En Regreso a Acteal lo que se destaca es que en la cárcel no están, como resultado del proceso judicial, todos los verdaderos culpables, y están en ella inocentes presos.
Como prueba, Aguilar Camín registra que el grito de una multitud doliente "ellos son, ellos son los que los mataron", provocó la detención, de golpe, de 30 policías de San Pedro Chenalhó que pasaban junto al cortejo. No hay, sin embargo, en el señalamiento de Camín de esta atrocidad judicial, propósito de exentar a nadie de alguna responsabilidad, si la hubiera. Para Aguilar, en sus declaraciones y testimonios, los oficiales de seguridad no convencen a nadie de si en los hechos actuaban con tanta negligencia "por cuenta de su ineptitud o por un diseño de complicidad inducida por el gobierno local, el ejército o el gobierno federal".
Es la intención de la objetividad lo que le permite decir que del "horror que permanece en la sombra", es el hecho que "nadie ha explicado las 12 muertes por machete y traumatismo craneal que registran las necropsias" de los 45 muertos de Acteal. Todos los contendientes de aquellas batallas pasan de puntitas por los masacrados bestialmente.
Jorge Medina Viedas
(v.pág.15 del periódico Público del 30 de diciembre de 2007).
El delegado regional de gobierno en Tehuantepec, Miguel Santiago Espinoza, informó que en el municipio de Tequisistlán, militantes del Partido Acción Nacional exigen otra regiduría, por lo que decidieron bloquear la carretera federal 190 para exigir ese lugar en la integración del Ayuntamiento 2008-2010.
En Juchitán, unos 150 indígenas de San Miguel Chimalapa bloquearon la carretera federal 185, para demandar la anulación de la elección municipal.
Mientras que en el municipio de Santo Domingo Zanatepec, militantes del Partido Convergencia decidieron bloquear la carretera para demandar 2 regidurías en la integración de las nuevas autoridades municipales.
(V.pág.7 del periódico Mural del 27 de diciembre de 2007).
Además, causan daños a bienes muebles e inmuebles, desquician la ciudad, paralizan el tránsito vehicular y propician un mayor deterioro del aire que respiran los habitantes.
"Las manifestaciones nacieron con el objetivo de mostrar el descontento de grupos inconformes con determinados temas y para que la gente en general se enterara; lo malo es que ahora casi nadie ve las marchas, sino el tráfico que generan", plantea la propuesta ecologista.
Sabemos que más de 50% de las marchas abanderan problemas de carácter federal y cifras de la industria restaurantera revelan que las manifestaciones, tan sólo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dejan cada día 7 millones de pesos de pérdidas al comercio.
Los senadores del PVEM aclaran en su documento que no quieren terminar con el derecho de manifestación, sino equilibrarlo con el derecho de tránsito.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 26 de diciembre de 2007).
La omisión previa empieza cuando en 1994 reconoce implícitamente el dominio del EZLN sobre el territorio donde opera. La Ley de Concordia y Pacificación de 1994 permite al EZLN conservar sus armas mientras existiera el diálogo.
Esa ley sigue en vigor porque no se ha decretado el fin del diálogo, aunque lleve nueve años interrumpido. Según la ley, sólo puede decretar el fin del diálogo la Comisión de Concordia y Pacificación, la famosa Cocopa, pero debe hacerlo por unanimidad. No lo ha hecho, de modo que el EZLN está armado legalmente en los lugares que ocupa.
A partir de 1995, el EZLN decreta expandirse a otras zonas con la formación de "municipios autónomos" ( hay 39). Los simpatizantes del EZLN erigen municipios alternativos en competencia con los municipios constitucionales. Lo hacen apoyados en distinta medida por la gente armada del propio EZLN. Ese es el origen de la violencia en Chenalhó y en otros municipios de Chiapas.
En Chenalhó, la pugna del municipio autónomo y los pueblos no zapatistas produjo 22 homicidios entre 1996 y 1997. No se investigó ninguno.
Durante la matanza, el estado fue omiso también. Había en los alrededores de Acteal, a no más de 40 minutos de trayecto, 300 miembros de destacamentos de seguridad pública. No acudieron. Los 20 o 30 que estaban presentes en Acteal, a la entrada del pueblo, no hicieron nada. Los acusaron de homicidio por omisión, creo que fundadamente.
Después de la matanza, el estado tampoco hizo su trabajo. No investigó los hechos: fabricó culpables para acallar el escándalo. Metió gente a la cárcel a granel para resolver la presión política, y dejó libres al menos a 4 de los agresores, que siguen libres, lo mismo que su jefe verdadero: Antonio Santiz López. Están presos, en cambio, decenas de inocentes que nada tuvieron que ver con el hecho.
La justicia ha sido injusta en todas direcciones en el caso de Acteal. El estado no aplicó la ley antes de que escalara el conflicto y la aplicó torcidamente después de la matanza.
Héctor Aguilar Camín
(v.pág.2 del periódico Público del 21 de diciembre de 2007).
(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 20 de diciembre de 2007).
Con el tianguis sobre la Avenida Hidalgo el tráfico se volvió lento en la cabecera municipal, pues a partir de la calle Emiliano Zapata la circulación en el carril de oriente a poniente se cerró, desviando con apoyo de agentes viales a los conductores a la calle Juárez, posterior a Hidalgo.
Pero éste no fue todo el conflicto; alrededor de las 14:30 horas los comerciante establecidos del centro histórico molestos por la invasión de los tianguistas en la avenida, se manifestaron frente a la Presidencia Municipal plantándose en el carril de poniente a oriente con 10 autos con letreros en los cristales, que decían "¿Dónde está el acuerdo?", "Cumplan su palabra" y "Liberen Avenida Hidalgo".
(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 20 de diciembre de 2007).
Cuauhtémoc Cisneros Madrid. presidente de Comunicación Cultural, A.C., Asociación de Periodistas de Prensa, Radio y Televisión
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de diciembre de 2007).
Mientras Ugalde prepara sus maletas para irse a Harvard, los diputados que maquinaron la destrucción de la autonomía del órgano electoral (que ya no será ciudadano, a pesar del engaño y la mentira política que aún se animan a sostener) se proclaman salvadores tras el argumento de que lo han hecho por "las instituciones y la credibilidad". En el proceso de esta fantasía estúpida, aquellos sobre quienes pesa la responsabilidad primaria de crear las leyes, anteponen la lista de compras navideñas y las vacaciones ejecutivas (pagadas, obviamente, con cargo a usted, a mí y a todos los ciudadanos) al cumplimiento de sus responsabilidades y funciones, llegando a cruzar la delgada línea que divide la falta de acuerdos de la franca y criminal violación a la Constitución. ¿Con qué cara los esbirritos del pejezoide criminal salen a decirnos que ahora todo es culpa de los caprichos de Ugalde y de quienes lo manipulan y presionan? ¿Con qué tamaños Héctor Larios (minúsculo él, en sus ideas) nos dice que sí es una violación a la Constitución pero "imperfecta" porque no hay sanción? ¿Cómo podemos callar cuando la misma Zavaleta (lastimosamente minúscula también) dice que "se asesoraron para saber lo que estaban haciendo" al violar la ley? Eso sí, todos se aman, se abrazan y se regalan flores cuando decretan que es momento de empezar el Guadalupe-Reyes y volver a trabajar en febrero, cuando las cosas estén más tranquilitas. Se ha terminado la dignidad política del Congreso de la Unión y ha quedado supeditada a los caprichos de un PRD secuestrado por la tiranía del poder fáctico; un PRI agazapado en la reconstrucción de sus redes estatales y un PAN dirigido por un niño que apenas está desenvolviendo su regalito partidista. ¿Y el IFE? Ese, como todas las instituciones, puede irse al diablo.
Carlos Dragonné
(v.pág.15 del periódico Público del 16 de diciembre de 2007).
el presidente de la Suprema acepta de inmediato acompañar en todos sus viajes internacionales al presidente de la república y, si se requiere, canta sus alabanzas, y si no se requiere también;
sin tregua, la Suprema deja que se acumule el polvo de los siglos (casi literalmente) sobre los expedientes de las denuncias de, digamos, ejidatarios y pequeños propietarios despojados, y sus fallos se producen siempre en contra de los demandantes, no sólo por la corrupción de los magistrados (Dios me libre de eliminar la sospecha), sino porque esa es la función de la Corte, acrecentar el infortunio de los débiles;
en los regímenes de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, la Suprema alcanza el cielo de su desfachatez y protege y bendice las represiones y los "juicios" que transforman la inocencia probada en prisión a mediano o largo plazo. Por ejemplo, a los dirigentes ferrocarrileros, acusados en 1959 de "disolución social", se les encarcela durante once años y medio;
las sentencias ignominiosas de la Suprema se suceden ritualmente, y nada acontece porque: a) los artículos en la prensa marginal y las protestas de la izquierda ni se ven ni oyen, y b) porque las instituciones no están allí para aplaudir (si algo no levita es el prestigio de la Suprema), sino para convertir la mediocridad, la corrupción y la estulticia en monumentos virtuales. No hay autoridad moral pero esta república no la necesita. ¡Ah, el poder judicial!
Sin embargo, en el caso de Mario Marín, 4 magistrados se oponen a la impunidad, y este precedente importa sobremanera.
Carlos Monsiváis
(v.pág.16 del periódico Público del 16 de diciembre de 2007).
Las manifestaciones originaron un enorme caos vial en la capital oaxaqueña, al establecer bloqueos en 6 accesos carreteros y calles de la capital, algunos de los cuales se mantenían hasta anoche.
(V.El Informador en línea del 15 de diciembre de 2007).
En cuanto a los cacareados juicios orales, si la infraestructura jurídica mexicana estuviese lista para un sistema de defensores de oficio -hoy por hoy pasantes o abogados frustrados mal pagados, que agarran cualquier chamba- dentro de 15 años pudiese comenzar a operar con cierta eficacia, cosa que dudo.
Por el momento, la justicia divina es la única que vale.
Félix Cortés Camarillo
(v.pág.30 del periódico Público del 14 de diciembre de 2007).
El relato de Aguilar Camín sigue de cerca en este tema a Gustavo Hirales, quien describe el surgimiento de estos grupos en su libro Camino a Acteal. Los pojwanej (en tzotzil, defensores) eran un grupo de media docena de indígenas antizapatistas, dice, que hacían guardias en la comunidad de Los Chorros, en Chenalhó, contra las incursiones de los indígenas zapatistas de Polhó. Grupos como ese comenzaron a surgir en otras partes de los Altos. Aguilar Camín los llama "grupos de autodefensa" y "cuadrillas armadas antizapatistas", expresión esta última que yo prefiero, pues esos grupos adquirieron con el tiempo una función no sólo defensiva sino ofensiva y agresiva, y al final homicida (primero propiciaron expulsiones y desalojos, después saqueos, incendios y asesinatos), como lo muestra la propia crónica de Hirales ("Lo que empezó como una labor de autodefensa pronto se convirtió, por la propia dinámica de los enfrentamientos, en actividades de ataque") y de Aguilar Camín ("Los comandos de autodefensa de los pueblos priistas y cardenistas ya eran, también, grupos de ataque y saqueo").
Los antizapatistas entrenaban en comunidades de los Altos como Pechiquil y Los Chorros. ¿Cuál era su relación con el estado? ¿Qué responsabilidad tenían las autoridades en su crecimiento?
Aguilar Camín señala dos tipos de responsabilidad: por omisión y por acción. Ni el gobernador Julio César Ruiz Ferro ni el general Mario Renán Castillo, comandante militar de la zona, actuaron contra los grupos antizapatistas de Chiapas. Sabían que existían, que estaban armados, y no los reprimieron. ¿Por qué? Las armas zapatistas, que hacia afuera tuvieron un uso fundamentalmente disuasivo, y al final sólo simbólico, tuvieron hacia adentro un uso efectivo: los zapatistas las usaron (para cobrar impuestos de guerra, por ejemplo) contra otros habitantes de la región, también indígenas, ante la pasividad de las fuerzas del orden. "Los pueblos entendieron esto en carne propia: estaban frente a un adversario al que ni la autoridad local ni la federal iba a contener", dice en un pasaje clave Aguilar Camín. "Decidieron defenderse solos. Las autoridades chiapanecas y el ejército federal asumieron cínicamente la situación. No podían contener a los dos bandos, pues el bando zapatista gozaba de cierta inmunidad por la Ley de Concordia y Pacificación que le permitía mantenerse armado. Decidieron no contener tampoco al otro bando y hasta ayudarlo".
Carlos Tello Díaz
(v.pág.30 del periódico Público del 14 de diciembre de 2007).
Acompañados por militantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero, arribaron faltando 10 minutos para las 13:00 horas, bajaron de 12 autobuses de transporte foráneo y de inmediato bloquearon la autopista. El bloqueo duró más de 2 horas.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 12 de diciembre de 2007).
El titular de la dependencia, Alfonso Gutiérrez Carranza, informó que el brote ocurrió el pasado 6 de diciembre en el municipio de La Barca, Jalisco.
"La procedencia del producto es del estado vecino de Michoacán. Nosotros solicitamos la participación en materia de verificación sanitaria a Michoacán, así como de regulación sanitaria de La Barca", refirió Gutiérrez Carranza.
El dueño del comercio Antonio Briseño Méndez, refirió que sus proovedores fueron los señores Benjamín Tinoco y Salvador Pérez, uno originario de La Barca y otro de Michoacán.
La cifra de casos de carne contaminada es menor, en comparación con el año pasado, que en estas mismas fechas, Jalisco reportó 262 casos de intoxicación por clenbuterol.
(V.pág.10-B del periódico El Informador del 12 de diciembre de 2007).
(V.pág.15-A del periódico El Informador del 5 de diciembre de 2007).
Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.17 del periódico Público del 2 de diciembre de 2007).
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco)
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 1o.de diciembre de 2007).
"El problema es que aún existen funcionarios judiciales que aceptan o exigen dinero por impartir justicia y eso es algo que se debe de combatir", dijo Sepúlveda Valle.
"Hasta en tanto no se erradique esa práctica no podemos hablar de que estamos en un estado de derecho ni tampoco en un régimen democrático".
(V.primera plana del periódico Mural del 29 de noviembre de 2007).
Fernando Arias Pérez, padre de Christian Arias, vocero de la Secretaría de Gobernación y ex jefe de Prensa del Gobierno de Jalisco, llegó inmediatamente al lugar de los hechos y, se presume, usó influencias para favorecerlos. Meses después, Francisco Javier, en otro incidente vial, fue detenido tras serle comprobado tercer grado de alcoholemia.
Casos similares hay muchos. Todos tenemos derecho al acceso a la justicia y a que se aplique de forma ágil, completa y eficaz.
Néstor Rodríguez
(v.pág.18 "correo" del periódico Público del 26 de noviembre de 2007).
Este tipo de "casos fantásticos", como se les conocen en la Suprema Corte, suman ya más de 150 y son una industria que ha logrado juntar en negocios particulares a personajes públicos, funcionarios, ex funcionarios y ex legisladores litigantes.
Con el caso de Saldívar Cano esperan cobrar honorarios los panistas Antonio Lozano Gracia, Diego Fernández de Cevallos y Arturo Chávez (subsecretario de Gobernación con Carlos Abascal), así como el ex priista y hoy perredista, Víctor Anchondo.
Trascendió
(v.pág.4 del periódico Público del 23 de noviembre de 2007).
Ahora, los voceros de los quejosos enviaron una carta al titular de Vialidad, José Manuel Verdín Díaz, y al subsecretario de Asuntos del Interior, Salvador Avila Loreto, a quienes agradecen la colocación de reductores de velocidad y de un semáforo. Pero las tareas que corresponden al Ayuntamiento de Tlajomulco no registran avance.
(V.pág.12 el periódico Público del 23 de noviembre de 2007).
Federico Berrueto
(v.pág.2 del periódico Público del 18 de noviembre de 2007).
Miembros del Movimiento de Bases Magisteriales, del sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y organizaciones sociales diversas, salieron a las 10:00 de la mañana de la Normal Superior de Jalisco desplazándose por la avenida Alcalde-16 de septiembre hasta arribar a los cruces de Hidalgo y Juárez, mismos que fueron bloqueados por un espacio de 2 horas. La movilización que generó un severo congestionamiento vial pugnó por la abrogación a la Ley del ISSSTE, el "gazolinazo", la libertad a presos políticos y hasta contra un pretendido incremento a las tarifas de agua. Los elementos de la Secretaría de Vialidad y Transporte, lejos de agilizar el tráfico, se limitaron a cerrar los cruces en donde se concentran las manifestaciones.
(V.primera plana del periódico El Informador del 10 de noviembre de 2007).
Los coordinadores parlamentarios del PRI, Juan Carlos Castellanos, y del PAN, Jorge Salinas, y el diputado perredista Enrique Alfaro aseguraron que no pueden aceptar cortar el agua por no pago a usuarios domésticos.
[¡Ya vieron! Allá ustedes si siguen pagando. - El webmaster]
(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 8 de noviembre de 2007).
Los inconformes acordaron intensificar sus movilizaciones luego de que el gobernador Zeferino Torreblanca dijo que no hay más plazas de maestro para ningún egresado de las 9 normales.
Atrincherados en las instalaciones de la SEG, medio millar de normalistas mantuvieron retenidos durante varias horas a un centenar de trabajadores y funcionarios.
"Las bombas molotov y algunos petardos que tenemos aquí en las instalaciones las vamos a utlizar en caso de que los granaderos nos quieran desalojar", señaló Juan José Nava García, vocero del movimiento estudiantil.
(V.pág.10 del periódico Mural del 7 de noviembre de 2007).
