¿Estado de Derecho (2006)?

Publicada en Mural el 28 de diciembre de 2006

Para el ciudadano común -usuario, en 7 de cada 10 casos, del transporte público- es promisorio que el líder de una agrupación predispuesta a defender con uñas y dientes sus derechos [Alianza de Camioneros], pero desdeñosa de los de millones de terceros que dependen del servicio público que presta (¿cuántas veces han suspendido el servicio y desquiciado el tráfico atravesando sus unidades en las calles del centro de la ciudad?), se comprometa a secundar las medidas de la autoridad para, por una parte, dotar a la segunda ciudad de la república, si no del servicio que merecen sus habitantes, sí, al menos, del que requieren; y, por la otra, para evitar el colapso vial en que culminará, fatalmente, si no se frena, la monstruosa e incesante multiplicación de automóviles particulares.

El círculo vicioso alimentado por la necesidad de aumentar las tarifas simplemente para hacer posible el servicio y por la ineptitud histórica de la autoridad para reestructurar las rutas, exigir a los concesionarios el cumplimiento de una serie de requisitos básicos de calidad, vigilar con atingencia y sancionar con energía -con la revocación de las concesiones, incluso, en caso de contumacia-, se tiene que romper a partir de una premisa: que no se pierda la noción de quién representa a la autoridad y de que ésta se debe al pueblo.

Si el circo queda en manos de los payasos (para no utilizar la vulgar analogía del cabaret y las bailarinas), no se necesita demasiada inteligencia para saber en qué va a terminar la historia...

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.4-A de El Informador del 27 de diciembre de 2006).

El parque vehicular de la zona metropolitana de Guadalajara es de un 1'306,363 unidades, pero únicamente 771,270 ciudadanos tienen vigente su licencia de conducir, esto significa que solamente 59% mantienen en orden ese documento, respecto al número de automotores registrados.

Mientras que del total de licencias de manejo que en los últimos años ha entregado la Secretaría de Vialidad y Transporte, 432,848 están vencidas.

(V.primera plana de El Informador del 26 de diciembre de 2006).

Para aprovechar el descuento de 75% en recargos a 2005 por concepto de impuesto predial y agua potable, el municipio de Tlaquepaque hace un llamado para que los contribuyentes morosos realicen sus pagos antes del 31 de diciembre.

[Si gustan, pueden mejor esperarse hasta el próximo año, cuando se haga otra oferta de pagar atrasado y con descuentos. Por mientras pueden jinetearse la lana, al cabo que los pendejos que cumplen se encargan de mantener al gobierno. - El webmaster]

(V.pág.3-B de El Informador del 26 de diciembre de 2006).

La fragilidad de las bases sobre las que se mueve el Gobierno del Estado para garantizar a los jaliscienses un servicio de transporte público de calidad quedó evidenciada ayer, con el intempestivo e irresponsable paro que los concesionarios y subrogatarios aplicaron a los usuarios, en demanda de un aumento a la tarifa. Como ha ocurrido en innumerables ocasiones, las autoridades estatales cedieron a las presiones de los transportistas y, sin comprometer una mejoría sustancial al servicio, accedieron a aplicar el alza.

Ahora, el pasaje costará 4.50 pesos, superando con mucho el índice inflacionario con el que cerrará el año, tomando como referencia la tarifa actual que es de 4 pesos.

Los transportistas recurrieron al viejo expediente de meter presión negándose a prestar el servicio. Y otra vez, como ha ocurrido desde hace décadas, el servicio de transporte urbano en Guadalajara refrenda su sello, a ciencia y paciencia de las autoridades: es caro y malo.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 23 de diciembre de 2006).

Los casi 2,500 policías municipales pararon labores ayer, bloquearon totalmente la Avenida Cuauhtémoc y tomaron el Palacio Municipal de Acapulco.

Los uniformados reclamaron un faltante de más mil pesos en el pago de su aguinaldo y advirtieron que no levantarán su protesta hasta que cobren lo que falta.

(V.pág.10 del periódico Mural del 21 de diciembre de 2006).

Si algo demuestran las recientes decisiones que ha estado anunciando el gobierno federal no es la fortaleza sino el grado de debilidad al que ha llegado el estado mexicano. Esta situación "propia de países con bajo nivel de desarrollo", que se define como "déficit de estatalidad", se caracteriza por la incapacidad del estado para: 1. aplicar el estado de derecho y brindar seguridad a sus integrantes, y, 2. para extraer legalmente recursos de la sociedad para poder financiar los bienes públicos que ésta demanda. No se requiere mayor esfuerzo para darnos cuenta que tal situación se debe principalmente a la debilidad y a la obsolescencia de sus instituciones...

Javier Hurtado
(v.pág.10 del periódico Mural del 14 de diciembre de 2006).

En Jalisco, los hijos del poder gozan de absoluta impunidad.

Me refiero, claro está, al hijo de Fernando Arias Pérez, vocero de Ramírez Acuña en el gobierno panista de Jalisco y ahora en la Secretaría de Gobernación, y al nieto de Enrique Alvarez del Castillo, exgobenador priista de ese mismo estado y exprocurador general de la República, Enrique Alvarez del Castillo, autores ambos del homicidio de un joven que, para su mala suerte, se atravesó en las "carreritas" que jugaban los dos bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Como el grueso de los medios de comunicación en México está subordinado al poder presidencial, particularmente los audiovisuales -y los que se niegan padecen las consecuencias, como el vigente caso reciente de José Gutiérrez Vivó y su empresa Infored-, el episodio de los dos muchachos homicidas es desconocido en el territorio nacional, como muchos otros crímenes en los que están involucrados personajes del poder político y económico.

Y vale la pena que se sepa para valorar si, en efecto, la indispensable vigencia del estado de derecho que se corea hoy desde las altas esferas del poder es auténtica o, como ha venido ocurriendo, la justicia sigue en venta y quienes carecen de dinero o influencias deben someterse a la aplicación arbitraria de la ley.

Resulta que poco después de las 2 de la madrugada del 26 de noviembre, el joven Néstor Alan Rodríguez Licea conducía su Volkswagen sedán modelo 1992 por el centro de Guadalajara para dirigirse a su casa, cuando en un crucero cuyo semáforo indicaba el siga, fue embestido por una camioneta pick up de lujo y un automóvil Jetta, que no respetaron el alto por competir en velocidad.

La camioneta era conducida por Christian Arias de la Torre, hijo del vocero de Rodríguez Acuña -todavía en el gobierno estatal-, y Francisco Xavier Alvarez del Castillo, nieto del exgobernador priista y de quien el papá de su amigo fue jefe de comunicación social en la PGR, durante el sexenio de Carlos Salinas, y ahora despacha en Bucareli.

En el accidente falleció Rodríguez Licea, pero de eso sólo se enteraron sus padres hasta que, poco después de las dos de la tarde, un amigo del muchacho logró librar la estrategia de ocultamiento -que incluyó prorrogar el registro del accidente hasta en Locatel- y pudo dar con el cuerpo en la morge. En cambio, Fernando Arias y su esposa llegaron al lugar del accidente diez minutos después de ocurrido y, en vez de someterse a la ley, trasladaron a los dos responsables a dos hospitales distintos.

Pero el director de Comunicación Social del gobierno de Ramírez Acuña no dispuso la atención médica de su hijo y su amigo por padecer lesiones, sino para ser desintoxicados de alcohol y drogas, y sólo hasta seis horas después se presentaron ante las autoridades para serles practicado el examen de alcoholemia y pagar 250,000 pesos de fianza.

Salvo el diario Mural de Guadalajara, y el semanario Proceso, ningún otro medio ha dado cobertura a un caso que exhibe la vigencia no de la ley, como insiste el discurso oficial -Felipe Calderón, Ramírez Acuña y Fernando Arias-, sino de la impunidad de quienes ostentan el poder. "Es gente muy pesada", dijo un actuario de la agencia del Ministerio Público, encogiéndose de hombros.

Un caso análogo ocurrió hace dos años, en Querétaro, cuando un joven murió a balazos disparados desde una misteriosa BMW negra, en pleno centro de la capital. El autor del homicidio fue identificado como Federico Ruiz Lomelí, miembro de una prominente familia concesionaria de la Coca Cola y patrocinadora de las campañas panistas en el estado. Salvo el ocultamiento del gobernador Francisco Garrido Patrón y el sufrimiento de la familia -pobre, para su desgracia-, nada ha ocurrido.

No alcanza el espacio para enumerar muchos otros casos de tan atroz impunidad, que da lo mismo si se cometen bajo autoridades de cualquier signo político, pero lo es más -desde el punto de vista ético- si se trata de gobiernos panistas, según ellos defensores de la dignidad de las personas y de la aplicación pareja de la ley.

Por supuesto que vigencia del estado de derecho sí, que no lo hay, pero no lo habrá midiendo con varas distintas y menos consintiendo la legitimación de la arbitrariedad y la tortura, aun en caso de quienes son señalados como presuntos delincuentes. No sería admisible pedir, por ejemplo, trato injusto a los jóvenes que asesinaron a otro, en Guadalajara, por conducir drogados y alcoholizados.

Insisto: el problema de México es más hondo de lo que admiten Calderón, Ramírez Acuña y su séquito con la cantaleta de que la ley es la ley.

Alvaro Delgado
(v.Proceso del 13 de diciembre de 2006).

Si cada quien hiciera lo que tiene que hacer, y más quienes están obligados por ley en función de su responsabilidad, sin duda México sería un país distinto al que tenemos. Los yerros y omisiones, las corruptelas e ineficiencias -que en el caso de la seguridad pública resultan lo mismo- tarde o temprano cobran su factura, justo en el momento en que ya no es posible seguir navegando en las aguas de la simulación, dada la gravedad de los problemas.

Michoacán es hoy la viva imagen del resultado de una interminable serie de complicidades y torpezas que permitieron, a lo largo de lustros, que la llamada delincuencia organizada cobrara tal fuerza que hoy representa un poder al que hay que enfrentar con una estrategia de guerra, en donde el gobierno legalmente establecido debe luchar para "reconquistar territorios" en manos del enemigo.

En muchas ciudades del país (especialmente en la frontera norte) los poderes reales, los que condicionan las relaciones sociales y marcan parámetros de convivencia, estuvieron -o están- mucho más relacionados con la delincuencia organizada que con las instituciones.

Señala una vieja frase de dominio popular, que no es posible entender al crimen organizado sin la complicidad o contubernio de las autoridades (de todos los niveles). Queda esperar que justo cuando ya no es posible seguir navegando en los mares de la simulación, cada quien haga lo que tenga que hacer, especialmente quienes por mandato de ley están obligados a dar una batalla efectiva contra la delincuencia.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 13 de diciembre de 2006).

La Constitución de México señala que todos debemos ser los guardianes del orden constitucional, pero los que se supone son los más comprometidos, son y deben ser todos los funcionarios (que deben funcionar) y los servidores (que deben servir) al público, esto es, a todos nosotros, ya que para eso pagamos impuestos, que por cierto, son muy caros y esperamos verlos reflejados en buenos servicios de agua, electricidad, pavimentos, calles limpias y con buen olor, menos contaminación, más seguridad pública y, en general, para ser equitativos, servicios al nivel de los impuestos que nos cobran, porque una de las características impositivas es la contraprestación.

José de Jesús Covarrubias Dueñas, magistrado federal electoral
(v.pág.5-A de El Informador del 13 de diciembre de 2006).

Son intolerables las amenazas, la violencia y los daños inferidos a la sociedad por los inconformes con el resultado de la elección presidencial. Advirtieron de una resistencia pacífica que se ha convertido en una conducta agresiva, violenta e ilícita. Los actos para impedir que el presidente electo rindiera protesta y entrara al ejercicio de sus funciones es la forma material, pero no se le puede separar del discurso plagado de expresiones directas e inequívocas de impedir el desarrollo de las actividades presidenciales y estorbar como puedan las acciones del gobierno.

La conducta de lo que en su tiempo fue oposición política ya no presenta disimulos; actos y palabras, sumados a su participación directa en los conflictos violentos de Oaxaca, son delictivos. La absurda tolerancia y pasividad del régimen anterior incubó toda clase de motines, actos vandálicos y latrocinios, y en el pueblo se formó una dolorosa resignación esperando una justa solución. Si ya se intentó contener la ola de violencia, aprehendiendo al tal Flavio, cabecilla de los vándalos de la APPO, quedan muchos cabecillas que deben ser sujetos a proceso.

El Código Penal Federal tipifica el delito de Sedición en los términos que a continuación sintetizo: Se aplicará pena de hasta ocho años de prisión a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con algunas de las finalidades a que se refiere el Artículo 132. Entre otras cosas, este precepto, en su fracción tercera sanciona: destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la federación o su libre ejercicio.

Alberto Orozco Romero, licenciado en Derecho y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 11 de diciembre de 2006).

Es el cuento de nunca acabar: el tal Flavio Sosa probablemente sea uno de los interlocutores más moderados, afables y complacientes de la APPO pero llevaba sobre el lomo unas cinco órdenes de aprehensión. Pues bien, esta innegable situación jurídica del personaje -más allá de su condición de vividor profesional de la política al servicio del mejor postor- no convence en lo absoluto a aquellos que, justificando lo injustificable en el altar de la lucha social, hablan ahora de que es un "preso político" y agitan el espantajo de la "represión".

Qué dificultosa nos es la legalidad. Hemos sido corrompidos todos por las tradicionales prácticas de un PRI que, a lo largo de siete décadas, nos malacostumbró a que la ley se podía negociar en todo momento y en toda circunstancia. La contraprestación era la obediencia, desde luego, y fue así, en este juego recurrente de retribuciones espurias exigidas y favores dispensados al margen de la ley, como hemos llegado hasta donde nos encontramos ahora, marcados por una herencia maldita: transpiramos por todos los poros la cultura del clientelismo y los grupos corporativos, es decir, la usanza de la extorsión al servicio de unas minorías que, a su vez, responden sobre todo a los intereses de sus líderes mafiosos.

Esos dirigentes del sector obrero, esos Napoleones y Rodríguez Alcaine, ¿no son acaso personajes absolutamente oscuros, torvos y deshonestos? Esos líderes petroleros metidos a recaudadores del fondos para el antiguo partido oficial ¿no eran justamente los "peces gordos" que debía atrapar la antigua administración? Esos cabecillas de la APPO ¿no negociaban transferencias por 400 millones de pesos a cambio de mantener la "paz social" que ahora acaban de romper?

Así vivimos, en la podredumbre, y así debemos seguir viviendo porque el equilibrio de este ecosistema de privilegios es muy frágil: ya han visto ustedes los alcances de un Vega Galina -devenido ahora en un apóstol del perredismo oficial, faltaría más- y no quiero ni imaginar lo que significaría siquiera un intento de poner orden en otros sindicatos como los de PEMEX, Luz y Fuerza del Centro o los de esos trabajadores de la "educación" que han logrado convertirnos en una nación de bárbaros iletrados.

La delirante bronca de Guajaca -"conflicto social" por excelencia y, por lo tanto, asunto que hay que manejar con pinzas, sin importunar a los agitadores, ejerciendo las más refinadas artes de la "política", cuidando las formas y los lenguajes- esa bronca, repito, es simplemente otra muestra más de las ancestrales prácticas del corporativismo. Pero, por favor, que no intervenga la fuerza pública así sea que las hordas populares del pueblo tomen por asalto una ciudad, incendien teatros y tribunales, aterroricen a la población y derrumben la economía. Algo muy parecido vimos en el puerto de Lázaro Cárdenas cuando una pandilla al servicio del líder estafador decidió tomar, por sus pistolas, la siderúrgica más importante de América Latina y paralizar las actividades de toda una región: la huelga era ilegal en todos los sentidos y, mira, la tibia y desorganizada intervención de la fuerza pública, que debió afrontar una lluvia de proyectiles de metal, fue automáticamente calificada, no hay otra palabra en el diccionario de los quejicosos, de "represión". Al final, con la empresa al borde de la asfixia, los obreros metalúrgicos aceptaron volver a trabajar siempre y cuando les fueran restituidos completamente los salarios de los meses en que estuvieron con los brazos cruzados. El chantaje más exitoso de los últimos tiempos. ¿Quién ganó? Ganó Napoleón Gómez Urrutia, señoras y señores, el líder dinástico que les había birlado millones de dólares a sus propios agremiados. ¿Quién perdió? Perdió la empresa, perdió el gobierno, perdió Fox, calificado de "asesino", perdió la comunidad, perdimos todos, perdió México.

El problema es que del otro lado, en el bando de los presuntos guardianes de la ley, tenemos a personajes muy dudosos, los Murat y los Ulises de turno, que son tan indefendibles como el más canalla de los subversivos. Factores permanentes de desestabilización. Son, como decía, la herencia maldita que hemos recibido del antiguo régimen (no es una casualidad que el PRI cierre filas en torno a su cínico gobernador).

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 10 de diciembre de 2006).

La mayoría de las voces de la sociedad han manifestado el beneplácito que les causa las medidas de la autoridad en contra de los líderes y miembros de la autodenominada Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca. Es la expresión de un hartazgo válido y justificado por la inacción previa, por observar desordenes mayores, perjuicios, incluso muertes impunes. Así se expresa el repudio causado por la acción popular de resistencia civil y sus consecuencias de desorden e intranquilidad. Y también es, tristemente, una disculpa de los excesos de la autoridad, aceptados con tal de acabar con los otros excesos, los populares.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.19 del periódico Público del 10 de diciembre de 2006).

La renuncia del ciudadano a liar pajarracas individuales se fundamenta en que el estado asume el monopolio de la violencia para emplearla con sensatez cuando las circunstancias lo hagan inevitable. Dicho de otro modo: la gente no anda armada y dándose estiba porque es el estado quien, mediante las fuerzas armadas y la policía, administra la violencia exterior e interior con métodos respaldados por las leyes, el parlamento, etcétera. Esa es la razón de que, un suponer, cuando alguien esgrime un baldeo y te dice afloja la viruta y el peluco, tú no saques una chata y le vueles los huevos al malandro, sino que estés obligado a mirar alrededor, paciente, en espera de que un policía se haga cargo del asunto, proteja tu propiedad privada y conduzca al agresor a un lugar donde quede neutralizado como peligro social.

Pero eso es en teoría. En lo que llamamos Occidente, gracias a una espléndida tradición grecolatina, humanista e ilustrada, los derechos y las libertades alcanzan hoy cotas admirables, merced a la confianza de los ciudadanos en mecanismos democráticos garantizados por leyes convenientes y justas. Dicho en fácil: hemos convenido, por ejemplo, que ante un semáforo en rojo los coches se detengan, porque eso mejora el tráfico y la convivencia. El problema surge cuando un hijo de puta condición propia, siento comunicártelo, de la naturaleza humana pasa de semáforos y circula a su bola. Entonces, quienes se detienen con la luz roja están en inferioridad de condiciones, desvalidos ante quien aprovecha para colarse, llegar antes y hacerse el amo de la calle.

Y ése es tu problema: la indefensión de quien respeta el semáforo cuando otros no lo hacen. Unos por falta de costumbre, pues vienen de donde no hay señales de tráfico, o no funcionan. Otros, los de aquí, porque se nos fueron de las manos y no somos capaces de darles educación vial ni de la otra. Y claro: a veces algunos de ellos ceden a la tentación de utilizar el semáforo contra quienes, prisioneros de él, lo respetan. Contando, naturalmente, con la pasividad cómplice de aquellos a quienes corresponde el control del asunto, que suelen permanecer paralizados por el miedo a que los llamen autoritarios y poco enrollados, hasta que de pronto se acojonan y sacan los tanques a la calle, o preparan el camino para que otros matarifes los saquen. Contradicción, ésta, característica del espejismo en que vivimos: un mundo socialmente correcto, donde todo ejercicio de autoridad o violencia legítima, por razonable que sea, queda desacreditado gracias a tanto cantamañanas que vive de la milonga y el cuento chino.

Arturo Pérez-Reverte
(v.pág.42 del periódico Público del 10 de diciembre de 2006).

El Congreso de Jalisco fue escenario de una protesta de familiares y amigos de Néstor Alan Rodríguez Licea, el joven de 18 años que perdió la vida al ser embestido su auto por dos vehículos que manejaban Francisco Javier Alvarez del Castillo y Cristián Arias de la Torre (hijo del ex director de Comunicación Social del gobierno estatal, Fernando Arias), quienes se presume iban jugando carreras y en estado alcohólico. Entre las pancartas de protesta, la madre de la víctima pidió apoyo para que "se haga justicia" en este caso. "Les pido por favor a todas las autoridades que nos den apoyo porque no por ser gente de pueblo, común y corriente según ellos, no vamos a recibir apoyo, que ahorita las autoridades de veras se pongan el saco". Los jóvenes involucrados se encuentra en libertad bajo fianza. Familiares han denunciado tráfico de influencias para evitar que vayan a la cárcel.

(V.pág.15 del periódico Público del 8 de diciembre de 2006).

Para su política fiscal 2007, Hacienda tenía dos opciones: quedarse sin recibir el pago de impuestos de miles de contribuyentes rezagados o perdonarlos y recuperar algo.

Se fue por el camino del perdón.

Un plan de amnistía fiscal de alcances inéditos fue incluido dentro de la propuesta de Ley de Ingresos del gobierno federal 2007, presentada el martes por la administración de Felipe Calderón.

Especialistas fiscales dijeron que este nuevo programa busca incentivar la regularización de los morosos, ante la incapacidad del Servicio de Administración Tributaria para detectar a los que evaden impuestos o pagan en forma irregular.

"La fuerza fiscalizadora es muy pequeña con relación al número de contribuyentes", dijo Francisco Macías, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

"Con este programa, el gobierno está tratando de cobrar lo que tiene pendiente y, por otro lado, estimular al que no ha presentado declaración a que la presente".

[Eso sí, para los cumplidos nunca hay nada. Para que se les quite lo pendejos y no anden pagando completo y a tiempo. - El webmaster]

(V.primera del periódico Mural del 7 de diciembre de 2006).

El director de Mejora Regulatoria, Fernando Alpuche, reconoció que es una vergüenza que Guadalajara se ubique entre las primeras cinco ciudades del país en la distribución de piratería y criticó que las autoridades municipales hayan permitido el aumento de la venta de productos ilegales.

MURAL publicó el martes que Guadalajara, con el Mercado Libertad, ocupa el tercer lugar, después del Distrito Federal y Puebla, en los sitios que concentran más del 80% de la producción, distribución y comercialización de piratería, de acuerdo con el Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual y el Comercio Legal.

(V.pág.1 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 7 de diciembre de 2006).

La venta indiscriminada de artículos apócrifos significa muchas cosas: el nivel exacto de la tolerancia gubernamental hacia actividades que escapan al control fiscal; la única opción para que amplios sectores de la población tengan acceso a satisfactores que por el precio "original" escapan a su poder adquisitivo; la evidencia del juego de simulación que aplican en los hechos las instancias obligadas por ley a combatirlo, y un delito que atenta contra la planta productiva formalmente instalada.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 6 de diciembre de 2006).

El Ayuntamiento de Guadalajara permite la venta de artículos pirata en el recién inaugurado centro comercial subterráneo de Plaza Guadalajara, en donde fueron reubicados vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad.

(V.pág.1-B de El Informador del 6 de diciembre de 2006).

Al término de la LIX Legislatura, 113 ex diputados federales de todos los partidos concluyeron sus labores en San Lázaro sin presentar su declaración patrimonial, denunció la Auditoria Superior de la Federación.

En la actual legislatura no ha cumplido con su obligación 3%.

(V.pág.3-A de El Informador del 5 de diciembre de 2006).

El alcalde de Guadalajara, Ernesto Espinosa Guarro, confirmó que el 25 de diciembre del presente año, el Mercado Libertad -mejor conocido como San Juan de Dios- estará libre de piratería, pues aseguró que "se firmó un acuerdo con comerciantes para que cambien de giro o se retiren del recinto".

[Les está permitiendo que violen la ley unos días más, hasta que agoten la mercancía - el webmaster.]

(V.pág.1-B de El Informador del 5 de diciembre de 2006).

Llama la atención el sentido histórico que el presidente [Calderón] quiso dar citando a Benito Juárez y a José María Morelos y Pavón. Del primero rescató que bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, ni gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; mientras que del segundo recordó que la buena ley debe ser superior a los hombres, obligándolos a la constancia, al patriotismo, a moderar la opulencia y la indigencia para aumentar el jornal del pobre, mejorar sus costumbres, alejar la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 4 de diciembre de 2006).

La diferencia entre las economías en desarrollo que observan el cumplimiento de la ley y las que no es de más del 3% de crecimiento del PIB. Existe mucho campo para mejorar en el gobierno y en las prácticas judicales de México.

Felipe Calderón H.,presidente electo de México
(v.pág.46 de la edición internacional de la revista TIME del 27 de noviembre de 2006).

Por lo que se vio ayer, de parte de los panistas no hay mucho interés en defender la presencia del mandatario que ya se fue, aunque oficialmente lo haga esta medianoche.

Nomás falta ver cómo le hacen para brincarse la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que muy clarito establece en sus artículos 36 y 37 que el presidente saliente participará en la ceremonia de toma de posesión.

¿O acaso les tiene sin cuidado violar tantito una ley más?

S.Cabañas
(v.pág.10 del periódico Mural del 30 de noviembre de 2006).

Vi a los diputados panistas defender la tribuna de la cámara ante la acometida de los perredistas. Desde luego el suceso es lamentable, motivo de vergüenza para todos, pero he notado en la gente una tendencia de aprobación a la conducta de los legisladores de Acción Nacional. Yo no la apruebo, ciertamente. Creo que debe hacerse frente a la violencia irracional de los perredistas porros y de sus paniaguados, pero pienso que la tarea de ponerles freno corresponde a los elementos encargados de la seguridad en la Cámara de Diputados, con el auxilio de toda la fuerza pública que se pueda requerir para poner ya coto a los desmanes de esas tribus de mujeres y hombres violentos. Nadie les pide a los del PRD que no demuestran su inconformidad en la toma de posesión del presidente electo. Su protesta, sin embargo, pueden hacerla sentir en otras formas: abandonando el recinto camaral; dando la espalda al nuevo presidente en el momento en que rinda su protesta; mostrando carteles donde conste su postura. Pero tratar de impedir que Calderón asuma el cargo es algo demencial, una supina aberración. Si otra vez los perredistas intentan tomar por asalto la tribuna conseguirán únicamente acarrear más desprestigio a México, y harán mayor el repudio que la ciudadanía ya les muestra. Contra la violencia de esos radicales debe emplearse toda la legítima fuerza del estado. Y no habrá quien proteste, pues estamos hartos ya de ese grupúsculo que tanto perjuicio trae a la nación, estamos hartos de su desatentado cabecilla, que otra vez movilizará a su turba, y pedimos que se actúe con energía para salvaguardar el interés de México.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.pág.11 del periódico Mural del 30 de noviembre de 2006).

Está Oaxaca como ejemplo vivo de la fragilidad del "imperio de las instituciones y el estado de derecho".

