los que lo cometamos: en sacar charola, presumir de influencias y regodearnos en la prepotencia se nos va a ir todo el esfuerzo. Y ni modo de ir a dar al bote: ahí caen sólo los inocentes. O los muy pobres.

Paco Navarrete
(v.pág.15 del periódico Mural del 22 de diciembre de 2005).


El argumento de la juez para dejarlo en libertad, que había sido ilegal su detención, porque había sido detenido en un lugar diferente a donde ocurrieron los hechos, es por demás absurdo si se considera que el detenido iba huyendo con la motocicleta atorada en su vehículo.

Bajo este criterio, a un ladrón que sorprendan saliendo de un domicilio que ha robado lo dejarán en libertad si la materia del robo la deposita en el suelo y, a un asesino que tire su arma, ya no se les podrá tipificar flagrancia.

En cualquier país civilizado estos crímenes, el del atropellamiento en estado de ebriedad y la manipulación dolosa de pruebas forenses, sería considerado grave. Aquí no pasa de ser un incidente más que acompaña a la muerte de varios cientos de personas, derivado del manejo en estado de ebriedad, confundido por muchos mexicanos como un ejercicio más de su libertad.

Carlos Hermosillo
(v.pág.2 "Cartas del lector", de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 22 de diciembre de 2005).


Todo titular de un órgano de gobierno está obligado a ejercer sus funciones bajo la más absoluta legalidad, que significa que la autoridad sólo puede hacer aquello que la ley le permite. Todo funcionario de elección popular o nombrado con las facultades concedidas por la ley, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, las de los estados en el caso de funcionarios estatales o municipales y las leyes que de ellas emanen. Nadie puede erigirse en juez supremo con facultades para determinar, de motu proprio, si una ley es eficaz, funcional, obsoleta o útil, ni decidir no cumplir con la misma, conforme a su criterio particular. Podrá promover, si está dentro de sus facultades hacerlo, como los integrantes de los poderes legislativo y el ejecutivo, iniciativas para cambiar las leyes que a su juicio necesiten ser cambiadas, lo que sería debatido por el poder legislativo, cuya función principal es crear y modificar leyes. Quien pretenda tener la facultad de determinar conforme a su criterio si una ley sirve o no, demuestra con esa actitud que desprecia totalmente toda legalidad y todo principio de legitimidad en el ejercicio de la autoridad conferida, al ser elegido o designado como funcionario público, y sienta un peligroso precedente de anarquía y de disolución social. En el caso de los particulares, ese intento llegaría a convertirse en razón suficiente para imponerles una sanción acorde a la violación de la ley existente, o a utilizar la coacción, cuyo monopolio legal corresponde al gobierno.

Autoridad no significa autoritarismo, ni que aquéllos investidos del poder político, puedan impunemente determinar si cumplen o no con la ley.

Sergio A.López Rivera, abogado
(v.pág.5-A de El Informador del 21 de diciembre de 2005).


Con ocasión de la resistencia del gobernador [de Jalisco] a cumplir los mandatos de la Ley de Transparencia y las resoluciones del instituto encargado de aplicar dicha ley, el gobernador declaró públicamente uno de sus motivos para tal resistencia: no cumplí porque la ley está mal hecha.

Más allá de las consecuencias legales de la declaración del gobernador, parece comunicarse un mensaje no democrático: las leyes se acatan cuando está bien hechas. Y tal mensaje hace referencia a una cierta impunidad, aquella que viene del margen creado por las leyes mal hechas. De aquí a interpretar los hechos y dichos referidos como una clara impunidad del gobernador sólo hay un paso.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.19 del periódico Público del 18 de diciembre de 2005).


Poco después de que se vieran los videos en los cuales [René] Bejarano recibía miles de dólares de [Carlos] Ahumada, el propio Bejarano convocó a una conferencia de prensa en la que dio a conocer estados de cuenta de Rosario Robles, de su hija y de otros familiares con depósitos millonarios. Pero en horas se descubrió que todos ellos eran falsos, sin embargo, el propio gobierno del DF a pesar de recibir la denuncia contra Bejarano por falsificación de documentos y difamación, jamás avanzó en esa indagatoria y sin embargo investigó todos los movimientos financieros de Robles y de su familia incluso los de su padre que llevaba años de muerto y no encontró nada. La procuraduría capitalina nunca enjuició a Bejarano por esa denuncia falsa y López Obrador en su último acto de gobierno le otorgó a su hombre de confianza la libertad para que continuara fuera de la cárcel la operación política en su favor, como una forma, especulemos, de gratitud por la lealtad demostrada por Bejarano que nunca dijo en qué o para quién utilizó el dinero que recibía de Ahumada.

Jorge Fernández Menéndez
(v.México Confidencial del 16 de diciembre de 2005).


Por primera vez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, hizo un reclamo al Poder Ejecutivo Federal y a la Procuraduría General de la República respecto a la forma en que intervinieron en el presunto desacato de una suspensión de amparo por parte del ahora candidato del PRD a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Sin decir nombres, el presidente del máximo tribunal detalló que existen diversos criterios establecidos en la Primera Sala del alto tribunal que detallan las maneras en que se sancionan este tipo de casos; sin embargo, agregó que "no se desconoce que las conductas adoptadas y siempre respetadas por el Poder Judicial, pudieron sustentarse en el válido principio político de evitar males mayores y que ello pareció derivarse de opiniones de prestigiados juristas".

Como se recordará, el pasado 4 de mayo la PGR propuso no ejercitar acción penal en contra de López Obrador, pese a considerarlo presunto responsable de desacato en el caso del predio El Encino; sin embargo, hasta la fecha la averiguación previa contra el ex jefe del gobierno capitalino continúa abierta y sin ninguna resolución de por medio.

Azuela fue más allá al advertir que el anterior caso y sus consecuencias deben verse con inquietud y hacia el futuro, "pues se corren los riesgos, en el peor de los casos, de que se multipliquen las violaciones a la suspensión y, lo más grave, que se incurra en inejecuciones de sentencias, todo ello de manera impune en detrimento del prestigio internacional".

Durante lo que fue su tercer informe de labores, el presidente de la Corte aclaró que la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria en sus fracciones I y II, del artículo 105 de la Constitución, especifican el sistema para lograr el acatamiento de esas determinaciones en materia de amparo, y sobre todo para garantizar la plena ejecución de sus resoluciones.

Azuela Güitrón aclaró que el Poder Judicial no pasó inadvertido que en el presente año, con motivo de la resolución, con valor de cosa juzgada de un Tribunal Colegiado de Circuito que determinó que se había dado una violación a la suspensión, dándose vista al Ministerio Público, se produjeron situaciones que se apartaron de la legalidad.

Todo ello, advirtió, puede tener como consecuencia, "en el mejor de los casos, que el acatamiento a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación quede sólo a la buena fe y expedita conducta de las autoridades responsables que quieran el testimonio de la civilidad".

(V.pág.13 del periódico Público del 16 de diciembre de 2005).


El gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, no quiere acatar las disposiciones del flamante Instituto de Transparencia e Información Pública. Argumenta que la ley respectiva está mal elaborada y por eso no la acata. Es curioso que un gobernante, caracterizado como de derecha, utilice argumentos similares a los usados por López Obrador en el Distrito Federal.

Las leyes, como toda creación humana, son imperfectas. Tal vez existan situaciones en que el grado de imperfección de una ley haga imposible cumplirla. Sin embargo, no es el caso en Jalisco en donde lo que se le solicitó al gobernador fue simplemente su recibo de nómina.

Ramírez Acuña debe recapacitar su postura. Además de sus obligaciones legales están sus obligaciones morales y sociales. Los ciudadanos demandamos transparencia en el uso de los recursos públicos, queremos saber en qué se usa cada peso del erario. No dudo que la ley esté mal elaborada, pero ése no es un argumento que en este caso se pueda utilizar como excusa. Lo adecuado sería cumplir lo que la ley vigente le obliga y la sociedad le demanda y promover las enmiendas que considere pertinentes a la mencionada norma.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.pág.4-A de El Informador del 14 de diciembre de 2005).


Los conflictos entre las autoridades acapararon la atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 2005, e hicieron que los ministros del pleno del alto tribunal aplazaran o dejaran a un lado los juicios de los ciudadanos que buscaron la protección de la justicia ante los abusos generados por el gobierno.

Un recuento de los casos que resolvió el pleno en 2005, muestra que concentró su atención en resolver, principalmente, juicios de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, mediante los cuales solucionó los problemas que se generaron entre autoridades, o por leyes que fueron impugnadas por diversos órganos de gobierno.

En cambio, los juicios de amparo, mediante los cuales se defiende a los ciudadanos de las violaciones a sus garantías individuales que cometen las autoridades, no tuvieron un lugar relevante en el alto tribunal.

(V.pág.13-A de El Informador del 12 de diciembre de 2005).


En este país cada segundo se viola la Constitución General de la República, lamentó César Eduardo Agraz, catedrático en derecho constitucional, quien explicó que los más de dos mil ayuntamientos que hay en el territorio nacional crean leyes y reglamentos que contravienen la Carta Magna.

Puso como ejemplo algunas reglamentaciones municipales en materia laboral, el monto de las multas y los de aseo público, policía y buen gobierno que van en contra de la Constitución.

(V.pág.13 del periódico Público del 9 de diciembre de 2005).


En la negativa del gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, a cumplir con la Ley de Transparencia local, se encierran varias paradojas que han acompañado [a] áreas polémicas de esta gestión gubernamental.

Es paradójico que el gobernador no mida los efectos de su actuación en este caso. Su autoridad moral decrece ante las cúpulas empresariales, quienes le recomiendan acatar el fallo del Instituto de Transparencia e Información Pública. Aumenta su descrédito ante la ciudadanía por su desprecio de todo aquel organismo que no controle políticamente. El gobernador arriesga inclusive su carrera política, pues aunque la denuncia penal es por un delito no grave, el procedimiento iniciaría cuando concluya su gestión, en febrero de 2007. Tener antecedentes penales lo inhabilitaría para ocupar un cargo público. Además le está haciendo un flaco favor a su candidato presidencial Felipe Calderón, pues los gobernadores panistas se comprometieron públicamente a apoyar esa candidatura, mediante la realización de buenos gobiernos en sus entidades para ganar mayor respaldo y reconocimiento ciudadano en la elección de 2006. Ramírez Acuña estuvo en esa reunión de gobernadores, pero opacidad y soberbia no ayudan al buen gobierno.

Jaime Preciado Coronado
(v.pág.24 del periódico Público del 9 de diciembre de 2005).


En su ofuscamiento, el gobernador [de Jalico, Francisco Ramírez Acuña] no alcanza a comprender que como servidor público, como empleado de todos los jaliscienses, como responsable de ejercer las facultades y responsabilidades que el pueblo depositó en él, a través de una delegación de voluntad expresada a través del voto, está obligado, más que nadie, a cumplir la ley.

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 8 de diciembre de 2005).


Un grupo de aproximadamente 300 productores de maíz en Jalisco, tomaron ayer la caseta de cobro de Ocotlán, en la autopista de Morelia, durante siete horas.

Permanecieron en la caseta de las 12:00 a las 19:00 horas, tiempo en que permitieron el paso de vehículos sin pagar peaje, como muestra de su rechazo a seguir recibiendo 1,200 pesos por cada tonelada de maíz vendida. Exigen 1,900 pesos por tonelada.

(V.primera plana de El Informador del 3 de diciembre de 2005).


El actual sistema de justicia en México está reprobado.

La insatisfacción de los ciudadanos con sus impartidores de justicia obligó a que por primera vez, ministros de la Corte y presidentes superiores de los Tribunales de Justicia de los estados y el DF se reunieran para diseñar reformas en la materia.

(V.pág.2 del periódico Mural del 1o.de diciembre de 2005).


Castigar como delito el bloqueo de calles, avenidas y otras vías de tránsito no viola la Constitución.

En su primer pronunciamiento sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que penalizar esa conducta no atenta contra garantías como la libertad de tránsito y la de reunión.

"El bien jurídico tutelado en este caso lo constituye el interés común en la correcta utilización de las vías de comunicación y la adecuada prestación de un servicio público de comunicación o transporte", explica.

En cuanto al libre tránsito, los ministros aclararon que la Constitución refiere la libertad de entrar y salir del país y moverse por el territorio nacional, no la de bloquear calles.

Finalmente, en el tema de la libertad de reunión, los ministros resolvieron por unanimidad que no venía al caso este argumento, pues el delito puede ser cometido por una sola persona.

(V.pág.11 del periódico Mural del 1o.de diciembre de 2005).


El objetivo de los reglamentos que prohíben fumar en lugares cerrados es proteger la salud de las personas no fumadoras, por los efectos que trae la inhalación involuntaria de humos producidos por la combustión de tabaco.

Si bien el propio reglamento establece sanciones para los establecimientos que violen estas disposiciones, que van desde una simple amonestación hasta la cancelación de licencias, nunca he visto ni sabido que autoridad alguna hubiese amonestado, multado o revocado una licencia por no tener o no respetar áreas de no fumar.

Es penoso decirlo, pero si las autoridades fueran conscientes y estrictas (como supuestamente debieran serlo) y aplicaran a fondo los reglamentos existentes, creo que acabarían por cerrar casi todos los restaurantes y, sin duda, todos los bares y antros de la ciudad.

¿Para qué hacer leyes y reglamentos si después no se exigirá su cumplimiento cabal, sin trucos ni artimañas? Por eso estamos como estamos.

Hay infinidad de leyes y normas que pocos conocen, y aunque se conozcan, que nadie respeta; vamos, ni los mismos encargados de velar por su cumplimiento las respetan.

Tan es así, que todos los días vemos a funcionarios públicos, regidores, policías, inspectores, etcétera, fumar en donde les da la gana, manejar ebrios, pasarse altos, dar vueltas prohibidas, conducir a exceso de velocidad, cortar árboles, tirar basura, construir en las banquetas, comprar productos piratas, etcétera, sin que la conciencia les haga siquiera alguna cosquilla.

Si los propios servidores públicos no predican con el ejemplo, ¿qué esperan de los ciudadanos en general?, ¿con qué autoridad moral pueden exigir que los demás respetemos las normas establecidas, si ellos mismos no son capaces de cumplirlas?

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.10 del periódico Mural del 24 de noviembre de 2005).


En sesión de Ayuntamiento de Zapopan presentaron un punto de acuerdo que fue aprobado para aplicar 75% de descuento en los recargos generados hasta diciembre de 2004, por concepto del atraso en el pago del impuesto predial y los servicios de agua potable, alcantarillado e infraestructura hidráulica.

El ayuntamiento dio luz verde a lo anterior luego de que el Congreso del Estado de Jalisco autorizara a los 124 municipios para otorgar estos descuentos.

(Va a resultar más productivo jinetearse el dinero en la financiera y, años después, cuando haya un descuento, pagarle al gobierno. Luego no se quejen. - El webmaster)

(V.pág.3-B de El Informador del 19 de noviembre de 2005).


El veredicto de los lectores de EL INFORMADOR, ante la pregunta ¿Debe la autoridad permitir plantones en la vía pública?, es hoy contundente: la inmensa mayoría, 84%, opina que no deben tolerarse, porque nadie tiene derecho a invadir y utilizar para fines personales o de grupo espacios que han sido destinados para uso y provecho de toda la población.

Los altermundistas, que nunca pasaron de ser unos cuantos, luego de haber causado destrozos en el patrimonio público y privado del centro histórico, con motivo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en mayo de 2004 en esta ciudad, permanecieron ahí, a un costado de la plaza, en la esquina de Pedro Moreno y 16 de Septiembre, durante largos 18 meses; invadieron y contaminaron día y noche, con ruidos, pintura y mugre, un espacio del más alto valor histórico y social para los tapatíos, y estos globalifóbicos, que además nunca aportaron ideas concretas y congruentes (ni antes ni durante ni después de la cumbre) para resolver los problemas de la comunidad, se fueron cuando quisieron, sin contribuir en lo más mínimo a la reparación de los daños causados.

Estos meses fueron ciertamente una pesadilla; la gente pasaba frente a los globalifóbicos y lo menos que hacía era mostrarles indiferencia, cuando no desprecio, porque nada aportaban al bien de la comunidad y sí en cambio atentaban contra el patrimonio público y privado.

La opinión pública se está pronunciando abiertamente en contra de los plantones, pero entiéndase bien, no en contra de las manifestaciones. El derecho a manifestarse está consagrado por la Constitución, y nadie, ni la autoridad ni los ciudadanos, piensa en restringir este derecho. Sólo se trata de prohibir los plantones, es decir, de evitar que los manifestantes se estacionen en la vía pública.

Prohibir plantones no es nuevo; es un ejercicio de autoridad practicado en las principales democracias del mundo, donde la gente puede manifestarse frente a cualquier edificio del gobierno, pero nunca estacionarse o apoderarse de espacios públicos, porque entonces entra en acción la policía. El ejecutivo del estado, el congreso y los ayuntamientos deben promover las reformas necesarias a la Ley de Tránsito y reglamentos municipales para que no vuelvan a instalarse más plantones en Guadalajara ni en ningún otro municipio de Jalisco.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 16 de noviembre de 2005).


Nuestro gobierno es la organización de las personas de carne y hueso que elegimos y a quienes les adjudicamos la toma de decisiones públicas y también el salvaguardo [¿la salvaguarda?] de nuestro bien común en lo cotidiano. Su ámbito principal es la resolución de disputas, debiendo proteger primero la seguridad de nuestras vidas y propiedades. Y luego la administración de los recursos públicos y de la justicia (tanto en conflictos del ámbito privado de acuerdos y contratos, como la atención a delitos públicos). Quien se dice gobierno y no cumple mínimamente con esto es un simple impostor con disfraz.

La mayor amenaza de nuestro estado democrático es la fragmentación institucional ocasionada por la erosión de la política ante la inseguridad y la impunidad del crimen, el delito y la corrupción por la ausencia de una justicia que logre atender las agresiones que vivimos diariamente sobre nuestras vidas, propiedades y compromisos.

Norberto Alvarez Romo, promotor de desarrollo sustentable
(v.pág.4-A de El Informador del 14 de noviembre de 2005).


México es un país plagado de injusticias y de corrupción, en donde los maleantes hacen de las suyas mientras que los justos reciben la muerte o la cárcel, aseguró el obispo de Ecatepec, Estado de México, Onésimo Cepeda Silva.

Cepeda comentó en su homilía que esta situación que vive México "ya no puede seguir con eso; hay que acabar con la impunidad que hace que los poderosos hagan lo que se les da la gana".

(V.pág.16-A de El Informador del 14 de noviembre de 2005).


La posibilidad de brotes de violencia extrema en México podría ser mucho más alta de lo que pensamos, si le agregamos que ante el ciudadano común las autoridades no existen, no proporcionan servicios, ni seguridad, ni justicia. La justicia mexicana es inexistente, más en las comunidades pobres y marginadas. Esto se traduce en una cultura de impunidad (que de hecho se refleja en todos los niveles sociales, no sólo en las comunidades marginadas). La decisión de unirse a una protesta violenta no tendría ningún impedimento, y estos muchachos no tendrían temores porque saben que la autoridad probablemente no actuaría, o de hacerlo, estaría renuente a usar mecanismos represivos para detenerlos.

Ana María Salazar, académica del ITAM
(v.pág.5-A de El Informador del 12 de noviembre de 2005).


Al menos unos 1,500 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas bloquearon los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, en demanda de mayores recursos para el sector energético y la no privatización del mismo.

Con camiones de la Compañía de Luz y Fuerza los trabajadores realizaron un cinturón infranqueable a la Cámara de Diputados, lo cual retrasó el inicio de la sesión de este jueves por casi 60 minutos.

Los vehículos taparon los accesos a Eduardo Molina, Emiliano Zapata, Congreso de la Unión, Sidar y Rovirosa, por lo que diputados y trabajadores tuvieron que caminar algunas cuadras o acceder por instalaciones del Cuerpo de Granaderos para llegar a San Lázaro.

(V.pág.26 del periódico Público del 11 de noviembre de 2005).


Dirijan la mirada hacia Guerrero, estado gobernado por el PRD y en el que las invasiones violentas machete en mano de predios turísticos son la regla y no la excepción.

Ahora le toca el turno otra vez a Punta Diamante, localización que vio ayer a cientos de pseudo ejidatarios con machetes en la mano bloqueando el acceso al Hotel Quinta Real, destino turístico favorito de extranjeros y nacionales.

Este tipo de invasiones violentas en la zona turística de Acapulco es una más de una serie que se han venido dando, tanto con este gobierno perredista de Zeferino Torreblanca, como en el anterior nefasto de René Juárez.

Una oteada somera a la memoria hace revivir las invasiones a Tres Vidas y predios aledaños, así como otra que se dio en Playa Diamante, sitio de albergues de tiempo compartido en el que más de 600 propietarios norteamericanos fueron perjudicados.

Cabe hacer mención que en ninguna de estas invasiones, muchas que datan de años, se ha aplicado la ley: es decir, no se reconoce de facto el derecho a la propiedad.

Para expulsar a los invasores el mismo gobierno estatal, el de entonces y el ahora, promueven pagos, vil chantaje, a los invasores llamándoles "indemnizaciones".

Frente al mismo presidente Fox, hace cosa un año, estos mismos "ejidatarios" bloquearon el citado Hotel Quinta Real.

O sea que en un año la situación de zozobra e inseguridad en la zona turística permanece exactamente igual: nada se soluciona, nada se arregla.

Ello, mientras a los inversionistas en estos megaproyectos turísticos repetidamente se les pide que aporten, y que aporten más, para satisfacer las inagotables exigencias de los profesionales de la extorsión.

En los hechos, ninguna diferencia práctica existe entre la conducta como servidor público de Zeferino con la de René Juárez.

Cambiaron las siglas del partido en el poder (de PRI a PRD) pero el mugrero en Guerrero sigue igual y muchos dicen que la corrupción también.

Ahora que a la pregunta obligada de ¿bueno, y el gobierno federal y el estado de derecho?

La respuesta es que "bien, gracias", gozando de los impresionantes triunfos que a nivel gráficas de escritorio ha conseguido.

Manuel J. Jáuregui
(v.pág.10A del periódico Mural del 10 de noviembre de 2005).


Vemos cómo se esconde Andrés Manuel López Obrador, coautor de varios operativos -obscuros y tras bambalinas- que tienen que ver con el dinero que obtuvieron sus operadores políticos Bejarano, Robles o Imaz, de los bolsillos de Ahumada, o esos otros dineros que dicen son habidos para la causa, gracias a las cuotas de los taxis piratas y los vendedores ambulantes -como lo hacía Manuel Camacho Solís- que dejan en la casa de sus líderes una modesta y religiosa cuota mensual que suma ¿miles? de millones de pesos que, a su vez, se reparten entre los miembros del partido en el poder para usarlos, cuando sea oportuno, como lo será en el 2006, y pagar así con sus votos la sobrevivencia económica que depende de las disposiciones fuera de la ley, para que así se cierre un primer círculo vicioso.

Pero, si continuamos por su curva, en un efecto dominó, encontramos que AMLO insiste que Madrazo declare públicamente sus propiedades habidas durante todo este tiempo, desde que operaba en el gobierno de Tabasco, donde Pemex está íntimamente ligado a ese estado, con un sindicato protegido -usted me entiende- por los priistas, desde los tiempos de don Lázaro.

Pero Madrazo utiliza su sistema de inteligencia y comunicación, para que, hábilmente, acusen a su vez, con pelos y señales a otros, internos o externos, como fue el caso de Montiel o al externo, como a los que aparentan comportarse como blancas ovejas, como es el caso de Felipe Calderón que, antes de arrancar su campaña, tendrá que aclarar dos o tres manchas -veniales o mortales- con las que se ha ensuciado la blanca camiseta con la que va a tener que salir a recorrer el país y necesitará aclarar los autopréstamos desde Banobras o el tráfico de influencias en varias obras e inversiones, personales o del PAN, que se han hecho de tal manera que no quede cargada la balanza de este móvil sólo en los otros platillos del PRI y PRD.

Martín Casillas de Alba
(v.pág.5-A de El Informador del 8 de noviembre de 2005).


Everardo Moreno, precandidato priista a la Presidencia de la República quien fue subprocurador de justicia, señaló que no se debe pensar en nuevas instituciones ni nuevas leyes, sino [que] lo que se requiere es aplicarlas y dar mayor presupuesto.

(V.pág.25 del periódico Público del 4 de noviembre de 2005).


Producto de investigaciones llevadas a cabo por la Contraloría General del Estado [de Jalisco], publicadas en distintos diarios, se ha denunciado la existencia de redes de crimen organizado en torno a la apropiación ilegal de bienes, en las cuales están coludidos notarios, abogados y empleados de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC). La desaparición de 443 libros, reportada en la auditoría practicada al RPPyC durante el periodo del 1 de enero de 2003 al 31 de agosto de 2004, es una señal inequívoca del alarmante nivel de corrupción existente en la dependencia.

El problema adquiere dimensiones mayores cuando en el desglose de los libros perdidos se encuentra que 229 de los 443 corresponden a la sección de Comercio, y 214 a la sección de Propiedad. Si consideramos que el desarrollo de la economía y el mercado depende en gran medida de la certidumbre jurídica de la apropiación y de los cientos de miles de transacciones, nos damos cuenta que uno de los ejes claves del sistema no esta garantizado, lo cual, además de ser un desincentivo a la inversión y competitividad, es un literal atentado contra el mínimo Estado de derecho.

El hecho de que la mayor cantidad de libros extraviados pertenezca a la sección de Comercio, también se explica porque es precisamente este rubro el que deja mayores ganancias a las redes criminales organizadas.

El estado tiene la atribución y obligación de reordenar la agencia de gobierno en cuestión, si ésta no cumple con las tareas para las que fue creada. Esa es la razón por la que el RPPyC se encuentra hoy en día bajo una estrecha vigilancia. Las averiguaciones irán aclarando el panorama para los trabajadores y sentando las responsabilidades debidas. Tampoco se trata de buscar quién la pague para fingir resultados.

Dada esta situación de desconfianza institucional, no es posible dejar de vigilar el RPPyC y ello debe ser entendido por su burocracia. Llevar a cabo paros y cierre de oficinas de ninguna manera resulta en beneficio para alguien y sí por el contrario aumenta los costos (altos de cualquier manera) de la corrupción. Todos los días se llevan a cabo transacciones que implican trámites de liberación de gravamen que permitan la obtención de créditos, los cuales también están asociados a fondos federales. Con el cierre de oficinas no sólo se detienen las transacciones mobiliarias, sino que el estado deja de percibir recursos necesarios para la sociedad.

El Gobierno de Jalisco ha tenido un fallo gigantesco y temerario, cuyas dimensiones aún no es posible calcular, que afecta la esencia y espina dorsal del estado de derecho y del desarrollo de mercados competitivos. El saneamiento no sólo a él le corresponde, también a los notarios y asociaciones y barras de abogados y a la sociedad organizada.

Tonatiuh Bravo Padilla, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.9A del periódico Mural del 3 de noviembre de 2005).


Una de nuestras especialidades mexicanas es diseñar leyes cuya aplicación sea imposible [por algo somos los Estados Unidos de la Palabra - el webmaster]. Y mientras más absurda la situación más felices nos sentimos. Pienso en la Ley de Residuos Sólidos vigente desde el año pasado según la cual todos los ciudadanos deben separar su basura orgánica e inorgánica. En El Universal ayer leí que no se ha cumplido con ley tan razonable porque le reglamento para sancionar infractores no estuvo listo antes de que la ley entrara en vigor.

Hasta hoy ocurre que la basura se va completamente revuelta, porque: 1) a todos se nos olvida separar la basura; 2) el camión de todos modos no tiene dónde separar las diferentes clases de desechos, y 3) ninguno de "los de la basura" exige que se cumpla con la norma.

Magali Tercero
(v.pág.61 de la revista Tentación del 29 de octubre de 2005).


En al ciudad de México hay más de 300,000 vendedores ambulantes. Forman parte de los 11 millones que se dedican a la economía informal en el país. El decreto anunciado por Fox para que paguen impuestos toparía, al menos aquí, con unos 500 líderes que los regentan, pues dejarían de percibir cuotas que, en algunos casos, ascienden a 700,000 pesos cada mes.

(V.pág.26 del periódico Público del 23 de octubre de 2005).


Casi todos los autores coinciden en que el sentido último de una transición es la instauración del Estado de Derecho. Supuesto que el autoritarismo, en sus diversas modalidades, se funda en la concentración y el uso discrecional del poder, las preocupaciones centrales de toda democracia han de ser el apego a la legalidad republicana y el imperio de una justicia expedita e imparcial.

Cualquiera que haya sido la naturaleza y estatuto formal de los regímenes autoritarios, el orden jurídico fue establecido para legitimar el poder, más que para limitarlo, en tanto que en los sistemas democráticos la autoridad debe estar rigurosamente sometida a la ley y ésta servir para la protección de los derechos ciudadanos y la expansión de las libertades públicas.

En ese sentido, se habla de un doble déficit que padecen los gobiernos del cambio. El primero es un escaso control de los actos del poder, que a menudo se esconde -como lo hacían sus predecesores- tras de ropajes legalistas y se evade en el discurso de una transparencia sin correctivos ni sanciones. El problema esencial que confrontan es la "accountability", que traducimos imperfectamente al castellano como rendición de cuentas.

Ésta puede ser horizontal, a través del equilibrio de los distintos órganos del estado y el desarrollo de instituciones específicas para ese propósito; o bien vertical, por medio de la vigilancia que ejerzan los ciudadanos, las organizaciones civiles y los medios de información sobre la conducta de los gobernantes.

La otra deficiencia observable en las sociedades que han estado sometidas largo tiempo a estructuras autoritarias reside en la baja intensidad de la ciudadanía y en la precariedad de la cultura democrática. La esporádica y débil participación política va de la mano con una muy pobre ciudadanía civil, que se mide por el nivel de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de las obligaciones. Son aún más bajos los índices de ciudadanía económica y social, esto es, de bienestar compartido y acceso equitativo a los frutos del progreso.

Porfirio Muñoz Ledo
(v.pág.4-A de El Informador del 22 de octubre de 2005).


Ayer el bloqueo principal de calles de la ciudad de México fue de los cañeros que cerraron la avenida Cuauhtémoc durante horas. Hubo también un bloqueo de Marina Nacional, junto a las oficinas de Pemex, por parte de un grupo de ex trabajadores y de viudas de la empresa. A su vez, un grupo de defraudados por la empresa Publi XIII interrumpió el tránsito en Insurgentes en la esquina con Miguel Ángel de Quevedo. Ciento cincuenta personas bloquearon la calle Morelos frente al Instituto Nacional de la Vivienda. Además, unos cincuenta trabajadores y estudiantes del Centro Nacional de las Artes hicieron bloqueos intermitentes en Río Churubusco.

Quizá ayer hubo más bloqueos de calles de los usuales en la siempre conflictiva ciudad de México. Pero los capitalinos saben bien que estos actos son algo usual en las calles de su ciudad. La semana pasada fue un grupo de trabajadores del IMSS el que bloqueó el viaducto Tlalpan. Y antes de ellos estuvieron también los cañeros.

Pretextos nunca faltan. El hecho es que el cierre de calles, avenidas, vías rápidas o carreteras se ha convertido en la forma más usual de protestar en la ciudad de México. Y una de las razones es que las autoridades, por cálculo político o por simple cobardía, se abstienen de intervenir para mantener las calles abiertas.

Alejandro Encinas, El jefe de Gobierno del Distrito Federal, ha expresado con claridad su filosofía sobre este tema. Para él lo único que debe hacerse en estos casos es pedir a los manifestantes que dejen de bloquear las vías de comunicación con la esperanza de que éstos "actúen con responsabilidad". Esto es lo que dijo en su conferencia de prensa del 13 de octubre y añadió: "Yo sé que la tentación autoritaria es grande, la tentación siempre del uso de la fuerza pública. Hay quien cree que así se resuelven los asuntos. Yo, en lo personal, creo que hay que usarla la menor de las veces".

¿Es impedir los bloqueos de calles ceder a una tentación autoritaria? Por supuesto que no. Nadie cuestiona la libertad de manifestación. Pero una cosa es protestar y otra muy distinta cerrar vías de comunicación. No puede considerarse como autoritarismo aplicar la ley.

Encinas, como cualquier otro gobernante, prometió cumplir y hacer cumplir las leyes al prestar juramento en su cargo. No dijo al hacerlo que haría una excepción con las leyes que tuvieran que ver con los bloqueos de vías de comunicación. No hubiera podido entonces convertirse en jefe de Gobierno.

El argumento de Encinas sugiere que quienes sí cumplen la ley, quienes impiden el bloqueo de calles, están cometiendo actos de autoritarismo. Pero entonces estaría acusando al gobernador perredista de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, de ser autoritario. Cuando en el 2003 un grupo de taxistas pretendieron bloquear las calles del centro de Morelia, unos 150 granaderos armados con toletes y gases lacrimógenos, apoyados por 15 grúas, disolvieron los bloqueos y se llevaron los vehículos con los que se impedía el libre tránsito. Los taxistas trataron de negociar con el entonces subsecretario de Seguridad Pública del estado, Gabriel Mendoza Jiménez, pero éste respondió enfático: "No tengo idea de cuál sea su petición y no es lo que vine a negociar. Nosotros no negociamos en la calle". Según Mendoza Jiménez, "Manifestarse es manifestar su voluntad políticamente, es decir, marchar, gritar consignas, pero interrumpir el derecho de terceros al libre paso no".

El gobierno de Cárdenas Batel lanzó entonces un mensaje muy claro a la sociedad michoacana: el derecho a la libre manifestación termina donde empieza el derecho a la libre circulación. Pero el mensaje de Encinas es exactamente el contrario: los manifestantes tienen todo el derecho de bloquear las vías de comunicación las veces que quieran.

Quizá Encinas debería aprender la lección de Cárdenas Batel. Mantener las calles abiertas no es un acto de autoritarismo sino el deber de cualquier gobernante.

Sergio Sarmiento
(v.periódico a.m. del 20 de octubre de 2005).


Lo increíble es que el argumento en el que basan su propuesta para que deje de ser delito manejar en estado de ebriedad -dicho por el secretario de Gobierno del Estado de México- es que "este delito nada más servía para extorsionar a los usuarios, los que no caen con la Policía municipal y los extorsiona, pasan a la Policía Judicial o a Tránsito y, finalmente, al Ministerio Publico, y va creciendo el monto de la mordida".

O sea que en la lógica de este funcionario y de los diputados que lo secundan, como hay corrupción a la hora de aplicar la ley es mejor derogarla. Inteligente, ¿no?

¿Qué culpa tenemos los que manejamos sobrios y cautelosos, para sufrir las consecuencias de que un estúpido enfiestado, por sentirse macho y andar quedando bien con las chavas, -y esto lo podemos ver todos los sábados alrededor de la una o dos de la mañana- conduzca su auto a exceso de velocidad con una botella en la mano, y se estrelle contra nosotros o nuestros seres queridos y los mate?

¿A quién le cabe en la cabeza que la ley diga que si alguien maneja drogado o ebrio será encarcelado sólo en el caso que llegue a matar a alguien?, ¿por qué hay que esperar a que mueran personas para sancionar?

Manejar en estado de ebriedad es un acto negligente que pone en riesgo la vida de los demás, y quien así lo haga debe recibir una sanción acorde con la gravedad de las consecuencias que su negligencia puede ocasionar, y que en este caso son la muerte de personas.

Lo que todos debemos entender, y especialmente los legisladores, es que quien maneja ebrio convierte a su automóvil en un arma mortal, y que el conductor ebrio es un criminal en potencia.

Para reducir los accidentes y sobre todo las muertes provocadas por el consumo de alcohol, debe considerarse un delito grave el conducir ebrio y sancionar fuertemente a quien así lo haga.

Al final, ¿de qué nos sirve a la sociedad o a los familiares de los muertos que a un pobre muchacho irresponsable lo metan a la cárcel porque mató a alguien al salir de una fiesta borracho y manejando? Los muertos no van a resucitar con el muchacho preso.

Más nos serviría infundir el miedo a manejar ebrio, por las graves consecuencias que esto puede tener para el conductor, (cárcel prolongada y multas muy, muy altas) sin esperar a que se vea involucrado en un accidente, pues sin duda eso persuadirá a muchos a no manejar y a no dejar que nadie maneje intoxicado, o alentará el tener siempre un conductor sobrio designado.

Si la corrupción es la que impide aplicar estas sanciones, habrá entonces que combatir la corrupción, pero no por ello eliminar la ley. Es sumamente tonto pensar, y más aún proponerlo, al revés.

Si así fuera, habría que derogar muchísimas otras leyes que con corrupción y extorsiones todos los días se violan. Así podríamos todos, tranquilamente, manejar borrachos, robarnos la luz, vender piratería, etcétera, sin miedo a ninguna sanción realmente grave.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.10A del periódico Mural del 20 de octubre de 2005).


La legalidad es un principio básico de los sistemas democráticos, es la base de los derechos civiles y humanos de los individuos. Si el estado vulnera tales derechos, entonces el ejercicio de la libertad queda limitado. La ley en sí misma no sólo regula la relación entre individuos, sino entre éstos y sus gobernantes, entre las instituciones públicas entre sí y con las privadas también, de tal manera que los intereses propios de un grupo político no se encuentren nunca por encima de las garantías individuales de los habitantes de un país. Esto debe ser así para las democracias más avanzadas y para las que están en proceso de consolidación.

La violación del principio de legalidad puede darse a través de diversos caminos: el desconocimiento de acuerdos signados a escala internacional, cuya validez tiene rango equivalente a la supremacía de las leyes, o bien, por llamados a violentar al marco de derecho cuando un grupo político y/o religioso considera que el mismo vulnera sus principios morales.

La afortunada y bienvenida necedad del ex canciller Jorge G. Castañeda ha permitido que se abra un nuevo debate para la joven democracia mexicana. A saber, la necesaria discusión sobre los derechos de cualquier ciudadano a ser electo representante popular aun sin pertenecer a ningún partido político. Este derecho ausente de la Reforma Electoral de 1996 fortalecía la figura del partido político a costa de los derechos electorales, y con la declaración de improcedencia del juicio de amparo promovido por Castañeda y votado en contra el pasado 16 de agosto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (con 7 votos a favor de la improcedencia y 4 en contra de la misma), se reforzaba tal omisión que violenta los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.

La lógica del ex canciller y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es sencilla: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es una ley y no forma parte de la Constitución, por ello la apelación al cumplimiento de un acuerdo internacional como la Convención Interamericana de Derechos Humanos (ratificado por México en 1982) revertiría la resolución del la SCJ. El resultado es la recomendación de CIDH (al IFE) a aceptar la inscripción de Jorge G. Castañeda como candidato independiente a las elecciones presidenciales del próximo año. En otras palabras, acatar los principios de legalidad a los que se adhirió México en 1982.

La legalidad no sólo puede ser violada desde instancias ajenas al gobierno. Tal y como normalmente se conoce, no sólo los grupos subversivos o el crimen organizado resultan ser una amenaza al marco normativo, también los gobernantes, la gran diferencia es que estos últimos están obligados a su cumplimiento bajo cualquier circunstancia o creencia.

Tonatiuh Bravo Padilla, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.11A del periódico Mural del 20 de octubre de 2005).


Es evidente, de nuevo, la total inutilidad del teatro de la justicia en México, en todos sus niveles, desde la prevención (una farsa), a la investigación (un entremés), la procuración (un sainete), el proceso (un lento melodrama) o la 'readaptación', que no es otra cosa que un doctorado en el arte mayor de ese teatro: el drama, porque los graduados de las cárceles tienen, entonces sí, total capacidad para hacer sufrir a su involuntaria audiencia.

De eso no oímos hablar en campaña alguna. Nadie, de partido alguno, dice nada al respecto. Además, el vacío de poder es notorio en todos los niveles. Los jefes están ocupados en buscar el siguiente puesto, los subordinados en calentar la banca.

Hoy, el tema más importante en México es la seguridad: para crear empleos, para trabajar, para comprar y vender. Para algo tan simple como salir a la calle a platicar con tu hermano. Lo demás es retórica o, peor aun, incompetencia cómplice.

Paco Navarrete
(v.pág.3B del periódico Mural del 20 de octubre de 2005).


Este lunes apareció un desplegado del asesor jurídico del ingenio Tamazula, donde expone a las autoridades el secuestro de esta planta industrial por parte de ciertos productores y diputados afiliados a la Confederación Nacional Campesina.

Tanto como una extorsión para que los dueños de este y otros ingenios, se desistan de haber ejercido su derecho de tramitar un amparo ante la Ley Cañera.

Pregunto a los agitadores con fuero: ¿dónde está la visión de largo plazo para que el sector salga adelante?, ¿requiere de una ley que por lo visto, sólo es un remiendo mal hecho o la capacidad de lograr consensos a lo largo de toda la cadena productiva para enfrentar los nuevos paradigmas?

Con otra, si los gringos fueron los que se rajaron de comprar los excedentes de azúcar mexicana ¿Cómo es que nuestros valientes montoneros no van a Washington a exigir sus demandas en vez de perjudicar a su propio país?, bien saben contra quien ponerse.

Fernando Mayorga Castañeda
(v.pág.2A de la sección "Negocios" del periódico Mural del 20 de octubre de 2005).


Aunque el gobierno federal emitió el reglamento para regularizar los autos ilegales de procedencia extranjera fabricados entre 1990 y 1995, la Unión Campesina Democrática (UCD) pedirá que el beneficio también alcance para modelos anteriores a 1989, y los del periodo de 1996 a 1998.

Los vehículos que no contempla el decreto emitido el 22 de agosto por parte del presidente de la república, Vicente Fox, representan el 36% del padrón de 500,000 autos.

José Durán Vera, coordinador general del organismo, explicó que a través del diputado federal del PRD y secretario de la Comisión de Economía, Javier Salinas Narváez, impulsada esta iniciativa.

En caso que el ejecutivo federal aplique el veto a la disposición, los miembros de la UCD tomarán la misma medida que en el 2000: salir a las calles a luchar por su aprobación, advirtió.

El decreto para los autos "chuecos" permitirá la regularización de entre 1 millón y 1.5 millones de unidades en el primer año, mismas que provocarán una depreciación de hasta el 30% en los vehículos nacionales usados, estimaron fuentes del sector.

Juan Manuel Rodríguez, presidente de la Asociación Regiomontana de Comerciantes de Automóviles, dijo que en base a la experiencia que vivieron en la legalización del principio del sexenio, los carros nacionales de modelos 1990 al 1995 tendrán la mayor afectación.

(V.pág.3A de la sección "Negocios" del periódico Mural del 20 de octubre de 2005).


¿Los ciudadanos comunes tienen buenas razones para desconfiar de la ley y de los servidores públicos encargados de aplicarla? De acuerdo a estudios realizados por diferentes organismos nacionales e internacionales, sí.

Por leyes no paramos, por normas menos, pero vivimos en una sociedad en donde se da el incumplimiento sistemático de las mismas; con muchas leyes que pocos conocen, se da un orden jurídico 'gaseoso', una producción normativa descontrolada y muchas veces irresponsable y una técnica normativa confusa que favorece a los litigantes, tras esa cortina de humo hay una "inflación legislativa".

Dato Param, relator especial de la ONU en México, en el punto 119 de su informe sobre la situación de la justicia en nuestro país, establece: "Se tiene la impresión de que el índice de impunidad para todos los tipos de delitos en México es muy grande, llega al 95%. Son muchos los delitos que no se denuncian y demasiadas las órdenes de aprehensión que jamás se ejecutan".

En sus conclusiones el relator de la ONU detalla: La desorganización de la profesión jurídica; las dificultades a que se enfrentan los abogados para entrar en contacto con sus clientes encarcelados o detenidos en las comisarías de policía; la mala calidad de los servicios prestados por la defensoría de oficio; la violación de las normas universalmente reconocidas que han de regir los procesos con las debidas garantías, entre las que figura la de no aceptar como pruebas válidas las declaraciones obtenidas bajo coacción. Todo contribuye a la escasa confianza del ciudadano común en la justicia.

El problema se hace manifiesto en la ineficacia de las investigaciones penales, pues según los informes, tan sólo 10% de todos los sumarios abiertos desembocan en inculpaciones.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, en 2002 sólo 2% de los delitos denunciados concluyeron con una sentencia condenatoria; sin embargo, en su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Vicente Fox, en nota publicada por EL INFORMADOR el 2 de noviembre de 2004, revela que 3% de los delitos cometidos en el país son sancionados por un juez.

En la revista Proceso, número 1469, Fabrizio Mejía Madrid publica su trabajo denominado "Violencia desbordada", ahí señala que:"De cada 100 delitos, sólo 34% los reportó a alguna autoridad, de éstos, el 64% se denunció ante el Ministerio Público; en 45% de los casos no pasó nada; 17% continúa en trámite y 3% llevaron a alguna consignación".

El un estudio realizado por el relator del Consejo General del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licon, pone en evidencia la discordia existente entre la visión del hombre, el perfil de nuestras leyes y la concepción de la actividad procesal; el grado de desarrollo ético de la sociedad es muy diferente al de su capacidad tecnológica.

"Cuanto más débil es una persona en un sector social, más irrazonable es que confíe en la ley y los tribunales, para la consecución de sus intereses o la satisfacción de sus necesidades', cita Espinosa Licon, quien pone estos términos en palabras llanas. 'Antes de emprender un juicio, la persona debe de estar enterada que le puede costar alrededor de 70,000 pesos y puede durar en el trámite alrededor de cuatro años".

Ante esta perspectiva, serán muchos las personas que preferirán promover un arreglo y aplicar la tesis de los abogados: Más vale un mal arreglo que un buen pleito.

(V.pág.9-B de El Informador del 19 de octubre de 2005).