La tarde de ayer, ejidatarios de Cihuatlán, elementos policiacos de la Policía Estatal de Jalisco y Policía Preventiva de Cihuatlán mantenían un retén provisional en la carretera Cihuatlán-Colimilla.
Ahí, permanecían impidiendo el paso a los vehículos con placas del Estado de Colima a manera de protesta por las detenciones y para pedir que se liberaran a los detenidos.
De acuerdo al Edil de Cihuatlán, Enrique González Gómez, el ayuntamiento no ha bloqueado ninguna vía de acceso y explicó que el retén sólo es por pobladores y familiares de los detenidos por la Procuraduría del Estado de Colima.
(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 7 de noviembre de 2007).
Los cuentahabientes morosos tienen hasta el 31 de diciembre para efectuar sus pagos.
En el municipio de Tlaquepaque hace falta aproximadamente un 30 por ciento de sus habitantes en realizar los pagos correspondientes.
[Estos últimos son los listos. A ver cuándo le descuentan algo a los pendejos que pagan siempre a tiempo y mantienen a los burócratas. - El webmaster.]
(V.pág.13 del periódico Público del 4 de noviembre de 2007).
Las costas y las playas de México están también plagadas de basura. Y de perjuicios en manglares y corales, porque no hay autoridad local que se atreva a hacerles frente a quienes en barcos o con apoyos del centro del país llegan a construir edificios, como sucede en Cancún y, ahora, en Puerto Vallarta, donde dos torres emergen, ominosas, a mitad de lo que fue un manglar.
Los poderes legislativos locales y federal tienen mucho que hacer en la revisión de leyes, para ponerlas a tono con la nueva realidad que golpea al país.
Editorial
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 3 de noviembre de 2007).
Caos vial, desvío de rutas de camiones, con el concebido retraso de los usuarios del transporte publico, y molestia de los tapatíos, ocasionó la marcha de los estudiantes de la Normal Rural "Miguel Hidalgo" de Atequiza, quienes se hicieron presentes en el primer cuadro de la ciudad, para conmemorar la represión que sufrieron hace 20 años.
(V.pág.8-B del periódico El Informador del 31 de octubre de 2007).
Para muchos sería fácil asumir que el problema fundamental es la ineficiencia del sistema de justicia y el hecho de que la legislación penal mexicana se rige bajo preceptos anacrónicos. Pero asumamos que por milagro, el día de mañana los legisladores se iluminaran y que se aprobara una reforma que modernizara por completo los aparatos de justicia del país. Supongamos además que esta legislación incluyera todas aquellas reformas que reflejan las tendencias que observamos alrededor del mundo que incluye juicios orales y transparentes. Y ya que nos encontramos en el mundo de fantasía, ¿por qué no asumir que la implementación de estas reformas llegase a ocurrir sin problemas, en una forma coordinada y con los recursos necesarios?
Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 27 de octubre de 2007).
El estudio, llevado a cabo en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, señalá que 60% de las personas se muestra dispuesto a ir contra la ley cuando piensa que tiene la razón sobre algún tema.
La encuesta reveló que 73% de las personas percibe que las leyes no protegen a todos por igual en México, mientras que las que se llegan a organizar lo hacen predominantemente para atender problemas relacionados con servicios públicos.
(V.Notimex del 23 de octubre de 2007).
A partir de ahí, nos acomodamos con singular alegría a la realidad de un hecho sustancialmente ilegal. Y, luego, tampoco nos pareció demasiado extraño que la Universidad Nacional permaneciera cerrada casi un año. El colmo, sin embargo, fue el gran desfile que Fox le patrocinó a Marcos al comenzar su sexenio, un espectáculo delirante que no llevó al país a ningún lado pero que, si lo piensas, nos dio tal vez la clave para entender buena parte de lo que está sucediendo ahora con el tema de López Obrador y su "gobierno legítimo". Se trata, después de todo, de un montaje cosmético en lo fundamental. Por lo tanto, no es algo demasiado preocupante.
Quedan, desde luego, las grandes preguntas sobre la "legalidad" de los unos y la "legitimidad" de los otros. Vivimos bajo la permanente sombra del enigma jurídico. Cada acción, cada movida de los participantes "oficiales" es de inmediato referida a alguna ley, a algún reglamento, mientras que, del otro lado, se ofician extraños espectáculos, se escenifican ceremonias "republicanas" y se lanzan encendidos llamados a la "resistencia". Llevamos 15 años de circo. Eso sí, es una carpa a la que hay que ir acompañado de abogados.
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 21 de octubre de 2007).
Se suponía que a partir del 1 de octubre el gobierno municipal adoptaría una postura más rígida con aquellos comerciantes lo que desembocaría en el decomiso de sus productos. Esto llevó a representantes de los tianguis a realizar manifestaciones en el Palacio Municipal de Zapopan.
Por esta inconformidad, explicó el regidor José Salcedo Martínez, se determinó que era conveniente brindar a estos representantes un periodo de gracia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2007 bajo el compromiso de que regularizarán su situación, a lo que los comerciantes informales accedieron.
Salcedo Martínez declaró que esta es una situación de hecho que orilla al gobierno municipal a tolerar una violación a su propia normatividad para no crear un conflicto social mayor, con el fin de avanzar hacia una solución. "Hay que pensar en todas las familias que se mantienen económicamente de esa venta de productos ilegales", dijo el regidor.
[¿Y las que viven de la venta de productos robados... y de la venta de drogas...y de la venta de especies en peligro de extinción... y de la venta de armas... y de la venta de lugares en espacios públicos...? - el webmaster]
(V.pág.3-B del periódico El Informador del 20 de octubre de 2007).
"No se va a resolver nada (al darle autonomía), el problema del Ministerio Público es que nadie le tiene confianza y no tiene control de legalidad.
"El problema del Ministerio Público es que tiene el monopolio de la acción penal, lo que necesitamos es darle a la gente la oportunidad de que se defienda, si lo hacen más independiente, pues va a ver más impunidad, eso es de sentido común", señaló.
Al presentar su libro "Seguridad y Justicia. Sí se puede", el también ex titular de Seguridad Pública del DF, señaló que se tiene que hacer una reforma que transforme todo el sistema en su conjunto, para resolver el problema de la inseguridad pública.
Por ejemplo, indicó, se tienen que compactar los procedimientos penales, pues hoy en día todas las diligencias que el MP realiza en la etapa de la averiguación previa se repiten durante el juicio ante el juez.
"Hay que tener justicia cívica de barandilla, pero que los juicios no duren 4 años, que se resuelvan en 24 horas, ahí se acaba el 80% de los problemas", expresó.
(V.pág.9 del periódico Mural del 18 de octubre de 2007).
El exfuncionario público explica que el fenómeno de la ciudadanía no reconocida a miles de coterráneos es un asunto de negligencia que surgió a la luz al realizarse las campañas masivas de credencialización "en aquellos buenos tiempos del IFE"; de ahí su cuestionamiento al estado de derecho. Y continúa: "En voz alta lo dice la gente, la justicia mexicana es un desastre y está corrompida y el poder ejecutivo sigue en entredicho por un tercio de los ciudadanos de este país. Los ejecutivos estatales en la mayoría de los casos son vistos con enorme recelo, tanto en su origen como en su actuación. Por ejemplo, lo que acaba de ocurrir recientemente en Oaxaca (durante sus elecciones) es verdaderamente vergonzoso".
Para Garaiz, retirado de las actividades públicas y electorales a raíz de los comicios federales recientes, el ejército navega en una encrucijada de dudas. "Esta institución está penetrada por el narco mexicano, ya no hablemos de la Procuraduría General de la República, de las procuradurías de los estados o de las municipales. Todo mundo sabe que la justicia es venal, engorrosa, desesperadamente larga e injusta. ¿Entonces, cuál gobernanza?"
Otro aspecto en el que insiste Garaiz es que "el mexicano de la calle" está acostumbrado a violar sistemáticamente la ley, con tal que nadie lo descubra, es decir, la autoridad para sancionarlo.
"No respetamos como fenómeno general a la ley, pero me atrevo a decir que sólo por excepciones hay quien sí respeta el imperio de la ley. Estamos deficientes, porque la gobernanza está en pañales, sólo en la boca de los políticos, es un vocablo de moda, pero la funcionalidad entre el gobierno y la sociedad es lamentable".
Para finalizar, Garaiz hace otras aclaraciones: "seguimos todos los días mejorando o quizá despeorando, pero todavía falta mucho por recorrer. No todo es reformar la ley. Es también establecer la cultura del respeto a la norma, pero para que sea respetable es necesario que la norma haya sido establecida por todos y que los ciudadanos estemos convencidos de que los gobernantes han sido puestos por todos. Solo así serán respetables".
José Díaz Betancourt
(v.pág.13 de La Gaceta de la Universidad de Guadalajara del 15 de octubre de 2007).
Hace un par de semanas fuimos a San Diego y pudimos observar lo que significaba la prohibición a los menores de edad para consumir bebidas alcohólicas. En cambio, en la Ciudad de México acaban de hacer una redada en el antro llamado "Bandasha", donde bebían libremente los menores de edad, sin que nadie dijera algo: 7 han sido condenados a la cárcel. En California, si usted invita a su casa a los amigos de su hijo y éstos son menores de edad y si por casualidad usted les ofrece o beben una o varias cervezas o un tequila, suceda o no algún accidente, los padres de esos amigos lo pueden demandar, y lo más seguro es que pierda esa demanda millonaria. Por esas restricciones se vienen los jóvenes americanos en primavera a las playas de México -"spring break"- y se ponen hasta atrás y sin luces. Lo que originalmente les gustaba a los hoteleros, ahora están reticentes, pues el consumo es menor y los desastres mayores. Así sucede en Tapalpa durante las Fiestas Patrias de septiembre, donde vimos, hace un par de años, a los jóvenes, ellos y ellas, tirados en las calles, absolutamente borrachos o crudos, soportando los desastres y, entre otras cosas, casos de violación y accidentes por el camino.
No puedo entender cómo, cuándo, ni de qué manera la mayoría absoluta de una sociedad como la nuestra, con unos 120 millones de habitantes, podrá caminar entre los límites que marca ese estado de derecho, pero lo que sí es un hecho, es que esas sociedades que a la fecha lo han logrado, pertenecen al primer mundo.
Martín Casillas de Alba
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de octubre de 2007).
Se dice que la mayor amenaza del estado mexicano es la fragmentación institucional ocasionada por la erosión de la política ante la inseguridad y la impunidad del crimen, el delito y la corrupción, debido a la ausencia de justicia y eficacia gubernamental.
Vale recordar que el propósito estricto del estado moderno es proteger, mediante sus instituciones, los derechos de cada persona, salvaguardar el bien común, administrar la justicia y resolver sobre las disputas entre las personas. En resumen, está para proteger la vida, la libertad y la propiedad de cada uno de sus ciudadanos, sin excepción alguna. Quien se dice gobierno y no cumple mínimamente con esto, es un simple impostor con disfraz.
Norberto Alvarez Romo, presidente de Ecometrópolis,A.C.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 9 de octubre de 2007).
En los municipios de Poncitlán, La Barca, Ocotlán, Atequiza y parte de Arandas se habían anulado totalmente las clases de nivel medio básico y se terminaría este martes después de 24 horas de un paro que comenzó el día primero.
(V.pág.3-A del periódico El Informador del 3 de octubre de 2007).
Al llegar a donde encontraron el coche se dio cuenta de que le faltaban cuatro bocinas. Un policía preguntó: "¿Los conoce? Dicen que son sus primos". Ella no reconoció a los dos ladrones que esperaban dentro de una patrulla. Luego la llevaron a las oficinas de la policía municipal. Ahí empezó el suplicio.
En el patio de la dependencia tapatía explicó de nuevo lo sucedido. A unos metros, a los ladrones les tomaban sus datos y las fotografías de identificación. Uno de ellos trató de acercarse a Karla. "Prima, ¡acuérdate! Soy yo, Jorge".
"Pregunté a los policías si no tenía que estar lejos de ellos para que no me vieran, pero dijeron que no había problema. ¿Quién asegura que alguno de ellos no intentará hacerme daño?", comenta.
A las 11:00 horas llegaron a la agencia del Ministerio Público especializada en robo a vehículos, en la calle 14. Otra vez a explicar lo mismo. ¿Está dispuesta a levantar una denuncia?, le preguntaron. Ella accedió. "Pensaba que era mi deber. Si no, los soltaban y seguro volverían a robar. Mejor así lo hubiera dejado".
Cerca de las 15:00 horas, Karla salió de la agencia con la promesa de que al siguiente día resolverían su caso. Un abogado asignado por la aseguradora se pondría en contacto para iniciar los trámites. Su coche se quedó en la calle 14 para el peritaje forense, es decir, la verificación del número de serie y motor. Luego sería llevado al corralón número 4. Al otro día turnaron su caso al juzgado 15, en el penal de Puente Grande.
El abogado contactó a Karla cinco días después y comenzaron el trámite de devolución ante el juzgado. Por supuesto, tuvo que trasladarse en camión hasta la penal.
Este proceso tardaría de uno a dos meses. El pronóstico del abogado estuvo lejos de la realidad. Un mes después, el 21 de junio, el juez apenas había revisado el caso y admitido la solicitud de devolución. "Tenemos mucho trabajo. Hay demasiados expedientes antes que el suyo", aseguraron.
Después de una semana, el Ministerio Público del juzgado ordenó realizar el peritaje, aunque el procedimiento ya había sido realizado el día del robo y entregado por su homólogo en calle 14, pero el juzgado no recibió la notificación. El abogado de Karla tuvo que llevar y traer los oficios personalmente para agilizar el trámite.
El 9 de julio, el juzgado solicitó un reporte de robo a la cabina del 066. Aunque tenía tres días de plazo para ser contestado, so pena de ser amonestada, la dependencia respondió una semana después.
"Mañana". "El próximo miércoles". "La próxima semana", fueron las palabras que escuchó Karla durante casi dos meses. El gasto diario en transporte público hizo mella en su bolsillo. El abogado le sugirió dar "una propina" a los funcionarios. Con 6,000 pesos, otro cliente resolvió en tres días el mismo trámite. Ella no aceptó.
Al cuestionar a la PGJEJ mediante la Ley de Transparencia sobre el tiempo promedio para la devolución de vehículos, la dependencia argumentó que éste varía, "pues tales trámites están sujetos a la carga de trabajo administrativo de un área especializada".
Los defensores de los ladrones solicitaron un careo tres veces. En dos, Karla no fue notificada. En otra, el aviso le llegó 15 horas antes, aunque por ley debe recibir dicha información 24 horas previas. La defensa desistió para no atrasar el proceso. "Se salvó", le dijo el abogado. Si la versión de ambos no coincidía, ellos hubieran sido absueltos.
Del 13 de julio al 1 de agosto el personal de los juzgados tuvo vacaciones. El trámite sufrió un retraso de dos semanas. No así el proceso penal: el 16 de julio el juez dictó sentencia de 6 años por robo calificado a los ladrones.
Con el trámite concluido, el juzgado debió entregar el oficio de devolución el 3 de agosto. No estuvo listo, ya que el expediente "se perdió". El 6 de agosto éste fue localizado, pero hasta el miércoles 9, el actuario otorgó el oficio.
El abogado explicó a Karla que podía recoger su vehículo ese día y pagar la pensión del corralón -que sumaba la cantidad de 2,550 pesos- o tenía la opción de pedir la condonación de pago, a la que el artículo 24 de la Ley de Ingresos del estado le da derecho. "Tarda una semana, cuando mucho", le aseguró. Pocos ejercen ese derecho.
Tras varios pretextos para no recibir su solicitud de exención de pago, una trabajadora del IJAS informó a Karla que le darían respuesta en 10 días. Un conocido la recomendó con alguien de esa dependencia para agilizar el trámite. No dio resultado. "Tenemos mucho trabajo", escuchó otra vez.
El 22 de agosto el IJAS le condonó el pago. Acumulaba 2,910 pesos de adeudo. Con el techo sumido, la pintura desgastada por el sol y la lluvia y parte de la tapicería húmeda, el auto estaba en casa 97 días después.
En un mes gastó 1,500 pesos en la reparación del auto. La aseguradora le ofreció una revisión completa del coche, pero estaría mínimo 3 días en un taller a 40 minutos de casa, además de que debería pagar el deducible. "Prefiero arreglarlo conforme tenga dinero. Uno como víctima queda desprotegido ¿Quién me pagará los gastos desde que se llevaron el coche? Con esta experiencia será difícil que vuelva a poner una denuncia", afirma.
La parsimonia de los servidores públicos y la excesiva burocracia son factores determinantes para que el ciudadano evite denunciar un delito, explica el académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la UdeG, Felipe Garibay Valle.
¿En esa burocracia, la víctima queda desprotegida?
Por ley la víctima está sumamente protegida, pero la realidad la desmiente. No hay prontitud en los trámites por el exceso de trabajo y porque no existe mística de servicio. Como tales acciones son gratuitas, a nadie generan ganancia y de ahí su lentitud.
Tratándose de vehículos, hay procedimientos que pueden realizar en ese momento. Los hacen de haber un interés especial. De lo contrario, el caso es resuelto conforme el servidor público tenga o no ganas.
Al interrogar al jurista sobre la modificación a la denuncia por parte de autoridades de la procuraduría, Garibay Valle, exasesor de esa dependencia estatal, considera que esto sucede cuando los funcionarios quieren ayudar a la víctima o desean acabar pronto su trabajo. "Hay quien cree que deben reforzar la denuncia, pues el ciudadano no ofrece detalles técnicos que integren la figura delictiva. Entonces el actuario, quizá de buena fe o para terminar pronto su trabajo, dice a la víctima qué agregar". Muchas veces efectúan esa modificación para consolidar el ilícito y ayudar al ofendido.