Aún las posiciones más optimistas y propositivas deberán partir del hecho de que el país dista mucho de marchar de maravilla, y que en materia política estamos aún muy lejos de lo que merecemos como sociedad.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 28 de noviembre de 2006).

Los daños al patrimonio cultural e histórico en Oaxaca por el enfrentamiento en que se ve involucrada la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca podrían superar los 300 millones de pesos, si se suman los ocasionados este fin de semana, informó Luciano Cedillo, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

(V:pág.5-A de El Informador del 28 de noviembre de 2006).

Ante el ríspido clima que se respira en algunos sitios del país y la abultada serie de asesinatos entre grupos del crimen organizado, cobra vigor el debate que de un lado de la balanza pone la necesidad de aplicar mano dura contra delincuentes y manifestantes, y del otro sus derechos humanos que deben ser respetados con toda pulcritud.

Este entorno parece haber diluido las fronteras entre la libertad y la falta de gobernabilidad.

A decir de Felipe Calderón, al país habrá que conducirlo por los cauces de legalidad con mano firme, pero no está claro hasta qué grado esto implica privar de libertades a quienes quieren ejercerlas o bien, presionar a aquellos que han hecho del libertinaje una práctica común, pasando por encima de la sociedad y de las leyes que la protegen.

Resulta obvio que la más perjudicada por este tipo de circunstancias es la sociedad, la cual ha visto reblandecerse a la autoridad, que no ha podido frenar siquiera a grupos de "macheteros" que se dieron el lujo de manifestarse portando armas por las principales avenidas de la Ciudad de México, mucho menos intervenir contra los grupos organizados que han hecho de Oaxaca una auténtica tierra de nadie.

El saldo de todo esto, aunado al nada despreciable descontento que sobre algunos grupos numerosos provocó el proceso electoral, es de una sociedad dividida en un entorno de poca legalidad.

Gobernar en estas circunstancias implica rehacer líneas de mando y autoridad, lo cual no será un paseo por las nubes. Es un hecho que lo que viene, más allá de los personajes que se seleccionen, causará descontentos y provocará críticas, pero desde el punto de vista del gobierno y el de la sociedad, no hay otra opción. Para marcar un rumbo se requieren límites, leyes, vigilancia y capacidad de ejercer la fuerza para garantizar seguridad.

Cualquier alternativa a lo anterior es más costosa para la sociedad. Si los ciudadanos quieren que se garanticen sus derechos humanos están obligados a cuidarlos. Quien delinque, lo hace a sabiendas de que se expone a que le apliquen la ley; si no se ha hecho, no quiere decir que no se deba hacer.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 27 de noviembre de 2006).

Chilpancingo - Personas que se dijeron maestros e integrantes de organizaciones sociales, bloquean la tarde dominical la Autopista del Sol, a la altura de la caseta de Palo Blanco, en solidaridad con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, informaron dirigentes gremiales.

En solidaridad, decenas de integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero y de varias organizaciones sociales, que integran la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), tomaron la caseta de cobro de la autopista.

Nicolás Chávez Adame, líder del Frente por la Reivindicación de los principios de la CETEG, informó que se trata de un bloqueo intermitente, como presión a las autoridades federales y en contra de la presencia de la PFP en Oaxaca.

(V.pág.15-A de El Informador del 27 de noviembre de 2006).

Un grupo de manifestantes incendió otro edificio en la ciudad colonial de Oaxaca ayer domingo, después de quemar oficinas del Gobierno y vehículos, y dañar hoteles el día anterior durante protestas que dejaron un saldo de al menos 43 heridos y 152 arrestados.

Los manifestantes atacaron tres hoteles: lanzaron bombas de gasolina contra uno y rompieron las ventanas de los otros dos. Otros saquearon numerosos comercios del área céntrica.

Los incendios dañaron a cuatro edificios que albergan oficinas del Gobierno, una instalación universitaria y las oficinas de la asociación estatal de hoteles.

El secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, informó que como consecuencia de los disturbios provocados por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en el centro histórico de esta ciudad suman 34 los inmuebles dañados y más de 20 los carros incendiados.

Dijo que para restaurar los daños a los edificios afectados por los hechos del sábado, solicitará a la federación un presupuesto de mil millones de pesos. Precisó que esa cantidad es preeliminar, toda vez que todavía no se terminan los avalúos de los inmuebles quemados ayer, además de que a lo largo de este domingo, se han sumado más edificaciones afectadas que no se tenían registradas.

Entre los inmuebles dañados, destaca el edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual presenta pérdida total.

Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Anuar Mafut, señaló que se habrían perdido seis mil expedientes que se encontraban en las cuatro salas que trabajaban en el lugar.

Entre los más de 20 automóviles que fueron incendiados, se encuentran dos de la empresa Televisa, así como autos de dependencias estatales y de particulares.

El edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado estaba todavía humeante esta mañana, lo mismo que la Secretaría de Turismo.

Un lugar muy afectado fue el jardín que se ubica frente al conjunto del ex convento de Santo Domingo y la iglesia del Carmen Alto, donde los miembros de la APPO destrozaron la cantera para obtener piedras que arrojar a la PFP.

(V.pág.2-A de El Informador del 27 de noviembre de 2006).

Autos incendiados.

Manifestantes pacíficos.

Teatro Juárez.

El cielo nocturno del centro histórico de la ciudad de Oaxaca quedó iluminado por el fuego de más de al menos 11 inmuebles y 25 vehículos particulares incendiados [44 según otras notas] por los integrantes de la APPO, quienes a lo largo de la tarde de ayer se enfrentaron con los elementos de la PFP.

Después de marchar 20 kilómetros desde la casa oficial de gobierno al Zócalo con la finalidad de cercar a las fuerzas federales, jóvenes anarquistas, estudiantes universitarios y colonos rebeldes iniciaron una batalla.

Como resultado, algunos edificios históricos, como la sede del Tribunal Superior de Justicia -Independencia y Avenida Juárez- y el Teatro Juárez -Juárez y Humbolt- fueron incendiados y resultaron en pérdida total; la Secretaría de Turismo, la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y los cuatro juzgados del Poder Judicial de la Federación; un Banamex, una casa particular -ambos ubicados en Porfirio Díaz y Morelos- y la Asociación de Hoteles y Moteles -Reforma y Constitución- fueron quemados también; decenas de casonas coloniales y establecimientos comerciales, incluyendo el Hotel Camino Real -5 de mayo y Murguía-, fueron saqueados.

La dirigencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca quedó completamente rebasada, principalmente por los grupos de colonos, jóvenes anarquistas y estudiantes universitarios que conforman el movimiento opositor que demanda la salida del gobernador Ulises Ruiz desde hace más de seis meses.

"Es incontrolable esta situación. No podemos hacer nada en este momento", declaró Flavio Sosa, integrante del Consejo de los Pueblos de Oaxaca, mientras se libraban los combates más intensos entre appistas y elementos de la Policía Federal Preventiva en el centro histórico de esta ciudad capital. Sin embargo, la PFP identificó a los agresores como integrantes del Frente Popular Revolucionario y del CGH [de la UNAM].

Ahí estaban demostrando quién manda ahora en la APPO. Bájate, pinche gordo, bájate a pelear, le decían al dirigente Flavio Sosa Villavicencio, quien con sus 117 kilos de peso se había subido a una jardinera de la explanada del antiguo Convento de Santo Domingo para tratar de contener la furia de guerra que apenas estaba desatándose entre los suyos contra la Policía Federal Preventiva.

Ellos, con la figura flaca y desaliñada, los viejos tenis Converse, la greña larga, uno que otro tatuaje puesto, la sudadera y el pasamontañas o el pañuelo: los chavos banda, los jóvenes morenos de los suburbios pobres de la ciudad que, ante la masiva retirada de los maestros de la sección 22 del SNTE del movimiento, se han convertido en el contingente más beligerante de estos rebeldes oaxaqueños.

(V.págs.20 a 22 del periódico Público del 26 de noviembre de 2006).

La intervención de Alejandro Encinas y la Comisión de Derechos Humanos del D.F.evitó que el viernes, día en que Carlos Ahumada recibió su tercera boleta de libertad (le quedan aún dos cargos), la procuraduría de Barnardo Bátiz le consignara una nueva averiguación previa al constructor sin permitirle presentar las pruebas de defensa.

Ahumada está por cumplir mil días en prisión sin haber recibido sentencia.

Trascendió
(v.pág.4 del periódico Público del 26 de noviembre de 2006).

El diputado perredista Francisco Santos sostuvo que un grupo importante de los integrantes de su bancada -no precisó cuántos- no tratará de impedir que Felipe Calderón rinda protesta, tras señalar que es "el presidente de la Constitución a la que juramos".

(V.pág.29 del periódico Público del 24 de noviembre de 2006).

Cuánta incongruencia. Primero promete cumplir y hacer cumplir la Constitución que con sus actos viola. Luego anuncia que enviará al Congreso de la Unión del gobierno que desconoce, siete iniciativas de reformas legales, a través de los grupos parlamentarios del Frente Amplio Progresista.

Un congreso que mayoritariamente reconoce como presidente electo de México a otra persona distinta a él.

Desconoce y declara abolido el régimen actual, pero a éste es al que le pedirá la aprobación de sus propuestas de reformas constitucionales.

Dice que hubo fraude electoral, pero "sus" legisladores, electos en las mismas fraudulentas elecciones, presentarán "sus" propuestas para que otros legisladores que también fueron "fraudulentamente" electos, idealmente se las aprueben.

Nadie en su sano juicio hace todo lo anterior se autoproclama "presidente legítimo", forma un "gobierno" también "legítimo" y se vale del "ilegítimo" para gobernar.

Pienso que muchas de las propuestas de AMLO son válidas, viables, urgentes y necesarias, y que si fueran conducidas por los cauces institucionales que ha mandado al diablo, sin duda serían aprobadas y apoyadas por todos los que estamos hasta el gorro de la corrupción oficial, y nos preocupamos por la pobreza y marginación en la que viven millones de mexicanos, pero que vemos en la democracia, y en el respeto a las leyes y a las instituciones el camino para erradicarlas.

Pongámonos todos una banda presidencial como la de López Obrador. Bandas tricolores en el pecho de los ciudadanos que desmitifiquen la de López Obrador y digan que las leyes y las instituciones democráticas que los mexicanos hemos construido son el método para elegir a nuestros gobernantes, y no asambleas y obras de teatro montadas por caudillos en el Zócalo capitalino.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.10 del periódico Mural del 23 de noviembre de 2006).

Ante la farsa de López Obrador y sus huestes que le pueden llamar como se les de la gana, habrá que trabajar para recuperarle al diccionario la palabra "legítimo", legítimo es, por ejemplo, el triunfo de Marcelo Ebrard, de los congresistas perredistas y de Felipe Calderón (aunque a algunos les duelan las muelas).

Alfredo Domínguez Muro
(v.pág.6-C de El Informador del 21 de noviembre de 2006).

La escasa consideración del ex candidato presidencial mexicano Andrés Manuel López Obrador a las instituciones democráticas del estado de derecho, pone en peligro la paz civil de México, afirmó el diario español El País.

En su editorial de este lunes, el rotativo analizó la decisión del ex abanderado de la coalición Por el Bien de Todos por autonombrarse presidente legítimo y recorrer el país para presentar su gobierno alternativo.

"Que López Obrador y sus seguidores utilicen el aniversario de la Revolución Mexicana para su mascarada no hace sino profundizar el agravio a las instituciones", precisó el periódico español.

Explicó que López Obrador "va a cometer hoy el peor y más disparatado de los errores que, sin descanso, viene encadenando desde que perdió el pasado 2 de julio, y por muy estrecho margen, unas elecciones que creía ganadas".

El País acotó que "si algo ha logrado López Obrador con su permanente y escasa consideración con las instituciones democráticas del estado y con sus decisiones es el oprobio de poner en peligro la convivencia pacífica y la paz civil en esa gran nación".

Según el matutino, la movilización que continuará AMLO "pesará como una losa sobre las posibilidades de nuevos líderes de la izquierda para presentarse como alternativa al nuevo gobierno con opciones políticas racionales".

"Tal encastillamiento no conduce (a AMLO) a ningún lado si no es a la insignificancia política, que irremisiblemente irá llegando con la defección en sus propias filas", enfatizó el periódico español.

Resaltó que "nadie puede descartar que López Obrador y la izquierda, que ha seguido su populismo casi suicida, hagan aún más daño a la democracia mexicana con toda su conducta que culmina en el acto de hoy".

"Ahora se trata de evitar que su fiasco personal lo acaben pagando la nación y las instituciones que parece querer secuestrar", subrayó el rotativo respecto del también ex candidato del Partido de la Revolución Democrática.

Por su parte, el diario La Vanguardia editado en Barcelona, consideró que con su acción de este lunes, "el cacique populista derrotado -como definió a AMLO- desafiará a todas las instituciones mexicanas".

"Sin el menor sentido del ridículo, López Obrador se autoproclamará presidente con el objetivo de provocar una crisis institucional", afirmó el rotativo del noreste de España.

Agregó que "sin importarle despilfarrar el enorme capital político que ganó en las últimas elecciones", López Obrador asumirá este lunes "una presidencia de pacotilla". Será un "acto carnavalesco", continuó La Vanguardia.

El candidato izquierdista derrotado en las urnas por Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional se autoimpondrá "una copia de la banda que simboliza los poderes del estado".

Se trata del "primer paso de una estrategia" del dirigente del PRD "que busca convertir a México en un país ingobernable", consideró el rotativo.

"El líder del partido que aglutinó la izquierda democrática coquetea con el golpismo, al pretender impedir -incluso a puñetazos- la toma de posesión del presidente electo, Felipe Calderón".

Agregó que "sin importarle los llamamientos a la prudencia ni las advertencias de que su rebeldía podría dañar la estabilidad política y económica del país, AMLO quiere poner en vilo a la nación".

(V.Notimex del 20 de noviembre de 2006).

La Iglesia Católica advirtió que México requiere una "autoridad que ponga orden y se haga respetar", ante el clima de incertidumbre que existe por la violencia criminal y las secuelas poselectorales.

(V.pág.3-A de El Informador del 20 de noviembre de 2006).

El investigador de la UNAM José Barragán recomendó a Andrés Manuel López Obrador establecer claramente el carácter simbólico de su presidencia "legítima", pues de lo contrario incurriría en delitos incluso de índole penal.

En entrevista, el ex consejero electoral del IFE coincidió con José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el sentido de que al Partido de la Revolución Democrática se le puede retirar el registro.

Señaló que la presidencia legítima, e incluso el uso de símbolos patrios como una supuesta banda presidencial, son válidos como método de protesta si se aclara perfectamente que se trata de cuestiones simbólicas.

Sin embargo, si se trata de hacer un ejercicio formal de la presidencia legítima y sus símbolos, se estará contraviniendo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que indica la obligación de los partidos de responder por las acciones de sus candidatos.

También el código expone que los partidos son responsables de las acciones de sus militantes o simpatizantes, de manera que si López Obrador y su gabinete quieren ejercer funciones formales, estarán contraviniendo este ordenamiento y, por tanto, se harían acreedores a sanciones.

Dijo que de presentarse estas violaciones al Código Electoral, primero se deberían aplicar sanciones como una multa "muy fuerte cercana a los 200 millones de pesos, para que el partido comprenda que se trata de algo serio y no se deben promover acciones reales de parte de la presidencia legítima, porque el único presidente electo es Felipe Calderón".

El ex consejero del IFE recordó que el PRD tuvo en su momento la oportunidad de demostrar el supuesto fraude electoral, y no pudo hacerlo jurídicamente, por lo que ya pasó su tiempo para hablar de ello.

Esa es la razón por la que se debería apercibir al partido y evitar que continúe con ese discurso, e incluso, de ser necesario, recurrir a la cancelación del registro si persiste en esa actitud.

Lamentó que el actual Consejo General del IFE no tenga la fuerza necesaria para actuar en ese sentido, pero aclaró que es correcta la interpretación del investigador José Antonio Crespo, quien señaló que se podría cancelar el registro del PRD.

"Esperemos que no se llegue a ese caso y mucho menos a la aplicación de sanciones penales por caer en el tipo penal, que sanciona la difusión de noticias falsas a sabiendas de que lo son, como en este caso el supuesto fraude electoral que el PRD no pudo demostrar ante tribunales", puntualizó.

(V.Notimex del 18 de noviembre de 2006).

No es posible que los ciudadanos que pagan sus impuestos, los que tienen derecho a hacer uso de las vialidades, especialmente en el centro de la ciudad, se vean afectados por un puñado de personas que, siguiendo la ruta más fácil, se hacen de un producto y un espacio para obtener ganancias sin retribuir nada a cambio.

Es lógico que quienes habían encontrado un modus vivendi cómodo se resistan a entrar en el circuito de la formalidad, en el que la competencia y la libre oferta son las que marcan las reglas. Es el precio que se tiene que pagar si queremos tener una ciudad habitable, en la que las reglas de la convivencia pacífica las cumplamos todos.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 18 de noviembre de 2006).

El grupo de ambulantes que el jueves bloqueó la avenida 16 de Septiembre por un lapso aproximado de 30 minutos, regresó ayer para buscar una reunión con Tomás Coronado Olmos, secretario general del ayuntamiento, que prometió recibirlos a las 11:00 horas.

Congregados en la entrada principal del ayuntamiento y gritando consignas, los vendedores informales pretendían que se les permitiera el acceso a la Presidencia Municipal, sin embargo diversos elementos de la policía de Guadalajara se los negaron.

Ante esta situación los comerciantes amagaron con bloquear la avenida Hidalgo, "vamos a tomar de nuevo las calles", gritaban algunos.

La respuesta por parte de las autoridades no se hizo esperar, ya que un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó frente a la Presidencia Municipal para evitar que los manifestantes impidieran el tránsito vehicular.

Ante el despliegue de los elementos de seguridad, los ambulantes decidieron cambiar de estrategia y comenzar a vender sus productos fuera de Presidencia Municipal.

(V.pág.1-B de El Informador del 18 de noviembre de 2006).

Los juzgadores del país manifestaron su reclamo ante los procesos deficientes en la etapa de investigación penal por parte del ministerio público, que no pueden ser subsanados al momento de juzgar, lo que origina descontento en la sociedad hacia el sistema de justicia en su conjunto.

Al presentar las conclusiones del Segundo Encuentro Nacional de Organos Impartidotes de Justicia, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, señaló que existen muchas deficiencias en materia de investigación que "no pueden ser subsanadas al momento de juzgar".

(V.Notimex del 17 de noviembre de 2006).

Existe otro potencial problema, y me refiero al estado que guarda la superestructura jurídica en el país, inmersa en una profunda crisis. Se ha perdido el espíritu original de las normas justas, para pasar al poder avasallador del dinero. No existe un estado de derecho, lo que hemos descubierto es un estado de intereses mercantiles en que grupos de poder económico y de poder político se convierten en cómplices, logrando frenéticamente sus propósitos en la explotación del suelo urbano, sin importar los impactos ambientales, muchos, con daños irreversibles a los ecosistemas y a la seguridad y bienestar de la población.

Jaime Eloy Ruiz Barajas
(v.pág.22 del periódico Público del 17 de noviembre de 2006).

Desde tiempos inmemoriales se dice que el fin último del terrorismo es aterrorizar: Es poner a la autoridad constituida en una situación límite, dado que si actúa enérgicamente contra las acciones subversivas, va a ser inmediatamente acusada de represora, en tanto que si por medio a esa crítica no actúa con firmeza, ellos seguirán provocando, hasta conseguir que toda la sociedad civil repudie a la autoridad constituida, por considerarla débil y pusilánime.

Juan de la Borbolla R., catedrático universitario
(v.pág.4-A de El Informador del 13 de noviembre de 2006).

La APPO ahora abandera el conflicto y de manera grosera se niega a ceder en sus pretensiones; se niega, porque actualmente se encuentra reciamente fortalecida con las huestes de los que no aceptaron volver a clases y cobran como "maestros", los vándalos, los sin ocupación lícita, macheteros de Atenco, los cegeache, Panchos Villa y los guerrilleros de Guerrero, Michoacán y no sé de dónde más.

Después de cinco meses, el gobierno federal advirtió que algo malo pasaba en Oaxaca y envió 3,500 elementos de la Policía Federal Preventiva para apoyar a las autoridades locales en el restablecimiento del orden, pero con las instrucciones de realizar acciones "limpias", en pocas palabras, a recibir, pero no a dar golpes. Se cumplieron las órdenes desalojando a los agitadores del centro de la ciudad, siendo muchos los policías heridos y contados los delincuentes lastimados.

La administración federal no quiere manchas de violencia y por eso ordenó que en la misma forma se desalojaran vías importantes. La policía se enfrentó a gente con demasiada experiencia en la lucha callejera. Esta vez, sabiendo que no debían hacer uso de los toletes, rechazaron a los cuerpos de seguridad, que aparte de las lesiones, sufrieron la humillación de una vergonzosa retirada, lo cual de nuevo sirvió para que Gobernación presumiera de acciones limpias.

La mezquindad impide al gobierno federal reconocer que la peor solución al conflicto es la renuncia del gobernador, no por él, sino porque eso equivale a entregar Oaxaca a la guerrilla. Este triunfo de la Sección 22 y de la APPO, con el prestigio que adquieren ante las masas, es muy peligroso.

Da horror ver cómo se dota a la policía de escudos y cascos para que resista los golpes cuando el encuentro es cuerpo a cuerpo, pero nunca creí se le prohibiera el uso de su única arma, el tolete. Siento lástima de verlos exhaustos, sedientos y hambrientos procurando dormir un poco tirados a la intemperie. Aunque los delincuentes y cierta clase de comentaristas los describa como verdugos yo siempre los veré como humildes y mal pagados servidores expuestos a perder la vida y que son padres, esposos e hijos, con los mismos anhelos y necesidades de cualquier humano.

De no ser porque provoca lágrimas, daría risa ver las fotografías de los policías en que aparecen admirando las resorteras con las cuales los vándalos cómodamente y sin riesgos los lesionan. Otra desigualdad para cuando los vuelvan a mandar a sólo recibir golpes en otro encuentro "limpio".

No sé qué siga, por lo pronto ya se agregaron otros grupos guerrilleros y probablemente con esto el señor secretario de Gobernación pueda convencerse que el problema "local" ya se trasladó a la capital. Si a las acciones de los terroristas que hicieron estallar las bombas en varios lugares de la Ciudad de México, no se les da importancia y se pretende minimizar los efectos de la "toma de posesión" de López Obrador el día 20, de pesadilla será la ceremonia del primero de diciembre para Calderón.

Alberto Orozco Romero, licenciado en Derecho y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 13 de noviembre de 2006).

Cientos de pobladores de Melchor Ocampo, Edo.de México, inconformes por los resultados de la elección de dirigentes vecinales, destrozaron y quemaron la patrulla municipal NO107, al tiempo que bloquearon la carretera a Zumpango. Además mantuvieron incomunicados a dos funcionarios del Estado de México.

(V.pág.19-A de El Informador del 13 de noviembre de 2006).

Para 2007, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, pretende pedir a la federación 6,711 millones de pesos para cubrir el déficit educativo, tapar baches, quitar escombros y grafitis, lavar calles y monumentos históricos, reforestar parques y jardines y adquirir vehículos oficiales y de transporte público.

(V.pág.4 del periódico Mural del 9 de noviembre de 2006).

La Secretaría de Economía asignó a Oaxaca 30 millones de pesos extraordinarios para apoyar a pequeños y medianos empresarios afectados por el conflicto que vive el estado.

(V.pág.4 del periódico Mural del 9 de noviembre de 2006).

Un grupo de indígenas de la Meseta Purépecha retuvo ayer a cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

De acuerdo con la SSP, los inconformes exigían la liberación de cuatro personas que fueron detenidas durante la madrugada en el municipio de Cherán, en posesión de un arma de fuego.

"Se les encontró en una camioneta de tres toneladas, sin placas y con una pistola en su interior, concretamente un revólver .357 magnum, y se les remitió al Ministerio Público", informó Lino Hernández Gochi, vocero de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con el funcionario, la detención ocurrió a las 1:50 horas.

Sin embargo, a las 10:45 horas, un centenar de indígenas se trasladó a la base de la SSP en la carretera federal Uruapan-Carapan y arremetió contra una patrulla y sus ocupantes.

El Gobierno del Estado envió una comisión a la zona del conflicto para negociar la liberación de los policías, con personal de la Secretaría de Gobierno.

(V.pág.8 del periódico Mural del 9 de noviembre de 2006).

Al medio día de hoy, estudiantes de las preparatorias 1 y 2 marcharon por la avenida Alcalde en apoyo a la APPO, gritando consignas en contra de las autoridades y llegando cerca de las dos de la tarde a su punto de encuentro frente a Palacio de Gobierno, para así integrarse al plantón que mantienen otros manifestantes simpatizantes de López Obrador.

(V.El Informador en línea del 8 de noviembre de 2006).

El día de hoy, a la hora de gran afluencia vehicular en la ciudad, se manifestaron estudiantes de escuela normal de Atequiza con una nueva demanda. Ahora se manifiestan porque los alimentos que les ofrecen en su institución ya no son de la misma calidad que antes.

Esta manifestación ha provocado una gran movilización por parte de policías estatales y elementos viales que cerraron avenida Alcalde desde Revolución hasta la Normal de Jalisco. Cuando los manifestantes pasaban, inmediatamente se reanudaba la circulación en los cruces.

(V.El Informador en línea del 8 de noviembre de 2006).

En México se ha perdido el respeto por la ley y por la autoridad.

Felipe Calderón Hinojosa, presidente electo de México
(v.pág.9-A de El Informador del 8 de noviembre de 2006).

En tanto la polarización social crece, pues otro grupo de ciudadanos también se manifestó públicamente [en Oaxaca], pero a favor de la presencia de la PFP, y exigieron que se aplique la ley contra los dirigentes de la APPO que han violado garantías individuales con la colocación de barricadas en toda la ciudad.

(V.pág.10-A de El Informador del 7 de noviembre de 2006).

Aproximadamente 2,000 perredistas y coceístas bloquearon a partir del medio día la Carretera Panamericana, a un kilómetro de Juchitlán, Oax., y demandaron la renuncia del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y la salida de la Policía Federal Preventiva de la capital oaxaqueña.

"Vamos a permanecer aquí por tiempo indefinido, hasta que se vaya el gobernador", dijo el dirigente de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), Artemio López.

Los dirigentes de la COCEI y del Partido de la Revolución Democrática, Manuel Vázquez Nicolás, Roberto López Rosado y Artemio López, señalaron que no dialogarán con ningún funcionario del gobierno oaxaqueño para levantar el bloqueo. "Estamos abiertos al diálogo, pero con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal".

(V.pág.2-A de El Informador del 6 de noviembre de 2006).

En el semanario "Desde la fe", se señala que en México existen insuficiencias legales -como ha quedado probado en el caso de Oaxaca- porque no hay alguien que pueda poner en orden a una autoridad incompetente y arbitrar un conflicto político-social con adecuados mecanismos legales. Destaca que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, ha provocado un verdadero desastre social y nadie tiene la capacidad legal para llamarlo a cuenta.