La amenaza de huelga en el Seguro es la más reciente muestra de que en este país la ley no [se] aplica si se es rico, poderoso o sindicalizado, cosa que en los líderes charros sucede por triplicado. Con el pretexto de conservar sus 'derechos', los sindicatos ponen en riesgo toda la estructura de la paraestatal que les da el sustento. El Pemexgate es apenas un botón de muestra de cuánto le cuesta a nuestra industria petrolera alimentar la voracidad del sindicato petrolero. Los sindicatos en México son capaces de todo, hasta de garantizar el 'derecho' a cobrar sin trabajar. Queden de muestra las 'comisiones' que reparte como premios el sindicato de educadores.

Toñimáximus
(v.pág.2 del periódico Público del 16 de octubre de 2005).


Antes de empezar el día, muchos buscábamos predicciones del clima, para decidir cómo vestirnos. Ahora también nos dedicamos a leer y a escuchar las alertas viales para decidir si salir de la casa o no. Ya que con una de estas marchas uno no sabe a qué hora regresaremos a casa o si llegaremos a una junta. Con las marchas del sindicato del IMSS, bloqueando una de las vías más importantes del DF, impactando a empleados que no llegaron a trabajar, padres que no pudieron recoger a sus hijos del colegio, estudiantes universitarios que ni intentaron llegar a sus aulas. Una de mis colaboradoras estuvo atrapada en el tráfico cinco horas y llegó a su casa a las 1:30 AM. Esto no se vale. Y no sólo en la Ciudad de México sufrimos de esta injusticia, sino que también esta semana, en conmemoración del 38 aniversario de la caída del revolucionario Ernesto Che Guevara, un grupo autodenominado como Comando Popular Revolucionario "La Patria es Primero" bloqueó la carretera Acapulco-Pinotepa, en Guerrero, sin que ninguna autoridad se apareciera en 45 minutos. Hace más de un mes se registró en el Valle de México un severo congestionamiento vial debido a 70 bloqueos viales hechos por transportistas inconformes con la política de reordenamiento de las autoridades mexiquenses. Se cree que más de cuatro millones de personas fueron afectadas por este paro.

Y ante la decisión de la mayoría de las autoridades en todos los niveles de no tomar pasos para controlar mínimamente estas severas interrupciones viales, por el temor de que se les acuse de ser autoritarios o de que algunos de los participantes fuera lastimado, el incentivo es marchar. Y en un año electoral hasta menos se puede esperar en términos de la intervención del gobierno foxista, que se ha caracterizado por sus débiles o nulas reacciones ante protestas violentas.

No estoy proponiendo que se prohíban las marchas, pero sí creo que esta libertad de expresión tiene que pasar la prueba de si es razonable o no. ¿Es razonable que 100 personas paralicen una ciudad de millones de personas? No. ¿Es razonable permitir que 300 protesten enfrente de un edificio sin que se afecte el paso, o que al marchar utilicen la acera, con poca interrupción del tráfico? Sí. ¿Es razonable que 500,000 personas marchen un domingo, anunciando sus intenciones semanas antes? Sí. El secreto no es prohibir, sino que se tengan reglas claras para todos (que en la mayoría de los casos no es así).

También las instituciones tienen la responsabilidad de anticipar este tipo de actividades. El tener espacios en donde las personas puedan expresarse libremente y protestar, sin que interrumpan el tráfico, debe considerarse y planearse. Hasta ponerles baños sería necesario (dónde creen ustedes que los protestantes hacen sus necesidades cuando están en sus marchas... en la ¡calle! y ni hablar de la basura que tiran a su paso). Aquí el secreto es que con reglas claras, reconociendo que se tiene que respetar el derecho de protestar al igual que el derecho de tránsito, se pueden buscan soluciones pacíficas. En este momento, la política de estado es proteger solamente la libertad de expresión de los que marchan. Urge considerar los derechos de los demás, porque, quién sabe, cuánto más dure la paciencia y la nobleza de los ciudadanos que hemos tenido que soportar horas en nuestros carros ante la ausencia de reglas claras.

Ana María Salazar, académica del ITAM
(v.pág.5-A de El Informador del 15 de octubre de 2005).


Muestran más de lo que ocultan cuando en una inacción inexplicable, el GDF permite que durante 14 horas consecutivas, un millar de miembros del sindicato cierre una de las vías de circulación más importantes de la capital provocando un caos descomunal sin tomar ninguna medida, ya no sólo para desalojar, como tendría que hacerlo por ley, a esas personas que bloqueaban Tlalpan, si no, por lo menos, para poner un poco de orden en el tránsito vehicular. No hicieron nada y con ello demostraron su apoyo a un movimiento del que esperan sacar tajada electoral.

Jorge Fernández Menéndez
(v.México Confidencial del 14 de octubre de 2005).


Si de verdad operara la justicia mexicana, Arturo Montiel, Roberto Madrazo y la nutrida legión de los que son como ellos tendrían ya que estar en la cárcel.

Germán Dehesa
(v.pág.1B del periódico Mural del 13 de octubre de 2005).


Cientos de trabajadores sindicalizados del IMSS realizaron un maratónico mitin sobre calzada de Tlalpan a la altura del Metro General Anaya, arteria que bloquearon de norte a sur desde las 9:00 hasta las 21:00 horas (alrededor de las 19:00 horas fue liberado el de sur a norte ante la presencia de 800 granaderos del D.F.).

(V.primera plana de El Informador del 12 de octubre de 2005).


Movilizaciones sociales, amparos y cabildeo en el Congreso de la Unión, son acciones que comerciantes informales están dispuestos a realizar para evitar pagar una cuota fija que está impuesta para el Régimen de Pequeños Contribuyentes, informó ayer Edgar López Nájera, presidente de la Unificación de Organizaciones Sociales y Comercio Popular.

A decir de López Nájera, de los 53 millones de ambulantes que dice que existen en el país, 42% no tiene la capacidad para pagar una cuota fija a la Secretaría de Hacienda de 100 pesos mensuales.

(V.pág.8-A de El Informador del 11 de octubre de 2005).


Se rumora que la salida de Santiago Levy se debe a la intención de la administración federal por ceder a presiones del sindicato que tratan de revertir algunos efectos de la nueva Ley del IMSS.

El mensaje de esta administración es claro: para lograr algo se debe presionar con huelgas, machetes o bloqueos de carreteras; si no es familiar de la señora Marta.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.pág.4-A de El Informador del 5 de octubre de 2005).


El ceder ante las presiones y los chantajes de un sindicato, puede sentar un mal precedente, ya que cualquier otro organismo sindical que sienta amenazadas sus prestaciones puede recurrir al mismo procedimiento, aprovechando los tiempos electorales; la seguridad de las instituciones no puede estar al servicio de unas cuantas personas.

(V.pág.5-A de El Informador del 5 de octubre de 2005).


Pierde el país con un funcionario que estaba defendiendo el respeto a la ley y la viabilidad financiera de la institución.

Samuel Romero Valle, presidente del PRD en Jalisco.
(v.pág.2-A de El Informador del 4 de octubre de 2005).


El sentido común sugiere que el presidente Vicente Fox ha reculado y ya quiere negociar con el sindicato, para la inaplicación de una reforma que desde entonces los opositores a ella (Partido de la Revolución Democrática, Partido Convergencia, Partido del Trabajo, la mitad de los verdes y una veintena de priistas) tildaron de inútil para los fines de recomposición financiera que entonces sus impulsadores (sic) (PAN y la mayoría priista) argumentaron para su causa.

Vicente Bello
(v.pág.2-A de El Informador del 4 de octubre de 2005).


La Coparmex Jalisco reprueba la marcha atrás que pretende el gobierno federal a las reformas a la Ley del IMSS, aprobadas el año pasado, ya que la situación financiera del Instituto es insostenible. Lamenta el organismo patronal que tal situación provocara la renuncia del director del Seguro Social, Santiago Levy. Coparmex indica que el gobierno federal debe ser congruente con sus decisiones y no revertirlas por presiones externas y por no querer pagar los costos políticos que implican.

(V.resumen informativo de Notisistema del 3 de octubre de 2005).

(Comentario del webmaster - Aquí cabe para el gobierno federal aquel estribillo que decía: "Mariquita sin calzones, se los quita y se los pone..." o bien el grito futbolístico de "¡ulero! ¡ulero!")


El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, integrado por representantes obreros, patronales y del gobierno federal, se reunirá mañana para anunciar la remoción de Santiago Levy como director general de dicho instituto.

Levy, según se informó, decidió no ceder a las demandas sindicales que plantean que la negociación se dé como si no se hubieran aprobado las reformas legales a la ley del IMSS, todavía en litigio. Su argumento es que aceptar esta demanda sindical sería aprobar una ilegalidad.

En el gobierno federal, empero, le solicitaron a Santiago Levy que ceda a las demandas, ya que se quieren evitar movilizaciones a un año de los comicios.

Si bien las reformas están todavía en litigio, el sindicato ha perdido 14 recursos legales presentados para evitar su aplicación.

(V.primera plana del periódico Público del 2 de octubre de 2005).


Me imagino ese momento culminante en el debate nacional por televisión en el que [Cuauhtémoc] Cárdenas mirará fijamente a la cara de Andrés Manuel y le dirá "la historia está demostrando que sí me robaron las elecciones y que yo fui el presidente electo en 1988. Por mantener la paz y la gobernabilidad del país, yo decidí no llevar al país a una guerra civil. Andrés Manuel, ¿serías tú capaz de tomar esa misma decisión si pierdes las elecciones?".

Ana María Salazar, académica del ITAM
(v.pág.5-A de El Informador del 1o.de octubre de 2005).


La realidad es que en nuestro país no hay estado, sus hilos están rotos, como cuando la mafia siciliana hizo trizas al estado italiano decenios atrás.

Francisco Arvizu Hugues
(v.pág.11-B de El Informador del 1o.de octubre de 2005).


"México estará lejos del Estado de Derecho, mientras los ciudadanos y las familias no tengamos seguridad en nuestras viviendas, calles, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades", dijo Mario Molina, premio Nobel de Química, quien leyó el documento de 12 cuartillas en el que se establecen las bases del pacto nacional.

El primer gran objetivo propuesto por el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, es consolidar un Estado de Derecho que garantice seguridad tanto física como jurídica. Aquí se requiere "reformar el marco jurídico para combatir con mayor eficiencia la corrupción y la impunidad, el crimen organizado y los delitos con violencia, y establecer juicios orales y públicos".

También se propone dotar al Programa Nacional de Seguridad Pública de recursos para mejorar al personal en los órganos de procuración de justicia y cuerpos policiacos, modernizar sistemas de investigación e inteligencia, reformar los reclusorios y dar autonomía al Ministerio Público.

(V.pág.25 del periódico Público del 30 de septiembre de 2005).


Ayer por la noche, la Segob, que lleva Carlos Abascal, llegó a un acuerdo con los cañeros miembros de la CNC, que encabeza Heladio Ramírez, para establecer negociaciones en dos mesas de trabajo, una en esa dependencia y otra en Sagarpa, ahora a cargo de Francisco Mayorga. Lo curioso es que se anunció con bombo y platillo. ¿Acaso se debe negociar con alguien que transgrede la ley? Los cañeros mantenían tomados hasta anoche 58 ingenios propiedad del gobierno y la IP. La señal es patética. Significa que si se transgrede la ley se obtiene lo que se desea. No cabe duda que ese gremio ya le tomó la medida a Vicente Fox.

Alberto Aguilar
(v.pág.2A de la sección "Negocios" del periódico Mural del 29 de septiembre de 2005).


No quiero decir que las cosas estén bien y que no tengan ningún sustento social y económico los reclamos, pero la historia nos dice que los beneficios logrados con las presiones y chantajes no siempre llegan a quienes dicen defender.

Las tácticas de presión troglodita no son nuevas, se vienen aprendiendo, depurando y ejerciendo desde que somos país.

Al final, la ley no cae con todo su peso sobre los que la infringen, rápidamente se la sacuden y por eso el deterioro sigue; es como la mala hierba: si no se erradica de raíz, vuelve a brotar, y con más ímpetu.

Pienso que el círculo vicioso de corrupción-impunidad-corrupción está en la base de esta patria desordenada y mezquina, en contraposición a lo que postulaba el PAN, de construir una patria ordenada y generosa.

Como mexicanos, no hemos sido capaces o no hemos querido romper ese círculo y al final nos conformamos con expresar nuestra frustración y desencanto por el país.

El ejecutivo y el legislativo tienen ya cierto grado de madurez y de desarrollo en sus estructuras. Aun así siguen cometiendo abusos, pero en la medida que se ejerce la rendición de cuentas y la transparencia avanza estarán cada día más acotados, pero ¿qué pasa con el poder judicial, cómo y a quién le rinde cuentas? Y no me refiero a los ministros de la Suprema Corte, sino a la estructura en general de este poder que se agazapa, que no se compromete con los cambios que requiere el país y los mexicanos.

Salen de la cárcel los secuestradores, los rateros, los que bloquean vías de comunicación, los que envenenan gente, los que arman motines, los que roban ganado; los que no salen, desde ella pueden seguir ejerciendo su poder depredador de esa armonía social que debe imperar para que cualquier comunidad progrese.

Fernando Mayorga Castañeda
(v.pág.2A de la sección "Negocios" del periódico Mural del 29 de septiembre de 2005).


Megamovilización paralizó las vialidades capitalinas.

Miles de integrantes de diversas organizaciones sindicales, del Seguro Social, electricistas y maestros de la Coordinadora, marcharon al zócalo desde el Angel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, la Plaza de las Tres Culturas, de San Antonio Abad y de San Lázaro, provocando caos vial.

(V.pág.10-A de El Informador del 28 de septiembre de 2005).


En nuestro país es práctica constante que a muchos incluso enorgullece cínicamente, dejar el cumplimiento de las obligaciones justo para el día de vencimiento del término fijado para dicho cumplimiento, en tanto que durante las semanas y meses previos a esa "última llamada", las oficinas correspondientes se encontraban más vacías que el desierto del Sahara a mediodía de un verano.

Es también constante abrir nuevos plazos para aquellos que hicieron fila de último momento e incluso deudores morosos que por desidia e irresponsabilidad principalmente (aunque también pudiera deberse en algunos casos a la imposibilidad económica del momento), cumplan con una obligación que debieron haber ejercido a su tiempo, llegándose al caso de "estimulárseles" para el cumplimiento extemporáneo de su obligación con descuentos respecto del adeudo e incluso condonaciones, es decir, premiando su morosidad.

Esto entraña una preocupante gravedad de la dinámica social, ya que manifiesta la falta de un auténtico espíritu cívico de cumplimiento con los deberes sociales que tiene todo individuo, simplemente por el hecho de que ha recibido del conjunto de esa sociedad una serie de bienes y comodidades que por sí mismos nunca hubieran podido conseguir y ni siquiera imaginar; pero además podríamos decir que significa una primera etapa a ese otro enorme vicio social-nacional al que nos estamos enfrentando cual es el incumplimiento del Estado de Derecho.

Uno de los enormes problemas que conlleva la imposibilidad de concretar hasta el momento presente una reforma fiscal integral, es que este enorme vicio nacional especificado en estos incumplimientos de mayor o menor envergadura respecto de los compromisos individuales para con la colectividad, sigan manteniéndose en situación de indefinición, con el consecuente efecto de injusticia que supone a los causantes cautivos y cumplidores, que mediante un gran esfuerzo procuran cumplir a cabalidad con sus cargas tributarias en tiempo, cantidad y forma, perjudicándolos realmente si se compara la actitud rígida de la autoridad ante ellos, con la que mantiene frente a los irresponsables e incumplidos, que además de serlo, son tremendamente gritones y alborotadores, ejerciendo agresiones contra la autoridad constituida, mediante lo cual consiguen mantenerse en esa impunidad.

Barzonistas; deudores de la banca; ahorradores en instituciones no reguladas por el sistema financiero oficial; introductores de "coches chocolate" [de contrabando] que presionan hasta ser regularizados; profesores que no trabajan pero eso sí exigen a gritos sus reivindicaciones laborales; supuestos campesinos que no saben trabajar la tierra pero se amparan en su status de ejidatarios y con ello toman las calles de las ciudades blandiendo machetes; damnificados profesionales que siguen invocando sucesos acontecidos décadas atrás; encapuchados que esconden su rostro en el anonimato aunque su voz la hagan resonar a través de los medios de información globalizada, así ellos se definan como apasionados globalifóbicos. Todos estos y más especímenes contraculturales, son los casos extremos de una tendencia contraria al invocado Estado de Derecho que supone, como premisa mayor, el cumplimiento fiel de los deberes ciudadanos de parte de quienes nos beneficiamos de toda la dinámica social, presente y pretérita.

Juan de la Borbolla R., catedrático universitario
(v.pág.5-A de El Informador del 26 de septiembre de 2005).


Campesinos que el viernes pasado bloquearon los accesos de la mayoría de los ingenios del país, dijeron que preparan nuevas protestas contra un nuevo intento del gobierno por obstruir una ley que protege los precios de la caña de azúcar.

(V.pág.12-A de El Informador del 26 de septiembre de 2005).


La sociedad tiene diversos mecanismos para participar y las manifestaciones son o deberían ser el último recurso; tomar medidas verticales se podría evitar con inteligencia "oficial" y buen gobierno, sin llevar a los extremos a la gente, ni llegar a los extremos, el gobierno; pero no.

Laura Castro Golarte
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 24 de septiembre de 2005).


Ante la cifra récord de 191 personas intoxicadas en un año, la Secretaría de Salud Jalisco anunció que arreciará las medidas contra carniceros. Decisión controvertida por el doctor Agustín Ramírez Alvarez, investigador de Salud Pública Veterinaria de la Universidad de Guadalajara, quien la considera "un abuso de autoridad", en tanto que se presiona a la parte más débil de la cadena productiva "y a los ganaderos no se les hace nada". A su juicio, el problema se resolvería con el decomiso de animales en pie, y con pruebas laboratoriales (sic) "relativamente fáciles" para detectar aquellos engordados con clenbuterol, cuya presencia se registra en el pelo y orina del animal. Pero la Sagarpa no se atreve "por temor a las reacciones del sector ganadero", sostiene indignado.

(V.pág.7 del periódico Público del 23 de septiembre de 2005).


Por supuesto que Colosio tenía muchos amigos en la izquierda, sobre todo los que habían sido legisladores con él, pero que yo recuerde ninguno era siquiera del grupo que ahora acompaña a López Obrador, sino que provenían de los que verdad eran de la izquierda mexicana. Por eso dudo mucho [que] Luis Donaldo sintiera simpatía por alguien a quien había calificado como "terrorista político", encargado de "radicalizar grupos, provocando histeria social, destruyendo valores y sustituyendo la política con la violencia".

Eso decía Colosio de López Obrador, y no lo digo yo, lo escribió el propio López Obrador en su libro Tabasco, víctima del fraude electoral.

Jorge Fernández Menéndez
(v.México Confidencial del 22 de septiembre de 2005).


Primero, el alcalde tonalteca, Palemón García, emprende la huída de una situación embarazosa, donde echó mano de su policía para impedir que agentes estatales lo revisaran tras encontrarlo en actitud sospechosa [afuera de un "table dance"].

Más tarde, el alcalde del Imperio de Tonalá ordenó a su policía que impidiera un operativo de la Secretaría de Vialidad en contra de combis pirata, porque él las autorizó.

Curiosamente, la mayoría de las combis portaba calcomanías promocionales de Ramiro Hernández... aliado político del tonalteca.

S.Cabañas
(v.pág.12A del periódico Mural del 22 de septiembre de 2005).


"En la utilización del clenbuterol hay que ir al fondo del problema y éste es que la ley se aplique", dijo el director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Leobardo Alcalá Padilla.

Agregó que cuando las autoridades apliquen la primera sanción, "será un ejemplo para el resto y hasta entonces las cosas mejorarían".

Alcalá Padilla consideró que el asunto no es menor, "y si ya se había prohibido el uso del clenbuterol en las reses, que se aplique la ley. El problema de nuestro país es ése: que todo mundo cree que puede tener 20,000 puertas para violar la ley; en esto hay que aplicarla y hay que poner multas severas".

Dijo que la ley debe ser rigurosa porque el grave problema que se está presentando es que ya hay muchos intoxicados y afortunadamente no se ha registrado ningún deceso.

Esto es un circulo vicioso, consideró el médico y aspirante a la Presidencia Municipal de Guadalajara. "Si la ley no se aplica es estarnos chupando el dedo".

(V.pág.9-B del periódico El Informador del 21 de septiembre de 2005).


Ya es un tema muy añejo,
pero hoy es novedad
que contra el clenbuterol
no puede la autoridad.

Hace falta mano fuerte
para meter en cintura
a ganaderos amantes
de la fisicocultura..

Anflopo
(v.pág.5-A de El Informador del 17 de septiembre de 2005).

Lamentablemente, tanto para el ejecutivo como para el legislativo, las leyes son para ganar votos o golpear a sus adversarios políticos, no para cumplirse.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.pág.4-A de El Informador del 14 de septiembre de 2005).


Para el próximo año, todos aquellos particulares agrupados en el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) quedarán liberados de infracciones o sanciones correspondientes al incumplimiento de sus obligaciones formales por el pago del Impuesto Sobre la Renta. Así lo establece la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2006, con excepción de los reincidentes.

[Y a los que hemos reincidido en pagar y pagar año tras año puntualmente, ¿cuándo nos van a perdonar alguna "obligación"?- El webmaster]

(V.pág.9-B del periódico El Informador del 7 de septiembre de 2005).


De acuerdo con la Encuesta Nacional promovida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sentir generalizado es que la justicia es lenta, ciega e injusta; ya que sus estructuras están hechas para beneficiar a quienes tienen recursos económicos y ser estricta en el cumplimiento del Derecho en contra de los depauperados.

¿Tiene planeado iniciar un juicio o reclamar una deuda? El tiempo invertido puede llegar a cuatro años y la inversión puede fluctuar en los 70,000 pesos. Chequera y paciencia, son indispensables para los acusadores.

(V.pág.16-B del periódico El Informador del 5 de septiembre de 2005).


En el cobro de los impuestos municipales, Tlaquepaque busca matar dos pájaros de un tiro: perdonar a 12,500 familias los pagos de consumo de agua anteriores a 2004, y que esas familias paguen lo que deben a partir de 2004.

[Mejor que sigan sin pagar y se esperen a que se los perdonen en el 2010 pagando sólo los consumos a partir del 2009. Los que actualmente pagan, pues que no sean pendejos y que se unan a los que no pagan. - El webmaster]

(V.pág.14 del periódico Público del 4 de septiembre de 2005).


Justicia, congruencia, estado de derecho, decisiones del Congreso y otras más, son palabras vencidas, derrotadas por una sencilla imagen: Fox, el presidente, concediendo el indulto a la víctima. López ganó la batalla legal. Fox ganó la batalla de imagen. ¿Quién ganó más ante la población? Las encuestas hoy premian a Fox.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.18 del periódico Público del 4 de septiembre de 2005).


Dijo el presidente, y es verdad, que se ha descentralizado el poder, pero también es verdad que muchos estados y municipios se han convertido en feudos, en los cuales la norma y la ley distan mucho de lo establecido en el ámbito federal.

Jorge Fernández Menéndez
(v.México Confidencial del 2 de septiembre de 2005).


Nadie podía esperar, desde luego, que con el mero cambio del titular [del gobierno capitalino] hubiese un avance, así fuera mínimo, en la consecución de la justicia, especialmente si el encargado de procurarla sigue siendo el mismo. Pero si el gobierno capitalino renovado es incapaz de garantizarnos seguridad e impotente para procurar justicia, como ha demostrado que lo es, ¿sería mucho pedir que aportara un poco de orden y legalidad a la conducción de las cosas cotidianas? Aparentemente, sí.

Félix Cortés Camarillo
(v.pág.34 del periódico Público del 2 de septiembre de 2005).


En nuestro país circulan millones de automóviles ilegales que no tienen placas válidas ni permiso para circular; la mayoría entraron de contrabando. En múltiples ocasiones el gobierno mexicano ha promovido procesos de regularización de vehículos ilegales conocidos como "chocolates". La medida ha sido aplaudida por quienes logran regularizar sus vehículos que entraron de contrabando y por quienes han lucrado económica o políticamente de ello. En particular los panistas fueron duros críticos de estas medidas que consideraban populistas e inaceptables, ya que legalizan la ilegalidad, sin embargo, ahora también las promueven. La incapacidad para hacer cumplir la ley, la compra de simpatías electorales y la ausencia de ética, son características de quienes llegan al poder por cualquier partido.

Lo deseable habría sido que el decreto no se extendiera a los automóviles que ingresaron al país de contrabando o, al menos que se les impusieran sanciones adecuadas. Aunado al proceso de "regularización" es deseable que el gobierno inicie un proceso para confiscar a todos los automóviles que circulen sin placas (incluyendo camiones de pasaje como los que circulan sin placas en Puerto Vallarta).

Los gobernantes dicen que son tantos los autos que entran de contrabando que resulta imposible aplicar la ley. Por falta de voluntad, aludiendo incapacidad, nos hemos acostumbrado a escuchar argumentos para evadir la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Es una especie de corrupción cultural que pretende justificar lo ilegal cuando se trata de hechos consumados y hacer lo correcto es impopular. La corrupción ha llegado al lenguaje mismo. Hablamos de autos chocolate cuando se trata de autos de contrabando; les llamamos paracaidistas a quienes invaden terrenos; a los taxistas ilegales se les llama piratas o tolerados; nos referimos a negocio informal cuando realmente es ilegal.

No debemos permitir que la cultura de la ilegalidad se siga imponiendo. Cumplir la ley es obligación de todos. Además de exigir a las autoridades que hagan cumplir la ley, cada uno debemos aportar nuestro granito de arena. Hay infinidad de acciones que podemos hacer para contribuir a tener un país más civilizado y seguro. Por ejemplo debemos evitar conducir por encima de los límites de velocidad. La próxima vez que esté al volante fíjese bien en los señalamientos de tránsito y respételos. Usar el cinturón de seguridad y acostumbrar a los niños a que lo usen es otra medida sencilla que además ayuda a educar en la seguridad. Evite usar el celular cuando va manejando, el uso del celular incrementa las posibilidades de accidente en forma similar a conducir en estado de ebriedad.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.pág.4-A de El Informador del 31 de agosto de 2005).


Unos 35,000 choferes de transporte público del Estado de México bloquearon 33 puntos viales en 12 municipios de la zona metropolitana durante ocho horas, con lo cual afectaron a más de dos millones de usuarios y automovilistas, algunos de los cuales se trasladaban al Distrito Federal.

Los manifestantes, que pertenecen a 30 organizaciones, no están de acuerdo con el plan de reordenamiento del transporte previsto por las autoridades.

El paro se inició a las 5:30 de la mañana de ayer lunes y terminó poco después de la una de la tarde, lo que provocó que miles de personas se vieran obligadas a descender de combis, camiones y microbuses para caminar varios kilómetros, o se quedaran varadas en sus automóviles, con retraso para llegar a sus diversos destinos, reconocieron la Secretaría del Transporte y de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 30 de agosto de 2005).


Se necesitará de una política activa de construcción de legalidad. Sin aspavientos y sin usar el lenguaje legalista como pretexto para imponer decisiones autoritarias o injustas. No es viable la convivencia sin colocar a las autoridades por encima de los conflictos, sin frenar su penetración criminal, sin controlar el dinero que está yendo a la política y sin una estrategia deliberada y factible de fortalecimiento del estado de derecho. El fortalecimiento de las instituciones en general, su saneamiento y mayor efectividad debe ser una tarea prioritaria del estado y la sociedad mexicanas.

El grave problema de la violencia en la frontera [y en el resto del país] requiere de una nueva relación, donde por encima de los intereses partidistas se opere una efectiva coordinación de los tres niveles de gobierno. Donde se ejerza la autoridad y se construya la legalidad. Donde la política se ponga al servicio de la sociedad.

Manuel Camacho Solís, diputado federal perredista
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de agosto de 2005).


Necesitamos simplemente aplicar las leyes que tenemos, hacerlo con energía, con dureza, y si a eso se le llama mano dura pues la sociedad necesita mano dura. No estamos en tiempos en que se pueda estar condescendiendo en muchas cosas.

Everardo Moreno Cruz, precandidatio priista a la Presidencia de la República
(v.pág.25 del periódico Público del 28 de agosto de 2005).


Otra consecuencia del decreto es que, si bien deja contentas a 2.5 millones de familias, hay muchas familias más que, al comprar productos hechos o vendidos legalmente en México, han contribuido con sus impuestos, que generaron obras (al menos así debió haber sido) y fuentes de trabajo. Ahora, quienes compraron lo legal, ven su patrimonio reducir su valor gracias a la "ayuda" que el gobierno se propone a dar a quienes incumplieron la ley.

Sergio Oliveira
(v.pág.1-E del periódico El Informador del 24 de agosto de 2005).


Se está legitimando el delito del contrabando, es un delito federal en donde toda la sociedad y no únicamente el fisco somos las víctimas, no es correcto proteger a unos cuantos y desproteger a todo el país.

León Flores González, asesor de la Cámara Nacional del Transporte de Carga
(v.pág.36 del periódico Público del 26 de agosto de 2005).


Prospera negocio de autos ilegales. Suben hasta 50% precio de unidades.

[Pregunta del webmaster: ¿Qué aprendimos? ¿Qué es lo que paga en este país, obedecer la ley o su violación?]

(V.periódico a.m. del 25 de agosto de 2005).


Los autos legales se depreciaron 10% en un día.

El decreto que abre la posibilidad de legalizar vehículos de contrabando ha ocasionado una depreciación de los autos legales de los mexicanos. De 30% según la Asociación Nacional de Comerciantes de Automóviles y Camionetas Nuevos y Usados; de 10 a 15% según vendedores de agencias de automóviles locales.

Por lo pronto no aceptan vehículos usados en la compra de nuevos, por el riesgo de tomarlos por arriba de su "nuevo" precio.

[¡Gracias, pinche Fox! ¡Gracias, pinche Gil Díaz! ¡Gracias, pinche gobierno! En resumen: ¡Gracias, pinches políticos! ¡Vayan todos a mingar a su chadre!- El webmaster]

(V.primera plana del periódico El Informador del 24 de agosto de 2005).


Lamenta el diputado local del PAN, Jorge Urdapilleta Núñez, que el presidente de la república, Vicente Fox, haya cedido a las presiones políticas de organizaciones priistas y perredistas para autorizar la legalización de autos de contrabando.

Detrás de todo esto, dijo, observamos "el gran negocio de organizaciones pseudo-políticas, llámese la CNC del PRI; la UCD, brazo operador del PRD; y la Onapafa, que son unos mercenarios que van para todos. Porque cómo ganan dinero los tres".

De ahí que la autoridad federal se haya visto "muy tibia" al no enfrentarlos de manera seria.

Hizo notar que no es aceptable que se haya adelantado la importación de vehículos usados, cuando estaba programada realizarla en forma gradual a partir de 2009.

Por ello, dijo, "es lamentable que no soportaran la presión política previa a unas elecciones", dado que es necesario que los gobiernos emanados del PAN aprendan a hacer frente a cierto tipo de costos políticos por decisiones que se toman.

"Si el no tomar estas decisiones nos cuesta votos, preferible, pero no perjudicar a un país llamado México".

(V.pág.6-B del periódico El Informador del 24 de agosto de 2005).


De visita en Guadalajara, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Núñez Esteva, advirtió que México tiene problemas a los que no se les ha encontrado solución, y la legalización de autos "chuecos" no contribuye en nada; al contrario, afecta el crecimiento del país. "Con esto dudo que podamos crecer al ritmo que dicen".

Asegura que la falta de estado de derecho en el país ahuyenta a los inversionistas y, con ello, se dejan de generar los empleos que México necesita.

Para el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, César Flores Esquivel, "La medida responde más a una presión política que a una necesidad real de enfrentar el problema con medidas que ayuden a eliminarlo (...) al gobierno ya le ganó la presión política en lugar de la presión económica con este decreto."

Por último, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros se pronunció en contra de la legalización, "No es conveniente legalizar lo que entró de manera ilícita al país. La solución no es legalizar lo ilegal".

(V.pág.8-A de El Informador del 23 de agosto de 2005).


En abierta contradicción a sus últimos pronunciamientos públicos, mañana lunes el presidente Vicente Fox publicará en el Diario Oficial de la Federación el decreto que legaliza los 2.5 millones de autos chocolate [de contrabando] que circulan por el país y además adelanta del 2008 al 2006 la libre importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos; situación que fue calificada por el director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Alfredo Llorente, como "un atentado contra la industria privada más importante del país".

Añadió que se trata de "un error histórico" que amenaza con convertir a México en "el basurero automotriz de Estados Unidos", ya que se trata de vehículos robados y que han sido declarados como pérdida total por parte de las aseguradoras estadunidenses.

El decreto contempla que, quien ingrese un automóvil usado desde Estados Unidos, tendrá que pagar un arancel equivalente al 10% del precio establecido en la factura de la unidad. "Sin embargo el valor es falso, porque son autos comprados como chatarra y más tarde rearmados para su venta".

También se prevé que la Secretaría de Economía establezca un número determinado de vehículos usados que puedan ingresar al país. "Pero eso sería difícil de cumplir ya que, sólo por Ciudad Juárez, Chihuahua, diariamente cruzan la frontera 55,000 coches, cuando la capacidad técnica solamente permite revisar 2,000".

El gobierno federal tampoco exige el cumplimiento de las propias Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad o de emisiones tanto de ruido como de contaminantes.

La intención del presidente Fox causó una gran sorpresa entre los distribuidores de vehículos del país. Todavía el 14 de julio pasado, al clausurar el Tercer Congreso Internacional de la Industria Automotriz, el mandatario pidió al congreso que no legalizara los vehículos importados ilegalmente, mejor conocidos como autos chocolate.

Pero, a juicio del director general de la AMDA, el repentino cambio en la postura del gobierno federal tiene que ver con la cercanía del V Informe de Gobierno del presidente Fox.

[Un nuevo premio para los violadores de la ley... Luego no se estén quejando de que nadie los toma en serio ni les hace ningún caso. - El webmaster]

(V.pág.25 del periódico Público del 21 de agosto de 2005).


En un acto de valentía, congruencia e identificación con la economía familiar de la enorme mayoría de los mexicanos, en enero pasado el presidente Fox derogó el "Decreto Ley Cañero", vigente desde la época de Echeverría, con ello desató la ira de los líderes cañeros que promovieron una ley que restaura sus privilegios amenazados. Para evitar el posible veto presidencial, promovieron tomas de las oficinas foráneas de la Sagarpa en los 15 estados productores de caña y en las oficinas centrales de la dependencia, donde al estilo de los opositores a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, sacaron a relucir sus machetes.

En el actual momento político que vivimos, las aspiraciones electorales del secretario de Agricultura y la necesidad material foxista de que alguien de confianza llegue a la gubernatura de Guanajuato, llevaron a la irreflexión al presidente, que en un nuevo acto de debilidad claudicó ante la presión de las centrales cañeras, accediendo a todo lo que públicamente había rechazado en la justificación de derogación del decreto.

Para evitar que la resistencia de los cañeros afectara sus intereses políticos, tanto Fox como Usabiaga prefirieron perjudicar al pueblo, a cambio de que abandonaran las manifestaciones públicas dejaron casi intacta la ley promulgada por el congreso, sólo que ahora tendrán que enfrentar al fantasma de la falta de liquidez de la industria que no tiene cómo enfrentar el mantenimiento de la maquinaria y el arranque de la próxima zafra.

Jesús Daniel Muñoz Ríos, agrónomo
(v.pág.5-A de El Informador del 20 de agosto de 2005).


En México ya no se respeta el derecho y se hace creer a la población que se pueden lograr acuerdos por encima de la ley.

Emilio Chuayfett, coordinador de los diputados federales del PRI
(v.pág.18 del periódico Público del 19 de agosto de 2005).


La Secretaría de Gobernación ofreció a los ex braceros liberar los recursos para el pago de una indemnización después de que un grupo de alrededor de 200 ex braceros tomó por la fuerza el edificio de Atención a Organizaciones Sociales, frente al Palacio de Covián.

(V.pág.2A del periódico Mural del 18 de agosto de 2005).


La magistrada del quinto tribunal unitario de circuito, Herlinda Velasco, que determinó que no procedía la acusación de lavado de dinero en contra de René Bejarano, fue la misma que decidió que Luis Echeverría no era culpable de genocidio. Pero muchos de los que la aplaudieron por el primer fallo cuestionaron su integridad por el segundo. La verdad es que es mucho más fácil acusar a los jueces de parcialidad que entender las leyes.

Sergio Sarmiento
(v.pág.6A del periódico Mural del 18 de agosto de 2005).


Si en México se cumpliera cabalmente con la ley podría crecer hasta 2.5% más de lo que se crece ahora, eso independientemente de las reformas.

Felipe Calderón Hinojosa, precandidato panista a la Presidencia de la República
(v.pág.12-A de El Informador del 15 de agosto de 2005).


Las actuales movilizaciones cañeras promovidas por sus lideres en su lucha para no perder privilegios y cuotas e imponer una ley que afecta la economía de todo el pueblo de México, nos coloca en una situación delicada, ya que un juez federal concedió amparo a la mayor empresa refresquera y la Organización Mundial de Comercio dictó ya su fallo condenatorio al impuesto especial a los productos que emplean alta fructosa, favoreciendo la posibilidad de que este año se importen hasta 220,000 toneladas, disminuyendo el consumo de azúcar y aumentando sus inventarios.

Aparentemente la presión dio resultado y la ley cañera se publicará casi tal y como la redactaron los diputados que sólo tomaron en cuenta sus intereses electorales pero que en el 2008 al abrirse la frontera a la importación de azúcar sin arancel, tardíamente se darán cuenta que hoy la compramos dos veces más cara que en Guatemala o Brasil.

Jesús Daniel Muñoz Ríos, agrónomo
(v.pág.5-A de El Informador del 13 de agosto de 2005).


Según las declaraciones de la titular de la jefatura de Anuncios del ayuntamiento zapopano, un "empresario" dedicado a la colocación de espectaculares instala por su cuenta anuncios que de antemano sabe que no procederán, y así, cuando la Dirección de Inspección de Reglamentos levanta un acta por la colocación anómala, solicita ante el Tribunal Administrativo del Estado la impugnación del acta, y de esa manera tiene ya promovidos 27 juicios que buscan la permanencia de sus anuncios y la impugnación de las actas levantadas por el Ayuntamiento (Público, 27 de julio).

La mecánica de esta maña legal con la que el "empresario" logra violar los reglamentos municipales, consiste en instalar por la noche los anuncios y esperar el acta para impugnarla, y en otros casos incluso se ampara antes de colocarlos.

Según la nota publicada, casi todos los anuncios que esta persona ha instalado en avenidas como Patria y Acueducto, los ha colocado mediante amparos, y de los que sí tiene permisos éstos fueron obtenidos no porque el municipio se los haya otorgado, sino porque fueron el resultado a su favor de un proceso jurídico aprovechándose de los huecos legales que existen en las normas para la instalación de anuncios.

Si el propio Ayuntamiento conoce los huecos legales que los reglamentos tienen y que permiten a personas mañosas aprovecharse para hacer lo que les venga en gana, debería realizar los cambios legales necesarios para cerrar esos huecos.

Los ayuntamientos no se caracterizan por tener un departamento legal eficaz con el que ganen juicios a los particulares que cínicamente violan el espíritu de la ley, al contrario, el porcentaje de los juicios que pierde es dramáticamente alto.

En este caso, al municipio no le queda más que de dos sopas: o modifica la ley para que puedan retirar los anuncios que se colocan sin permiso, o ponen sanciones de tal tamaño que quien se atreva a colocarlos, pensando en entrarle a un pleito legal para ganarlo, pague una sanción tan grande si pierde el juicio que no le convenga el riesgo.

Esto me recuerda lo que hace ya algún tiempo los constructores comúnmente hacían para construir bardas altas al frente de las casas y que los reglamentos vigentes tenían prohibido, y que era simplemente incluirle al propietario en la cotización de la barda, el costo de la multa y hacerla.

De nada sirven las leyes si las consecuencias de violarlas son intrascendentes o fácilmente impugnables. Pero aquí no pasa nada. Si se instala un anuncio espectacular sin permiso, lo peor que puede pasarle a quien lo instaló es que lo tenga que retirar, y eso sólo si sus abogados pierden la batalla legal para mantenerlo.

La ley debería ser más clara y fuerte, como lo es en otros países. Si alguien instala un anuncio sin permiso, el anuncio se debiera retirar de inmediato a costa de quien lo instaló.

Si quieren pelear el asunto en los tribunales que lo hagan, pero con el anuncio retirado, y sólo hasta que hubiesen ganado legalmente el pleito pueda volver a instalarse.

Se debería también hacer responsables y multar fuertemente a las empresas que se anuncian en lugares que no cuentan con permisos otorgados previamente.

Con sólo hacer esto último el problema se acabaría, pues ningún anunciante correría el riesgo de pagar multas fuertes, y obligaría a los empresarios del negocio de espectaculares a mostrar a sus clientes las licencias de los lugares que les ofrecen para anunciarse.

La verdad es que si realmente quisieran acabar con el problema, hay formas de hacerlo.

Más bien pienso que problemas como éste no se arreglan porque se acabaría una fuente de ingresos corrupta. El asunto es un jueguito de valores entendidos: Tú instala el anuncio en donde te dé la gana. Yo te levanto un acta. Tú la impugnas. Yo me defiendo mal, pierdo el juicio y finalmente te otorgo la licencia porque un juez así lo determinó.

Y por supuesto, en algún momento del juego, alguien para y dice: "'tapona botella', me debes una lana".

Hay que dejar de hacernos mensos todos.

Hay que pararle a la corrupción y a los juegos entre autoridades y ciudadanos, en los que los primeros hacen como que cumplen la ley y los segundos como que la obedecemos.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6A del periódico Mural del 11 de agosto de 2005).


De acuerdo con estimaciones de transportistas, en México circulan 120,000 unidades pesadas [de carga] ilegales, lo que representa 24% del total de ese parque vehicular. Por cada unidad ilegal que entra al país se deja de producir una.

Esta situación además ha provocado que se dejen de generar 276,000 empleos, al tiempo que los activos de los transportistas legales pierden 40% de su valor por la entrada de vehículos ilegales.

Por esa práctica ilegal el fisco deja de percibir 1,068 millones de dólares, en tanto que las ganancias del contrabando por vehículos pesados podría rebasar más de 2,160 millones de dólares si se contabilizan las ganancias totales por 120,000 vehículos.

En Estados Unidos el costo de recuperación de un vehículo deteriorado a punto de ser chatarra es de 200 dólares. El precio que paga el contrabandista es de 2,000 dólares, mientras que el precio de adquisición en México de la unidad ya legalizada y emplacada es de 20,000 dólares, lo que representa una ganancia para el contrabandista de 18,000 dólares.

(V.pág.8-A de El Informador del 10 de agosto de 2005).


El sector automotriz mexicano exigió al congreso no aprobar un programa para regularizar hasta 2.5 millones de vehículos introducidos ilegalmente desde Estados Unidos, porque son una competencia desleal y convierten al país en "basurero" de los estadounidenses.

(V.pág.8-A de El Informador del 10 de agosto de 2005).


Los cañeros mantendrán cerradas las avenidas Eje 7 Sur, a la altura de División del Norte, en dirección a Av.Universidad y Av.Cuauhtémoc [en el D.F.].

(V.pág.10-A de El Informador del 9 de agosto de 2005).


El gobierno federal deja de percibir unos 10,000 millones de pesos al año por la introducción de vehículos ilegales al país, al dejar de venderse 400,000 unidades, señaló la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

El subdirector de AMDA, Fernando Lascurain, explicó que el Impuesto Sobre Vehículos Nuevos, así como la tenencia, verificaciones y emplacamiento representan entre 23% y 35% del valor de un auto, por lo cual se puede deducir que el fisco deja de percibir más de 10,000 millones de pesos al año.

No obstante las repetidas manifestaciones por parte de la industria contra la legalización de los vehículos, en la Cámara de Diputados se discuten siete iniciativas de ley que pretenden la regularización de autos ilegales, que representa un universo aproximado de 2.5 millones de unidades.

De acuerdo con la AMDA, en los últimos 25 años se han promulgado 14 normas de regularización de autos ilegales. La última, hasta ahora, ha sido la "Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera" del 12 de marzo de 2001, al amparo de la cual se legalizaron 1.8 millones de automóviles.

Esta cifra, sumada a los 2.5 millones de unidades que actualmente circulan de manera ilegal, ha ocasionado que alrededor de 24% de los automotores en circulación sean ilegales o de origen ilegal.

(V.primera plana de El Informador del 8 de agosto de 2005).


El tema de los autos ilegales que circulan en el país, conocidos como "chocolates" [por buscar un eufemismo para chuecos que hiciera parecer un delito como algo meramente "peculiar"], ha sido puesto en la palestra una vez más, ya que lejos de haberse encontrado una solución inteligente para lidiar con el problema que representan, éste se ha ido agudizando.

Las magnitudes de este fenómeno son de llamar la atención, pues se estima que casi una cuarta parte de los automotores en circulación en México son ilegales o de origen ilegal.

Los daños que causan estos automóviles son de diversa índole: desde la pérdida de ingresos fiscales por los autos nacionales que dejan de venderse, pasando por el envejecimiento significativo del parque vehicular y sus consecuencias ambientales, cuesta trabajo entender que los gobernantes y legisladores no hayan resuelto responsablemente este delicado asunto.

Aunados a los daños económicos, existen los riesgos contingentes que se derivan de tener en circulación una importante proporción de autos que por su carácter ilegal, no cuentan con seguro ni con un registro que permita rastrearlos en caso de que ocasionen daños a terceras partes en accidentes o colisiones.