¿En realidad ayuda?
En pocas ocasiones. Al ciudadano sólo le interesa recuperar su vehículo y si ya lo hicieron, ¿porqué no evitar el trámite? Pueden fijarle una garantía personal o buscar otra alternativa para que obtenga su vehículo rápido.
¿Hacer esta modificación es legal?
No. Si el ciudadano dijo algo no cierto, carece de validez probatoria e incurre en el delito de declaración falsa ante la autoridad. Incluso puede ser demandado por daño moral o daños y perjuicios. Los inculpados, por supuesto, salen libres.
¿Qué puede hacer el ciudadano ante esto?
Presentar una queja ante la Dirección deVisitaduría, de la procuraduría, que está obligada a investigar al funcionario que pudo haber incurrido en deficiencias y sancionarlo hasta con el cese. Incluso podría exigir frente a un tribunal civil el pago de sus daños y perjuicios, siempre y cuando demuestre que el funcionario actuó de forma negligente. Pero esto sería meterse en otra denuncia y en más trámites engorrosos.
Mariana González
(v.pág.4 de La Gaceta de la Universidad de Guadalajara del 1o.de octubre de 2007).
(V.pág.8 del periódico Público del 1o.de octubre de 2007).
[Ya en diciembre se verá, por mientras a seguir jineteándose la lana... y que paguen los tarugos - el webmaster]
Sergio Sarmiento
(v.pág.6 del periódico Mural del 27 de septiembre de 2007).
Se oyen ya los argumentos de siempre respecto de la violencia. Son actos reprobables, se dice, pero entendibles por multitud de causas: los agraviaron, son un llamado de atención, un síntoma de la ira social contenida.
Es un pero desleal a la legalidad y a las reglas de la vida democrática. Un pero que sabe ponerse en el lugar de los terroristas, pero no se pone en el lugar de sus víctimas. Las víctimas de los bombazos del EPR son los pueblos atemorizados y desplazados por ellos, los miles de empresas y trabajadores afectados por ellos, los miles de millones que cuestan los bienes nacionales destruidos por ellos. El pero de que hablamos se pone del lado de los agresores, no de las víctimas.
Me confieso asombrado ante la iniciativa negociadora de algunos senadores. También ante la respuesta de la presidenta de la Cámara de Diputados, descalificada personalmente por el EPR en su desplegado.
La legisladora respondió a las descalificaciones del EPR: "Respeto su modo de pensar, pero no lo comparto". Como si dijera: respeto que pongan bombas, pero no las comparto.
Héctor Aguilar Camín
(v.pág.4 del periódico Público del 24 de septiembre de 2007).
"No va a ayudar mucho en la vida pública. Mejor dicho, no ayudará para la democratización del país; es algo intrascendente porque las leyes no están mal, el problema es que no se cumplen y no se respetan, porque las instituciones encargadas de hacerlas cumplir y respetar están al servicio de una minoría".
(V.pág.21 del periódico Público del 24 de septiembre de 2007).
Nuestro problema fundamental no es la renuncia de nuestra identidad -uno de los tantos mitos prefabricados por el antiguo régimen- ni el abandono de esas "conquistas sociales inmarcesibles" tan dudosas que han cacareado los artífices del orden establecido, sino el paso pleno hacia la adultez, entendida ésta como el reconocimiento de unas responsabilidades muy precisas, la exigencia simple de derechos legítimos, la aceptación absoluta de unas reglas irrenunciables (el tan traído y llevado estado de derecho) y el respeto permanente hacia la realidad del otro.
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 23 de septiembre de 2007).
Más de 100 comerciantes del llamado Mercado Bola, de la colonia Constitución, causaron un gran caos vial en el centro de Zapopan al bloquear ayer la calle Hidalgo para manifestarse ante la Presidencia Municipal, porque el municipio los quiere reubicar. Comentaron que los quieren mover dentro de la misma colonia a una zona residencial y que los propios vecinos se oponen.
(V.pág.9 del periódico Público del 21 de septiembre de 2007).
Cuando lleguen las campañas, sin embargo, los propios partidos se enfrentarán a las dificultades que implica esta camisa de fuerza y empezarán a buscar más tiempo en los medios. Si no lo obtienen, será imposible tener debates entre los candidatos o éstos tendrán que limitarse a tres minutos cada hora. Como será más difícil supervisar los gastos de los partidos, se registrarán seguramente compras subrepticias de coberturas informativas. La prohibición constitucional para la compra de tiempos políticos en los medios simplemente se perderá en los arreglos inevitables por debajo del agua.
Pero no podemos asombrarnos. Así han sido las cosas siempre en México. Las restricciones de la Constitución son sólo el punto de partida para negociar en lo oscurito.
Algunos dicen que esta "flexibilidad" es una de las características positivas de la sociedad mexicana. Ciertamente la economía nacional sería un desastre si no tuviéramos inversión privada en petróleo, gas natural y electricidad, o si los extranjeros no pudieran adquirir propiedades en las costas, o si la propiedad agrícola realmente se limitara a 100 hectáreas de riego. Esta misma flexibilidad la veremos una vez que quede atrás el rencor entre los políticos y los medios de comunicación, porque unos y otros se necesitan.
El problema, sin embargo, es que estamos creando una cultura de simulación, puesto que sabemos que los políticos aprueban normas constitucionales sólo para después violarlas.
Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 20 de septiembre de 2007).
Luis González de Alba
(v.pág.19 del periódico Público del 17 de septiembre de 2007).
Convocó por ello a reformar el sistema de procuración y administración de justicia, "para propiciar que ésta sea pronta y expedita, así como para disminuir los altos niveles de impunidad que permean en los órganos encargados de su procuración".
(V.pág.26 del periódico Público del 17 de septiembre de 2007).
Ningún otro elemento de la república ha ocupado tan superficial y tan profundamente a la vez como las leyes el sitio de honor de los enfrentamientos políticos y económicos, y como lo constitucional o anticonstitucional de las posturas de los tres poderes. Al respecto, la reforma electoral ha desbordado las expectativas, y el resultado es paradójico: en el momento en que es un hecho la sucesión de victorias de la impunidad, se incrementa la esperanza de quebrantarla a través de las leyes.
Carlos Monsiváis
(v.pág.16 del periódico Público del 16 de septiembre de 2007).
"Es muy lamentable que algunos diputados y senadores que desairaron al presidente de la república, Felipe Calderón, en la lectura del primer informe, hayan estado dispuestos a recibir a un personaje que insiste en presentar un doble gobierno; eso es inadmisible", apunta el purpurado.
"Los diputados son los que representan la ley en México, y deberían, por lo tanto, ser los primeros en cumplirla, para ser considerados dignos representantes del pueblo. Es cierto que estamos en una época de transición, de cambios democráticos, que no es posible concretar de un día para otro; pero es muy importante que las leyes que nos rigen, por más imperfectas que se les pueda considerar, sean observadas, y que, por consiguiente, no se permita en el recinto del congreso, que sean pisoteadas por miembros de uno de los poderes de la nación, y que se frustre así el cambio que el pueblo de México espera".
El cardenal Sandoval agrega que "las noticias que han transmitido en estos días los medios de comunicación acerca de las pugnas y divisiones entre partidos políticos, que incluso han llegado hasta las cámaras de representantes, son muy tristes. Estamos celebrando las fechas cívicas más significativas, como el inicio de la consumación de nuestra Independencia y la mayoría quisiéramos tener un México en paz, en armonía, trabajando; un México gobernado por sólidas instituciones y leyes".
"Es muy difícil seguir el camino recto de una nación hacia la democracia; sería quizás más sencillo, en este sentido, que gobernara un rey absoluto, la dictadura de algún partido o un dictador independiente; éstos pudieran parecer caminos más fáciles; pero a la larga los frutos que producirían serían amargos, de atraso general del pueblo y sus instituciones, y aquí y ahora lo que se desea es el progreso de todo el pueblo de México, que el pueblo vaya a la par de las autoridades y éstas al parejo del pueblo. Yo diría que, en estos momentos, el pueblo es más noble, es más consciente del respeto que se debe a los representantes de cualquiera de los tres poderes que el que algunos de sus miembros demuestran al pueblo".
Cierra su mensaje el cardenal recordando que "hay 20 millones de mexicanos que viven sumidos en la pobreza, y no es, por ende, admisible que los que representan al pueblo, por cuestiones personales o del partido al que representan, movidos por intereses ilegítimos, sigan evitando la marcha del país y empleando el tiempo en pleitos partidistas entorpeciendo las reformas que redundarán en el bien de México".
(V.pág.5-B del periódico El Informador del 15 de septiembre de 2007).
(V.pág.14 del periódico Público del 10 de septiembre de 2007).
Desde las 6:00 horas de ayer, agentes de los tres órdenes de gobierno llegaron al centro de la ciudad para acordonar la zona que sería bloqueada por los profesores, sin embargo, los maestros ya estaban apostados en esa área y no se movieron.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 1o.de septiembre de 2007).
Ayer, poco después de las 10:00 de la mañana, un aproximado de 200 personas pertenecientes al Movimiento de Bases Magisteriales y otros contingentes como el de estudiantes de Atequiza, irrumpió en el tramo de la carretera a Saltillo en Mesa Colorada, bloqueando durante casi 2 horas el tránsito vehicular. Los problemas más fuertes se presentaron a la altura del ingreso de la colonia Villas de Guadalupe.
La protesta formó parte del cuarto paro nacional, organizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en todo el país, para protestar en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE.
Ya llegada las cinco de la tarde, en la glorieta Niños Héroes se congregaron alrededor de 200 personas que conforman el Movimiento de Bases Magisteriales, el Frente Popular Revolucionario y estudiantes de la Normal de Atequiza llevaron las mismas consignas con las que hicieron el bloqueo de la carretera a Saltillo, por la avenida Chapultepec, y hasta su cruce con Hidalgo, por donde marcharon hasta llegar a la avenida Alcalde, bloqueando el flujo vehicular desde Hidalgo, hasta Juárez.
El comandante Alfredo Gutiérrez Gutiérrez del centro histórico de la Policía de Guadalajara, señaló que la manifestación transcurrió en orden, aunque se registró conflicto y malestar por los conductores que desviaron su ruta.
(V.pág.2-B del periódico El Informador del 1o.de septiembre de 2007).
Vecinos de Balcones de la Cantera, en Zapopan, protestaron ante la presidencia municipal porque el ayuntamiento prometió arreglar las calles de su colonia, afectadas por las lluvias de julio y agosto, pero no se ha apresurado. Los quejosos bloquearon un carril de la avenida Hidalgo y complicaron el tráfico en la zona por 4 horas. Más tarde, el síndico zapopano les firmó un texto donde el municipio se compromete a comenzar obras, a más tardar, el 10 de septiembre.
(V.pág.11 del periódico Público del 31 de agosto de 2007).
Con los casos detectados suman ya 61 enfermos en lo que va del año, 33 de ellos en Encarnación de Díaz, 6 en Tlaquepaque y Puerto Vallarta, 8 en Zapopan y 4 en Guadalajara.
El año pasado se registraron 262 casos.
(V.pág.4 del periódico Mural del 30 de agosto de 2007).
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 24 de agosto de 2007).
"Ojalá y que esto sirva para que los ayuntamientos se la piensen en hacer actos sin llevar a cabo los procedimientos legales", sentenció.
Advirtió que los procedimientos que siguió la comuna no eran los adecuados, y que, en su momento, la dependencia a su cargo presentó demandas de nulidad por cambios de uso de suelo y autorizaciones irregulares.
"El hecho de que el tribunal conceda suspensiones implica que se actúa en forma preventiva, y ojalá que esto sea un freno para funcionarios", dijo.
La ley obliga a los ayuntamientos a someter a consulta pública los planes parciales de desarrollo y el PMDU, y atender las observaciones de quienes participan en el proceso. Los industriales de El Salto objetaron la propuesta oficial, pero se aprobó.
El funcionario estatal insistió en que, bajo la premisa de ejercer la autonomía municipal, los ayuntamientos no deben violar las leyes en materia de desarrollo urbano.
(V.pág.9 del periódico Público del 24 de agosto de 2007).
En la versión de la vocera del organismo, Alma Rosa Fernández, el ex líder de la 22 y ex secretario general del PRD rompió las normas que rigen la actuación de ese organismo que propone una dignificación de la educación sin trastocar el estado de derecho ni perjudicar a terceros.
(V.pág.29 del periódico Público del 17 de agosto de 2007).
"Es un programa para lograr una recuperación mayor de los créditos fiscales antiguos y que representa un beneficio para el contribuyente", indicó Víctor Gastelum Padilla, subadministrador de Control de Créditos de la Administración Local de Recaudación de Guadalajara y responsable del programa.
Esta es la primera vez que se condonan impuestos no pagados. "El SAT no tiene antecedentes de que haya entrado a condonación lo que es materia de impuestos. En los ejercicios 2004, 2005 y 2006, hubo condonaciones, pero sólo a recargos y multas".
Los impuestos federales causados antes del 1 de enero de 2003 obtienen beneficio de condonación de 80% de impuesto; 80% de las multas distintas de la obligación de pago, 100% en recargos, 100% en las multas que deriven de la contribución y 100% de gastos de ejecución.
Tratándose de créditos fiscales generados entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005 se otorga un beneficio de condonación de recargos y multas que derivan de la contribución, pero con la excepción de que esas multas no deben derivar de impuests retenidos, trasladados o recaudados.
[¡Orale! ¿Ya vieron? Hay que dejar que los créditos fiscales nuevos se hagan antiguos para que los condonen. A los tarugos que pagan a tiempo nunca les rebajan nada - el wemaster.]
Monteserrat Mauleón Lee
(v.pág.3 del suplemento "acceso" del periódico Público del 13 de agosto de 2007).
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 12 de agosto de 2007).
(V.pág.14 del periódico Publico del 10 de agosto de 2007).
(V.primera plana del periódico El Informador del 8 de agosto de 2007).
Esto se ve en nuestra patria en los signos maléficos del mercado negro o de la economía informal, que se desarrollan y medran en rincones oscuros donde fueron burlados los cauces de la transparencia legal para negociar a trasmano, para violar las leyes dispuestas al caso, para alterar la calidad o elevar caprichosamente los precios que corresponden a tal servicio o producto.
Luis Sandoval Godoy
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 7 de agosto de 2007).
Los más golpeados, fiscalmente hablando, son los que compran un vehículo con todas las de la ley. Tenencia, seguro etcétera, etcétera, y los que compran autos chocolates, nada de nada, es más, ni placas traen y así circulan y nadie dice nada. ¿Estamos premiando lo incorrecto?
Mario Lupercio Mejia
(v.pág.17 "correo" del periódico Publico del 6 de agosto de 2007).
En este país todo está en venta: las causas, las luchas, los principios. Naturalmente, no se trata de transacciones abiertas sino de negociaciones llevadas a cabo discretamente entre las partes o, mejor dicho, entre una de las partes y el "representante" visible del otro bando. Somos un pueblo de comerciantes, después de todo. Es una ventaja, si lo piensas. Y, claro, también una desgracia porque con ciertas cosas no hay que negociar. La ley, por ejemplo. Con la ley no se juega, como diría Héctor Aguilar Camín. Pero, justamente, es una de las mercancías más trapicheadas en estos pagos; se usa como moneda de cambio en todo momento. De tal manera, cualquier lidercillo, por poco que pueda juntar a medio centenar de agitadores, se transforma en un auténtico interlocutor "social" siendo que, si las autoridades se atrevieran a aplicar la ley, al tipo debieran ponerlo inmediatamente tras las rejas. Pero, en fin, no nos inquietemos demasiado. Esto no es terrorismo. Esto es pura corrupción.
Román Revueltas Retes
(v.pág.47 del periódico Publico del 6 de agosto de 2007).
Las manifestaciones ocasionan cuantiosas pérdidas económicas. De acuerdo con Carlos Sandoval Olvera, presidente del Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México, cada marcha, cada bloqueo de arterias en esta capital, ocasiona pérdidas por diez millones de pesos (Crónica, martes 3 agosto, 2007). Y claro que el problema no es solo económico. Las manifestaciones generan atorones de tránsito, contaminación, problemas en los trabajos por las pérdidas de horas-hombre. De la frustración y el mal humor mejor ni hablamos.
Lo peor de todo es que si los manifestantes buscan simpatía por parte de los habitantes del DF para sus causas, lo más seguro es que no la obtengan; a estas alturas, somos prácticamente inmunes a sus demandas. Como escribí el año pasado: "Después de padecer tantas manifestaciones ya no preguntamos ni quién se manifiesta ni por qué. No es importante. Lo urgente es saber por dónde van a pasar para evitar el tránsito. Más que una manera de expresarse y llamar la atención sobre un problema, las manifestaciones se han convertido en voceros del tránsito. ¿Interés en sus problemas o sus causas? Para nada. Sean justos o no, después de padecer una o dos a la semana, más allá de solidarizarnos con sus causas, lo que sentimos es hartazgo e indiferencia".
No es congruente pedir a la mayoría que deje de usar su auto para combatir el smog y al mismo tiempo permitir marchas desordenadas que la elevan.
Tras aclarar que no soy panista, el Partido Acción Nacional está proponiendo una iniciativa para regular las manifestaciones: la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal.
Fernanda de la Torre
(v.pág.33 del periódico Publico del 5 de agosto de 2007).
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 4 de agosto de 2007).