El arzobispado critica, además, que se escabulla de esa responsabilidad la Cámara de Diputados y "se lave las manos el Senado", mientras el poder ejecutivo federal se declara incompetente y los partidos políticos actúan por conveniencia coyuntural.

El texto puntualizó que debido a la incapacidad de las fuerzas locales y ante la creciente y dolorosa pérdida de vidas humanas provocada por la violencia de las partes en conflicto, se tomó la medida, que nadie hubiera deseado, de recurrir a la PFP.

(V.pág.11-A de El Informador del 6 de noviembre de 2006).

En la salida de la primera caravana motorizada, la mayoría fueron los jóvenes de la UNAM, algunos vestidos con pantalón militar; otros darketos, y adultos mayores, así como señoras, y los demás personas identificadas como integrantes de la Convención Nacional Democrática.

Ellos fueron los que estuvieron al pie del Hemiciclo a Juárez desde las 8 de la mañana, esperando a que concluyera el registro de los demás que acompañarían a la APPO en el trayecto a Oaxaca.

También fueron ellos los que iniciaron las agresiones contra los medios cuando vieron llegar las cámaras de TV Azteca y entonaban el ya escuchado "Televisa te idiotiza, TV Azteca te apendeja" y las consignas de prensa vendida.

Bloquearon la circulación de avenida Juárez durante una hora y al unísono entonaron "venceremos, venceremos, al estado sabremos vencer". Abordaron los camiones 15 minutos antes del mediodía.

(V.pág.21 del periódico Público del 5 de noviembre de 2006).

Con inusitada frecuencia en nuestros días se observa que el estado no castiga a quienes violan la ley; ello implica el envío de un claro mensaje a quienes han hecho del delito un modus vivendi, de que se puede infringir la norma sin consecuencia alguna. El perdón judicial, obviamente, concita la reincidencia.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 4 de noviembre de 2006).

La manifestación frente a la sede del PAN arrancó al mediodía y ahí los manifestantes decidieron cerrar la calle Vidrio para buscar más impacto a su protesta. El cierre de la calle motivó la llegada de tres patrullas de la policía municipal y de dos de la policía estatal. El director de la Policía de Guadalajara, Jesús Gallo Gutiérrez, llegó al lugar de la manifestación para pedir a los reclamantes que despejaran la calle. Durante algunos minutos el jefe policíaco discutió con algunos representantes de la protesta. En tanto, el manifestante de la bicicleta se paseaba mientras coreaba: "Es mi vía recreactiva de la resistencia civil y pacífica".

Para impedir el desalojo que anunció Gallo Gutiérrez, los manifestantes se sentaron en la calle, y con un altavoz, por 20 minutos continuaron con sus arengas en contra del gobierno federal, de la intervención del gobierno federal en Oaxaca y de la alianza entre el PRI y PAN que mantiene a Ulises Ruiz en el gobierno estatal, según denunciaron los oradores. Luego, se fueron tranquilamente.

(V.pág.14 del periódico Público del 3 de noviembre de 2006).

Ninguna organización sindical tiene el derecho de quitar gobernadores a su antojo por ineptos que sean, peor si el origen es el chantaje para obtener más prestaciones por la fuerza, el gobierno oaxaqueño fue elegido legal y democráticamente por su pueblo y de la misma manera tendría que ser sustituido. La violencia, la imposición y el chantaje no tienen cabida en el México moderno.

Oscar G.Márquez A.
(v.pág.16 "correo" del periódico Público del 3 de noviembre de 2006).

La superioridad numérica de los estudiantes y appistas, apoyados por grupos provenientes del DF, hizo retroceder a los granaderos y al Grupo de Operaciones Especiales de la PFP de las inmediaciones de la tienda Soriana [en Oaxaca].

Los 10 policías que resultaron lesionados presentan quemaduras ocasionadas por bombas molotov.

Otras lesiones de los uniformados fueron ocasionadas por clavos de 3 pulgadas añadidos por los appistas a los petardos.

En cuanto a la APPO, las lesiones más frecuentes en sus militantes -según reportaron los puestos médicos de Ciudad Universitaria instalados por la propia organización- fueron golpes contusos e intoxicación por gases lacrimógenos.

(V.pág.20 del periódico Público del 3 de noviembre de 2006).

A las 11:30, unas 300 personas bloquearon el Eje Central, a la altura de Tacuba, para protestar contra la incursión de la Policía Federal Preventiva en Oaxaca. Se trataba de miembros del Partido Comunista de México, el Frente Popular Revolucionario, el Movimiento Triqui Independiente y estudiantes de la UNAM.

(V.pág.22 del periódico Público del 3 de noviembre de 2006).

De acuerdo con informes de inteligencia, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se infiltró en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; incluso ha amenazado a los dirigentes, con la finalidad de que no flexibilicen su postura en las negociaciones con el gobierno federal.

(V.pág.22 del periódico Público del 3 de noviembre de 2006).

Indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional bloquearon ayer 15 tramos carreteros, en distintas zonas de Chiapas, en contra de la represión en Oaxaca.

(V.primera plana del periódico Mural del 2 de noviembre de 2006).

La resistencia se apagó. Por más que se convocó a los vecinos a reforzar la barricada de Brenamiel, el acceso principal a Oaxaca, el camino se liberó.

En Radio Universidad se llamó a defender el retén.

Veinte personas combativas retaron el helicóptero MI-17 de la PFP que sobrevoló la zona durante casi tres horas.

"Orale, bájense, a ver si muy cabrones", gritó Juan Aparicio, un colono. Alistó su bazuca compuesta con un tubo de metal de cinco pulgadas. Apuntaba y ¡zuuummm! Directo a la aeronave. El cohetón explotaba a metros del aparato.

Y así estuvieron. "Coperacha para cohetes, a ver, no se hagan, vamos a hacerles frente", decía Juan. Envalentonado.

Así de las 15:00 a las 18:00 horas. Uno de los inconformes rompió el parabrisas de un vehículo de carga, otro incitó a tomar un torton con fruta para reforzar el retén de Branamiel, uno de los bloqueos más simbólicos de la APPO.

Llenaron con gasolina decenas de botellas para armar bombas molotov, afilaron los machetes y se pusieron sus paliacates en el rostro. Jóvenes, maduros y niños.

Las torretas se vieron a los lejos.

Fue la locura. "¡Ahí vienen!". De los veinte se hicieron dos. Nadie defendió la barricada.

En los linderos, en las partes donde varias pandillas tuvieron en jaque a la Fuerzas Federales de Apoyo ni se asomaron. De aquellos centenares que se manifestaron en contra de la PFP a rocazos en el puente del Tecnológico, no quedó nada.

"Viva, que bien, por fin", gritaron los vecinos del fraccionamiento Brenamiel. Gente bien.

"Eran vagos, cuáles luchadores sociales, malvivientes, que viven en esos callejones, nada que ver con un movimiento social", expresa Jaime Maldonado, un vecino molesto que vive enfrente del campamento.

"Compañeros, en Brenamiel están reprimiendo a los vecinos, por favor, vamos a apoyar, vamos a salir a las calles", decía la locutora en turno. Pero nada.

(V.pág.4 del periódico Mural del 2 de noviembre de 2006).

Héctor Ramírez, dirigente del PRI en Oaxaca, condenó que Gobernación intente un diálogo "infructuoso" con los dirigentes de la APPO, ya que tienen órdenes de aprehensión, en particular Flavio Sosa.

(V.pág.4 del periódico Mural del 2 de noviembre de 2006).

Los argumentos con los que el secretario de Gobernación sustentó la tardía decisión de intervenir con fuerzas federales en Oaxaca, podían haber sido utilizados desde hace meses y tal vez el conflicto no se hubiera hecho bolas ni crecido tanto.

Por otra parte, parece ser que sólo hasta que murió un estadounidense fue que decidieron actuar, como si la vida y las solicitudes de los mexicanos valieran menos que las de los norteamericanos.

En cualquier caso en el que se viole la ley, se altere la paz social y se afecten derechos de terceros, la oportunidad para el diálogo debe ser una y sólo una. No 160 días de oportunidades y de titubeos para decidir si se usa o no la fuerza pública y restablecer así el orden y el estado de derecho.

Titubear en el uso de la fuerza cuando existen sobrados argumentos legales y éticos para ello, manda una señal de que el camino más efectivo para el logro de objetivos es el de la violencia y la presión. En la presente administración, este camino es el que los disidentes radicales han descubierto como el que mejores frutos les rinde, pues han probado una y otra vez que el gobierno, antes que aplicar ley, intentará dialogar y negociar.

Al gobierno de Fox desde hace tiempo le tomaron la medida (macheteros de Atenco impidieron la construcción del nuevo aeropuerto del DF).

Los grupos más radicales saben que teniendo al gobierno contra la pared y a la sociedad como rehén, obtienen mucho más que mediante diálogos civilizados y el uso de los canales institucionales.

Las cosas debieran ser exactamente al revés. El gobierno no debe sentarse a dialogar ni a negociar nada con alguien que esté violando la ley, afectando intencionalmente a terceros o amenazando con incendiar al país. Con delincuentes y terroristas (eso es lo que son estos manifestantes extremistas) no se negocia. Se les aplica la ley. A ellos son los que hay que poner contra la pared.

Mientras se dude en usar la fuerza para hacer cumplir la ley, la receta de tomar por asalto edificios públicos, incendiar camiones, cerrar escuelas y bloquear calles para satisfacer demandas será más utilizada cada día. Y esto, señores, se llama chantaje, extorsión. Y un gobierno que acepta negociar con chantajistas y extorsionadores no es un gobierno pacifista que privilegia el diálogo, es un gobierno débil e incapaz.

Las autoridades deben citar a los disidentes a una mesa de diálogo para analizar sus demandas, y buscar soluciones a ellas. Pero al término de la primera plática (no de la segunda, ni de la tercera) deben decirles claramente que las condiciones para continuar en el diálogo y llegar a acuerdos deben ser: respetar la ley, devolver edificios tomados, levantar bloqueos y evitar afectaciones a terceros. Con la ley en la mano deben fríamente decirles: ¡Va una! Y que sepan que taparse el ojo una vez es una graciosa concesión que deben apreciar.

Si estas condiciones se cumplen, entonces sí, que haya todos los diálogos necesarios para llegar a acuerdos, pero siempre por la vía pacífica y sin chantajes o presiones de por medio.

Pero si los inconformes no aceptan respetan la ley, continúan afectando derechos de terceros y no usan los canales institucionales establecidos para resolver conflictos, entonces el uso de la fuerza es obligado y justificado.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 2 de noviembre de 2006).

Seguiremos defendiendo conceptualmente el principio del estado de derecho, su ordenamiento y su aplicación, su conducción a través de la ley y la solución. Y no creando, por ningún motivo, un nuevo concepto: "conveniencia política arriba de la ley". Nosotros queremos la ley arriba de la conveniencia política.

Raúl Cervantes, diputado federal priista
(v.pág.3-A de El Informador del 1o.de noviembre de 2006).

En Oaxaca ganó el magisterio, perdió la sociedad de aquella entidad, avanzó la pobreza y se abrió la oportunidad de iniciar un nueva etapa que rompa la inercia de deterioro de las instituciones. Veremos si la oportunidad se aprovecha, o sólo nos quedamos con los restos incendiados.

La situación de Oaxaca es una manifestación de la ineficiencia del sistema de aplicación de la ley en México. Las imágenes del domingo en aquella entidad muestran el uso del poder para restablecer el orden público, es decir, para imponer la ley en donde no regía. Para llegar a eso la Secretaría de Gobernación entregó a los maestros prácticamente todas las prestaciones económicas por las que surgió el movimiento magisterial. Es decir, que el origen laboral del conflicto terminó con un triunfo para los profesores; mientras por otro lado, a los grupos que se sumaron al movimiento, como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, se les garantizó que no habría uso indiscriminado de la fuerza. Estas acciones fueron catalizadas por la muerte de un camarógrafo norteamericano, con las subsecuentes declaraciones de la diplomacia estadounidense.

Oaxaca es muestra de lo que un gobierno local no debe hacer y de la acción tardía de la federación para intervenir. Es un caldo de cultivo para la agitación y espacio abierto a la impunidad que sólo se combate con la fuerza de la ley.

Oaxaca puso a prueba al Congreso de la Unión que decidió no desaparecer los poderes, pero sobre todo puso a prueba a la opinión pública, que aceptó con alto grado de aprobación el uso de la fuerza del estado.

Luis Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A de El Informador del 1o.de noviembre de 2006).

La salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca no es la solución al conflicto que se vive en esa entidad sureña, consideró Ramiro Hernández García, representante de la cámara alta por parte del PRI. "Si para que se resuelvan estos conflictos hay que satisfacer demandas de relevo de gobernantes, entonces habría que dejar de lado las elecciones y estar expuestos para que a partir de conflictos y presiones se pusieran y quitaran gobernantes".

Una cosa es que los gobiernos revisen su actuación y ajusten sus equipos, haciendo los cambios de los colaboradores que no están a la altura, y la otra, es que cada vez que haya un conflicto se piense en el relevo de los gobernadores. En este sentido puntualizó que lo que el país necesita es mayor certidumbre y respeto a la legalidad, porque si se le apuesta a la anarquía y a la confrontación, entonces "no estamos construyendo condiciones para el estado de derecho y la legalidad".

Desde su perspectiva, el desempeño del gobierno federal ha sido errático, tardío, ineficiente y con costos que pudiweron haberse evitado actuando con oportunidad.

Reconoció que lo que iniciara como una demanda salarial de los mentores, fue aprovechado por otros grupos gracias a la desafortunada conducción del gobierno del estado de esta problemática.

Manifestó que la lectura que debe quedar es que la vía de la violencia no es la mejor solución a los problemas.

(V.pág.3-A de El Informador del 31 de octubre de 2006).

Cinco meses después de que estallara el conflicto que cuestiona cada día la vigencia misma del estado de derecho, queda claro que los oaxaqueños no merecen ser rehenes de grupos radicales que reivindican sus causas por medio de la violencia; tampoco merecen vivir en un virtual estado de sitio y con la presencia de miles de policías federales como requisito para poder transitar libremente... pero tampoco merecen al gobernador que dice representarlos. Oaxaca no es otra cosa que una batalla en curso, en donde aún no hay triunfadores claros, pero sí un gran perdedor, el pueblo.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 31 de octubre de 2006).

La intervención del político más hábil del gobierno federal actual, Carlos Abascal, prometía la resolución del conflicto. Puso presupuesto en la mesa para los maestros y la mitad del tema parece resuelta. Sin embargo, se enfrenta además a una tribu cuya postura visible es no ir a ninguna solución por aceptable que parezca ¿Cómo enfrentar a quienes nunca aceptarán una propuesta de los adversarios? ¿Sólo la fuerza legítima, en cualquiera de las versiones conocidas o por conocer, los detendrá? El conflicto involucra ya a un extranjero muerto. El lío se desborda y la política sufre impotencia. La decisión presidencial de enviar fuerzas federales a Oaxaca parece, lo menos, un elemento nuevo, tardío y contundente en el proceso de atención y solución del conflicto.

Aun así, hoy y mañana, independientemente de lo que logre la fuerza pública será necesario responder qué pasó en Oaxaca. Hasta ahora los poderes de la república parecían ausentes. La sociedad civil, organizada o no, también. Los poderes en el estado mismo de Oaxaca se quedaron sin capacidad. ¿Qué pasó? ¿Fue un reto de los dinosaurios priístas, jóvenes o revolucionarios, para demostrar lo imprescindible de su "política" ajedrecística? Algo así como "El regreso de los zombis". O, según dicen otros, ¿Oaxaca no fue sino la manifestación de los riesgos comunes a las sociedades democráticas?

Una vez atendida la demanda de los maestros y sometida por la fuerza, si es el caso, la resistencia de los grupos más radicales, cuya única demanda visible ha sido la renuncia del gobernador, ¿qué será de ese gobernador Ruiz? ¿Qué sucederá en la relación entre los maestros oaxaqueños y los del resto del país? ¿Qué decir del Senado de la República tan inútil en este caso? ¿Es un club de ultra bien pagados políticos incapaces de ensuciarse las manos y sí abandonar a su suerte la esencia del pacto federal al que se deben?

El uso de la fuerza es impopular, ni modo; esperemos sea incruento y eficaz en restaurar la cotidianidad oaxaqueña.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.19 del periódico Público del 29 de octubre de 2006).

La carretera internacional 190 quedó cerrada por miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, al igual que las Riveras de Atoyac, que eran la única alternativa para la comunicación carretera entre esta entidad y la ciudad de México.
Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca incendiaron el cuartel de la policía estatal de Santa María Coyotepec.
Lo que era un simple boicot comercial de no consumo se convirtió en un cierre de negocios en el primer cuadro de está ciudad, por parte de la APPO. Poco antes del mediodía fueron cerrados una docena de negocios y franquicias.
Un contingente de la APPO bloqueó la circulación sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

(V.pág.2-A de El Informador del 28 de octubre de 2006).

El conflicto que desde cinco meses y cinco días mantiene en tensión al Estado de Oaxaca, principalmente a la ciudad capital, y preocupado a todo el país, tomó ayer un sendero por donde pudiera, por fin, destrabarse mediante la intervención tan esperada del gobierno federal. Desgraciadamente, el punto que hace pensar en ello, fue la muerte de dos personas durante los enfrentamientos violentos que se sucedieron uno tras otro durante todo el día.

El hecho de que uno de los fallecidos haya sido un periodista extranjero (estadounidense, según los últimos reportes), sin duda marcará el inicio de una mayor presión sobre la administración federal, porque el problema ahora trasciende ya nuestras fronteras.

Oaxaca está convertido en un campo de batalla, en donde la manifiesta ingobernabilidad salta a la vista día tras día. La ciudad capital está prácticamente en un estado de sitio, las libertades individuales no existen, nadie se atreve a salir a las calles por temor a ser víctima de los enfrentamientos entre los manifestantes que exigen la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, y las fuerzas del orden. Los comercios están cerrados, el turismo brilla por su ausencia. Oaxaca está sumida en el caos, y no hay, hasta ahora, una mano que se levante para poner fin al conflicto.

Cinco meses y cinco días de conflicto es mucho tiempo, más de lo que la sociedad oaxaqueña y el país entero puede aguantar. El problema ha llegado a un punto en que es imperioso encontrar una salida. Vendrá más presión, después de los hechos de ayer, y habrá que esperar si por fin el gobierno federal interviene, como debió hacerlo desde el principio.

Dos preguntas siguen en el aire respecto al conflicto oaxaqueño: ¿Cuánto más habrá de pasar para que se tome una determinación? y ¿quién, o quiénes ordenan los disparos y tienen interés en que el problema no se resuelva?

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 28 de octubre de 2006).

Se anticipa que los conflictos sociales, como la situación actual en Oaxaca, prevalecerán en los siguientes años. Una lección aprendida en el sexenio de Fox es que usar la violencia para promover intereses de grupo conlleva resultados.

Ana María Salazar Slack, académica del ITAM
(v.pág.4-A de El Informador del 28 de octubre de 2006).

El sector patronal de la Coparmex reclamó al presidente Vicente Fox la falta de aplicación del estado de derecho en estados como Oaxaca, así como su incapacidad para frenar el crimen organizado, lo que ha ocasionado que no haya seguridad ni certeza jurídica, y por consiguiente no fluyan las inversiones adecuadamente. Al tomar posesión como presidente de la Coparmex, Ricardo González Sada le demandó un mayor esfuerzo que garantice el estado de derecho, certeza y estabilidad que permitan obtener un mayor crecimiento económico. "No podemos pensar en un país atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros cuando hasta ahora los gobiernos no han sido capaces de garantizar la seguridad física y del patrimonio de sus ciudadanos".

(V.pág.9-A de El Informador del 28 de octubre de 2006).

Dicen que Felipe Calderón, igual que lo hizo Carlos Salinas a principios de su presidencia, necesitará un quinazo para no dejar dudas acerca de lo vigoroso que será su gobierno.

Se le sugiere, por ejemplo, irse sobre los hijos de Marta Sahagún, pero a los canijos éstos nadie ha podido hallarles algo que valga la pena, ni siquiera los diputados que fueron embarcados por una timadora que subastaba sus intrigantes pero inconsistentes "pruebas" en dos millones de pesos.

[Han estado bien protegidos, pero ya se les va a acabar - el webmaster.]

Pero Calderón, el tipo con tanta suerte que en cinco meses ganó a López Obrador por mucho menos de una nariz la Presidencia, está a punto de sacarse la lotería o, mejor, pegarle al Melate.

El caso Oaxaca le dará para todo, y no sólo llevando ante jueces a los pandilleros que la secuestraron, sino a los procuradores estatal y federal, al gobernador y al presidente de la república, por administrar a su personal conveniencia la procuración de justicia.

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Público del 27 de octubre de 2006).

Oaxaca se salió de madre por el desdén del gobierno federal, del presidente Fox, y del gobernador Ulises Ruiz; de los partidos y de los legisladores. Todos le dieron la vuelta.

Por una parte, el presidente no intervino en su momento para no asumir los costos políticos de la decisión y por eso, para no arriesgar lo que algunos llaman su "capital político", que otros califican de "popularidad", lo evitó con el pretexto de que era un conflicto "local".

Tampoco le interesó al gobernador Ulises Ruiz, principal culpable del conflicto, que se ostentó como un protegido por su partido y, en un momento, hasta del PAN que frenó la declaración de desaparición de poderes en el Senado.

El PRD lo aprovechó montándose en el conflicto y haciendo suyas las banderas de no a la represión, la caída del gobernador, el paro de labores y los métodos de la APPO, que nunca condenó a pesar de la violencia.

Y como todos sacaron las manos de la solución, no del problema, el conflicto comenzó a ser de Felipe Calderón, en el peor de los mundos: no puede hacer nada como presidente electo y lo heredará como presidente de la república.

Joaquín López-Dóriga V.
(v.pág.2 del periódico Público del 27 de octubre de 2006).

Lo que las autoridades de salud [de Jalisco] han resaltado como grave respecto al clenbuterol es que hay más casos: en 2002, cuando comenzó a llevarse la cuenta de las personas enfermas, hubo 114 casos; pero en 2005 fueron 225, y este año ya van 249.

Y además, 190 de los enfermos de este año -es decir, 76% del total- comieron carne magra, y no hígado ni ninguna otra víscera, que eran las partes de la res donde solía concentrarse el clenbuterol.

Según algunas opiniones autorizadas, esto implicaría que los ganaderos utilizan cada vez más este anabólico durante la engorda de sus animales, aunque está prohibido.

(V.pág.14 del periódico Público del 27 de octubre de 2006).

Un grupo de poco más de 300 estudiantes de la Escuela Normal de Atequiza se manifestó en la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno. Ahí permanecieron unos minutos y alrededor de las 12:00 horas emprendieron su camino a la glorieta de la Normal. A su paso de ida, bloquearon los carriles de sur a norte en la avenida alcalde. Luego regresaron a la Plaza de Armas y volvieron a bloquear la calle, pero en el sentido contrario.

Los manifestantes cargaron con mantas en las que recordaban la represión sufrida el 28 de octubre de 1988, cuando el Ejército y la policía estatal rodearon el plantel y golpearon a estudiantes.

Además, reiteraron su consigna de una cuota de plazas para laborar como maestros. Por año, solicitan 130 plazas de trabajo.

(V.pág.19 del periódico Público del 27 de octubre de 2006).

La implementación de los juicios orales en México sería altamente costosa y podría decepcionar a los ciudadanos debido a que no es una justicia tan expedita como se cree.

Miguel Arroyo, presidente de la Confederación Nacional en Seguridad y Justicia de México A.C., aseguró esto al afirmar que la propuesta no resuelve la problemática del sistema de justicia nacional.

"Se le ha vendido a la población, en general, el hecho de que el procedimiento oral va a resolver todos sus problemas, es absolutamente falso y es una irresponsabilidad seguir alimentando en la gente esa cuestión", indicó en conferencia de prensa.

Si en verdad se le quiere dar celeridad a los procesos, indicó, se deben duplicar los juzgados federales y locales.

(V.pág.2 del periódico Mural del 26 de octubre de 2006).

El pasado martes, 24 de octubre, un pequeño grupo de niños acompañados de sus padres bloqueó un acceso al Periférico Sur de la Ciudad de México a la altura de Mixcoac en demanda de la restitución de la directora de la Primaria Amado Nervo. La directora había sido destituida después de una disputa con un conserje de la escuela, a quien había acusado de incumplimiento de sus responsabilidades.

No es ésta la única ocasión en que se ha visto algo así en el Distrito Federal. Unos días antes un grupo de niños y padres había bloqueado el Eje 7 Sur, Félix Cuevas, a la altura de Martín Mendalde en la Colonia del Valle. Ellos pedían, por el contrario, la destitución de la directora de la escuela primaria Reino Unido de la Gran Bretaña.

No debe sorprender que los niños estén bloqueando calles por exigencias escolares. La tolerancia de las autoridades capitalinas ante los bloqueos ha llegado a un punto en el que cualquier persona o cualquier grupo considera que tiene el derecho de impedir el libre tránsito de los demás para exigir lo que sea de una autoridad.

Según una nota periodística publicada recientemente, la Ciudad de México ha tenido 13,735 manifestaciones y bloqueos entre el 1 de de enero del 2000 y el fin de marzo de 2006. No son las cosas así, por supuesto, en todo el mundo. Rafael Elizondo, un mexicano radicado en Suecia desde hace años, me escribía: "En menos de una semana he leído en los periódicos sobre dos desalojos que ha llevado a cabo la policía sueca. En el primer caso, unos manifestantes que impedían el acceso a una oficina de gobierno, y el segundo caso, en una prisión de Malmö, donde unos reos mantuvieron secuestrada la enfermería por espacio de 30 minutos. Ambos desalojos se dieron con mucha efectividad y fuerza, sin el más mínimo titubeo por parte de la autoridad, pero con el mínimo de violencia.

"La explicación inmediata de la autoridad: los bloqueos afectaban los derechos de terceros y eso es simplemente intolerable en Suecia. Y esto, en un país conocido en el mundo por el respeto a los derechos de sus ciudadanos".

En México, desafortunadamente, se ha perdido la idea de que una de las funciones fundamentales de la autoridad es defender los "derechos de terceros". Hemos pasado de la represión automática y violenta de cualquier expresión de discrepancia a la dictadura de los grupos políticos que consideran que su derecho a manifestarse no está limitado por los derechos de terceros. Hemos llegado al extremo de que el Gobierno del Distrito Federal dedica importantes recursos para alojar, alimentar y proporcionar sanitarios a los grupos que se manifiestan (cuando son ideológicamente afines).

El respeto a los bloqueos llega a su máximo en Oaxaca. Hace cinco meses que unos grupos políticos han bloqueado todo el centro histórico de la ciudad. En el único intento de desalojo, el 14 de junio, la autoridad se retiró con la cola entre las piernas cuando los integrantes del bloqueo repelieron la acción de la policía.