Entre el contrabando, la importación temporal, las iniciativas de regularización, los permisos a ciudadanos con residencia en Estados Unidos y la prolongación de la Estancia a Vehículos más allá de los seis meses estipulados, se puede decir que, de alguna manera, ya estamos operando una especie de apertura adelantada a los autos usados que debe reglamentarse para proteger los intereses de los mexicanos.

¿Cuáles son las fuerzas que han impedido que estas soluciones legales se consigan? Las respuestas son múltiples como variadas son las razones que cada dueño de un vehículo "chocolate" tiene para poseerlo, pero ninguna de esas fuerzas debe ser superior al interés nacional.

Es hora de actuar con creatividad, carácter, sentido de justicia y disposición política para afrontar este problema. Continuar simulando que no es grave, que no resulta necesario atenderlo o que generaría más problemas sociales y políticos de los que resolvería, es tener miras muy cortas.

No hacer ese trabajo a tiempo, ha traído terribles consecuencias, pero de no actuar con efectividad, lo que puede venir es aún peor.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 8 de agosto de 2005).


Complejo problema el de los autos ilegales. Sacarlos del país parece imposible. Si se legalizan, le pegarán a la industria; si no se hace, seguirán siendo una fuente de riesgos.

La situación de 2.5 millones -o tres millones, según otras fuentes- de vehículos internados ilegalmente al país representan, además de un fuerte "botín" político para la fuerza partidista que logre sacar adelante una posible regularización, utilizable para la promoción de votos con vistas a las elecciones del próximo año, también un enorme reto.

Todo se origina en que esos vehículos, buena parte de ellos en malas condiciones mecánicas lo que los hace fuente de contaminación, ya se encuentran en nuestro país. Son un riesgo para el resto de los automotores y peatones que circulan en la vía pública, pues es difícil que se les pueda atribuir responsabilidad cuando no se tiene ningún registro de sus propietarios.

(V.pág.8-A de El Informador del 8 de agosto de 2005).


En lo que se ha conocido de las iniciativas de ley para regularizar vehículos irregulares nuevamente se exhiben varios mitos sobre este asunto. Uno de ellos es señalar que supuestamente desempeñan una función en el campo, cuando el fenómeno se da en el medio urbano y sin el enfoque de favorecer a gente necesitada económicamente, sino con la intención de hacer un negocio bastante rentable.

Otro mito el argumento de que estos automotores apoyan a los ciudadanos "que menos tienen", cuando se puede comprobar que quienes los compran hacen pagos de 20,000 a 40,000 pesos en una sola exhibición y de contado, además de otros gastos indirectos, lo que revela que quienes los compran pueden contar incluso con más solvencia que quienes los adquieren en forma legal.

(V.pág.39 del periódico Público del 5 de agosto de 2005).


Cuando Gustavo Díaz Ordaz fue destapado como presidente de México, mandó llamar a todos sus parientes (según cuenta uno de ellos), que llegaron alborozados para recibir un baño de agua fría: No quiero que me pidan favores. No voy a permitir que usen mi nombre para hacer negocios. Mucho cuidado con que alguno se acerque a un funcionario, buscando tratos especiales. La patria es primero.

El honor de tener a un presidente en la familia, y además un presidente de esa rectitud, debió estallar en una ovación. Pero no fue así. Todos salieron indignados ante la traición. ¿Para eso eran parientes? ¿Para eso los había mandado llamar? Fue un acto sádico, que sirvió para afirmar su autoridad, dejando claro que no tenían derecho a los favores que de hecho les iba a conceder. Una cosa es la familia, otra la ley y todavía otra el poder personal.

En México, la familia ha pesado más que la ley, no sólo por el peso de los genes y la tradición, sino porque las leyes han sido poco respetables. La familia es una realidad, la ley ha sido una fantasía que da soluciones simbólicas a los problemas reales. Ni los legisladores (cuando llegan a enterarse de lo que legislan) suponen que la ley es en serio. A la hora de la verdad, pesan las personas, no la ley impersonal.

Hijo, nos sacrificamos para meterte a una escuela donde hicieras buenas relaciones. Nos quemamos las pestañas haciéndote las tareas para que quedaras bien. Presionamos o compramos a los maestros para que te pusieran mejores calificaciones, y a la escuela para que te diera el título. Te mandamos al extranjero. ¡Y ahora sales con que no puedes ayudarnos, aunque estás en el poder! Eres un ingrato. Tú llegaste, ¿y nosotros qué?

En el siglo 20, se multiplicaron las burocracias públicas y privadas. Paralelamente, se extendieron el cinismo sobre las instituciones, la exaltación del cuerpo y el "primero yo". O, en una corrupción más generosa: primero mi familia, mis compadres, amigos, compañeros de escuela, vecinos y paisanos, a costa de la empresa, la institución o el país.

Debe reconocerse que la ley y las instituciones no son más importantes que las personas. Por el contrario, son meros instrumentos que deben estar al servicio de una mejor convivencia de todas las personas. Pero esto no quiere decir: al servicio de mi persona y los cercanos a mí. Ni las personas, ni las familias, ni la sociedad, llegan muy lejos sin instituciones y leyes respetables y respetadas.

Gabriel Zaid
(v.pág.6A del periódico Mural del 4 de agosto de 2005).


El martes, el personal de la delegación jalisciense de la Sagarpa permaneció fuera de las instalaciones de la dependencia federal debido al bloqueo de los cañeros, encabezados por el diputado federal Lázaro Arias. Ayer ni siquiera pudieron ingresar los trabajadores de confianza.

Al Centavo
(v.pág.2A de la sección "Negocios" del periódico Mural del 4 de agosto de 2005).


Productores de caña de azúcar de al menos siete estados tomaron las instalaciones de las delegaciones federales de la Secretaría de Agricultura, como una medida de presión para que el gobierno federal publique la Ley cañera.

Cerca de 300 productores veracruzanos bloquearon por cerca de una hora la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura de las oficinas de la delegación estatal de la Sagarpa.

Integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la Confederación Nacional de productores Rurales (CNPR), mantuvieron bloqueada totalmente esa ruta que une al puerto de Veracruz con Puebla y el Distrito Federal.

(V.pág.11-A de El Informador del 3 de agosto de 2005).


Las afectaciones que los autos ilegales le ocasionan a la industria autrmotriz nacional no se limitan solamente a la legalización, pues la venta de autos se ha visto afectada porque las personas prefieren comprar un auto que no los obligue a pagar impuestos, señaló el presidente de la sección especializada de Autos Seminuevos de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Juan Carlos Alcalá.

Reveló que las ventas de autos usados cayeron 40% en comparación con el año anterior. La razón es que los impuestos determinan la compra.

(V.pág.8-A de El Informador del 1o.de agosto de 2005).


La Cámara de Diputados prepara la legalización de 2 millones de autos extranjeros que circulan en el territorio mexicano de manera ilegal.

Legisladores federales del PRI, PAN y PRD afirman que existe el consenso para que este mismo año inicie la legalización de los autos usados anteriores a 1998, provenientes de Estados Unidos y Canadá.

El único punto en desacuerdo, y que podría resolverse la próxima semana, se centra en los impuestos que deben pagar los propietarios de estas unidades.

El PAN considera que deben cubrir el IVA a automóviles nuevos, cuando sea necesario, la tenencia, el impuesto por uso de vehículo y el general de importación, que sería del 10% en base a la tabla que determine Hacienda, tal como señala el último predictamen de la Comisión de Economía.

Sin embargo, el PRI y PRD piden que se les condone el 10% del arancel, ya que la mayoría de los propietarios son migrantes o campesinos [¡No inventen! La mayoría de los propietarios son sinvergüenzas con ecursos suficientes - el webmaster] sin recursos suficientes, por lo que optarían por no aceptar la regularización y continuar en la ilegalidad.

De 1978 a la fecha se han realizado 14 reformas para regularizar autos ilegales.

Humberto Jasso, director general de Industrias Pesadas y Alta Tecnología de la Secretaría de Economía, ha señalado que comerciantes de autos usados de la frontera están importando unos 100,000 vehículos al año, el 75% de todos los que se importan.

Sin embargo, para Guillermo Rosales, director de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, cada año ingresan al país entre 800,000 y un millón de unidades ilegales.

(V.primera plana del periódico Mural del 28 de julio de 2005).


René Bejarano, a quien todos vimos llenar su maletín del dinero que le dio el empresario Carlos Ahumada, ya está libre por no haberle encontrado causas para mantenerle en prisión. Sin embargo, el empresario que dio el dinero a Bejarano (ya sea para sobornar o por ser extorsionado) sigue en prisión.

El presidente del Partido Verde (Emilio González), a quien todos vimos solicitar dos millones a cambio del apoyo para conseguir permisos de construcción en Cancún, le hemos visto en reuniones en Los Pinos. El Niño Verde se pasea con libertad en su Hummer (vehículo que contamina mucho).

La inseguridad es el problema más grave que tenemos en este momento. Si la impartición de la justicia no ha quedado clara en los casos que vimos en videos, ¿Qué podemos esperar para los miles de delitos que se están cometiendo en este mismo momento?

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.pág.4-A de El Informador del 27 de julio de 2005).


¿Cómo puede ser posible que Bejarano esté libre y yo siga preso? ¿Cómo puede ser posible que si Bejarano me extorsionó, él esté libre y yo siga en el reclusorio?

Carlos Ahumada
(v.pág.32 del periódico Público del 22 de julio de 2005).


Vivimos en un país con un estado débil. Un estado que no puede cobrarle impuestos a todos, que no puede garantizar el orden público y desde luego que no puede reglamentar el futbol.

Denisse Maerker
(v.pág.20 del periódico Público del 17 de julio de 2005).


Una de las frases más trilladas de todos los funcionarios de gobierno es "aplicaremos la ley hasta sus últimas consecuencias".

Sin embargo, en un acto de congruencia con la realidad, deberían precisar sus palabras y decir que aplicarán la ley "hasta sus penúltimas consecuencias", porque la verdad sea dicha, nunca llegan realmente al final y lo que hacen es aplicar "casi" todo el peso de la ley.

En el caso del desacato a una autoridad judicial, como lo fue el asunto del ya olvidado desafuero de López Obrador, la ley se aplicó hasta sus penúltimas consecuencias.

En el caso de una persona como René Bejarano, que fue captado en video metiéndose pacas de billetes a la bolsa y salió libre en unos cuantos meses, también aplicaron la ley hasta sus penúltimas consecuencias; y así podríamos enumerar cientos de casos en los que, habiendo delitos claros ante los ojos de la sociedad, los delincuentes y transgresores, si acaso fueron alguna vez detenidos, quedaron luego en total libertad.

Adicionalmente, los procesos judiciales y las colas legales de las acusaciones de que fueron objeto son atendidas por abogados de primer nivel pagados con los mismos recursos que ilegalmente se apropiaron. Y mientras esos largos procesos se llevan a cabo, ellos (los delincuentes) y sus familias disfrutan de lujos y niveles de vida que no les corresponden porque no fueron el resultado de un esfuerzo o trabajo honesto.

Las lagunas legales y los errores en que los fiscales del gobierno incurren son la principal causa de la impunidad de muchos de los delitos que se cometen en este país, principalmente de los llamados delitos de cuello blanco; y una y otra vez se confirma que con lana, con mucha lana, se pueden encontrar huecos e interpretaciones a la ley, hacer los casos nebulosos y confusos, que las últimas consecuencias desaparezcan, y que finalmente triunfe la impunidad sobre la responsabilidad.

La verdad es que el porcentaje de bateo del gobierno, como abogado defensor de las instituciones y del patrimonio nacional, es bastante bajo.

Si un particular sabe de un abogado que logra buenos resultados en los casos que representa, lo primero que hace es intentar contratarlo y tenerlo de su lado. Entonces, ¿por qué no puede ser el estado quien contrate a los mismos abogados que los delincuentes buscan para que los defiendan? Si saben que ciertos despachos legales son los que todos los días les ganan los casos al gobierno, pues hay que contratarlos.

Que los mal asesorados sean los malhechores y no la Procuraduría de Justicia.

Que quienes sufran las consecuencias de la mala integración un expediente sean los malandrines, y no los ciudadanos representados por el gobierno.

Como mexicanos queremos y merecemos la mejor representación legal para defender nuestras causas, no ineptos o irresponsables que nos hundan y nos pongan a temblar a todos, cuando por falta de pericia los criminales terminan sueltos en las calles.

El talento legal debiera estar del lado de la Procuraduría de Justicia, pero no para ver cómo se mete a la cárcel a quienes se "parezcan" físicamente a narcotraficantes o para perjudicar política o económicamente a alguien, sino para detener a los que cínica e impunemente roban, matan o secuestran, y para recuperar lo que se hayan llevado y hacerlos pagar por ello.

Si alguien puede y debe gastar dinero en abogados de primera línea es el gobierno. Los funcionarios públicos bien intencionados (quiero pensar que los hay) deben estar bien asesorados en la integración de expedientes y el armado de sus casos y contar con el mejor apoyo profesional en el seguimiento a los mismos, de manera que los verdaderos delincuentes difícilmente puedan salir libres debido a tecnicismos legales o por omisiones y estupideces que a un abogado de primer nivel jamás le sucederían.

Estas contrataciones y asesorías legales se deben hacer especialmente cuando se trata de asuntos de interés nacional o de peculados y fraudes por cantidades exorbitantes pues a la fecha jamás se recuperan ni se castiga a quienes cometieron esos delitos.

No sé quiénes sean los asesores legales del gobierno, pero claro se ve que sus contrapartes, en general, han resultado más hábiles.

El día que el trabajo previo a la detención de un delincuente, y el seguimiento de los casos hasta la obtención de las sentencias correspondientes, se haga profesionalmente y al más alto nivel, ese será el día en que podrán decir realmente que la ley se aplicará hasta sus últimas consecuencias.

Mientras eso no suceda, mientras los procesos judiciales y las grandes decisiones del país continúen en manos irresponsablemente mediocres, a lo más que podemos aspirar los mexicanos es a vivir en un país casi justo, casi democrático, casi desarrollado, con la impunidad casi erradicada, con los secuestros casi resueltos, con la economía casi fuerte, con la población casi educada, y con una sociedad casi feliz.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6A del periódico Mural del 14 de julio de 2005).


Lo más inquietante -que diga, lo más trivial- es que, según Ahumada (y esto figura en su declaración ministerial, lo cual hubiera por lo menos debido comprometer más a Bejarano siendo que, mientras tanto, las pruebas que Ahumada ha intentado aportar para no ser consignado nuevamente y poder ser liberado ya, no han sido aceptadas por la fiscalía) se trataba de una histora de extorsión de la cual el propio I'm Lo estaba al tanto.

Podríamos entender ahí la implacable persecución judicial desatada en contra del antiguo contratista del Gobierno del DeFectuoso. Podemos entender también lo selectivo de la acción de la justicia local. Podemos entender cualquier cosa. Podemos entender que son de izquierda. Así son todos, hoy por hoy.

Román Revueltas Retes
(v.pág.3 del periódico Público del 10 de julio de 2005).


La "suerte" no parece estar con Carlos Ahumada, pues aun cuando hace algunos meses ganó un amparo de "fondo" en contra de la acusación de fraude por 31 millones de pesos en la delegación Gustavo A.Madero, el caso no registra avance alguno.

Y es que, a petición de la procuraduría capitalina, el ministerio público interpuso el recurso de revisión, que se encuentra radicado en el décimo tribunal colegiado.

El problema es que el magistrado ponente del caso en ese tribunal, Carlos Rueda, convalece de una operación y no ha podido resolver el recurso.

Trascendió...
(v.pág.3 del periódico Público del 10 de julio de 2005).


Bejarano salió libre ya, unos mesesitos después, ¿y el dinero? ¿y la falta? A la ley mexicana no le importa.

Karla Sandomingo
(v.pág.15 del periódico Público del 10 de julio de 2005).


Fernando Canales Clariond, secretario de Economía, reiteró la posición del gobierno federal de no regularizar los autos de procedencia ilegal, por los efectos negativos que causa a la economía e incluso a quienes se conducen dentro de la ley. Añadió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en contra de permitir la entrada a México de automóviles importados sin los permisos correspondientes y sin la liquidación de los impuestos, porque no sólo es un hecho ilegal, sino está tipificado como delito de contrabando.

(V.pág.8-A de El Informador del 6 de julio de 2005).


Por segundo domingo consecutivo, propietarios de vehículos extranjeros sin regularizar protestaron a la entrada de la comunidad de San Cristóbal, a donde acudieron en busca del presidente Vicente Fox para pedirle que agilice la legalización de sus unidades.

Al mediodía de ayer, unos 250 inconformes agrupados al Movimiento Campesino Independiente circularon por la carretera León-Cuerámaro, rumbo al poblado de San Cristóbal.

(V.pág.7-A de El Informador del 4 de julio de 2005).


Es un asunto que se ha discutido desde hace mucho tiempo. Cuando se dio el permiso de regularización de vehículos, las ventas de autos nuevos cayeron, así como los precios de vehículos semi nuevos bajaron, no así de los nuevos, lo que provocó la inconformidad de muchas personas, que de pronto se descapitalizaron.

Además de que sólo fue un pretexto el argumento de que habían sido introducidos para gente de campo; era frecuente encontrarlos en las ciudades. Se dio la manipulación política con estos vehículos porque hubo organizaciones que condicionaban el apoyo para regularizarlos, a cambio de que se afiliaran a su partido.

Incluso se cometieron algunos ilícitos con ellos o se veían involucrados en un choque y ahí abandonaban el auto y no respondían por los daños que habían causado. Fue una auténtica anarquía. ¡Qué bueno que la Suprema Corte lo consideró ilegal!

Armando García, gerente de una empresa automotriz
(v.pág.5-A de El Informador del 29 de junio de 2005).


El presidente municipal de Zapopan, Arturo Zamora Jiménez, consideró que debía haberse cerrado la frontera en forma definitiva para que así no hubiesen ingresado unidades [automotrices de contrabando], pero el problema es que se ha permitido con antelación hacerlo.

Reconoció que este tipo de situaciones pueden tener connotaciones electorales, presionando a los líderes de organizaciones para luego llegar a acuerdos con ellos.

Por ello, "lo que se debe hacer es cerrar la frontera de vehículos extranjeros", además de que los que ya se han internado al país, difícilmente podrán ser sacado de territorio nacional.

"La gente va a decir: este es mi patrimonio, indemnízame si me lo quieres recoger o regularízamelo", lo que seguramente propiciaría situaciones de conflicto social.

(V.pág.6-B de El Informador del 29 de junio de 2005).


La Secretaría de Hacienda debe investigar las redes de corrupción de funcionarios públicos que han permitido el ingreso de casi 2.5 millones de vehículos de procedencia extranjera a México, dijo hoy el diputado Roberto Pedraza Martínez, integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

(V.pág.8-A de El Informador del 27 de junio de 2005).


Unos 800 queretanos, agrupados en la organización Los Hombres y Mujeres del Campo y la Ciudad, dichos propietarios también anunciaron que promoverán una suspensión provisional de la aplicación del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que cataloga como delito de contrabando la tenencia de autos de procedencia extranjera que no estén legalizados.

Jorge Torres Gómez, secretario general de esa agrupación, advirtió que no permitirán que se les decomisen sus autos, y que incluso echarán mano de la ley para evitar que se proceda contra ellos en ese sentido.

El dirigente aseguró que los propietarios de los llamados autos "chocolate", recibieron la promesa del diputado federal del Partido de la Revolución Democrática Daniel Ordóñez Hernández, de que se aprobará a nivel federal una ley que autorizará la circulación de esos vehículos.

"Lo que hemos hablado con Ordóñez Hernández y con el diputado local Orlando Caballero Núñez, es que nos van apoyar para interponer ante las autoridades ejecutorias del fallo de la SCJN una suspensión provisional", dijo el dirigente.

Torres Gómez explicó que ese mecanismo legal implica que la justicia ordena a las autoridades que les corresponde ejecutar el fallo de la Corte, no proceder, hasta en tanto se concluye una indagatoria al respecto.

(V.pág.15-A de El Informador del 27 de junio de 2005).


Los diputados locales pudieran emitir un acuerdo legislativo con el objetivo de pedirle a los legisladores federales que realicen el proceso legislativo correspondiente para realizar una regularización generalizada de todos aquellos vehículos americanos que no sean de lujo ni deportivos.

"Tenemos que poner un alto desde allá, en las aduanas, y no aprehender a muchos ciudadanos que de una forma honrada compra sus vehículos [No se hagan pendejos. Los compran a sabiendas de que son ilegales, apostando a que el gobierno los regularizará una vez más. Hay gente que vive de estar contrabandeando carros para venderlos aquí. Tengo un vencino que trae varias camionetas cada año. - El webmaster]. La propuesta es que los modelos sean de 10 años hacia atrás, es la propuesta y es lo que tenemos", según explicó el diputado Juvenal Esparza Vázquez.

(V.pág.1-B de El Informador del 25 de junio de 2005).


Una camioneta Windstar modelo 1997 comerciada legalmente puede cotizarse arriba de los 90,000 pesos, mientras que una importada en forma irregular, se puede encontrar a la mitad como consecuencia de las facilidades que tienen a su favor los comerciantes informales.

El comercio de carros importados llegó a situaciones de descaro, como se manifiesta con las ventas de vehículos de lujo, como Mercedes Benz y BMW

(V.pág.38 del periódico Público del 24 de junio de 2005).


Tenemos un formalismo tedioso, caro, rígido y por medio de largos escritos. Esto perjudica a la valoración de pruebas, siendo el más grave problema el de la Fe Pública del Ministerio Público, mecanismo mediante el cual la ley convierte sus actuaciones, realizadas frecuentemente por policías judiciales o ministeriales, en pruebas incontrovertibles, obligando al juez a aceptarlas tal y como se presentan.

La actual ley le concede al Ministerio Público un monopolio de la investigación de los delitos y de la consignación de los acusados y esto da pie para corromper con criterios personales los resultados de la investigación. Así, la "confesión" del acusado se ha convertido en una de las pruebas más frecuentes en nuestros procesos. ¿Cuál es la manera más fácil de sacar una confesión? Por tortura.

El sistema vigente establece que el mismo juez que dicte el auto de formal prisión sea también el juez que lleve el juicio y finalmente absuelva o condene. Se si da cuenta que alguien no es culpable, esto implica un reconocimiento de su equivocación inicial. Por eso, es probable que el 92% de las sentencias penales sean condenatorias, pues el juez ya está comprometido consigo mismo.

El actual proceso penal impide la participación pública; descarta la participación activa del acusado o de la víctima en la investigación, preparación y valoración de las pruebas.

Actualmente, se procesan de la misma manera los delitos menores y los delitos graves. Los menores quedan desgastados por el procedimiento y los graves por la oscuridad. Además, nuestro actual sistema para nada contempla la posibilidad de salidas alternativas al juicio. Por ejemplo, el 50% de los presos cometió robos menores, sin violencia. Por las ironías de nuestros procesos, todavía un 50% de éstos aún no han sido declarados culpables. ¿Justicia?

¿Cómo esperar justicia con reglas que la impiden? Se convoca a nuestros legisladores a que hagan patria y se avoquen a resolver este problema que no es ideológico o político. Pocos acuden a denunciar un delito; de éstos sólo el 3% concluye la fase investigadora y en menos del 2% se cumplen las órdenes de aprehensión. No podemos decir que existe justicia penal en México y luego nos quejamos de la inseguridad.

Enrique Canales
(v.pág.7A del periódico Mural del 23 de junio de 2005).


Dueños de vehículos de procedencia ilegal, protestaron por la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de considerar como contrabando la posesión de estos autos sin documentación. Ricardo Hualpara Ticona, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Frente Nacional de Organizaciones Sociales, señaló que en la entidad hay más de 15,000 automotores irregulares. La organización que representa, dijo, afilia a 8,000 dueños de unidades ilícitas quienes efectuarán cierre de vialidades y quema de unidades cuando se efectúe la primera detención de alguno de sus integrantes. Explicó que la decisión de la SCJN violenta sus derechos, toda vez que no se les puede considerar delincuentes por adquirir un vehículo en los Estados Unidos y traerlo a sus comunidades de origen. Advirtió que de aplicarse la disposición se provocará caos en la entidad, pues los representantes de organizaciones de poseedores de vehículos ilegales establecerán un programa acción contra el dictamen.

(V.resumen informativo de Notisistema del 23 de junio de 2005).


La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cualquier persona que circule en el país con un automóvil extranjero irregular será considerado como presunto responsable del delito de contrabando de vehículos. Los ministros establecieron que toda persona que circule fuera de la zona de vigilancia aduanal que comprende 20 kilómetros en línea recta de las poblaciones fronterizas del país, en vehículos que no cuenten con el permiso correspondiente serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

(V.resumen informativo de Notisistema del 22 de junio de 2005).


La ley y el estado de derecho se mencionan ya poco entre los ciudadanos, ceden el campo de batalla al nuevo lenguaje del narcotráfico de manera que lo que no se expresa va cayendo en el olvido a favor de las palabras que están en boca de todos: el "levantón", el "clavo", el "cuerno de chivo", el "capo", en fin, la lista es larga y en constante reelaboración.

Rogelio Ríos Herrán
(v.pág.10A del periódico Mural del 16 de junio de 2005).


Malo si [Raúl Salinas] fue culpable y salió, y malo si era inocente y lo metieron 10 años.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.10A del periódico Mural del 16 de junio de 2005).


En México sale libre Raúl Salinas de Gortari después de pasar 10 años en la cárcel acusado de un delito, el de homicidio, cuya comisión no se le pudo nunca demostrar. En su momento dije que las pruebas que se esgrimieron para encarcelar al hermano del ex presidente no resistían el menor análisis jurídico. La verdad es que el llamado "hermano incómodo" merecía sobradamente ir a la cárcel, pero por motivos distintos al que se adujo para meterlo ahí. Don Quijote le aconsejó a su escudero cuando el buen Sancho iba al gobierno de su ínsula: "Si la vara de la justicia se dobla, que no sea bajo el peso de la dádiva, sino de la misericordia". Hago la cita de memoria. En estos procesos judiciales no fue el peso de la misericordia, ni de la dádiva, lo que hizo que se torciera la vara de la justicia: fue el grave peso de la estupidez humana, de la ceguera causada por la pasión política.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico a.m. del 16 de junio de 2005).


Casi todos los procesos contra acusados de narcotráfico o crimen organizado tienen grandes fallas de origen. Escuché su aclaración: "Me da mucho coraje cuando personas notables de este gobierno le achacan a los jueces incapacidad y hasta complicidad con los procesados". Y según este abogado no es asi. Su explicación fue llana. "Al señor juez le llegan los expedientes con acusaciones de la Procuraduría y los alegatos de la defensa. Inmediatamente se da cuenta: Los cargos de la PGR no tienen base. Muchos ni siquiera pruebas. Tampoco testigos y lo más triste: Los cargos son tan confusos y, perdón por la redundancia, bastante imprecisos". Entonces me dijo: "Claro, eso lo favorece a uno como abogado defensor. Pero insistió "...entonces créemelo, el juzgador no puede fallar contra los acusados sin elementos. Ni su papel es andar investigando los delitos o confirmarlos". Le oí desilusionado cuando me comentó: "Se ve muy mal el presidente. Fíjate bien. Cuando andaban con el desafuero a López Obrador, entonces el gobierno del presidente Fox insistió en la capacidad de los jueces. Pero ahora con ese caso del hijo de Guzmán Loera, prácticamente fueron insultados porque concedieron el amparo a este muchacho. Lo más triste. Que la Presidencia de la República informe oficialmente "sospechamos mal del juez". La máxima institución no puede andar en esas. ¿Como qué sospecha? En Los Pinos y para el caso esa palabra no cabe. Debería ser contundente: El juez es culpable por esto y por esto. O no es culpable. Pero eso de andar diciendo 'sospecho' resulta inadmisible en la Presidencia. Se pierde la seriedad. Hay incertidumbre que al fin y al cabo esa es la sospecha. Ahora te digo una cosa: Yo no he tenido acceso al expediente. Pero por lo que sé, las acusaciones de la PGR no tenían ni pies ni cabeza".

No me quedé con las ganas y pregunté: ¿Acaso no hay buenos abogados en la PGR para justificar sus acusaciones? La respuesta me anonadó: "Claro que hay buenos abogados. Pero cuando capturan a una persona para acusarla de crimen organizado, narcotráfico o lavado de dinero sucede lo que ya es costumbre: No tienen pruebas. Podría suponer sin conceder que el acusado cometió el delito. Los investigadores de la Procuraduría simplemente saben de oídas sobre violaciones a las leyes. Pero cuando consignan al Ministerio Público le acusan de vagamente 'crimen organizado'. Ni especifican el motivo y menos lo prueban. Entonces el fiscal para no enemistarse con sus compañeros de la Procuraduría remite el asunto lleno de errores al señor juez. Allí es cuando nosotros los abogados entramos. Fácilmente vemos fallas. Promovemos los juicios de amparo. Y poco a poco vamos 'tumbando' una a una las acusaciones".

Precisamente recibí recientemente informes sobre un expediente en los Estados Unidos. Está radicado en cierta corte californiana. Los acusados son: Alberto Benjamín Arellano Félix, Eduardo Ramón Arellano Félix, Manuel Aguirre Galindo, Jesús Labra Avilés, Gilberto Higuera Guerrero, Efraín Pérez, Jorge Aureliano Félix, Rigoberto Yañez y Armando Martínez Duarte. Expediente grande. Delitos detallados. Dónde, cómo y a qué horas. Declaraciones de oficiales refiriendo y exhibiendo pruebas. Así, en el caso de ser detenido alguno de ellos o extraditado, el juez al recibirlos les informará sobre los cargos. Fijará fecha para que su abogado presente pruebas contrarias. Y en menos de dos meses ya estarán sentenciados. Mínimo 30 años. Nada de chuecuras. Comenté esto a mi amigo abogado y su respuesta fue: "Así debería ser aquí. No andar inventando cargos".

J.Jesús Blancornelas
(v.pág.4-A de El Informador del 14 de junio de 2005).


Más allá de la fama pública de la persona en cuestión, algo parece no funcionar en el poder judicial o en la administración de la justicia cuando es necesario tomar diez años para decidir sobre la acusación que pesaba sobre Raúl Salinas. A esa misma conclusión se tiene que llegar cuando el acusador, muchos meses después de litigar en medios de comunicación, en juzgados, en la Cámara de Diputados, incluso en "lo oscurito" según sabemos ahora, presenta un caso tan mal construido que es desechado antes de empezar. No se puede llenar el aire de discursos encendidos por el imaginario Estado de Derecho y a la hora de la hora "parir un ratón" como el famoso monte. La amenaza parece superior a lo imaginado.

Los jueces son para la república y la democracia. No pueden quedar "en el aire". Nuestro país es (o era) un país de jueces y no de policías. Es decir, la justicia se otorga por quein pesa en la misma balanza todos los argumentos y las evidencias, conforme a la ley. Y el acusador público está obligado a demostrar. Los casos recientes muestran que se ha deteriorado el diseño de nuestro sistema judicial y urge componerlo. Ese pilar de la casa democrática republicana está cuarteado, pues su funcionamiento no produce la paz después del conflicto, sino la duda y el temor de "la mejor decisión" dentro de la relación coyuntural de fuerzas.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.19 del periódico Público del 12 de junio de 2005).


Necesitamos pensar en el modelo democrático que más sirva a los intereses de la región y de México en particular. Ni el pasado autoritario ni el mañana en el que la democracia se construye y destruye en las calles parecen ser la solución. Ante todo ello, necesitamos preguntarnos si México está vacunado de la ingobernabilidad que azota a los sudamericanos y si no es así, pensar en la forma en la que podemos prevenir crisis similares bajo presidencialismos inertes como el de hoy.

Genaro Lozano
(v.pág.4-A de El Informador del 8 de junio de 2005).


En México, desde hace varios años, la aplicación de la ley y el estado de derecho se han sustituido por los consensos o negociaciones en materia política, reconoció el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet Chemor.

En entrevista, el legislador admitió que esta práctica "viene de sexenios anteriores", y cuestionó si vale la pena seguir ahondando por el camino de la sustitución de la ley mediante el consenso de los actores políticos, o si el estado de derecho es el piso sobre el cual se hace política y no a la inversa.

Subrayó que México ha vivido en estos años una serie de reveses al estado de derecho, que plantean cuestionamientos severos, no sólo a su vigencia y a su eficacia, sino a la existencia misma de éste como sistema integral de vida de la sociedad mexicana.

"Hemos llegado a planteamientos y a dilemas falsos entre salidas políticas para problemas jurídicos, y soluciones convenidas para efecto de que la ley no tenga aplicación estricta y puntual, no me refiero a un solo caso", sostuvo.

(V.pág.7-A de El Informador del 6 de junio de 2005).


Francisco Díaz Casillas, subsecretario de Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del D.F., reconoció que la dependencia "no puede perder el tiempo en detener a infractores de la Ley de Cultura Cívica. No estamos destinando todo nuestro tiempo a esa actividad porque tenemos situaciones más graves que reclama la ciudad en materia de delitos graves".

(V.pág.12-A de El Informador del 31 de mayo de 2005).

(Pregunta del webmaster: ¿Para que perder el tiempo haciendo leyes que no se van a hacer cumplir? ¿Sólo para fingir que los legisladores no son unos inútiles?)


Desde 1991 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha sancionado a 20 Entidades federativas por expedir placas y tarjetas de circulación a vehículos extranjeros ilegales en forma indebida, informó la dependencia. La SHCP señaló que el Distrito Federal es la que registra el mayor número de unidades bajo esas condiciones, y Jalisco está en segundo lugar en el monto de sanciones.

Hacienda apuntó que desde hace varios años la estancia ilegal en México de vehículos de procedencia extranjera ha significado un problema relevante para los distintos niveles de gobierno.

La gran extensión de la frontera norte favorece el ingreso de vehículos de Estados Unidos, origen fundamental de este tipo de vehículos, cuyo ingreso al territorio nacional en su parte fundamental ocurre con un tránsito legal de importación temporal, siendo que al concluir el plazo autorizado, seis meses como máximo, los vehículos permanecen ya con estatus de ilegalidad.

La federación delegó a los estados verificar la legal estancia de los automóviles de procedencia extranjera internados y negarles a los propietarios de unidades ilegales el otorgamiento de documentos, como tarjeta de circulación y placas, así como no aceptar el pago de tenencia.

(V.pág.8-A de El Informador del 30 de mayo de 2005).


Al problema económico se suma el problema social generado por la marginalidad económica, por los efectos de una economía informal creciente, porque con esta cantidad de personas compitiendo en la calle para sobrevivir vendiendo todo tipo de mercancías, quienes compran resultan aves raras y deben ser "cuidados", por ello, ya hay un número muy amplio de vendedores que se han unido en grupos para "defender" lo que ellos consideran "sus territorios" y que están prestos a luchar por lo que consideran "sus" lugares, "sus" posibles clientes... es decir, se tiene un estado de guerra dentro de un estado de ¿derecho?...

Pero de lo que pocos hablan es de que esta situación favorecida desde las cúpulas, es la cobertura ideal, terreno abonado para otro y más dañino tipo de ambulantaje... el de la delincuencia organizada; porque la economía informal va de la mano con organizaciones delictivas, las que solapadas por esos feudos donde la ley desaparece, crecen abrigadas por unos y solapados por otros hasta consolidar el otro lado de la pinza de este creciente problema que tiene a la población enmedio.

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.5-A de El Informador del 25 de mayo de 2005).


Siempre ha vivido México bajo el estigma de las presiones políticas en todos los niveles. Convirtiéndose el cuerno de la abundancia en un país de leyes: la ley del más fuerte, la ley de la traición, la ley del hierro, la ley del talión, la ley de la selva, la ley del embudo, la ley de Herodes, la ley del revólver, la ley de los machetes, la ley de las manifestaciones, la ley de los medios (medios de información), cada una de éstas con sus muy variadas representaciones, lo que convierte a México en un país de leyes, de muchas leyes, y como colofón de la idiosincrasia del mexicano, el superegoísta principio humano, que nos rige de manera excelsa como ley suprema: "la ley de Dios es para que se cumpla en la parcela de mi compadre, jamás en la mía"; manifestándose de este modo la necesidad de la creación de más leyes aún: "una para cada habitante de este exhausto suelo".

Ing.Armando Olivares Dávalos
(v.pág.8/A "Tribuna Libre" de El Occidental del 22 de mayo de 2005).


En un estado de derecho la justicia no está por encima de las leyes. Es la ley la que establece el camino de la justicia, como es lógico. Decir esas cosas es dejar el camino abierto a la arbitariedad. En un estado de derecho es la ley la que decide. Y no hace falta más que aplicar la ley. No hace falta hacer grandes cosas. Cuando a mí me preguntaron, ¿y usted cómo va a combatir la corrupción?, dije: pues con la ley en la mano. Respetando la ley la corrupción desaparece. ¿Y cómo se combatió el terrorismo? Pues respetando la ley. No hay una justicia por encima de la ley.

José María Aznar, ex presidente de Gobierno de España, comentando el dicho de López Obrador de que la justicia puede estar por encima de las leyes
(v.pág.79 de la revista "Poder y Negocios" del mes de abril de 2005).


El señor general Rafael Macedo de la Concha, por dignidad personal y honor militar, renunció al cargo de procurador general de la República; al hacerlo dio ejemplo de lealtad y respeto.

Suponíamos cuáles eran los motivos; al conocerlos, nos convencimos de las sobradas razones que tan diplomática y respetuosamente evitó mencionar. Consecuente con la política de legalidad y defensa del estado de derecho, mil veces proclamada por el presidente, el señor procurador puso todo su empeño personal, y exigió de sus colaboradores más cercanos, realizar una averiguación que diera firme sustento al proceso criminal que se habría de instaurar en contra de López Obrador.

Esa labor fue tan bien cumplida que, sólo contra el voto de los legisladores perredistas, las dos terceras partes de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en que tres, de los cuatro integrantes de la comisión de responsabilidades, dictaminaron había lugar al juicio de procedencia.

Las cosas se enlodaron por la maniobra de procesarlo, pero no encarcelarlo. Dos peones del ajedrez panista, hicieron la ridícula caridad de pagar dos mil pesos de fianza para que López Obrador no entrara a la cárcel ni se convirtiera en mártir.

El juez rechazó el sucio planteamiento y el jefe de Gobierno, mediante sus bien pagados grupos de activistas, convocó a una gran concentración en el Zócalo. Como en Atenco, Fox movió sus piezas para que le dieran jaque mate.

El procurador Macedo se negó a cometer actos reprobables y renunció. Al nuevo procurador se le nombró tomándole la protesta de cumplir la Constitución y la promesa de aceptar una solución jurídicamente aberrante.

Debo una explicación: la Procuraduría General de la República no tiene facultades para decidir si un delito no tiene bien prevista la pena y por dicha razón negarse a acusarlo.

El actual procurador considera probado el desacato de López Obrador a la suspensión decretada en un Juicio de Amparo, así como su presunta responsabilidad, pero como le parece que no está muy precisa la pena aplicable, se desiste de la acción penal.

La facultad para declarar la anticonstitucionalidad de una ley, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el fiscal debe perseguir a los delincuentes, no convertirse en su defensor. El precedente es fatal; ahora, por equidad y congruencia, el procurador debe desistirse de la acción penal en todos los procesos que se siguen en contra de autoridades acusadas de dicho desacato, y lógicamente, no volver a ejercer acción penal por ese delito. Un desastre para la efectividad de las sentencias que se dicten en los juicios de Amparo.

El ejercicio de la autoridad implica riesgos y sacrificios; para disminuirlos o evitarlos debe procederse con inteligencia y decoro. El nuevo procurador, en lugar de sus infundados argumentos, debió proceder con absoluta honradez y manifestar, que siguiendo las instrucciones del presidente, o quien funja como tal, para evitar mayores daños con el actual ambiente de agitación y el peligro de violencia, se desistía del ejercicio de la acción penal. La confesión no hubiera sido aplaudida, pero sí resignadamente aceptada. La verdad siempre resplandece por mérito propio.

Alberto Orozco Romero, licenciado en Derecho y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 16 de mayo de 2005).


Considerando casos muy repetitivos a lo largo de este sexenio como pudieran ser, por citar dos ejemplos: la cesión ante las presiones de supuestos ejidatarios para imposibilitar la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México y el más reciente sainete en torno al desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, surge la pregunta:

¿La vigencia del Estado de Derecho es una de esas cartas que pueden estar sujetas a la negociación con el fin de evitar problemas que pudieran desembocar en peligro para el clima de paz social e incluso de seguridad nacional?

De ninguna manera, porque el Estado de Derecho es fundamento necesario para la auténtica paz social, al establecer las reglas claras para la convivencia ordenada, la cual debe de regir tanto para gobernados como por supuestos gobernantes, los cuales debieran ser los primeros responsables en cumplir y hacer cumplir el referido Estado de Derecho.

Juan de la Borbolla R., catedrático universitario
(v.pág.5-A de El Informador del 16 de mayo de 2005).


La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales previó que para finales de 2005 el comercio ilegal tendrá un crecimiento de hasta 20%, es decir el doble de lo que los centros comerciales esperan crecer. El presidente ejecutivo de la Antad, Vicente Yáñez Solloa, señaló que mientras continúe la complacencia de las autoridades hacia el comercio ambulante, el contrabando, la piratería y el robo de productos, la cifra de crecimiento en el sector formal irá en disminución paulatina.

(V.pág.8-A de El Informador del 16 de mayo de 2005).


[El presidente] con el estado de derecho quedó mal, pero abrió la puerta para que de ahora en adelante, en México se pueda decir que sobre la ley está la política y que la ley puede ser cancelada si es oportuno políticamente hacerlo.

Emilio Chuayfett, coordinado de los priistas en la Cámara de Diputados
(v.pág.14-A de El Informador del 16 de mayo de 2005).


Una sociedad democrática, con un modo democrático de resolver sus conflictos y de mejorar el nivel de vida, depende del espesor de la cultura de la legalidad que tengan sus miembros. Ese dato en México no es adverso aún.

Uno de cada tres maestros considera que los jóvenes que egresan de la secundaria tratan de evadir la ley, prefieren la competencia a la cooperación y valoran más sus intereses que los de la comunidad.

¿Qué obtendremos si preguntamos por pagar impuestos, e pago de multas, la práctica del soborno, la justicia por propia mano y otros aspectos constitutivos de la cultura de la legalidad? ¿La ley se debe cumplir sólo cuando alguien nos vigila o amenaza? ¿La ley es sólo para el gobierno?

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.18 del periódico Público del 15 de mayo de 2005).


El nuevo procurador, decidió no continuar el proceso por desacato contra López Obrador. La razón que dio la PGR es que no existe pena por dicho delito, y si no hay pena, entonces no hay delito. Lo que me parece extraño es que sea la procuraduría y no el juez quien decida si hay pena o no.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.pág.4-A de El Informador del 11 de mayo de 2005).


Si el diálogo con los [vendedores] ambulantes no prospera, si éstos se niegan a ser reubicados, no quedará más remedio que aplicar mano dura, siempre dentro del estado de derecho. El beneficio de los ciudadanos en general deberá ser prioridad sobre el de unos cuantos.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 9 de mayo de 2005).


Hoy un político fantoche puede pisotear la ley a su antojo y los derechos ciudadanos y pedir clemencia para que no sean vulnerados los suyos. Tal parece que en esta república de fantasía una marcha pesa más que una Constitución y el grito de un millón tiene más validez que el silencio de los 105 millones restantes.

Se ha olvidado que el fin último de la política es la estabilidad de las sociedades, el fortalecimiento de las instituciones, el pleno respeto de las leyes para garantizar la protección de las personas. Cuando todo esto se arroja al bote de la basura por defender únicamente la imagen pública de un candidato, se están anteponiendo los intereses personalistas a los intereses de la nación.

Está bien que se busquen salidas políticas a coyunturas jurídicas de riesgo. Está bien que se privilegie el diálogo a la sinrazón. Está bien que evite a toda costa el escándalo nacional o internacional. Lo que no se vale es decirle a la sociedad y al mundo entero que quienes atentaron contra la legalidad son unos hermanitos de la caridad a quienes sí se les puede permitir todo por el único hecho de estar en la arena de la grilla.

Mucho menos se vale que a quienes violenten la ley ahora se les frote el lomo para que sus berrinches no hieran la sensibilidad de las minorías y se les haga pasar como los grandes demócratas y salvadores de la patria. De esta forma sólo se estarían construyendo ídolos de barro que nada bueno abonarían al crecimiento del país.

Lamentable es que se haya visto sobajada la legitimidad de la ley suprema y de los mandatos secundarios construidos a base de esfuerzo común e incluso de mucha sangre derramada. Nadie, por muy importante que fuere, puede pasar por encima de la ley que debe regir a todos sin excepción, a riesgo de que se viva en una sociedad de privilegios y en la anarquía.

Elmer Ancona
(v.pág.4-A de El Informador del 9 de mayo de 2005).


No está por demás comentar: que el artículo 206 de la Ley de Amparo señala que la autoridad que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal Federal para el abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida. Y que el artículo 215 del expresado código señala sanciones de uno hasta nueve años de prisión, según el caso -conforme lo especifican sus diversas fracciones-, las que como toda norma legal, por no ser suficientemente clara y precisa, queda sujeta a interpretaciones y criterios diferentes.

Nuestro presidente de la república -arrogándose funciones de Ministerio Público-, manifestó cerrado el caso del multicitado desafuero y cuya proclamación se hizo formalmente al siguiente día por su subordinado -mediante una sofisticada resolución-, este precedente ha dejado la puerta abierta para que en lo sucesivo cualquier autoridad se burle olímpicamente de un fallo judicial adverso y con ello queden en ridículo los jueces de distrito, los tribunales colegiados y además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ende violados los derechos de particulares que hubiesen acudido a los tribunales en demanda de garantías por haberle sido conculcados sus legítimos derechos consagrados en nuestra ley fundamental.