"Ha habido ofensas criminales que se han cometido por parte del movimiento de protesta, así como abuso de autoridad de las autoridades policiacas", señaló la secretaria general de AI, Irene Khan.
Khan señaló que en el informe elaborado por AI sobre Oaxaca se incluyen también los "delitos de incendio, de uso de armas de fuego por gente ligada o involucrada con el movimiento social, y creemos que esos delitos necesitan ser investigados de manera adecuada".
(V.pág.25 del periódico Público del 3 de agosto de 2007).
Difícilmente puedo imaginar acción de gobierno más autoritaria y más imbécil. El señor Enrique Rodríguez llevaba 16 horas conduciendo el coche, desde Cancún -según cuenta el diario MURAL- y, al querer traspasar la caseta de peaje, le dijeron que allí terminaba su pequeña odisea. Punto. Eso es todo. Haga usted el favor de esperar 24 horas a ver si se termina la tal "contingencia". Y, si no, regrésese por donde venía.
Y ¿qué pasó con los coches que ya estaban en la mugrienta capital de todos los mexicanos? Ah, pues que tampoco pudieron salir. Los conductores pagaron hasta 2,000 pesos para que una grúa los remolcara y los depositara, sanos y salvos, en comarcas más amistosas. Naturalmente, todo es muy legal y por decreto: don Alejandro Encinas lo firmó y lo publicó en la Gaceta Oficial el 30 de agosto de 2006. Pero ¿acaso no vivimos en una república federal? ¿Un ordenamiento local puede restringir de tal manera el derecho elemental de los ciudadanos para circular por su propio país? ¿No hay manera de reglamentar el control de los coches a nivel nacional? Vaya leyes.
Román Revueltas Retes
(v.pág.47 del periódico Público del 30 de julio de 2007).
Luis Petersen Farah
(v.pág.16 del periódico Público del 29 de julio de 2007).
El Gobierno del Distrito Federal ha mantenido una política de expropiar inmuebles en los que supone se está llevando a cabo algún ilícito. Con estas acciones, sin embargo, castiga muchas veces a justos por pecadores. Muchos de los habitantes de los inmuebles y terrenos expropiados no han cometido ninguna falta de ningún tipo. En todo caso su delito es ser vecinos de quienes, aparentemente, sí han delinquido. Y digo aparentemente, porque como las expropiaciones no se realizan después de un juicio justo simplemente nunca sabemos si los acusados son responsables de los hechos que se les atribuyen.
Pero eso no es todo. Ahora el Gobierno del Distrito Federal ha anunciado que los terrenos o inmuebles expropiados por "razones de utilidad pública" no se emplearán ya, como lo decían con anterioridad los propios funcionarios, para crear espacios públicos, como parques o centros culturales, sino que serán entregados a las organizaciones de comerciantes ambulantes, que abiertamente violan la ley, con el propósito de convencerlas de dejar las calles. En otras palabras, ahora el Gobierno del Distrito Federal estará despojando de sus propiedades a personas que no han sido juzgadas y que pueden no haber cometido ningún delito para entregárselas a quienes abiertamente los cometen.
Estas acciones no le dan al acusado ninguna oportunidad de defenderse. No permiten ni juicio ni jueces; tampoco contemplan la posibilidad de presentar pruebas de descargo. El Gobierno del Distrito Federal es el acusador, el juez y el verdugo. Y las reglas están hechas de tal forma que el acusado es considerado culpable aun cuando nunca se demuestre su responsabilidad.
El que el gobierno después tome esos predios y los entregue a quienes abiertamente violan la ley, pero que han tenido la fuerza política para negociar con las autoridades o para venderles sus votos, me parece un mayor horror jurídico y ético. A ti, a quien considero delincuente, aunque no te pueda comprobar nada, te despojo de tus propiedades para entregárselas a otro que en todo caso también viola la ley pero que tiene mayor influencia política que tú.
Lo peor del caso es que esos grupos de ambulantes difícilmente quedarán satisfechos con esos predios que se les van a entregar. Ya en el pasado, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando Manuel Camacho Solís era regente de la Ciudad de México y Marcelo Ebrard, secretario de Gobierno, se les entregaron a estas mismas organizaciones de ambulantes un número de predios y plazas comerciales que en su mayoría se quedaron vacías con el paso del tiempo. Lo mismo, muy probablemente, ocurrirá en esta ocasión. Pero lo triste es que las garantías individuales que se violen en el camino no podrán ya restituirse.
Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 26 de julio de 2007).
Habitantes de Toluquilla se manifestaron ayer bloqueando el paso a desnivel de la avenida Adolf B.Horn en el cruce con la calle Benito Juárez, exigiendo la construcción de un puente peatonal para evitar más accidentes. Representantes del Ayuntamiento de Tlaquepaque informaron a los vecinos que la obra comenzará el 8 de agosto, pero éstos pidieron que mientras llega el día, asignen agentes viales.
(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 26 de julio de 2007).
El periodista oaxqueño sostiene que la prensa nacional e internacional convirtió un conflicto local en un tema mundial. Muchos de los medios, afirma, cubrieron la información por filias o fobias, sin saber el contexto.
"La demanda ciudadana por el manejo informativo a escala local, nacional e internacional era ¿por qué no se le da voz a todos esos oaxaqueños que no están ni con un grupo ni con el otro? Era la APPO, era el gobierno y ya.."
(V.pág.22 del periódico Público del 23 de julio de 2007).
Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.17 del periódico Público del 22 de julio de 2007).
No los justifica el hecho de que su víctima fuera uno entre miles de furiosos appistas que intentaron ocupar el estadio de la Guelaguetza.
Si la brutalidad es el sello appista, el de "la autoridá" debiera ser institucional: firme y enérgico, sí, pero siempre con respeto a la integridad física de cualquier detenido.
Carlos Matín
(v.primera plana del periódico Público del 20 de julio de 2007).
El saldo preliminar de este nuevo enfrentamiento -decenas de heridos por ambos bandos, vehículos incendiados y una cantidad de detenidos aún no determinada- hizo recordar los hechos que el año pasado, a partir del mes de mayo, se repitieron una y otra vez, que dejaron a la capital oaxaqueña en deplorables condiciones, y de cuyos daños aún no se recupera, sobre todo en el rubro turístico, principal fuente de ingresos para esa entidad considerada entre las más pobres del país.
Lo cierto es que este hecho viene a convertirse en un foco rojo más para la administración de Felipe Calderón, heredado de su antecesor Vicente Fox, que no actuó con la energía que se requería para poner fin al conflicto. Oaxaca sigue siendo un estado secuestrado, en manos de quienes se dicen maestros y los grupos que integran la APPO. Pero también en manos de un gobernador que no ha tenido la capacidad para mantener la paz en la entidad.
Editorial
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 17 de julio de 2007).
(V.pág.31 del periódico Público del 16 de julio de 2007).
No hablemos, en estos momentos, de la insistente cultura del agravio que cultivan amplios sectores de la población perfectamente dispuestos a remontarse a las épocas del conquistador español para explicar lo desvalidos que somos por naturaleza. Ese mecanismo repartidor de culpas históricas funciona también en esos regímenes populistas necesitados siempre de un gran enemigo interno -los "golpistas" de la cadena Radio Caracas TV, por ejemplo- o externo, ese "imperialismo yanqui" tan socorrido devenido ahora en una mezcolanza de "globalización-neoliberalismo-mercantilismo". Después de todo, el sentimiento de indefensión también fue cuidadosamente cultivado por un régimen priista irremediablemente paternalista la práctica.
Es cierto que un policía suelto por las calles puede cometer abusos y atropellos. Justamente, el estado mexicano no cuenta con esos cuerpos de seguridad profesionales y capacitados que en otras democracias garantizan el uso apropiado de la fuerza pública. Esa es una de nuestras asignaturas pendientes. Pero, llevar las cosas al extremo de no otorgarle legitimidad alguna a todo un régimen, de vivir en la sospecha permanente, de dudar de la integridad de una institución ciudadana como el IFE, de que nada es lo que parece sino que siempre hay una oscura componenda detrás, eso es una postura no sólo fanática en su simplicidad sino peligrosa en sus consecuencias.
Román Revueltas Retes
(v.pág.3 del periódico Público del 15 de julio de 2007).
El funcionario debe confrontar la situación, toda vez que su deber jurídico así lo exige.
No puede huir y menos paralizarse; si requiere pelear, lo deberá hacer bajo control y aplicar medidas de control proporcionales al nivel de resistencia que se le presente.
"Aunque su vida esté en peligro y deba utilizar fuerza mortal, debe aplicar esta fuerza con medida, buscando únicamente lograr el control del agresor, teniendo la capacidad de detenerse cuando lo haya logrado", establece el documento del Instituto Nacional de Ciencia Penales.
La respuesta apropiada, el uso legítimo de fuerza adecuado a las circunstancias ante una situación de alto contenido emocional, solamente se logrará si el funcionario encargado de reforzar la aplicación de la ley es capacitado adecuadamente, añade el estudio.
Al aplicar la fuerza sólo se buscará lograr el control de la resistencia que se presenta, nunca se buscará castigar o lastimar al sujeto resistente. "Sólo se busca lograr el control (hace cesar la resistencia)".
Los principios:
El administrador central de Relaciones y Comunicación del SAT, Pedro Carlo Canabal, informó que al 30 de junio pasado, el organismo condonó 5,400 millones de pesos, que representan 0.98% de la cartera total de créditos fiscales.
Explicó que para "limpiar el historial" de los contribuyentes con adeudos fiscales atrasados, el SAT inició este año un programa de condonación de créditos fiscales para promover la regularización de la situación fiscal y estar al corriente con el pago de impuestos.
Dicho programa, anotó, permite condonarle al contribuyente la totalidad de recargos y multas y 80% de los gravámenes no pagados para los ejercicios fiscales de 2002 hacia atrás, o del 100% de recargos y multas de los ejercicios 2003, 2004, y 2005.
(V.pág.35 del periódico Público del 13 de julio de 2006).
[¡Ya ven! ¡Les dije que no pagaran! Al cabo al rato les "condonan" lo que deben... Tarugos los cumplidos, que ni el .01% les perdonan - el webmaster]
Triunfó el Estado de Derecho. ¿Pero qué estado, qué derecho? A juzgar por el voto tan claro del Tribunal Electoral Federal (seis a cero), de uno que corrige una ley infame del congreso con sede en Mexicali.
Pregunta 1: ¿Con ese código mancillado se normarán y dirimirán las elecciones del 5 de agosto?
Pregunta 2: ¿Cuántas personas están en las cárceles de Baja California, o han perdido su patrimonio, por violentar leyes que violentan la Constitución?
Pregunta 3: ¿Cuántas leyes en las 32 entidades están hechas con las patas; cuántas leyes federales?
Pregunta final: ¿Cuántos mexicanos tienen los abogados y el dinero para hacer lo que hizo Jorge Hank e imponerse "conforme a derecho"?
Así es el derecho en México al cumplirse diez años de democracia. Así se imparte justicia en un país que se supone de leyes, pero que jurídicamente es, en realidad, un país de mierda. País de litigantes y usureros, regido por una fría y exitosa fórmula:
Ciro Gómez Leyva
(v.pág.2 del periódico Público del 9 de julio de 2007).
Si logran quitar a Ulises Ruiz del poder, Calderón y su gabinete ya podrán poner sus "barbas a remojar".
Manuel Hernández Gómez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 30 de junio de 2007).
Daniel González Romero
(v.pág.21 del periódico Público del 29 de junio de 2007).
El presidente muncipal José Luis Gutiérrez Cureño dio a conocer lo anterior en relación con los cierres de avenidas principales que mantienen paralizados, desde las 08:00 horas, a miles de automovilistas y habitantes en esta localidad.
Gutiérrez Cureño sostuvo esta mañana una conversación telefónica con funcionarios de gobernación estatal y el líder de la Confederación Nacioal Campesina en la cual ofreció iniciar mesas de diálogo y atender sus demandas.
"Hay un chantaje muy fuerte para que no exijamos el pago de impuestos: quieren que los dejemos seguir vendiendo la vía pública al mejor postor", denunció el edil.
Hospitales como Las Américas y ambulancias de Protección Civil se vieron afectados en el traslado de enfermos, en tanto que miles de habitantes se quedaron atrapados en los bloqueos y no pudieron llegar a sus lugares de trabajo.
(V.Notimex del 28 de junio de 2007).
(V.pág.9-A del periódico El Informador del 27 de junio de 2007).
Luis González de Alba
(v.pág.19 del periódico Público del 25 de junio de 2007).
Así lo afirmó el legislador panista Obdulio Avila, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, al subrayar que los empresarios y comerciantes en el primer cuadro de la ciudad reportan pérdidas de hasta 90% de utilidades por esa causa.
Ello, independientemente de los saldos de la anterior administración local, que reportó una pérdida de casi 8,000 millones de pesos para la industria, el comercio y el turismo en el Distrito Federal, a causa de las 10,166 marchas durante el periodo 2000-2006. Avila remarcó que "la mayor parte de las demandas de quienes se manifiestan en la ciudad son de carácter nacional, pero los problemas causados por las marchas y plantones son evidentemente locales y en ese nivel deben ser atendidas".
Exigió por ello al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, defender los derechos de los ciudadanos y no sólo de los sectores que pueden retribuir votos al PRD, "pues es vergonzante que la Ciudad de México ocupe el primer lugar en marchas y plantones a nivel mundial".
Censuró en ese sentido a las autoridades de extracción perredista que tachan de ignorantes y autoritarios a quienes exigen respeto a las garantías de todos los ciudadanos, cuando la justicia social se basa en la sana convivencia y el respeto a los derechos más elementales.
"Hacer cumplir la ley no significa ser autoritario y obedecer a los ciudadanos genera más preferencias que las que se puedan obtener de las movilizaciones", indicó.
(V.pág.24 del periódico Público del 25 de junio de 2007).
Román Revuletas Retes
(v.pág.3 del periódico Público del 24 de junio de 2007).
Es injusto que usted o yo nos las veamos negras para cumplir con el pago oportuno de nuestros impuestos, que aceptemos cualquier trámite que la Secretaría de Hacienda se saque de la manga y que exactamente al salir de la oficina de recaudación que nos corresponde, nos topemos con un enjambre de puestos callejeros de gente que genera ingresos y que no le paga nada al gobierno.
De veras, pocas experiencias pueden ser tan frustrantes como ir al corriente con las obligaciones fiscales y que a otras personas ni siquiera les preocupe darse de alta, ya no se diga pagar recargos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Que en México le va mejor a las personas que viven al margen de la ley? ¿Que estar bien es estar mal y que estar mal es estar bien? ¿Usted ha tratado de poner un negocio en este país? ¿No es la cosa más desmotivante del mundo? Los trámites fiscales que hay que seguir para hacer las cosas bien en México son una invitación al fracaso.
Es un calvario sacar cualquier documento, es un robo pagar lo que se pide y más se tarda uno en tratar de generar un empleo que Hacienda en mandar gente con requerimientos y multas.
Yo nunca he visto que le llegue un requerimiento a uno de esos taqueros callejeros que generan miles de pesos a la semana ni que molesten a las señoras que se hacen ricas vendiendo contrabando.
¿Por qué a la gente que trata de cumplir con las reglas la castigan y a la que no, la premian? Reforma o no reforma, no puede haber nada peor que esto porque un gobierno que no le aplica igual la ley a todos sus ciudadanos, es un gobierno de a mentiras. Si todas esas personas físicas y morales que no pagan pagaran, las autoridades tendrían el dinero que les falta para impulsar nuestro desarrollo.
¿Por qué no van y les cobran? ¿Porque el comercio informal cierra calles y los profesionistas independientes no? ¿Porque hubo intercambio de favores y ni modo de no cumplir con lo que se prometió? Es más o menos lo que pasa en la Ciudad de México con el nuevo reglamento de tránsito. A los automovilistas los van a vigilar como a delincuentes, pero a los microbuseros, traileros y falsos taxistas los van a tratar como a los reyes del camino.
Así no se puede creer ni en reformas ni en gobiernos ni en nada. O todos coludos o todos rabones, pero justicia a medias, ya no.
Y en el caso de las reformas, que sean reformas para progresar, no para reprimir. La reforma fiscal que propuso el gobierno de la república parece más un castigo que una solución.
Hay muchas broncas con la recaudación de impuestos en México. No se ve que ninguna se vaya a solucionar con la reforma propuesta el miércoles pasado por el gobierno de la república. A ver qué dicen los diputados y senadores.
Alvaro Cueva
(v.pág.16 del periódico Público del 24 de junio de 2007).
Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 21 de junio de 2007).
El conflicto, en el que un particular reclama le restituyan el predio donde se construyeron las fincas, comenzó hace un mes y los habitantes piden al Gobierno del Estado [de Jalisco] garantías jurídicas para que no les quiten las viviendas que compraron de buena fe hace más de 15 años.
(V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 21 de junio de 2007).
Un contingente de más de 7,000 personas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, marchó con dirección a la residencia oficial de Los Pinos, en protesta por las reformas a la Ley del ISSSTE.
Diversos bloqueos que se registraron en la zona centro de la ciudad, así como en avenidas principales del sur del Distrito Federal, ocasionaron un severo caos vial en algunas arterias vehiculares.
En la movilización, también participó el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, entre otros.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 19 de junio de 2007).