Mucho me sorprendió entonces escuchar un argumento de que estos grupos tenían derecho a establecer plantones en Oaxaca porque lo han hecho durante 26 años. Los usos y costumbres han llegado al extremo de que se considera aceptable la privatización de las calles. De hecho, la APPO está ahora amenazando que el mañana viernes 27 de octubre bloqueará todas las carreteras de Oaxaca y ya sabemos que ni la autoridad estatal ni la federal se atreverán a intervenir.

Quienes llevan a cabo estos bloqueos, y quienes los permiten desde el gobierno, olvidan que la razón de ser del estado es proteger los "derechos de terceros". Si el estado no se atreve a aplicar la ley y salvaguardar estos derechos, como lo hace de manera natural la fuerza pública en Suecia, simplemente pierde su razón de ser. Esto da derecho a los ciudadanos de utilizar la fuerza para defender sus propios derechos.

Una de las razones de la pobreza de nuestro país es que tenemos autoridades que no se atreven a aplicar la ley. Donde no hay ley, no hay certeza para las inversiones o para la actividad productiva. Donde no hay autoridad, sólo los poderosos pueden defender sus derechos.

Nuestros gobiernos siempre tienen argumentos para justificar su pasividad ante la violación de los derechos de terceros. Dicen que defienden el diálogo como método de solución de conflictos o la el derecho a la libre manifestación.

Lo que hacen, sin embargo, es plantar las semillas para una sociedad en la que sólo prevalece la ley del más fuerte. No han entendido lo que ocurre en naciones del mundo en que realmente se respetan los derechos humanos. No se dan cuenta de que al permitir que los políticos violen los derechos de los ciudadanos pequeños, los que no tienen partidos u organizaciones que los protejan, están cometiendo un pecado mucho mayor al uso de la fuerza pública para aplicar la ley.

Sergio Sarmiento
(v.pág.12 del periódico Mural del 26 de octubre de 2006).

La APPO en Oaxaca está en franco proceso de provocación a todas las instituciones nacionales, buscando seguramente una respuesta enérgica, en la que el estado mexicano en uso legítimo de la fuerza pública, una vez agotadas todas las instancias del diálogo y la negociación política, actúe para terminar con este auténtico secuestro ejercido por el grupo de violentos agitadores al centro de la bellísima ciudad de Oaxaca.

El manejo que las instancias políticas de la Secretaría de Gobernación, encabezadas por el Lic.Carlos Abascal, han dedicado al caso Oaxaca, para algunos analistas ha resultado demasiado prudente y hasta pusilánime, opinando que todo se hubiera resuelto rápidamente aplicando la fuerza que le asiste al estado cuando está en peligro la seguridad pública, el estado de derecho o en general el bien común de una comunidad.

Quienes critican el accionar del gobierno federal ya sea porque no ha impuesto por la fuerza la paz pública o por no haber removido al gobernador Ulises Ruiz tal como exigen rotundamente los grupos que han secuestrado la vida pública oaxaqueña, quizá se dejan llevar por el "modus operandi" propio de tiempos pretéritos donde el eficientismo político se imponía al texto constitucional y al respeto al mismo estado de derecho que por otra parte se invoca.

No puedo defender a Ulises Ruiz simple y sencillamente porque ya perdió toda posibilidad fáctica de ejercer su autoridad; tampoco defiendo al gobierno federal o al Senado en una actitud que efectivamente a ojos de ciudadanos que han sufrido graves quebrantos en su economía y en su seguridad, ha sido lenta y temerosa.

No los defiendo, pero los entiendo porque en Oaxaca se ha querido poner a prueba a todo el sistema nacional, dado que los grupos que secuestraron el centro de la antigua ciudad de Antequera, son auténticos profesionales de la violencia, la provocación y el victimismo y han estado esperando cualquier equivocación del gobierno federal o de las fuerzas armadas para provocar un conflicto mayor que pudiera afectar a todo el país en tiempos tan difíciles para la nación.

Comentaba Raymundo Riva Palacios en reciente columna que existen "informes del Cisen en que de las 3,000 personas en permanente movilización, hay aproximadamente 800 que están entrenadas en la lucha armada, y cuentan con 6 depósitos de parque y pertrechos que son movidos constantemente para evitar ser detectados. En un momento de choque con las fuerzas federales, es altamente probable que unidades militares del EPR y de milicias o espontáneos, respondan con fuego. Pero además, subraya otro informe, se calculan en 600 aquellos menores de 8 años dispuestos a entrar en la pelea. Para entender la magnitud que entraña lo delicado de una operación de desalojo en estas condiciones, bastaría imaginarse las escenas de uno solo de esos niños o jóvenes muertos por la policía en el enfrentamiento".

Juan de la Borbolla R., catedrático universitario
(v.pág.4-A de El Informador del 23 de octubre de 2006).

La fuerza cuyo empleo autoriza la ley, no es violencia.

Todos los ciudadanos, hartos de evasivas, exigimos de la autoridad efectivas soluciones y no buenas explicaciones. Día a día sólo se escuchan tersas excusas envueltas en una espesa retórica burocrática.

Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 21 de octubre de 2006).

Trabajadores de Educación bloquearon calles en Chilpancingo para exigir un nuevo contrato.

(V.pág.5 del periódico Mural del 19 de octubre de 2006).

Cuatro personas resultaron intoxicadas por consumir bistec contaminado con clenbuterol. Son vecinos de la colonia Villa Guerrero en el municipio de Guadalajara.

El director de Regulación Sanitaria, Juan Manuel Pérez Corona, reiteró su opinión respecto a que se coloquen laboratorios certificadores.

También comentó que esta vez la carnicería "El torito", comercio indicado por los afectados como el lugar donde compraron la carne, no fue clausurada.

El propietario confirmó la procedencia legal de la carne, producto que adquirió del Rastro Guadalajara.

En lo que va del año se totalizan 249 casos en el estado.

(V.pág.7-B de El Informador del 18 de octubre de 2006).

Los maestros en huelga que rechazaron el ultimátum de Gobernación, volvieron a dar señales de vida al interrumpir con un plantón el tránsito vehicular en la carretera federal 200, que conecta Oaxaca con Guerrero.

(V.primera plana de El Informador del 17 de octubre de 2006).

El problema del ganado engordado a pericazos de clenbuterol no ha cesado en al menos tres años y esta semana se montó en las páginas de Público para recordarnos que somos vulnerables, que hay muchos que son capaces de lo que sea, por ejemplo envenenar a la gente, con tal de tener utilidades monetarias y que de bien poco sirve la denuncia mediática para que los responsables de la salud pública, o de lo que sea, hagan algo.

Martes: nos enteramos de que las dosis que suministran al ganado ya alcanzan para contaminar a todo el animal; también supimos que clausurarían una carnicería y que en lo que va del año los médicos han conocido de 245 casos. Miércoles: el asunto pasó a las páginas de El Tema y quedamos informados de que el secretario de Salud recomienda medidas muy vagas a los consumidores, en cambio fue claridosísimo para señalar al responsable del envenenamiento: "algún mal engordador" (seguramente el "mal engordador", luego de tan valiente descripción, huyó a algún paraíso legal del extranjero, o está de aquél lado de la Barranca); pero también aplicó la ley del himno nacional, por aquello de que un policía en cada carnicero te dio, ante el señalamiento que le hicieron los reporteros de Público de que un vendedor de carne afirmó que el producto contaminado lo había adquirido en el Rastro de Guadalajara, respondió: "Que lo pruebe". El miércoles el periódico además nos puso al tanto de lo qué es el fármaco; de una modificación a la ley para inhibir su empleo, de los síntomas que provoca la carne marinada al clenbuterol y, miren lo que son las cosas, en la p.30, Negocios, un titular que da cuenta del México que es dos: "Cercana, exportación de carne de res de Jalisco". Jueves: el asunto siguió central, estuvo por segundo día consecutivo en El Tema y nos enteramos de que la Secretaría de Salud Jalisco reclama de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación más atención para controlar al ganado y para sancionar a los responsables; nos enteramos que la Sagarpa opina que no es enchílame otra y que la solución la tiene el poder legislativo; leímos sobre la postura de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, que pide también mayores medidas de control, instalar laboratorios móviles, y apunta a los huecos que hay en la actuación de las autoridades municipales para la detección de animales alimentados con clenbuterol (algo así como el niño que pide que lo amarren para no hacer travesuras). También el jueves la cobertura hizo que conociéramos al Consejo Mexicano de la Carne y su punto de vista: "toca a la Sagarpa atender el tema", y la cereza del pastel: el vicepresidente del Consejo, Daniel Curiel Rodríguez, "exhortó a los consumidores a sólo consumir la carne de res que se vende en los supermercados".

Augusto Chacón
(v.pág.3 del periódico Público del 15 de octubre de 2006).

En la vida hay que ser prácticos, señoras y señores. En la política mexicana, sin embargo, la distancia más corta entre dos puntos es la más larga en términos de la rentabilidad electoral, o por lo menos así lo piensan los rentistas de nuestra nefasta partidocracia. Y, así las cosas, ni Ulises va a dimitir ni el PRI lo va a hacer deponer (no sólo eso sino que los tricolores han cerrado filas en torno a su gobernador, cual familia de mafiosos obligados por un pacto de sangre). Quedan descartadas, pues, las opciones más razonables. Y, en el menú de alternativas restantes, no hay soluciones fáciles: la peor de ellas, ya lo sabemos, es el uso de la fuerza sobre todo en lo que tiene de recurso casi desesperado, por más que su utilización para mantener el orden público sea una prerrogativa perfectamente legítima en cualquier régimen democrático. No deja de ser, de cualquier manera, una flagrante prueba del fracaso de la política. Además, desde el punto de vista estrictamente logístico el momento no es ahora, cuando los insurrectos se han pertrechado y fortalecido. La acción hubiera debido emprenderse en los primeros instantes de la rebelión, a manera de advertencia y como una señal bien visible de que las leyes deben ser respetadas por todos.

En el camino de la inacción han quedado los damnificados de turno, esos comerciantes y hoteleros, junto con sus empleados y los ciudadanos de a pie, que tenían, desde un principio, todo el derecho a exigir las mínimas condiciones que merece la vida civilizada. Porque, en verdad que hablamos aquí de una escandalosa ruptura del estado de derecho, de una situación de anarquía en la que los diputados del congreso no pueden siquiera sesionar, el propio gobernador no acude a su despacho, las oficinas públicas son tomadas por asalto y saqueadas, las avenidas y carreteras son bloqueadas, en fin, una auténtica revolución a escala local. En Oaxaca se han cometido abiertamente centenares de delitos y, al cabo de meses enteros, nos seguimos preguntando si la policía debe de hacer su trabajo.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 15 de octubre de 2006).

No es que la educación sea la neta, ni que las escuelas sean la neta para educar, ni que las de Oaxaca sean la neta entre las escuelas (ni mucho menos): pero es lo que hay, y en lugar de mejorarlo lo mandamos al diablo. Si alguien descubrió cómo se puede tener ciudadanos conscientes, críticos, con capacidad para entender su situación y modificarla sin pensar en educación, que lo diga ya por favor. Por lo pronto, estos casi cinco meses son irrecuperables para los (ex) educandos.

Luis Petersen Farah
(v.pág.16 del periódico Público del 15 de octubre de 2006).

El plazo para Oaxaca ya se agotó, urgía, era para ayer. El monopolio de la violencia lo tiene exclusivamente el estado para dos cosas: hacer respetar la ley y las instituciones y conservar el estado de derecho. Es posible que lo pretendido por la APPO y el magisterio de Oaxaca tenga un sustento válido, pero no debe permitirse a una agrupación que desestabilice el estado de derecho para satisfacerlas, no es esto encontrar el hilo negro, ahí ha estado todo el tiempo, la realidad es esa, estos grupos han cometido delitos, han asesinado, robado, tomado vías de comunicación, han agredido periodistas, intimidado al pueblo y ante esa realidad los gobiernos, estatal de Oaxaca y el federal, sólo han estado contemplando los hechos. Los "líderes" están sometiendo al gobierno, creyéndose los amos y señores de un pueblo sin ley, creyendo que pueden quitar y poner gobiernos a su antojo.

Juan Carlos Galván Esparza
(v.pág.16 "correo" del periódico Público del 15 de octubre de 2006).

El pasmo que han mostrado en ciertos momentos los poderes ejecutivo y legislativo del ámbito federal, los signos de ingobernabilidad (no necesariamente de "desaparición de poderes") que van y vienen en Oaxaca, la ventajosa y chantajista actitud de los "líderes" de los movimientos que acuerdan con las autoridades un día y se retraen al día siguiente, son elementos que muestran claramente que se ha llegado al límite, pero no necesariamente que el problema está por terminar.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 14 de octubre de 2006).

Una nación: de izquierda, centro, o derecha, sólo puede construirse mediante el trabajo creador y constante, pero jamás con marchas, plantones y demás expresiones de alérgicos al orden y al trabajo. ¿Habrá qué esperar a Calderón?, o el que pateo el féretro de cartón [del PRI] por primera vez hará cumplir la ley en aquellos que acaban con los negocios, la educación escolar, que desquician la sociedad, pero que sobre todo la tienen harta.

¡Ah!, pero si un ciudadano que produce, que paga impuestos y crea empleos: un día se tarda en cumplir sus obligaciones fiscales, no tiene para pagar o se equivocó en algún trámite, entonces este ciudadano que jamás causa problemas se enfrentará a un estado implacable; incapaz de perdonar falta alguna, por mínima que sea ¡faltaba más que los que mantienen la nómina oficial se rebelaran! ¿La rebelión es patrimonio de los que no trabajan -"maistros" oaxaqueños y demás fauna parasitaria-?

Manuel Hernández Gómez
(v.pág.4-A de El Informador del 14 de octubre de 2006).

El vicepresidente del Consejo Mexicano de la Carne, Daniel Curiel Rodríguez, aseguró que "los únicos responsables [por el uso del clenbuterol] son los ganaderos" que utilizan la sustancia prohibida para la engorda del ganado, pero denunció que "el problema ya rebasó a la autoridad, y más que a la Secretaría de Salud le corresponde a la Sagarpa, que es quien debe regular a los ganaderos".

Daniel Curiel añadió que mientras la Sagarpa no ha podido meter en cintura a los malos ganaderos, la Secretaría de Salud "ha reventado el hilo por lo más delgado sancionando a las carnicerías y recomendando a la población no consumir carne de res".

(V.pág.2 del periódico El Nuevo Siglo del 12 de octubre de 2006).

El PRI llamó la atención con una advertencia: si se va Ulises Ruiz, bajo la presión a la que ha sido impuesto, entonces nadie en el futuro podría arrendarle las ganancias a otro gobernador o a Vicente Fox o al mismo Felipe Calderón.

Vicente Bello
(v.pág.2-A de El Informador del 10 de octubre de 2006).

La fila de automovilistas, que se prolongó hasta por ocho kilómetros, es ya una asunto cotidiano en una ciudad que sufre las consecuencias de reclamos ajenos, conflictos que tienen su origen en otras entidades, pero que por diversas razones terminan ejerciendo presión en la capital de país, como si la naturaleza del problema oaxaqueño no tuviera el suficiente aliciente, para motivar a encontrar la mejor solución posible antes de afectar a terceros.

Pero la creciente violencia en este tipo de manifestaciones en otro de los temas que preocupa. Si los derechos de miles de ciudadanos de poder transitar libremente por sus calles son superados por la imposición de otro intereses, se debe agregar el nivel de agresividad que no se limita a la pinta de bardas, banquetas o destrozos "menores" en la infraestructura urbana.

Cada vez, con más regularidad, estos actos de "manifestación pacífica" sirven como pretexto para realizar actos vandálicos que terminan en enfrentamientos lamentables, como el ocurrido ayer a las afueras del Senado, donde los integrantes del magisterio de Oaxaca y de la APPO se enfrentaron con la policía.

Los maestros intentaron derribar una valla y fueron contenidos por policías, que con escudo y tolete en mano, les cerraron el paso.

Si sus demandas tienen argumentos y se basan en una solicitud supuestamente social, actos como el antes descrito no tienen lugar en una sociedad que respeta el estado de derecho y se jacta de civilizada.

Los comerciantes capitalinos han vuelto a preocuparse por lo que pueda significar la "importación" del conflicto social en Oaxaca, más con la amenaza de la APPO de instalar un campamento sobre transitadas avenidas, si no se les concede en su totalidad una plaza aledaña al Senado de la República, para realizar un plantón por tiempo indefinido, hasta lograr la desaparición de poderes en esa entidad.

La intimidación se siente lógica, después del triste ejemplo visto con la instalación de campamentos de protesta por los resultados electorales del 2 de julio en Paseo de la Reforma, que durante semanas, demostró ser un arma efectiva contra la autoridad, incapaz de garantizar el orden, y donde la impunidad está protegida.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 10 de octubre de 2006).

Tal parece que en Oaxaca se aplica lo que decía Coriolano en la obra que Shakespeare escribió con el mismo nombre: "Esa chusma maloliente y veleidosa... no será sino la ruina del Senado, la cizaña de la sedición, la revuelta y la insolencia".

Ahora es la chusma la que intenta sustituir los poderes del estado y, unos cuantos, han tomado como rehén al resto de la sociedad (parte del verdadero "pueblo"), con un sólo argumento, negándose a negociar o dialogar, para convertirse en una fuerza que apela a las emociones, sentimientos, amores, odios o deseos de sus participantes, para ganarse el favor de su líder, sin importar la destrucción de los activos, de la libertad de opinión, prometiendo coronas a su heroísmo, halagando sus sentimientos o pagando una nueva cuota, con tal de cortar la cabeza al poder, establecido el estire y afloje que camina por el filo de la navaja fuera de control.

Martín Casillas de Alba
(v.pág.4-A de El Informador del 10 de octubre de 2006).

La Secretaría de Salud Jalisco notifica como positivos tres brotes de intoxicación por clenbuterol, con 15 casos en total. Ocurridos en los municipios de Zapopan (3 casos) y Guadalajara (12 casos). En lo que va del 2006 se totalizan 245 casos en el estado.

(V.pág.1-B de El Informador del 10 de octubre de 2006).

No era sorpresa que en el mes de mayo, y coincidiendo con el Día del Maestro (sic), surgiese año con año un conflicto magisterial de la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que suspendía clases a veces hasta lograr abortar el curso escolar y hacía reclamos agresivos. Sin embargo, el presente año esos consabidos conflictos gremiales, de una sección demasiado ideologizada del magisterio, se integró a las demandas de deposición del gobernador Ruiz por actos represivos llevados a cabo por su gobierno.

Detrás de la llamado APPO se conjuntan muchos movimientos subversivos que a lo largo de las cinco décadas pasadas han impuesto en regiones concretas de los estados de Oaxaca, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec, por consiguiente, Chiapas, Occidente de Veracruz y la Sierra de Guerrero, acciones inclusive guerrilleras, muchas de ellas encabezadas por grupos subversivos como el Frente Popular Revolucionario, o la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal, por citar dos de los nueve mebretes integrados en este grupo subversivo.

El funesto ex gobernador Murat decidió amnistiar a un grupo de guerrilleros del citado EPR, aprehendidos luego de los ataques armados de esa organización en Tlaxiaco y La Crucecita, Huatulco, en 1996, lugar en el que estaba la verdadera dirección del EPR, sus cuadros más experimentados y con una red social más amplia, controlaban un municipio, tenían una sólida inserción en la Sección 22 del magisterio y contaban con una estrategia muy definida de Guerra Popular Prolongada.

Hoy, de la mano de esa amnistía de Murat, más la que también otorgó el Gobierno del Distrito Federal a otros guerrilleros presos en la capital de la república por haber participado en secuestros como los de los empresarios Alfredo Harp (Banamex), Angel Lozada (Gigante) y Joaquín Vargas (MVS) y que en su momento sirvieron para que con sus respectivos rescates se financiaran estos movimientos subversivos, ha fortalecido al movimiento, lo cual es plenamente constatable en las acciones que desde hace meses tienen secuestrado el centro histórico de la ciudad de Oaxaca.

Ulises Ruiz no puede gobernar y sus contrarios no quieren negociar nada mientras éste no salga de la gubernatura, entre tanto Oaxaca está secuestrada y empobreciéndose.

Juan de la Borbolla R., catedrático universitario
(v.pág.4-A de El Informador del 9 de octubre de 2006).

Alrededor de 80 simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial, "clausuraron parcialmente" la tienda Wal-Mart de Rafael Sanzio y Vallarta, en Zapopan. Los manifestantes bloquearon las cajas de la tienda, en "repudio al apoyo que dio esta tienda al actual presidente electo de México, Felipe Calderón; también por explotar a los trabajadores", aunque éstos reprobaron dicha acción.

(V.pág.1-B de El Informador del 9 de octubre de 2006).

Corrió el rumor de que nuestro ministro de Defensa se proponía esquivar cuidadosamente el posible juicio de la historia: ante la disyuntiva de arremeter en Guajaca para rescatar a sus sufridos ciudadanos, que no de otra cosa se trata la tan llevada y traída "represión", parece ser que dijo, o apuntó, o insinuó que él no deseaba ser juzgado en el futuro por cierta fiscalía especial para los delitos del pasado, o como se pudiera llamar el ente encargado, en algún gobierno democrático de esta república tan políticamente correcta y tan cuidadosa de las formas, de perseguir a los funcionarios que aplican la ley. Y bastó con que corriera la especie para que en la columna de chismes políticos de este diario nos fuera revelado que, por mantener el señor secretario tan encomiable postura, el presidente de México "ni siquiera le pidió que se preparara para actuar" en la capital de un estado donde, con el perdón de ustedes, no hacen falta fiscalías "especiales" -ni de ningún otro tipo- para determinar que se han cometido, ahí sí, delitos del presente y otros crímenes perfectamente tipificados en las leyes que nuestros gobernantes juraron hacer cumplir cuando aceptaron el cargo.

El presidente Fox, después de todo, es el comandante supremo de las fuerzas armadas. Usar la fuerza es responsabilidad exclusiva suya. Seguramente le preocupa, a él también, el juicio de la historia y la posible condena de un tribunal que, esperémoslo, no servirá en el futuro de sinecura a algún fiscal de modos ostentosos y gustos suntuarios ni desvirtuará tampoco términos como el de "genocidio" cuyo tremendo significado, hasta hace poco, no se prestaba al manoseo ni a la demagogia populista. Más allá de estas puntualizaciones, la decisión de afrontar los juicios, los cargos y las condenas le corresponde al presidente de la república. Desafortunadamente, pareciera que la campaña de acoso y derribo emprendida por López Obrador ha rendido algunos frutos: algunos comienzan a olvidar que somos un país serio, legal, democrático y de instituciones. Gobernar, en el México de hoy, no es delinquir; aplicar la ley no es reprimir; y, sobre todo, garantizar el estado de derecho no es una cuestión opcional. Es una obligación.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 8 de octubre de 2006).

Un país integra sus gobiernos con ciudadanos formados por su propia sociedad, de manera que el pavor a disciplinar ha llegado a los tres niveles de gobierno, convirtiéndose éste en un simple gerente que nomás sabe cobrar impuestos, pero que evade cualquier otra responsabilidad; empezando con poner orden y castigar a los violadores de la ley. Es tal el pavor de los actuales gobiernos a disciplinar, que confunden la represión con la simple aplicación de la ley, lo cual -y esto es lo grave-, nos está llevando a niveles de ingobernabilidad realmente peligrosos.

Manuel Hernández Gómez
(v.pág.4-A de El Informador del 7 de octubre de 2006).

En Oaxaca, debe intervenir la fuerza pública para restablecer el orden y el estado de derecho, manifestó el senador jalisciense, Alberto Cárdenas Jiménez.

"A Oaxaca lo tienen atrapado, y por ello debe entrar la fuerza pública a poner orden, para eso es. Tal vez habrá más de algún golpe o un descalabrado por ahí, pero que se vea que hay gobierno, federal, estatal o municipal".

Asimismo, dijo que ya debe ponerse en la mesa la salida del gobernador, Ulises Ruiz, porque "ya no podrá sostenerse por mucho tiempo".

Alberto Cárdenas manifestó que siempre defenderá los derechos humanos, pero este asunto ya requiere de la fuerza pública y hay que ponerle orden".

Manifestó que no es posible que "un grupo de porros urbanos", tomen un movimiento y lo hagan grande, lo exploten e impidan cualquier solución, dijo Cárdenas Jiménez en referencia al Ejército Popular Revolucionario.

No debemos permitir, que un movimiento como ése "atrape" a una entidad federativa, en donde ya hay tantas manos dentro, que la solución se ha vuelto mucho más compleja.

Esto debe servir de ejemplo a otras entidades federativas, para que "cuando se encienda la mecha, apaguen el fuego y mojen la pólvora".

(V.pág.5-A de El Informador del 7 de octubre de 2006).

Este año, y con 10 nuevos reportados ayer, todos en Zapopan, ya son 230 los casos de intoxicación por clenbuterol. Es decir, en promedio casi uno al día. El récord ya se rompió. En 2005 hubo 225.

3 minutos
(v.contraportada del periódico Público del 6 de octubre de 2006).

En el conflicto de Oaxaca, la llamada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y los maestros, tienen la habilidad (que más bien es cinismo) de voltear las cosas, pues ahora resulta que usar la fuerza pública para impedir sus desmanes y desalojarlos sería mancharse de sangre, un acoso y una provocación.

La fuerza pública debe usarse cuando la ley se viola, y debe usarse bien. Esto es sin abusos, en la medida suficiente para someter al delincuente, y sin tortura posterior.

Un ejemplo de buen uso de la fuerza pública lo vimos este 2 de octubre en Guadalajara, cuando la policía tapatía detuvo a seis jóvenes que marcharon en apoyo de la APPO, por graffitear una estatua de Efraín González Luna en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres con una leyenda que decía: "Puto, 2 de octubre no se olvida".

Y para que los simpatizantes de la APPO después no volteen las cosas tomen nota de lo siguiente: los detuvieron por graffitear, no por manifestarse.

Cuando alguien viola la ley, eso es exactamente lo que hay que hacer y a la primera. No como en el caso de Oaxaca en el que no sólo graffitean, sino que cometen toda clase de tropelías "pitorreándose" de las autoridades, y exigiendo la cabeza del gobernador.

Es un error sentarse a negociar con una contraparte que mientras lo hace tiene secuestrada una ciudad.

Primero vuelven al cauce de la ley y luego todas las pláticas que quieran. No se negocia con delincuentes, como tampoco se negocia con terroristas.

En el caso de Oaxaca, en el caso de Atenco, en el caso de los plantones en Reforma, etcétera, el razonamiento para el uso de la fuerza es simple: están violando la ley y afectando derechos de terceros.

Tan bien lo saben, que por ello todos los dirigentes de movimientos como los de la APPO, del magisterio, o del Frente Amplio Progresista, le "exigen" al presidente que "no se manche las manos de sangre", y que "ponga freno a sus deseos de usar el ejército en contra del movimiento".

¿Quién es el que se mancha de sangre, quién es el provocador: el que abusa de su derecho a manifestar sus inconformidades, intereses personales o partidistas violando derechos de terceros, alterando el orden público y la paz social, o el que en defensa del estado de derecho y del bienestar colectivo, y en ejercicio de las facultades conferidas por la propia ley, utiliza la fuerza pública para restablecer el orden?