Hoy nos quejamos todos los mexicanos de la falta de seriedad de los actos gubernamentales, de la carencia de congruencia entre lo que dicen los funcionarios y al final hacen, y los trastornos que causan con ello a la nación entera.

Guillermo Cosío Vidaurri, licenciado en Derecho y exgobernador de Jalisco
(v.pág.5/A de El Occidental del 8 de mayo de 2005).


El respeto del estado de derecho y la observancia de las leyes, quedaron relegados por la búsqueda de los resquicios legales que permitieran cumplir con los compromisos asumidos.

Gerardo Sosa Castelán
(v.pág.6/A de El Occidental del 8 de mayo de 2005).


Tepatitlán, Jal.- El gobierno municipal comenzó a aplicar los descuentos de hasta un 75% sobre recargos a los contribuyentes morosos del impuesto predial y de los derechos de agua, alcantarillado, saneamiento e infraestructura hidráulica.

(V.pág.8-B de El Informador del 7 de mayo de 2005).


A nombre de la bancada priista [en la Cámara de Diputados], Emilio Chuayfett acusó al ejecutivo de quebrantar el estado de derecho, mientras que Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva de la Cámara, sostuvo que México "se vuelve un país sin garantías, sobre todo sin la garantía del amparo".

(V.primera plana del periódico Público del 6 de mayo de 2005).


La Ley

(Paco Calderón, mayo 5 de 2005).
La "solución política" al caso López Obrador no es más que una desobediencia a un fallo judicial. La señal al país es que el juicio de amparo ya no tendrá validez plena. A partir de este momento, si uno le gana un juicio a una autoridad, habrá de contentarse con recibir un papel con el fallo, ya que será imposible sancionar a una autoridad que no aplique la sentencia.

Quizá el presidente piensa que su gran error fue no percatarse a tiempo de que en el sistema político mexicano la autoridad puede darse el lujo de no hacerle caso a un juez, ya que la ley no tiene fuerza ante los personajes políticos importantes. Para los ciudadanos, sin embargo, la preocupación es que con esta solución política el juicio de amparo pierde toda su fuerza.

Sergio Sarmiento
(v.periódico a.m. del 5 de mayo de 2005).


Cierra la PGR el caso AMLO. Afirman que sí cometió un delito, pero no existe sanción aplicable.Le dio la vuelta a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre el tema. Cuando la PGR solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de López Obrador citó la jurisprudencia y afirmó que el delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo sí tiene sanción.

(V.primera plana del periódico Mural del 5 de mayo de 2005).


La senadora priista Martha Tamayo dijo que el desestimiento de la PGR viola la ley más que el supuesto desacato a una orden judicial cometido por López Obrador.

"El presidente está transgrediendo las normas que él mismo dijo estar defendiendo en un principio. Las razones de estado se entienden, pero lo debía pensar antes".

El diputado Ulises Adame se dijo engañado por el presidente Fox, cuyo discurso ha sido el de respeto al estado de derecho.

"Me siento agraviado porque no había necesidad de tanta descalificación al congreso, de tantas injurias, para que finalmente se dé una salida de otro tipo, entonces este país no tiene claridad en lo que está haciendo", señaló.

(V.pág.3A del periódico Mural del 5 de mayo de 2005).


Sergio Martínez Cavaría, vocero oficial del PRI, consideró que [al] consolarse [con] una salida política al caso de López Obrador, el ejecutivo federal habría dejado "colgado de la brocha al estado de derecho".

(V.pág.12-A de El Informador del 4 de mayo de 2005).


En torno al caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el editorial del semanario católico "Desde la Fe" subraya a las instituciones del país como "las grandes perdedoras", ya que, señala, existe la impresión de que fueron "instrumentalizadas por los políticos".

(V.primera plana de El Informador del 2 de mayo de 2005).


Gran parte de la sociedad tiene razón en sentir enojo frente al comportamiento de sus dirigentes políticos, comenzando con el presidente de la república.

Si los gobernantes que ejercen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial caminan dando tumbos, ¿con qué confianza los seguirán los ciudadanos?

Y más coraje siente el hombre ordinario víctima de alguna injusticia, cuando mira que el camino seguro para quitarse de encima acusaciones o posibles castigos es la presión pública, el desafío violento y la manifestación callejera.

¿Quien no tenga la capacidad de sacar gente a la calle, pagar apoyos, gritar frente a cámaras y micrófonos de los medios de comunicación, en resumen, chantajear a la autoridad, cómo le hará para obtener justicia?

Tallar machetes en el pavimento y llenar las plazas con manifestantes parece ser la fórmula segura para torcer la ley a favor.

El formulismo de acusar, ser acusado, demostrar culpabilidad o inocencia frente a un juez, someterse al criterio de un tribunal, parece ser el camino equivocado.

Marcos Arana Cervantes
(v.pág.10-B de El Informador del 2 de mayo de 2005).


Algo que aprendieron todos los actores políticos de la debacle del desafuero (esto incluye la Presidencia, legisladores, López Obrador, PRI, PRD, PAN) es que para salir adelante no hay que respetar el estado de derecho ni las instituciones. Portarse mal, paga, y paga bien. Siempre y cuando se tengan chivos expiatorios para sacrificar.

Ana María Salazar, académica del ITAM
(v.pág.4-A de El Informador del 30 de abril de 2005).


No comparto el procedimiento tan desaseado que se llevó a cabo para desaforar al jefe de Gobierno de la ciudad capital, la aplicación de la ley en este país tiene un alto contenido político.

Las autoridades responsables de aplicar el tan llevado y traído estado de derecho, actúan a la carta, obedeciendo a otras razones muy diferentes a las del apego a la legalidad.

Sin embargo, vale la pena puntualizar que el Sr.López Obrador debería estar encarcelado hace muchos años por delitos graves, como la toma de pozos petroleros que ocasionó cuantiosas pérdidas al patrimonio nacional.

Por una negociación política desafortunada, irrumpiendo al estado de derecho, se permitió al tabasqueño incluirse en la contienda electoral al gobierno del D.F. En el año 2000, cuando no cubría los requisitos legales para participar en esa elección.

Andrés Manuel López Obrador es muy hábil actor, que en múltiples y variadas oportunidades ha cometido delitos de los cuales no ha recibido pena alguna por su gran capacidad de negociar políticamente sus fechorías con las autoridades proclives a ser rehén[es] del chantaje político, que han caído una y otra vez en las trapacerías de este diestro marrullero.

El "discurso" que brindó en la Cámara de Diputados el día en que el pleno votó su desafuero, es una herramienta muy útil para hacer un diagnóstico certero de quién es este individuo; no tiene el menor respeto por ninguna autoridad legítimamente constituida, arremetió por parejo contra los tres poderes de la Unión y a falta de ideas repartió insultos a sus adversarios empleando un lenguaje incendario y demagógico que es un caldo de cultivo idóneo para la polarización de la sociedad.

Las conductas del Sr.Andrés Manuel López Obrador no dejan translucir el menor atisbo de democracia, lo que denotan es un fascismo recalcitrante, las acciones del perredista y sus secuaces van encaminadas a despertar al México bronco, lo cual es irresponsable, de conseguirlo, conducirían a México a un salto al vacío.

Ignacio Lapuente Rodarte (Grupo Diálogo Jalisco)
(insersión pagada en El Informador del 30 de abril de 2005).


Si se quiere tener un país moderno, la procuración de justicia no puede seguir sujeta a las órdenes y caprichos del jefe del ejecutivo, sea éste presidente, gobernador o mandatario del DF.

S.Cabañas
(v.pág.10A del periódico Mural del 28 de abril de 2005).


Los mexicanos estamos ligeramente jodidísimos, con disculpas por esa ática expresión. He aquí que quienes se dicen defensores de la legalidad atentan en nombre de ella contra la democracia, y quienes se llaman adalides de la democracia atentan en nombre de ella contra la legalidad. Esos dos términos no son opuestos, ni se contradicen. La ley es requisito fundamental del ejercicio democrático, y la democracia no puede rendir frutos si no es mediante el respeto al orden jurídico.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico a.m. del 28 de abril de 2005).


AMLO tiene la virtud de convocar a las masas -como lo ha hecho tantas veces en el Zócalo-, y ejercitar así su voluntad y lo que llama "democracia popular", negando que sea el sistema o la Cámara de Diputados donde se ejerza, prefiriendo mejor decidir sus caprichos con plebicitos sui géneris como los que ha hecho por teléfono, para decidir o, más bien, confirmar que él tenía razón, por ejemplo, en las inversiones y obras del segundo piso o en la beca universal para los mayores de edad como solución a la pobreza o para hacerse pasar por víctima de un proceso que tuvo la oportunidad de resolverlo con un poco de voluntad política, o mejor, ejecutar su nueva estrategia pre-electoral, haciéndose pasar por ser la víctima del poder y llamar así la atención a nivel nacional e internacional justificando que esta campaña lo ha limitado en sus posibilidades para competir por la presidencia.

Mejor una marcha multitudinaria en silencio, civilizadamente, convenciendo a las masas que no pueden reflexionar fríamente sobre la historia de las causas y los efectos para después decidir qué es mejor.

Por lo pronto escoge uno estar en contra de la mayoría que, suponemos, son seres pensantes que creen que no debió de haberse llevado a cabo el desafuero porque no hay relación entre causa y efecto y, en ese sentido, el Peje es inocente y ha sido víctima del poder, sin entender que esa es la manera de manejar una campaña electoral escondiendo, tras la magnífica máscara de víctima, su ineficiencia y su manera de gobernar donde ha hecho y deshecho lo que se le ha antojado con la mano en la cintura.

Martín Casillas de Alba
(v.pág.5-A de El Informador del 26 de abril de 2005).


El asunto de Andrés Manuel López Obrador está teniendo un trato más político que jurídico. El hecho de que el Ministerio Público pidiera al Congreso de la Unión el desafuero, considerando que existía responsabilidad penal de parte de él, además del hecho de que se esté tipificando como un delito no grave, le permite al político mantenerse fuera de la cárcel.

No tengo a la mano los documentos y mi opinión está basada en lo publicado por los medios de comunicación; únicamente se está pidiendo que se expida una orden de presentación para que él vaya a declarar, y está bajo caución.

La apuesta de los diputados de Acción Nacional, quienes incluso pagaron la fianza, va encaminada a que el señor no pise la cárcel o esté sujeto a un procedimiento penal que lo pudiera limitar, si no se resuelve antes, a poder ser candidato.

Ricardo Camberos Santoscoy, integrante del Consejo de Judicatura en Jalisco
(v.pág.5-A de El Informador del 25 de abril de 2005).

En el caso de Andrés Manuel no he visto las constancias, el hecho exacto que se le imputa a nivel personal, si es autor directo o copartícipe, y hasta dónde él estuvo directamente inodado en la secuencia que se dio para un desacato o no de lo ordenado por la Suprema Corte.

De ser positivo, indudablemente, tendrá responsabilidad; de ser negativo, puede quedar excluido. Lo que sí puedo observar es que se trata de un caso inusitado. No guarda un precedente de que en otro caso, cualesquiera que haya sido, el Ministerio Público Federal que esté conociendo de una averiguación, oficiosamente fije la libertad provisional bajo caución sin ser peticionada por el inculpado, que rechaza usar este derecho; y luego que tengamos la presencia de dos samaritanos que exhiban la caución y que el Ministerio Público, con la intervención de un tercero, otorgue esa libertad. Lo poco común es la oficiosidad del Ministerio Público en otorgar un beneficio no pedido. Es una actividad jurídica, por las peculiaridades del caso que trascienden al mundo político.

Manuel Higinio Ramírez Ramos, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Jalisco
(v.pág.5-A de El Informador del 25 de abril de 2005).


Si se asume que hay inteligencia en la aparentemente desarticulada estrategia foxista, entonces se puede pensar que existe un plan alterno en contra de López Obrador. Llevar la embestida solamente por el lado del desafuero por el desacato a un juez, y fincar en El Encino todos sus esfuerzos por descarrilarlo de la contienda presidencial, es una estrategia demasiado endeble. El delito por ese desacato es tan menor que en una lógica política no cabe el haber hecho tanto por tan frágil objetivo. La realidad que vivimos debe tener otros dobleces, que se podrían resumir como el Plan B del gobierno foxista en contra de López Obrador.

¿Qué pueden tener en esa estrategia que apenas empieza a enseñar la punta? Por un lado está la reactivación de acusaciones en contra de López Obrador por delitos del orden federal cuando realizó sus protestas petroleras en Tabasco en el sexenio pasado, donde no sólo afectaron vías de comunicación y daño a propiedad privada, sino que provocó el cese de exploración petrolera en tierra, que es donde se encuentra el mejor crudo para exportación. Por el otro se encuentra un elemento que le puede resultar popularmente bastante porque afectaría el puritanismo sobre cuyo eje ha construido su discurso político. Este es, de acuerdo con personas en los círculos de poder, que su ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, preso y acusado de lavado de dinero, está comenzando a dar detalles de cómo se desviaron recursos en el Gobierno del Distrito Federal para la campaña presidencial del tabasqueño. ¿En qué momento le fincarán delitos por lavado de dinero al propio López Obrador? Esta es una pregunta que flota en algunos círculos pero que, al mismo tiempo, puede ser devastadora no sólo para el futuro político del precandidato a la Presidencia, sino para su propia vida privada y lo que sueña como su paso a la historia en el papel de un mártir de la democracia.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.5-A de El Informador del 23 de abril de 2005).


Desacatos a suspensiones judiciales se realizan en México todos los días por parte de miles de autoridades locales y federales a las cuales les llueven amparos promovidos por particulares. El arte de gobernar se está convirtiendo en el acto de encarar amparos y resolver enredos judiciales. El gobierno federal recibe cientos de notificaciones cada día y el presidente ni se entera.

El argumento de Fox es que todos deben ser tratados igual, ante la ley. No dijo eso mismo cuando el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal en el asunto de Amigos de Fox después de una averiguación que nunca se llevó a cabo.

Pablo Gómez
(v.pág.23 del periódico Público del 22 de abril de 2005).


El principio de la institucionalidad es difícil de entender por muchos mexicanos porque durante años hemos pensado que lo que se hace con las instituciones de la instancia legal es darles instrucciones o comprarlas.

Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores
(v.pág.26 del periódico Público del 22 de abril de 2005).


Una auténtica democracia reclama la existencia de un estado de derecho y mientras éste no se dé, existe el riesgo de que la aplicación selectiva de la ley se covierta en un instrumento al servicio de motivaciones diversas a la justicia y al bien común.

Comisión Episcopal de Pastoral Social
(v.pág.27 del periódico Público del 22 de abril de 2005).


Hay que reconocer esa extraña capacidad que tiene la sociedad que tarde o temprano se cobra las cuentas pendientes y que en este caso [de López Obrador] vienen desde la toma ilegal de los pozos petroleros en Tabasco a la ilegal campaña como jefe de gobierno sin cumplir la residencia, a la ilegal indemnización del paraje de San Juan y por hacer públicos documentos confidenciales o por El Encino o por solapar la corrupción abierta al público de tres de sus funcionarios.

Martín Casillas de Alba
(v.pág.5-A de El Informador del 19 de abril de 2005).


Quienes impugnan el desafuero advierten de la inestabilidad y la incertidumbre que causan las amenazas del desaforado. Que se le teme por ser muy popular, que debe ganársele en las urnas y que el juicio de procedencia es un atraso democrático. Eso no es exacto; de las indeseables consecuencias de su conducta él será el responsable. Si alguien le teme es por otros muy diferentes motivos y de su candidatura, hasta ahora, nadie lo ha privado. Por soberbia, repitió cuatro veces el desacato y la Cámara que le desaforó ejerció las facultades que democráticamente le corresponden.

Al privarlo del fuero no es cierto que se le condene y se le prive de sus derechos. Se investigó si existían datos que hicieran presumible su responsabilidad; y sí los hubo. Ahora será un fiscal quien le persiga y un juez el que resuelva. Tiene derecho a la libertad provisional, a todos los recursos legales, al juicio de amparo y no se le ha privado de medio de defensa alguno.

El señor López es presunto responsable de un delito y si eso estorba sus planes políticos es por su propia culpa; nadie tiene la obligación de despejarle el camino. Así como la minoría, un tercio, que forman todos sus compañeros de partido, unánimemente votaron en contra del desafuero, la mayoría, en que sí hubo disidentes, formada por las dos terceras partes, tuvo pleno derecho para hacerlo en sentido opuesto.

Algunos opinan que el desafuero es una persecución política, puesto que hay muchos delitos cometidos por funcionarios y permanecen impunes; puede ser cierto, pero eso no elimina la culpa del señor López. Su persecución eso es, pero de carácter penal.

Severas críticas se han hecho a los casos políticos tratados con el carácter de judiciales y para este problema judicial se reclama una solución política. Posiblemente al gestarse el problema hubo oportunidad de intentar soluciones políticas, pero por vanidad y egoísmo se despreciaron.

Críticas y diatribas no las merece la Cámara. Su resolución no produce daños irreparables ni prejuzga y son las autoridades judiciales las que deben condenarlo o absolverlo. En este duelo el presidente está en desventaja: mientras la pareja presidencial es la que gobierna, él pelea con el Congreso y la pobreza y el desempleo agobian al pueblo; el oponente ejerce una dictadura, controla a su antojo la Asamblea y reparte a puños el dinero entre los viejos. En política, talla y peso no cuentan.

Las llaves de la cárcel las tiene el presidente. Como jefe del procurador pudo y puede, ordenar el desistimiento de la acción penal. Desgraciadamente las injurias, ironías y amenazas del señor López han endurecido posiciones y alejado posibles soluciones. En la Cámara siguió con la maníaca obsesión del complot y nada alegó en defensa del delito que se le imputa; por el contrario, la tribuna le sirvió para hacer escarnio de la Justicia.

Alberto Orozco Romero, licenciado en Derecho y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 18 de abril de 2005).


Protesta contra Estrada Cajigal

Con su inasistencia al festejo del 136o. aniversario de la erección de Morelos como entidad federativa, el gobernador panista Sergio Estrada Cajigal Ramírez radicalizó el distanciamiento con el Congreso del Estado.

Su ausencia provocó que los diputados perredistas exhibieran en sus curules escritos la leyenda "Sergio Estrada destituido por el Congreso".

Lentamente Jesús Kirkland, el ecologista que aguardaba fuera del Congreso local, dobló sus pancartas en las que se leía: "SEC tu no eres gobernador, eres madreador", "¿Fox, por qué Sergio Estrada no está en la cárcel?".

Estrada Cajigal no ha regresado a la Cámara de Diputados desde el 24 de octubre cuando la mayoría legislativa votó su separación del cargo, al encontrarlo responsable de omisión.

El mandatario estatal se mantiene en el cargo virtud a una suspensión provisional que le concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que impide al legislativo de Morelos materializar el acuerdo, ello es el motivo del distanciamiento entre los poderes.

En su participación, el presidente de la mesa directiva Julián Vences Camacho, aludió directamente al gobernador y dijo que "quien ambiciona excesivamente el poder, es el menos indicado para ejercerlo", e invitó al mandatario morelense a reconocer que el poder como servicio es el instrumento de las transformaciones que se necesita.

Durante la sesión solemne, el presidente del Congreso preguntó: "¿Qué tan apegados estamos a la legalidad?". Y en su respuesta mencionó que "no es del todo tranquilo nuestro panorama social, a menos que cerremos los ojos a la realidad social".

Enseguida señaló su percepción de "un resentimiento social generalizado, un enojo contenido, no desquitado", además de que "la lucha por el poder en las cúpulas partidarias contribuye a incrementar el encono social", sin dejar de mencionar la pérdida de credibilidad en las acciones de los depositarios y ejecutores de los poderes.

(V.pág.15-A de El Informador del 18 de abril de 2005).


Los defensores de la legalidad, desde luego, piden que la justicia sea llevada hasta sus más extremas consecuencias, en estricto apego al estado de derecho y no les parece en lo absoluto sospechoso que la consignación de López Obrador, gran rito fundacional -porque, en efecto, estamos inaugurando, por fin, el imperio de la ley en México- ocurra no con los expresidentes genocidas y rateros ni con los pillos de turno sino, mira tú, con el político de oposición más prominente y aceptado por los ciudadanos.

Román Revueltas Retes
(v.pág.3 del periódico Público del 17 de abril de 2005).


En el proyecto de resistencia, defenderse desde la cárcel es esencial. López Obrador necesita de esa imagen, en la rejilla de prácticas, vestido de beige, quizá con chaleco antibalas, para que rebote por todo el mundo y se reproduzca millones de veces. Sería la forma más clara de exhibir lo que él ha definido como el burdo poder represor de un sistema que se ha hecho de todos los controles de poder. Sería un duro golpe al adversario: ¡Preso el alcalde que quería construir una calle! ¡Preso el favorito para ganar las elecciones de 2006! Eso es lo que hará. No importa que la gente le pida lo contrario. Lo veremos en la cárcel.

Y si rectificara para satisfacer el anhelo de la gente, ¿en dónde quedaría la estrategia de no utilizar los instrumentos de justicia del "estado represor", tal como Gandhi desechó los del sistema inglés?

Ciro Gómez Leyva
(v.pág.25 del periódico Público del 15 de abril de 2005).


Yo entiendo que hay razones de procedimiento. El dictamen de la sección instructora sobre el desafuero en contra del senador del PRI Ricardo Aldana se aprobó la legislatura pasada y nunca ha sido votado.

No queda claro si ahora puede pasar directamente al pleno de la Cámara de Diputados como dictamen y por lo tanto si ésta puede convertirse en jurado de procedencia y votar ese dictamen. Pero es por lo menos incómodo que, mientras Andrés Manuel López Obrador fue desaforado ya, el proceso de Aldana sigue detenido en la Cámara de Diputados a pesar de que data de mucho tiempo antes.

Al perredista Andrés Manuel López Obrador se le desafora por construir un camino para comunicar un hospital, mientras que a Ricardo Aldana, quien como tesorero del sindicato de Pemex tuvo que ver en el desvío de fondos de este monopolio al PRI en el 2000, no tiene que preocuparse ya que es priísta.

Sergio Sarmiento
(v.periódico a.m. del 14 de abril de 2005).


Este gobierno federal se había caracterizado por su tibieza al aplicar las leyes: los macheteros de Atenco, la marcha del EZLN, el "Pemexgate", el caso Murat y el caso Cajigal son ejemplos de ello. Paradójicamente, este mismo gobierno promueve el desafuero del precandidato presidencial más popular. Con exagerada firmeza utilizó, en contra de AMLO, un asunto menor de invasión de tierras, que debió resolverse y pasar desapercibido como tantos otros asuntos similares.

Los diputados del PAN y el PRI, que no se ponen de acuerdo para legislar en beneficio de México, se pusieron de acuerdo para bloquear a un enemigo común.

A López Obrador se le acusó de abuso de autoridad, por continuar construyendo una calle en un predio cuyo dueño ganó un amparo. Tanto la persona que ganó el amparo como el hospital que se beneficiaría con la construcción de la calle son particulares. No había ni afectación de bien público ni búsqueda de bien común en su intención de construir la calle.

El operador financiero y el operador político de López Obrador están en la cárcel. Realmente no creo que su jefe ignoraba lo que hacían. Sin embargo no se le acusó de corrupción o complicidad con Bejarano y Ponce. AMLO llegó a la Cámara como acusador, no como acusado. Coincido con él, en el sentido de que sus palabras no cambiarían la opinión de los diputados y por eso los desdeñó. Aprovechó la tribuna para dirigirse a la opinión pública. Se erigió en mártir y desacreditó a quienes lo acusan. Sin embargo, no aprovechó la oportunidad para explicar la corrupción existente en el gobierno capitalino.

Los diputados, que en otras sesiones se duermen, expusieron con vehemencia sus puntos de vista. Si así como alegan, trabajaran, de seguro tendríamos un mejor país. Como si estuvieran en estado de ebriedad, todos se dieron duro utilizando como arma el Estado de Derecho.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.pág.4-A de El Informador del 13 de abril de 2005).


Terminó el suspenso sobre el desafuero de este funcionario público y como todo en su carrera, esa decisión también es altamente controvertida alegando sus defensores y él mismo, que constantemente se viola la Constitución por funcionarios que no acatan las resoluciones de tribunales colegiados y sólo a él se le castiga por ello, igualmente afirma que esa violación fue con buenas intenciones; desde luego que nadie puede alegar la impunidad de un delito cometido, basado en que la mayoría de los mismos no son castigados.

Sergio A.López Rivera, abogado
(v.pág.5-A de El Informador del 13 de abril de 2005).


Lic. Andrés Manuel López Obrador:
Usted ha anunciado que no sólo no se defenderá contra la orden de aprehensión que muy probablemente sea dictada en su contra, sino que se entregará ante el juez al que se le encomiende el caso. Es su decisión... Porque, si quisiera, podría suscribierse a una de las mejores formas posibles de respetar la ley: invocarla en su beneficio. Le bastaría con promover un amparo.

Si, como ha dicho desde el principio de este asunto y reiteró en su alegato del jueves ante la Cámara de Diputados, es usted inocente, tendría oportunidad de probarlo... Si de eso se trata, ahí está la vía para coseguirlo. En cambio, si se trata de hacerse la víctima y de aprovechar las circunstancias para convertirse en una caricatura de Gandhi o de Mandela -cuya ruta para convertirse en dirigentes políticos e incluso en héroes nacionales pasó por la cárcel-, ahí la lleva, señor López...

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.5-A de El Informador del 11 de abril de 2005).


El estado de derecho en cuatro años se ha deteriorado como quizá no lo hizo en tres décadas. Delincuentes, narcos y tranzas se han apropiado de calles e instituciones, mientras que el ciudadano común no sabe qué hacer ni a quién recurrir. La ley es letra muerta. Los jueces abren la puerta y a los pocos delincuentes de alto nivel que caen, los directores les acomodan una suite con seguridad pagada por la sociedad (con billares, clima artificial y hasta aves exóticas).

Ricos voraces dedicados a traer mercancías, sobre todo de contrabando de China y otros países asiáticos, acabando con distintas ramas de la industria nacional (juguete, ropa, calzado, etcétera); con decirle que hasta pescado de Vietnam entra de contrabando. Las filas de autos y camionetas de contrabando son largas y todos los días entran ante la complacencia de un gobierno federal que en Aduanas cambió la corrupción, para dar paso a la archicorrupción.

Manuel Hernández Gómez
(v.pág.4-A de El Informador del 9 de abril de 2005).


Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, ha abusado casi escatológicamente del discurso antifoxista como un recurso frente a la embestida federal que buscó su desafuero, señalando que esa acción era un golpe a la democracia. Tramposa, su retórica está llena de huecos pues él mismo ha incurrido en irregularidades legales que están documentadas. Mas sin embargo, López Obrador tiene razón en un punto fundamental: la hipocresía del gobierno federal, que ha hecho de la aplicación de la ley una arma a su conveniencia, estirando a su antojo el Estado de Derecho.

López Obrador, de acuerdo con los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, sí violó una ley que le prohibía hacer obra en una propiedad que se había amparado en contra de esa acción. Si queremos avanzar en el aprendizaje de la democracia, cuya fundación es la ley, tendría que rendir cuentas por esa violación. Pero lo insólito de la obsesión del gobierno federal para hacerle pagar al máximo costo su delito de desacatar una orden judicial para seguir la construcción de un camino a un hospital privado, mostró métodos y estrategias que han rebasado los parámetros del sentido común. El delito de López Obrador no afectó ningún bien público, por lo que su sanción tendría que ser aplicada casi por trámite, sin el escándalo y la polarización causada, que ha distorsionado la justicia que aseguran pretender.

En todo el proceso de desafuero, la discusión jurídica sobre el respeto al Estado de Derecho parece haber sido una de las primeras víctimas de la política. El presidente Vicente Fox y su secretario de Gobernación Santiago Creel han dicho lo contrario y que son los guardianes del imperio de la ley, olvidando convenientemente las flagrantes violaciones a la Constitución en las que ambos han incurrido y por las que no han rendido cuenta alguna.

La más grande violación a la ley que se haya dado hasta ahora en el sexenio, por parte de cualquier funcionario público en cualquier nivel de gobierno, se dio cuando el presidente Fox invitó al EZLN, con el subcomandante Marcos al frente, a realizar una recorrido por medio país. En aquel momento la izquierda estaba eufórica por el tour zapatista y la derecha pregonaba el talante democrático del presidente, por lo cual fueron muy pocas las voces que se alzaron para criticar la iniciativa foxista. ¿Qué fue lo que en ese entonces derecha e izquierda aplaudieron al unísono?: una violación a la Constitución. El EZLN es un grupo armado que en 1994 declaró la guerra al estado Mexicano y al Ejército. Aunque entraron a negociar con el gobierno a los 11 días del levantamiento, nunca depusieron las armas. El entonces presidente Carlos Salinas cumplió su objetivo de contención para dar estabilidad al país en las elecciones presidenciales ese año, y el siguiente mandatario, Ernesto Zedillo, le decretó la muerte pública al zapatismo y no hizo nada.

Su acción fue el equivalente de ordenar a todo el aparato de procuración y administración de justicia federal, que cerraran los ojos mientras se cometía un delito de él, el presidente, no del EZLN.

Otro momento clave en el manejo a discreción del Estado de Derecho por parte del gobierno se dio durante la administración de José Murat en Oaxaca, a propósito de su denuncia que había sufrido un atentado. La PGR investigó la denuncia de los hechos, en los cuales murió un policía en situación aún no aclarada, y concluyó que en realidad había sido un autoatentado. La PGR estaba decidida a pedir el desafuero y proceder penalmente contra el gobernador Murat, pero una instrucción de Los Pinos los detuvo. De acuerdo con funcionarios que conocieron de primera mano los detalles, el presidente fue persuadido de que no era conveniente proceder contra Murat porque iba a contaminar las elecciones federales del 2003. Quien argumentó contra el Estado de Derecho por razones políticas fue precisamente Creel, quien convenció a Fox de que, sería mejor sobreseer el proceso contra Murat a fin de mantener la estabilidad política, que es exactamente lo contrario a lo que señalan con respecto al desafuero de López Obrador.

Fox y Creel, en un espacio corto, han actuado en forma antagónica. Mucho más grave que el desacato de López Obrador fue la presunta mentira de Murat, donde hay un muerto. El criterio de cerrar los ojos ante la aplicación de la ley por la estabilidad política fue aplicado también ante las protestas de ejidatarios de San Salvador Atenco, en los suburbios de la capital, por la construcción de un nuevo aeropuerto, que canceló la más grande obra foxista del sexenio. Los ejidatarios blandieron sus machetes sobre las avenidas de la Ciudad de México y fueron asesorados por el EZLN, sin que el gobierno federal actuara. Fox y Creel prefirieron que se les tildara de pusilánimes, pero aplicaron la ley de la política y escondieron la ley a secas. Todo esto no justifica que López Obrador sea inmunizado por haber violado la ley. Pero que el gobierno foxista enarbole ahora esa bandera para buscar descarrillarlo de la carrera presidencial no sólo ratifica su talante autoritario, sino el abusivo y obsceno comportamiento de una administración que prueba la incompetencia a través de su doble moral política, y que no tiene vergüenza alguna en diseminar su propaganda sobre la aplicación de una justicia que no han aplicado dentro de los márgenes constitucionales y que, cuando les convino, la eliminaron de su camino.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.5-A de El Informador del 9 de abril de 2005).


Da risa ver a ciudadanos "de izquierda" defendiendo el derecho de una autoridad a aplastar el derecho ciudadano al amparo.

Luis González de Alba
(v.pág.4 "correo" del periódico Público del 8 de abril de 2005).


A la hora en que nos afecta una ley es la peor de las injusticias, pero son reglas que hemos establecido para tener un orden, y ese estado de derecho es lo que nos va a poder salvar como instituciones.

Francisco Ramírez Acuña, gobernador del Estado de Jalisco
(v.pág.10 del periódico Público del 8 de abril de 2005).


Lo que está en debato no son los derechos políticos de un aspirante presidencial, sino tres instituciones jurídicas de la democracia: el Amparo, el Juicio de Procedencia de Desafuero y el respeto a las leyes. Lo grave para López Obrador es que quiere ser presidente de la república pero sin respetar las leyes.

La pérdida de los derechos políticos de López Obrador para ser candidato presidencial en el 2006 será simplemente efecto y no causa del proceso judicial. Diga el señor lo que diga, se le juzga por violar la ley, no por estar adelante en las encuestas.

Ralf Dahrendorf, uno de los pensadores liberales más prestigiados, escribió hace poco: "en un país que ha dejado una dictadura, los constitucionalistas deberían reservar al ESTADO DE DERECHO el primer lugar y a la DEMOCRACIA el segundo". O lo que es lo mismo: si cuidamos el cumplimiento de la ley, la democracia se cuida sola.

Al pretender competir en el 2000 por la jefatura de gobierno del D.F., López Obrador no cumplía con la primera condición para poder hacerlo, la cual era tener al menos cinco años de residencia en la ciudad, pero gracias a una negociación entre su mano derecha, René Bejarano, y el entonces presidente Zedillo, ante las amenazas de movilizaciones y manifestaciones que hizo en repetidas ocasiones, le fue concedido, ilegalmente, el derecho a competir.

Con el mismo descaro que hace cinco años, el señor López Obrador ha logrado una exitosísima campaña mediática para confundir a la opinión pública haciéndole creer que lo que está sucediendo es una injusticia.

(Anónimo circulando en la internet).


El desafuero es lo menos importante. En el fondo no es relevante si la Cámara de Diputados despoja o no al jefe de Gobierno del Distrito Federal de su inmunidad.

Lo realmente significativo es si hubo o no un desacato: si el jefe de Gobierno de la ciudad de México violó una orden de un juez.

Tras examinar los documentos del juicio de amparo en el caso de El Encino, no puedo evitar la conclusión de que, efectivamente, sí hubo desacato. Me preocupa, como a cualquiera, la posible inhabilitación política de un hombre que se encuentra en primer lugar en las encuestas de opinión en la aún incipiente carrera por la Presidencia de la República. Pero entiendo que no puede haber dos leyes: una para los poderosos y otra para los demás.

La orden de suspensión es muy clara, como lo es el hecho de que los trabajos de construcción continuaron después de ella. Incluso después de que se declaró fundado el incidente, el Jefe de Gobierno no respondió a los exhortos para cumplir la orden judicial.

Quizá la falta no sea muy grave. Tal vez haya habido muchos otros casos en que algunas autoridades han violado las órdenes de un juez sin que se haya procedido contra ellas. Pero no encuentro cómo se puede pretender que el Ministerio Público se desentienda del asunto como si nada hubiera ocurrido. Tampoco entiendo que se pueda pedir al presidente que simplemente anule el proceso.

Un particular ha demostrado ante un juez que una autoridad ha desobedecido una orden y que los actos realizados en consecuencia lo han perjudicado. Si los tribunales simplemente dejan de actuar porque la autoridad que cometió el desacato es muy poderosa, o porque el presunto responsable es favorito para llegar a la Presidencia en el 2006, estaremos abdicando la posibilidad de que cualquier gobernado pueda usar el amparo para evitar los abusos de la autoridad.

Políticamente al país le conviene buscar una salida legal a esta disputa. Pero lo que no se puede hacer es simplemente exentar a los poderosos de la obediencia a la ley.

Sergio Sarmiento
(v.periódico a.m. del 7 de abril de 2005).


De los aztecas para acá, leyes grandes y pequeñas han sido violadas por los gobernantes de México. La Nueva España los sujetaba a juicio de residencia pero la república independiente nunca se distinguió por enjuiciar a sus gobernantes, dejando que el azar de la moralidad personal salvase a algunos sin que la regla de la moralidad pública condenase a otros. "Carrancear" es verbo privativo de la Revolución Mexicana y Alvaro Obregón salvó su brazo mutilado arrojando al aire una moneda de oro que las uñas ávidas del general sonorense saltaron a pescar.

La Revolución -y sus novelistas- sabían que la corrupción aceita la maquinaria del progreso. Taparle el ojo al macho ha sido una habilidad que, por desgracia, se ha extendido de la corrupción pecuniaria a la corrupción que entraña la represión, desaparición, tortura y muerte de ciudadanos disidentes. La impunidad ha sido la regla, de Topilejo a Tlatelolco a Aguas Blancas: crímenes mayores.

A la luz sombría de nuestro pasado remoto y reciente, el incumplimiento de una orden judicial sobre asunto menor por el jefe de Gobierno del DF parece, a todas luces, menor [...] existe la presunción muy extendida de que la motivación del juicio de desafuero es política, es electorera, es selectiva...

Carlos Fuentes
(v.pág.10A del periódico Mural del 7 de abril de 2005).


El hecho de que organice una manifestación en el Zócalo antes de acudir a la Cámara de Diputados, a más de ser un acto de presión amenazante, es nueva evidencia de que López Obrador pone la fuerza de la muchedumbre por encima del orden jurídico y de las instituciones. La ley le ofrece diversas vías para defenderse con buen éxito, pero él las hace a un lado y en su lugar usa los medios de la demagogia -pagados con dinero de los contribuyentes- para intentar mover la voluntad de quienes decidirán sobre su desafuero. Mal nos iría con un presidente así, que sin ninguna autorida moral, y sin intención de cumplir su juramento, protestara al ocupar el cargo "cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen"...

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.pág.11A del periódico Mural del 7 de abril de 2005).


En un estado de derecho sería perfectamente normal realizar un juicio, cuando así se requiera, pero en México se ha acostumbrado darle un trato político a un asunto que es eminentemente jurídico. Por eso el país ha estado sometido a tantos problemas, por darle un trato político a problemas que son técnicos.

Rafael Sánchez Pérez, diputado federal panista
(v.pág.5-A de El Informador del 6 de abril de 2005).


No debemos sucumbir a la negación de la justicia, abandonándonos a la ley de Lynch. Podrán cometerse todas las arbitrariedades imaginables; pero a la arbitrariedad no se le contesta con la arbitrariedad, se le contesta con el derecho. No llevemos la guillotina al zócalo. La guillotina es arma de dos filos y quienes la emplean pueden ser, como Robespierre, primero verdugos y finalmente víctimas.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 2 de abril de 2005).


Por más que se quiera argumentar la importancia que tienen los migrantes mexicanos para la economía estadounidense, la ley es la ley. Por más que se quiera defender a los indocumentados mexicanos, el problema fundamental es ese: son indocumentados.

Ana María Salazar, académica del ITAM
(v.pág.4-A de El Informador del 2 de abril de 2005).


Alguien por ser popular, por tener apoyo público, aspiraciones políticas y aceptación ¿tiene derecho a que no se le aplique la ley? ¿Se puede usar la presión pública para que no se aplique la ley? ¿Se vale que la movilización de la gente haga que entonces la ley se acomode y o se aplique para evitar turbulencia?

Enrique Jackson, coordinador de los senadores priistas
(v.pág.6A del periódico Mural del 31 de marzo de 2005).


Dicen que nada hay más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo, y a México ya le llegó el tiempo de convertirse en un país de leyes y oportunidades, y de hacer factible el ahora sueño mexicano (the mexican dream) en el que la corrupción, la ineptitud y la mediocridad sean cosas del pasado.

Vicente Fox pudo llegar al poder porque se montó en el sueño mexicano, en el deseo colectivo del cambio, gracias al cual todas las críticas y acciones (incluyendo las suyas) que se han enfocado contra la corrupción y la mediocridad, y a favor de gobiernos transparentes y eficientes, tuvieron y seguirán teniendo efectos multiplicadores porque forman parte de la imparable idea del cambio.

Si bien Fox, en su marketing político, se adueñó de la palabra y de la idea del cambio, ésta no es exclusiva de él, ni del PAN, ni de nadie en particular. La idea de cambiar para mejorar no es patente de nadie. Es parte de la naturaleza humana, y en este caso es propiedad intelectual de todos los mexicanos que queremos vivir en un país ordenado y administrado profesionalmente por gente honesta y capaz que anteponga el bienestar colectivo a los intereses personales o partidistas.

Esto comienza apenas a ser reconocido y aceptado por algunos políticos y gobernantes de diferentes partidos. Quien no lo haya comprendido aún, quien piense que en México todavía se vale ser corrupto e ineficiente, y al mismo tiempo impune, tarde o temprano terminará aplastado por ir a contra corriente.

Es tiempo de apoyar a quienes se atreven a exigir orden y respeto a la ley; a criticar públicamente a los que todavía se empeñan en gobernar sin transparencia y sin rendición de cuentas; a quienes se pasan un alto, se meten delante de una cola y hacen burla de la civilidad.

Unirse a causas comunes hará que los esfuerzos individuales no terminen convertidos en inútiles granos de arena que sólo sirven como tranquilizantes de conciencia, al decir que con ellos hicimos nuestra parte, aunque en la práctica no hayan servido para nada.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8A del periódico Mural del 31 de marzo de 2005).


Hace 15 días, MURAL publicaba una nota relacionada con el uso del clembuterol en el estado [de Jalisco], que no ha sido controlado por las autoridades, observándose un incremento en el número de casos registrados con relación al año anterior.

La razón del incremento de intoxicaciones la atribuyen las autoridades a la ambición de los ganaderos; pero para eso están o debieran estar [las autoridades], para canalizar las ambiciones por vías legales.

Se dice que en el medio se conoce quién vende y quién agrega el ingrediente y qué carniceros prefieren que la carne provenga de ganado tratado con clembuterol, ¿y no se logra acabar con el problema?, ¿no es acaso delincuencia organizada?

Moraleja: no sólo se necesitan mayores penas a quienes infringen la ley, sino que ésta se aplique.

Fernando Mayorga Castañeda
(v.pág.2A de la sección "Negocios" del periódico Mural del 31 de marzo de 2005).


Las "ejecuciones" -"aparente venganza entre narcos", consignan, de ordinario, las notas policiacas- que se han vuelto sistemáticas, ya no aterran a nadie. Como la impunidad que de ordinario las envuelve, son rutinarias. Esos asuntos se resuelven en muertos sin nombre ni apellidos, que van a dar a fosas comunes, y a crímenes sin castigo, en una sociedad cuyos gobernantes aún tienen la desfachatez de cantar loas al "estado de derecho" en que supuestamente vivimos.

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.5-A de El Informador del 30 de marzo de 2005).


Este país vive una farsa en cuanto a la posibilidad de exigir a los servidores públicos, de cualquier nivel, un mínimo de respeto a la ley. Valen hoy las palabras de Gabriel Zaid, crítico non de la realidad mexicana, cuando dice: "En México las autoridades pueden actuar como asaltantes, con la mayor impunidad, precisamente por ser autoridades. Pueden robar, humillar, someter, y seguir en su cargo. Ni todas, ni siempre, lo hacen, lo cual le da eficacia al abuso: es selectivo, queda al arbitrio de la autoridad [...] No vivimos en un estado de excepción, pero tampoco en un estado de derecho sin excepción. En esto pero no en aquello; aquí, pero no allá; con éste pero no con aquél; esta vez, pero no todas; rige la arbitrariedad disfrazada de cumplimiento de la ley" (Gabriel Zaid, Adiós al PRI, Océano, 1995).

Las leyes que establecen las responsabilidades de los servidores públicos, desde la Constitución hasta el más humilde reglamento municipal, están elaboradas para guardar una lógica perversa. Son aceptables, pero con tal enredo en los detalles que ningún funcionario público puede ser sancionado por sus conductas ilícitas, salvo, ojo, cuando los jefes decidan o los "intereses políticos" así lo pidan.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.14 del periódico Público del 27 de marzo de 2005).


La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Jalisco aprobó ayer descuentos del 75% en recargos a los morosos en el pago del predial y del agua desde el 2004 hacia atrás con el fin de que se pongan al corriente.

(V.pág.3B del periódico Mural del 17 de marzo de 2005).


El presidente Fox tiene toda la razón: no podemos legalizar el contrabando, pues los autos chocolate no sólo no pagan impuestos, sino que son chatarra contaminante que no dejan circular en EU. Fox dijo que si los legisladores quieren arreglar este contrabando, él podría imponer su veto.

José Yuste
(v.pág.47 del periódico Público del 11 de marzo de 2005).


La violación de un amparo significa dejar indefensa a una persona contra el atropello de un gobernante. Se trata de proteger el máximo valor que tienen los intereses de una persona. Si con arrogancia despreciamos el derecho de las personas, volvemos a crear una sociedad de esclavos.

Enrique Canales
(v.pág.8A del periódico Mural del 10 de marzo de 2005).


El destino del país, de cara a la sucesión presidencial, está en manos de unos cuantos que han centrado la vida pública en el caso de un gobernante local que un día decidió desafiar a la ley a ver qué pasaba (¿cumplió López con el requisito de residencia para ser elegible como jefe de Gobierno del Distrito Federal?) y hoy sigue tan campante, comportándose siempre al borde de la ilegalidad.

Víctor E.Wario Romo
(v.pág.4-A de El Informador del 7 de marzo de 2005).


En Jalisco se litiga con la mentira y muchos abogados buscan ganar un litigio falseando datos; falta cultura jurídica, tan necesaria si se busca solucionar conflictos a través de la mediación de un Instituto de Justicia Alternativa, consideró el presidente de la Asociación de Jueces, Armando García Estrada.

En Jalisco se forman abogados para el litigio y no para la negociación; para que funcione con éxito el Instituto, primero deberán acercarse a las universidades y pedirles incluyan en sus programas de capacitación, la mediación como una forma de solución de conflictos, y luego: conseguirle dinero.

(V.pág.17-B de El Informador del 7 de marzo de 2005).