Esa es la estrategia que desarrollan los extremistas de la izquierda, con grupos formados por porros y mercenarios que vemos cómo intentan desestabilizar al gobierno en el poder y, por lo pronto, exacerbar los ánimos de los habitantes de la Ciudad de México. Son grupos cerrados que no saben de razones, sino de consignas; son grupos financiados por los bajos fondos del PRD que pretenden tomar el poder por la fuerza, mientras practican una especie de guerrilla urbana. Son grupos de agitadores que viven de eso, como los "Villanos" que se dedican a invadir predios y luego a cobrar sus cuotas y, por supuesto, a reclamar cuando son expulsados, haciendo de ese círculo uno vicioso, como petardos que enervan a la sociedad, por lo menos, en el D.F.
Pretender derogar los cambios a la ley del ISSSTE que, finalmente, los que tienen cinco centímetros de frente saben que fue lo que salvó de lo que podría ser una quiebra y que, racionalmente analizados, vienen a proteger a sus afiliados y no a los coyotes o líderes que viven jineteando cuotas y aportaciones de los burócratas. Pero los del CNTE-APPO no están de acuerdo, mucho menos para aceptar que hubo un tiempo y un lugar para discutir y que, de esas discusiones, fueron aceptadas las reformas por una mayoría. Pero sus tácticas están diseñadas para golpear y bloquear y de eso viven y siguen cobrando su cuota con todo y bonos especiales, sin que la sociedad sepa bien a bien quién los financia, pero que imaginamos que vienen de esos fondos libres de registro en la contabilidad de los partidos o instituciones y que son de los que actúan al filo de la ley (ambulantes y piratas). La libertad de manifestarse se ha convertido en libertinaje; la libertad para discutir, en esclava de la consigna; la razón, en locura de unos cuantos agitadores y de las camarillas que los siguen como el burro a la zanahoria. Pero los plantones generan una reacción igual, pero en sentido contrario que la sociedad se cobra con la alternancia cada vez que puede.
Martín Casillas de Alba
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 19 de junio de 2007).
Al querer evitarse el mote de represor por parte del perredismo lopezobradorista adepto al lumpenmagisterio de la CNTE, Ebrard exentó de la ley a un sindicato minero que solapa a un líder que se llevó 55 millones de dólares... dando paso a la idea que a su gobierno no le importa el asfixiante tráfico vehicular.
Mauricio Flores
(v.pág.32 del periódico Público del 17 de junio de 2007).
Braulio Peralta
(v.pág.39 del periódico Público del 17 de junio de 2007).
Carlos Dragonné
(v.pág.14 del periódico Público del 17 de junio de 2007).
El secretario de Educación Jalisco, Miguel Angel Martínez Espinosa, dijo: "Si alguno faltó a clases más de la cuenta, o no tiene el conocimiento suficiente, no acreditará los puntos necesarios en el examen de oposición para ganarse una plaza... A lo mejor la intranquilidad de algunos tiene que ver con este hecho".
(V.primera plana del periódico El Informador del 16 de junio de 2007).
Fue un caos generalizado que por varias horas entre jueves y viernes vivió el centro de la ciudad y quienes en él laboran, o a él tuvieron necesidad de acudir. Y todo a causa de ese grupo de aspirantes a maestros que, como lo hacen todos los años al acercarse el fin del ciclo escolar, ven en este tipo de acciones la única manera de ejercer presión para que les sean satisfechas sus demandas, que se concretan a la exigencia de tener plazas aseguradas para quienes, título en mano, egresan de las aulas queriendo contar de inmediato con una fuente de trabajo.
Independientemente de que sea o no justa su demanda, tal como la plantearon al inicio de sus protestas, de contar con plazas directas, sin someterse a concurso para que las mismas sean asignadas a quienes de verdad lo merecen de acuerdo a sus calificaciones; y al margen, también, de que les asista la Constitución en su derecho a manifestarse públicamente, el afectar los derechos de los demás no tiene justificación alguna. Menos aún, cuando el pretendido beneficio de unos cuantos va en perjuicio de miles de ciudadanos. Todo derecho contemplado en la Constitución termina cuando se violentan los derechos de los demás.
Podría pensarse que el mal ejemplo cunde, y que los hechos de los últimos meses en Oaxaca, o las protestas en contra de las reformas a la Ley de ISSSTE inspiraron a estos jóvenes de Atequiza. Sin embargo, manifestaciones como las de estos dos días son cíclicas, y año con año las realizan los alumnos de esa escuela Normal. Se entiende su preocupación por contar con fuentes de trabajo; tienen todo el derecho a aspirar a una plaza, pero también es cierto que no son los de Atequiza los únicos normalistas que terminan su carrera, y deben entender que el reparto de plazas debe ser equitativo y que tienen que otorgarse a quienes demuestren mayor capacidad para iniciar su labor magisterial.
Editorial
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 16 de junio de 2007).
Alrededor de 600 alumnos de la Escuela Normal Rural de Atequiza, con el apoyo de unos 30 padres de familia y profesores del Movimiento de Bases Magisteriales generaron un severo caos vial en el centro de la ciudad a lo largo de ocho horas, durante una manifestación que se prolongó hasta los primeros minutos de hoy. Los jóvenes se propusieron llamar la atención con la movilización que empezó a las 13:00 horas, y lo consiguieron con creces. Sin embargo, al paso del grupo también cosecharon críticas y una que otra mentada. La exigencia única del contingente es que la Secretaría de Educación Jalisco les asigne 138 plazas automáticas para los egresados de la generación que culmina clases hoy.
Los estudiantes salieron del parque Agua Azul y su recorrido fue incierto, con la intención de generar más problemas viales de los que habitualmente causa una marcha.
A las 20:45 horas, decenas de policías antimotines tomaron posiciones en Hidalgo y Morelos para desalojar a los normalistas, quienes cuando vieron que los uniformados iban a moverlos del arroyo de la calle, optaron por irse a la Plaza de Armas y dejar libre 16 de Septiembre. Hasta entonces se regularizó el tráfico. Fue Felipe de Jesús Gallo, director de Estadística y Política Criminal de la Secretaría de Seguridad estatal, quien antes les había advertido a los manifestantes que no les permitiría seguir con el bloqueo.
(V.pág.14 del periódico Público del 15 de junio de 2006).
[Pregunta del webmaster: ¿Por qué no cierran ya esa normal? Los egresados están tan mal preparados que tienen que recurrir a actos ilegales de presión para poder conseguir chamba. Simplemente, no sirven para nada; estaríamos mejor sin ellos.]
Camiones urbanos, coches y desechos materiales fueron usados por maestros, estudiantes y vecinos para bloquear algunas de las vialidades donde murieron abatidos integrantes de esta alianza de organizaciones, creada el año pasado para buscar el derrocamiento del mandatario estatal.
(V.pág.22 del periódico Público del 15 de junio de 2006).
(V.pág.5 del periódico Mural del 14 de junio de 2007).
El funcionario dijo que "aplicar la ley no es autoritarismo o represión, sino hacer valer la legalidad, pues los derechos de los manifestantes atraviesan por el respeto a los derechos de terceros".
Afirmó que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, debe intervenir para aplicar la ley y ver por el beneficio de la mayoría, ya que hay canales para expresar la inconformidad como los juicios de amparo y diversas vías administrativas.
Lozano Alarcón sostuvo que "no es un llamado al autoritarismo, sino a aplicar la ley, ya que ejercer violencia, afecta derechos de terceros y la libertad de asociación y de trabajo por las demandas en contra de la Ley del ISSSTE es inaceptable".
(V.Notimex del 13 de junio de 2007).
Alrededor de 100 vendedores del Frente de Resistencia de Comerciantes del Estado de Jalisco (FRCEJ), arribaron a la presidencia municipal de Guadalajara al filo de las 10:30 horas, para demandar opciones de trabajo a la autoridad municipal, luego del decreto aprobado por el pleno durante la administración pasada, para restringir el comercio ambulante en el primer cuadro.
Encabezados por Salvador Cabrera Vera, presidente de la organización, los comerciantes bloquearon durante varios minutos avenida Alcalde en su cruce con avenida Hidalgo, ocasionando que el flujo vehicular fuera desviado a vías alternas por elementos de la Secretaría de Vialidad y Transporte.
El líder de la organización, explicó que el pasado de 28 de mayo abordaron al alcalde tapatío, Alfonso Petersen Farah, para exponerle la situación que actualmente viven los agremiados de la asociación. Este los remitió con el secretario general del ayuntamiento, Ignacio Alfonso Rejón Cervantes, que a su vez los envío con el director de Inspección y Vigilancia, Isaías Cortés Berumen.
(V.pág.3-B de El Informador del 12 de junio de 2007).
Ciro Gómez Leyva
(v.pág.2 del periódico Público del 11 de junio de 2006).
En fin, son preguntas que se hace una cuando se queda hora y media detenida en el tráfico porque las autoridades no hacen cumplir la ley, los legisladores no negocian, explican o buscan consensos para sus reformas, Marcelo Ebrard quiere ser presidente, Elba Esther Gordillo decide tomarse vacaciones, a los de la APPO ya no les hacen caso en Oaxaca y por lo visto al presidente Calderón le gusta pasear por Europa.
María de las Heras
(v.pág.21 del periódico Público del 11 de junio de 2006).
(V.pág.6 del periódico Mural del 7 de junio de 2007).
Encabezados por el líder estatal del sindicato de maestros, Marco Antonio Pacheco, comenzaron a concentrarse desde esta mañana en el centro de Tijuana y caminaron varios kilómetros para llegar a la garita de San Ysidro para llamar la atención de la comunidad internacional.
Este bloqueo obligó a miles de automovilistas a desviarse para cruzar por la garita en Otay Mesa, al otro lado de la ciudad, mientras que algunos viajaron a la ciudad de Tecate para poder pasar la frontera.
(V.Agencia Efe, 6 de junio de 2006).
Y así, cada día que pasa, ese gran motor de la economía nacional, ese centro estratégico y sede de los poderes de la república, se colapsa pura y simplemente. La vida de millones de ciudadanos se ve perturbada: se pierden citas de trabajo, se dejan de hacer negocios, se cancelan ventas, se postergan visitas al médico, se paralizan sectores enteros del comercio. Las pérdidas monetarias son inconmensurables. Pero, sobre todo, los habitantes experimentan, en carne propia, la desquiciante sensación de enfrentarse a una realidad colosalmente absurda: predomina una especie de ley de la jungla en versión urbana donde no hay orden, no hay autoridad, no hay lógica alguna. Las cosas, de pronto, no tienen sentido pero, con el fatalismo de los que se ven obligados a sacrificar sus derechos en el altar de la politiquería, los ciudadanos parecen resignarse a pesar de su inmensa frustración (a ver hasta cuándo se puede mantener sellada esta olla de presión). Lo más preocupante, con todo, es la viabilidad misma de una maquinaria económica que, por su propia naturaleza, exige unas mínimas condiciones de certidumbre. Llegará el momento, supongo, en que esas inversiones dejarán de venir. ¿No es tiempo, señor jefe de Gobierno, de poner orden? Es decir, ¿no es tiempo ya de gobernar de verdad para las mayorías?
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 3 de junio de 2006).
Paralelamente se suspendieron actividades en escuelas de varios estados del país, hubo protestas en puentes fronterizos, oficinas gubernamentales y bancos.
(V.primera plana de El Informador del 2 de junio de 2007).
¿Por qué tienen que pagar los niños a causa de la irresponsabilidad de los maestros? Estos pueden estar inconformes con la Ley del ISSSTE, tienen todo el derecho, como también a manifestarse en contra. Pero ello no les da vía libre a abandonar la tarea tan importante que tienen al frente de sus alumnos. Para defender sus derechos laborales, si es que éstos han sido afectados, tienen a sus líderes sindicales, y son ellos los obligados a luchar en representación de quienes los eligieron. Los maestros tienen su lugar en las aulas, y desde ahí deben luchar por un México mejor, preparando a sus educandos.
No es afectando a terceros, desquiciando la vida cotidiana de las ciudades, pisoteando los derechos de los demás, como lograrán sus objetivos, y al contrario, quienes puedan simpatizar con su movimiento serán los primeros en darles la espalda.
Movimientos como el de ayer afectan a la sociedad, y ésta no tiene por qué cargar con los intereses de unos cuantos. Ya es tiempo que alguien les explique a los maestros disidentes los verdaderos beneficios de la ley a la que ahora se oponen, y mientras tanto, que se mantengan en las aulas, que no abandonen la escuela ni sus alumnos, quienes tarde o temprano se los habrán de reclamar.
Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 2 de junio de 2007).
Alrededor de 500 maestros de los municipios de Ojuelos en Jalisco y de Calvillo en Aguascalientes bloquearon la circulación de la carretera federal 70 oriente desde las 9:00 horas.
Los profesores se pararon a media carretera y bloquearon la circulación en intervalos de 20 minutos, repartiendo volantes a los automovilistas que en algunos casos reclaman molestos por las largas filas de automotores que se registraron; "no es posible que se nos impida el acceso, nosotros no tenemos al culpa de sus problemas", comentó uno de los afectados.
(V.pág.6-A de El Informador del 2 de junio de 2007).
(V.pág.6-B de El Informador del 2 de junio de 2007).
La delincuencia organizada entra por la puerta grande y donde le da la gana con todo y excelsos operativos whatever para ajustar sus cuentas pendientes. Hospitales, quirófanos, cuarteles policiacos, oficinas, establecimientos públicos, oficinas estatales y federales, hoteles, restaurantes, casas particulares y un largo etcétera... han sido lugares donde vuelan los plomazos y los granadazos.
El régimen farolea -igualito que Fox... same pills or just drinks?- de un estado de derecho,cuando en vivo y a todo color hay constantes violaciones y atropellos a la legalidad de esos... poderes fácticos. Esos acostumbrados a la impunidad gracias a la complicidad gubernamental. Esos que sólo velan por sus intereses. Esos, my friend, que hasta hoy no le temen a Felipe Calderón...
Marcela Gómez Zalce
(v.pág.30 del periódico Público del 1o.de junio de 2007).
Kin Hubbard
(publicado en El Siglo de Torreón en mayo de 2007).
De acuerdo con datos de la Encuesta Sobre el Costo de la Regulación para las Empresas en México 2007, se indica que el costo de los sobornos a nivel nacional va de 40,000 a 60,000 millones de pesos anuales.
El ejercicio se realizó entre 400 empresas ubicadas en las áreas metropolitanas de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en los sectores de manufacturas, comercio, construcción y servicios.
En el caso de los sobornos, la encuesta indicó que el problema es grave, toda vez que registró un promedio de evaluación de poco más de 4 puntos en una escala de 0 a 7, donde 7 se considera como un obstáculo "muy grave".
En materia de gobernabilidad, el principal obstáculo para el desarrollo empresarial es la inseguridad, con 5.5 puntos; seguida de la piratería y la economía informal, con poco más de 5 puntos para cada rubro.
El director del CEESP, Mario Rodarte, explicó que estos problemas derivan, entre otras causas, de autoridades con baja capacidad para aplicar el estado de derecho en sus diversas vertientes.
La encuesta destaca que la mala calidad de los servicios públicos también impone trabas y costos innecesarios a las empresas.
Rodarte ejemplificó con el periodo de 39 días que toma abrir un negocio.
Sin embargo, el peor servicio en calidad es el de la seguridad, que es provisto por las Policías de todos los órdenes de Gobierno, las cuales reciben una calificación de 3.9 puntos; así como los juzgados y ministerios públicos, con 3.5 puntos cada uno.
Para mejorar estos aspectos, dijo Rodarte, se tiene que integrar el estado de derecho, combatir la impunidad y simplificar procesos administrativos.
(V.primera plana del periódico Mural del 31 de mayo de 2007).
En el enfrentamiento salieron a relucir piedras, palos y bombas de fabricación casera, que dejaron un saldo de 16 lesionados y daños materiales diversos no cuantificados.
Entre los lesionados está el director de Seguridad Pública del Estado, Mario Bautista, a quien estudiantes atacaron a golpes con un madero.
La violencia estalló cuando integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha tomó desde las 6:00 horas el plantel y cerró los accesos para protestar por el nuevo sistema electrónico de inscripciones en la institución, vigente para el próximo ciclo escolar.
Sin embargo, cientos de alumnos que exigieron clases se agruparon para tratar de rescatar el campus.
"¡Clases, clases, clases!", exigían desde el exterior unos 600 jóvenes.
La batalla en el plantel duró de las 7:30 a las 10:15 horas; los paristas arremetieron lanzando bombas molotov, fabricadas con envases de vidrio, gasolina y mecheros.
De ambos bandos se dispararon piedras y palos, varios de los cuales causaron daños en casas, comercios y vehículos de la zona.
El Gobierno del Estado envió a un centenar de granaderos para tratar de sofocar los disturbios, instalando cordones de seguridad en el área.
La trifulca se extendió a otros puntos de la ciudad, cuando los alumnos decidieron atacar las casas estudiantiles que controla la CUL.
En la calle Manuel Muñiz arremetieron contra el albergue 2 de Octubre; le prendieron fuego a muebles que extrajeron de su interior.
En respuesta, los paristas tomaron como rehenes a cinco del bando contrario, a quienes amenazaban con golpear si no cesaban los ataques. Dos horas después fueron liberados tres y por la tarde los dos restantes.
Hasta anoche, la universidad continuaba tomada por la CUL y la policía no tenía un solo detenido por los hechos violentos del día.
Desde la unción de Silvia Figueroa Zamudio como Rectora el pasado 9 de enero, la Universidad Michoacana no ha tenido paz.
El dilema comienza en ¿denuncio o no?, si denuncio seguramente perderé mi tiempo en una acusación a la que no se le dará ningún seguimiento; pero si no lo hago dejo de creer en las autoridades, en la sociedad y me convierto poco a poco en testigo y cómplice silencioso del daño que a diario nos hacemos nosotros mismos, como parte de una comunidad que debería procurar el bien común.