¿Quién es el violento: el que por la fuerza invade y se adueña de espacios y recintos públicos, o el estado que usa la fuerza pública para liberarlos?

¿Cuál es el camino correcto para destituir un gobernador: el de las presiones, invasiones y bloqueos a las actividades legítimas de los demás, o el de las urnas y las leyes establecidas por la democracia?

Salvo para aquellos que crean que en los golpes de estado, en la ley de la selva, o en dictaduras totalitarias, las respuestas a lo anterior son más que obvias:

El provocador, el que se mancha de sangre no es el estado que usa la fuerza pública para restablecer el orden y hacer respetar la ley, sino el que viola la ley e incita a la rebelión.

Ellos son los responsables de los males que sus actos provocan, incluyendo hechos de sangre, si llegara a haberlos.

Falla el estado si no usa la fuerza pública para restablecer el orden. Si cede a presiones de un grupo violento.

Si Fox o Abascal deciden usar la fuerza para restablecer el orden en Oaxaca y en cualquier otro lugar del país, y si por ello llegara a haber muertos o heridos, sus conciencias deben estar tranquilas, pues es su obligación hacer que la ley se respete.

Por supuesto que deben sentarse a negociar, pero no cuando una de las partes tiene agarrada a la otra por los h... Eso no es una negociación. Eso es un chantaje, una extorsión. Y también es un delito.

La democracia no consiste en que cada uno pueda hacer lo que quiere. A eso se le llama "anarquía".

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 5 de octubre de 2006).

Yo digo que muchos de los problemas de México se deben a la falta de respeto a la ley. La ley es letra muerta aquí; tiene la misma calidad de ese mítico objeto que nadie ha visto nunca y todos citan: la carabina de Ambrosio. En otras partes la ley y sus representantes están investidos de una cierta majestad que se traduce en el apego de los ciudadanos al orden jurídico. El policía es respetado; pocos se atreven a mentirle a un juez, y quienes lo hacen se exponen a severos castigos por perjurio. Aquí lo primero que aprenden quienes tienen por oficio el manejo de las leyes es a mentir, pues saben bien que ninguna consecuencia derivará de sus mentiras. En las películas de vaqueros llamar a alguien "mentiroso" es insultarlo gravemente. "Are you callin' me a liar?", pregunta el ofendido acercando la mano a la pistola. Acá, en cambio, decimos con orgullo: "Soy hombre de una sola palabra: rájome". Urge un cambio en la educación, porque hemos dedicado el tiempo -en el mejor de los casos- a enseñar aptitudes, y nos hemos olvidado de enseñar actitudes. Se empieza rayando las paredes con grafitos y se termina destruyendo una ciudad, como se ve en Oaxaca. Se empieza mintiendo y violando la ley para postularse candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal y se termina declarándose "Presidente Legítimo" de México. En ésas seguiremos mientras no hagamos que ley sea letra viva en vez de que siga siendo letra muerta. En esas seguiremos hasta que aprendamos civismo en vez de ser aprendices eternos de cinismo...

Armando Fuentas Aguirre "Catón"
(v.pág.9 del periódico Mural del 5 de octubre de 2006).

En el derecho mexicano las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación generan efectos única y exclusivamente respecto del asunto a que se refieren, y que aun cuando se genera jurisprudencia ésta es obligatoria sólo para los órganos del poder judicial federal. Es decir, el tribunal constitucional no legisla, potestad que es propia de los congresos. De ese modo, y tal contradicción es frecuente en materia fiscal, concurren circunstancias opuestas: están vigentes y se aplican leyes que han sido consideradas contrarias a la Constitución en casos resueltos por los tribunales federales.

Miguel Angel Granados Chapa
(v.pág.9 del periódico Mural del 5 de octubre de 2006).

La crisis de gobernabilidad en Oaxaca es un desafío al orden constitucional. Lo es en primer lugar porque las actividades de muchos de los manifestantes están fuera de la ley. También porque la solución aparente de desaparecer los poderes en la entidad representa un golpe político, que puede llegar a ser inconstitucional. Además, porque el crecimiento de la impunidad registrada en aquella región ha abierto la puerta a la operación de la delincuencia organizada que puede asociarse a los grupos de agitación y generar un desafío mayor para la seguridad nacional.

Pero además del reto jurídico y político, es un hecho social que tiene efectos nacionales muy negativos. En una sociedad en donde la información se difunde tan inmediata como coloridamente, el efecto "didáctico" que tienen los hechos de Oaxaca es muy delicado; más, si consideramos el clima político en regiones como Chiapas, Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, en donde la seguridad pública pende de hilos tan delgados que pueden generar temor generalizado muy rápidamente.

El precio de someter la aplicación de la ley a los acuerdos políticos tomados en la sombra, es la permanente sospecha. Aplicar la ley dentro del entendimiento político con el PRI y el PRD es el reto que esta administración no ha logrado en ninguno de los conflictos a los que se ha enfrentado. Se ha replegado en todos los casos por el temor a perder popularidad, el eje de la actual administración, y ha dado prioridad a la imagen sobre los hechos.

Ahora ha llegado la hora de invertir las prioridades y acometer los hechos, pagando el costo político de aplicar la ley, sin romper el entendimiento político con las fuerzas sociales.

Por otra parte, una operación fallida puede desencadenar consecuencias regionales graves en el sur, que tendría mártires de la represión foxista, el fantasma que seguramente hace que se prescriban sedantes en Los Pinos.

Si Fox no aplica la ley sometiéndola a acuerdos políticos, sentará un precedente negativo para Calderón; si la aplica con torpeza, habrá desencadenado un problema de agitación, que deberá resolver antes del primero de diciembre. Es cuestión de negociación política con el límite de la ley, haciendo uso eficiente del poder del estado. El uso de la ley es distinto al uso de la fuerza, como el uso de la política es distinto al uso de la agitación. Esta semana veremos qué impera, si la ley o la agitación; o la fuerza o la política.

Luis Salomón, doctor en Derecho
(v.pág.4-A de El Informador del 4 de octubre de 2006).

Si con la promulgación de leyes bastara, ¿cómo es que uno de los depredadores más temidos de los mares, el tiburón, ha terminado por ser depredado abusivamente por uno de los animales más temibles de la Tierra: el hombre? La Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado fue creada en 1993 para proteger a la vaquita marina, la totoaba, el palmoteador de Yuma y el pez cachorrito del desierto. Los reglamentos especifican, claro, que las artes de pesca no deben capturar más de cierta cantidad de ejemplares en forma accidental. Pero, ¿cómo se enteran las artes de pesca del contenido de los decretos? Por cada kilogramo de camarón, las redes capturan más de 10 kilogramos de otras especies, que luego desechan, tiburones entre ellas. Las redes nada saben de leyes.

En el otro extremo de la república, en la reserva de Los Tuxtlas, Veracruz, habitan especies como el grisón, el jaguar, el mono araña, el saraguato, el ocelote y la nutria, una de las zonas de reproducción de aves salvajes más ricas del país y, por desgracia, también lugar donde la ganadería intensiva y los cultivos de maíz son más problemáticos, pues se realizan en zonas con pendientes pronunciadas. El método de roza, tumba y quema es una práctica común en la agricultura en México, que se realiza antes de sembrar para limpiar los predios, principalmente en zonas selváticas. Este método está relacionado con la degradación del medio ambiente, ya que los suelos selváticos no son muy fértiles, y se abandonan para talar y quemar otros predios. Además de la tala, las quemas no son controladas y provocan la mayoría de los incendios que ocurren en el país, los cuales han devastado amplias zonas de las reservas de LacanTún o la Encrucijada en Chiapas.

La ley prohibe esta usanza, sí, pero ¿existen suficientes guardabosques para evitar la caza furtiva? ¿Suficientes recursos para perseguir y castigar a los transgresores? No. Diversas especies de pericos, como el loro de cabeza azul o el loro de nuca amarilla, son extraídas impunemente de las reservas ubicadas en los estados de Chiapas, Campeche y Veracruz. La cacería de Jaguar, uno de los animales más emblemáticos de la mitología mexicana maya, zapoteca y mexica, se realiza de manera ilícita, no obstante que la Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche, con más de 723,000 hectáreas, fue creada en 1989 para proteger tanto al jaguar como a la mayor reserva de bosque tropical del país. En la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, ubicada en los estados de Puebla y Oaxaca, se realiza, además, saqueo y tráfico de cactáceas.

Todos los días, "el Tongo" y su hijo, "el Tonguito", suben al Cerro Altamirano, en Michoacán, a atrapar coyotes, venados, cenzontles, mapaches y aun víboras y tarántulas... de ello viven...

Muchas veces la titánica tarea de defender las áreas naturales semeja al mito de Sísifo: después de salvarlas, las fuerzas de la depredación regresan, y de nuevo hay que emprender su defensa en un ciclo del que unca nos sustraemos.

Homero Aridjis y Juan Carlos Cantú
(v.pág.67 de National Geographic en español de octubre de 2006).

Es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en alerta roja, la APPO, que dispone de cientos de jóvenes armados y resueltos para garantizar que cualquier intento por restablecer la ley y el orden en Oaxaca signifique un baño de sangre, un precio al que apuestan, el gobierno federal no está dispuesto a pagar y por lo tanto les permite cuestionar impunemente y por tiempo indefinido el estado de derecho.

Ni siquiera el cineasta más creativo hubiera explorado la idea de que el grupo que impone su propia ley amedrentando a la población, saqueando negocios, realizando rondines, barricadas y secuestros extendiera su afán por humillar al gobierno federal -y a todos los mexicanos que aún creen en el imperio del estado de derecho y de las instituciones- al advertir que "una intervención armada sería una pésima señal para todo el pueblo de México", pero se trata de Oaxaca y de la APPO.

Ningún problema se resolvió nunca ignorándolo. Hoy Oaxaca cobra su factura por la torpeza e incapacidad a las distintas esferas de gobierno que permitieron -por acción u omisión- que las cosas llegaran a tal nivel.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 30 de septiembre de 2006).

Grave error del gobierno federal: su negligencia de entrarle rápidamente al conflicto, permitió que se fuera agravando dramáticamente la [in]gobernabilidad en el estado [de Oaxaca] y que hoy no sea reconocido ni siquiera como mediador. El segundo error de la administración del presidente Fox es tal vez más grave y se remonta a la política pública que inculcó Fox desde el inicio de su presidencia: Desde el principio nos hizo entender a todos su reticencia de hacer uso de la fuerza en contra de aquellos que violentaban el estado de derecho y la gobernabilidad. Y esta percepción que se tiene del estado mexicano, de que negociarían todo, por no sacar las fuerzas de seguridad, básicamente ha debilitado enormemente al gobierno mexicano en su capacidad de enfrentar protestas y a grupos violentos. Aunque el uso de la fuerza debe de ser la última instancia que tiene el gobierno, los actores que amenazan y usan la violencia y la intimidación para obtener sus objetivos, tienen que saber, y temer, las consecuencias de no llegar a un acuerdo negociado. El gobierno tiene que negociar con la zanahoria en una mano y con el garrote en la otra.

Ana María Salazar, académica del ITAM
(v.pág.4-A de El Informador del 30 de septiembre de 2006).

La Secretaría de Salud Jalisco a través de la Dirección General de Salud Pública, reportó como positivos 18 casos de intoxicación por clenbuterol. Se registraron tres brotes en los municipios de Colotlán, Arandas y Mascota. Con lo que se totalizan 220 casos en el estado en lo que va del año, con la siguiente distribución por año:

Año	Casos
2002	114
2003	9
2004	49
2005	225
2006	220

El clenbuterol es un medicamento beta-análogo de uso prohibido por la Norma Oficial Mexicana 061 (Sagarpa) y es utilizado para incrementar el volumen de la masa muscular en el ganado.

(V.pág.7-B de El Informador del 30 de septiembre de 2006).

Yo he sido la víctima de un sistema que castiga a quien dice la verdad, que da por hecho que las víctimas mienten, y que los victimarios alguna razón habìan de tener para operar de tan violentas maneras.

Lydia Cacho
(v.pág.23 de la revista Tentación de El Informador del 30 de septiembre de 2006).

Durante dos horas, integrantes del sindicato electricista realizaron manifestaciones afuera de la Secretaría de Energía, de Hacienda y de la Comisión Reguladora de Energía contra la apertura del sector energético.

Un grupo de 600 trabajadores del SME y perredistas, según cálculos de policías de vialidad capitalina, cerraron el tráfico de la avenida Insurgentes durante la manifestación frente a la Secretaría de Energía, en la Colonia del Valle.

(V.pág.6 del periódico Mural del 28 de septiembre de 2006).

Un paro general en el transporte público de Morelia y en el puerto de Lázaro Cárdenas causó ayer estragos entre la población y automovilistas michoacanos.

Desde las 7:00 y hasta las 15:00 horas, unos 400,000 usuarios se quedaron sin el servicio de pasaje en pleno día hábil, de 600,000 pasajeros que se movilizan cotidianamente en esta ciudad en el transporte público.

Los transportistas se apropiaron del centro histórico con una exigencia: el cese a una supuesta entrega indiscriminada de concesiones.

Alrededor de 4,000 unidades de diferentes rutas permanecieron varadas en el centro histórico durante toda la mañana y parte de la tarde. El bloqueo abarcó 17 cuadras lineales sobre la Avenida Madero.

Fue uno de los peores caos viales del año reconoció la oficina de Comunicación de Tránsito del Estado, ya que obligó al cierre de varias calles aledañas para desviar la circulación.

En el paro participaron tres de las organizaciones más poderosas en la entidad, como los choferes afiliados a la Comisión Reguladora del Transporte, a la Corporación Michoacana de Transportistas y a la Unión Nacional de Trabajadores.

Al menos 12 rutas -de 28 que operan en Morelia- suspendieron ayer el servicio por ocho horas.

Al mediodía, el Gobierno del Estado retó a los paristas a presentar pruebas del presunto reparto ilegal de concesiones.

El bloqueo terminó cuando el gobierno estatal ofreció revisar la exigencia de los transportistas explicó José Martínez Pasalagua, dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte.

(V.pág.7 del periódico Mural del 28 de septiembre de 2006).

Fuerza no, dice la fuerza.

Son de risa, o de llanto, las opiniones sobre el caso Oaxaca.

Que se resuelva ya, pero sin ejercer la fuerza pública.

¿Cuándo se debe hacer uso de la fuerza pública?

Sólo en casos extremos, o sea nunca.

No basta el bloqueo de calles.
No basta la agresión a las personas.
No basta la violación a las leyes.
No basta el intento de secuestro.
No basta acabar la economía turística.

México es rehén del síndrome del 68.

La fuerza la pueden ejercer todos, menos la autoridad.

¿Y los famosos derechos humanos?

Que se diga claro:
Sólo podrá ejercer la fuerza pública el último sobreviviente de los pacíficos.

¡Qué país!

Nemesio Maisterra
(v.pág.8 del periódico Mural del 28 de septiembre de 2006).

Seguramente muchos oaxaqueños se preguntan: ¿Por qué buscar el beneficio de 70,000 profesores sin importar que se dañe a más de 400,000 ciudadanos? ¿Por qué convertir las demandas laborales en demandas políticas por intereses de grupo o individuales, sin importar que se asfixie a una ciudad que vive del turismo?

Guadalupe Loaeza
(v.pág.10 del periódico Mural del 28 de septiembre de 2006).

En este país se está haciendo común ver a grupos que con violencia (a veces sólo con la amenaza) asustan al gobierno del estado o federal y lo arrincona como a gatito asustado. Aquí en México, un grupo de gente armada con machetes se opuso a la construcción de un aeropuerto en San Salvador Atenco y no hubo reacción por parte del gobierno, cuando en este país y en cualquier otro, caminar por la calle armado con una navajita es razón de más para acabar en la cárcel. Por supuesto que un grupo numeroso y armado que va agrediendo a la población civil no es razón suficiente para el gobierno federal para actuar y proteger a la población. Un grupo de perredistas toma las calles del centro de la Ciudad de México, bloquea las calles y la Avenida Reforma por semanas y el gobierno se sigue escondiendo, asustado, pues se están "manifestando pacíficamente". Además, en el Distrito Federal cualquiera puede bloquear carreteras por horas sin temor a ser detenido, cuando obstruir las vías de comunicación es un delito que marca la ley. ¡Y todavía el gobierno federal se indigna con las palabras del embajador Antonio Garza cuando alertó a los turistas estadounidenses a tener cuidado cuando viajen al país! Si Felipe Calderón continúa con la tradición de este gobierno y no actúa en consecuencia, cometerá el mismo error de Fox y seguirá llevando al país hacia la espiral de violencia incontrolable a la que se está yendo.

Su primer prueba será el día de toma de posesión del cargo. No debe ceder a la violencia disfrazada de "manifestación" de los perredistas.

Luis I.Fadl
(v.pág.10 "Cartas del lector" del periódico Mural del 28 de septiembre de 2006).

Cualquier autoridad que se respeta, haciendo uso de sus atribuciones y obligaciones, debe sujetar a todos los miembros de la comunidad al marco jurídico vigente, y en caso necesario debe hacer uso de la fuerza para mantener el orden social establecido, sin remordimiento y sin distinción, ya que todos los ciudadanos estamos sujetos a las mismas leyes. Para la autoridad, castigar a quienes incurren en faltas no es una opción, es una obligación; pero hace falta inteligencia para comprender la obligatoriedad de las funciones. La tolerancia no faculta a ninguna autoridad a que incumpla sus obligaciones. Si la autoridad, bajo cualquier pretexto, aplica la ley de manera selectiva, se hace acreedora a las sanciones estipuladas en los respectivos ordenamientos. La autoridad que no respeta ni hace respetar la ley, aparte de que no se respeta a sí misma, convierte nuestros códigos y reglamentos en una vil y vulgar caricatura, y por ende debe abandonar el cargo para permitir que quienes sí comprenden la diferencia entre tolerancia y comisión de delitos castiguen a los criminales.

Si a las lagunas y errores de nuestra legislación, añadimos la "actitud tolerante" de los encargados de aplicar la ley, resulta que sólo son delincuentes quienes no cuentan con recursos para pagar un abogado que utilice las negligencias legales en su favor. Esta situación es una clara discriminación y la discriminación está prohibida terminantemente en nuestra Carta Magna.

Ing.Bernardo Vázquez Rodríguez
(v.pág.6-A "Buzón de nuestros lectores" de El Informador del 27 de septiembre de 2006).

Los mandatarios estatales Pablo Salazar Mendiguchía, Fidel Herrera, Lázaro Cárdenas Batel y Zeferino Torreblanca se han convertido en nuevos blancos de grupos sociales en su entidad que, inspirados en la APPO, también contemplan derrocar a estas administraciones estatales.

Juan Manuel López Sarzosa, de la Unión Nacional de Organizaciones Populares, reconoció que el movimiento oaxaqueño ha puesto la muestra a otras entidades. "Ya contamos con una adhesión de poco más de 1,700 organizaciones populares en todo el país, esperando llegar a sumar un poco más de 3,000 organizaciones sociales", dice.

En Guerrero, son 27 las organizaciones sociales junto al Frente Francisco Villa, las que han acordado organizarse con el nombre la Asamblea Popular del Pueblo. Buscarán una audiencia popular con el mandatario guerrerense, en la que se exigirá la destitución de aquellos funcionarios que no han cumplido con su función.

A semejanza de Oaxaca, en Guerrero el magisterio conforma también la mayor fuerza activa de lucha de APPG, con sus cerca de 40,000 activistas adheridos a la sección sindical 14 de la SNTE, también reconocido como un brazo de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En Michoacán han logrado sumarse al movimiento popular y civil un poco de más de 200 organizaciones sociales a lado de la fuerza sindical magisterial unificada en la sección 18 de la SNTE.

(V.pág.18 del periódico Público del 24 de septiembre de 2006).

No ha sido estéril el azuzamiento de Andrés Manuel López Obrador contra periodistas y medios que ejercen el oficio de informar y opinar con libertad y sin fanatismos.

Ayer un grupo de porristas bloqueó un par de horas Televisa Chapultepec.

Los animadores fueron dos relevantes colaboradores del jefe electo de Gobierno del DF: el dirigente del PRD en la capital, Martí Batres, y el rompesacos de Diego Fernández de Cevallos, Luis Bravo Pérez (El Tíbiri Tábara), asistidos por la actriz Jesusa Rodríguez, el cronista Jaime Avilés y, en el coro, una turba de simpatizantes.

Carlos Marín
(v.primera plana del periódico Público del 22 de septiembre de 2006).

Al menos 35,000 estudiantes se quedarán sin clases luego de que la APPO impulsó un paro indefinido de labores en las preparatorias y facultades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Más de 500 alumnos de la Coordinadora Estudiantil Universitaria de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca participaron en la toma de las instalaciones este jueves, produciéndose algunos conatos de bronca con estudiantes que no llegaron a mayores.

(V.pág.24 del periódico Público del 22 de septiembre de 2006).

Para hablar de lo que el gobierno debe o puede hacer con respecto a las resoluciones de la mal llamada Convención Nacional Democrática en la que López Obrador humildemente "aceptó" el cargo de presidente que él mismo propuso, me parece indispensable que primero lean el artículo 130 del Código Penal Federal, que a continuación les transcribo y que trata acerca del delito de sedición:

"Artículo 130. Se aplicará la pena de seis meses a ocho años de prisión y multa de hasta diez mil pesos, a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132."

"A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el Delito de Sedición, se aplicará la pena de cinco a quince años de prisión y multa de hasta veinte mil pesos."

Y las finalidades a que se refiere el artículo 132 y que tienen que ver con la Rebelión son:

I - Abolir o reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II - Reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación, o su libre ejercicio;
III - Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la Federación...

Lo anterior no deja duda de que López Obrador, sus seguidores y quienes los apoyan económicamente, estarían cometiendo el delito de sedición.

La sedición es una rebelión sin armas, una rebelión "light". Es "mandar al diablo" a la autoridad y a las instituciones. Son incitaciones al descontento, a la insurrección y al desconocimiento de la autoridad legal.

Si bien el movimiento de Lopez Obrador hasta ahora no es una rebelión armada, no por ello deja de ser violento, y no porque a la resistencia civil le llamen pacífica es pacífica, pues, como sabemos, hay muchas clases de violencia, no sólo la de los golpes o las armas.

Violencia es toda acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, incluso la amenaza o coacción grave o reiterada que se produzca entre dos o más personas.

El movimiento lopezobradorista, con sus métodos, está provocando precisamente lo contrario a la paz: luchas y discordias, intranquilidad y desasosiego.

Gene Sharp, en su obra en tres volúmenes, "The Politics of nonviolent action" (Porter Sargent, Boston, 1973), hace un análisis de los diferentes métodos de luchas sociales sin violencia física que han sido utilizados en diferentes conflictos políticos a lo largo de la historia, habiendo identificado y catalogado 198 métodos que convierten estos libros en una especie de manual para luchadores sociales, y que pareciera que López Obrador sigue al pie de la letra.

Estos métodos han sido clasificados en tres categorías: persuasión y protesta no violenta, desobediencia (social, económica y política) e intervenciones no violentas.

Muchos de estos métodos, que por momentos hasta parecen ridículos, claramente han sido utilizados por el movimiento lopezobradorista y otros más seguramente podrían ser usados en el futuro. He aquí algunos de ellos:

En la categoría de Métodos de Persuasión están las declaraciones formales como: alocuciones públicas; declaraciones de acusación y de revelación de intenciones; peticiones en grupo o en masa; uso de eslóganes, banderas, caricaturas y símbolos en la vestimenta; exhibición de retratos; "pintas" de protesta; uso de signos y gestos groseros; "perseguir" y burlarse de las autoridades; marchas; funerales satíricos (ej."de la democracia").

En la categoría de desobediencias están, por ejemplo, el abandono de reuniones; guardar silencio; dar la espalda; no colaborar en acontecimientos, tradiciones e instituciones; boicots económicos; boicot de trabajadores; boicot de productores; rechazo de impuestos; huelgas simbólicas; huelgas de trabajo lento; desobediencias políticas como rechazo de la autoridad; boicot de los órganos legislativos, de elecciones, de empleos y cargos públicos; desobediencia civil de leyes "ilegales"; ineficacia deliberada.

Entre la categoría de intervenciones no violentas están: acosos; ocupación con sentada; ocupación de pie; obstrucciones con el cuerpo; entrar en un lugar hablando; encierro en el lugar de trabajo; trabajo sin colaboración; doble soberanía y gobierno paralelo (Irlanda, 1919)...

En suma, jorobar la paciencia (hasta que decidan aplicar la ley).

Como ven, hay cientos de formas de hacer imposible la vida nacional, y todo indica que esto es lo que pretenden hacer el PRD y López Obrador. Seguramente por ello es que en repetidas ocasiones han advertido que no nos la vamos a acabar.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 7 de septiembre de 2006).

Este 19 de septiembre, un grupo de unos 150 policías de Naucalpan, molestos porque se les había modificado su horario de trabajo, bloquearon el Periférico Norte durante tres horas y provocaron un enorme caos vial que afectó a cientos de miles de personas, muchas de las cuales nunca supieron por qué se había colapsado el tránsito en el norte de la Ciudad de México. El presidente municipal de Naucalpan, el panista José Luis Durán, afirmó en un principio que se destituiría a los involucrados en el bloqueo. Al final, como es usual en estos casos, ello no ocurrió.

De hecho, no podemos sorprendernos de que los policías hayan recurrido al bloqueo. Los distintos gobiernos de nuestro país han lanzado reiteradamente el mensaje de que los plantones que afectan a terceros son una forma no sólo permitida sino aceptada de hacer peticiones a la autoridad. El gobierno perredista del Distrito Federal estuvo apoyando y financiando el prolongado bloqueo del Paseo de la Reforma y el Centro Histórico de la Ciudad de México que concluyó el 15 de septiembre.

En una reunión con el consejo editorial del Wall Street Journal en Nueva York, el presidente Vicente Fox señaló este 19 de septiembre que no está de acuerdo en el uso de la fuerza pública, ni siquiera en casos en que ésta se encuentra justificada. El se refirió específicamente a Oaxaca, que lleva ya cuatro meses tomada por grupos radicales. Con esta respuesta, el presidente mandó una señal de que dejará que Oaxaca siga sufriendo los efectos del plantón sin tomar ninguna medida para defender los derechos de los oaxaqueños.

Mucha gente -claramente no la directamente afectada por los bloqueos- defiende esta posición. Considera que la fuerza pública no debe usarse nunca en contra de grupos políticos hagan lo que hagan. Lo único que puede hacer la autoridad, según este punto de vista, es esperar pacientemente a que los radicales obtengan lo que exigen o a que se cansen de violar los derechos de terceros.

Pero esta posición es inaceptable. Para empezar, no es cierto que en nuestro país se permita cualquier tipo de protesta. El presidente sí ha utilizado la fuerza pública, pero sólo para defender sus propios intereses. Recordemos el importante despliegue de fuerza pública que se hizo el 1 de septiembre que tenía como objeto permitirle a Fox llegar al Palacio Legislativo. Si esos mismos efectivos se hubieran utilizado para liberar Oaxaca, hace ya mucho tiempo que esa ciudad tendría una vida normal.