La agrupación de taxistas "pirata" conocida como los Panteras, perteneciente al Frente Popular Francisco Villa, utilizará cada una de sus cerca de 15,000 unidades en el Distrito Federal y en al menos 12 estados de la república, para hacer de cada una de ellas una "célula" contra el desafuero del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Álvaro Castillo, líder de este grupo de operadores de transporte "tolerado", dicha organización es parte importante de la estrategia perredista contra el desafuero y aprovechará cada "llevada" de pasaje para trasmitir el mensaje de que López Obrador quiere ser inhabilitado por sus adversarios políticos.

Además, esta agrupación participará en las movilizaciones que sean convocadas por el jefe de Gobierno el día en que la Sección Instructora presente ante el pleno de la Cámara de Diputados su dictamen. "Nosotros, desde el año pasado, nos hemos estado manifestando a favor del jefe de Gobierno y el proyecto alternativo del PRD. Es por eso que nosotros lo seguiremos apoyando en todas las movilizaciones y las redes ciudadanas a nivel nacional", sostuvo.

(V.pág.24 del periódico Público del 6 de marzo de 2005).


¿Cómo justificar la aplicación de la ley en contra de López Obrador por encima de la gobernabilidad cuando ha sido precisamente este gobierno federal que justificando la gobernabilidad cayó ante 17 machetes en Atenco que impidieron la construcción de la principal obra del sexenio, permitió que el EZLN viajara por la mitad del país cuando mantiene una declaración de guerra contra el estado mexicano y dejó sin castigo el autoatentado del ex gobernador de Oaxaca José Murat?

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.5-A de El Informador del 5 de marzo de 2005).


El clenbuterol es una sustancia que ingresa al país, para el consumo de ganado bovino, en un acto de contrabando y como tal, prácticamente es imposible eliminarlo, argumentó ayer viernes el delegado en Jalisco de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Flores Chávez, al tratar el tema.

Con esta respuesta, al menos implícitamente, el delegado de la Sagarpa reconoció que no es posible acabar con esta conducta delictiva, que es combatida no sólo por la dependencia federal, sino también por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Salud Jalisco, con operativos coordinados en todo el estado.

(V.pág.6-B de El Informador del 5 de marzo de 2005).


El gobierno de Fox dice que el desafuero no lo inhabilita [a López Obrador] como candidato y tiene razón. Pero, de proceder el desafuero, la PGR le puede detener e iniciar un proceso penal (para eso solicitó el desafuero). En tal caso, si el Poder Judicial lo encuentra culpable, no puede ser candidato. Lo que no está claro es si puede ser candidato mientras se le esté juzgando. Por su parte, AMLO ha dicho que si lo apresan, desde la cárcel hará campaña. También eso es una mentira ya que no se puede hacer campaña estando preso.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.pág.4-A de El Informador del 2 de marzo de 2005).


Los juicios orales, al estilo estadounidense, son considerados como una posibilidad de agilizar las sentencias judiciales; sin embargo, para implementarlas se requieren reformas a la ley, desde la Constitución hasta la legislación local, y edificios adecuados para desahogar sesiones, en donde se confrontarán las partes, desahogarán pruebas, presentarán testigos ante un juez.

Una cosa es lo deseable; otra, lo posible. Los juicios orales obligarían a los litigantes a estudiar en serio. En estos momentos, tienen machotes en sus computadoras para hacer denuncias, anexar jurisprudencia, pero un alegato personal revolucionaría la prestación de justicia: ¿Ganaría el que tuviera mejor verbo o razón jurídica?

(V.pág.5-A de El Informador del 28 de febrero de 2005).


El problema es que las instituciones deben actuar de acuerdo a las necesidades reales y no a modas. El Banco Mundial, Wall Street y todos están haciendo presión para que se actualicen, pero la verdad es que el sistema judicial es ineficaz.

Los juicios sencillos de desalojo de una vivienda, llevan de tres a cinco años y mientras espera, el propietario del inmueble no puede hacer algo por recuperarla. Más aún se tardan cuando nos encontramos con jueces corruptos. Basta con visitar los juzgados para constatar la forma como vienen trabajando, con miles de limitaciones ¿Cree usted que en esas condiciones pueden organizar juicios orales?

José de Jesús Covarrubias, magistrado y doctor en Derecho Constitucional
(v.pág.5-A de El Informador del 28 de febrero de 2005).


La estructura del Poder Judicial, ya sea a nivel de los estados o del ámbito federal, es limitada, no está preparada para llevar a cabo juicios orales. Por ejemplo, en este momento, con el apoyo de los secretarios, un juez puede ventilar tres causas; sin embargo, en los juicios orales tendría que estar presente, y por lo tanto, apenas si tendría capacidad para atender una por día.

Armando García Estrada, presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco
(v.pág.5-A de El Informador del 28 de febrero de 2005).


Para los estrategas de Andrés Manuel, la forma y los tiempos en que combaten el posible desafuero de López Obrador va mucho más allá del desafuero mismo. Es una oportunidad para imponer en la sociedad su visión del momento que vivimos, del gobierno de Vicente Fox, de sus adversarios políticos y de las virtudes del jefe de Gobierno.

Incluso quienes trabajan en este caso a favor del jefe de Gobierno aceptan, off the record, que los errores y omisiones en que incurrieron los responsables de la oficina de asuntos jurídicos del gobierno de la ciudad fue -retorno sus palabras- criminal, y que su incompetencia está en el origen de la situación por la que hoy pasa el jefe de Gobierno. Sin embargo, de cara a las elecciones de 2006 insistir en el tema del complot y de la total ausencia de falta es más rentable para la campaña de Andrés Manuel.

Denise Maerker
(v.pág.22 del periódico Público del 27 de febrero de 2005).


Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en factor de división. Ha polarizado a su partido con los otros partidos; al gobierno federal con el del Distrito Federal, a la academia, a los periodistas, a la opinión pública. Sus desplantes, sus "no me rajo", nos dibujan como un país de caricatura, donde la ley es letra muerta.

Lo anterior fue escrito en este mismo espacio el 17 de abril de 2004. Era la época de los videoescándalos, del bejaranazo. Decíamos entonces: "Hay voces que reclaman su destitución (de López Obrador). En un país con una democracia sólida sería lo más natural para un alto funcionario que se pasa la ley por el arco del triunfo. Pero aquí es un irreparable error político. Es el camino más corto para hacerlo mártir y contribuir a su canonización política. Sería la venezuelización de la sociedad".

Hoy, diez meses después, ya tenemos un mártir que habla de ir a la cárcel y, si así conviene, de registrarse, aun tras las rejas, como candidato presidencial. Tenemos también la consigna "no al desafuero" hasta en la sopa. El error político ya está. Las torpezas de sus adversarios, tercos con el desafuero, combinadas con la estrategia para hacerlo parecer como la víctima, han ido tejiendo el altar de San Andrés mártir y lo han acercado a esa catedral del poder político que se llama Los Pinos.

Francisco Garfias
(v.pág.23 del periódico Público del 27 de febrero de 2005).


Señor Federico Reyes-Heroles, espero que no se interprete como "piratería intelectual" meterles tijera a algunas líneas de su libro "Entre las Bestias y los Dioses" (Ed. Océano), de reciente aparición...

Destaca usted, parafraseando "in extenso" a Montesquieu ("La ley, como la muerte, no debe exceptuar a nadie"), que "en los países con desarrollo pleno, el respeto a la legalidad es notable". "Los admiramos con cierta envidia difícil de ocultar -añade-. Todo mundo paga impuestos, se detiene ante la señal de alto, allí no se tira basura por la ventana. Decimos ‘es que ya accedieron al desarrollo; son civilizados’. Conclusión: desarrollo es legalidad (...). ¿O es a la inversa? Se podría invertir la tesis: porque en esos países se fomentó el respeto a la ley (...), porque el Estado exigió del ciudadano y viceversa, porque la legalidad fue prioritaria para esas sociedades, es que crecieron (...) y se enriquecieron (...). No es casual que sean justamente los países regidos por una estricta legalidad, donde se registran los niveles más altos de bienestar. Se trata -concluye- de una legalidad no sólo impuesta cuando es necesario hacerlo, sino sobre todo asumida y defendida por los ciudadanos".

(Esto, don Federico, habría que leerlo "en algún lugar de La Mancha..." donde proliferan las trampas, las arbitrariedades, las "mordidas", los automóviles "chocolates", las casas y negocios "colgados" con "diablitos" de los cables de la luz, los discos y las películas "piratas", etc., etc.).

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.5-A de El Informador del 24 de febrero de 2005).


En el PRD en las últimas semanas han tenido que hacer un esfuerzo fenomenal por esconder su desdén por el estado de derecho de algunos de sus copartidarios.

Empecemos por el jefe del gobierno capitalino quien negó que se utilice la burocracia y los recursos del DF para combatir su posible desafuero. El justificó la reunión de esta semana con más de cuatro mil trabajadores, como un mecanismo para "defender a un gobierno legal y legítimamente construido". Negando, López Obrador, que la reunión fue inicio de su campaña, subrayando que fue "un informe sobre el desafuero con el propósito de que los promotores y educadores informen a la gente" para promover la resistencia pacífica. El mensaje real de López Obrador es completamente otro: "Usaremos cualquier mecanismo, ya sea ilegal, o ilegítimo para asegurar que no me quiten mi derecho a ser presidente, y mucho cuidado, ya estamos organizando la resistencia violenta. Y no duden que voy a usar recursos de mi gobierno, lo usaron los priistas en su momento, y yo también lo haré".

Ana María Salazar, académica del ITAM
(v.pág.4-A de El Informador del 19 de febrero de 2005).


La razón de que en países como Estados Unidos veamos orden, civismo y respeto a la ley no es porque sus habitantes sean seres distintos o superiores a nosotros, sino porque violar la ley allá tiene serias consecuencias. Por ejemplo, cometer una infracción de tránsito, llámese exceso de velocidad, un impensable sentido contrario, vuelta prohibida, etc., produce una serie de efectos negativos que hacen que el ciudadano verdaderamente se preocupe por no cometer la infracción, pues la multa en sí es lo de menos. Para empezar el costo de la póliza de seguro del automóvil, que además es obligatorio tener para poder conducir un auto, se verá incrementado.

Pero estas medidas que producen respeto a la ley sólo se pueden lograr mediante acuerdos, leyes y reglamentos inteligentes y concatenados entre sí.

Lo que incentiva el cumplimiento de la ley, no es la ley misma, sino el que su violación tenga fuertes y permanentes consecuencias.

No es posible que quien se burle de la ley viva igual que quien la respeta. El historial delictivo de una persona o de una empresa debe ser motivo para encarecimiento de los servicios que recibe del Estado y de sus obligaciones para con la sociedad. Esto es simplemente justicia.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8A del periódico Mural del 17 de febrero de 2005).


Son cuando menos tres iniciativas para regularizar autos [de contrabando] las que se cabildean en San Lázaro. PRI, PRD y hasta el PAN le entraron al asunto, que tiene una fuerte implicación en la economía del país.

En la actualidad el parque vehicular nacional anda por los 14.8 millones de unidades. En el 2001, ya se regularizaron 1.8 millones, y de proceder cualquier iniciativa se regularizarían otros 2.3 millones más.

Esto significaría incorporar al mercado formal 4.1 millones de autos ilegales, que equivaldrían al 25% de una flotilla que se elevaría a 17 millones de veículos.

Se estima que por cada vehículo informal que ingresa al país se desplazan del mercado secundario dos autos usados formales. Esto lleva a que se desplacen alrededor de 5 millones de unidades legales.

Darío Celis Estrada
(v.pág.2A de la sección "Negocios" del periódico Mural del 10 de febrero de 2005).


Cientos de campesinos provenientes de diferentes estados del país rompieron a empujones y con ayuda de tractores y caballos el cerco policiaco que resguardaba las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

El personal de la Policía Federal Preventiva (PFP) lanzó gas lacrimógeno para dispersar a la gente, pero fracasó el intento.

En respuesta, los ejidatarios poncharon las llantas de varios camiones de la PFP.

Lograron su cometido, los atendió su titular Santiago Creel.

(V.pág.10-A de El Informador del 8 de febrero de 2005).


El dicho Peje-jefe dice que sería una vergüenza y un deshonor para México que a un jefe de gobierno se le llegara a sentar en el banquillo de los acusados, quitándole el alto puesto.

Sí, habló bien el señor López [Obrador]; pero debió aceptar que antes es una vergüenza y sucio baldón ante el mundo el caso de un funcionario de tan alto nivel que se burla de las leyes, que llegó a pisotear las reglas, que desconoce el peso e inviolabilidad de los mandatos constitucionales y de quienes deben hacer que por todos sean cumplidos.

Y como está dando indicaciones, publicando consignas para que ese día, el mismo día, a la misma hora, y desde el mismo sitio desde donde la Cámara de Diputados pudiera decretar su desafuero, ahí mismo se inicie una movilización de las más grandes proporciones, como protesta pública de ardientes multitudes en protesta contra la ley y su aplicación.

Quiere decir esto que se trata de una embestida contra las normas del Derecho; lo más inconcebible e irritante de ello es que incita no sólo a chusmas de gente que no piensa, no entiende, no tiene capacidad de discernimiento, sino que los diputados de su color, dicen que harán el juego, que están dispuestos a participar todos en todo lo que mande el jefe.

Luis Sandoval Godoy
(v.pág.4-A de El Informador del 8 de febrero de 2005).


El peje en acción

(Paco Calderón, febrero 3 de 2005).
El secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, reconoció que uno de los elementos principales para atraer inversiones al país y generar un mayor número de empleos es la vigencia plena del estado de derecho.

(V.pág.9-A de El Informador del 2 de febrero de 2005).


Uno de los reclamos más sentidos de los mexicanos es la impartición de la justicia de manera ágil y expedita y, en gran medida, de que se cumpla esta demanda depende que en México se consolide el estado de derecho y, con ello, la seguridad jurídica de la sociedad.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 29 de enero de 2005).


Un gobierno es la organización de personas a la cual se le adjudica la toma de decisiones públicas y el cumplimiento operativo del bien común en la práctica diaria. Su ámbito principal es la resolución de disputas, protegiendo primero la seguridad de la vida y propiedad de cada individuo; y luego la administración de la justicia -incluyendo el ámbito de acuerdos y contratos privados. Quien se dice gobierno y no cumple en lo mínimo con esto es un simple impostor con disfraz.

El estado, por contraste al gobierno, es el orden jurídico y político que regula las relaciones sociales en un ámbito territorial. Su autoridad es sustentada sobre el acuerdo social que deposita el monopolio de la fuerza física en las instituciones -ojo, no en las personas. En un extremo, puede convertirse en el monopolio de la violencia tirana de un dictador; en el otro extremo puede evolucionar hacia una república madura, regida por un sistema de derecho congruente y eficaz.

Norberto Alvarez Romo, promotor de desarrollo sustentable
(v.pág.5-A de El Informador del 29 de enero de 2005).


En México circulan entre dos y dos millones quinientos mil automóviles de origen ilegal, como consecuencia de las iniciativas de regularización y del contrabando.

En los últimos 25 años han existido 14 disposiciones de regularización y actualmente se discuten con este mismo objetivo varias iniciativas en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

En las iniciativas existen dos denominadores comunes: el supuesto impacto social a favor de los propietarios y el compromiso legislativo de que se trata de la "última" regularización.

Con la ley de regularización de automóviles en 2001 se formalizaron 1'800,000 vehículos, y de aprobarse una nueva iniciativa, en el periodo 2005-2006 se agregarían 2'300,000 unidades. En total serían 4'100,000 unidades que de un parque vehicular estimado en 17'000.000, representarían 24%, o bien la cuarta parte de los automóviles en México.

Entre las causas de la internación ilegal de vehículos destacó la ineficiencia, corrupción y escasez de recursos en el sistema aduanal mexicano, así como la ausencia de voluntad política para combatir el contrabando. Además, la inexistencia de un registro público vehicular y el privilegio de la economía informal sobre la formal.

La nutrida población de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano con permiso para internar vehículos, y la prolongación de éste hasta la estancia definitiva de las unidades, es otra de las causas del problema.

Los efectos de la internación al país de autos "chocolate" afectan a toda la cadena productiva de la industria, además de que contribuye al clima de inseguridad pública, merma la recaudación fiscal y daña gravemente el medio ambiente.

En Estados Unidos se venden 17 millones de autos al año y se desechan cerca de 14 millones, en tanto que en México se vende un millón de automotores y se desechan 100,000 unidades.

Es necesario un compromiso real de los gobiernos federal y estatal para prevenir y combatir la ilegalidad.

(V.pág.8-A de El Informador del 18 de enero de 2005).


Los dueños de por lo menos un millón de fincas con servicios públicos de agua, energía eléctrica, seguridad y recolección de basura, evaden el pago del impuesto predial en sus respectivos municipios.

Así lo informó el investigador del Departamento de Técnicas de Construcción de la Universidad de Guadalajara, Sergio Valdez Angulo, quien mencionó: "si consideramos que en promedio cada propietario debe pagar 400 pesos de predial, el gobierno estatal deja de percibir 400 millones por tal concepto cada año".

El origen de esta evasión radica en los propietarios de grandes ejidos, quienes venden esos lotes de manera ilegal, es decir, sin escriturar los predios, de manera que no aparecen en el registro de catastro.

El arquitecto subrayó que los contribuyentes cautivos subsidian el costo de los servicios que otorgan los ayuntamientos a las colonias clandestinas, en vez de que ese dinero sirva para mejorar la calidad de los mismos.

(V.pág.3-B de El Informador del 18 de enero de 2005).


Manuel Camacho Solís en 1994 se había apostado que sería el sucesor de Los Pinos, pues se lo habían dicho claramente que "gobernar la capital es como gobernar el país" y con esa idea gobernó la ciudad, preparándose todos los días para gobernar al país, sin importar los medios, ni las fuerzas de los vendedores ambulantes con las que había negociado, como ahora Andrés Manuel López Obrador lo hace con los taxis piratas y los miembros de la tercera edad, más los recientemente llamados comités de redes ciudadanas.

Martín Casillas de Alba
(v.pág.5-A de El Informador del 11 de enero de 2005).


63 diputados del sector campesino del PRI, que coordina Jesús Morales Flores, buscarán la aprobación de un decreto para regularizar los más de dos millones de vehículos de procedencia extranjera que se utilizan en el campo mexicano [de procedencia extranjera son todos, ya que no hay marcas mexicanas, a lo que se refieren estos sinvergüenzas es a los vehículos de contrabando que se utilizan donde quiera, no sólo "en el campo" - El webmaster].

(V.pág.7-A de El Informador del 11 de enero de 2005).


Se podrá argumentar que muchos de estos casos no están en las manos de la autoridad evitarlos y es verdad, pero lo que sí depende de las autoridades, sobre todo de las federales, es romper con la percepción de que todo se puede, de que todo está suelto. Si cada día más comunidades (tengan o no razón en sus reclamos) recurren al expediente del secuestro de funcionarios, es porque saben que llamarán la atención y no pasará nada: no pagarán ningún costo. Si un narcotraficante puede ordenar el asesinato de otro en un penal de máxima seguridad (y no se trata de un prietito en el arroz como dijo Gonzalo Altamirano Dimas, sino del tercer caso en el mismo penal en menos de nueve meses), se sale con la suya y no le pasa nada, si no paga costo alguno, la percepción es, nuevamente de impunidad. Si se puede asesinar a funcionarios y no hay detenidos ni costos para quienes lo ordenan, esa sensación de impunidad se refuerza. Las autoridades federales no han logrado avances en romper esa cadena y, por el contrario, se ha fortalecido la opinión de que todo se puede y de que no se pagan costos por ello. Y esa percepción es un ingrediente político fundamental para comprender la capacidad del estado de mantener la gobernabilidad del país. Y de poco sirve que el presidente Fox, por ejemplo, hable de que este año será mejor o que existen avances reales en el país, cuando cotidianamente se observa que los hilos de la seguridad están sueltos.

Se requiere mucho más que algunas decisiones coyunturales para revertir esta situación. El gobierno federal no parece entender que el desafío de la seguridad (con toda la complejidad que implica la relación del crimen organizado con otros grupos de poder, incluyendo grupos armados, sectores de poder económico y político, la propia guerra entre estas organizaciones) es, en realidad, el mayor de los desafíos políticos que deberá enfrentar la administración Fox de aquí al fin de su mandato, por encima, incluso de las elecciones del 2006, porque, como vimos en 1994, es ese ambiente y esa percepción las que pueden romper con la estabilidad política e incluso la económica.

Jorge Fernández Menéndez
(v.México Confidencial del 7 de enero de 2004).


Diputados, senadores, magistrados, secretarios y presidente tienen bien delimitados sus deberes y derechos para cumplir y hacer cumplir la ley, anteponiendo intereses nacionales a cualesquiera otros, incluyendo los de sus partidos y sectores. Esta es la difícil facilidad del ejercicio sano para el que fueron electos en el acto más democrático que ha tenido la ciudadanía durante los últimos 100 años. Esto no es cualquier evento y debe ratificarse en la práctica de aquellos que fueron electos, sin olvidar precisamente que son autoridades. Soslayarlo en traicionar la democracia.

Carlos Cortés Vázquez, consultor en comunicación
(v.pág.5-A de El Informador del 4 de enero de 2005).


Quizá el aspecto más positivo de esta disputa es que se está dirimiendo de una manera institucional. No hubo un intento del presidente Vicente Fox de simplemente publicar lo que quiso del presupuesto, como hizo Andrén Manuel López Obrador en el Distrito Federal hace algunos años en un momento en que la Asamblea Legislativa votó un presupuesto con el que no estaba de acuerdo. Fox publicó el documento aprobado por los legisladores y al mismo tiempo promovió la controversia ante la Suprema Corte. A pesar de las descalificaciones intercambiadas entre el presidente y los diputados, ninguno está tomando un camino fuera de la ley.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, ha arremetido en varias ocasiones en contra de las decisiones de los jueces. Pero lo hace cuando los fallos le son adversos y no cuando lo favorecen.

Sergio Sarmiento
(v.pág.4A del periódico Mural del 23 de diciembre de 2004).


Quienes toman la justicia en sus manos suelen "linchar" a delincuentes comunes que, en su opinión, han escapado a la justicia. Recientemente han empezado a atacar a funcionarios públicos sospechosos de corrupción. En mayo pasado, una turba en el pueblo peruano de Ilave golpeó al alcalde tras acusarlo de malversación, lo arrastró a la plaza pública y lo dejó ahí hasta que murió. "Los linchamientos están fuera de control", dice Mark Ungar, experto en la reforma policiaca en América Latina de la Woodrow Wilson International School for Scholars, con sede en Washington. "Se extiende en el sentido en que la gente persigue a delincuentes, funcionarios e incluso gobiernos, y una vez que empieza, es muy difícil detenerlo".

Scott Johnson
(v.pág.18 de la revista Newsweek en Español del 20 de diciembre de 2004).


Ayer, el candidato desde Gobernación Santiago Creel declaró en un acto con mujeres en Querétaro que si los policías capitalinos llegaron a tiempo a Tláhuac, debieron haber puesto orden, aplicado la ley y no negociar. Y tomando en cuenta los ilustres ejemplos y la gran experiencia que este gobierno del cambio ha mostrado en hechos donde se ha puesto en marcha el orden y el respeto, no hay más que darle la razón al hombrecillo de Bucareli.

Como botón se tiene el caso de los ¿20? macheteros de Atenco que lograron salirse con la suya y derribar -sin piedra- el proyecto de infraestructura más importante del sexenio. Se sublevaron, retaron cínicamente a la autoridad, se pitorrearon de ella y llegaron a la frontera de la violencia. El final se lo sabe de memoria.

Marcela Gómez Zalce
(v.pág.22 del periódico Público del 17 de diciembre de 2004).


No torcemos la ley ni amenazamos con hacerlo, actuamos con firmeza para que se cumpla la ley, la aplicamos, y en ello no nos tiembla la mano. La ley no se negocia, el Estado de Derecho está y estará siempre por encima de cualquier interés de grupo.

Viente Fox Quesada, presidente de México
(v.pág.26 del periódico Público del 17 de diciembre de 2004).

(Comentario del webmaster: ¿De labios para afuera? Porque lo que se ha visto ha sido otra cosa, y para ello basta darle una buscada en esta página. Desde que se inventó la internet se acabaron los desmemoriados y a los habladores se les pone en evidencia.)


Hasta el 2003 el jefe de gobierno [del D.F.] navegaba en varias aguas: adoptaba medidas controvertidas, era notorio que no le gustaba que lo controlaran otros poderes, caía en algunos exabruptos, pero al mismo tiempo trataba de tender lazos a otros sectores, trataba de no romper con otros poderes, se notaba relativamente respetuoso de las críticas, aunque ese nunca haya sido su fuerte. Pero todo cambio desde las elecciones de medio término del 2003, cuando se quedó con la mayoría absoluta en la ciudad, estaba en el cenit de las encuestas electorales para el 2006 y decidió que había llegado la hora de iniciar el asalto final no sólo hacia la candidatura sino también hacia el control, sin oposición, de su partido. Desde entonces López Obrador ha comenzado a mostrar su verdadera cara: la de un político intolerante, necio, quizás sí comprometido socialmente pero que subordina todo a un objetivo: la obtención del poder, un poder que concibe no como una forma de superación de las taras actuales que exhibe nuestro sistema, sino como un regreso a un afortunadamente lejano ya pasado lopezportillista.

En apenas un año, el jefe de gobierno ha perdido a su principal operador financiero, Gustavo Ponce Meléndez, preso por corrupción, a su principal operador político, René Bejarano, también preso por corrupción, y acaba de perder a su principal carta para reemplazarlo en el 2006, Marcelo Ebrard derivado de los hechos de Tláhuac. En el camino, ha roto con el poder judicial; se ha distanciado del legislativo (desde sus oficinas, por ejemplo, se instrumentó la toma de la tribuna para tratar de evitar el desafuero de Bejarano); ha roto con todo un sector del PRD, representado por Cuauhtémoc Cárdenas que tiene más peso del que estima el propio López Obrador; se ha distanciado y enfrentado con los principales miembros del empresariado nacional; ha hecho muchas declaraciones que han lastimado a las fuerzas armadas; se ha burlado de las organizaciones de la sociedad civil que organizaron la mayor marcha de la historia reciente del país exigiendo acabar con la inseguridad. Y obviamente, sigue estando ahí en las encuestas, pero ya ha comenzando el declive, persistente, punto a punto pero constante en las encuestas, mientras que ha logrado que la opinión en torno suyo se haya polarizado hasta tener aproximadamente una mitad del electorado que jamás votaría por él para el 2006.

El mayor de los defectos que ha mostrado López Obrador es la falta de oficio político para aceptar errores, lo que lo ha llevado a entramparse con su propios dichos una y otra vez. Cuando se divulgó el salario de su chofer Nico, que era prácticamente igual al suyo, salió con que se trataba de su jefe de logística, seguridad y casi asesor político que además conducía su automóvil. Mucho más grave cuando se dieron a conocer los videos de Ponce Meléndez jugando en las Vegas, y de Bejarano e Imaz embolsándose literalmente el dinero que les entregaba Carlos Ahumada: inició una persecución feroz contra éste, pero nunca se deslindó de sus colaboradores e inventó la tesis del complot, en los que fue colocando de acuerdo al momento y la circunstancia a todo mundo, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos hasta los medios que no le son afines, encabezado nada menos que por "el Innombrable", Carlos Salinas de Gortari identificado como el responsable de todos los males del país.

Toda la saña fue para sus adversarios, internos o externos. Fue juarista, por lo menos en un sentido: "a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la justicia a secas".

Vino después la historia del desacato y su posible desafuero. Ese episodio lo ayudó porque le permitió colocarse como víctima. Pero eso no puede ocultar que en reiteradas ocasiones, mucho más allá de lo sucedido con el predio El Encino, el jefe de gobierno había ignorado órdenes judiciales y había decidido tratar de jugar políticamente dentro de la propia Corte. Y el poder judicial se cansó. El jefe de gobierno, en lugar de haber aceptado ese fallo desde meses atrás, simplemente, como demostración de poder, lo ignoró y entró en una nueva crisis política.

Argumenta que eso lo han utilizado sus adversarios para golpearlo: es verdad ¿acaso esperaba que fuera de otra manera?. Cuando un político comete errores y se exhibe, siempre sus adversarios tratan de sacar partido de ello.

Vino luego la marcha contra la inseguridad y se escribió una de las páginas de mayor intolerancia y falta de autocrítica de López Obrador. Las organizaciones sociales convocantes se convirtieron en agentes de la ultraderecha y en un capítulo más del complot, calificó a los manifestantes, millones que marcharon por las calles de la ciudad, de "pirruris" e ignoró públicamente todas las demandas. Terminó tratando de gestar, al estilo Chávez, contramarchas de autodefensa que terminaron siendo un nuevo ejercicio de acarreo y manipulación. Nunca aceptó que la seguridad debía mejorar.

Vinieron los hechos de Tláhuac. Es evidente que si ocurre un linchamiento de una persona, sea policía federal o el más simple ciudadano en algún lugar de la ciudad, la responsabilidad original de los hechos es de las autoridades locales que están encargadas de garantizar la seguridad de la gente y evitar que se haga justicia por propia mano. La lista de mentiras que han dicho las autoridades capitalinas para justificar su inacción en Tláhuac es increíble y van desde su afirmación de que no habían podido llegar al lugar de los hechos por la "orografía" hasta el cinismo de decir, cuando se exhibió el video que demostraba que desde el principio esas fuerzas policiales estuvieron allí sin hacer absolutamente nada, que efectivamente habían estado, festinar que sí habían llegado y decir que habían hecho lo "humanamente posible" por evitar los linchamientos, cuando las imágenes están demostrando exactamente lo contrario. Una vez más en lugar de aceptar que hubo errores y castigar a los responsables, López Obrador ha tratado de protegerlos, de justificar lo injustificable, con un costo político cada vez más alto en su propia credibilidad.

¿Cuál es el temor que genera López Obrador de cara al 2006? ¿No hay acaso muchos otros políticos tan buenos o tan malos como él? Por supuesto que sí, hay mejores y hay peores, pero el rasgo de su personalidad política que se exhibió en toda esta historia del 2004 es el preocupante: el de la intolerancia y la no aceptación ni de errores ni de hechos cuando no le son favorables. Y muchos se preguntan ya no si ganará el 2006, sino si será capaz, si no gana porque sus números van en declive, de aceptar su derrota.

Jorge Fernández Menéndez
(V.México Confidencial del 17 de diciembre de 2004).


Es inconcebible que en pleno Siglo XXI sigan existiendo mafias toleradas por autoridades, como el caso de los taxistas y camioneros de Puerto Vallarta. En este paraíso natural dichos sujetos se rigen por la ley de la selva (tropical). Hace una semana bloquearon el tráfico como respuesta a la exigencia de que usen taxímetros. Su argumento inicial fue que, si no lo han usado por 30 años, no hay razón para que ahora lo usen. Después, al caer en cuenta de lo ridículo de su reclamo, lo cambiaron por una exigencia para incrementar las tarifas. ¿Cuáles tarifas si cobran lo que les da la gana?

La autoridad no ha querido resolver el problema. Han pasado gobernadores y presidentes municipales del PRI y del PAN sin que las cosas cambien. El servicio de taxis es un servicio público que el gobierno estatal permite ofrecer a particulares. La idea original de la subrogación de servicios era que los trabajadores del volante tuvieran los permisos para ofrecer transporte al público. En la actualidad, los permisionarios son personajes "con palancas" que consiguen los "permisos" del gobierno y ganan dinero sin trabajar.

Situación similar existe con los camiones urbanos de Puerto Vallarta. La mayoría de las unidades no tienen ni siquiera placas y la autoridad nada más les ve pasar. La solución parece fácil de resolver. Simplemente se le quita el permiso a quien no cumple con la ley. Si no lo han hecho las autoridades es porque de alguna manera son parte del juego. En este ámbito, al igual que en otros cánceres sociales, seguimos esperando el cambio.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.pág.4-A de El Informador del 15 de diciembre de 2004).


Ante la evidente ausencia de autoridad no se aspira al imperio de la ley otorgante de justicia. Por eso la población la toma con su mano. Al amparo de la libertad convertida en libertinaje se cometen escandalosas manifestaciones contra instalaciones públicas. La caseta de cobro en la carretera de cuota Guadalajara-Zapotlanejo supuestamente protegidas por la fuerza pública que, rebasada, no pudo menos que ceder ante la población enardecida por la palabra de un legislador, también supuestamente electo para dirimir en la tribuna los argumentos legales del beneficio social.

Carlos Cortés Vázquez, consultor en comunicación
(v.pág.5-A de El Informador del 14 de diciembre de 2004).


Durante la administración del actual jefe de gobierno [del D.F.] se han registrado 24 casos de linchamiento con diversos pretextos, lo mismo en la delegación Tlalpan, que en Milpa Alta, Alvaro Obregón y hasta en el centro de la ciudad. La gente se hace justicia por su propia mano porque ya no cree en las instituciones que la procuran e imparten. La corrupción brota en todos los niveles de los cuerpos de seguridad de la capital a quienes la ciudadanía no les concede la menor credibilidad; teme desde al policía de la esquina hasta al agente del Ministerio Público; no se diga a los funcionarios del gobierno central o delegaciones.

Francisco Rojas
(v.pág.2-A de El Informador del 7 de diciembre de 2004).


La teoría de la Tolerancia Cero consistió en darle la debida importancia a toda clase de ilícitos cometidos por un delincuente sin menospreciar algunos considerados en ciertas latitudes como faltas administrativas menores, pero que a base de no ser perseguidas y castigadas van creando una sensación de impunidad en el delincuente que así ve como otras muchas personas, ante la evidencia de que al cometer un delito no tendrán ningún castigo, se animan a delinquir, cosa que ante ese mal ejemplo de otros pero sancionado por la autoridad competente hubiera provocado en muchísimos de los que por esa impunidad se convierten en delincuentes, simplemente el que nunca hubieran siquiera pensado en realizar actividades ilícitas.

Giuliani ponía el ejemplo del vidrio de una casa o de un local comercial que es destrozado por una pandilla en principio por simple motivo de vandalismo. Si la misma pandilla pasa al día siguiente por el lugar donde hicieron su tropelía y constatan que el desperfecto no fue arreglado deducen inmediatamente que existe descuido de parte de los dueños, por lo que se animarán a perpetrar un asalto ante la falta de reacción de los afectados o de los encargados por velar por la seguridad de ese local.

Es lamentable que la teoría de Guiliani sólo sirviera para pagarle magníficos honorarios por parte del Gobierno del Distrito Federal, pero no fuera seguido su consejo por miedo a perder esa popularidad de la que se enorgullece su jefe de gobierno.

De haber llevado a la práctica la asesoría pagada a Giuliani, eventos nefandos como los acontecidos en la delegación de Tláhuac, la semana pasada, no tendrían porqué darse.

Juan de la Borbolla R., catedrático universitario
(v.pág.5-A de El Informador del 6 de diciembre de 2004).


Para evitar hechos similares [a los linchamientos en la delegación Tláhuac] se deben tomar medidas enérgicas, porque si la justicia no funciona, la gente buscará cómo hacerla efectiva y eso es lo dramático.

Emilio Alvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(v.pág.6-A de El Informador del 6 de diciembre de 2004).


Con el aumento de los secuestros y asesinatos en México, son más los casos de justicia por propia mano. El gobierno ha sido, en lo general, incapaz de arreglar un sistema judicial inepto. Según un estudio de investigadores mexicanos y estadounidenses, al menos 95% de los casos criminales terminan sin resolverse. "Para la mayoría de los criminales, las posibilidades de ser capturados son nulas", dice Jorge Chabat, uno de los autores del estudio. "Es terrorífico".

(V.pág.5 de la revista Newsweek en Español del 6 de diciembre de 2004).


Resulta que las empresas mundiales han tomado el asunto de la administración de la justicia -y el "Estado de Derecho"- como punto fundamental para invertir o dejar de invertir, para que algún lugar se desarrolle, mientras otros quedan como nosotros... nada más mirando y envidiando. Si no hay justicia gratuita, rápida y atenida sólo a derecho, no hay inversiones.

Ahora sí que en todos los países están exigiendo terminar con el secretismo -dejar de hacerle al misterio- en los juicios. Abrir al máximo la oportunidad de que quien sea oiga y vea cómo se imparte justicia. Apresurar los asuntos, porque la justicia que no llega a tiempo, no es justicia. Y hacer responder a jueces y procuradores de la justicia por sus actos. Juego abierto, pues.

Todo eso para acabar con la corrupción que es el factor dominante en la "impartición de lo justicia" entre nosotros. Mordida, influyentismo, nepotismo, dominio de grupos políticos, leguleyadas... todo el cochinero que padecemos desde siempre.

Al principio los jueces no querían abrirse. Pero ya les dijeron que son "órdenes de arriba". Palabras mayores en esta "soberanía". Cualquiera entiende que una desobediencia lo conduciría a pasar de juez, a juzgado. No es broma, ni es rollo. Ya hartaron a quienes no debieron.

Y no es nada más en México la exigencia. Es universal. Cada país, cada región, tendrá que adecuar leyes y procedimientos a los gringos... o atenerse a la Madre de Todas las Batallas. No les están preguntando, les están ordenando.

Por ello, una vieja aspiración mexicana: el regreso a los juicios públicos orales, está por hacerse realidad. Tribunales y juicios “como en las películas”, como los vemos en la tele, al descubierto, dando la cara y poniéndose de pechito a la crítica de enterados y diletantes... juicios incluso transmitidos de principio a fin en cadena nacional. Para que la gente vea y oiga cómo se procura e imparte la justicia en su país. O sea: jalar cobijas, para complicar la corrupción, sacarlos de lo oscurito, dificultarles el jueguito de las compras-ventas de sentencias, del tráfico de influencias y de la efectividad de las consignas. Ahora sí que les están llegando.

Todo por andar tratando a los extranjeros, a los inversionistas de fuera, como nos tratan a los mexicanos y mexicanas. Pensaron que todo el monte era de orégano, que todos eran igual de dejados y agachados. Algunos prefirieron dar la mordida y entrarle a la entrañable corrupción, pero otros se hartaron y no están más dispuestos a tolerar tanta incertidumbre y sinvergüenzada.

Por eso ahora los oye y mira usted presumiendo de "transparencia". Lo que hace unos años no se podía, no se valía, no era prudente, ahora es justo, meritorio, factible, aparte de espléndido. Todo era cosa que se los ordenaran en inglés, porque en español nunca lo comprendieron.

Y ahora, cuando necesitan saber lo que de ellos y de sus sitemas se dice y piensan entre los "simples mortales", pegan gritos de asombro. Ni idea tenían de cuanto los "súbditos" opinan de jueces y administración de justicia.

Aquí les aplicaron una prueba de las del Banco Mundial. Para pronto supieron que 75% los consideraba lentos, de justicia tardada. Luego: 33% los considera corruptos; o sea: una de cada tres personas les sabe o les sospecha... y en ese ambiente.

Más de la mitad (54%) consideró que la peor falla está en las leyes. Diputados ignorantes, buenos para nada, leyes malas, pretextos a mano para las peores barbaridades de los jueces.

Total que andan entre mal y pésimo, en cuanto a opinión. "A nivel" de árbitros de futbol.

Y lo peor para ellos y ellas es que ya no van a poderse meter debajo de la cama a esconder sus asuntos. La justicia será juzgada, en serio... y por instancias internacionales a las cuales no podrán amedrentar.

Gregorio González Cabral
(v.pág.9A de Ocho Columnas del 5 de diciembre de 2004).


La lidereza del PRI capitalino, María de los Angeles Moreno, advirtió que los hechos de Tláhuac ponen de manifiesto el peligro de no respertar la legalidad en México.

El gobierno del D.F. Ha tratado de alcanzar objetivos, pero sin cumplir con la legalidad, sentenció, tras considerafr esto como uno de los rasgos más preocupantes del gobierno capitalino.

"Todos tenemos que ajustarnos al Estado de Derecho, respetar la ley en cualquier espacio que sea, grande o pequeño, y creo que esto es un asunto que debe atenderse prioritariamente", apuntó.

(V.pág.5A de Ocho Columnas del 5 de diciembre de 2004).


En medio de la especulación de la eventual dimisión del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard por parte del presidente Vicente Fox, el funcionario capitalino respondió que aunque Fox tenía la facultad para destituirlo, él no se iba. Ebrard estaba animado por las declaraciones del jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, quien poco antes había asegurado que Ebrard no se iría aunque lo pidiera el presidente.

Si en este país la política fuera seria y profesional, el desafío de López Obrador a Fox hubiera sido motivo, cuando menos, de un extrañamiento generalizado porque socavó la institución presidencial. Probablemente López Obrador, quien siempre dice proteger la institución presidencial -a la única que le profesa respeto, quizás por ser la única en la que está pensando-, no reparó en el gran daño infringido. Pero cuando Ebrard reta a Fox, la violación se agrava porque no sólo lo reta a él, sino se declara listo para ir a la ilegalidad. Por el solo hecho de esa actitud, Fox debía haber cesado a Ebrard, y no responderle sólo con palabras, subrayando la inconsciencia del gobierno foxista sobre lo que es gobernar.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.5-A de El Informador del 4 de diciembre de 2004).


Cuando los equipos de televisión comenzaron a grabar y sus micrófonos se colocaron en la boca de los policías, la gente se empezó a violentar más. Hubo quienes robaron [cámara], los golpearon más, o luchaban por sound bites como "ahora los vamos a quemar". Las cámaras no dejaron de grabar toda la saña durante el asesinato, pero por [su] altísimo contenido violento optaron por no transmitirlo. Concluido, los ejecutores se fueron a dormir a sus casas. Las televisoras habían logrado captar, en tiempo real, la ruptura del orden legal en México y la total ausencia de autoridad.

Las televisoras, además de atestiguar todo el proceso del linchamiento, probaron de manera superlativa la ingobernabilidad, que cobra un mayor énfasis porque no se dio en el país rural profundo, sino en la Ciudad de México, el corazón político y económico de la nación. De esta forma, fue el impacto de las imágenes lo que presionó y provocó una reacción gubernamental como no la había habido en materia de seguridad pública durante el sexenio, y colocó el tema de la desintegración social y la mala política en el centro del debate.

Ya se dieron casos de manifestaciones que se vuelven violentas únicamente en la presencia de la televisión. Muchos grupos terroristas se reciclan a través de los medios de comunicación y los secuestros políticos dejarían de tener impacto si nadie los difundiera. En este caso, la toma de decisiones resultó la menos desafortunada, pero los medios corrimos con suerte por la negligencia de la autoridad. Este es el punto central: si el papel jugado por los medios en los linchamientos resultó al final del día positivo al exhibir las miserias de la autoridad, y luego al permitirles identificar a los responsables de la ejecución, no fue resultado de un proceso, sino porque las condiciones los llevaron por ese camino.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4-A de El Informador del 2 de diciembre de 2004).


Entre 1987 y 1998 se registraron 103 linchamientos en México. Entre julio y noviembre del año 2004, hubo 12.

Héctor Aguilar Camín
(v.pág.5-A de El Informador del 2 de diciembre de 2004).


Resulta evidente que tanto el presidente Vicente Fox Quesada como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, ignoran el principio criminológico que dice: "Delito que no se castiga, delito que se repite".

En el DF, ha habido linchamientos, y autoridades competentes nada han hecho; ahora allí tienen repetición de linchamientos peor que salvajes.

Para colmo, Alejandro Encinas, secretario general de Gobierno del DF, tuvo un "lapsus tonto" diciendo, que dicho linchamiento "era un hecho aislado... localizado en una comunidad que tiene sus usos y costumbres"; lo que dio lugar a que el senador panista Diego Fernández de Ceballos dijera: "...todavía encontramos imbéciles con poder político que dicen que el pueblo siempre tiene la razón y que son usos y costumbres, [sin diferenciar] entre lo que es el pueblo de México y lo que son las turbas". Pero el "Jefe Diego", no meditó que su expresión es "boomerang" para muchos que ocupan puestos políticos principales en el gobierno federal actual.

Gamaliel Guzmán González
(v.pág.4-A de El Informador del 1o.de diciembre de 2004).


El poder debe utilizarse para mantener el estado de derecho. Para eso elegimos gobernantes y les otorgamos el monopolio de la violencia. La principal función de un gobierno es mantener la seguridad de los individuos. Tan malo es utilizar el poder innecesariamente como no utilizarlo cuando es requerido. La tibieza mostrada tanto por autoridades capitalinas como federales, en éste y otros tantos hechos, no tiene justificación. Hemos sido testigos de macheteros que evitan la construcción de un aeropuerto, de barzonistas que entran cabalgando al Congreso, de un presidente de partido político ofreciendo permisos de construcción a cambio de dos millones de dólares y de políticos tomando la Cámara de Diputados; todos ellos, siguen impunemente libres. ¿En donde quedó la autoridad?

Por lo antes expresado, no puedo estar de acuerdo con quienes solicitan la libertad de delincuentes que se escudaron en movimientos alter-mundistas. Si fueron torturados, también se debe procesar a los torturadores. Ni castigar inocentes, ni solapar culpables.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.pág.4-A de El Informador del 1o.de diciembre de 2004).


Injustificados y vergonzosos son los procedimientos usados por el pueblo de Tláhuac, Distrito Federal, al terminar con la vida de dos hombres; dos seres humanos, con derecho a ser juzgados si algún delito cometían.

Reprobable el procedimiento, pero ¿dónde están las causas? La primera es ignorancia en su concepto más amplio. ¿Quién fue? Fuenteovejuna. Responsables, las instituciones que no dan la garantía debida y el Estado de Derecho se viola a ciencia e indiferencia del Poder Judicial.

La población carece de garantías para la procuración de justicia en los diversos niveles y opta por la violencia en el marco de un total desaseo político. Denuncias se acumulan y sólo se ve, vive y siente la corrupción, y la negligencia rinde sus frutos.