Ana Joaquina Luebs
(v.pág.10 "Correo del lector" del periódico Mural del 31 de mayo de 2007).
(V.pág.42 del periódico Público del 28 de mayo de 2006).
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 27 de mayo de 2006).
Estos "poderes fácticos" no proceden de manera institucional, sino que por su "poder de hecho" controlan o influyen las decisiones de los poderes institucionales, a veces por medios extra legales y aun ilícitos: sobornos, premios, facilidades, prebendas, corruptelas y otros semejantes. Estos poderes, con tales medios, facilitan que los hombres y mujeres del poder institucional tomen decisiones que favorecen los negocios de los miembros de esos grupos, al mismo tiempo que incrementan sus capacidades de control social. Antes esperaban las decisiones y luego trataban de librarse de las consecuencias incómodas. Hoy operan para que la letra de la ley sea a su conveniencia.
Tal es la fuerza de los procedimientos de éstos poderes fácticos que da la impresión que los poderes constitucionales "no pueden" oponerse a sus propuestas. Se ven obligados, incluso, a interpretar la ley de manera que siempre los favorezcan, en contra del bien común y el interés general.
La cuestión grave en esta situación es el abandono del principio de legalidad en aras de la eficiencia, vista ésta desde los "poderes fácticos". Eficiencia o legalidad es un falso dilema con el cual ciertos agentes sociales quieren "atarantar al ciudadano". La eficiencia por medios ilegales es de las mentes sin capacidad para honrar la ley. La legalidad sin eficacia es abdicación del poder por miedo a equivocarse. Los mexicanos lo aprendimos en el siglo XX. Ahora no podemos olvidarlo so pena de traicionar las mejores causas nacionales.
Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.15 del periódico Público del 27 de mayo de 2006).
Myriam Vidirales
(v.pág.20 del periódico Público del 25 de mayo de 2006).
Estamos en uno de los vagones más tristes de ese informe, en compañía de países tan reputados como Albania, Indonesia, Marruecos y Venezuela. Entre las fuentes que utiliza Transparencia están encuestas donde se registra que ocho de cada diez mexicanos creen que el poder judicial es corrupto y más de 30% de quienes tuvieron contacto con la procuración de justicia reportó que debió recurrir a un soborno para tener acceso a ella.
El informe de TI confirma la gravedad del diagnóstico que lleva años flotando en nuestro aire: la impartición de justicia no funciona, porque no existe un trato equitativo ante la ley. Esta carencia es uno de los grandes déficits de nuestro sistema democrático. Cuando la justicia está sesgada en favor del que tiene dinero o influencia política, los que carecen de uno y otra están en desventaja. Los delincuentes quedan impunes y la rendición de cuentas se vuelve una utopía.
Las promesas de reformar al sistema judicial mexicano han quedado en el limbo. La remuneración de los funcionarios está lejos de ser una garantía de profesionalización y un blindaje contra la corrupción.
Los procesos siguen siendo complejos y lentos. El poder judicial tiene poco presupuesto y es empleado de forma poco eficiente.
La procuración de justicia es poco transparente y está sometida a la presión de los poderes ejecutivo y legislativo.
El peruano Hernando de Soto ha dedicado sesudos ensayos a argumentar en favor de la mejora de la procuración de justicia. Sostiene que la ausencia de un Estado de Derecho inhibe la actividad económica porque contribuye a la desconfianza. Cuando se trata de comprar-vender, contratar o invertir, los actores económicos requieren la certidumbre de que sus derechos están protegidos por la ley en el papel y por el sistema judicial en los hechos. Para los grupos de menores ingresos es mejor tener un sistema imparcial que recibir subsidios o dádivas del gobierno. Es la ley, pero son muchas cosas más.
Luis Miguel González
(v.pág.34 del periódico Público del 25 de mayo de 2006).
Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 24 de mayo de 2007).
(V.pág.7 del periódico Público del 21 de mayo de 2007).
El médico Juan Carlos Olivares Gálvez, director de Regulación Sanitaria en la Secretaría de Salud Jalisco, informó que dos carnicerías fueron clausuradas por estar involucradas en el brote de clenbuterol. "De estas dos, que son del mismo dueño, salió la carne; también está identificado el rancho de procedencia del ganado vacuno", agregó, aunque en la dependencia no cuentan con la identificación del rancho y el ganadero-engordador que dio clenbuterol a sus reses, pese a la prohibición vigente. "Esa información la tiene la Secretaría de Agricultura y es ahí donde se procederá para sancionar, pero todo está confirmado".
(V.pág.28 del periódico Público del 18 de mayo de 2007).
En el documento se asegura que el reto más importante que enfrenta el país es la ausencia de una cultura de la legalidad.
"Desde hace ya muchos años el estado ha venido perdiendo paulatinamente capacidades para la prevención, persecución y castigo a la delincuencia; para salvaguardar la integridad, el patrimonio y los derechos de las personas; para preservar las libertades, el orden y la paz pública".
"La insuficiente protección de derechos fundamentales, como los de propiedad y de autor, limita el despliegue de las actividades productivas y restringe la inversión. La corrupción abre paso al contrabando y la piratería y fomenta la economía ilegal", se alerta en el texto de 53 cuartillas.
(V.pág.2 del periódico Mural del 17 de mayo de 2007).
Miguel Angel Granados Chapa
(v.pág.9 del periódico Mural del 17 de mayo de 2007).
"Recientemente la violencia y la falta de estado de derecho de nuevo han escalado a lo largo de nuestra frontera con México, marcada por asesinatos brutales y homicidios por venganza que impactan varias comunidades fronterizas de Nuevo Laredo y Arizona", denunciaron los mandatarios fronterizos en una carta que enviaron al presidente George W.Bush el martes pasado.
(V.pág.13 del periódico Mural del 17 de mayo de 2007).
Los estudiantes bloquearon Avenida Alcalde y justificaron la acción al decir que habían pedido una audiencia con la Secretaría de Educación, pero no se las dieron.
(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 17 de mayo de 2007).
¿Quién entiende al alcalde Alfonso Petersen? Primero, justifica un operativo policial, con el argumento de "rescatar" un espacio público invadido, y días después, de forma por demás esquizofrénica, no sólo autoriza esa invasión, sino que decide premiar a los invasores, absorbiendo los gastos de edificación de unos locales destinados a ellos, locales que ocupan casi todo el ancho de la banqueta y en los que, aparte de ofrecer sus géneros, los invasores han dicho que piensan usarlos también como vivienda y como talleres para la fabricación de sus productos, por más que la autoridad se oponga a estos dos últimos usos. ¿Pero quién puede creerle a una autoridad que cambia de parecer con más frecuencia que las fases de la luna, y a la que no pocos gandayas le tienen bien tomada la medida? Cuando alguien es indígena, desempleado o pobre y se apropia de un sitio público, ¿no es invasor ni debe ser tratado conforme a la legislación vigente?
Juan José Doñán
(v.pág.3 del periódico Público del 14 de mayo de 2007).
La reforma de nuestro sistema jurídico es urgente: no podemos seguir los ciudadanos sometidos al terror de que una acusación, aun las más falsa, nos ponga en la cárcel.
Los hechos escuetos que llevaron a la cárcel a Carlos Ahumada los vimos todos por televisión: como empresario favorito de los gobiernos perredistas del DF recibía jugosos contratos a cambio de pagos en efectivo tributados a los más altos jerarcas del PRD. Vimos a René Bejarano, ex secretario particular de López Obrador y su alfil en la Asamblea Legislativa del DF, llenando un maletín con fajos de dólares que no cupieron, así que procedió a llenarse los bolsillos, todos los bolsillos del traje. Vimos a Gustavo Ponce, secretario de Finanzas de AMLO, jugando en Las Vegas y supimos que era cliente VIP del más elegante casino porque asistía a jugarse fortunas cada tres semanas.
A Bejarano, el político sobornado, le dieron unos meses de cárcel en celdas acondicionadas como suite de lujo. A Ponce, el mismo López Obrador lo puso sobre aviso en conferencia de prensa y le permitió vaciar su oficina y borrar el disco duro de su computadora. Todo ello a pasos de las oficinas del Peje. Luego lo escondió el PRD en tierras perredistas, donde fue localizado por las autoridades federales y aprehendido. A Carlos Ahumada, el empresario corruptor de tan blancas palomas lo acaban de soltar, no sin antes recordarle quiénes son.
Recibió contratos multimillonarios por encima de licitaciones y otros controles que el PRD acostumbra tildar de "legaloides". Pagaba el favor regresando parte de las utilidades. Es lo que siempre habían hecho los encargados de compras en los gobiernos del PRI: Tanto para ti, tanto para mí y queda aprobado tu contrato. El PRD hace lo mismo porque son los mismos, "una vez priista, siempre priista", y conocen de memoria el camino. Cuando el empresario vio en riesgo sus intereses, sacó su carta secreta: había videograbado a todos los perredistas durante las entregas de dinero. Bejarano dijo que López Obrador estaba al tanto de los sobornos, lo mismo declaró Ponce (según Alejandro Encinas, que recibió la última llamada del ya prófugo secretario de Finanzas).
Esa fue la falta que hundió a Carlos Ahumada y le atrajo un encono, una saña que no sufrimos ni los presos políticos de otros regímenes: había desnudado la corrupción de los puros.
Luis González de Alba
(v.pág.17 del periódico Público del 14 de mayo de 2007).
El uso de la fuerza de cualquier tipo por quien tiene el poder suscita la enorme tentación de usarla en beneficio de intereses parciales o no generales. Aquí la democracia toma color y se pinta de los colores del poderoso. Este es un defecto que la democracia no ha podido corregir.
Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.14 del periódico Público del 13 de mayo de 2007).
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 12 de mayo de 2007).
No es éste el único caso en el que se han hecho acusaciones por este delito como parte de un intento de extorsión. El periodista Javier Alatorre me contaba la historia de un caso muy similar, sólo que en un microbús, en el cual también una oportuna patrulla hizo inmediato acto de presencia para participar en la extorsión.
La razón por la cual estamos viendo esta nueva forma de extorsión es que los actos de acoso sexual que se llevan a cabo en un transporte público han sido convertidos por los legisladores en "delito grave". Esta decisión, presentada en su momento como un gran triunfo para las mujeres, quienes sufren con humillante frecuencia abusos en el transporte, se ha transformado en la puerta a una fácil extorsión. ¿Por qué? Porque al volver la falta un delito grave, el acusado pierde la posibilidad de enfrentar el proceso en libertad bajo caución y es recluido en la cárcel. Aun cuando al final se compruebe su inocencia, como suele ocurrir cuando la acusación se fundamenta sólo en la declaración de la presunta víctima, el acusado tendrá que pasar en la cárcel cuando menos uno o dos años, mientras se desarrolla el proceso, a menos de que consiga el "perdón de la víctima" (el cual se vende muy caro). Por eso en la extorsión, en la cual usualmente participan policías y ministerios públicos, se puede obtener tanto dinero del acusado.
Estamos ante un problema de fondo, no de simple forma, en nuestro sistema jurídico. Si bien el artículo 14 de la Constitución determina que nadie "podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos" sino mediante un juicio ante los tribunales, y aunque el artículo 20 otorga el derecho de los inculpados a gozar de "la libertad provisional bajo caución", la verdad es que en los denominados "delitos graves", que son la mayoría, primero se castiga y después se determina si existe una responsabilidad. Esta situación ha hecho que en México simplemente no exista la presunción de inocencia, que es puntal de los sistemas jurídicos de los países en que se garantizan las libertades individuales.
Los esquemas de extorsión que estamos viendo en contra de personas que viajan en transporte público y que son acusados de abusos sexuales aprovechan el hecho de que nuestra ley considera a cualquier acusado de un delito grave como culpable hasta que no se compruebe su inocencia. Poco importa que todo el peso de la acusación radique en la palabra de una falsa víctima.
Esta falta de garantías es la que aprovechan también los gobiernos que quieren castigar a un "enemigo". Carlos Ahumada, por ejemplo, pasó tres años en la cárcel sólo para ser declarado inocente de las cinco acusaciones que hasta la fecha ha enfrentado. Paola Durante estuvo presa un año y medio hasta que el juez de su caso la declaró inocente. En otras palabras, primero se les castigó y luego se les juzgó.
En los países del mundo en los que realmente se respetan las garantías individuales la situación es otra. El acusado goza de la presunción de inocencia. La prisión preventiva, la que se lleva a cabo durante un juicio en que un fiscal busca demostrar la responsabilidad del inculpado, es realmente una excepción y no la regla. La posibilidad de enfrentar un proceso en libertad se determina no por una arbitraria clasificación administrativa entre delitos graves y leves, como en México, sino por la peligrosidad del acusado o por el riesgo de que éste pueda tratar de evadirse. En contraste con lo que ocurre en México, la mayoría de los acusados en estos países puede gozar de libertad mientras se les sigue un juicio. El castigo sólo se aplica cuando un tribunal los ha hallado culpables.
Quizá los legisladores que decretaron como grave el abuso sexual en transporte público no tengan de qué preocuparse. Ellos no toman el Metro o los microbuses: se trasladan en autos conducidos por choferes. Pero para la mayoría de los mexicanos, para quienes sí usan el transporte público, la falta de la presunción de inocencia se convierte en una poderosa arma de extorsión.
El problema no se resuelve simplemente ajustando la pena por el delito de abuso sexual en el transporte público. Lo que debemos hacer como país es adoptar realmente el principio de presunción de inocencia. Nadie debe ser considerado responsable de algún delito en tanto no lo juzgue un tribunal. Y nadie debe ser castigado mientras no se le haya encontrado culpable.
Sergio Sarmiento
(v.pág.10 del periódico Mural del 10 de mayo de 2007).
Se calculan por lo menos 7,500 planteles educativos en el estado los que se encuentran sin labores, además de que durante los próximos días el paro se irá intensificando y diferentes instituciones de educación media y superior podrían unírseles.
Más de 34,000 alumnos de preescolar, primaria y secundaria en Baja California Sur se encuentran sin clases, luego de que unos 400 profesores decidieron unirse al paro nacional de este día.
Según información de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, se estima que alrededor de 170 instituciones educativas de nivel básico pararon actividades.
Un grupo de 300 maestros, de los 45,000l docentes del magisterio federalizado [en Chiapas], bloqueó por unos minutos la autopista Chiapa de Corzo-San Cristóbal de las Casas, como parte de la convocatoria nacional contra la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Un contingente de casi 120 estudiantes politécnicos bloqueó de forma intermitente la lateral del Periférico Sur, al cruce con el Viaducto [en el D.F.], como parte de las acciones del paro nacional contra la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 8 de mayo de 2007).
Luis González de Alba
(v.pág.19 del periódico Público del 7 de mayo de 2007).
Ninguna autoridad local o federal defiende a los ciudadanos de la urbe contra la incivilidad de estos contingentes, por su mayor parte maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que cada mes de mayo bloquean calles, entorpecen el tráfico y agravian los derechos citadinos de terceros.
Este año la protesta agrupa nuevos contingentes y una causa adicional: la repulsa a la ley de pensiones del ISSSTE, convertida ya, por los protestantes, en una monolítica bestia negra. El examen de la ley se hace a un lado, una vez más, para construir con ella el espantajo de una amenaza pública que combatir. Simplifican y mienten, pero el enceguecimiento voluntario está dando frutos. La protesta de mayo así atizada puede ser enorme.
La vanguardia de la protesta la forman trabajadores de la educación: maestros de la CNTE, sindicalizados y estudiantes de la UNAM, el Politécnico, el INBA, el Colegio de Bachilleres y los CCH.
Asusta ver lo que estos contingentes que viven de la inversión pública en educación son capaces de hacer en las calles, la cantidad de derechos de terceros que son capaces de atropellar, la sucesión de escenas violentas que producen en sus roces con policías y granaderos. Y la cantidad de cosas huecas que son capaces de decir y gritar en defensa de su causa.
Asusta pensar lo que transmiten a sus alumnos en las aulas esos personajes enardecidos que marchan gritando por las calles sin saber bien a bien por qué marchan ni qué gritan. Por algo los miembros de la CNTE han secuestrado en Michoacán los materiales de la evaluación educativa anual llamada Enlace. No quieren espejos, sino vidrios que romper.
La lección que dan en las calles estos trabajadores de la educación asusta también. Es una lección de rijosidad, ilegalidad y sectarismo político, una pedagogía bárbara de la protesta callejera como instrumento superior, eficaz, de la política.
Mienten otra vez, desde luego: la eficacia política está en otra parte. Pero su mentira atiza una triste verdad: el ariete ciego de la protesta que golpeará las calles de la ciudad, y las ciudades del país, durante unas semanas de pronóstico reservado.
Héctor Aguilar Camín
(v.pág.4 del periódico Público del 4 de mayo de 2007).
El presidente de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, aceptó que existe falta de recursos y de personal.
"La defensa de las áreas naturales protegidas de las invasiones hormiga, que se generan por la falta de vigilancia, requiere del fortalecimiento de la legislación, necesitamos que la ley sea más amplia y más fuerte", señaló en entrevista en el marco del Encuentro Latinoamericano de Areas Protegidas.
Remarcó que las áreas naturales cercanas a las grandes ciudades son las que enfrentan los mayores conflictos y deterioro.
(V.pág.7 del periódico Mural del 3 de mayo de 2007).
Distintos grupos de activistas, por otra parte, bloquearon intermitentemente vías de comunicación como Ermita Iztapalapa, Constituyentes y el Paseo de la Reforma ante la indiferencia de la policía capitalina o incluso su colaboración con los activistas. Impidieron también el cobro de peaje en casetas de autopistas.