Los políticos se niegan usar la fuerza pública para evitarse problemas en lo personal. Un gobernante que actúa con decisión será siempre objeto de críticas por parte de los grupos políticos que se le oponen. Una acción policiaca, por otra parte, puede provocar heridos o incluso muertos. Al costo político que esto implica, se añade la posibilidad de que se ejerzan acciones penales en el futuro. Las denuncias en contra del ex presidente Luis Echeverría y de otros altos funcionarios del gobierno mexicano de las décadas de 1960 y 1970 son el ejemplo que los políticos actuales quieren evitar.

Al negarse a hacer uso de la fuerza pública, sin embargo, nuestros gobernantes no sólo están endosando el costo de las protestas a ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad en lo que ocurre sino que están abiertamente violando su juramento de "guardar y hacer guardar... las leyes".

Lo peor de todo es que los grupos radicales que se han acostumbrado a usar los bloqueos como forma de protesta cada vez necesitan ir más lejos. Hacer un plantón en una calle durante un par de horas ya no es suficiente para llamar la atención de los medios de comunicación o de los políticos. Ahora es necesario asfixiar a una ciudad, como lo ha hecho la APPO con Oaxaca. Y si no quieren volverse irrelevantes, estos grupos tienen que escalar cada vez más sus movilizaciones.

La autoridad no puede seguir cruzándose de brazos. Cada vez que se permite un bloqueo de una calle, de una vía rápida o de una ciudad, se siembran las semillas para nuevas acciones de este tipo. Si la autoridad se sigue negando a actuar, tarde o temprano tendrán que ser los propios ciudadanos los que tomen medidas en contra de quienes violan sus derechos.

En todas las sociedades modernas hay una fuerza pública cuya función es hacer cumplir la ley y defender los derechos de los ciudadanos. Si la fuerza pública no cumple con su trabajo, la sociedad se convertirá en rehén o tendrá que hacerse justicia por propia mano. En aras de evitar una supuesta violencia por la aplicación de la ley, las autoridades sólo han conseguido el abuso constante de los derechos de los ciudadanos. Se está estableciendo la ley de la selva en nuestro país. Y en ésta sólo se benefician los más fuertes.

Los militantes de la APPO se dirigen ahora a la Ciudad de México. Y es lógico: el secuestro de Oaxaca ya no sirve a sus propósitos. Hoy necesitan escalar sus acciones y buscarán, por lo tanto, asfixiar al Distrito Federal. El gobierno capitalino ya informó que les dará todas las facilidades necesarias. Y el presidente Fox seguirá manteniendo inútiles mesas de diálogo, que ni pueden conseguir la renuncia del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, ni pueden recurrir a la fuerza pública para evitar que la APPO siga violando los derechos de terceros.

Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 7 de septiembre de 2006).

La autoridad -de cualquier nivel- tiene como máxima responsabilidad el dotar de certidumbre a las relaciones sociales mediante la imposición (incluso mediante el uso de la fuerza pública) del marco jurídico vigente, y garantizar la seguridad pública. El incumplimiento cuestiona su viabilidad como instancia gubernamental.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 20 de septiembre de 2006).

Lo cerrado de la elección y las irregularidades del proceso dan pie al reclamo de los lopezobradoristas. Es difícil aceptar la derrota en esas condiciones. Pero las estrategias que han seguido me llevan a muchas confusiones.

Por una parte, aceptan a las instituciones del sistema en los gobiernos y legisladores que ganaron en la elección pasada y, por otra, rechazan a dichas instituciones para el caso de la Presidencia de la República, que perdieron. Los senadores y diputados del PRD que recientemente tomaron posesión de sus curules, también desconocieron a Felipe Calderón como presidente electo. No es lógico (y no sé si sea legal) que miembros del poder legislativo desconozcan al poder ejecutivo que fue electo por los mismos ciudadanos y en el mismo proceso que los propios senadores y diputados. Por supuesto que entre los poderes debe haber independencia, pero con respeto, que debe iniciar con el reconocimiento mutuo.

La postura tomada por los legisladores del PRD está provocando que la segunda fuerza en la Cámara de Diputados disminuya su presencia en las comisiones. Si el pueblo de México los puso como la segunda fuerza política, no deben dilapidar dicho capital. Los ciudadanos que votaron por los legisladores del PRD esperan que sus representantes trabajen por las causas que enarbolaron en sus campañas. Es deseable la presencia significativa de legisladores perredistas, en particular en las comisiones del ámbito social.

Los gobernadores del PRD, incluyendo al jefe de Gobierno del Distrito Federal, y las autoridades municipales emanadas de dicho partido, están en otra encrucijada. No pueden desconocer al gobierno federal y ser parte de la federación.

El nombramiento de "presidente legítimo" parece más un capricho que una estrategia, ya que para coordinar un movimiento de oposición, en lugar de ayudar estorba. Por supuesto que López Obrador es el que encabeza el movimiento de oposición, y por lo tanto lo preside. Por consecuencia, es el "presidente legítimo" de su movimiento, pero no de México. No puede tener facultades legales como presidente. Pierde capacidad de interlocución al ostentarse como "presidente legítimo", porque las autoridades constitucionales no podrán aceptarlo como tal, pero parece que a López Obrador no le interesa el diálogo con quienes no coinciden con él.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.blog del 20 de septiembre de 2006).

El Zócalo y el Paseo de la Reforma estuvieron en poder del PRD, cinco semanas, y nadie sabe si pasadas las fiestas patrias volverán. Por el tiempo invertido y la forma de actuar, parecen más bien huestes a sueldo del Gobierno del Distrito Federal. No es creíble que familias enteras y de limitados recursos puedan permanecer indefinidamente sin contar con los recursos, para por meses, hacer los "plantones".

Tiendas, toldos, enseres, cobijas y alimentos para miles de familias no provienen de bolsillos particulares. Las maquinaciones de resistencia y sublevación han sido elaboradas con experiencias guerrilleras. La torpe orden del gobierno federal de no hacer uso de la fuerza pública, hábilmente la cultivan y aplauden los beneficiarios de esa ingenua táctica.

Ni las contundentes declaraciones de rebeldía, de destruir las instituciones, de instalar otro gobierno y derogar la Constitución son calificadas como lo que son: Una clara y abierta rebelión. Los rebeldes nada tienen de estúpidos; hasta ahora no han hecho uso de las armas porque el gobierno ni ante las bofetadas, las injurias y la violación a las más elementales normas de convivencia responde con energía. Alarma que vea el Gobierno como algo natural que un grupo de legisladores impida al presidente el ingreso al Congreso para rendir su Informe.

Amargo y agrio es el "permiso" que dan los cabecillas para llevar a cabo el desfile del 16 de Septiembre. Por añadidura, se controvierte si el Ejército Nacional es una institución o sólo una parte del gobierno, y además, se cuestiona la participación de elementos del Estado Mayor. De esto es responsable Vicente Fox, porque él creó una absurda alternativa: Mal se vería que el Ejército los removiera; mejor que los opositores quedaran mal y lo impidieran. Los rebeldes sí saben su oficio: En una forma que suena a intención de burla, ellos van a permitir que las fuerzas armadas desfilen.

El señor Fox es presidente de México hasta el día 30 de noviembre, y por lo tanto, aún puede decretar la suspensión de garantías en el Distrito Federal y en Oaxaca. El Artículo 29 constitucional dice, en síntesis, que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, el presidente, de acuerdo con su gabinete y la aprobación del congreso, podrá suspender, en lugares determinados y por tiempo limitado, ciertas garantías individuales para hacer frente rápida y fácilmente a la situación.

López Obrador y los jefes de las "tribus" han dicho que concluida la etapa de resistencia civil, dará inicio la desobediencia y después las acciones que de acuerdo a las circunstancias más les convengan. Por lo pronto, tienen secuestrado al Estado de Oaxaca, y aunque el Senado haya dictaminado que no procede la desaparición de poderes, nada se ha hecho para rescatarlo de las bandas que lo invadieron.

Esta batalla la ganaron los rebeldes: el presidente se fue para dar el Grito (de dolor) a Dolores y entregó la plaza sin oponer resistencia.

Aún les queda el primero de diciembre para actos tumultuarios y todo el sexenio para agitar, hostilizar y sembrar el caos. Los motivos son sobrados para que en el Distrito Federal y en el Estado de Oaxaca se decrete la suspensión de garantías.

Alberto Orozco Romero, licenciado en Derecho y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 18 de septiembre de 2006).

El dato de los grupos extremistas, radicales, de fanáticos o como los quieran llamar las autoridades.

Si estos grupos existen, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman sus líderes? ¿Por qué existen?¿Por qué si son un riesgo para la seguridad de la población nadie hace nada? ¿Por qué no los detienen? ¿Sabe usted lo que significa insinuar siquiera que dentro de una alianza de partidos políticos hay algo parecido a un grupo de guerrilleros para una nación como la nuestra?

Alvaro Cueva
(v.pág.19 del periódico Público del 17 de septiembre de 2006).

Le pagaron a René Bejarano su respaldo a la campaña de Ebrard y AMLO y su participación en los bloqueos: un juez lo exoneró porque -he ahí la trampa- la procuraduría capitalina no aportó "pruebas suficientes".

Joaquín López-Dóriga V.
(v.pág.2 del periódico Público del 15 de septiembre de 2006).

A pesar del paro de cuatro meses, interrumpido por dos semanas de improvisadas clases para cubrir el expediente, los maestros de Oaxaca han recibido su salario íntegro hasta ahora. Apenas esta quincena se les han retenido los pagos por primera vez.

La verdad es que la enorme mayoría de los 80,000 maestros de Oaxaca no parecen apoyar el movimiento montado por sus líderes y continuado posteriormente por la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaca. Pero no han tenido ningún incentivo para oponerse, ya que han recibido su ingreso de manera regular. De alguna manera, el propio Gobierno de Oaxaca ha estado subsidiando el movimiento que ha paralizado al estado.

La fuerza real del movimiento la dan, por supuesto, los 80,000 maestros del estado. Pero éstos no están en el bloqueo. Los bloqueos y barricadas los están operando algunos centenares de activistas, muchos de la APPO. Y sus objetivos no son los del magisterio. Esto queda claro en el hecho de que su exigencia fundamental es la destitución del gobernador Ulises Ruiz. Pero ésta es una demanda que no será satisfecha.

La Secretaría de Gobernación federal ha mantenido hasta ahora una política de tratar de resolver el problema en las mesas de negociación. Me dicen que el propio secretario Carlos Abascal le advirtió al gobernador Ruiz que no usara la fuerza pública cuando, antes de las elecciones federales, éste trató de levantar el bloqueo. Al parecer ha habido otras ocasiones en que el gobernador ha actuado en contra de las instrucciones o sugerencias emanadas desde Bucareli.

No sé si las mesas de negociación en Gobernación habrán de dar mejores resultados en las próximas semanas. La información disponible sugiere que la sección 22 es relativamente flexible, pero que la APPO es absolutamente radical. El problema es que la situación en Oaxaca se ha convertido ya en una verdadera tragedia. Decenas de empresas han cerrado. Miles han perdido sus empleos. La pérdida de clases es un golpe brutal para un estado que registra ya los índices educativos más bajos del país. Oaxaca es una ciudad sin ley.

El actual Gobierno de la República no puede, no debe, heredarle este problema al siguiente presidente. La Secretaría de Gobernación debe saber que hay límites. Durante cuatro meses los ciudadanos de Oaxaca han sido objeto de abusos por parte de la sección 22 y de la APPO. Y si bien el gobernador Ruiz y el secretario Abascal pueden echarse la culpa mutuamente, la verdad es que a ojos de los ciudadanos no importa quién es el responsable. El hecho es que la ciudad está secuestrada y ninguna autoridad se atreve a hacer nada.

No sé cuánto tiempo vaya a darle el gobierno del presidente Fox a la Secretaría de Gobernación para tratar de resolver el problema por la vía de la negociación. Pero si no hay un acuerdo en los próximos días, la autoridad debe intervenir.

¿Habrá que utilizar la fuerza pública? No lo sé. Ha habido experiencias negativas en el pasado con el empleo de la policía para despejar bloqueos. Pero una autoridad no puede seguir siendo autoridad si no se atreve a aplicar la ley. Los funcionarios que cobran su sueldo en el Gobierno de Oaxaca y en la Secretaría de Gobernación juraron cumplir y hacer cumplir la ley en el momento en que prestaron juramento. Tarde o temprano tienen que ser fieles a su juramento, especialmente cuando se violan los derechos de los oaxaqueños.

Cuando el estado falla en su obligación de defender a los ciudadanos, a los ciudadanos no les queda más opción que defenderse ellos mismos. Y esto puede generar una guerra civil en la que los más débiles están siempre condenados a perder.

Sergio Sarmiento
(v.pág.10 del periódico Mural del 14 de septiembre de 2006).

Tal vez la principal función de un gobierno sea mantener el estado de derecho. El gobierno de Fox tiene saldo negativo en este rubro. El crimen organizado tiene cada vez mayor presencia y sus actos son cada vez más violentos.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.blog del 13 de septiembre de 2006).

Para colmo de nuestros males, tenemos el Pejelagarto, "provinciano ignorante, violento y fanático", tal como lo define Ikram Antaki, que ahora pretende llevar las cosas a un gobierno virtual, según manipule su convención democrática, como le ha llamado, retando al sistema y a sus instituciones, pilar de la verdadera democracia.

Estamos llegando -escribió Antaki- a tiempos fanáticos e inseguros; no es el cambio que soñábamos, no es un paso adelante, es un retroceso en esa atmósfera de intolerancia y de odio, de envidia, de maledicencia y de condena. La izquierda ignora, desprecia y viola la ley, además de que la considera como un instrumento de la burguesía: por todo esto creemos que nuestra historia está a prueba y no tiene fin, sino que todo parece se da la vuelta para regresar a donde estábamos hace un siglo. Hablar de vivir en un país donde hay un estado de derecho parece ser que es pura palabrería vacía y mentiras.

Martín Casillas de Alba
(v.pág.4-A de El Informador del 12 de septiembre de 2006).

Ante la inseguridad que vive la ciudad, vecinos y comerciantes han creado 17 "grupos de autodefensa" al margen de las autoridades oficiales y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Arturo Vázquez, dueño de la cantina Salón 21 y encargado de uno de estos comités de vigilancia, aseguró que se han armado con silbatos, palos, varillas y que incluso lo harán con armas de fuego "si es necesario".

Apenas ayer en la madrugada, uno de los grupos recién conformados debutó "exitosamente" deteniendo a cuatro jóvenes que supuestamente asaltaban a un transeúnte para continuar con su parranda.

Mediante el uso de silbatos, los vecinos de la colonia Alemán fueron advertidos y montaron un operativo de búsqueda en los alrededores, el cual llevó a la captura de Braulio Luna, Óscar Gómez, Manuel Guerra y Rodrigo Loeza, quienes después de ser sometidos fueron amarrados a un poste.

El director de la Policía Municipal, Aristeo López, reconoció a MILENIO la existencia de estos grupos y públicamente les pidió respetar"las garantías individuales" de sus detenidos.

"Es una buena medida, pero con respeto a la legalidad, porque no podemos hacer nosotros justicia por nuestra propia mano o porque se nos ocurra", opinó.

Por su parte, el regidor de colonias del ayuntamiento oaxaqueño, José Luís Reyes Mota, dijo "admirar y saludar" la organización de estos comités.

"Es una buena medida, válida ante la falta de elementos de seguridad que velen por la integridad de los ciudadanos y su patrimonio", consideró.

Otros comités se han instalado en la colonia Alemán, Reforma Agraria, Libertad, Volcanes y el Rosario, donde los vecinos también se auxilian de silbatos para alertar sobre algún acto delictivo.

En la agencia municipal de Pueblo Nuevo, los vecinos se organizaron cerrando los accesos por la noche, mismo que es resguardado por patrullas nocturnas integradas por cinco ciudadanos.

(V.pág.21 del periódico Público del 10 de septiembre de 2006).

La policía no existe, las noches se vuelven un espacio oscuro, lleno de desasosiego y de rencor. Cualquiera puede caer de pronto en la pesadilla de estar "en el lugar equivocado, en el momento equivocado". Los cohetones retumban en la bóveda nocturna, como aviso de una detención, una balacera, un desaguisado. Entonces impera eso que llaman "la ley de la selva".

No hay autoridad establecida, todo es desconcierto y absoluta ingobernabilidad. Por los suburbios de la ciudad proliferan las fogatas de guardias vecinales que hacen la justicia a su manera, de la forma más brutal y terrorífica, como colgar de un puente a cuatro presuntos asaltantes, para exhibirlos y luego entregarlos a la Asamblea Popular del Puebo de Oaxaca.

Es entonces cuando la APPO se ve constituida en poder de facto, porque hasta ahí les llega -hasta ese zócalo tomado- todo el recuento de detenciones, para aplicar una justicia tumultuaria que los obliga a juzgar hasta [a] los suyos.

(V.pág.2-A de El Informador del 9 de septiembre de 2006).

Publicada en El Informador el 9 de septiembre de 2006

Salvador Cosío Gaona

Aquí en la ciudad capital de Oaxaca los principales mandos policiacos del estado eran desalojados de sus oficinas por una brigada móvil del grupo opositor al gobernador Ulises Ruiz. Además, los miembros de la APPO apresaron a un funcionario público, lo golpearon, lo pintaron y lo mantuvo atado durante horas al kiosco del zócalo.

Ante la orden de un centenar de sus enemigos, el secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría; el director de Readaptación Social, el mayor Emilio Aquino; el director de Seguridad Pública estatal, José Francisco Pacheco, y el secretario del Consejo de Seguridad, José Marquez, tuvieron que abandonar su lugar de trabajo ayer al mediodía.

Otras de las oficinas estatales "clausuradas" por la brigada fueron el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la mayoría localizadas en el municipio de Santa Lucía del Camino.

También fueron clausurada la Procuraduría para la Defensa del Indígena y la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas, lo mismo que la Coordinación de Desarrollo Municipal.

La APPO creó una brigada móvil que funciona como policía: rondan la ciudad y determinan en qué oficinas públicas o privadas se están violando las reglas impuestas por la organización.
Por las noches existe un "toque de queda" que se inicia a las 21:00 horas. Barricadas alumbradas por fogatas se multiplican por la ciudad para detener autos y peatones. A los ciudadanos se les exige identificarse.
La mayor parte de las oficinas de gobierno permanencen cerradas desde hace más de un mes. Tiendas y escuelas privadas han sido víctimas de bloqueos.

(V.pág.26 del periódico Público del 8 de septiembre de 2006).

Porque desde hace dos años las comunidades rurales carecen de obra pública, el Comité Ciudadano de Tarimoro solicitó al arzobispo de Morelia, Alberto Suárez, regresar al estado al cura Alfredo Gallegos, conocido como el "Padre Pistolas".

El sacerdote, caracterizado por predicar en cantinas y vestir al estilo vaquero con pistolas a la cintura, actualmente predica en la comunidad de Chucándiro, Michoacán, por órdenes de Suárez Inda.

El "Padre Pistolas" realizó sus tareas de evangelización durante 26 años en la comunidad de Jaral del Refugio, Guanajuato, y llevó obra pública a comunidades de los municipios de Acámbaro y Tarimoro.

Según Jerónimo Torres, líder del Comité Ciudadano de Tarimoro, no descartan pedirle al "Padre Pistolas" que, de ser necesario, renuncie a su sacerdocio y busque un cargo de elección popular en Guanajuato.

"Los funcionarios ni caso nos hacen, cuando estaba él echaba tiros para que nos atendieran y le hacían caso", mencionó.

(V.pág.5 del periódico Mural del 7 de septiembre de 2006).

Ante la falta de autoridad, el quiosco del zócalo oaxaqueño se ha convertido en un "tribunal" popular.

Tan sólo del 20 de agosto a la fecha, nueve personas han sido detenidas y llevadas a la plaza pública para que una comisión de vigilancia de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca "juzgue" sus delitos.

Después de ser analizados los casos, se determina si son inocentes o culpables; si el "fallo" es en su contra, son sometidas a sanciones, que van desde barrer el zócalo hasta la tortura física.

(V.pág.5 del periódico Mural del 7 de septiembre de 2006).

Si López Obrador quiere realmente ayudar a los pobres y algún día ser presidente legítimo de todos los mexicanos, tiene que aceptar las reglas con las que entró al mismo juego que lo hizo jefe de Gobierno del DF y con las que se formaron su partido y la alianza que lo hizo candidato. No puede simplemente desconocer las reglas cuando éstas no le favorecen.

Ahora, si lo que quiere es ser presidente de los asistentes al Zócalo, que siga haciendo sus reglas y propuestas en las calles y banquetas del país. Pero sin estorbar.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 7 de septiembre de 2006).

El senador Carlos Navarrete no supo cómo salir del aprieto en que lo puso su caudillo. La tarde del viernes primero de septiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, la expresión había sido muy clara "¡Que se vayan al diablo con sus instituciones!".

López Obrador dijo lo que quiso decir, no lo que Navarrete pretendió escuchar: "Lo que les preocupa es que se llegue a la Convención Nacional Democrática, porque ya decidimos hacer a un lado esas instituciones caducas que no sirven para nada, e impulsar la revolución de la conciencia para que el pueblo decida. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! ¡Vamos a tener un gobierno de la república!".

No hay confusión posible, Navarrete y los demás perredistas deben decirnos con toda claridad si su partido, que con su registro compite en elecciones reguladas por instituciones como el IFE y los institutos electorales locales, se atiene o no a ellas. Que nos digan si seguirán ejerciendo el poder desde una de las instituciones que es el legislativo; si el jefe de Gobierno electo del Distrito Federal tomará posesión de ésa, que es otra de las instituciones del estado mexicano; si habrá Asamblea Legislativa en la capital del país, en donde ese partido domina, aunque sea también una de las instituciones que hay que mandar al diablo.

Víctor E.Wario Romo
(v.pág.4-A de El Informador del 4 de septiembre de 2006).

Es improbable que la autoridad vaya a valerse de la fuerza para poner fin a las manifestaciones de quienes se resisten a aceptar los resultados de las elecciones del pasado 2 de julio. La memoria del ´68 y el ´71 le atan las manos. Difícilmente cometerá el error de regalarles unos cuantos mártires a sus opositores. Está claro que, en ese aspecto, apuesta al recurso de la fatiga.

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.4-A de El Informador del 4 de septiembre de 2006).

Fracaso de los políticos profesionales. Y la pregunta es obligada: ¿Será posible el acuerdo algún día? La respuesta afirmativa depende de que los contendientes estén de acuerdo en la base mínima del estado vigente. Hoy no lo están, al menos en el discurso. Unos parecen ir por la perversión y otros por la subversión del marco legal. O se opera con la política o no habrá futuro político.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.19 del periódico Público del 3 de septiembre de 2006).

Si la insurrección consigue avanzar unos pasos, se le habrán terminado las opciones al gobierno de Vicente Fox. No puede jugar otros tres meses al "cuando el adversario se está haciendo pedazos él solo, no lo distraigamos". Si la insurrección avanza será porque, como dice el especialista en temas de seguridad nacional Carlos Humberto Toledo, contará "con una masiva base popular activa y actuante, y un reconocimiento social de apoyo claramente mayoritario".

Y si eso llegara a suceder, si se consumara la derrota de la política como vía para encontrar una solución, al gobierno no le quedará más que reprimir a quien se mueva al margen de la ley: disparar contra los lopezobradoristas (quizá agua, quizá gas, quizá salva, quizá plomo), perseguirlos, detenerlos, someterlos, procesarlos, amedrentarlos.

Si el gobierno fracasa, la insurrección habrá triunfado, al menos en un primer momento. Si tiene éxito, la represión implicará algún grado de reducción de ciertas libertades: asociación, manifestación, expresión. Por un lapso breve, o tal vez no tan breve.

¿De quién será la culpa por ese infortunio? Un admirado amigo periodista me dijo hace unos días que de todos, los medios incluidos. Carlos Humberto Toledo escribe que, sobre todo, sería de López Obrador y los suyos, "porque si el Estado, por mandato de la ley, es compelido para accionar, queda sin opciones y ese camino cierra en línea recta".

Ciro Gómez Leyva
(v.pág.4 del periódico Público del 1o.de septiembre de 2006).

La Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca bloqueó el acceso a una veintena de empresas trasnacionales para obligarlas a formar parte de su "paro cívico" contra el gobernador Ulises Ruiz.

En la Central de Abasto, la agrupación opositora intentó hacer lo mismo pero Las Pájaras, un grupo de bodegueros priistas, se opuso. La gresca entre ambos grupos dejó como saldo cuatro personas heridas.

A partir del día de ayer, residencias y casonas abandonadas comenzaron a ser okupadas (como aparece textualmente en su comunicado) por la APPO para ser convertidas en "centros culturales".

"Convocamos a que el pueblo de Oaxaca desobedezca la injusticia de la propiedad privada, del lucro y okupe espacios abandonados de acuerdo a sus necesidades más elementales", manifiesta en un escrito del recién creado grupo Ocupación Intercultural en Resistencia. Entre las primeras ocupaciones se incluyó un antiguo cuartel de la policía municipal y una casa de monjas abandonada desde hace tiempo.

La jornada de protestas comenzó a las 8 de la mañana, cuando los maestros opositores se apoderaron de las principales tiendas y centros comerciales.

A partir de esa hora, cientos de mentores instalaron campamentos en los estacionamientos de Elektra, Coppel y Soriana, entre otras tiendas.

(V.pág.26 del periódico Público del 1o.de septiembre de 2006).

Empresarios afectados por el conflicto en Oaxaca anunciaron que dejarán de pagar entre 20 y 30 millones de pesos diarios por concepto de impuestos, para presionar al gobierno del presidente Vicente Fox a que busque una solución.

Freddy Alcántara, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado, anunció la medida. "Básicamente será más del orden federal, porque de parte de Fox no hemos recibido ningún apoyo ni en impuestos, ni tampoco ha solucionado este conflicto; aquí no hay que perder de vista que lo que queremos es que el ejecutivo federal haga algo por Oaxaca", dijo.

Los empresarios no tienen fecha para arrancar con su protesta. Recordaron que su sector ha sufrido pérdidas económicas que ascienden a más de 2,000 millones de pesos.

(V.primera plana del periódico Mural del 31 de agosto de 2006).

Los documentos con la comprobación de egresos del ejercicio 2005, de al menos 114 Municipios de Oaxaca, fueron destruidos y robados en el saqueo que sufrió la sede del congreso local por integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y el magisterio.

El presidente del poder legislativo en el estado, Bulmaro Rito Salinas, señaló que los delincuentes ingresaron a las oficinas de la Contaduría Mayor de Hacienda y sustrajeron la documentación que especifica el uso en estos ayuntamientos del dinero público proveniente del estado y la federación.

El legislador calificó el hecho como grave, ya que el congreso no cuenta con el respaldo de la información, y desconoce si las autoridades municipales tienen copia de su documentación.

Las autoridades legislativas del estado denunciaron el robo de alrededor de 150 computadoras, además de impresoras y aparatos de teléfono.