Carlos Cortés Vázquez, consultor en comunicación
(v.pág.5-A de El Informador del 30 de noviembre de 2004).


El cardenal Norberto Rivera Carrera calificó los hechos de Tláhuac como dolorosos y vergonzosos, señaló que es necesario dar esperanza al pueblo para que vea que sí se está haciendo justicia, pero al mismo tiempo se debe acabar la impunidad para que este fenómeno no crezca.

Entrevistado al término de la tradicional misa dominical, el arzobispo primado de México destacó que estos fenómenos se dan porque la gente se siente desprotegida y quiere hacer justicia por su propia mano.

Además, "esto no es un hongo que aparece de pronto, es algo que se viene gestando por el clima de violencia que vivimos en México", declaró el prelado.

Al mismo tiempo y aunque pareciera contradictorio, subrayó que la gente hace esto y lo seguirá haciendo si ve que hay impunidad, pues después de ver otros linchamientos y que no pasa nada, la gente se anima a cometer delitos, aseguró.

(V.pág.16-A de El Informador del 29 de noviembre de 2004).


Lo que parece increíble es que casi al mismo tiempo en que empezó el martirio de estos agentes, el presidente Vicente Fox estaba en las instalaciones de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), celebrando el tercer aniversario de esta institución y afirmando que "estamos preparados para vencer la delincuencia. Lo haremos porque contamos con la fuerza de nuestras convicciones, con el respaldo de la ciudadanía, con la energía y con el compromiso, con la fortaleza de las instituciones".

Paradójico que mientras que el presidente daba muestra de una más de sus declaraciones optimistas, los ciudadanos que supuestamente lo respaldan, estaban torturando a dos agentes y la supuesta fortaleza de las instituciones, no pudieron competir con los medios de comunicación que tuvieron más capacidad de llegar a la escena que las "instituciones".

Desde hace años los analistas advertíamos lo peligroso que era permitir que turbas lincharan a posibles delincuentes, sin castigar a los autores. Más peligroso todavía es haber permitido que turbas tomaran como rehenes a funcionarios públicos, sin castigar a los autores. En cualquier otro país civilizado, una vez que las víctimas se hubieran identificado como autoridad o como policías, la población hubiera cesado su ataque. La peligrosa conclusión es que la población no sólo no respeta ni teme a la autoridad, señor presidente, la población la culpa por la inseguridad que enfrenta y por su falta de acción contra la delincuencia.

Y aunque el gobierno federal debe reconocer su responsabilidad en este linchamiento y asesinato de los agentes, no hay palabras para describir el cinismo del gobierno capitalino. ¿Se dieron cuenta, estimados lectores, cómo usó Andrés Manuel López Obrador la autoridad moral y la popularidad que tiene en la capital? En lugar de condenar a los asesinos, asegurar que no se permitiría este tipo de violencia en la capital del país, López Obrador estaba más preocupado por sus aspiraciones políticas del 2006. En su conferencia de prensa matutina, AMLO lo único que señaló fue su preocupación de que se fuera a "politizar" el asunto. El secretario de Gobierno del DF, comentó que el linchamiento es parte de los "usos y costumbres" de la población. Hay que recordarle al candidato López Obrador que esto no es parte de un complot y que llega un momento en el que tiene que reconocer su responsabilidad de un linchamiento que sucedió en la ciudad que gobierna.

Y, claro, mientras las imágenes de cómo murieron estos agentes dan la vuelta al mundo, en casa, nadie quiere asumir responsabilidades, a tal punto, que ni el presidente Fox, ni el jefe de gobierno tuvieron las agallas de pedirle disculpas a las familias de las víctimas por la incompetencia de sus gobiernos, mucho menos reconocieron la valentía de estos agentes que murieron haciendo investigaciones para proteger a niños de traficantes que le venden drogas a niños. ¿Dónde estaban los altos mandos del gobierno federal y del DF en los funerales de estos hombres? ¿Será que el mismo tráfico que no permitió enviar refuerzos para salvarlos, no permitió que fueran al funeral?

De nuevo, estos brotes de violencia más que un llamado de atención, son un grito de desesperación. Sin un ambiente mínimo de seguridad no puede haber desarrollo económico ni florecer un sistema político que permita contiendas electorales diáfanas y libres para seleccionar a quienes nos gobiernan. Ante estas tendencias, es casi inconcebible que las elecciones del 2006 sucedan sin violencia. Si nadie controla la capital, ¿cómo controlar el resto del país?

Ana María Salazar, académica del ITAM
(v.pág.4-A de El Informador del 27 de noviembre de 2004).


Cuando la "masa social" toma en sus manos la tutela de su justicia eludiendo el orden institucional, se prepara el escenario fértil para que surja algún caudillo héroe que se atreva arrear las pasiones avivadas.

Norberto Alvarez Romo, promotor de desarrollo sustentable
(v.pág.5-A de El Informador del 27 de noviembre de 2004).


6 y 19 de enero del 2002; 1o. de junio del 2002; 2 de enero del 2003; 3 de marzo del 2004. Son las fechas en que ejidatarios, campesinos y habitantes del Distrito Federal realizaron linchamientos. Hubo muertos, a palos y pedradas; hubo quienes se escaparon de ser aplastados a garrote vil, quemados o colgados con cuerdas de un árbol. Fueron actos de justicia por propia mano que quedaron sin ser castigados. Quienes los cometieron, gritaron con esa sed tan peculiar de la victoria el cumplimiento de su cometido y salieron sin carga moral sobre sus hombros. La impunidad siempre fue garantizada por la autoridad capitalina.

Por eso, lo que sucedió este martes en el pequeño poblado de San Juan Ixtayopan, en la delegación de Tláhuac, al suroriente de la Ciudad de México, donde frente a las cámaras de televisión murieron a golpes y quemados vivos dos policías federales, no debería de extrañar. Ciudadanos que por razones legítimas de abandono oficial, o engañados y enajenados por delincuentes estuvieron dispuestos a cambiar su libertad por la vida de otro, nunca encontraron castigo por actuar como si vivieran en la selva. Más aún, quien debía dar el ejemplo, el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, predicaba con una máxima que hoy lo debe estar atragantando: el pueblo siempre tiene la razón.

Pero enfocar en él la anomia mexicana sería reduccionista. Antes, decenas de braceros se metieron a la casa del Presidente Vicente Fox en Guanajuato, amagaron a su madre y a su hermana, y la respuesta oficial fue un no hay problema. Este año en Ciudad Juárez una turba atacó el vehículo en el cual viajaba el jefe del estado mexicano, y Fox minimizó el acto, sin que tampoco hubiera castigo a los responsables. En ambos casos, hay que recordar, los actos violentos no fueron consecuencia de la locura coyuntural de un grupo, sino de problemas que las autoridades dejaron pasar y crecer. En muchos momentos, también, lo inverosímil de la violencia tuvo como respuesta a una autoridad catatónica.

De esa manera, unos golpeadores al servicio de Televisión Azteca tomaron por asalto las instalaciones de transmisión de Canal 40, con la anuencia, por omisión, de la Secretaría de Gobernación. A caballo irrumpieron agitadores en la Cámara de Diputados y meses después se tomó la tribuna del recinto, mancillando y violando a la institución, sin represalia legal por ello. Desfilar con machetes en las calles de la Ciudad de México para detener la principal obra de infraestructura sexenal del Gobierno foxista, se convirtió en un paisaje más del autismo gubernamental. ¿Por qué nos asombramos ahora? ¿Acaso no fue el propio presidente que invitó a un tour nacional al EZLN, abriéndole las carreteras, los pueblos, regalándoles alimentos, construyéndoles baños y facilitándole el tránsito a un grupo armado que desde hace una década mantiene una declaración de guerra contra el Estado Mexicano? Hemos llegado colectivamente a este estado de cosas y nos encontramos, como describió el secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, al resumir los hechos en Tláhuac esta semana, en la anarquía. Pero no sólo del gobierno capitalino, como quiere focalizar, sino también el federal.

Ambos viven en la confusión de lo que es gobernar. Creen que mano firme es igual que mano dura, y que autoritarismo es sinónimo de orden. Fox y López Obrador viajan juntos en el tren de la ignorancia sobre lo que es ser gobernante y gobernar. La ingobernabilidad tocó a la puerta de este par, y la invitaron a entrar. Hoy, la ingobernabilidad los ha rebasado y no lo aceptan o, quizás, ni siquiera la ven. Su enfermedad, sin embargo, es una epidemia. Tláhuac, con su drama en tiempo real, golpeó las conciencias pero no movilizó a los políticos para intentar regresar al cause legal. Al contrario, lucen patéticamente desconcertados. El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, minimizó que quemaran a dos policías vivos señalando que eran un caso aislado. ¿Cuántos muertos más requerirá para que hable con mayor seriedad? La responsable política de Tláhuac, Fátima Mena, huyó de la escena del crimen argumentando que era más importante investigar el secuestro de dos niños que nunca existió.

En el colmo de la insensibilidad política, desde el mismo día del linchamiento el secretario de Seguridad Pública de la capital, Marcelo Ebrard, repite que no pudieron llegar a tiempo "por la orografía" del lugar. En la misma lógica, el comisionado de la Policía Federal Preventiva, cuyos hombres fueron sacrificados, Luis Alberto Figueroa, justificó su ausencia porque el tráfico los entretuvo. La prensa sí llegó cuando todavía estaban con vida y ellos, tres horas después de que una comunidad se empapaba en odio, no habían registrado la gravedad del caso. El primero, hacía futurismo político fuera de su oficina, y el segundo no creyó lo que sucedía hasta que prendió la televisión. Vaya tipos. Pero como siempre, no hay autoridad responsable, no hay cabezas rodando, no hay sanciones. Hay explicaciones y justificaciones, pero no ética política. Es más impúdica la impunidad de los funcionarios que la que le regalaron a los victimarios del sexenio.

Soslayan el tema de la ingobernabilidad, acaso porque ellos mismos han desgastado la palabra. Pero es lo que vivimos en México, un entorno de ingobernabilidad que, en el contexto de un sistema político significa que quienes son responsables de gobernar, no pueden administrar a la sociedad, y al no responderles a sus necesidades primarias, se genera la indisciplina que se manifiesta en los esfuerzos de algunos para influir en decisiones a través de la violencia. Hay incertidumbre, porque la élite política ha fallado para conservar sus posiciones de dominio o reproducir las coaliciones preexistentes, rompiendo esos contratos sociales que reducían la frecuencia de actos como los de Tláhuac.

Hay ineficiencia por el decremento de la capacidad política y burocrática para alcanzar los objetivos propuestos, y hay ilegalidad, porque se pueden evitar relativamente fácil las restricciones legales y constitucionales. Sí hay anarquía, pero no emana de un gobierno en particular, sino como resultado de un patrón de comportamiento de los gobiernos federal y capitalino que juegan a ser grandes sin verse reflejados en el espejo social como lo que realmente son, enanos.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.5-A de El Informador del 27 de noviembre de 2004).


Más de 25 linchamientos que culminan con el asesinato han ocurrido en diversas partes de México en los recientes 10 años. Y cada que se sabe de uno la sociedad se enerva y mira hacia las instituciones, preguntándose qué se dejó de hacer y qué debería de hacerse para que no vuelvan a ocurrir.

De ello ha declarado, por cierto, el diputado federal, abogado y periodista Luis Medina: "México", dijo, "vive el drama de tener una política que se ha concentrado sólo en los efectos sin atender las causas. Por eso han sido fallidos los esfuerzos por contener a la delincuencia de los últimos tres lustros, lapso en que se han incrementado los recursos materiales, humanos y recursos. Se han modificado las leyes, pero se ha omitido dar el paso fundamental, que es el de hacer la prevención de delito una política de Estado".

Vicente Bello
(v.pág.9-A de El Informador del 27 de noviembre de 2004).


Qué fuerte ha sido el impacto social de la banalización, o mejor dicho, del desprecio de los derechos humanos más elementales. Cuánto odio y desconfianza acumulados que llegan a concluir erróneamente que se deben de subordinar los medios a los fines. A ese deterioro ha contribuido el solapamiento de la tortura policíaca, la corrupción del sistema judicial, la ineficacia de las políticas de seguridad preventiva, la desvalorización de la inteligencia y la investigación profesional del delito... Ese entramado de complicidades entre policías, jueces y narcotraficantes, aunado al desaseo de las estrategias policíacas que violan los derechos humanos, haciendo creer que obtienen resultados mediante la tortura y la arbietrariedad, no hacen sino incrementar la espiral de violencia, desconfianza, frustración.

Jaime Preciado Coronado
(v.pág.24 del periódico Público del 26 de noviembre de 2004).


Los linchamientos en México se han asomado desde siempre, pero a partir de los años 80 es cuando más se han registrado.

Desde entonces, juristas expertos como Ignacio Burgoa Orihuela y Sergio García Ramírez ya decían que los linchamientos eran hijos de la impunidad, de la falta de justicia, de la ineficacia, la corrupción de ministerios públicos, jueces y cuerpos policíacos... Pero también -ya lo decía Burgoa- de la falta de valores, de moral. El maestro emérito apostillaba: "Ya no es sólo cuestión de leyes, sino de renovación humana".

Recomendaban expertos como el mismo García Ramírez -procurador general de la República en los tiempos de Miguel de la Madrid- que serían juicios ligeros si no se individualiza a cada linchamiento.

De hecho, ha comenzado a individualizarse el linchamiento de anteayer: Declaraban ayer diversos mandos policíacos que fueron narcotraficantes quienes habrían azuzado a la plebe estúpida, que sin embargo ha de tener justificaciones importantes: la gente no confía en que las autoridades ejerzan realmente la ley para combatir al criminal impune (creían haber atrapado a roba niños) y, por tanto, se erigieron en jurados sumarios y decidieron matarlos de una manera atroz: a golpes y quemados.

Vicente Bello
(v.pág.2-A de El Informador del 25 de noviembre de 2004).


Ciertamente, habrá momentos en que la gente esté harta de la inseguridad e incluso convencida de que es la propia policía la que propicia el delito, pero esto tampoco justifica los linchamientos, antes bien habla del imperativo de encontrar soluciones prácticas y efectivas que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en sus sistemas de seguridad y de impartición de justicia.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 25 de noviembre de 2004).


El común denominador (más allá de la cobardía implícita en la agresión multitudinaria y de la convicción de que el linchamiento quedará impune porque difícilmente habrá en este mundo -y en este país, más concretamente- un juez capaz de aplicar el peso de la ley a los centenares de coautores del brutal doble homicidio), es la sensación generalizada, alimentada por la experiencia cotidiana, de la inoperancia y la ineficacia del aparato judicial.

Si no hay una rápida, enérgica y razonablemente eficaz réplica de los organismos encargados de procurar justicia, los terribles sucesos de San Juan Ixtayopan pueden convertirse en funesto precedente, y generalizarse como "modelo" de lo que las muchedumbres -de las que Fuller decía que "tienen muchas cabezas pero poco cerebro"- son capaces de hacer... cuando la autoridad exhibe palmariamente su incapacidad.

Lo dijo Joseph Joubert: "La justicia sin fuerza y la fuerza sin justicia son dos grandes desgracias".

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.5-A de El Informador del 25 de noviembre de 2004).


El sector transportistas del país afiliado a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, manifestó su oposición para las iniciativas que promueven la legalización de autos que se encuentran ilegales en el país conocidos como 'chocolate', porque sería legalizar un delito como el robo, señaló el presidente del organismo, León Flores González.

"Actualmente existen cinco iniciativas que pretenden una segunda legalización de autos 'chocolate', es un problema que nos afecta a todos, y es que afecta desde la industrial nacional hasta la misma población, por lo que no podemos permitir que se apruebe porque los perjuicios son muchos y para todos".

(V.pág.9-A de El Informador del 17 de noviembre de 2004).


Ningún pretexto es válido para permitir el contrabando de vehículos, pues daña en forma directa al país y en especial al ramo automotriz. Los propietarios de vehículos mexicanos son los más afectados, porque al adquirirlo paga el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto al Valor Agregado, la tenencia y las placas y, en cambio, los que compran un vehículo de contrabando no pagan nada.

(V.pág.11-A de El Informador del 17 de noviembre de 2004).


Cumplir y hacer cumplir la ley sin contemplaciones es el camino auténtico para el rescate de la sociedad. Los ciudadanos tenemos el deber de respetar leyes y reglamentos, así como las autoridades mantener su cumplimiento en el decantado régimen de derecho. En la práctica diaria, desgraciadamente, estamos incumpliendo, todos en diferentes proporciones, con evidente degradación de calidad de vida. La inseguridad es una manifestación por ausencia de garantías. Desde una simple infracción de tránsito hasta delito grave ha encontrado espacio en la impunidad. Si finalmente no pasa nada, "con pasarme el alto", el ascenso a la delincuencia tiene ruta libre.

A través de los medios de comunicación, la sociedad mantiene su atención sobre los acontecimientos en espera de justicia hasta sus últimas consecuencias, esperando que estos propósitos se cumplan cabalmente; esto es, llegando a las causas de las infracciones a la ley. Hacerlo devolverá prestigio a la autoridad, la dotará de auténtica autoridad y con ella la posibilidad de gobernar.

La multiplicidad de acontecimientos -como las infracciones de tránsito sin sanción- impiden mantenimiento fresco en la memoria para cumplir y hacer cumplir leyes y reglamentos. Un escándalo sustituye a otro en cadena interminable, informada por los medios y que, para nuestra desgracia como sociedad, van convirtiendo la impunidad en cultura; modo de ser y actuar en la vida comunitaria.

El dinero y el poder corrompen en proceso creciente de males mayores, expuestos en la criminalidad real y potencial que la sociedad soporta no obstante el hartazgo. Los medios de comunicación son hoy la herramienta, el único poder y refugio de la población para emitir quejas y reclamos, exigiendo justicia. La sociedad no podremos reinventarla, pero el modo de vivir en ella sí.

Carlos Cortés Vázquez, consultor en comunicación
(v.pág.5-A de El Informador del 16 de noviembre de 2004).


Fox y el neopanismo creen ingenuamente que la "democracia" es simplemente votar y dejar que la gente haga lo que quiera. Su indigente visión del Estado -por tanto incapaces de comprender el valor de las instituciones públicas-, les ha llevado al caos que nos encontramos. Desde el puñado de macheteros de Atenco, a los que de haber atendido a tiempo y pagarles sus tierras a valor real, hasta la agresión a la caravana presidencial en Ciudad Juárez: son muestra clara de la cosecha que está levantando este gobierno de la liviandad y el dejar hacer.

Y que no se confundan palabras y conceptos. Lo que se trata de decir es que al no hacer valer la justicia y el estado de derecho, la anarquía y la delincuencia se desbordan, llamando a gritos a la oprobiosa dictadura.

Manuel Hernández Gómez.
(v.pág.4-A de El Informador del 30 de octubre de 2004).


El SIAPA lo hizo primero,
ahora los ayuntamientos:
para el pago del predial
en multas habrá descuentos.

Es un premio a los morosos
que se tardan en pagar,
tal vez saben que si esperan
no los van a castigar.

Anflopo
(v.pág.5-A de El Informador del 28 de octubre de 2004).

Los niveles de hipocresía política son preocupantes. ¿De qué serviría que se lograran las mentadas reformas estructurales si no se van a cumplir? ¿Por qué el gobierno federal no hace ni siquiera el intento por cumplir la ley? ¿Qué acaso el estado de derecho es solamente un arma que se utiliza para golpear a los enemigos políticos?

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.pág.4-A de El Informador del 27 de octubre de 2004).


Sería ingenuo preguntar el porqué de tanta impunidad, en todo caso la pregunta sería ¿Por qué la total impunidad? ¿Acaso no juraron cumplir y hacer cumplir la ley?

La nación se los está demandando, aunque quizá el sexenio de la torpeza crea que la nación es algún ente etéreo, y no el conglomerado de ciudadanos mexicanos que estamos hartos de tanta impunidad en todos los órdenes y niveles.

Manuel Hernández Gómez.
(v.pág.4-A de El Informador del 23 de octubre de 2004).


La mayor parte de la leyes, para resultar eficaces, para contribuir a una sociedad amable y ordenada, derivada de una relación cada vez más respetuosa entre los ciudadanos, deben contemplar sanciones para los infractores..., pero, sobre todo, contar con órganos eficientes y suficientes, capaces de hacerlas cumplir. (Jefferson lo decía así: "La ejecución de las leyes es más importante que su elaboración").

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.5-A de El Informador del 19 de octubre de 2004).


Estamos viviendo días de alarmante crisis legal y moral. No acabamos de digerir las infamantes imágenes de sus corruptos colaboradores [de López Obrador] recibiendo paquetes de dólares o tirándolos en Las Vegas y ahora los socios y la mujer del tal Bejarano, encabezan a los pandilleros que en su papel de asambleístas, violentaron el recinto de la cámara federal y agredieron a los representantes del pueblo de México.

Sobre el jefe de gobierno pesa la acusación de un delito que puede dar lugar a su desafuero. Esto, la aprobación de la iniciativa para modificar el Artículo 122 y las irrefutables pruebas de corrupción de altos funcionarios, sin duda, dará lugar a nuevas marchas y descaradas amenazas.

Como López Obrador nunca transita por las vías legales, seguramente enviará a lo más granado de sus porros y lo más selecto de sus brigadas de choque para promover las marchas y mítines en apoyo de su postura frente a estos problemas.

Alberto Orozco Romero, licenciado en Derecho y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 18 de octubre de 2004).


Manuel López está arremetiendo contra todo y contra todos: el Poder Judicial, el Senado, la Cámara de Diputados: en fin todo aquel poder constituido de la federación y toda persona física o moral: periodista, columnista o empresa informativa, que no se pliegue al principio dictatorial de que como él está luchando a favor del pueblo, sus intenciones son perfectas y cualquier objeción que se haga a esas intenciones es perversa y debe ser desobedecida y retada: porque imposibilitan el rayo de esperanza.

Un pacto federal como el que rige a México, no puede contemplar la exigencia de unos privilegios, cuando le conviene a una de las facciones partidistas, apoderadas de todos los órganos de gobierno, de una de sus entidades, en este caso, el Distrito Federal, del cual, políticamente, se ha apoderado el PRD y por ello, todo lo que ellos consideran que les perjudica, tratan de dinamitarlo sin importar el Estado de derecho subsistente.

Juan de la Borbolla R., catedrático universitario
(v.pág.5-A de El Informador del 18 de octubre de 2004).


Hay un sector del PRD de supuesta inspiración populista que aparece como el rostro mayoritarioy más visible de ese partido. Una burocracia política cada vez más autónoma de los hilos partidarios del poder que se formó en las pruebas de fuerza para presionar las negociaciones, tanto como en las movilizaciones por las causas partidarias, pero cuya cohesión se funda sobre el empoderamiento de sus participantes en los puestos públicos. ¿En estas fuerzas reposa la operación política de López Obrador? Hasta el momento, el político tabasqueño no se ha deslindado de esas fuerzas ni de sus métodos de acción.

Los populistas: hipotecan el futuro con proyectos inviables, inhiben la economía por la ausencia de reglas claras, pisoteadas por la discresionalidad; son antidemocráticos por naturaleza al desconfiar de las expresiones institucionales de las mayorías en las urnas y en los congresos; dicen interpretar lo que el pueblo quiere y se constituyen en sujetos extralegales, predestinados a jugar un papel mesiánico.

Jaime Preciado Coronado
(v.pág.22 del periódico Público del 15 de octubre de 2004).


El asalto perredista a la tribuna de la Cámara de Diputados la semana pasada, fue un medio harakiri. Puso al PRD bajo sospecha de si acepta o no las reglas de la democracia a las que debe su presencia legal en la vida política del país.

El PRD quedó emplazado a probar con hechos que acata esas reglas, que cree en las elecciones como fuente de legitimidad y en la legitimidad de las mayorías que esas elecciones producen.

Nada de esto respetó el PRD la semana pasada. Las tomas de sus legisladores de la tribuna para impedir la sesión del congreso dejaron una duda profunda sobre la lealtad democrática de ese partido.

La duda es si la izquierda perredista tiene genuinas convicciones democráticas. Sus actos fueron los de un partido que no cree en la democracia si no le favorece, que no cree en la legitimidad de sus contrapartes parlamentarias, que sólo cree en las mayorías de las que forma parte. Las otras le parecen discutibles: "tiránicas, sectarias, amafiadas". Mayorías que "mayoritean".

Quien no respeta las reglas de la democracia niega su propia legitimidad de fondo para jugar en ella. La democracia es vulnerable a la doble moral que consiste en usar la ley cuando conviene y la presión ilegal cuando conviene.

Héctor Aguilar Camín
(v.5-A de El Informador del 14 de octubre de 2004).


Aunque los seguidores de Andrés Manuel López Obrador tratan de pintar la violentación (sic) de la cámara legislativa como un acto político, para la mayoría de los ciudadanos es la confirmación de lo que están tratando de demostrar los enemigos de AMLO: es un líder dispuesto a usar la violencia para promover sus intereses políticos y que el mejor ejemplo de cómo será la presidencia de López Obrador, es el presidente Chávez de Venezuela.

Ana María Salazar, académica del ITAM
(v.4-A de El Informador del 9 de octubre de 2004).


En el interior del PRD hay una gran molestia en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Saben, aunque públicamente dicen lo contrario, que fue él quien alentó a 25 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que tomaran por asalto el congreso este martes.

López Obrador está engañando con la verdad. No quiere llegar a Los Pinos sino a la cárcel. Sólo así es comprensible su desprecio por la legalidad, su soslayamiento al consejo de su propio partido, y la indiferencia ante el daño personal, partidista y al proyecto de nación de la izquierda. Sin embargo, López Obrador no es el PRD, ni ese partido nace y muere con él. Puede haberse apoderado del PRD, que lo acogió y utilizó por un carisma por el que algunos siguen pensando que sigue siendo la opción más fuerte para llegar a la Presidencia.

Hoy, el jefe de gobierno y sus seguidores más fanáticos no representan la opción moderna de la izquierda. Son una facción que se cultivó y entrenó como oposición, pero carecen, como lamentó un líder del PRD, de vocación de poder. Tiene razón. Para gobernar se necesita vocación de poder. Para violentar siempre la ley, jugar con la retórica cínica, emplear la presión y el chantaje cuando los recursos políticos le son insuficientes, sólo se necesita mantenerse en la etapa de la que muchos no despegaron: activistas audaces pero incapaces para evolucionar políticamente. Son maestros en tomas, plantones, mítines incendiarios, pero pequeños para cosas grandes como es gobernar.

El PRD, ese movimiento formado por la lucha de muchos, particularmente la izquierda histórica, no merece a una persona que los está haciendo retroceder en el tiempo, volviéndose a pintar como un grupo violento, extremista, intolerante y sistemáticamente extralegales.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.5-A de El Informador del 9 de octubre de 2004).


Ante la proximidad de nuevos procesos electorales, una "avalancha" de iniciativas ha llegado a la Cámara de Diputados con un objetivo: regularizar casi dos millones de vehículos que circulan ilegalmente por las calles del país.

Cada año entran a México 850,000 automóviles estadounidenses, entre legales e ilegales.

Esto se ha convertido en un jugoso "botín político", especialmente atractivo ahora que están en puerta nuevas elecciones estatales y la presidencial dentro de dos años.

"Es absurdo que un congreso emita una ley para violar otra y atente contra el estado de derecho", protestó César Flores, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.

(V.pág.38 del periódico Público del 8 de octubre de 2004).


Los mexicanos fuimos testigos, una vez más, de hechos lamentables y penosos en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. La irrupción de asambleístas del Distrito Federal es histórica porque nunca antes legisladores locales habían hecho tal cosa, aunque representantes de otros gremios sí han sido protagonistas de escándalos similares.

Queda claro que así opera y así seguirá operando el Partido de la Revolución Democrática. Lejos de privilegiar el diálogo y buscarlo a costa de lo que sea, se opta por escenas violentas como las que se difundieron por televisión el mismo martes por la noche.

Lo más grave es que dirigentes de ese partido justifiquen el acto y lo vean incluso como algo natural. El líder nacional del PRD, Leonel Godoy, y el coordinador de la bancada perredista en la cámara baja, Pablo Gómez, ambos, casi hasta celebraron la actitud de los asambleístas.

Para alguien que se dice demócrata, ésta no puede ser la forma de operar, ya no. No se puede estar sometiendo al país a esta clase de tensión y contribuir al deterioro de las de por sí precarias relaciones políticas entre todos los partidos en todos los órdenes de gobierno y en las dirigencias.

El Artículo 122 se tiene que revisar y, como ya lo aceptaron los asambleístas del DF, la descentralización será paulatina, como ha sido en todo el país, pero no es posible que se siga subsidiando a la capital; ése es otro de los muros que toca derribar a todos, las conveniencias personales o de grupo o de partido no importan aquí. Es cuestión de sentido común, de solidaridad, y por qué no decirlo, también de firmeza.

Editorial
(v.4-A de El Informador del 7 de octubre de 2004).


El desprecio de la ley demostrado por algunos perredistas cuando no les conviene algo, resulta injustificable e insostenible -ejemplos recientes hay muchos-. Es tiempo de que la autoridad les enseñe que los tiempos universitarios en que actuaban como vándalos con el pretexto de una ideología de izquierda ya pasaron y ahora es tiempo de participar en favor de la sociedad, a la cual dicen representar.

Posiblemente a estas alturas ya a nadie sorprendan las actitudes de estos grupos facciosos que pretenden secuestrar la voluntad de la población, con tal de que sus intereses de poder y económicos se fortalezcan.

La falta de profesionalismo y vocación de servicio de esos cuantos, hace ver a la democracia como un sistema inútil y más bien como una herramienta al servicio de grupos -de cualquier partido-, a los cuales no les importa mentir.

Cuauhtémoc Cisneros Madrid, presidente nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
(v.pág.4-A de El Informador del 7 de octubre de 2004).


Representantes populares no pueden estar tomando actitudes para las cuales no fueron electos; esto es, vulnerar una institución. Lo que estos mequetrefes (entendiéndose el calificativo en la acepción de persona de "poco juicio") hicieron, fue demostrar que dentro del PRD no han madurado lo suficiente para entender que hoy son parte de los órganos de gobierno (en el caso de la capital federal, en el Ejecutivo y el Legislativo) y no un grupo de porros que quiere hacer su voluntad por la fuerza.

Mal servicio están haciendo a López Obrador, en cuya imagen va acumulando una cada vez más sólida percepción de que siempre se inclina por acciones extralegales, generando un miedo creciente en una parte del electorado (como los empresarios que financian campañas), y en el exterior (los inversionistas que huyen siempre de la falta de garantías jurídicas) que, juntos, podrían hacerle pasar una pésima jugada en su futuro mediato.

Pero peor servicio es el que proveen a la sociedad y, como consecuencia, al PRD, que por primera vez figura como una opción real de poder en las elecciones presidenciales del 2006. La imagen que dejan los asambleístas del PRD es la de un grupo de aventureros que no terminaron de entender que su rol dentro de la sociedad política es servir de contrapeso del Ejecutivo mediante la acción política, donde el uso de la fuerza es totalmente excluyente.

El PRD debe comenzar a mostrar que pese a sus ayatolas y fedayines, hay políticos profesionales capaces de procesar los asuntos políticos y ser dignos representantes del mandato popular. El otro camino es por el que van: aventureros de medio pelo, expertos en grillas y presiones, pero incapaces de administrar, legislar y gobernar con responsabilidad.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4-A de El Informador del 7 de octubre de 2004).


La Defensoría de Oficio representa legalmente a los delincuentes. Pero ¿quién atiende a las víctimas? Les brindan ayuda psicológica en un centro especializado, pero ¿apoyo económico o legal? Muchas de las demandas no prosiguen por falta de dinero; así, imposible alcanzar la justicia.

(V.pág.5-A de El Informador del 5 de octubre de 2004).


El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, dijo que el derecho debe imponerse coactivamente cuando los miembros de una comunidad no quieran cumplir con las conductas imprescindibles, a fin de que en esa sociedad exista el orden y la paz requeridos.

Al participar en el Tercer Encuentro de Derecho Ambiental, llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM, advirtió que "si no opera el derecho, las ciencias, con todas las letras, no garantizarán la justicia, porque ésta es tarea del derecho".

(V.pág.10-A de El Informador del 5 de octubre de 2004).


El presidente del Senado, Diego Fernández de Cevallos, declinó comentar directamente la actitud de López Obrador. Sin embargo, opinó que "es tiempo de que los políticos y los ciudadanos en general apostemos al estado de derecho, lo que implica pasar por los tribunales".

Dijo que, si bien la resistencia civil pacífica no está prohibida por las leyes ni por la moral pública, el país ha avanzado mucho en su sistema institucional, y cuando es por ejemplo el caso de elecciones impugnadas, hay instituciones jurisdiccionales que deben revisar las quejas.

"A mí me parece que debemos apostar más y mejor por los recursos jurídicos que por las marchas y las manifestaciones en Veracruz o en cualquier parte".

(V.pág.6-A de El Informador del 2 de octubre de 2004).


Ayer mismo, [López Obrador] dijo que él no aceptaría una decisión judicial con la que no está de acuerdo, por eso reiteró que su opción no sería la vía judicial sino la resistencia civil.

(Pregunta del webmaster: ¿Es opcional la aceptación de las decisiones judiciales en este país?)

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.28 del periódico Público del 1o.de octubre de 2004).


A petición del SIAPA, la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprobó ampliar hasta el 31 de diciembre el descuento de 75% en recargos y multas a los usuarios morosos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, aunque se aclaró que este beneficio será por única vez.

(Comentario del webmaster: Aquí los pendejos somos los que cumplimos con nuestros deberes y compromisos. Que luego los políticos no se anden quejando.)

(V.pág.7-B de El Informador del 30 de septiembre de 2004).


La creencia general anterior era que Zedillo no servía. La creencia general actual es que Fox no sirve. Cuando pase el tiempo, la creencia general será que el que venga después de Fox tampoco estará sirviendo para nada. Por eso estoy empezando a sospechar que el problema no está en lo ladrón que haya sido Salinas, o en lo bocón que sea Fox.

El problema está en nosotros. Nosotros como pueblo. Nosotros como materia prima de un país. Porque pertenezco a un país donde la "viveza" es la moneda que siempre es valorada tanto o más que el dólar.

Un país donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo basada en valores y respeto a los demás. Un país donde una persona tapa la salida del garaje de la casa de su vecino, y si el afectado toca el claxon para llamar la atención del abusivo y hacer que aparezca a retirar su vehículo, entonces esa persona llega, se molesta y le reclama a uno la presión y el ruido, como si el infractor fuese uno y no ellos.

Un país donde un par de señoras pueden recorrer todo un supermercado y mientras compran, hablar pestes de la moral del gobierno y del incumplimiento de las leyes y de lo terrible de tales o cuales medidas, pero después, a pesar de que su carrito tiene 27 artículos, se hacen pendejas y se meten disimuladamente en la cola que es "para un máximo de 10 artículos" y si alguien osa reclamarles o quejarse ante el gerente, queda ante ellas y ante los demás como un soplón, sólo por intentar hacer cumplir una norma tan sencilla.

Y si es la cajera quien les señala que deberán pasar a otra caja, inician un diálogo recriminatorio (¿Ves? Justo lo que veníamos comentando, por eso está este país así, todos son unos flojos, etc.).

Pertenezco a un país donde, lamentablemente, los periódicos jamás se podrán vender como se venden en Estados Unidos, es decir, poniendo unas cajitas en las aceras donde uno paga por un solo periódico Y SACA UN SOLO PERIÓDICO DEJANDO LOS DEMÁS DONDE ESTÁN, porque si aquí los vendieran así, "El Reforma" y "El Universal" quebrarían en menos de 3 meses.

Pertenezco al país donde las empresas privadas son papelerías particulares de sus empleados deshonestos, que se llevan para su casa, como si tal cosa, hojas de papel, bolígrafos, carpetas, marcadores y todo lo que pueda hacer falta para la tarea de sus hijos.

Pertenezco a un país donde la gente se siente triunfal si consigue volarse el telecable del vecino, donde la gente inventa a la hora de llenar sus declaraciones de Hacienda para no pagar o pagar menos impuestos, donde a Carlos Salinas no le reclama ningún medio, el que esté viviendo fuera del país disfrutando de lo que robó.

Donde nuestros diputados y senadores trabajan dos días al año (y cobran todos los demás como altos ejecutivos) para aprobar una reforma (miscelánea) fiscal al vapor que lo único que hace es hundir al que no tiene, fregar al que tiene poco y beneficiar como siempre a unos cuantos que son los que tienen (ellos, por ejemplo) y lo peor es que lo permitimos.

Pertenezco a un país donde las licencias de conducir y los certificados médicos se pueden "comprar", sin hacerse exámenes ni nada, un país donde, desde hace 40 años, un vehículo sufre más daños y sale peor parado después que es recuperado por la policía que cuando [se] lo roban los ladrones.

Un país donde cualquier persona puede hacer una fiesta y poner música a volumen majadero toda la noche, sin que haya nadie que proteste [y si protesta, nadie que le haga caso] ni autoridad alguna que les haga apagar esa música ni siquiera a las cinco de la mañana.

Un país donde puede subir [al autobús] una persona de edad avanzada, o una mujer con el niño en brazos o algún minusválido y la persona que viene sentada en el asiento especial para estas personas se hace la dormida para no dárselo y si alguien le reclama, se para pero para voltear un golpe.

Un país en el cual la prioridad de paso es para el coche porque al conductor ya se le olvidó que él también a veces es peatón [al igual que su madre], un país de gente que está llena de faltas, pero que disfruta criticando a sus gobernantes, porque criticar a los inútiles o criticar a Fox [que también es un inútil], crea una ilusión psicológica que aparentemente eleva la estatura moral y espiritual del que critica.

Mientras más le digo rata a Salinas, mejor soy yo como persona, a pesar de que apenas ayer me consiguieron todas las preguntas del examen de matemáticas de mañana (¡Qué vivo soy!).

Mientras más le digo falso a Fox, mejor soy yo como mexicano, a pesar de que apenas esta mañana me fregué a mi cliente a través de un fraude de cien mil pesos que él me dio de enganche como preventa de un inmueble.

¡No! ¡No! ¡No! ¡Ya basta! Como materia prima de un país, tenemos muchas cosas buenas, pero todavía dejamos mucho que desear.

Esos defectos, esa "viveza" congénita, esa deshonestidad a pequeña escala que después crece y evoluciona hasta convertirse en casos de escándalo, como Oscar Espinosa o Mario Villanueva [o el "Niño Verde"]; esa calidad humana que en realidad es falta y carencia de toda verdadera calidad humana, eso, más que Salinas o que Fox, es lo que nos tiene real y francamente jodidos.

Lo siento. Porque, aunque Fox renunciara hoy mismo, el próximo presidente que lo suceda tendrá que seguir trabajando con la misma materia prima defectuosa que, como pueblo, somos nosotros mismos.

Y no podrá hacer nada, igual que no hicieron nada los mediocres, igual que no está haciendo nada Fox [que también es mediocre].

No tengo ninguna garantía de que el gritón de Diego o el mustio de Madrazo lo puedan hacer mejor.

Y mientras nadie señale un camino destinado a erradicar primero los vicios que tenemos como pueblo, nadie servirá.

Ni sirvió Salinas, ni sirvió Zedillo, ni sirve Fox, ni servirá el que venga.

¿O qué?, necesitamos traer a un Pinochet, para que nos haga cumplir la ley a la fuerza y punta de madrazos y por medio del terror y la dictadura... a ver si así cumplimos y hacemos cumplir las leyes desde las más elementales hasta nuestra Constitución que todos manejamos o hacemos a nuestro modo.

Aquí hace falta otra cosa, algo más que cacerolazos, o cohetones.

Y mientras esa "otra cosa" no empiece a surgir desde abajo hacia arriba, o desde arriba hacia abajo, o del centro para los lados, o como quieran, seguiremos igualmente condenados, igualmente estancados y jodidos.

Es muy sabroso ser mexicano y "vivir a la mexicana", pero cuando esa mexicanidad autóctona empieza a hacerle daño a nuestras posibilidades de desarrollo como nación, ahí la cosa cambia...

Lo siento.

No esperemos encenderle una velita a los santos; a ver si, en vez de seguir esperando un mesías, comenzamos cada uno de nosotros a ser guiados por algo o por alguien que termine convirtiéndonos a cada uno de nosotros en nuestro propio mesías, para nosotros y para los otros.

Pero creo que como país de verdad-verdad, igual hemos estado a oscuras los últimos 70 o 90 años.

Ojalá que cambiemos todos, porque si no, cambiar de presidentes no cambiará nada, porque cambiar de presidentes, sin que cambiemos nosotros, es lograr que nada cambie jamás.

Anónimo
(recibido por e-mail el 28 de septiembre de 2004). Ortografía corregida por el webmaster (para evitar tantos (sic)s). Aclaraciones necesarias del webmaster puestas entre [corchetes].


Esta es la situación en la que se encuentra el indiciado López Obrador. Si las instancias competentes lo encuentran responsable de la comisión de un delito, sin perjuicio del proceso penal que se le siga, la consecuencia legal inexorable será que pierda la oportunidad de ser candidato a la Presidencia de la República porque así lo dispone nuestra Constitución General. Punto.

Luego, es incorrecto plantear la cuestión en términos de una disyuntiva. No hay dilema alguno. Si los mexicanos estamos mayoritariamente dispuestos a que nos gobierne un delincuente, tenemos forzosamente que reformar primero nuestra Constitución. Pero no nos engañemos: ni la democracia se tiene que sacrificar en aras del Estado de Derecho, ni tampoco éste tiene que ceder ante la democracia.

José Espina, coordinador de los diputados del PAN en la Asamblea Legislativa del D.F.
(v.pág.4-A de El Informador del 22 de septiembre de 2004).


En prestigiadas instituciones universitarias algunos especialistas en ciencias de la conducta están realizando estudios sobre la personalidad del gobernante tabasqueño.

Lo que revelan los resultados preliminares de tales estudios no es en realidad tan sorprendente: destacan los rasgos autoritarios, la terquedad y ciertos visos de mesianismo y de populismo que, para alguien que pretende llegar a gobernar a más de 100 millones de personas, no son precisamente una invitación a entronizarlo. Antes al contrario, es sumamente importante que, al margen del desenlace que pueda tener el proceso de desafuero de López [Obrador], vayamos pensando muy en serio sobre lo que implicaría llevar a la Presidencia de la República a un personaje que tiende a ponerse por encima incluso de la aplicación de la ley.

Víctor E.Wario Romo
(v.pág.4-A de El Informador del 20 de septiembre de 2004).


Ofensivos gritos profirieron los tales zapatistas que en el papel de rebeldes, armados y encapuchados, hiriendo el decoro de la nación, recorrieron la mitad de la república y vejaron la Cámara de Diputados con insultante desprecio.

Duele pensarlo y lástima escribirlo, pero la mayor irreverencia y falta de respeto a la más alta tribuna de la nación proviene, no de los enmascarados sino de individuos que, por desgracia, tienen credencial de diputado. En el cuarto informe no se oyeron los gritos que la televisión no quiso captar, pero de la antes H.Cámara emanaba algo que no eran gritos; si adivinar es válido, parecía que gruñían, aullaban, bramaban, cacareaban, roncaban y posiblemente alguno, digamos... graznaba.

Estos vergonzosos actos de anarquía tienen como distante precedente los agresivos gritos de los rebeldes de Atenco, que armados también, pero éstos con machetes, retaron al gobierno e impidieron la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Posteriormente vinieron las marchas y los dos mítines organizados y pagados por el propio jefe del Departamento del Distrito Federal para con los gritos de él y de las muchedumbres convocadas, exigir impunidad por las faltas y delitos que se le atribuyen. A toda costa exige lo dejen transitar por su ruta a la Presidencia de la República.

Alberto Orozco Romero, licenciado en Derecho y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 20 de septiembre de 2004).


¿Por qué [López Obrador] no ha tocado, ni con la yema de los dedos a su operador político y líder de la asamblea legislativa René Bejarano, el mismo que fue exhibido en un video metiéndose en los bolsillos hasta las ligas de los fajos de dólares con que lo sobornó Carlos Ahumada?

¿Por qué, si López Obrador fue el último en hablar con su tesorero Gustavo Ponce y se comprometió a presentarlo a la mañana siguiente en conferencia de prensa, permitió que se fugara, luego de ser también videograbado apostando como jeque árabe en un casino de Las Vegas?

¿Por qué tiene en la cárcel a Carlos Ahumada, el corruptor de cuando menos cuatro de los más cercanos colaboradores de López Obrador, y, en cambio, los funcionarios públicos gozan de libertad como si fueran víctimas y no delincuentes?

¿Dónde está o para qué fue empleado el dinero de los filmados millonarios sobornos otorgados por Carlos Ahumada?

Marcos Arana Cervantes
(v.pág.12-B de El Informador del 20 de septiembre de 2004).


...los coches de aquí, los de fuera, los legales, los ilegales, los de quienes contribuyen y los de parásitos sociales 'chuecos', 'chocolates'.

Gregorio González Cabral
(v.pág. 9A de Ocho Columnas del 19 de septiembre de 2004).


¿Qué hará Andrés Manuel si llega a la presidencia?, ¿reconocerá las decisiones de una Suprema Corte de la que se ha burlado una y otra vez?, ¿reconocerá a un Congreso en el que sin duda no tendrá la mayoría propia y que una y otra vez ha descalificado?, ¿por qué tendría que cambiar de actitud hacia los otros poderes de la Unión al tener el poder federal si ahora, que tiene parte de él, los desconoce y descalifica?, ¿no optará, como hizo Hugo Chávez en su momento, en dar un golpe de estado "institucional" para desaparecer esos poderes, esas instituciones que tanto les molestan para crear otras a su imagen y semejanza?