Paro nacional, por supuesto, no lo hubo. Como tantas otras veces lo que vimos ayer fueron cierres de algunas escuelas y bloqueos de calles llevados a cabo en ciertos lugares del país por grupos minoritarios ante la falta de acción de las autoridades. Los cierres de calles y de instituciones educativas, como sabemos, sólo se pueden llevar a cabo con la complicidad de las fuerzas del orden. No sorprende así que estos cierres se concentren en el Distrito Federal, Oaxaca y Michoacán, lugares en que los grupos que se oponen a la política económica tienen más fuerza y donde cuentan con la debilidad o la complicidad de los gobiernos locales. No hubo, por supuesto, ningún tipo de paro en Nuevo León, Coahuila, Baja California o en la enorme mayoría de los estados de nuestro país.
Nadie objeta, por supuesto, que estos grupos defiendan su ideología o los intereses económicos y políticos de sus líderes. Pero lo que realmente se vuelve molesto para quienes tenemos que vivir en las ciudades controladas por estos grupos son los constantes bloqueos de vías de comunicación y de instituciones educativas.
Juan Manuel de Prada, el escritor español autor de El séptimo velo, a quien entrevisté ayer en mi programa matutino de radio, me veía con incredulidad cuando le explicaba que en México cualquier grupo político puede hacer cualquier manifestación en el momento en que se le ocurra y cerrar las vías de comunicación que se le antojen. En España, por supuesto, se respeta el derecho a la manifestación, pero cada marcha debe tener una autorización administrativa y se le impide que bloquee las vías de comunicación.
El problema es que en México ya los grupos de poder se han acostumbrado a tomar como rehenes a los ciudadanos para promover cualquier tipo de causa, mientras que a las autoridades hace mucho tiempo que se les ha olvidado que su obligación es salvaguardar los derechos de los ciudadanos, aun ante los grupos políticos.
Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 3 de mayo de 2007).
En Chihuahua, los maestros provocaron un caos generalizado con la toma de casetas de cobro, cierre de calles, toma de juzgados federales y suspensión de labores escolares.
(V.pág.4 del periódico Mural del 3 de mayo de 2007).
La policía capitalina informó que poco después de las 12:00 horas y como habían anunciado los distintos contingentes se retiraron de ambos accesos al Distrito Federal.
También se reactivó tras cinco horas de bloqueo la circulación en calzada Ignacio Zaragoza al cruce con Telecomunicaciones, frente al Hospital Regional del ISSSTE.
No obstante, persisten los bloqueos en ambos sentidos en avenida Paseo de la Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores, así como en la avenida de los Insurgentes Norte y Cantera, por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
(V.Notimex del 2 de mayo de 2007).
En Ciudad Universitaria, integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM bloquean desde las 22:00 horas del lunes todos los accesos, como el de la calle Cerro del Agua y Circuito de Ciudad Universitaria.
En los colegios de Ciencias y Humanidades, como Sur y Vallejo, así como los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, se impide el ingreso de trabajadores, profesores y alumnos.
A este paro de 24 horas se han sumado trabajadores de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, unidades Zacatenco y Culhuacán, que suspendieron clases.
(V.Notimex del 2 de mayo de 2007).
(V.pág.11-B del periódico El Informador del 25 de abril de 2007).
Este último debe garantizar imparcialidad ante el quebrantamiento del derecho, expuso al inaugurar el foro "La Reforma Penal en México: Análisis, Críticas y perspectivas", organizado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
"México necesita un nuevo sistema de justicia penal democrática, respetuoso de libertades humanas pero eficaz para disminuir la impunidad que tanto daña la imagen de las instituciones y es causa del crecimiento delictivo de nuestro tiempo", sentenció.
Detalló que "el primer punto a considerar es un combate con mayor eficacia a la delincuencia organizada; el segundo es redistribuir las competencias de la policía y el Ministerio Público en la investigación".
Como tercer punto Medina-Mora mencionó el profesionalizar a las policías de todos los niveles; el cuarto es proteger más a las víctimas del delito; y quinto, unificar el Derecho Penal.
Sobre el aspecto de la investigación, explicó que el Ministerio Público por su formación jurídica "no tiene las habilidades ni capacidades para recopilar, analizar y explotar los datos de una averiguación y generar productos de inteligencia que permitan conocer la verdad histórica".
Por ese motivo estimó que es indispensable que ya no se relegue a la policía de la tarea de investigación, y se le reintegre esa facultad con autonomía funcional y técnica, procurando que no sean agredidos los derechos de los ciudadanos.
El titular de la PGR acotó que la unificación de los derechos Penal y Procesal es una medida indispensable para generar certeza jurídica, pues actualmente existen 33 Códigos Penales y 33 Procesales, así como 35 leyes penales y decenas de normativas penales en los estados.
"A raíz de esto, tenemos miles de tipos penales que provocan divergencias en su aplicación, hasta desconocimiento total de algunas normas, y que derivan, por ejemplo, en que la libertad provisional se aplique en algunos estados y en otros no por el mismo delito", afirmó.
Medina-Mora destacó que la justicia es un tema que debe estar alejado de banderas políticas y consideró que todos los mexicanos, de todos los sectores, desean recuperar la seguridad y contar con una justicia pronta e imparcial.
(V.Notimex del 23 de abril de 2007).
Jorge Ibargüengoitia escribió: "La historia que voy a contar empieza una noche en que la policía violó la Constitución". Son las primeras palabras de "Dos crímenes" novela que quiso ser divertimento y acabó en una de las mejores del autor. ¿Será la frase inicial del texto escolar de historia patria de nuestros bisnietos en el siglo XXII? Puede ser. También puede ser el resquicio por el cual se cuele la novedad democrática mexicana. Cada violación constitucional (de quien sea) es la oportunidad de denunciarla y castigarla. Oportunidad para atacar la impunidad y el olvido.
Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.21 del periódico Público del 22 de abril de 2007).
Hernán Cortés Berumen, presidente municipal de Tlaquepaque, argumentó que en sentido estricto, la detección del anabólico es problema de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
(V.pág.2-B del periódico El Informador del 21 de abril de 2007).
La actual situación laboral golpea a la economía en virtud de que un juicio laboral dura en promedio "de un año y medio a dos o más años", contra procesos de seis a ocho meses en otras entidades. A esto es preciso adicionar el penoso liderato en cuanto a emplazamientos a huelga y estallamientos respecto a otras entidades, indicó Flores González.
Tan sólo en lo que va del año, ya suman 3,000 los emplazamientos a huelga en el estado, un promedio de casi 30 al día.
Para el presidente del CAFJ, está claro que esto ocurre porque el procedimiento legal consiente que un sindicato emplace a huelga sin antes acreditar que tiene agremiados.
Así se explica que en Jalisco haya emplazamientos de organizaciones que supuestamente representan a trabajadores que ni saben de su existencia, y menos, avalan la medida: "Basta que un chalán de un sindicato vea que va a surgir un negocio, y emplaza sin que la junta laboral tenga más remedio que admitirlo [el recurso] porque legalmente no tiene que demostrar la legitimación para emplazar", lamentó, tras sostener que será necesaria una reforma legal en este sentido.
(V.pág.7 del periódico Público del 20 de abril de 2007).
Este es uno de los pocos casos de intoxicados por ingerir carne de este animal, ya que la mayoría son por comer carne de res.
El producto la compró la mamá de los afectados en la carnicería Hermanos Avelar, en la colonia Linda Vista, donde la SSJ hizo un muestreo y detectó también varios cortes de res con rastros del anabólico, por lo que investiga en dónde el tablajero adquirió el lote para sancionar a los responsables.
Así, ya suman 24 los casos de intoxicados en el año.
(V.pág.14 del periódico Público del 20 de abril de 2007).
En cuanto a los textiles, 50% de las prendas son reportadas de contrabando y pirata, con una pérdida por 1,100 millones de pesos que derivaron en que se dejaran de crear 400,000 empleos en ese sector.
30% de los libros son reproducciones ilícitas, en tanto que las fotocopias de libros representaron en 2005 40 millones de ejemplares, una pérdida por 4,700 millones de pesos.
60% de los usuarios de televisión por cable captan la señal de manera ilegal, situación que deriva en un daño económico por 1,200 millones de pesos a las empresas que prestan este servicio.
Además de la corrupción, el clientelismo político y el desempleo, 'la tramitología' es otro factor que incentiva la legalidad. En México se necesitan 15 trámites y 67 días para abrir un negocio, mientras que en Canadá sólo se requieren 2 días y 2 trámites, refirió.
(V.pág.11-A del periódico El Informador del 18 de abril de 2007).
(V.resumen informativo de Notisistema del 17 de abril de 2007).
50% de la población carcelaria en México está esperando sentencia, y hay estados en que la población aumenta a 70%.
59% de la población cree que es posible sobornar a un juez para conseguir una sentencia favorable.
68% de los acusados en México se sintieron poco o nada defendidos durante su proceso penal.
59% de los acusados reporta oír mal y entender poco de lo que sucedía en las audiencias del juicio que se les siguió.
70% de los acusados afirmaron no haber tenido abogado ante el Ministerio Publico.
(V.pág.6-A del periódico El Informador del 16 de abril de 2007).
Luis Moirón, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, atribuye este enfrentamiento al cambio constante de reglas impuesto por hacienda en sus misceláneas fiscales.
Edmundo Elías Fernández, abogado experto en materia aduanal atribuye estos pleitos a la incapacidad de los legisladores de hacer leyes fiscales más simples.
En las demandas ingresadas durante el 2006, figuraron como principales autoridades demandadas el Servicio de Administración Tributaria con 37.4%, el IMSS, con 24.8%; el Infonavit con 7.6%; la Procuraduría Federal del Consumidor con 3.5% y el ISSSTE, con 3.3%.
Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República, estimó que México padece un rezago de hasta 5 años en la resolución de algunas demandas, principalmente contra el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS y el Infonavit.
(V.pág.4 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 12 de abril de 2007).
En la víspera del 88o. aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, los campesinos, algunos armados con palos y otros con el rostro cubierto, exigieron la regularización en la tenencia y entrega de tierras.
(V.pág.7-A del periódico El Informador del 10 de abril de 2007).
(V.pág.10 del periódico Mural del 5 de abril de 2007).
Puntualizó que las administradoras locales de recaudación tendrán hasta el 31 de marzo de 2008 para dar respuesta a la petición de perdón fiscal que realicen los contribuyentes.
Las reglas establecen que todos los contribuyentes con adeudos anteriores al primero de enero de 2003 que soliciten acogerse al programa, podrán pagar sólo 20% del principal impuesto que deben, pero actualizado, con lo cual se les condonarán recargos, multas y actualizaciones.
En el caso de los contribuyentes que tengan créditos fiscales del primero de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2005, la condonación será de recargos y multas, al pagar en una sola exhibición 100% del adeudo principal.
Para adeudos de 2006 no habrá beneficio fiscal, para 2007 las multas que no sean por omisión de impuestos tendrán una reducción de 50%.
[Y si no quieren pagar ahora, pues que se esperan al "perdón fiscal" del año entrante o del próximo sexenio, metan su dinero a la financiera y ganen intereses por el mismo; al fin y al cabo que hay pendejos que pagan a tiempo, y a quienes nunca se les perdona nada, que se harán cargo de los gastos del gobierno - el webmaster.]
(V.primera plana del periódico El Informador del 4 de abril de 2007).
(V.pág.7-D del periódico El Informador del 4 de abril de 2007).
Martín Casillas de Alba
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 3 de abril de 2007).
Augusto Valencia López, presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco
(v.pág.1-B del periódico El Informador del 31 de marzo de 2007).
(V.pág.4-B del periódico El Informador del 31 de marzo de 2007).
El pretexto para dejar a los alumnos sin clases fue que los profesores se están reuniendo con el sindicato para discutir las reformas a la ley del ISSSTE.
(V.pág.6 del periódico Mural del 29 de marzo de 2007).
(V.El Informador en línea del 27 de marzo de 2007).
Las manifestantes obstaculizaron los dos sentidos de la avenida con lo cual se ve interrumpido el sistema de transporte Metrobús que afecta a miles de usuarios y trabajadores.
El bloqueo [de los estudiantes de la Vocacional 4) afecta a los automovilistas que provienen de las inmediaciones de la carretera México-Toluca y utilizan Constituyentes para dirigirse a Periférico.
(V.El Informador en línea del 27 de marzo de 2007).
Por si no bastara con que una ley exhiba su inoperancia -lo que implica una burla para la sociedad-, está el tono del dirigente del grupo Provida, Jorge Serrano Limón (promotor involuntario de cuanta causa combate), al declarar (¿o advertir?... ¿o amenazar?) que "pagarán con su sangre" quienes impulsen la reforma.
El desplante invita a recordar las frases medulares del célebre duelo verbal de Unamuno con Millan Astray, en la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936. La de Unamuno: "Venceréis, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir"... Y la de Millan, aplastante: "¡Muera la inteligencia!".
Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.4-A de El Informador del 27 de marzo de 2007).
Más de 30,000 taxistas colapsaron las principales ciudades del Oaxaca, debido a que el gobernador Ulises Ruiz los dejó plantados cuando iban a analizar la situación de miles (5,000) de concesiones "piratas" otorgadas por sus funcionarios, así como la administración de José Murat.
En Oaxaca de Juárez, los 962 taxistas del centro de la ciudad bloquean los accesos principales a la capital oaxaqueña por tiempo indefinido, a partir de las 06:30 horas.
Después del más reciente bloqueo de taxistas que paralizó a la ciudad de Oaxaca, ocurrido hace un mes, Ulises Ruiz prometió dar respuesta a los ruleteros regulares del estado, en un término no mayor de 10 días.
A raíz de esa situación, la Coordinación del Transporte realizó operativos que dieron como resultado el aseguramiento de más de 400 automóviles habilitados como taxis, sin contar con placas de circulación ni la concesión respectiva. Sin embargo, todas las unidades fueron liberadas a las horas siguientes, porque en su mayoría pertenecían a la CROC, grupo de choque al servicio del gobierno estatal, lo que vino a desencadenar la molestia de los taxistas.
Debido al bloqueo carretero que taxistas realizan desde las siete de la mañana, las principales líneas de autobuses de pasajeros suspendieron sus corridas, provocando pérdidas millonarias.
Josué Samuel Ruiz, gerente de la compañía Fletes y Pasajes SA de CV, informó en entrevista telefónica que en toda la entidad suspendieron por lo menos 800 salidas y llegadas de autobuses a los principales destinos de Oaxaca.
Dijo que aunque no han hecho un conteo oficial, las pérdidas son millonarias.
(V.pág.6-A de El Informador del 27 de marzo de 2007).
Alumnos y directivos de la vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional bloquean calzada Ermita-Iztapalapa, al cruce con la avenida Hidalgo, en la colonia santa María Aztahuacán, delegación Iztapalapa.
(V.pág.2-A del periódico El Informador del 24 de marzo de 2007).
Por segundo día consecutivo, cerca de 5,000 transportistas paralizaron el servicio de transporte público en la capital michoacana, Morelia, afectando a 500,000 usuarios y 200,000 automovilistas.
Los trabajadores del volante exigen al ejecutivo estatal la suspensión de la verificación vehicular, que entró en vigor el primero de marzo pasado.
Los inconformes, quienes mantienen el bloqueo de cinco principales vialidades, exigen también el [no] pago del reemplacamiento de sus unidades, cuyo costo es de 600 pesos.
(V.pág.5-A del periódico El Informador del 17 de marzo de 2007).
Ahora, vecinos y niños "presumen" más piezas y sobre todo, afirman que seguirán sacándolas de la tierra, seguro sin tener idea [de] que esto significa saqueo y que constituye un delito federal. Todo esto sucede a los ojos de la autoridad, de la sociedad y, sobre todo, de los especialistas, estudiosos, investigadores y gestores culturales sin que nada llame la atención o se muestre el menor interés.
Me parece ridículo que situaciones como ésta sucedan porque el INAH y los departamentos de patrimonio y cultura no sean capaces de promover los cambios en la ley para proteger el patrimonio cultural, de exigirle a los tres poderes apoyo para combatir delitos al patrimonio y de exigir al poder judicial que castigue de manera ejemplar a quienes dañen el patrimonio.
Es absolutamente ridículo que circunstancias como ésta pasen por anécdotas chuscas y que ningún sector se manifieste exigiendo acciones concretas.
Las soluciones son muchas y pueden adaptarse presupuestos, personal y procesos, pero las soluciones no llegarán si las autoridades siguen siendo apáticas, irresponsables, poco comprometidas y, principalmente, inconscientes del valor del patrimonio cultural.
Rodrigo Solinis Casparius, arqueólogo miembro de Prohabitat
(v.pág.23 del periódico Público del 16 de marzo de 2007).
(V.pág.15 del periódico Público del 9 de marzo de 2007).
Es sano que todo aquel que cometa algún delito sea castigado sin la protección del fuero y debe ser para todos, incluyendo al presidente de la república.
Refugio Montejano
(v.pág.20 "correo" del periódico Público del 9 de marzo de 2007).
Sergio Sarmiento
(v.pág.10 del periódico Mural del 8 de marzo de 2007).
Esto deriva de un estudio titulado "Se ponchan llantas", que desde hace tres años analiza cómo usan los espacios públicos en la zona metropolitana de Guadalajara.
Encabezados por el profesor investigador del Departamento de Estudios Socio Urbanos, de la Universidad de Guadalajara, Martín Mora, un grupo de estudiantes analizó el uso de los espacios públicos.