(V.pág.7 del periódico Mural del 31 de agosto de 2006).

Andrés Manuel López Obrador logró sembrar la idea de que la elección presidencial fue fraudulenta. Ni él ni sus seguidores toman en cuenta lo difícil que habría sido manipular dolosamente desde las camarillas del gobierno una elección hecha por los ciudadanos y calificada por ellos. Ninguna prueba tampoco han aportado que sustente su acusación de fraude. Unicamente lo cerrado del cómputo final da visos de credibilidad a sus afirmaciones, pero aun ese resultado es seña de que no hubo tal manipulación, pues si alguien la hubiese hecho habría buscado que la diferencia entre el candidato ganador y el derrotado fuese más holgada, de modo de no admitir impugnaciones. Aun así, contra todo derecho, contra toda justicia y razón, AMLO y sus incondicionales siguen buscando reventar esa elección hecha por la ciudadanía al margen de los controles del estado. Lo que antes hacía el PRI, anular la voluntad de los ciudadanos, ahora lo quieren hacer ellos para implantar a como dé lugar su predominio sobre los mexicanos. Son pocos en verdad quienes persiguen ese aberrante fin. Las desérticas tiendas de campaña del Zócalo y Reforma, sostenidas en pie penosamente con dineros públicos y dádivas oficialistas, son muestra de la nula respuesta social que ha tenido el insensato llamamiento de AMLO a la revolución. Su convención será una entelequia en el mal sentido de la palabra, ejercicio carente de sentido ético y político, y sin apoyos en la realidad. Pero la minoría que sigue a López Obrador es activa y es ruidosa. La forman profesionales de las manifestaciones callejeras. Saben vociferar y esgrimir puños. Conocen las artesanías de la agitación con todas sus variantes. Manejan las diversas modalidades de la provocación. Tendrán días propicios para ejercer sus habilidades de provocadores: el día del Informe; el 15 y 16 de septiembre; el 20 de noviembre; el 1o.de diciembre. Buscarán con sus acciones concitar la represión del estado, y que esa intervención tenga efectos funestos. Si en las urnas perdieron, en los ataúdes podrían ganar algo. Algunos muertos podrían dar vida a su cada vez más débil movimiento. Por eso, contra todas las voces que piden mano dura, lo recomendable ahora es la prudencia. No se debe ceder a los chantajes de los violentos, pero tampoco hay que caer en las trampas que tiende su perversidad política. Ningún eco ha tenido la convocatoria que AMLO hace a la subversión. Fuera de la Ciudad de México -donde la agitación tiene favor y subsidio oficiales- el movimiento de López Obrador es inexistente, incluso en las entidades gobernadas por el PRD o en las que el tabasqueño obtuvo mayoría. El solo se agotará, según se está ya viendo. Sin pared donde rebotar, su violencia irá menguando, y más si su convención le impone el ridículo de nombrarlo presidente. Las instituciones de México han mostrado fortaleza. Dejemos que ellas digan la última palabra...

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.pág.9 del periódico Mural del 27 de julio de 2006).

Nuestro Bosque de Chapultepec, junto con el Zócalo y el eje Reforma-Juárez-Madero constituyen más, mucho más que el puro patrimonio de la Ciudad. Estamos hablando, como en el famoso cuadro de F.Kahlo, del doble corazón de México: el verde y natural que late en Chapultepec y el histórico, político y social que está constituido por el Zócalo y que se encuentra con Chapultepec a través de esa arteria, antes tan limpia, tan amplia y tan aireada y airosa que era.

Ahora nada de esto ocurre. Digamos en lenguaje cardiológico que la arteria está obturada y que ambos corazones palidecen, languidecen y laten desacompasadamente. Surge una pregunta ciudadana: ¿y por qué y para qué hizo todo esto, por sus purititas pistolas verbales, el amigo de don Norberto? La respuesta no nos es muy favorable: lo hizo porque nosotros, que aun no logramos organizarnos como sociedad, lo permitimos. Nuestra capacidad de aguante es inmensa y penosa. Con respecto al para qué lo hizo, yo diría que fue y es su manera de enseñar los dientes y las zarpas, y para demostrarnos que con la total aquiescencia de las "autoridades" y la bovina docilidad de la "ciudadanía", él y los filibusteros que lo acompañan pueden saltarse las trancas, atropellar la legalidad y paralizar una avenida y, si se les da la gana, todo el país.

Me ofende ver que, gracias al jueguito de la "toma" de Reforma que ya aburre hasta a los mismos jugadores, el presente y el futuro del bosque y de su rescate estén en grave riesgo. Lo vuelvo a decir: lo que está siendo dañado no es exclusivamente el patrimonio de la ciudad, sino el lugar de encuentro, la encrucijada, de todos los rumbos de un país que todavía se llama México.

No hay que dejarse, hay que alzar la voz; todos aquellos que me han buscado o escrito para contarme esas historias de cómo "las autoridades de su delegación" pretenden esquilmarlos amenazándolos con el cierre temporal o definitivo de sus negocios si no hacen un "donativo para la causa"; todos estos tienen que levantar una denuncia y hacernos saber estas historias terroríficas de Andrés Manuel Sparrow y sus Piratas del Caribe. No tienen madre.

Germán Dehesa
(v.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 27 de julio de 2006).

El país explora los límites de la tolerancia gubernamental respecto a la violación flagrante de la ley, que en el caso de Oaxaca encuentra su ejemplo más dramático. Qué difícil debe resultar hoy para los hombres que juraron respetar y hacer respetar la ley, el asegurar que en México se vive un clima de paz social y total respecto al marco jurídico, cuando en el Paseo de la Reforma, en el Distrito Federal, se vive desde hace 30 días un estado de excepción, y en Oaxaca, desde hace 101, un verdadero caos.

Para los ciudadanos que aún consideran que Oaxaca forma parte de México, y que lo que ahí sucede nos pone a prueba a todos, especialmente a las autoridades federales, habría que recordar cuál es la imagen que define hoy a la ciudad capital de esa entidad: bloqueo de calles, cierres esporádicos de las principales arterias, el recorrido de las llamadas brigadas móviles de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) que lo mismo realizan pintas, cierran bancos, encabezan saqueos a centros comerciales, bloquean carreteras, retienen personas contra su voluntad y en forma discrecional (secuestros), hacen fogatas a media calle o realizan rondines para imponer un toque de queda cuando así lo consideran conveniente.

Ayer fracasó la primer ronda de negociaciones en Bucareli, mientras que en la zona del conflicto "Radio APPO" hacía un llamado para que se identificaran casas vacías para que sean "expropiadas"; al menos 5,000 establecimientos comerciales cerraban sus puertas en protesta por los daños ocasionados por la movilización, estimados en 2,000 millones de pesos y que ha costado el empleo a 1,800 personas tan sólo en el centro histórico, y decenas de hombres armados con palos y tubos imponían su ley, que nada tiene que ver con el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 30 de agosto de 2006).

El perímetro de la Cámara de Diputados de Oaxaca presenta la mayor parte de sus cristales rotos, así como decenas de pintas y consignas en sus muros y barricadas en las que quedó la huella de fogatas, tubos y piedras con las que los maestros e integrantes de la APPO ocuparon el sitio.

Al interior hay numerosos daños y destrucción de ventanales, puertas de cristal y oficinas violadas; archiveros y estanterías destruidos.

Fueron abiertas o aparecen con los cristales rotos las oficinas de al menos ocho diputados.

La APPO y la Sección 22 del SNTE se deslindaron por completo de los destrozos ocasionados a la Cámara de Diputados local, los cuales atribuyen en principio a personas pertenecientes a la Central Revolucionaria de Obreros y Campesinos oaxaqueña.

(V.pág.7-A de El Informador del 30 de agosto de 2006).

Nos preguntamos cuáles deben ser los límites de la tolerancia para que una democracia demuestre ser lo que es, porque tal parece que en estos días se han borrado tal como vemos, atónitos, lo que pasa en Oaxaca o sorprendidos como estamos en la Ciudad de México. ¿Son los límites los que se establecen en la Constitución? Y si esos son, ¿por qué hemos dejado que sean violados impunemente? Será por falta de gobernabilidad o por la tolerancia que se requiere extender para que no caigamos en la trampa tendida por estos extremistas lanzados a la guerrilla urbana disfrazada de resistencia pacífica, provocando al sistema fuera de los límites permitidos para que, si actúa de acuerdo a la ley, puedan acusarlo de represor y tener así más cuerdas que soltar a las masas irredentas, mercenarias, incultas y maniobrables que responden convencidas, pagadas o las dos cosas, a la consigna para provocar hasta esos límites nunca antes tolerados para ver si revienta la cuerda tensa de la legalidad y la justicia.

En la Ciudad de México, la pobre metrópoli ha caído en manos de esa mafia política dedicada, en cuerpo y alma, a sostener a quien se supone es un líder ahora convertido en megalómano, egocéntrico y paranoico, un populista que se niega a aceptar las leyes, mucho menos las instituciones que desde hace un siglo nos gobiernan.

Martín Casillas de Alba
(v.pág.4-A de El Informador del 29 de agosto de 2006).

Rayito puede justificar sus intemperancias: está luchando, recuerden, por los pobres de esta nación y su gesta, necesariamente heroica, le concede derechos excepcionales. Entre dichas prerrogativas -aparte de las de amenazar a un país entero, ofender a los millones de ciudadanos que no están con él, perturbar el orden público y desafiar a las instituciones- está la de exigirle a una prensa independiente que le sirva de portavoz particular. No va a ocurrir, por simple cuestión de salud democrática. Pero, cuidado, ya nos están "siguiendo", ya nos están vigilando.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 27 de agosto de 2006).

María Luisa Navarro Ortega, responsable de la Dirección de Ingresos de Tlaquepaque, invitó a los contribuyentes a ponerse al corriente en el pago de impuestos y recordó que hasta el 31 de diciembre, se aplicarán descuentos de 75% en recargos a 2005.

[¿Cuál es la prisa? Les quedan más de cuatro meses para ir a pagar... y si no, pues esperen a la oferta del próximo año que incluirá los recargos a 2006. - El webmaster]

(V.pág.11 del periódico Público del 27 de agosto de 2006).

Tras una semana de que integrantes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara tomaron las secundarias mixtas número 17 (Las Juntas) y 59 (Fraccionamiento Revolución), en protesta por el nombramiento de directores en ambos planteles, ayer representantes de esa organización se comprometieron a liberar los centros escolares.

De esta forma, hoy deben empezar clases los alrededor de 1,300 alumnos de la Secundaria 17 y los 450 estudiantes de la Secundaria 59, quienes no han podido ingresar a las aulas desde el pasado lunes, por el bloque que mantienen desde el jueves 17, padres de familia y fegistas.

(V.pág.14 del periódico Público del 25 de agosto de 2006).

Estamos pagando una costosísima cuota por el abuso con que se han estirado los límites entre legalidad y legitimidad. Primero fueron los acusadores quienes, apoyados por el aparato de gobierno federal, llevaron al terreno del crispamiento la contienda electoral. Ahora son los acusados los que resbalan peligrosamente entre la resistencia y la desobediencia civil, como estrategia de "acompañamiento" de sus legítimas demandas judiciales en torno del proceso electoral. Sin correspondencia entre argumentación jurídica y demandas políticas, a la coalición lopezobradorista le falta coherencia entre las denuncias condenatorias del conjunto del sistema, del fallo de las instituciones y la muestra razonada de evidencias articuladas que convenzan y generen consensos, o siquiera acuerdos manifiestamente mayoritarios, que conmuevan para aceptar o buscar activamente la solución de esas fallas.

La inequidad que caracterizó al proceso electoral fue un peligro sobre el que muchos advertimos, cuyas consecuencias estamos pagando.

Proliferan los llamados a la concordia y la unidad desde la presidencia foxista, pero no hay dispositivos que apunten a la operación política conciliadora eficaz. Como tampoco hay signos de escucha y apertura desde los sectores movilizados en torno de AMLO. Más peligrosos.

Jaime Preciado Coronado
(v.pág.23 del periódico Público del 25 de agosto de 2006).

El diario The Wall Street Journal señaló que pese a que "los observadores independientes estimaron que las elecciones fueron de las más limpias vistas en cualquier lugar en años recientes, incluyendo Estados Unidos", el veredicto final se conocerá en las próximas semanas.

Según el matutino, López Obrador se ha negado "a aceptar la realidad" de lo sucedido el 2 de julio, empeñado en seguir hasta el final con su campaña en favor del recuento de todos y cada uno de los votos.

Para el diario, si el Tribunal Electoral da la razón a López Obrador quedará demostrado que tomando las calles se pueden lograr objetivos políticos. "Podría haber sucedido ya", advirtió el rotativo.

"La decisión del Tribunal es una prueba crucial para la modernidad de México. Los mexicanos que tenían razones para creer que su país había evolucionado hacia una democracia pluralista apoyada en fuertes instituciones tienen razón para estar preocupados", acotó.

Al igual, añadió, que los inversionistas extranjeros y acreedores internacionales.

Indicó que si el Tribunal Electoral cumple con su tarea sin sucumbir a las presiones de López Obrador, "México habrá ganado el respeto internacional" y "si por el contrario sucumbe, comenzará una era de inestabilidad".

"Las aspiraciones políticas y económicas del país habrán ido demasiado lejos para eso", puntualizó.

(V.pág.25 del periódico Público del 25 de agosto de 2006).

Por primera vez, la dirigencia panista abrió también la posibilidad del uso de la fuerza pública para frenar a López Obrador.

Si el PRD y su candidato presidencial insisten en privilegiar el desorden por encima del diálogo, "podría justificarse, como último recurso del estado, el uso de la fuerza pública para restaurar el orden en el país y en la Ciudad de México", alertó César Nava, secretario general adjunto del PAN.

El también vocero de Acción Nacional acusó al candidato del PRD de buscar "la subversión del orden constitucional" al tratar de imponer su Presidencia desde las calles del Distrito Federal. Su propuesta, estimó, implica una violación a la Constitución y a distintas leyes secundarias.

Según argumentó el portavoz panista, una proclama como la que planea López Obrador violentaría los artículos 39 y 41 de la Constitución. Estos establecen que si bien la soberanía reside en el pueblo, sólo podrá ser ejercida a través de los poderes de la Unión, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No de forma independiente.

Y por esa razón, acorde a Nava, el PRD y AMLO incurrirían no sólo en la abierta violación del texto constitucional, sino del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que ese partido se haría acreedor a sanciones económicas.

(V.pág.25 del periódico Público del 25 de agosto de 2006).

Ni el presidente de México tiene el privilegio de designar a su sucesor, ni el oporitor puede inventar una asamblea de paleros para que lo nombren presidente. Este país merece un respeto mayor. Si no a sus instituciones, sí a sus habitantes.

Félix Cortés Camarillo
(v.pág.31 del periódico Público del 25 de agosto de 2006).

Vaya forma que tiene López Obrador de consultar y obtener "aprobación" para sus propuestas de plantones, bloqueos, convenciones "democráticas", resistencia civil, etc.

Convoca a lo que él llama una asamblea, que no es otra cosa que un mitin político en una plaza pública, al que asisten sólo sus simpatizantes y más fieles seguidores.

Una vez llena la plaza y la concurrencia alebrestada con porras rimadas que hablan de "pinches fraudes", de que "el pueblo se levante" o del ya enfadoso"voto por voto y casilla por casilla", entonces, con su retórica defensa de los pobres y de sus cuentas, y con datos incomprobables o manipulados con los que asegura que hubo un fraude electoral propone un plan punto por punto para contrarrestar el nuevo complot que, en su imaginación, se ha orquestado en su contra.

Por supuesto, manifestando también que si el tribunal electoral declara presidente electo a Calderón habrá sido una imposición criminal (si lo declaran a él como ganador, seguramente las cosas habrán estado bien hechas).

Su carisma, su visible coraje y sus agresivas incitaciones provocan una ovación general de sus fans, con lo que da por aprobado el plan, asumiendo con ello que el "pueblo" de México es el que lo pide, y él, como su más fiel servidor, no tiene mas remedio que acatar la voluntad popular y llegar hasta donde la gente quiera.

Esa "aprobación" es luego extrapolada a nivel nacional y convertida en una especie de mandato o licencia popular para bloquear calles, violar leyes, destruir y descalificar a las instituciones democráticas y a los tribunales electorales que no le dicen lo que quiere oír; generar perdidas millonarias a miles de mexicanos, desquiciar ciudades y tener al país en vilo con sus amenazas. Eso sí, todo hecho de manera pacífica.

Mientras eso sucede, el jefe del Gobierno capitalino dice que asumirá el costo político de permitir estas acciones. ¿Por qué no mejor al revés, que asuma él el costo económico y nosotros asumimos el costo político?

Una ovación de simpatizantes políticamente calientes, reunidos en una plaza para escuchar a su caudillo, no es consenso nacional, ni la forma de hacer valer el artículo 39 de la Constitución que dice: "El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

Pero sucede que el pueblo al que se refiere la Constitución, y del que AMLO se autonombra como su defensor, somos todos los mexicanos y no solamente sus simpatizantes. Ni siquiera el 35% de electores que el 2 de julio votaron por él, son todo el pueblo. El otro 65% que no lo ovaciona también es pueblo, y también tiene pobres.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 24 de agosto de 2006).

Miembros de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y maestros de la sección sindical 22, incendiaron en la madrugada de ayer la Perrera Municipal de la ciudad.

(V.primera plana de El Informador del 23 de agosto de 2006).

El analista Oscar Aguilar dijo que el presidente Fox titubeaba en enviar a la policía federal, porque Oaxaca no es una ciudad estratégica, y una incursión federal podría derivar en enfrentamientos violentos. La ciudad no cuenta con instalaciones petroleras y está relativamente aislada, por lo que no hay razón para arriesgarse a un conflicto mayor.

(V.pág.5-A de El Informador del 23 de agosto de 2006).

No se ha sabido en dónde pararon los millones de dólares que René Bejarano y Carlos Imaz recibieron de Ahumada, y todos observamos en los videos de la época. Los que recibieron el dinero están libres (después de procesos judiciales "light") y el que dio el dinero sigue preso. Tampoco hemos tenido más noticias relacionadas con Gustavo Ponce, ex-tesorero de AMLO en el DF a quien se le grabó jugando fuertes cantidades de dinero en Las Vegas. Otro de los temas que no quedaron claros fue el atentado (supuesto o real) contra la esposa de Carlos Ahumada cuando anunció que revelaría más videos. Este asunto de los videos tiene más cabos sueltos e intrigas que una telenovela.

El caso Ahumada es un cuchillo de triple filo. Por un lado fortalece la teoría del complot en contra de AMLO. Por otro lado, revive la noticia de la corrupción en el Gobierno del DF y la duda del destino de los dólares de Ahumada. También estos videos son indicadores del interés de Cuba por meterse en los asuntos políticos internos de México. ¿Complot, corrupción o intromisión?, entre tanta mentira, creo que los tres son ciertos.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.blog del 23 de agosto de 2006).

Fue destruido el equipo de transmisión de la televisora estatal que se ubica en el Cerro del Fortín. En las inmediaciones, ocho camiones urbanos y cinco camionetas, presuntamente de la policía municipal, fueron incendiados.

Los integrantes de la APPO Y de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron por asalto todas las radiodifusoras comerciales, desde donde los improvisados locutores difunden sus consignas en A.M. y F.M. para todo el estado. Una se repite por encima de las demás: "Que renuncie Ulises Ruiz de una vez por todas".

Al tiempo que se tomaban las radiodifurosas, los integrantes de la APPO y del magisterio bloquearon los principales accesos a la ciudad de Oaxaca.

(V.primera plana de El Informador del 22 de agosto de 2006).

A fin de ser escuchados por las autoridades estatales, vecinos y comerciantes de la carretera libre a Zapotlanejo bloqueraron el lunes los carriles de la vía.

Con ello, lograron una cita para hoy con el secretario de Desarrollo Urbano, Claudio Sáinz David, para que los atienda, pero de antemano advirtieron que de no obtener respuesta favorable, continuarán este día su manifestación y en esta ocasión podrían cerrar la totalidad de los carriles.

(V.primera plana de El Informador del 22 de agosto de 2006).

Durante los 21 días del plantón que mantienen los seguidores de la coalición "Por el bien de todos" en el corredor Reforma-Centro Histórico de esta capital, se han perdido más de 1,000 empleos directos y 2,500 millones de pesos, en sectores de servicios, restaurantes y turismo, afirmó el presidente del Consejo Empresarial turístico del Distrito Federal, Gonzalo Brockmann.

Pidió "en nombre de los agremiados que se respete la ley y que el gobierno la haga respetar".

Sergio Larraguivel, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, mencionó que la condonación de impuestos propuesta por el Gobierno del Distrito Federal "no es la solución".

(V.pág.2-A de El Informador del 22 de agosto de 2006).

Grupos de choque en el megaplantón de la Ciudad de México, donde ya se pueden observar los campamentos del movimiento Francisco Villa y de la Asamblea de Barrios en los puntos neurálgicos de la espina dorsal de la protesta, así como pequeños grupos de panchos colocados a cada 200 y 300 metros entre sí.

Estos grupos, particularmente los panchos, son los más experimentados en enfrentamientos con la policía, y responden a los intereses de quienes los crearon: Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, manejados a través de René Bejarano y Dolores Padierna. De hecho, los contingentes que intentaron la toma del congreso la semana pasada reciben órdenes de ellos. Tras los toletazos en el congreso, nuevos grupos se integraron al plantón. Por un lado los ambulantes, a cuyos líderes solicitaron golpeadores a cambio de que las autoridades del Distrito Federal regularizaran sus casos pendientes. Otros grupos ilegales creados durante el gobierno de López Obrador, los taxis panteras, también aportaron contingentes además de las importantes cuotas -100 pesos diarios por cada uno de los más de 50,000 panteras- para financiar la protesta. A ellos se les suman aliados inopinados, como miembros del EPR que, de acuerdo con dirigentes perredistas, se encuentran en algunos campamentos sobre Paseo de la Reforma.

Dentro del campo lópezobradorista, no sólo están buscando la provocación al gobierno federal, sino están convencidos de que habrá un intento de desalojo. Aunque la Presidencia ha dicho que no puede actuar sin una petición del gobierno capitalino, en el caso del Distrito Federal el Artículo 122 constitucional le otorga al presidente la atribución sobre el mando de la fuerza pública. Altos funcionarios federales descartan una acción de fuerza del gobierno, pero no se descarta que una vez que el Tribunal falle en definitiva sobre la elección, si como se espera sea negativo a López Obrador, se modifique el criterio.

Pero si para el gobierno federal es un dilema cómo encontrar la mejor salida a la crisis política que se vive, no menos complicado es para los partidos de la coalición Por el Bien de Todos. Al reencauzarse el movimiento de López Obrador por la ruta de la desobediencia civil, los partidos coaligados, PRD, PT y Convergencia, tienen que romper con él formalmente, pues si incurrieran en los delitos que Gerardo Fernández Noroña, vocero del PRD, anticipó sin detallar, podrían perder su registro como partidos. Es probable que el movimiento de López Obrador cambie de nombre por uno independiente de los partidos, para evitar que incurran en nuevos delitos electorales. Esto es lo más sencillo.

Lo más entrampado en estos momentos a nivel interno es qué sucederá después del primero de septiembre, cuando se empiecen a dividir de forma creciente las fuerzas dentro del PRD, al asumir sus cargos de elección popular, al no poder avalar actos fuera de la ley, pues pueden ser sujetos a juicios políticos, desafuero y responsabilidades del fuero común. Más grave aún es para el jefe de Gobierno entrante, Marcelo Ebrard, quien tomará posesión el 5 de septiembre, pues además de ese mismo escenario, debe presentar por ley una terna al presidente Vicente Fox, sobre sus candidatos a procurador y jefe de Policía, que lo encajona aún más.

La institucionalidad que los llevó al poder también les impone la frontera de la legalidad. López Obrador los presionó en julio y agosto para que se fueran a navegar con él por el mar de la ilegalidad. Varias figuras del PRD, próximas a ocupar cargos de elección popular, saben que septiembre es su parteaguas. López Obrador se ha convertido en un lastre para ellos, pero se les abre una oportunidad en esta hora cero. Desde la frialdad política, el enfrentamiento que se viene cocinando en las barricadas del megaplantón les conviene enormemente. Si se da, por un lado será López Obrador quien pague las facturas, y por el otro, la acción de fuerza gubernamental les dará un inagotable discurso contra la represión, ayudándoles en la legitimidad frente a sectores fuera del PRD, sin dejar de darle aspirinas solidarias a su ex caudillo que, en realidad, se encontraría en fase política terminal. Esta opción no es nada agradable, pero hace buen tiempo se desvanecieron aquellas salidas donde todos cedían para ganar. La hora cero es al revés de lo que podría ser la lógica política: todos pierden. El punto fino para cada uno es saber en dónde minimiza su daño y recorta sus pérdidas.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4-A de El Informador del 22 de agosto de 2006).

López Obrador no es dueño de la Ciudad de México, tampoco ha triunfado la insurrección a la que convoca, y el señor Vicente Fox sigue siendo el Presidente de la República. Lo hecho el lunes 14 es lo que debe hacerse, si no respetan los espacios necesarios para el paso y la seguridad del presidente, tiene que hacerse uso de la fuerza. Es absurdo que, en lugar de esto, se tire el dinero construyendo murallas de acero que lastiman y segregan al pueblo.

A estas alturas del sexenio ya no hay por qué estén procurando hacer ahorros de costos políticos; por el contrario, deben tratar de corregir lo que fue una falla constante: hacer respetar el estado de derecho y ejercer plenamente la autoridad. Por solidaridad con quien lo sustituirá, miembro de su propio partido, Fox está política y moralmente obligado a entregarle un país en el mejor orden posible.

Muchos y muy graves problemas habrá de legarle, los cuales ya no tiene posibilidades ni tiempo para intentar corregirlos, pero sí puede, cuando menos, disolver el conflicto del Distrito Federal. Dispone todavía de la autoridad suficiente para limpiar de mafias y pandillas avenida Reforma y el Zócalo; aún es de su responsabilidad disponer el desalojo para que las ceremonias y actos de las Fiestas Patrias puedan celebrarse. La gente que permanece en esos lugares no es representativa del pueblo; son los dizque "eventuales" en listas de raya, activistas de profesión, que reciben paga y asistencia del Gobierno del Distrito. A nadie engaña que familias enteras puedan pasar semanas sin trabajar, vivan, coman, jueguen dominó y duerman bajo las carpas del bloqueo. A ésos deben quitarlos con el personal, herramientas y equipos que sean pertinentes.

Alberto Orozco Romero, licenciado en Derecho y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 21 de agosto de 2006).

La Arquidiócesis Primada de México demandó "una más clara intervención de las autoridades" para restablecer la paz en Oaxaca, y advirtió que el conflicto en ese estado es un aviso de lo que puede ocurrir con otros conflictos a nivel nacional.

"Una intervención a destiempo suele ser ineficaz", alerta en el editorial de su órgano informativo Desde la Fe, titulado "conflictos políticos".