El jefe de gobierno ha desconocido, se ha saltado la legalidad una y otra vez, dentro y fuera de su partido.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.26 del periódico Público del 10 de septiembre de 2004).


Da coraje enterarse de que los municipios del país dejan de recaudar nada menos que 13,500 millones de pesos cada año debido a la evasión del impuesto predial, solamente. Y además dejan de percibir en cada una de las exenciones de las que gozan diversos bienes inmuebles del dominio público. ¡Con razón nunca tienen dinero!

No es justo que el total de la recaudación lo aporte el 60% de los propietarios de algún inmueble. Dan ganas de sumarse al 40% que no paga y que en la práctica no sufre ninguna consecuencia.

Es inconcebible que en el impuesto más fácil de identificar haya tal evasión. Y resulta completamente injusto que la forma de aumentar los ingresos municipales sea mediante la revalorización de inmuebles, con el consiguiente incremento de impuestos a los que sí pagamos y no mediante la eficiencia y el cobro a quienes sin pena ni castigo secillamente no pagan lo que les corresponde.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.4A del periódico Mural del 2 de septiembre de 2004).


A mi paso por la Ciudad de México, el domingo 29 de agosto, me topé con una marcha de más de 150,000 personas que celebraban el desprecio del gobernador de la ciudad, Manuel López Obrador al sistema jurídico nacional.

Sentí que uno de los pilares del admirable cambio democrático mexicano se cimbraba irremediablemente bajo la presión de un sector de la población que a gritos exigía posponer la vigencia del estado de derecho en el país.

Acudiendo a las viejas prácticas del 'acarreo' utilizadas por el PRI, López Obrador reacciona mandando camiones a ciudades y pueblos de toda la república para recoger a sus partidarios y hacerlos marchar en una manifestación contra el estado de derecho.

Para reducir la pobreza y la desigualdad hay que construir, con el esfuerzo conjunto, una economía competitiva capaz de mantener un desarrollo sostenible y participativo, con estabilidad fiscal, instituciones sólidas y un estado comprometido con la educación. Pero este tipo de modelo económico-político-social sólo será plausible en América Latina el día en que cientos de miles de ciudadanos marchen por las calles en las ciudades latinoamericanas exigiendo la vigencia del estado de derecho, no cuando tomen la calle para abogar por la anarquía.

Sergio Muñoz Bata, miembro del consejo editorial de Los Angeles Times
(v.pág.12A del periódico Mural del 2 de septiembre de 2004).


Todo funcionario público "protesta" cumplir y hacer cumplir las leyes, y no organizar marchas o participar en ellas para eludir las consecuencias de un desacato a la autoridad judicial, por haberse pasado por el arco del triunfo las leyes que formalmente "protestó" cumplir y hacer cumplir.

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.5-A de El Informador del 31 de agosto de 2004).


Políticos, empresarios y comerciantes critican al PRD por el uso de las protestas callejeras para eludir el cumplimiento de la ley.

(V.primera plana de Ocho Columnas del 29 de agosto de 2004).


Los defensores de derechos humanos [ombudsmen] vigilan el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades. Lo cual incluye a inocentes que fueron agraviados por prácticas violatorias de las autoridades encargadas de la seguridad pública, tanto como los derechos de los delincuentes, que también los tienen, no para delinquir, sino para ser juzgados y tratados conforme a derecho.

Una mejor calidad en el ejercicio de la autoridad pública lleva a un marco de derecho más solido y eficaz.

Si la víctima es agraviada por particulares, tiene que acudir a los poderes públicos encargados de la justicia; son ellos los que hacen prevalecer el Estado de Derecho.

Jaime Preciado Coronado
(v.pág.20 del periódico Público del 27 de agosto de 2004).


En la marcha de pasado mañana sobrarán los testimonios de quienes acudan por pura necesidad, bajo la presión y el chantaje de sus regenteadores dentro y fuera del gobierno capitalino: algunos, atemorizados por poner en riesgo su trabajo; otros, amenazados con que perderán el "derecho de piso" en su puesto callejero, o con que no se les autorizarán las placas para el taxi.

Si se busca la vigencia de un Estado de Derecho, no es bajo presión como los diputados, y menos aún los jueces, deberán resolver éste [el desafuero] ni cualquier otro problema de justicia.

Para acabarla de amolar, el propio López Obrador no resistió la tentación de invitar a la población a defenderlo ni de encabezar él mismo la marcha.

Carlos Marín
(v.pág.23 del periódico Público del 27 de agosto de 2004).


Un gobernante que aspira a presidir el país debe apostar, necesariamente, a las leyes y las instituciones. Enfrentarlas con la movilización y las presiones, descalificar la necesaria negociación política entre los diferentes actores considerándolas conspiraciones en lo oscurito, rechazar la política que en buena medida es sinónimo de negociación y acuerdos en el marco de la ley, lo equiparará con un personaje con el cual, hasta hace unos meses, López Obrador no quería compararse pero que, ahora después de los resultados del referéndum revocatorio, sus epígonos han redescubierto: con un Hugo Chávez que difícilmente podría transitar por un México mucho más complejo social, política, cultural y geográficamente que Venezuela. Y nada puede espantar más a los principales grupos de poder en México que esa posibilidad.

Este domingo habrá acarreados de todo el país que llegarán al Zócalo, no será, en lo central, una movilización espontánea, sino organizada, con contingentes y pase de lista para comprobar que los empleados capitalinos y los distintos grupos clientelares hayan participado con sus respectivas "cuotas" de manifestantes.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.25 del periódico Público del 27 de agosto de 2004).


La sociedad está cansada de la excesiva tolerancia de autoridades ante manifestaciones públicas fuera del orden y ya no quiere reacciones tibias (recordemos a los macheteros de Atenco).

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.pág.4-A de El Informador del 25 de agosto de 2004).


[López Obrador] me da miedo. Un agitador profesional de presidente sería peligroso para el país, realmente peligroso.

Un hombre que desafía al derecho, que no respeta las resoluciones de la Suprema Corte. Es necesario que entendamos que cuando se vive en un estado de derecho, tiene que respetarse la ley.

No olvidemos quién es López Obrador, bloqueando pozos, carreteras, y veamos lo que es ahora; vayamos a las calles de la Ciudad de México y veamos el desorden en el transporte, calles llenas de baches, jardines descuidados.

Everardo Moreno Cruz, precandidato priista a la presidencia
(v.pág.7A del periódico Mural del 19 de agosto de 2004).


El PRD cuenta en la Ciudad de México con grupos de choque y organizaciones clientelares que aunque pequeñas en número son altamente beligerantes, como la "Francisco Villa", un grupo violento con sede en Iztapalapa que en las últimas semanas han desplegado pancartas en algunas marchas de apoyo a López Obrador que dicen, palabras más, palabras menos: "Si quieren sangre, sangre tendrán". Cuentan con los contingentes más radicales del viejo CCH universitario, que han sido acomodados dentro del gobierno del Distrito Federal o que son asesorados por cercanos a López Obrador. También están algunos de los pobladores más belicosos de Atenco, donde se frustró la construcción de un nuevo aeropuerto, muy consistentes y vistosos en las manifestaciones, donde lucen sus machetes.

El PRD no tiene una vinculación orgánica con los movimientos armados, y aunque algunos de sus militantes pudieran tener relación con ellos, no necesariamente comparten métodos de lucha ni objetivos. Para las guerrillas -no para el EZLN que son más globalifóbicos que grupo armado-, el PRD puede ser visto como un movimiento burgués y reformista porque no se plantea el derrocamiento del régimen por la vía de la guerra popular. No obstante, la ausencia de relación orgánica no significa que, en caso de agitación perredista, las guerrillas aprovechen la coyuntura para realizar acciones militares.

Los dirigentes del PRD están actuando con una inexplicable ceguera política y utilizando la retórica sin tener sustento. La amenaza sin capacidad de fuego es contraproducente y el PRD ha probado no tener una capacidad organizativa ni de convocatoria nacional. Mucho menos para dividir al país.

La estrategia de la presión y el chantaje tiene réditos sólo a corto plazo, y después viene la resaca. La belicosidad del discurso de López Obrador lo ha ido aislando nacionalmente como alternativa presidencial. Si los ayatolas que trae detrás mantienen su línea, no sólo está en riesgo el futuro del jefe de gobierno sino del partido mismo.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.5-A de El Informador del 14 de agosto de 2004).


El jefe de gobierno del Distrito Federal, por su parte, se ha cansado de agraviar a todos sus adversarios políticos y ha mostrado la piel más sensible del mundo para asumir sus propias críticas. El jefe de gobierno, por soberbia y por su desprecio a las normas y las leyes cuando no le gustan, se ha equivocado... pero no aceptará jamás sus errores y ése es su mayor defecto: si hubiera aceptado que había un problema de corrupción en su gobierno cuando se dieron los casos de Ponce Meléndez, Bejarano e Imaz, si hubiera renovado su gabinete y hubiera abierto toda la información para que la misma fuera transparente para la ciudadanía, López Obrador hubiera dado una muestra de que en realidad deseaba generar un nuevo proyecto político nacional, pero prefirió la vía del supuesto "complot" y de la descalificación de sus adversarios mientras termina protegiendo a los reales corruptos; si luego, cuando la marcha contra la inseguridad congregó la mayor movilización en la historia reciente de México, hubiera decidido ponerse a la cabeza de esa demanda y exigir a su gente resultados concretos en esa lucha solidarizándose con las víctimas hubiera tenido un verdadero asierto: su actitud fue la contraria, ridiculizó a los manifestantes, inventó conspiraciones, mintió con las cifras y trató de manipular las demandas. Con el desafuero fue lo mismo: no hubo ni rastro de autocrítica y nuevamente el argumento se basó en la descalificación ya no sólo de sus adversarios sino incluso hasta del poder judicial y de la Suprema Corte.

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.24 del periódico Público del 13 de agosto de 2004).


Es de dar miedo que un gobernador y un partido político (PRD) hablen de una salida democrática a un conflicto legal, pues pareciera que no entienden (o no les importa) que precisamente son los procesos democráticos los que llevaron a la aprobación de leyes que permiten enjuiciar a cualquier funcionario público que presumiblemente desacate la ley. Es de dar miedo que en su óptica la ley debe aplicarse sólo en los casos en los que no se genere violencia, y que es factible "negociar" la ley para evitar violencia.

Si el gobierno federal detiene, negocia, manipula o interrumpe un proceso legal en curso para "encontrar" una salida "democrática" al conflicto, la democracia misma y el Estado de Derecho que la sustenta quedarían hechos añicos, y quedaría más que confirmado que la aplicación de la ley en México no es ciega, y atiende a rangos, a clases sociales y políticas.

Y peor aún sería si el gobierno federal, por miedo a las amenazas de brotes de violencia, entra en negociaciones políticas con respecto a la aplicación de la ley.

Si las amenazas o la violencia logran parar un proceso legal en curso, en el futuro la violencia será la pauta a seguir para el logro de cualquier objetivo en el país. Quedará probado que con amenazas y violencia lo suficientemente fuertes, el gobierno cede. Eso pasó ya en Atenco, cuando con machete en mano, ejidatarios impidieron la construcción de un nuevo aeropuerto.

Si no defendemos el tan vapuleado Estado de Derecho, si no se hace nada al respecto cuando alguna persona, sea el jefe de gobierno del DF o quien sea, no acate las resoluciones de un juez, la sociedad está perdida.

Pero aquí las cosas están al revés. En lugar de que venga del Estado la amenaza del uso de la fuerza para imponer la ley, la amenaza viene de quien quiere que la ley no se aplique. Bonita cosa.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6A del periódico Mural del 12 de agosto de 2004).


En esta misma semana, varias personas identificadas con el sindicato del IMSS bloquearon el Periférico, secuestrando por horas a miles de personas; a través de la inacción del gobierno, manda el mensaje que esto es una acción justificada y apegada a derecho. En estos días, El Barzón realizó un acto equivalente al secuestro express, que involucró a cientos de rehenes privados de libertad. ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? ¿Dónde están los derechos de propiedad? ¿Por qué no reacciona el gobierno ante estos crímenes?

Jonathan Heath
(v.pág.2A de la sección "Negocios" del periódico Mural del 5 de agosto de 2004).


En México no pasa nada. La investigación llega "hasta sus últimas consecuencias": Nada.

Todo queda en la simulación. Un escándalo sepulta al anterior y no pasa nada. Los adversarios negocian sus respectivas cuentas, y si por casualidad alguno pisa la cárcel, goza de todas las consideraciones legales, para impedir el paso de la justicia que aun sin llegar, sí pasa costosa cuenta de manutención al engranaje judicial de insultante simulación.

Habitan las prisiones quienes no pueden pagar la impunidad. De esta forma el delincuente se desempeña en un caldo social corrupto, haciendo suya la sentencia: "el que no tranza no avanza". Los tortuosos sistemas judiciales, para quienes ingenuamente intentan obtener justicia, niegan la posibilidad de obtenerla de forma ágil, expedita y mucho menos gratuita. Ante tal frustración, el delinquir es una aspiración del individuo sabedor de la impunidad, mascarada de la simulación.

La acusación, aun con evidencias, no pasa del escándalo ya convertido en común y corriente. La reputación y el buen nombre son cosas del pasado romántico y hasta ridículo. Lo importante es tener el suficiente cinismo para ser nombrado en acontecimientos, causantes más de admiración que de reprobación en la sociedad, empobrecida por tanto delincuente de cuello blanco o camiseta, que igual transitan por las calles con el fuero de la impunidad y la simulación.

Carlos Cortés Vázquez, consultor en comunicación
(v.pág.5-A de El Informador del 3 de agosto de 2004).


El mundo cambió y ellos conservan sus viejos reflejos: los reflejos de la derecha travestidos de izquierdismo en un lenguaje que todavía les parece novedoso. Si ya era escaso el repertorio de recetas fáciles en la vieja izquierda, en la nueva es más escaso y fácil: la policía siempre es mala de telenovela, aunque haya quienes la ataquen con palos, fierros y lumbre; los estudiantes siempre tienen razón y la tienen los campesinos y los sindicalistas y los marchistas (éstos siempre y cuando los haya convocado el PRD).

A esta izquierda le aparece sin falta un núcleo duro autoritario: quien no coincide con ellos es un traidor, quien señala que en un caso específico un joven policía fue desnudado, golpeado, atado y bañado en gasolina es porque se pasó al enemigo de clase. Defienden al tirano Fidel Castro como la derecha de ayer a Francisco Franco: mismos argumentos retóricos, misma doble moral: "Fidel (o Franco o Somoza) se ve forzado a hacer lo que hace para salvar a su patria".

Esta nueva izquierda, que fue antes la derecha simple y llana, defiende al joven clasemediero que agrede a garrotazos a un trabajador policiaco malpagado, lo defienden porque les sale la solidaridad de clase: un joven encapuchado, quizá estudiante, lanza un merecido chorro de fuego contra un pinche naco panzón que le cierra el paso a la protesta contra el comercio mundial.

Estos nuevos conversos, iluminados por nuestros relatos de gestas gloriosas, indigestados con lemas simplones de mitin y de marcha, condenan todo matiz, toda reflexión ajena a la norma. Piden cabezas, no conocimiento de los hechos; no esclarecimiento sino guillotina. ¿Y qué mejor que la cabeza de un ex presidente? Poco le importa a esta derecha travestida de izquierda que las tesis económicas de Echeverría, las que nos llevaron a la primera gran crisis económica y al primer endeudamiento impagable, sean las mismas que ahora reviven los héroes de la neoizquierda, los hoy perredistas formados por Echeverría: Cárdenas, López Obrador, que no cesan de predicar echeverrismo económico y político: gasto público para generar empleo, con el consecuente endeudamiento.

Luis González de Alba
(v.pág.23 del periódico Público del 26 de julio de 2004).


La dirigencia nacional del PRD ha venido mostrando en los últimos meses una enorme falta de visión del país al mediano y largo plazo. Preocupados sólo por alimentar el odio de clases y defender la ilegalidad para proteger a su candidato a la presidencia, el jefe de gobierno del Distrito Federal.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.5-A de El Informador del 24 de julio de 2004).


Cada vez es más claro que al señor López [Obrador] no le preocupa si con sus acciones u omisiones viola alguna ley o si afecta a las instituciones del estado. Para él, lo prioritario es abanderar una 'causa basada en principios que busca una sociedad mejor y un cambio de verdad'.

José Espina, coordinador de los diputados del PAN en la Asamblea Legislativa del D.F.
(v.pág.5-A de El Informador del 24 de julio de 2004).


En este país, donde el mentado Estado de Derecho es un viejo cliché, la mejor manera de resolver cualquier tema y salirse con la suya es con machetes, palos, macanas, cuchillos, gritos y sombrerazos. Técnica que, por cierto, ha resultado bastante eficaz y ejemplos hay de sobra.

Marcela Gómez Zalce
(v.pág.20 del periódico Público del 23 de julio de 2004).


"Si 200 campesinos con machete en mano paralizaron al gobierno y lograron echar abajo su principal proyecto, qué no podríamos hacer los 80,000 trabajadores del IMSS y todos sus afiliados."

"Salgamos a las calles, vamos a bloquear carreteras, vamos a la huelga, tenemos que defender nuestros derechos como trabajadores con medidas radicales, así entenderá el gobierno", afirmó una trabajadora de la sección 33.

(Comentario del webmaster: Esto es lo que han predicado nuestros mediocres gobernantes.)

(V.pág.7A del periódico Mural del 22 de julio de 2004).


Los diputados del PRD no han entendido -como ya se les ha dicho-, que el desafuero del jefe de gobierno [del D.F.] gira en torno a un desacato a la resolución de un juez respecto al predio El Encino. El Estado de Derecho no puede vulnerarse a ningún nivel y con ningún funcionario. Si esto hace el señor López por unas obras sin mayor relevancia, qué no hará por la Presidencia de la República.

José Espina, coordinador de los diputados del PAN en la Asamblea Legislativa del D.F.
(v.pág.5-A de El Informador del 17 de julio de 2004).


Política y derecho se encuentran anudados en un sistema democrático. No cabe la política por fuera de los cauces y disposiciones legales y ésa es la mejor garantía para evitar los abusos del poder y para que el ciudadano sepa con claridad a qué atenerse. En nuestro caso, sin embargo, todavía falta un tramo para que esa aspiración sea cabal realidad. A nombre de la política no se debe subvertir el orden legal y (creo) eso conviene a todos, porque es la única manera de regular las pulsiones de los más incluyendo por supuesto a los más fuertes. Y sin embargo, hoy todavía "mucha política" transcurre de espaldas al derecho.

No comparto el poco aprecio que Andrés Manuel López Obrador tiene por la legalidad y mucho menos la utilización instrumental que le gustaría hacer de la misma. Tampoco me atrae e incluso temo su fobia a la existencia de contrapoderes que limiten su gestión, signo inequívoco de una cierta veta autoritaria. Pero su descabezamiento a partir de un presunto desacato a un juez por no frenar una obra vial, puede dinamitar mucho de lo que como país hemos construido en los últimos años. Alguien me dirá: ¿por qué no hizo caso del mandato de un juez?, ¿por qué esa rebeldía infantil?, ¿por qué sacrificó lo menos por lo más? Y sin duda tendrá razón. Pero aun así quiero subrayar el significado político altamente disruptivo del posible desafuero.

En los últimos años, y no sin enormes dificultades, el país fue capaz de construir un marco institucional para la convivencia de todos, sin exclusiones artificiales y costosas. Se trató de un proceso en el que avanzamos paso a paso. Ojalá no demos un salto al pasado.

José Woldenberg
(v.pág.5A del periódico Mural del 15 de julio de 2004).


El mercado crediticio prácticamente dejó de existir a raíz de la crisis bancaria de 1995 y de la cultura del "no pago" que surgió a raíz del aumento súbito en las tasas de interés.

La crisis bancaria mexicana fue nacional, afectó a todo el sistema y se dio en un país donde los derechos de propiedad son muy endebles y el Estado de Derecho bastante frágil.

Se tiene que dar tiempo al proceso de recuperación de doble vía en la confianza, tanto de los clientes en los bancos como de los bancos en los clientes. Para esto lo más importante es la erradicación de la cultura de "no pago", que proviene de la ambigüedad de los derechos de propiedad.

Jonathan Heath
(v.pág.2A de la sección "Negocios" del periódico Mural del 15 de julio de 2004).


Las protestas contra la inseguridad pública por la obcecación e incapacidad de las autoridades -con su clímax de la magna marcha del domingo 27- revivieron el debate acerca de causas, fallas en el combate e insuficiencias legales y sobre todo porque no se aplica la ley.

Se aduce que tal protesta tuvo dedicatoria para el jefe de Gobierno [del Distrito Federal], a quien molestó la portentosa movilización ciudadana, ya que para él sólo tienen validez las algaradas perredistas.

Por otra parte, se insiste en penas más duras para los criminales y en disminuir la edad penal, pero no puede soslayarse que, en el fondo, está el abandono de nuestros principios éticos tradicionales y de los valores de la civilización occidental, que inculcaban respeto a los demás, amor a la patria y apego a la ley, de cuya violación dan ejemplo gobernantes corruptos, atrabiliarios y que hacen del pisoteo de la ley su modus vivendi.

Salvador Flores Llamas
(v.pág.4-A de El Informador del 12 de julio de 2004).


El senador panista Carlos Medina Plascencia exhortó al jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, a que exponga su actuar desde que vivió en el estado de Tabasco. Llamó a López Obrador a que explique "por qué sigue sin pagarse completa la electricidad en Tabasco, cuál fue su contribución para esa huelga de pagos de los recibos de luz [electricidad] en Tabasco, por qué su acción de bloquear el acceso a los pozos petroleros".

"Tenemos que entrar a este debate porque puede orientarse mucho al populismo y la demagogia".

(V.pág.4A de Ocho Columnas del 11 de julio de 2004).


México no es un país de instituciones sino de compadres.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 10 de julio de 2004).


La industria automotriz enfrenta la competencia desleal de vehículos ilegales. En un año ingresaron más de 800,000 unidades chocolate [de contrabando], principalmente Pick Up, mientras que los distribuidores formales apenas alcanzaron ventas por 900,000 vehículos en el mercado nacional en 2003, señaló el presidente ejecutivo de la AMIA, César Flores Esquivel.

El representante de la AMIA aseguró que paradójicamente en este año donde se realizan elecciones a gobernador en 10 estados del país, se han revivido las iniciativas para regularizar los llamados vehículos chocolate. Dijo que al menos hay cuatro iniciativas del PRI, una del PRD y otra del Verde Ecologista en el Congreso de la Unión, para regularizar los vehículos.

(V.pág.39 del periódico Público del 9 de julio de 2004).


Nada se pierde con aventurar alternativas y posibles esquemas de solución, que si bien ninguna es mágica panacea, al menos abren caminos para erradicar la arraigada cultura de la ilegalidad y la ineficiencia gubernamental que padecemos, mientras se construyen las soluciones de fondo y de largo plazo, y cuyos resultados probablemente se verán hasta la siguiente generación, porque aunque nos duela, la cultura legal y cívica de la actual generación de políticos y mexicanos, con sus excepciones, nos dice que intentar cambiarlos es una causa perdida (chango viejo no aprende mañas nuevas).

En lo que se refiere la inseguridad física, a los robos, asaltos y secuestros no veo, desgraciadamente, y ojalá y me equivoque, ninguna solución que pueda producir resultados inmediatos.

La solución de fondo y de largo plazo está en la educación y en la construcción de esa tan cacareada cultura de la legalidad, siempre y cuando sea acompañada de mejoras a la situación económica general. Y me refiero a la economía que se mide en los bolsillos de los mexicanos y no a la intangible macroeconomía del país o a los datos estadísticos con los que ningún mexicano puede comprar nada.

La cuentas del supermercado, las deudas con los bancos y con los acreedores que tenemos todos, no se pueden pagar con el índice económico, ni con una declaración del gobernador del Banco de México que diga que la inflación es menor en equis puntos a la del año anterior o que somos la sexta economía del mundo. A la hora de pagar lo único que vale es el dinero contante y sonante.

La cultura de la legalidad no tiene que ver solamente con legislaciones que pretenden castigar la impunidad de robos asaltos y secuestros, sino además con la corrupción y con las ineficiencias y abusos de la autoridad, que producen otro tipo de inseguridad: la inseguridad jurídica y patrimonial que rodea toda nuestras mexicanas vidas.

¿Cómo hacer que los funcionarios públicos, desde la ventanilla de cualquier dependencia oficial, hasta los niveles más altos del gobierno no abusen del ciudadano, no interpreten las leyes siempre en nuestro perjuicio, no provoquen dilaciones innecesarias o extorsiones legaloides que se traducen en actos de corrupción obligados?

La cultura de la legalidad a la que todos aspiramos tiene que ver con las nefastas actuaciones de funcionarios públicos ineptos y corruptos a los que no se les puede correr por mil absurdos motivos legales o sindicales, y de los que hay que cuidarse todos los días, pues al caer en sus manos los asuntos duermen en sus escritorios el sueño de los justos, convirtiéndonos a todos en candidatos naturales para sus extorsiones a cambio de eficientizar lo que deberían de por sí y como obligación hacer eficientemente.

No soy abogado ni policía, pero pienso que para combatir a estos delincuentes con licencia para matar económicamente a ciudadanos urgidos de trámites y procedimientos expeditos podría designarse en cada dependencia municipal, estatal o federal un "ombudsman del contribuyente". Creo que las cosas podrían cambiar rápidamente si contáramos con un vigilante de los trámites, de la legalidad y la eficiencia, que estuviera localizado en el lugar y al que cualquier persona pudiera recurrir, sin miedo a sufrir venganzas administrativas cuando algún funcionario público le haga dar vueltas innecesarias, le solicite trámites y papeles en exceso o sugiera la posibilidad de una mordida para arreglar asuntos.

Este ombudsman del contribuyente podría emitir recomendaciones en el acto, basadas en la propia ley y en interpretaciones que beneficien al ciudadano y no a la autoridad, porque parece que los funcionarios municipales, estatales y federales funcionan como ejecutivos de una empresa lucrativa cuyo objetivo es la obtención de mayores ingresos, en lugar de que su objetivo sea ayudar al ciudadano, darle el beneficio de la duda y confiar en él, para que éste, con su trabajo y sus negocios, sea el que obtenga mayores beneficios, que en consecuencia le den mayores utilidades, de las cuales pagará mayores impuestos y entonces sí, el gobierno tendrá mayores ingresos.

Así debe ser la cadena y no como es ahora: totalmente al revés.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.4A del periódico Mural del 8 de julio de 2004).


La ley existe en nuestro país, en primer término, para quien dispone de recursos económicos; existe para quienes tienen influencias; existe para quienes tienen algún poder público mayor o menor, y existe para quienes conocen el modo de burlar la propia ley en su beneficio. Es cierto, existen abogados, ministerios públicos, jueces y magistrados honestos que hacen de la impartición de justicia una vocación de vida, que exponen su integridad en nombre de la legalidad y que desafían a otros poderes públicos para hacer de nuestro país una nación de leyes; no obstante, también es cierto que existen jueces, ministerios públicos y abogados dedicados a expoliar y depredar a la ciudadanía, como también es cierto que el doble discurso y la incongruencia entre el decir y el actuar se ha convertido en una práctica tolerada e incluso reconocida en nuestro país.

Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Asistencia y Desarrollo Social
(v.pág.22 del periódico Público del 2 de julio de 2004).


Se requiere de una reforma a fondo del sistema judicial, para poner fin a la inseguridad que priva en todo el país. Sin embargo, no creo que la aplicación de la pena de muerte sea la solución para resolver el problema del secuestro; ya existe un marco legal, al que debe sujetarse la autoridad competente y aplicarlo. Eso es lo que hace falta en el país: la aplicación de las leyes que para eso fueron promulgadas.

Tomás López Miranda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco
(v.pág.5-A de El Informador del 28 de junio de 2004).


Las leyes en México son buenas y efectivas, lo que pasa simple y llanamente [es] que las instituciones que están involucradas en cuidar que se observe el imperio de la ley, no están haciendo su parte, se están burlando del pueblo y del gobierno (en ese orden).

Se ha tomado el uniforme, la patrulla, la agencia del Ministerio Público, así como el juzgado, en el modus vivendi de miles de malos servidores públicos a lo largo y ancho del país, muchos de los cuales de tener jefes con las glándulas en su lugar, de seguro que caminarían derechito y sus acciones serían otras. Cierto que habrá de dar de baja inmediatamente a legiones de pillos que están en el lugar de los buenos. Cierto que habrá que correr a jueces amantes de abrir la puerta a los malos y encerrar a los buenos. A ponerle un alto a los derechos humanos, pues antes están los de las víctimas (agraviadas doblemente).

Manuel Hernández Gómez.
(v.pág.4-A de El Informador del 26 de junio de 2004).


Ya se quitó la máscara del estadista prudente, sensato y conciliador, y se volvió a poner la cara de agitador social, beligerante y conflictivo. ¡Ése es el verdadero Andrés Manuel López Obrador!

Federico Döring, legislador panista
(v.pág.25 del periódico Público del 18 de junio de 2004).


Ahora está surgiendo una curiosa novedad en relación con la ley. La esgrimen quienes no saben de leyes, y especialmente quienes sienten desprecio por ellas. El ejemplo principal es, desde luego, Andrés Manuel López Obrador. De manera expresa y tácita este señor ha manifestado una y otra vez su desdén por la legalidad. Ahora parece pedir a los jueces que sean bondadosos, incluso, si se hace necesario, demasiado bondadosos. Según su tesis la aplicación de la ley debe suspenderse -o atemperarse al menos- si de esa aplicación derivan consecuencias que puedan afectar a un gobierno. Dicho de otra manera: el ejercicio del derecho ha de supeditarse a la política. Dicho aun de otra manera: la ley debe aplicarse de un modo a los gobernados y de otro a los gobernantes. Salta a la vista lo aberrante de esta tesis, contenida en la última Epístola de López Obrador a Fox. Su postulado contradice el principio básico según el cual entre las principales características de la norma jurídica están la generalidad y la abstracción: la norma es para aplicarse por igual a todos, sin distinción alguna de personas. También contradice esa teoría los fundamentos de la democracia, por la cual ante la ley todos somos iguales. López Obrador está poseído por un espíritu mesiánico. Se siente adalid de la justicia, y piensa que la ley es un estorbo para conseguirla. Su caudillismo lo ha llevado a asumir actitudes que lo han apartado a veces de la observancia de la ley y de los dictados que de ella derivan. Por eso él y sus partidarios piden que la aplicación del derecho sea objeto de matices que los proteja de las consecuencias jurídicas de sus actos. O sea, don Andrés Manuel está dispuesto a someterse a la ley, pero no mucho. No es dable imaginar ahora lo que un hombre que tiene tal concepción de la ley sería capaz de hacer si llegara a la Presidencia de la República...

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.pág.5A del periódico Mural del 17 de junio de 2004).


Como en el gobierno del DF campea la actitud de que encuestas y popularidad matan Estado de Derecho, la vieja práctica del chantaje en la política mexicana inicia de nuevo su proceso de ciudadanización. Los mensajes tipo "el pueblo no tolerará semejante retroceso democrático y las consecuencias serán incendiarias para todos" van tomando forma cada vez más nítida en las posturas de los potenciales afectados. Pareciera para unos que democracia y Estado de Derecho son dos mundos inconexos. ¿Cómo no van a serlo si cada vez la sociedad parece manifestar que la democracia existe sólo cuando nos beneficia y el Estado de Derecho no es sino un discurso hueco de la burguesía para mantener sus intereses por encima de lo que el propio López Obrador ha llamado "las leyes humanas del pueblo"?

Ciertamente, el derecho no puede estudiarse ni por correspondencia ni a través de la lectura de los periódicos y mucho menos de los sound bites de televisión. Pero para una sociedad tan desapegada del respeto al Estado de Derecho como la nuestra, bien podría beneficiarle que el torrente de esgrima verbal y declarativa que se avecina tuviera el mayor contenido jurídico posible. No para que fuera como para poder graduarse de la Escuela Libre de Derecho, pero cuando menos para no ser tan ignorantes como lo somos sobre algo tan esencial para nuestras perspectivas futuras.

Marco Provencio
(v.pág.19 del periódico Público del 15 de junio de 2004).


Es una pena que a este país le falte mucho en materia de Estado de Derecho. En muchos aspectos estamos en una jungla, en una verdadera anarquía. La seguridad pública es uno de los problemas más graves. Yo diría que es el problema más grave al que se enfrentan las autoridades y no le han dado toda la importancia y atención que se debe.

Lorenzo Servitje fundador de Grupo Industrial Bimbo
(v.primera plana del periódico Mural del 10 de junio de 2004).


La Comisión para la Regularización de la Tenecia de la Tierra amplió su campaña de condonación de intereses hasta el 15 de junio, con el objeto de abatir la cartera vencida. Hay una cartera vencida desde 1989, en la que en algunos casos los intereses triplican la cantidad inicial.

(Comentario del webmaster: Luego no se quejen de la falta de pago puntual.)

(V.pág.5B de Ocho Columnas del 6 de junio de 2004).


Qué bueno que las leyes de la física no están en manos de nuestros jueces y políticos, de otra forma dictaminarían impunemente que la Tierra no es redonda. A propósito de impunidad, ¿qué pasó con el Niño verde, Bejarano, Imaz, Ponce y compañía?

Lamentablemente las imágenes de Guadalajara [de la reunión entre Europa, América Latina y el Caribe] que dieron la vuelta al mundo son las relacionadas con manifestaciones violentas. Algunos de los participantes en las demostraciones se comportaron como delincuentes haciendo ver a los policías como angelitos. Todo indica que un buen número de dichos vándalos son trabajadores de la industria de la manifestación asentada en la capital. ¿Quién los contrató? Además dichos delincuentes mancharon la imagen de un gran número de organizaciones que, pacíficamente, reclaman la falta de acciones contra los efectos nocivos de la globalización.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.pág.5-A de El Informador del 2 de junio de 2004).


CULIACAN.- A través de un decreto publicado en el periódico oficial El Estado de Sinaloa, [se] autorizó la condonación de 100% de multas, gastos y honorarios tanto de tenencia como de calcomanías a los contribuyentes con adeudos de este 2004 y años anteriores. Oscar Lara Aréchiga, secretario de Administración y Finanzas, precisó que los contribuyentes tienen de plazo hasta el 15 de junio para realizar el pago correspondiente con 100% de la condonación.

(Comentario del webmaster: Nuevamente se pone en evidencia la estulticia de quienes realizaron sus pagos de contribuciones oportunamente y la astucia de quienes en lugar de pagar prefieren dejar su dinero en la financiera ganando intereses o cubrir otras deudas más caras y que nunca son condonadas, como las tarjetas bancarias.)

(V.pág.11-A de El Informador del 2 de junio de 2004).


Durante demasiados ya no años, sino tal vez siglos, hemos sido el país del "acátese pero no se cumpla". Siempre ha habido buenos o mejores pretextos para no cumplir la ley, lo que ha generado no sólo un sistema legal que en ocasiones raya en el absurdo sino, peor aún, una cultura política en la que el respeto a la ley ocupa una bajísima prioridad entre lo que los ciudadanos considerarían sus obligaciones básicas. Por eso el éxito de los machetes, de los pasamontañas, de los plantones en vías primarias, etcétera.

Marco Provencio
(v.pág.19 del periódico Público del 1o.de junio de 2004).


Círculo vicioso
La justicia en México es deplorable.

El Estado de derecho permite la burla
de los políticos, el abuso de grupos de poder
y la impunidad selectiva.

Fueros, licencias, trámites, prescripciones,
tecnicismos, amparos y mañas mil protegen
a políticos y malosos en un paraguas
de impunidad, con apego a derecho.

Nuestro Estado de derecho está chueco.
Qué bueno que haya Estado de derecho.
Qué malo que esté chueco.

Pregunta:
¿Qué se puede hacer con un Estado
de derecho chueco, donde los únicos
que pueden cambiarlo son los protegidos
y favorecidos por ello?

Hállele la cuadratura al círculo.

Nemesio Maisterra
(v.pág.8A del periódico Mural del 19 de abril de 2004).

Una sociedad que verdaderamente quiere vivir en un Estado de Derecho debe dejar atrás los usos y costumbres y adoptar un sistema de respeto absoluto a los derechos individuales. Es verdad que cada comunidad tiene derecho a ser tan distinta como quiera, pero cada individuo debe tener también la libertad de ser tan diferente dentro de su comunidad como lo desee.

Sergio Sarmiento
(v.pág.4A del periódico Mural del 25 de marzo de 2004).


El hecho es que la ley no se aplica por la fuerza a quien la incumple. El otro día, en una conferencia magistral que nos dejó impresionados a todos los oyentes, Federico Reyes Heroles nos hacía el espeluznante comentario de que, según el resultado de una encuesta que él realizó, 76% de los mexicanos están convencidos de que sólo se deben obedecer las normas con las que se está de acuerdo. ¡Aparece una vez más el espectro del terrible egoísmo y falta de respeto de los mexicanos! Esta particular forma de concebir el Estado de derecho es sin duda una de las más importantes fuentes de corrupción y de impunidad, dos de los más aguerridos jinetes del Apocalipsis nacional.

Se calcula que menos del 5% de los delincuentes son sentenciados, separados de la sociedad y condenados a reparar el daño que causaron a su prójimo. Esta realidad propicia que nuestro país sea cada vez más inseguro y que vidas, salud, bienes y honra estén consantemente en peligro de verse lesionados por delincuentes que, al medir con astucia nuestros índices de impunidad, se dediquen con más entusiasmo e intensidad a sus actividades ilícitas. La impunidad criminal es todavía mayor para aquellos delincuentes conocidos eufemísticamente como "de cuello blanco", que con sus dilatados recursos y relaciones contratan a los mejores abogados y compran voluntades de jueces, ministerios públicos, contralores y demás, manteniéndose así alejados de toda sanción que les pudiera corresponder.

Estos delincuentes "de cuello blanco" son todavía menos investigados, perseguidos y castigados cuando se trata de políticos o funcionarios públicos. El sistema político mexicano ha urdido los hilos de una gigantesca y policromada tela de complicidades, silencios, disimulos y encubrimientos que cobija con generosidad a cohortes enteras de políticos que se han dejado deslizar por el camino de la corrupción. Esto evita que sean sancionados penalmente o, por lo menos, que se les retire de sus cargos y se vean impedidos para seguir medrando a través de la política y el ejercicio del poder público.

Por eso en México, cuando alguien tiene noticia y pruebas de los malos manejos de algún funcionario, lo filtra a los medios de comunicación en vez de denunciarlo por los canales formales establecidos por la ley. La gente ya sabe que difícilmente esas denuncias van a progresar. Y a través de los medios, aunque no necesariamente se alcance una sanción jurídica, por lo menos se puede lograr que los malos funcionarios tengan una sanción social, deban dejar su puesto y alcancen prematuramente su "muerte política", aunque hay algunos con más de siete vidas y resucitan en el momento menos esperado. Es una alternativa, casi la única que se tiene. Insana; patológica también, frecuentemente contaminada con innobles deseos de venganza o con fines electorales, pero alternativa al fin. No encuentro otra por ahora.

Macedonio Tamez Guajardo
(v.pág.19 de Público del 23 de marzo de 2004).


El allanamiento al rancho del presidente Fox el sábado pasado. No puede vérsele como una ocurrencia más. No es un hecho aislado. Tampoco, por favor, se le vaya a presentar como si fuera motivo de orgullo y con el enfermizo 'signo de los nuevos tiempos democráticos por los que transita el país'. Es un signo más, de los muchos en épocas recientes, que muestran que hay algo que anda muy mal en el país, que muestran un enorme desdén por el Estado de Derecho: todo se vale con tal de avanzar la causa. Total, si los zapatistas lo hicieron, los de Atenco lo hicieron, los asaltantes del Congreso lo hicieron, los manifestantes del diario en todo el país pero en particular en la capital lo hacen y todos con la impunidad correspondiente, ¿por qué no un grupo de campesinos a los que es posible les asista la razón independientemente de que pudieran probarla ante las instancias correspondientes? Independientemente de si el hecho pudo o debió haberse prevenido, el punto relevante es el mensaje que manda la intromisión misma: el respeto a la institución presidencial se está perdiendo. De manifestaciones que se sabe no llegarán sino a la puerta de Los Pinos, ahora resulta que la táctica es que mil 500 personas se apuesten enfrente de la madre del Presidente de la República, en su propia casa, como si nada. Esto no es signo de apertura ni de un descuido más que por lamentable que sea no es sino eso, un descuido.

Esto es signo de que el Presidente y varios de sus colaboradores cercanos no han sido cuidadosos con uno de los principales activos a su cargo (que no necesariamente obligaciones): la imagen presidencial. Éste es de los momentos en los que tantos y tantos descuidos a la figura, hacia la institución presidencial y a la autoridad que debiera acompañarla, se van sumando para generar un vacío que no beneficia a nadie. El país eligió un Presidente, no una de las tantas personas cuyas facetas el Presidente parece querer impersonar de vez en cuando. Aunque nunca es demasiado tarde, cada vez hay menos tiempo para no dejar al siguiente gobierno -de la filiación partidista que sea- una Presidencia tan abollada que no haya forma de recuperar el perfil que requiere. 'Todo el peso de la ley' se ha vuelto una frase tan hueca en estos años que se traduce para muchos en que la ley no es sino papel y que por eso puede romperse sin la menor dificultad. Mientras ello siga así el país no tiene futuro promisorio que lo espere.

Marco Provencio
(v.pág.19 del periódico Público del 10 de febrero de 2004).


No se debe dar espacio para payasadas ni picardías como las que vemos del jefe de gobierno [del D.F.]... las autoridades perredistas han tenido muchos años para defender ante los tribunales los intereses del gobierno y de la capital... Cuando son omisos y no actúan esperan a que todo concluya para decir vulgaridades, hacer payasadas y envolverse en la bandera anticorrupción, con un acto público como es desafiar a otro poder, caer en contradicción con la ley y en desprecio al Estado de Derecho. Se debe cumplir con la ley; si hay corruptos, que los ponga en la cárcel y si hay sentencias, que se acaten.

Diego Fernández de Cevallos, senador panista
(v.pág.6/A de El Occidental del 2 de noviembre de 2003).


Ha sido una constante de López Obrador el desprecio por los preceptos legales. Es cierto que nuestro 'Estado de Derecho' esta muy lejos de ser eficiente y sobre todo justo. Pero querer arreglar un mal con otro mal tampoco es la solución.

Resulta incongruente cómo el señor López Obrador se congratuló todas las veces en que el presidente Fox ha perdido recursos legales en la Suprema Corte de Justicia y ha acatado dichos fallos.

Pero cuando le toca a él estar parado frente a la ley, entonces aplica la clásica 'que se haga la ley en los bueyes de mi compadre'.

A lo mejor no entendemos lo grave de este asunto, pero López Obrador está operando bajo las mismas premisas del priismo en que la ley era para uso del poder, no para acatarla.

Nos está costando mucho, muchísimo trabajo este camino para que todos respetemos la ley, y López Obrador va en sentido opuesto. Lo vamos a lamentar.

Daniel González
(v.pág.22 del periódico Público del 14 de octubre de 2003).


La falta de electricidad puede hacer que las inversiones extranjeras se retraigan o bien que sencillamente no vengan a México; y los porros izquierdistas que este jueves saquearon tiendas y destrozaron comercios en la Ciudad de México ostentándose como 'anarquistas', tampoco ayudan a la economía pues a los ojos de los inversionistas extranjeros, México es un país bárbaro, sin autoridades que preserven el Estado de Derecho y las garantías que la propia Constitución establece para todos.

Alejandro Ruiz Juárez
(v.pág.7/A de El Occidental del 5 de octubre de 2003).


Debe asentarse que los empleos no se crean por decreto y que no nacen de la voluntad unipersonal. En cambio, la creación de empleos reclama poderosos ejercicios de cálculo y de prospectiva, una inversión inteligente por parte de las instituciones del Estado, facilitar el desarrollo de los sectores económicos, fomentar la productividad, hacer cumplir el Estado de derecho e impulsar nuevos nichos de producción y de mercado.

Ninguna nación ha conseguido avanzar en la generación de riqueza sin un sistema institucional que asegure que el derecho será aplicado a todos por igual, que garantice que no habrá impunidad y que asuma que las reglas de juego serán cumplidas por todos los participantes para el bien de toda la ciudadanía. Una economía en que prevalecen el contrabando, la inseguridad, el crimen organizado, los trámites irracionales, y el incumplimiento de los contratos, es una economía imposibilitada estructuralmente para generar empleos de manera sistemática.

Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Asistencia y Desarrollo Social
(v.pág.22 del periódico Público del 25 de julio de 2003).


Cada uno de nosotros, con nuestra conducta y actitud, manteniendo convicciones firmes y predicando con el ejemplo, podemos crear a nuestro alrededor un espacio libre de corrupción. Tenemos en nuestras manos muchas herramientas para acabar con este problema; sólo necesitamos tomarlas y empezar a usarlas.

Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud ante las leyes y las reglas. En encuestas y estudios sobre valores se ha visto que la mayoría de los mexicanos considera válido romper la ley si no se está de acuerdo con ella. Esta noción revela una grave ausencia de consenso social sobre el respeto a las instituciones que es necesario para el Estado de Derecho y para la viabilidad de toda sociedad.

Si queremos acabar con la corrupción, aumentar la confianza en las instituciones, mejorar nuestro nivel de vida y crear un mejor ambiente para la inversión, los negocios y el desarrollo económico y cultural de México, tenemos que empezar con nosotros mismos.

En todos los países donde se ha conseguido bajar los niveles de corrupción, existe una sana combinación de gobiernos responsables y ciudadanos honestos.

Coparmex Jalisco
(v.pág.3C de Ocho Columnas del 21 de julio de 2003).