Se enfocaron en la avenida Juárez, desde Enrique Díaz de León hasta la glorieta Minerva, en la que los automóviles, anuncios, teléfonos y otros objetos impiden el libre tránsito de las personas.
"Hemos visto cómo en estos últimos años ha habido un incremento importante de negocios, la mayoría disfrazados, pero que expenden bebidas alcohólicas, que han abierto de manera fácil, algunos sin reunir los requisitos mínimos de infraestructura, incluidos los espacios para estacionamiento, lo cual provoca que las banquetas para los transeúntes hayan desaparecido. Ahora resulta que la gente no puede caminar por esos sitios que ahora están ocupados por los automóviles".
Martín Mora añade que, contrario a lo que pudiera pensarse, que es la Secretaría de Vialidad y Tránsito la que debería intervenir para sancionar a los infractores, son los ayuntamientos a los que compete solucionar el problema, pues éstos regulan el uso de los espacios públicos, los usos de suelo y los planes de desarrollo, además de otorgar licencias para los negocios que, "se cierran y abren sin ninguna regulación".
"Sigue sin cumplir los reglamentos el propio ayuntamiento, en especial el de policía y buen gobierno. La misma policía no lo cumple, cuya principal función no es perseguir 'sospechosos', que por cierto lo hacen sin ningún criterio y solo molestan a los peatones".
Enfatizó que la policía desconoce los reglamentos, uno de los cuales fue hecho para que "los peatones puedan circular por las banquetas sin dificultad y debieran hasta proceder por oficio en caso de que algún obstáculo en la vía pública lo impida".
Martín Mora señala que en innumerables ocasiones se ha quejado de coches y otros objetos que obstaculizan banquetas. "En la Secretaría de Vialidad me dicen con razón que no es de su competencia, sino que esa es función y responsabilidad de los ayuntamientos. Por lo tanto, le correspondería a la policía local atender esos problemas de oficio. No tiene que esperar la orden de nadie para evitar que hagan mal uso de las banquetas, pero como ellos ni los ciudadanos conocen los reglamentos, nunca intervienen".
(V.pág.4-B del periódico El Informador del 6 de marzo de 2007).
Juan Manuel Pérez Corona, director de Regulación Sanitaria, se pronunció a elevar las sanciones contra los que se realizan está práctica, a lo que refirió; "lo más importante es que se castigue al que lo esta usando y que se le sancione severamente, lo que nosotros ya propusimos y lo hemos reiterado, es que se reforme el artículo 464 de la ley general de salud, que en lugar de que diga se pondrá una multa de 100 a 1,000 días de salario mínimo que diga, de 100,000 días de salario mínimo. Luego que el mismo artículo 464 se le agregue la fracción uno donde establezca que está prohibido el uso de clenbuterol para cualquier alimento para consumo humano de cualquier animal".
Asimismo, dijo que durante la reunión que sostuvieron las regiones sanitarias III y IV, la semana pasada en Morelia, Michoacán propusieron además de las reformas a la ley de salud, que la Sagarpa certifique a los engordadores de ganado, y si estos incurren en alguna falta -como el uso de clenbuterol- se les clausure el registro de salida de las reces (sic) y les boletine a nivel nacional.
(V.pág.4-B del periódico El Informador del 27 de febrero de 2007).
La pregunta de fondo es por qué en este caso sí y en otros no. ¿Por qué la fuerza pública de la Ciudad de México sí intervino ayer, pero no cuando el PRD organizó un plantón en el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la calle de Madero? ¿Por qué los ciudadanos debemos de sufrir cada vez que un grupo cualquiera bloquea calles?
La razón es muy sencilla. Los grupos que bloquearon el centro de la Ciudad de México el año pasado eran miembros y simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y del PRD. Este es el caso también, en buena medida, de las manifestaciones y bloqueos que se han hecho una pesada y cotidiana carga en la ciudad más grande del país. Pero quienes bloqueaban la calle de Jesús Carranza, si bien han afirmado abiertamente que apoyaron al PRD y a Marcelo Ebrard en los comicios de este 2006, se han convertido en un obstáculo para el esfuerzo del jefe de Gobierno de limpiar las actividades de narcomenudeo en el barrio de Tepito.
En artículos anteriores he expresado ya mi acuerdo con el objetivo, el combate a los distribuidores de droga del barrio bravo, pero un desacuerdo total con el uso de la expropiación como arma para llevar a cabo este propósito. La razón es que el "castigo" ha afectado por igual los derechos de propiedad de inocentes y de culpables. Además, ha tirado a la basura los derechos que la Constitución le da a cualquier acusado de ser juzgado por un tribunal, de exigir pruebas de su culpabilidad y de defenderse jurídicamente.
Pero aun suponiendo que "el fin justifica los medios", como sostienen muchos perredistas, el bloqueo de Jesús Carranza estaba afectando los derechos de terceros a la libre circulación. Por eso estoy de acuerdo en que la fuerza pública a cargo de Joel Ortega haya liberado la calle.
Lo ideal sería, sin embargo, que éste no fuera un hecho aislado. Ojalá que, a partir de este momento, las autoridades del Distrito Federal decidieran aplicar la ley sin distingos y que no permitieran a nadie, aun cuando se tratara de grupos del PRD o cercanos al partido, bloquear calles u otras vías de comunicación. Muy saludable sería que, quienquiera que pretendiera ventilar un agravio ante la población, lo hiciera sin violar los derechos de terceros.
Sería bueno también que los perredistas hicieran las mismas exigencias de apertura ante las autoridades del Distrito Federal que hacen a las autoridades federales o a las de entidades gobernadas por otros partidos. Hemos visto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunciar la existencia de abusos en contra de los manifestantes de San Salvador Atenco (que también bloquearon una vía de comunicación), pero esta denuncia sólo pudo hacerse porque las autoridades federales y estatales permitieron el trabajo de los visitadores y de los medios de comunicación.
En los desalojos de Tepito, en cambio, la Policía capitalina no permitió el trabajo ni de unos ni de otros.
Uno de los principios fundamentales del derecho, y una norma que debe prevalecer en cualquier sociedad que se precie de equidad, es que todos debemos gozar de los mismos derechos. No es posible que se apliquen ciertas normas a quienes actúan cobijados en la bandera del partido de gobierno y otra distinta a quienes se opongan a una política promovida por ese mismo gobierno.
Sergio Sarmiento
(v.pág.6 del periódico Mural del 22 de febrero de 2007).
Una treintena de vecinos de la colonia Miravalle, al sur de la ciudad, bloquearon la circulación de la avenida Gobernador Curiel en su cruce con Juan Valdivia, a una cuadra del rastro tapatío, para exigir la instalación de un semáforo.
Colonos reclamaron a las autoridades los accidentes viales y atropellamientos en el sitio, por lo que tuvo que intervenir la policía para que desbloquearan la avenida. El bloqueó fue a las 14:00 horas, mismo que terminó a las 15:00 horas.
Si el lunes no instalan el semáforo, amenazaron, cerrarán de nuevo la vialidad.
(V.pág.7-B del periódico El Informador del 17 de febrero de 2007).
La Constitución da efectivamente a los gobiernos de México la capacidad de expropiar predios, pero no en cualquier circunstancia y condición. El artículo 27 establece claramente que "las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización".
Ebrard y su gente están fundamentando la expropiación con el argumento de que en esos predios había lugares en que se vendía droga. Pero la expropiación está afectando los derechos de los propietarios de cuando menos 144 viviendas y decenas de locales comerciales. Y ciertamente no se ha demostrado que todos estos propietarios hayan estado vendiendo drogas. De hecho, hasta este momento no se ha exhibido siquiera una prueba de que en alguna de estas viviendas o locales se haya llevado a cabo alguna venta de estupefacientes. Los cientos de policías que llegaron ayer a apoyar la acción no contaban, ni siquiera, con una orden de cateo.
De hecho, el gobierno del Distrito Federal ha arrojado nuevamente al cesto de la basura el mandamiento constitucional que determina que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales" (artículo 17). En este caso, el gobierno capitalino se ha convertido en parte, procurador, juez y verdugo al apropiarse de los bienes de un grupo de ciudadanos en un "proceso" sumario en el que ha hecho acusaciones sin presentar pruebas. Ebrard no se ha molestado siquiera en acudir a los tribunales. ¿Para qué?
La intranquila conciencia de las autoridades del Distrito Federal ha quedado de manifiesto en la manera en la que han actuado: emitiendo un decreto de expropiación de manera subrepticia a través del Diario Oficial y mandando en la madrugada a cientos de policías para aplicar la orden de que en 72 horas los propietarios o locatarios desalojen predios que han ocupado en propiedad o por arrendamiento durante años o décadas.
Quizá usted, amigo lector, no viva en Tepito. Seguramente también ha escuchado las constantes afirmaciones de que este barrio no es otra cosa que un nido de criminales. Entonces, se preguntará, ¿por qué preocuparse por lo ocurrido? ¿No deberíamos aplaudir a una autoridad que dice que está actuando con el único interés de impedir que continúe la venta de droga en Tepito?
La verdad, sin embargo, es que no podemos dejar que estos abusos de una autoridad se lleven a cabo en total impunidad. Un gobierno que actúa como lo está haciendo el del Distrito Federal, sin ningún respeto por los derechos de propiedad o por las garantías individuales establecidas en la Constitución, es un gobierno que abusará de los derechos de cualquiera de nosotros en el momento en que se le dé la gana.
En México hay leyes promulgadas para darnos certeza jurídica a los gobernados y para protegernos de los abusos de las autoridades. No permitamos que se erosionen. Si hoy dejamos que se despoje a los habitantes de Tepito, sólo porque un gobierno ha lanzado una acusación sin pruebas y sin recurrir a los tribunales, estaremos dejando las puertas abiertas para que cualquier gobernante, en la Ciudad de México o en cualquier lugar del país, nos despoje de lo poco o mucho que tenemos en el momento en que lo codicie.
Lo ocurrido en Tepito nos obliga a volver la vista nuevamente al caso de la expropiación de predios para beneficiar a la cooperativa Refrescos Pascual. El 17 de noviembre de 2005 la Suprema Corte de Justicia determinó, por 10 votos contra 1, que la expropiación de esos predios que llevó a cabo el gobierno perredista de Andrés Manuel López Obrador era inconstitucional puesto que no podía considerarse como "causa de utilidad pública" el beneficio de una empresa privada, aun cuando se trate de una cooperativa. Más de un año ha transcurrido y el gobierno de la Ciudad de México simplemente se ha negado a acatar el fallo. ¿De qué nos sirven las leyes cuando los responsables de aplicarlas se resisten a aceptarlas? ¿Acaso estamos viviendo ya en una dictadura?
Sergio Sarmiento
(v.pág.6 del periódico Mural del 15 de febrero de 2007).
Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 11 de febrero de 2007).
En reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, Yesaki señaló que el gobierno confundió entre inventario y acaparamiento las toneladas de maíz decomisadas en bodegas de Jalisco, porque no tiene idea de los volúmenes que se utilizan de granos forrajeros: "México produce 20 millones de toneladas de maíz forrajero, el consumo del sector pecuario es de 19 millones, y en las bodegas se almacenan de 50,000 a 100,000 toneladas de granos, que son inventarios para 7 o 15 días". Por lo tanto, asegura que no hay acaparamiento, y por ende, no les van a poder comprobar nada.
Y de manera directa, indicó que las bodegas se hacen para almacenar inventarios, y no hay ninguna ley que castigue eso, ya que no son acaparamientos.
Sin duda, el aval otorgado por el presidente del Consejo Nacional Agropecuario a proveedores y bodegueros, era de esperarse, pues su función es velar por los intereses de sus representados. Pero su declaración debe tomarse en cuenta, no está fuera de razón, porque la autoridad no debe actuar sin tener pleno conocimiento de los hechos, sin una constancia de aquello por lo cual está acusando. Hasta ahora no se ha comprobado que el decomiso realizado en Jalisco haya sido un acaparamiento, y sólo el tiempo dirá si hubo o no una justificación.
Editorial
(v.pág.4-A del periódico >El Informador del 10 de febrero de 2007).
La citada organización ha documentado violaciones a derechos humanos e impunidad en México; se registran detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura, y a pesar de que los detenidos son presentados ante el juez con signos evidentes de golpes y maltrato, "así los condena".
"¿Existe la justicia en México, o simplemente hay leyes?", se cuestionaron los funcionarios de Amnistía Internacional frente a algunas de las víctimas de este sistema injusto: Felipe Arreaga, el ecologista de Guerrero, encarcelado con pruebas fabricadas, quien después de 10 meses fue absuelto; José Gregorio Arnulfo Pacheco, un parapléjico que fue sacado de su casa en Atenco, vejado, golpeado y acusado de secuestro, entre otros delitos; después de más de cinco meses fue absuelto.
También estaba Bárbara Italia Méndez, joven violada por policías en los camiones que la llevaban detenida de Atenco al penal de Santiaguito; y de Oaxaca, estaban presentes Ramiro Aragón, parapléjico, fue acusado injustamente de portar armas de fuego, lo privaron de su silla de ruedas y de sus medicamentos. Además, lo torturaron.
Beltrán destacó que en 95% de los delitos que se cometen en el país, aun cuando la víctima llegue con signos evidentes de tortura, los jueces aceptan la confesión como prueba.
Estos visitantes asombrados han visto que en el sistema de justicia mexicano todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario, mientras en los sistemas en el resto del mundo son inquisitoriales, aquí es acusatorio.
Se citan estadísticas: 42% de los detenidos en el año 2002 eran inocentes y tardaron años en demostrarlo. Es increíble que la Constitución del país no consagre el principio de inocencia, dijeron los conocedores.
Es decir, que se debe empezar por la reforma a la Constitución que plasme el principio de inocencia, y en cascada las otras medidas: protección a los derechos de los acusados y de las víctimas; garantías para jueces independientes; acusaciones únicamente ante el juez y en presencia de un abogado defensor "para acabar con la tortura como regla".
Martha González Escobar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 10 de febrero de 2007).
Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.pág.7 del periódico Mural del 8 de febrero de 2007).
De lejos, era una fiesta al aire libre; alrededor de 200 personas festejando algo, quién sabe qué, frente a la Presidencia Municipal de Zapopan. Mientras mayor era la cercanía, más clara se iba haciendo la manifestación de los comerciantes del tianguis de Montemorelos.
Esta vez se hicieron acompañar de un conjunto norteño. Para algunos, fue inevitable rendirse al ritmo y bailaban, pero con las pancartas de protesta siempre en alto. Todo empezó alrededor de las 10:30 de la mañana.
Los comerciantes esperaban que con la música las autoridades municipales salieran. Alrededor de las 11 de la mañana decidieron cerrar la circulación de dos carriles de la avenida Hidalgo. En la calle había más espacio para bailar.
Con el repertorio del grupo los que sí salieron fueron los integrantes del grupo EROE. Alrededor de 10 policías cerraron la puerta principal de la presidencia y prohibieron el acceso al inmueble por esa entrada.
(V.pág.4-B de El Informador del 7 de febrero de 2007).
Hubo algo que preocupó a los especialistas que empujaron la reforma: la interesada y exagerada participación de la Procuraduría de Justicia en la revisión del documento final que analizaron ayer los diputados.
La intención de la Procu era mantener algunas prerrogativas para el Ministerio Público, cuando una de los objetivos de los juicios orales es, justamente, eliminar esos privilegios.
Por fortuna, el desacuerdo de algunos diputados impidió que la iniciativa fuera votada.
S.Cabañas
(v.pág.6 del periódico Mural del 1o.de febrero de 2007).
Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 27 de enero de 2007).
Mauricio Flores
(v.pág.36 del periódico Público del 19 de enero de 2007).
Dicen que el pueblo no está educado para conservar limpia la ciudad y eso no lo puedo creer, ¿se fijaron cómo quedaron las calles de California, después de la manifestación de los inmigrantes?, no había un papel en el piso. Los que se manifestaron son tan mexicanos como nosotros, ellos son nuestros parientes o vecinos y se educaron en 10 minutos, sólo porque la autoridad no da la espalda, exige que la ley se cumpla.
No nos damos cuenta de que es un pecado que se vuelve contra nosotros; tapamos alcantarillas con basura y cuando llueve, el agua no puede pasar y se mete a nuestras casas.
Con la basura, alimentamos ratas y ratones que al poco tiempo también entran en nuestras casas, contaminan y destruyen nuestros alimentos; las cucarachas nos invaden y nos enferman.
Pero si tiramos la basura al río o la laguna no sólo matamos un pez, también matamos un niño. La basura también aleja al turismo, al éxito, a la belleza, al progreso y a la salud.
Yo le sugiero a mis hijos que cuando dejen un lugar, volteen para ver si no olvidaron algo, como sus lentes, su bolsa o su basura.
Ma.Elena A.de Alaniz
(v.pág.8 "Cartas del lector" del periódico Mural del 11 de enero de 2007).
Alrededor de las 7:40 horas de ayer, los comerciantes bloquearon en dos ocasiones la circulación de Avenida Patria para presionar a los funcionarios del Ayuntamiento a que ordenaran despejar la vía.
Hubo además jaloneos y empujones e incluso los vendedores removieron a la fuerza un auto y dos camionetas.
En tanto, al menos 28 policías de Zapopan y unos 10 agentes de tránsito con sus respectivas patrullas, se limitaron a contemplar la escena, aun mientras algunos tianguistas colocaron su vendimia [nota del webmaster: vendimia = cosecha y aprovechamiento de la uva, no venta... pero los periodistas no saben consultar el diccionario] sobre uno de los carriles de Avenida Patria.
(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 11 de enero de 2007).
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