En el asunto del Estado de derecho, es muy importante ejercer la ley; no se trata de ser duros, sino simplemente que se aplique la ley a todos los ciudadanos.

Jorge Espina Reyes, dirigente de la Coparmex
(v.primera plana del periódico Público del 21 de enero de 2003).


En todos los casos, los violentos encuentran la protección de algún partido político. El PRI cobijó a quienes bloquearon la carretera a Cuernavaca; el PRD arropa a barzonistas y centistas.

La ambigüedad de la clase política en su trato con la legalidad sigue siendo inmensa. Miembros de uno y otro partido siguen rehuyendo el compromiso inequívoco con el Estado de derecho. Más allá de los homenajes discursivos al derecho sacrosanto, en cada caso concreto ratifican su convicción de que hay buenas razones para el desacato de la ley.

La pedagogía de la ilegalidad ha rendido frutos. Si entiendo bien, la indignación de los legisladores panistas no se dirige solamente a Rosario Robles, quien ofreció respaldo a los invasores, sino también a Santiago Creel, quien les mostró el camino. Tienen razón: el secretario de Gobernación es en alta medida responsable por la escalada de ilegalidad política. Es paradójico porque se trata de un hombre que conoce la ley y estima su valor. Pero es ostensible que carece del sentido de Estado indispensable para aplicarla. Los barzonistas y los centistas son, en efecto, discípulos de Santiago Creel y de las memorables lecciones que ha impartido en Atenco y en la carretera de Cuernavaca. Así lo ha enseñado el ministro el interior: la violación estruendosa de la ley, el atropello a los derechos no es punible si se cobija en una noble causa. Además, rinde frutos. Si violas bien la ley, cuido a tus líderes y respondo a tus peticiones.

Jesús Silva-Herzog Márquez
(v.pág.24 del periódico Público del 16 de diciembre de 2002).


Ante la ausencia de un verdadero Estado de derecho, nos rige una especie de ley de la jungla cuyo sello más visible es la desconfianza mutua. Ni ellos, los prestadores de servicios, se sienten seguros, ni nosotros, los clientes, estamos verdaderamente protegidos, a pesar de la existencia de tribunales de lo contencioso y de la Procuraduría Federal del Consumidor. Es un problema grave, que afecta lo mismo a una persona que quiere comprar un coche que a alguien que simplemente busca rentar un apartamento. En uno y otro caso, te exigen una cantidad abrumadora de documentos y garantías. Es el precio que nos han hecho pagar nuestros tibios legisladores que no se deciden siquiera a penalizar debidamente la expedición de cheques sin fondos y eso ocurre, paradójicamente, cuando la cultura nacional propicia cada vez más la delincuencia a todos los niveles.

El gran abusador, sin embargo, no es el empresario ni el banquero sino el mismísimo Gobierno. Por lo menos, cuando haces un arreglo con una corporación te dan un contrato. Por contra, pagas puntual y obedientemente tus impuestos y tus gobernantes jamás te dicen claramente lo que te van a dar a cambio.

Román Revueltas Retes
(v.pág.51 del periódico Público del 11 de noviembre de 2002).


Lo que se debe haber pensado de nosotros fuera de México. Poco más de mil ejidatarios armados con machetes vencieron al gobierno federal. Qué pena. ¿Para eso les pagamos el sueldo a ustedes? Porque el sueldo que ganas lo pagamos entre todos, ¿sabías?

Qué manera de acabar con el buen nombre que el gobierno de Fox tiene en el extranjero. ¿Quién va a confiar, ahora, en que impera la ley en México? ¿Y el Estado de derecho, Santiago [Creel]? Tu obligación era convencer, valiéndote del método que más te guste, a los inconformes de Atenco. Nunca debiste haber aconsejado la rendición.

Ustedes los que gobiernan cuentan con el monopolio de la fuerza. ¿Por qué no lo utilizaron para poner orden en San Salvador Atenco? En cualquier nación democrática del mundo no se hubieran permitido las manifestaciones de personas armadas en las principales calles de la ciudad capital. Aquí sí porque ustedes le tienen miedo al juicio de la historia. Como Carlos Salinas cuando estalló la violencia en Chiapas, en vez de aplicar la ley decidieron hacerse patos, no fuera a ser que se les comparara con Díaz Ordaz, Martínez Domínguez o Echeverría. No se trataba de reprimir ni de asesinar, Santiago [Creel], sino simplemente de ejecutar tantas órdenes de aprensión como hubiera sido necesario, y ya.

(Comentario del webmaster: Si iban a rendirse, al menos deberían haber esperado a perder el proceso judicial que estaba llevándose en la Suprema Corte, para de esa manera mandar una señal de que éste es un país de leyes e instituciones. No que con lo que hicieron, lo que mostraron nuevamente fue que un grupo de mitoteros enmachetados pueden detener a todo el país en base a desmanes y violación de derechos ajenos; y el ejemplo de estos ha empezado a cundir: en Guerreo, Michoacán y el Edo. de México ya hay problemas con ejidatarios. ¿Es que en todo el "gabinetazo" no hay uno solo que tenga visión política? Se les están pagando cientos de miles de pesos mensuales a cada uno, no se podría con este sueldo conseguir gente que sepa lo que está haciendo y no estarla cagando y "copeteada"?)

Federico Arreola
(v.pág.19 del periódico Público del 5 de agosto de 2002).


¿Y el Estado de derecho?

Aquí no se trata de quién tiene razón o no en torno al problema de la tierra y el derecho de venderla o no para el proyecto del aeropuerto, sino que para expresar su rechazo y descontento los ejidatarios cometieron una serie de delitos y los gobiernos federal y estatal omitieron la ley para no aplicar los castigos que cualquier mexicano debería pagar.

Este es un camino muy peligroso, ya que está adquiriendo cierta jurisprudencia al convertirse en costumbre...

Rodolfo Echeverría Martínez, analista político
(v.pág.5-A de El Informador del 24 de julio de 2002).


No hay ciudadanía en la ilegalidad. Y es precisamente la ilegalidad lo que se ha reforzado más claramente en los últimos años. La ley no es orden, sino sugerencia siempre expuesta a la negociación, los delincuentes son considerados sujetos privilegiados del diálogo político. La conducta de la ilegalidad sigue recibiendo poderosos respaldos y múltiples justificaciones. La manera en que el gobierno refuerza ese mensaje y lo convierte en cátedra para súbditos es justamente que se pregona que el camino de la negociación pasa frecuentemente por la carretera del delito; que los movimientos sociales cuentan con razones atendibles para romper con la ley y, gracias a su desafío, llegar a pactos con el gobierno. La pedagogía de la ilegalidad, esa enseñanza según la cual violar la ley es una conducta no solamente excusable sino aun prudente y, sobre todo, políticamente provechosa, aniquila el proyecto de la ciudadanía. Lejos de ser ciudadanos, somos súbditos de los extorsionadores.

Jesús Silva-Herzog Márquez
(v.pág.18 del periódico Público del 22 de julio de 2002).


¿Que no se aprende rápido? Chiapas, la UNAM, Atenco: ejercer los mayores actos de violencia, quemar patrullas, secuestrar funcionarios es la mejor opción mientras que el gobierno se llena la bocaza con un supuesto 'estado de derecho' que todavía no aparece mientras, en total impunidad, se desnuda y ata a un joven policía y lo bañan en gasolina para quemarlo vivo. Faltó el cerillo. Un policía muere aplastado por un autobús de la caravana 'zapatista'. No hay detenidos ni investigación ni fiscal especial: ¿a quién le importa un policía?

Tras de que, con la toma de rehenes, los atenquienses consiguieron la liberación de sus detenidos, tres marinos que vigilaban el cumplimiento de la veda de camarón en la ría de Celestún, Campeche, se salvaron del linchamiento, pero no del secuestro. Los miembros de la Armada de México fueron privados ilegalmente de su libertad para canjearlos por pescadores detenidos por violar la veda. En el estado de Hidalgo, dos funcionarios del SAT llevaban, hasta el miércoles 17, cinco días secuestrados por habitantes de un pueblo. ¿El motivo? Decomisaron una camioneta con placas de Nevada. Un grupo armado de machetes bloquea un puente internacional... pero claro, ¿por qué no, si da tan buenos resultados?

Luis González de Alba
(v.Cultura y Tendencias, pág.4 del periódico Público del 22 de julio de 2002).


La falta de cumplimiento al entorno legal que nos rige pone en serias dudas los alcances de nuestras autoridades. Esto implica que cada ente quiera hacerse justicia por su propia mano y que se incrementen las dudas sobre las expectativas de realización de cualquier plan. Esto es grave para la certeza del futuro económico y hace que quienes planean invertir en México, se lo piensen.

Más allá de condenar la falta de autoridad a cada nivel, o lo ridículo que nos puedan parecer los enmascarados con machetes o especular qué grupos con intereses oscuros se han sumado a esta causa de dudosas intenciones, lo que debe preocuparnos es que en México estamos demostrando ser incapaces de ponernos de acuerdo en el rumbo que queremos para el país.

Cuando nos rasgábamos las vestiduras por la falta de democracia y nos quejábamos por lo costoso y mal administrado de los proyectos, por lo menos veíamos que las obras acababan realizándose. Ahora que gozamos de la democracia, los diversos grupos políticos se han encargado de que los proyectos no se logren.

¿Por qué invertir en México si ni el propio Gobierno logra llevar a cabo las cosas? Con la 'ley de la selva' no hay seguridad jurídica ni respeto a los derechos de propiedad, ¿para qué arriesgarse habiendo tantos destinos donde la inversión puede ser más certera y productiva?

Lo que venimos haciendo es ridículo, pero no aprendemos: una cosa es respetar las libertades y otra muy distinta es no ejercer la autoridad.

Marcos Shemaría Zlotorynski.
(v.pág.4-A de El Informador del 20 de julio de 2002).


Aunque no es una lacra privativa de América Latina, la corrupción parece haber encontrado aquí un terreno para sentar sus reales. Las más de las veces, el 'estado de derecho' o el 'imperio de la ley' son sólo bonitas frases en los discursos de nuestros gobernantes, cuya impunidad es la regla cuando son ellos quienes violan la confianza de sus gobernados.

Audón Coria, Director en México de
(Selecciones del Reader's Digest. Marzo de 2002).


Así es como se vive en este país [México] de caricatura, con un fingido estado de derecho donde impera la impunidad.

Manuel García Navarro
(v.pág.2 "correo" del periódico Público del 25 de octubre de 2001).


El Presidente y su equipo dicen que hay muy poco que hacer si no los dejan llevar a cabo las grandes reformas que proyectan: fiscal, eléctrica, petrolera, laboral, educativa y otras más.

Hay algo de chantaje y mucho de confusión en este argumento. Es indiscutible que México necesita hacer reformas estructurales para dejar el subdesarrollo. También está fuera de discusión que hay muchas cosas trascendentes que el gobierno puede hacer y que no requieren grandes reformas, sino ganas de hacer la tarea y atención al detalle.

La lista empieza con la aplicación de la ley. México no podrá ser un país desarrollado mientras siga habiendo premios para los que no cumplen la ley. La solución al problema de los coches "chuecos" podrá ser una obra maestra de ingeniería política, pero nos deja como tontos a los que hemos pagado ISAN, tenencia y multas todos estos años.

Los países son desarrollados porque tienen un sistema jurídico que funciona y no viceversa. Si seguimos esperando a ser desarrollados para tener un sistema legal de primer nivel, estamos planteando las cosas al revés. El desarrollo es la consecuencia de vivir en una sociedad en donde esté clara la diferencia entre ser honrado y corrupto. Necesitamos mejores leyes y también necesitamos aplicar bien las que tenemos.

Luis Miguel González
(v.pág.27 del periódico Público del 12 de octubre de 2001).


Lo del imperio de la ley es un cuento como el de la democracia, el cambio y las honestidades.

Gregorio González Cabral
(v.pág. 4A de Ocho Columnas del 19 de agosto de 2001).


Carta del webmaster sobre las manifestaciones

Muy apreciable Sr. Marcos Arana Cervantes:

Me dirijo a usted para comentar su columna "ni más ni menos" publicada en el periódico "El Informador" el día de hoy. En ella comenta los problemas que las manifestaciones provocan a terceras personas "que no tienen vela en el entierro" y la actitud pasiva de las autoridades ante las mismas.

Este problema ha ido creciendo en el país en los últimos años debido a la actitud de los gobiernos de todos los niveles de ignorar las peticiones de la ciudadanía que se hacen por medios institucionales o pacíficos. Así como el profesor Pavlov entrenaba animales a reaccionar de determinada manera al sonido de una campana, creándoles un "reflejo condicionado", los gobiernos han entrenado al pueblo para organizarse en "grupos de presión" para conseguir lo que quieren mediante mitotes, tomas de universidades y edificios públicos y cierre de vialidades.

Vea ud. si no, cuando a los codiciosos, ahora llamados ahorradores, a causa de sus manifestaciones, que no de la justicia de sus peticiones, terminaron pagándoles todo o parte del dinero que les debían empresas particulares fraudulentas que operaban bajo el esquema de las "pirámides" de triste memoria. Se los pagaron con fondos obtenidos de contrabandistas de automóviles que también apoyados en mafias con diferentes marbetes (onappafa, cnc, partidos políticos, etc.) presionaron en grupo al gobierno para que "legalizara" sus delitos. Lo mismo sucedió con taxistas y midibuseros cuando buscaron incrementos en los precios de sus servicios: cerraron el Centro de la ciudad y las autoridades respondieron favorablemente a sus requerimientos.

¿Recuerda a los burócratas mendigando el "bono sexenal"? Lo consiguieron.

Trate ud. de conseguir una entrevista con algún alto funcionario para exponer un problema, y por más justo y real que éste sea, no lo conseguirá. Cuando más será enviado con un burócrata de cuarta categoría, sin ninguna capacidad de decisión, y éste se encargará de capotear sus embestidas esperando a que se retire por agotamiento o desesperación.

Claro, si tiene usted dinero suficiente, puede contratar abogados e iniciar un procedimiento en un juzgado del tipo al que corresponda atender el asunto de que se trate, pero la mayoría de los ciudadanos no tienen los fondos para pagar abogados, ni creen que ese camino los lleve a ganar algo, dado el desprestigio que en México tiene todo el sistema judicial, el cual se piensa, en base a la información que se lee en la prensa, que se vende al mejor postor.

Los mentados "miércoles (o el día que sea) ciudadanos" se crearon y se han mantenido a pesar del disgusto de algunos presidentes municipales por los mismos, porque han funcionado como una válvula a la olla de presión de las demandas de la sociedad... pero por lo general, los resultados son los mismos: termina el asunto en manos de un burócrata de tercera o cuarta... a no ser que demuestre llevar un "grupo de presión" que amenace con un mitote de mayores proporciones, entonces sí lo atenderá el funcionario de alta jerarquía y poder de decisión.

Por otro lado está la impunidad con que estos grupos y sus líderes han actuado. ¡Si hasta los del CGH salieron libres después de haber dañado en forma muy importante a la UNAM y a sus alumnos! ¿Entonces? ¿Qué es lo que los mexicanos han aprendido? Han aprendido que con un "grupo de presión" se puede hacer y conseguir cualquier cosa, sin temor alguno a que se apliquen las leyes por parte de un gobierno pusilánime, impunemente. También han aprendido que como individuos, así tengan el respaldo de leyes, reglamentos y códigos, valen lo mismo que un "cero a la izquierda".

Es una lástima, pero así es. Algunos tuvimos la esperanza de que esto cambiaría al echar fuera al PRI del gobierno, pero nos hemos decepcionado totalmente. El asunto es que tal parece que la solución viable a la creación de un verdadero estado de derecho va por el camino de echar fuera a los políticos y a sus partidos del gobierno... y esto tiene dos vías, la oscura que nos llevaría a un indeseable golpe de estado, lo que se contrapone fundamentalmente con el estado de derecho; y la democrática, de llevar al gobierno a los ciudadanos, vía esta última que se encuentra cerrada por las actuales leyes promulgadas por los partidos y sus miembros, que han señalado como único camino para llegar al poder el que pasa a través de un partido político registrado.

Mientras, los ciudadanos perezosos que no nos organizamos para cerrar el periférico o la carretera a ningún lado, deberemos seguir soportando a los gobernantes, que tratan de seguirnos ordeñando más allá de todo lo aceptable, y a los vivales, más proactivos, que sí hacen lo necesario para ser atendidos y satisfechos en sus casi siempre nefastas demandas.

Saludos.

(29 de mayo de 2001)


Un país de leyes tendría que encarcelar a miles de campesinos que siembran mariguana, no sólo a sus patronos y compradores. Tendría que sacar de las calles a los vendedores ambulantes, en vez de oír sus demandas... No es sólo que las autoridades no hagan cumplir las leyes. Muchos ciudadanos no están dispuestos a acatarlas... Es una vieja tradición: obedecer parcialmente las leyes, negociar su cumplimiento, tolerar la ilegalidad, justificarla por razones económicas, políticas o prácticas... De un lado, hay un intenso reclamo público por la aplicación estricta de la ley. Por otro lado, ciertas ilegalidades tienen en la sociedad un encanto político que induce a disculpar su carácter delictivo porque las causas que las inspiran parecen justas.

Héctor Aguilar Camín
La ceniza y la semilla (Ediciones Cal y Arena. México. 2000).


Con el afán de "regularizar" todo lo irregular, que es casi todo, el gobierno termina premiando siempre a los ciudadanos incumplidos. En cambio, no tiene prácticamente ninguna consideración para los ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones. Salvo los descuentos por pronto pago, cuya lógica tiene más que ver con obtener un provecho financiero que con premiar a los contribuyentes, no hay alicientes para los cumplidos. Quienes pagan puntualmente y desde hace años sus impuestos nunca reciben ninguna notificación que diga: "Debido a que lleva diez años al corriente de sus pagos, este año no pagará impuestos". En cambio, si lleva diez años de no pagar ni un cinco, le dirán: "Pague este año y olvídese de lo anterior". Algunos no pagan el agua y acumulan adeudos. Cuando la cuenta es de miles de pesos negocian y se les reduce el monto de la deuda. Si usted se casa por el civil paga su cuota, si no se casa, no se preocupe el ayuntamiento hará una campaña de "regularización de amores" y entonces le saldrá gratis. Y así siempre, en casi todo. La lección que dejan las autoridades es que le va mejor al que no cumple la ley .

Juan Carlos Núñez
(v.pág.16 de la sección "Arte y Gente" del periódico Público del 4 de mayo de 2001).


Con tristeza y vergüenza escuché el otro día por la radio que las personas que se les eligió como diputados "aceptaron" una vez más violar el Estado de derecho, en el que dice el Sr. Fox vivimos "todos" los mexicanos, lo cual obviamente me indignó... Primero.- Emite un decreto en el cual un puñado de delincuentes "contrabandistas", delito del orden federal, obtienen la autorización para legalizar y posteriormente nacionalizar vehículos, por los cuales pagaron ínfimos precios en otro país, y nunca han cubierto impuestos como la mayoría de nosotros en nuestra patria, lo anterior después de violentar el Estado de derecho (porque se va en contra de la legislación positiva), demuestra que sí existimos diferentes clases de mexicanos para la aplicación de la ley y para el pago de los impuestos, (qué poco criterio para dejar de cobrar impuestos). Posteriormente se ordena el pago de los presuntos defraudados de las cajas populares, lo cual nos costará a todos los mexicanos que sí pagamos impuestos, ya que se tomarán partidas del gasto público, cuando los afectados quisieron y decidieron ser "socios" de dichas empresas y cuando quiebran buscan el paternalismo de Papá gobierno que todo les da.

Juan Carlos Escobar Valle, maestro de derecho
(v.pág.6-a de El Informador del 28 de marzo de 2001).


Toda violencia, venga de donde venga, debe ser reprimida por el Estado, ¡punto!, lo demás son payasadas.

Si siguen permitiendo que los violentos hagan de las suyas en este país, esta nación va a ir a una situación que no merece y que será sin duda trágica.

No se puede seguir jugando con la violencia, venga de donde venga. Todos debemos ser convocados por el Estado para vivir en paz, para dialogar, pero si alguien transgrede el orden jurídico, que se enfrente a la autoridad y con la ley, lo demás me parece una claudicación.

Diego Fernández de Cevallos, Senador de la República
(v.pág 20A de Ocho Columnas del 8 de febrero de 2001).


No se deben permitir acciones vandálicas, el gobierno debió actuar con más energía; una cosa es la mesura por parte de la autoridad y otra su inexistencia; ¡ya basta!.

Demetrio Sodi de la Tijera, Senador de la República
(v.pág 20A de Ocho Columnas del 8 de febrero de 2001).


...¿no están contempladas las multas en los reglamentos municipales?... ¿Y no "protestan" los alcaldes, cuando asumen sus cargos, "cumplir y hacer cumplir las leyes", en vez de eludir el cumplimiento de esa "protesta" con sus tibias campañas de "concientización"...?

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.5-a de El Informador del 24 de enero de 2001).


...los que ¡sí! hemos cumplido, los que ¡sí! hemos pagado... Un ISAN, un IVA, unas placas, unas tenencias, un RENAVE. Para nosotros los cumplidos , ¡nada, pelas!. A seguir pagando que para eso nacimos ¡ah! y también para callar, porque aquí se privilegia a los otros, a los morosos, a los que no cumplen, a los que llegan tarde, a los que gritan y hacen manifestaciones y colapsan a la ciudad. ¡A esos sí!

Conrado Trapero Rivas
(v.pág 11A de Ocho Columnas del 11 de enero de 2001).


El objetivo [de la amnistía fiscal] es ir hacia adelante y tratar de olvidar los problemas del pasado, que los contribuyentes morosos aporten recursos adicionales y se despreocupen por sus adeudos con el fisco. Aparentemente, la medida anunciada por el secretario de Hacienda refleja la buena voluntad del nuevo gobierno de sanear el sistema tributario y de premiar a aquellos que presenten una declaración de impuestos en orden en el 2001.

Con la amnistía Hacienda logrará una mejor relación con quienes no están al corriente de sus declaraciones, pero ¿cómo compensará a los contribuyentes que sí han cumplido con sus obligaciones fiscales?

Roberto Zapata
(v.pág.17a de Ocho Columnas del 7 de diciembre, 2000).


La fuerza política de una agrupación o gremio está en relación directa con el daño que pueda hacerse a la sociedad en su conjunto; quienes no pueden dañar gravemente a la sociedad, no cuentan con la posibilidad de ponerla en jaque, y suelen obtener pocos satisfactores sociales. De ahí que en México, de acuerdo con datos del INEGI, aunque los salarios de los servidores públicos hayan subido, su productividad ha bajado, exactamente lo contrario de lo que ocurre en el sector agropecuario.

Por lo pronto, el problema si se les otorga a los burócratas el bono -violando necesariamente la ley- es que se estimule y consienta una vez más, la presión directa y no la institucionalidad legal, como vía para conseguir la satisfacción de las diversas demandas sociales. Se invitaría de hecho a todos los grupos y organizaciones, para en el futuro inmediato hacer lo mismo (de hecho, por eso se sumaron otras agrupaciones a la rebelión burocrática) con el caos consecuente. La transición no sería ya a la democracia, sino a la anarquía.

José Antonio Crespo, periodista
(v.pág.5-A del diario El Informador del 11 de noviembre de 2000).


¿Se atreverán las autoridades a aplicar la ley...?

Hay casos que cansan de tanto citarlos, pero que se han significado en la vida nacional:

Estos y otros casos más... han creado un ambiente socialmente insano, en el sentido de que:

José A. Pérez Stuart
(v.pág.20A del diario Ocho Columnas del 11 de mayo de 2000).


Hay momentos en que gobierno y sociedad deben obligadamente de hacer un alto en el camino. En nuestro caso, México día a día es dejado de gobernar, y buena parte de la sociedad se resiste a ser gobernada. ¡Ambos casos son graves en extremo!

...cabe preguntarse si todavía existe en México el estado de Derecho, o simplemente queda ya un escenario de utilería. La sociedad, esa sociedad de verdad, la que paga impuestos y vive ordenadamente -y no los grupúsculos de grillos y anarquistas-, clama a diario por un auténtico estado de Derecho que le tutele en sus acciones y le proteja de tanto delincuente suelto e impune...

Manuel Hernández Gómez.
(v.pág.4-A de El Informador del 4 de marzo de 2000).


Carta del webmaster sobre la legalización de autos de contrabando

Apreciable señor Damm:

El día de hoy leí en el diario Ocho Columnas de la ciudad de Guadalajara, en la columna "Pesos y Contrapesos", que en otras ocasiones ha sido clara y acertada, su artículo "Contrabando: una confusión presidencial".

De todo su artículo lo único que encuentro razonable es el título, ya que Zedillo, quien no se ha caracterizado por su efectividad, eficiencia o claridad de pensamiento, en efecto está confuso: el primero que legalizó el contrabando fue él mismo, al autorizar la legalización de las camionetas de carga "pickups". Creo que todo este asunto de los mal llamados carros "chocolates" (deberíamos llamarlos, simplemente, ilegales) está mal desde que la autoridad se hace de la "vista gorda" y no aplica la ley. La ley especifica que los automóviles no pueden circular en el territorio nacional sin la debida autorización expedida por la autoridad correspondiente, sea esta autorización un permiso de internación temporal o unas placas expedidas por una entidad federativa o una dependencia autorizada (v.gr.: SRE para autos consulares).

La aplicación de la ley no es discrecional para la autoridad... ¡Es obligatoria! La autoridad se ha puesto fuera de la ley al no haber aplicado constante y consistentemente la ley en este caso y ello es lo que ha hecho crecer el problema.

La "libertad de consumir" que usted menciona, si es que existe, está limitada por dos cosas: la legalidad de lo consumido (no puedo consumir armas, aunque no cometa ningún delito con ellas; ni drogas ilegales, aunque al único que dañe sea a mí mismo con su consumo) y la capacidad (económica) para adquirirlo. Si no se reconoce lo anterior, estaremos promoviendo la anarquía y el robo.

Por supuesto que todo el que tiene posibilidad de beneficiarse con la legalización de los automóviles ilegales la va a defender a capa y espada contra cualquier argumento. Al adquirir un automóvil ilegal ya estaban apostando a que al final se saldrían con la suya, pasándose las leyes por al arco del triunfo y aprovechando la debilidad de nuestras actuales autoridades de todos los niveles, quienes han permitido la ilegalidad en todos los órdenes de la vida nacional dañando con ello al país en forma, me temo, irrecuperable.

Se oye muy bonito eso del "derecho a la libertad de consumir". A mí me gustaría tener la "libertad de consumir" unas vacaciones en Europa... pero no puedo pagarlas. Con lo que pagué por mi VW Jetta 92 podría haber comprado una Ford Aerostar en el "otro lado", pero estoy conciente de que sería ilegal su estancia (que no su posesión) en mi país al vencerse su permiso temporal de internación, así que me conformé con lo que pude adquirir y usar legalmente. La Constitución garantiza algunos derechos, como a la salud y a la educación, pero no el de transportación y menos en un vehículo privado.

La circulación y legalización de los vehículos que se encuentran ilegalmente en el país es un castigo, una vez más, a los mexicanos que cumplen con las leyes, que pagan impuestos, que obedecen a las autoridades legalmente constituidas. La enseñanza que estamos dejando a las jóvenes generaciones son de que la ilegalidad es aceptable si es practicada por grupos numerosos, y que la violencia es la forma de que las autoridades cedan a nuestros deseos. Les estamos demostrando que lo que nos conviene es nuestro derecho, y lo que no nos conviene no es nuestra obligación. Están aprendiendo que el que paga pierde, que es un imbécil, y que se puede dejar de pagar lo que se adeuda y al final salir ganando.

La mayoría de los autos ilegales no están en manos de desposeídos (éstos ni siquiera pueden darse el lujo de mantenerlos); pueden verse en las cocheras de colonias de clase media y alta, de quienes han visto la oportunidad de hacerse de un Camaro, un BMW, una miniván o una GM Jimmy a bajo costo (y sin impuestos), en lugar de usar un Nissan o un Chevy.

Si se va a hacer una excepción que se haga para todos, buscando el beneficio de quienes han pagado el costo de mantenerse dentro de lo legal y no sólo para los que se la han jugado por la ilegalidad...

Reciba un saludo de un lector de Guadalajara.

Saludos.

(11 de mayo de 2000)


Una de las contradicciones de nuestra sociedad es que nos la pasamos gritando que se cumpla la ley, y luego presionamos para que el gobierno tenga "sensibilidad política".

Los empresarios se quejan de que el gobierno es un mal recaudador, pero cuando pescan a algún empresario evasor se habla de "terrorismo fiscal" y desaliento a la inversión; si hay un desalojo de un predio invadido, se habla de falta de sensibilidad social. Etcétera. En nuestro país hay una muy arraigada cultura de negociación de la ley, producto de un sistema de componendas y una cultura política de dádiva y castigo que aún flota en el ambiente.

Diego Petersen Farah
(v.pág.14 del periódico Público del 10 de febrero de 2000).


Nuestra democracia, germinal pero real, parece basarse todavía en la noción de que cada parcela de la sociedad que genuina o ficticiamente representa algo, puede constituirse en excepción frente a la norma.

Los deudores, por ejemplo, se sienten con el derecho de no pagar y reúnen capacidad de presión para no hacerlo; acuden al Congreso de la Unión y derriban sus rejas, impunemente, por cierto. Los inquilinos que no cubren sus rentas encuentran protección política para permanecer en los predios o casas que ilegítimamente ocupan, en detrimento de los derechos de sus arrendadores, y la autoridad se pliega... No hay cultura ni concepción de ciudadanía, es decir, de igualdad ante la ley. O, lo que es lo mismo, estamos en una democracia sin demócratas.

Carlos Castillo Peraza
(v.pág.15 del periódico Público del 10 de febrero de 2000).


Los dirigentes del Consejo General de Huelga de la UNAM... Exigen impunidad, porque ya aprendieron (lo dijo el presidente Zedillo, nada más y nada menos) que en México la ley se aplica opcionalmente, según el ánimo, el interés o el criterio del funcionario en turno; ya saben, se los dijo Zedillo, que la justicia y la ley en México no se aplican "ciegamente", sino mirando muy bien si le conviene o no al gobierno hacerlo.

Ricardo Medina Macías.
(v.pág.21 de El Economista de El Informador del 22 de diciembre, 1999).


Cualquier causante mexicano respetuoso de las leyes que imperan en este país debería estar indignado con la aberración que están a punto de aprobar en el Congreso [la regularización de los vehículos de contrabando]. La moraleja, una vez visto el tratamiento populista que a fin de cuentas se le dio al asunto, es clara "no pagues, no cumplas la ley, bríncate las trancas, total luego te perdonan y ganas lana...

...Recordemos la quiebra del sistema financiero mexicano. Se dio por impunidad y falta de valores cuando los deudores se dieron cuenta de que el tonto fue el que pagó pues el que continuó en default al final tuvo grandes beneficios y las gentes que tuvieron que deshacerse incluso del patrimonio familiar para cumplir como hombres a lo que se habían comprometido al final tuvieron grandes decepciones...

En fin, una vez más parece que se va a legislar una ley más de impunidad. Ojalá que alguien tenga el valor civil para oponerse, aunque eso le quite votos y "popularidad" electoral que a fin de cuentas no sirve para nada si legislas basura.

Luis Alberto Güémez.
(v.pág.22 de El Economista de El Informador del 1o.de diciembre de 1999).


La huelga en la UNAM deja la lección de que con violencia, cerrazón e intransigencia es como se pueden lograr objetivos políticos. A los jóvenes les enseñamos que en este país las leyes se aplican a veces sí y a veces no. Que se pueden burlar de las leyes, de los derechos humanos, y no pasa nada.

Francisco Xavier Salazar, senador de la República, citado por Raúl Trejo Delarbre
(v.pág.6-A de El Informador del 20 de noviembre de 1999).


El doctor Zedillo fustigó en días pasados a quienes hemos calificado como irresponsable al gobierno que él preside por no actuar y hacer cumplir las leyes del país, como se comprometió a hacerlo hace casi cinco años, y llamó bárbaros a quienes hemos propuesto simplemente restaurar el estado de derecho.

...¿quiénes son los bárbaros, los que proponemos la simple y llana aplicación de la ley o las autoridades que reiteradamente se niegan a cumplir con su obligación de obedecer las leyes y hacerlas cumplir?

Si la respuesta correcta es la segunda se impone exigir, como lo señala la Constitución, la renuncia del doctor Zedillo por negligencia grave o, en su defecto, el enjuiciamiento político que prevé nuestra ley fundamental para removerlo del cargo.

José Manuel Suárez Mier, economista asociado del Centro de Investigación para el Desarrollo.
(v.pág.21 de El Economista de El Informador del 27 de octubre, 1999).


Deuda y déficit públicos de tan elevada magnitud [como en México], vuelven a la economía mucho más vulnerable al impacto del caos y de la violencia cuyo avance crece por la ausencia de una autoridad dispuesta a cumplir con su obligación y hacer respetar las leyes vigentes. En consecuencia, el "blindaje" financiero será inútil si el gobierno no actúa inmediata y decididamente para restablecer el Estado de Derecho y orden público.

José Manuel Suárez Mier, economista asociado del Centro de Investigación para el Desarrollo.
(v.pág.21 de El Economista de El Informador del 20 de octubre, 1999).


A la tolerancia [a las actividades económicas informales, sean éstas legales o no] que desde épocas tempranas mostraron las autoridades, se sumó el interés político, que vio en la unión de estos grupos la posibilidad de contar con votos corporativos, a cambio de gestionar todo tipo de favores. Pronto se sumó la corrupción y con ello un segmento que vende protección, lo que ha hecho que el problema actual sea casi imposible de desenmarañar. A cambio de una política social implícita y de desvirtuar la tolerancia, los mexicanos comunes que pagan impuestos y trabajan a cambio de un salario que no es siquiera un múltiplo decente de lo que ingresan servidores públicos corruptos, líderes y representantes que sólo atienden sus intereses, hemos heredado un ambiente urbano degradado y la pérdida de valores sociales importantes. Las calles están llenas de basura, ratas y cucarachas y el servicio de limpia y desasolve de drenaje sirve por igual a quien paga impuestos, desde renta, IVA, predial y servicios de agua y alumbrado, hasta el puesto de la esquina que roba la electricidad y el agua, contamina drenajes, produce enfermedades gastrointestinales y no paga impuestos, ni seguro social. Lo más probable es que sus hijos alternen en escuelas con los hijos de los mexicanos comunes, una muestra más de tolerancia buena voluntad, pero podemos imaginar los difíciles momentos que enfrentarán los mentores de estos niños para explicar cómo es que dos grupos sociales con valores tan disímbolos, opuestos y encontrados pueden coexistir, ser perfectamente legales e iguales ante los ojos de todos.

Mario Rodarte E., doctor en economía por la Universidad de Texas.
(v.pág.22 de El Economista de El Informador del 15 de septiembre de 1999).


Estamos ante una abdicación pública de las potestades que la ley atribuye al Estado y sus órganos. Con asombro miramos el penoso espectáculo de un gobierno que se muestra implacable y aplastante para con los inermes ciudadanos, pero impotente frente a las fuerzas que con las armas de la violencia le han arrebatado en la práctica el monopolio del poder.

Fausto Alzati Araiza, presidente ejecutivo del Centro Internacional Lucas Alamán para el Crecimiento Económico, A.C.
(v.pág.21 de El Economista de El Informador del 2 de septiembre de 1999).


En su toma de posesión, en diciembre de 1994, Ernesto Zedillo protestó solemnemente cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que rigen la República. Esta semana, con relación al paro de la Universidad Nacional, el presidente declaró que el gobierno de la República no será obligado por nadie a reprimir. Es más, solicitó a los universitarios que defendieran su casa de estudios. Sus desafortunadas palabras parecen confundir la represión autoritaria con la obligación que él asumió de hacer cumplir la ley. Parecería que para Zedillo el Estado de Derecho es un simple acto de contentillo personal.

El inglés Tomás Hobbes afirmaba hace unos 340 años que el Estado se constituía con el propósito de brindar seguridad a los individuos. El "Estado de naturaleza" es de tal manera aterrador que orilla a los hombres y mujeres a ceder una parte de su libertad originaria y su derecho a la autodefensa a cambio de obtener la protección por parte de la autoridad de la vida, la integridad física y sus derechos básicos. La incapacidad o la falta de voluntad del soberano para cumplir con su parte del convenio, es la única causa que abroga el pacto original. Es la disolución del Estado, el retorno al "Estado de naturaleza", el inicio de la guerra de todos contra todos. Sin duda Zedillo no quiso insinuar con esas palabras su voluntad de disolver el Estado mexicano, pero sus palabras implican una gran confusión mental y una gran irresponsabilidad política. Las consecuencias nefastas se presentaron de inmediato. Un enfrentamiento más o menos violento entre grupos que están en contra del paro y los paristas del CGH.

Por desgracia, el conflicto de la UNAM es sólo uno de los múltiples asuntos en los que el gobierno federal no ha querido cumplir con su responsabilidad mínima. Hacer cumplir la ley. La guerrilla en Chiapas y otros estados de la República, el narcotráfico que avanza, el deterioro acelerado de la seguridad pública en todo el territorio nacional y la violación sistemática a los derechos básicos de los ciudadanos por las autoridades judiciales son otros aspectos de la misma actitud disolvente y subversiva de la presente administración.

Hace ya varias semanas, algunos reputados juristas y profesores de derecho de la Universidad presentaron denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República. Todavía no se ha visto ninguna reacción por parte de esa instancia encargada de ejercitar la acción penal. El monopolio legal de la "acción penal" que detenta la PGR -por su importancia social- es quizás aún más perverso que cualquier otro monopolio. Su inexplicable inactividad, congruente con las palabras presidenciales, invita a las partes en conflicto a buscar soluciones de hecho, como ya suceió cuando el exrector Sarukán intentó tomar las instalaciones universitarias con peligrosos resultados. Estas son falsas soluciones que pueden llevar fácilmente a la violencia entre grupos de universitarios y posiblemente a la ingobernabilidad general del país. ¿Qué no se dan cuenta en el gobierno del presidente Zedillo a lo que sus aciones y palabras conducen? Parece ser cierto que los "dioses primero ciegan a quienes quieren destruir", y es posible [que] quizás esta inepta administración tecnocrática se lo merezca, pero no así nuestra Patria mexicana. México -somos casi cien millones de almas- no se merece tal suerte.

Las palabras presidenciales son, o un gravísimo síntoma de confusión en el gobierno o la abdicación definitiva de la primera responsabilidad del Estado. Son un signo de incompetencia y pusilanimidad o una llamada desde la Presidencia de la República al "sálvese quien pueda" de un naufragio social que se prevé. En cualquier caso, las palabras de Zedillo son una aterradora declaración que se hace desde la misma cúspide del Estado mexicano.

Ojalá, que para la tranquilidad general del país, el presidente Zedillo aclare el verdadero sentido de sus ominosas palabras. Ojalá que todo sea una confusión surgida de una improvisación declarativa. El Estado de Derecho no es una práctica de contentillo, algo que hoy se aplica y mañana no. Señor Presidente, el Estado de Derecho es nuestro único escudo contra el lobo feroz que todos llevamos dentro. Su obligación personal es hacer cumplir la ley. México no quiere sufrir otra guerra civil.

Roberto Blum, investigador asociado del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
(v.pág.22 de El Economista, de El Informador del 26 de agosto de 1999).


Carta del webmaster sobre la legalización de autos de contrabando

Sr. Luis Miguel González:

Lo felicito por su artículo "Purgatorio de autos" que aparece en el periódico "Público" del pasado viernes 16 de abril. Es el análisis más claro y objetivo que he visto acerca de este grave problema. Sin embargo, a lo largo del mismo, parece que su tesis es que la menos mala de las opciones es la "legalización" de los mismos. En este punto no estoy totalmente de acuerdo, aunque reconozco que entre continuar como estamos y legalizarlos es mucho mejor esto último. Sin embargo, ante la posibilidad de seguir fomentando la cultura de la ilegalidad (los que están mal son los cumplidos y honrados, a quienes los incumplidos y deshonestos llaman pendejos) debe aplicarse la ley. Si la autoridad no la aplica, ella misma se está poniendo fuera de la ley, ya que no está cumpliendo con su obligación de aplicarla (el cumplimiento de la ley no es discrecional para nadie, y menos aún para la autoridad). Otro problema es si la autoridad no se considera a sí misma legitimizada como para aplicar la ley a quienes por sistema la violan (a quienes por sistema la cumplen sí se la aplican despiadadamente ante la menor desviación), pero ese problema sería motivo de otro análisis más profundo acerca del porqué de que a las autoridades de todos los niveles en este país cualquier grupúsculo (llámese EZLN, CNC, midibuseros, Barzón o el que sea) se les pone enfrente, las amenaza y les grita, violando al mismo tiempo derechos de terceros y sin ninguna consecuencia para ellos.

Creo que una posible solución al problema de los autos ilegales es hostigarlos para impedirles que circulen, tanto en zonas urbanas como en carreteras estatales y federales. Los responsables de controlar la circulación de automóviles deben tener instrucciones de detenerlos en cuanto los vean, pedirles documentación que acredite su legalidad en el país, recoger unos cuantos diariamente mientras sus pretendidos propietarios no demuestren la legítima posesión del mismo y a los demás enviarlos (con grúa a cargo del propietario del vehículo) a sus casas con la advertencia de que no puede circular si el permiso para su estancia en el país ya está vencido. Aplicando lo anterior y aguantando con los medios legales a su alcance (el pacto social ha delegado a la autoridad el uso de la violencia pública con el fin de que se preserve el orden y se garantice la seguridad de cada uno de los imntegrantes de la sociedad; si no se cumple con lo anterior, el pacto social carece de validez y cada uno tendrá que hacerse cargo de su propia seguridad, sin obligación, ya, de pagar impuestos: la anarquía), los autos ilegales dejarían de circular en unos pocos días, quedando guardados en las cocheras de sus "vivillos" propietarios y eliminando el problema de detener 5000 autos diarios durante un año y guardarlos en algún corralón.

Sé que mi posición es difícil de aplicar, pero si esto es un "estado de derecho" como tanto se pregona, creo que no hay opciones. Si el estado de derecho ya no existe, porque no basta con tenerlo mejor sólo en los aspectos electorales mientras que en los demás ámbitos se deteriora, pues que se reconozca, pero con sus consecuencias: la ilegitimidad de las autoridades y la probable necesidad de un Fujimori, un Franco, un Pinochet o cualquier ayatola que ande por allí para volverlo a implantar, porque el pacto social ha dejado de funcionar y la mayoría de los mexicanos no queremos la "ley de la selva" como principio de actuación, porque en su caso estamos en desventaja ante la "oclocracia", los peores elementos de la sociedad: narcos, asesinos, secuestradores y demás escoria. Ojalá y todavía estemos a tiempo de revertir la tendencia de las últimas dos décadas hacia el desorden y la anarquía. No se quiere el fascismo, pero la desesperación empieza a ganar cada vez más a los elementos útiles de nuestra sociedad y a arruinar las expectativas de los jóvenes que cada día tratan de incorporse en forma activa a la misma. Como usted dice al cerrar su artículo: "Después de todo se trata de no irnos al infierno".

Saludos

(19 de abril de 1999)


La enseñanza para los habitantes del país es clara: la ley es sólo para quien no tiene fuerza política. El cumplimiento de las normas no es un hecho normal, cotidiano, sino el resultado de no poseer la influencia necesaria. Es la clase de civismo que todos recibimos desde niños en los pueblos y ciudades de México: nada más los tontos hacen cola, pagan sus multas y no atropellan los derechos de terceros. Ignorar las normas de convivencia fue hasta hace poco una atribución del PRI. Hoy lo es también de la oposición al PRI. Unos y otros siguen considerando que el poder es para exentar la materia de civismo.

PRI, PRD y PAN, los tres partidos gobernantes, muestran el mismo empleo discresional de la ley...

Para el individuo no hay contemplaciones. Pero cuando no se trata de uno, sino de muchos ciudadanos, y por sus posiciones políticas los respalda cierta prensa, el ojo tramposo de la justicia detiene la aplicación de la ley. Es el influyentismo de siempre elevado a la categoría de "diálogo".

...Simple y escuetamente lo que requerimos es la aplicación de la ley a quienes afectan la vida de terceros. Si no por justicia, al menos por pragmatismo, pues tenemos a la vista el ejemplo de Chiapas, donde el vacío de la ley fue llenado de inmediato por la ley del más fuerte, que es la ley de la selva... Todos son potenciales disparadores del polvorín creado cuando el Estado se retira de su función central, la de administrar el pacto social por el que no nos agredimos los unos a los otros. Terminado ese contrato, cada uno es libre de actuar según le dicte su propia noción de la justicia y el umbral de su cólera.

El pasmo de la ley ante los grupos de presión y sus corifeos en la prensa es un riesgo mayor que la ineficacia ante el crimen. Los secuestradores no están al alcance de la familia ofendida. Es difícil tomarse la justicia por mano propia por muchos y ardientes deseos que se tengan. El "activista" que cierra con sus secuaces todo el centro de una ciudad o la principal vía de otra, sí está al alcance de la indignación. Y ya hemos visto aparecer las armas de los particulares para llenar el vacío de la ley.

Luis González de Alba
(v. Arte & Gente, pág.6, de Público del 22 de febrero de 1999).


Respuesta a la pregunta: ¿Cómo hubiera enfrentado el conflicto de Chiapas? "Sólo hay dos formas de enfrentarlo: con los huevos o con las nalgas... el problema es que lo enfrentaron al revés y hoy vemos lo que está pasando."

Javier García Paniagua (+) (citado en el diario Ocho Columnas del 30 de noviembre de 1998, pág. 8 de la sección "Política").


Fecha de última actualización: 30 de diciembre de 2005.

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