La institución eclesial sostiene que "el país no puede ir a la deriva sin una más clara intervención de las autoridades respectivas para restablecer la paz en el respeto de las distintas partes y en la conservación de la paz a toda costa". Afirma que no es posible dejar que los conflictos sociales, legítimos en su origen y su desarrollo, se conviertan en "verdaderos problemas políticos que afectan y molestan injustamente a la población en general".

(V.pág.7-A de El Informador del 21 de agosto de 2006).

Ante la falta de atención a la demanda de los transportistas para la reordenación del transporte público en el Valle de México, unos 20,000l choferes anunciaron que este lunes bloquearán las principales avenidas de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

Líderes transportistas del nororiente de Estado de México exigieron al Gobierno estatal la reordenación de transporte público, pues advirtieron que en la zona circulan unas 15,000 unidades irregulares, mientras las autoridades siguen sin aplicar las reformas al Código Penal del Estado, que establece como delito el operar unidades de transporte público sin concesión.

El líder de Sitios Colectivos Melchor Múzquiz, Martín Soto, anunció que a partir de las 08:00 horas de hoy, grupos de transportistas se apostarán en vialidades como la Avenida Central, Vía Morelos, la Carretera México-Pachuca en dirección al Distrito Federal, la Vía López Portillo, Gustavo Baz, Mario Colín y Periférico.

(V.pág.15-A de El Informador del 21 de agosto de 2006).

Jalisco lidera el uso de clenbuterol en reses en el país. De acuerdo con Carlos Javier Macías Aragón, jefe del Programa de Salud Animal de la Sagarpa, en Jalisco el uso de esta sustancia con fines lucrativos en la engorda de ganado, empezó a registrarse con mayor presencia desde el año 2000.

Para Gerardo Paredes Romero, director general de Salud Pública de la Secretaria de Salud Jalisco, "el uso del clenbuterol para engorda de ganado es completamente ilegal".

(V.pág.1-B de El Informador del 21 de agosto de 2006).

Los perredistas se manifestaron contra el cardenal Norberto Rivera e intentaron entrar a la Catedral Metropolitana, pero personal de seguridad cerró las puertas para impedírselos.

Los inconformes bloquearon el acceso al templo por más de una hora, gritando consignas contra el cardenal y repitiendo el mantra que Andrés Manuel López Obrador les inculcó: "Voto por voto, casilla por casilla".

(V.pág.15-B de El Informador del 21 de agosto de 2006).

Plantones, manifestaciones, discursos mediáticos y amenazas de continuar una "resistencia pacífica" hasta donde sea necesario y "cueste lo que cueste"; llamados a adueñarse de la fiesta del pueblo, como es la ceremonia del grito y demás festejos patrios, se han sumado a ese ambiente de zozobra, en el que los mexicanos no sabemos qué va a pasar.

Sin embargo, el presidente Vicente Fox abandonó por fin ayer su silencio, y con un discurso en que hizo referencia al deber que le impone su investidura, dio muestras de que habrá de asumir su responsabilidad para dar salida al conflicto.

Fox habló en tono enérgico y con claridad: "La ley está al servicio de la sociedad -dijo-, y vela por el bien y el progreso de todos, y por ello no puede estar sujeta a caprichos ni a intereses personales de nadie".

No se refirió el presidente en forma directa a alguien en particular, pero es obvio que sus palabras fueron dirigidas a quienes, en un obstinado afán de poder, sin importarles violar derechos de terceros, han asumido una actitud retadora con la que, lo mismo en el Zócalo capitalino o el Paseo de la Reforma (campamentos y plantones), o en Oaxaca, donde la ingobernabilidad parece haber sentado sus reales, mantienen como rehén a una parte de la sociedad.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 18 de agosto de 2006).

Desde la aparición de los machetes de Atenco y el desafuero, la ley perdió imperio y ahora su aplicación se llamará represión, soslayando que quien es causa de la causa, es causa de lo causado. La provocación desestabilizadora es el sistema de guerrilla que siembra pánico en la población pacífica con simultáneo repudio a las instituciones incapaces de garantizar la paz social.

La tranquilidad no se recupera en el calendario o por decreto. Cuesta mucho mantenerla. Así como la aplicación de castigos tardíos carecen de efectividad, los discursos caen en oídos sordos; ambos por extemporáneos y vulnerados previamente por las propias fallas de la administración que tuvo todo para servir y lo dilapidó su incapacidad para gobernar.

Carlos Cortés Vázquez, consultor en comunicación
(v.pág.4-A de El Informador del 18 de agosto de 2006).

Ayer, sucursales bancarias y comercios de Oaxaca amanecieron bloqueados por integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y de la Sección 22 del SNTE.

Desde las 9:00 horas de ayer, las sucursales de BBVA Bancomer, Banamex, HSBC y tiendas Elektra y Burger King del centro de Oaxaca y de la periferia fueron bloqueadas.

Esto, como parte de la radicalización de sus protestas anunciadas desde el lunes por la APPO.

(V.pág.7 del periódico Mural del 17 de agosto de 2006).

López Obrador y sus huestes exigen su derecho a manifestarse, a la libertad de expresión, a decir lo que sea, haciendo lo que sea. Se mofan de las instituciones y pretenden legitimar sus ilegales acciones profanando los derechos de todos, argumentando derechos y razones superiores, sin aceptar ni reconocer que si las leyes y las instituciones se derrumban, la única ley que imperará es la de la selva.

AMLO y sus seguidores quieren provocar un choque mayúsculo; quieren que los pisen; quieren que alguien se equivoque. Que corra sangre y poder culpar al gobierno federal por ello. Quieren víctimas inocentes y mártires políticos.

Eso están provocando y eso va a ocurrir. Y la única manera de minimizar las consecuencias de este inevitable e intencional choque es que los ciudadanos, al margen de preferencias políticas, masivamente nos pongamos del lado de la ley y de las instituciones, y exijamos a los políticos que nos representan y a las autoridades que hagan lo necesario para hacer respetar la ley y perseguir a quien la viole, "vato por vato, pandilla por pandilla".

Nadie, por más enojado que esté, puede bloquear una carretera, la vía pública o el acceso a recintos públicos o privados.

Si un ciudadano está obligado a cumplir y respetar la ley, con mayor razón un diputado que seguramente participó en el diseño y aprobación de la misma ley que hoy quiere violar (ej: Bando 13).

Este conflicto postelectoral nos dirá si la sociedad mexicana, su gobierno y sus instituciones están hechas y preparadas para sostener la vida democrática que hemos construido.

Mientras unos se rebelan contra la ley, se mofan de las instituciones y amenazan con romper la paz social, nos toca a los ciudadanos exigir la aplicación pareja de la ley. Y al poder público le toca probar su eficacia, su capacidad para usar consciente y razonablemente la fuerza para preservar el estado de derecho y los valores de la democracia.

AMLO y sus seguidores quieren hacer creer que usar la fuerza para garantizar el cumplimiento de la ley significa estar en contra de los pobres y oponerse a los ideales expresados por la Coalición por el Bien de Todos.

Nada mas falso. Los ideales teóricos son los mismos. Las diferencias son metodológicas. El fin de sacar de la pobreza a millones de mexicanos no justifica violar leyes, pisotear derechos y acabar con las instituciones. Y no sólo por la razón ética de que el fin no justifica los medios, sino porque sin leyes y sin instituciones, no sólo la desgracia de la miseria continuará, sino que habrá que agregarle a ella la desgracia de la violencia. Con la primera se mal come o se mal vive. Con la segunda se muere.

Las nobles promesas de sus campañas se están traduciendo en irresponsabilidad, en impunidad y en abuso del fuero y del poder.

Hay que felicitar al gobierno de Fox por su intervención para impedir el plantón que se pretendía montar en la entrada del Palacio Legislativo. Falta ahora que con la misma prudencia desalojen las vías públicas y restablezcan los derechos ciudadanos que han sido violados. Que no tiemble la mano. Solamente le están tanteando el agua a los camotes.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 17 de agosto de 2006).

Hace algunos días un grupo de unos 200 estudiantes rechazados de la UNAM y de otras instituciones públicas de educación superior trataron de bloquear la transitada avenida de los Insurgentes a la altura de la Rectoría de esa universidad. El Gobierno del Distrito Federal optó por despejar el plantón, cosa que no había hecho en el bloqueo del Paseo de la Reforma. Pero el grupo de estudiantes ha seguido haciendo manifestaciones y protestas en distintos puntos del área metropolitana de la Ciudad de México. En respuesta, esta semana las autoridades educativas anunciaron que revisarían la situación de este grupo de estudiantes en particular.

Hugo Aboites, un profesor de la UAM que "asesora" este movimiento, dijo en una entrevista que la UNAM solicitó revisar la lista de los rechazados. Según él, la posición de la universidad es que se buscaría la forma de permitir el ingreso de cuando menos algunos de estos rechazados: "No lo garantizamos -afirma que le dijeron- pero no descartamos dar admisión a estos jóvenes".

No me sorprendería que, efectivamente, la UNAM y otras instituciones le dieran cabida no a las decenas de miles de rechazados ni a los que quedaron más arriba en el examen de ingreso, sino precisamente a ese pequeño grupo que ha participado en las manifestaciones. Cada vez queda más claro en nuestro país que hay dos tipos de gobernados: los que participan en manifestaciones y plantones, a los cuales debe dárseles un trato especial, y todos los demás, a los cuales nunca se les hace caso.

Por esta razón, las manifestaciones y bloqueos se han convertido en la forma usual de pedir cualquier cosa a las autoridades. Ahí vemos el Paseo de la Reforma y el Centro Histórico de la Ciudad de México, tomados por el PRD que exige que se le entregue la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Oaxaca lleva tres meses tomada por la sección 22 del sindicato de maestros y por la llamada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que demandan la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. Ayer un grupo de vecinos tomó una carretera en Chalco, pidiendo ya no recuerdo qué. Y hoy seguramente habrá nuevas manifestaciones y plantones en exigencia de lo que a usted se le antoje.

Son las propias autoridades y los políticos los que solapan y promueven esta actitud. Cuando acababa de empezar su mandato como gobernador del Estado de Michoacán, el perredista Lázaro Cárdenas Batel utilizó la fuerza pública para evitar que un grupo de taxistas bloqueara el centro de Morelia; quizá la razón es que esos taxistas eran priistas, porque hoy Cárdenas solapa la toma ilegal de Sicartsa por un grupo de mineros que defienden a Napoleón Gómez Urrutia. Cuando la Policía Federal Preventiva impidió que el perredista Martí Batres y un grupo de seguidores, incluidos diputados de su partido, establecieran un bloqueo en la avenida Congreso de la Unión, fuera del Palacio Legislativo, protestaron no sólo los políticos del PRD, sino los priistas Enrique Jackson y Emilio Chuayffet. Parecería que en México cualquiera tiene derecho a bloquear calles e instalaciones productivas, siempre y cuando lo haga con la bandera de algún partido político.

En otros países del mundo, especialmente en los que tienen democracias más maduras, las cosas no son así. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, por supuesto, pero no a cerrar calles o accesos de empresas. La ley en esos países protege también los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes, los que no pertenecen a partidos políticos.

Muchos políticos mexicanos afirman que el estado debe abdicar de su responsabilidad de defender los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes cuando éstos se contraponen a los de los políticos. Si alguien toma una avenida o cierra una empresa, afirman que la obligación de la policía es proteger a los bloqueadores y no a los transeúntes, empresarios o trabajadores cuyos derechos se ven afectados. Dicen que deben respetarse los bloqueos porque éstos benefician a los más pobres. La realidad, sin embargo, es muy distinta: estamos creando un perverso sistema que afecta más los derechos de los más pobres.

Si la UNAM u otras universidades públicas abren nuevos lugares no a quienes hayan obtenido mejores calificaciones en el examen sino a los que participaron en bloqueos y manifestaciones, estarán perpetuando este injusto sistema. Si el Gobierno del Distrito Federal y los estatales mantienen la tesis de que cualquiera puede bloquear lo que quiera, siempre y cuando lo haga al amparo de un partido político, estarán sembrando las semillas para nuevas y cada vez más violentas confrontaciones. Si el estado no sirve para defender los derechos de todos, entonces cada quien tendrá que defender los suyos a través de la fuerza.

Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 17 de agosto de 2006).

Fueron evidentes las caras largas. Decepcionados regresaron a sus casas los vecinos de la Carretera Libre a Zapotlanejo, luego de esperar por más de 45 minutos en las afueras de palacio de gobierno para ser atendidos por el gobernador, o el Secretario General de Gobierno, o ya de plano el Secretario de Desarrollo Urbano, pero ninguno de éstos les dio la cara.

Alrededor de 150 manifestantes viajaron en un convoy de cinco camiones urbanos ruta 644-B por más de 90 minutos desde la carretera, para plantarse en la Calle Liceo frente a palacio de gobierno. Ahí exigieron que las obras de ampliación que se realizan en la carretera, también beneficien y no sólo perjudiquen a los habitantes de la zona, sin embargo nunca hubo respuesta de las autoridades solicitadas.

"Vámonos a bloquear la carretera", amagó doña Ana María Mendoza, habitante afectada de la Colonia Los Puestos.

Y es que la gente ya está cansada de escuchar promesas. Luego de cuatro meses de mesas de trabajo con gente de la Secretaría de Asuntos del Interior del Gobierno estatal, las cosas siguen igual; por eso, vecinos y comerciantes, quienes han bajado sus ventas hasta en un 90%, han tomado tales determinaciones.

(V.pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 17 de agosto de 2006).

Alrededor de 50 simpatizantes de la coalición "Por el bien de todos" impidieron el paso desde las 8:00 horas a la embajada de España en México. Los manifestantes que piden el recuento de voto por voto de la elección presidencial del pasado 2 de julio, formaron una cadena humana e impidieron el acceso en las dos puertas del inmueble, una peatonal y otra vehicular.

(V.pág.2-A de El Informador del 16 de agosto de 2006).

En reacción al desalojo de perredistas que amenazaban con bloquear los accesos al recinto legislativo de San Lázaro, el líder del movimiento que bajo la bandera de "voto por voto, casilla por casilla" mantiene desde hace 16 días un plantón en el corredor Paseo de la Reforma-Zócalo del Distrito Federal, y que ha realizado plantones en instituciones financieras e incluso "tomas simbólicas" de casetas de peaje, Andrés Manuel López Obrador, acusa a sus adversarios políticos y a las autoridades federales de "provocación" y de "autoritarismo", y concluye que el enfrentamiento de sus simpatizantes con efectivos de la Policía Federal Preventiva no es más que una prueba de la verdadera naturaleza represora de un régimen que perpetró una elección de estado.

En cambio, para los detractores del candidato presidencial de la coalición "Por el bien de todos", el hecho de que policías federales hayan impedido que se colocaran carpas en la sede de la Cámara de Diputados, no es otra cosa que el cumplimiento de la Ley, y acusan de "provocador" y "autoritario" a quien pretende vía movilizaciones y presión, el reconocimiento a sus demandas.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 16 de agosto de 2006).

El pasado fin de semana, AMLO propuso a sus seguidores, "por lo pronto" que "si se consuma la imposición", tomen cuatro medidas. Las medidas propuestas son:

Estar presentes cuando se pretenda entregar la constancia de presidente electo a Felipe Calderón,
estar presentes en el Sexto Informe de Vicente Fox el primero de septiembre,
celebrar el grito de Independencia el 15 de septiembre en el Zócalo y
llevar a cabo una convención nacional democrática en el Zócalo el 16 de septiembre.

Por lo pronto, continúan los bloqueos a instituciones bancarias y en vialidades centrales del Distrito Federal. El domingo hubo incluso quien se manifestó dentro de la catedral en una misa celebrada por el arzobispo Rivera. El lunes ya hubo algunas riñas y golpeados en una manifestación que se llevó a cabo afuera de las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Existe el peligro que de continuar la tendencia actual de escalamiento de las provocaciones a la autoridad y molestias a terceros, se llegue a la violencia. Se dice que las manifestaciones son pacíficas. Lo que es obvio es que son ilegales, ya que afectan los derechos de terceros. La autoridad tiene la obligación de preservar el estado de derecho. Las manifestaciones se han convertido en peligrosas provocaciones a la autoridad. Esperemos que la cordura y la prudencia le ganen a la imprudencia e intolerancia.

Aunque al principio de su discurso del domingo pasado, AMLO acotó que las medidas se tomarían sólo en caso de que se consuma la imposición, es claro que piensa que el Tribunal le dará el triunfo a Felipe Calderón. Hasta ahora, no ha anunciado acción alguna para el caso de que el Tribunal le dé el triunfo a su causa. Es ilógico que, a la vez que no acepta haber perdido, tampoco se prepara para el caso de haber ganado.

También es ilógico que por un lado presenten una gran cantidad de inconformidades al Tribunal y por otro digan que no respetarán el fallo. Argumentan que no respetarán la decisión del Tribunal, ya que no se contaron de nuevo todos los votos de todas las casillas (que por cierto no lo solicitaron formalmente).

Otra de las contradicciones es que los legisladores de la coalición Por el bien de todos, electos el 2 de julio, tomarán posesión de sus curules el primero de septiembre. Si realmente consideran que hubo fraude en la elección, sería imposible que sólo se haya dado en la elección presidencial y no en las elecciones para diputados y senadores, que fueron simultáneas.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.blog del 16 de agosto de 2006).

Papelito dice, dice que el ciudadano tiene derecho de expresión, puede manifestarse libremente, está en su mano el salir a la calle, interpelar, reclamar y decir eso que un cierto individuo en intemperante garbo se pone a gritar desde una tribuna pública: bien que sea, bien que lo haga así, pero hay que entender y atender a la otra parte de la fórmula constitucional.

Habla de la restricción que tiene la libre manifestación cuando se ofende o perjudica a otro. Lo segundo vale como lo primero; tiene la fuerza, la validez del mandato legal y no puede haber ajustes, ni arreglos entre las cabezas de gobierno. Requiere estricto cumplimiento, de lo contrario se está transgrediendo un mandato, hiriendo a terceros, violando la ley.

Cuando no se aplica el texto constitucional en su doble contenido y se abre puerta bien ancha para que una turba de pelafustanes dañe a terceros, limite su actividad, cause deterioro en sus bienes, se está diciendo que la chusma de trogloditas, con garrote en mano, puede dañar, herir, robar, causar perjuicios, es decir, delinquir sin que nadie lo impida.

Ahí están los casos irritantes que vive el país, ahí están los cercos de revoltosos cortando el libre tránsito en calles y caminos, ahí están rodeándose e impidiendo con grave daño para los ciudadanos, el libre acceso a instituciones y oficinas de servicio público. Ahí están en la expresión franca y real de las cosas, delinquiendo libremente en público.

¿Y habrá en esta confusión, en el momento de acuciante crisis que vive el país, quién se haya puesto a pensar lo que esto significa y las consecuencias que de aquí se derivan? La respuesta es trágica, tiene un terrible significado que ni el gobierno ni los particulares pueden pasar por el alto, si no es que así se declaran cómplices del mal.

Esa algarada de mozalbetes que irrumpen y gritan, que insultan y ofenden, rompiendo con violencia salvaje la armonía social y dañando los bienes públicos y privados, actúan como criminales; y puesto que desatados los bríos de la iniquidad será difícil que alguien pueda traerlos al orden, está resultando que todo esto se vuelva una fábrica de criminales.

Luis Sandoval Godoy
(v.pág.4-A de El Informador del 15 de agosto de 2006).

En estos días parece que sufrimos esquizofrenia. Por un lado, están los bloqueos del Paseo de la Reforma como parte de la llamada resistencia pacífica que ordenó Andrés Manuel López Obrador y que va en contra de la ley. Por otro lado, ninguna de las autoridades (¡faltaba menos!) asume esta responsabilidad y, de manera impúdica, diría, les vale que exista esta ley (promulgada por los mismos perredistas) que prohíbe realizar este tipo de bloqueos y causar las molestias a la sociedad en general y en particular, al turismo y a los negocios que se encuentran a sus alrededores.

Digo que sufrimos de una aparente esquizofrenia, porque cada quien habla de la feria no como le fue, sino cómo le gustaría que le fuese, y así, el representante del PRD en el IFE corre al Zócalo, que se ha convertido en el corazón de la democracia pejista, para anunciar unas cifras desorbitadas de los dramáticos resultados en el recuento de votos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que, según él, confirman que esta elección huele a fraude. Por su parte, el representante del PAN, más apaciguado, da cifras completamente opuestas, tanto en cantidad como en sus efectos y así, nos encontramos frente a un mundo dividido en dos opuestos, como ése que viven los enfermos mentales que no pueden conciliar en uno sólo la realidad que a veces se nos muestra diferente.

El Peje sigue con una estrategia amenazadora, y los que estamos detrás del escritorio vemos cómo este personaje va moviendo sus piezas, cada vez con menos argumentos racionales con qué defenderlos, pasando así, en una espiral ascendente, de una amenaza a la siguiente, ahora hasta con ganas de enfrentarse al Ejército en el desfile de septiembre. Sin duda, la esquizofrenia está de su parte y desea, como si fuese una caricatura mesiánica, buscar de todas las maneras posibles cómo convertirse en víctima y, de esta manera, que sus seguidores comprueben que tenía razón (del complot) y ahora sí, varias razones más para vengarse del sistema y logren por fin la justicia que se merece este inocente que sólo ejercía sus derechos democráticos.

No sabemos hasta dónde pueda llegar; no sabemos, tampoco, hasta dónde podrá tolerar la sociedad y el sistema esta serie de impunidades. Lo que sí hemos notado, es que en sus discursos dirigidos al pueblo incorpora cada vez nuevos gestos dictatoriales, como lo acostumbran hacer los gobernantes totalitarios que creen que son los únicos que tienen la razón y la verdad.

Pero la información es doble y opuesta: él dice ser el candidato del pueblo y se siente presidente; el Tribunal no ha dicho nada, pero todo tiende a que sea Felipe Calderón el ganador de las elecciones; el PRD dice que hubo fraude. El Tribunal anuncia que la diferencia no es notable, y AMLO anuncia lo que le llama "resistencia pacífica" y que no parece tan pacífica, sino que esconde un movimiento agresivo en donde desea exculparse, convirtiéndose en víctima para así, tomar el poder.

Martín Casillas de Alba
(v.pág.4-A de El Informador del 15 de agosto de 2006).

Si México fuera una democracia, tendría una cultura jurídica que le diera sustento a su orden democrático, pues no hay democracia plena sin un estado de derecho. Afortunadamente para el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, para la coalición Por el Bien de Todos, para su candidato Andrés Manuel López Obrador, para los autores intelectuales y materiales del megaplantón en la Ciudad de México, y para muchos de los que ahí participan, somos todavía un país de carcajada donde la ley se usa a discreción y forma parte, sobre todo, del folclor nacional. De otra manera, más de 17 violaciones a la Constitución, a los códigos penales federales y del Distrito Federal, a la Ley Electoral y a la de responsabilidades de funcionarios públicos en el que incurrieron colectivamente, les significaría juicio político, destitución, pérdida de registro de candidatos, multas por 10,000 días de salarios mínimos y cárcel hasta por nueve años.

La parte más clara de la picota la tiene Encinas, un político de buena trayectoria que está atrapado en el sitio lópezobradorista, donde el primero que recule al radicalismo es ajusticiado. En su balance debe pesar más esa lealtad o ese temor a la guillotina de su candidato, acompañado con la certeza de que en este país lo anormal es cumplir la ley, por lo que es irrelevante que él la viole, pues no habrá poder alguno que lo sancione. Razones habría, de sobra, pues el jefe de Gobierno es el principal violador de leyes a propósito del megaplantón.

La paradoja de todo es que no puede enmarcarse la Ciudad de México dentro de la ingobernabilidad. No hay un grupo fuera de la ley que controla la vida de varios millones de capitalinos todos los días, sino los responsables de aplicar la ley, quienes lo hacen de manera geográficamente discrecional. Sólo hay ingobernabilidad donde lo desean y cuando lo desean. En ello, solaparon las violaciones que en sí mismo cometieron los autores intelectuales y materiales del megaplantón.

Aunque hay decenas de ciudadanos que por su propia voluntad se han sumado a la protesta, el megaplantón tiene una estructura netamente partidista, y quien recorre las carpas políticas sobre Paseo de la Reforma puede apreciar en las tiendas de campaña las fotografías de diputados y senadores electos -a quienes López Obrador encargó parte de esa protesta-, y de los líderes del partido, o participando directamente en las actividades diarias, o afinando todo el tiempo la organización. Ellos también violan el Artículo 412 del Código Penal Federal, que establece prisión de dos a nueve años al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas, aprovechen ilícitamente fondos, bienes o servicios, sin otorgarles la libertad provisional.

No sólo los dirigentes perredistas estarían en problemas en un país de leyes. Todos los partidos de la coalición, el PRD, Convergencia y el Partido del Trabajo, incurrieron en la violación del Artículo 49 del Cofipe, que establece la prohibición de desvío de recursos de los contribuyentes -pues es dinero de impuestos que les entregan a los partidos vía IFE- para cualquier tipo de actividad fuera del sostenimiento de sus actividades ordinarias.

Pero no tienen de qué preocuparse las personas más legalistas dentro de la coalición o entre sus simpatizantes. Este fue sólo un ejercicio retórico, pues no importa qué tan sustentada pueda estar una violación a la ley, ni qué tan sistemática es su vulneración, no pasará nada. Hay un México que aspira a tener un país de leyes, pero hay un México, evidentemente más grande, que suspira por mantener la ley dentro de los parámetros de los regímenes autoritarios: se aplica únicamente a los enemigos; con los amigos y los adversarios políticos, se negocia. Para eso sirve aquí la justicia, como divisa de cambio.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.4-A de El Informador del 15 de agosto de 2006).

Algunos políticos de izquierda comenzaron a alzar sus voces contra la estrategia que ha decidido seguir Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática, para impugnar la elección presidencial del pasado 2 de julio.

El diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario del partido Convergencia en la Cámara de Diputados, dijo que el político perredista estaba "dilapidando" el capital político que ganó él, su partido y sus aliados en las pasadas elecciones al cuestionar con plantones y movilizaciones el resultado electoral, sobre todo luego del recuento parcial de cerca de 9% de las casillas que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la semana pasada.

"Hoy tenemos que el recuento de las casillas que el Tribunal. . . ordenó no modifica sustancialmente el resultado, pero sobre todo se comprobó que nunca hubo elección de estado ni tampoco se hizo alguna maniobra orquestada en contra de López Obrador", dijo el diputado Martínez Alvarez, en un comunicado de prensa.

El comentario, como el que han hecho recientemente otros simpatizantes de López Obrador, podría comenzar a mostrar fisuras al interior del movimiento que encabeza el político oriundo de Tabasco y quien se quedó a poco más de 243,000 votos de Felipe Calderón, el candidato del Partido Acción Nacional, en la elección presidencial del 2 de julio.

Para algunos políticos, la decisión de López Obrador de cuestionar el resultado de la elección a toda costa y sin pruebas evidentes de que se cometió un fraude pone en peligro la imagen y reputación de la izquierda en México como una opción viable de cambio.

"El PRD podría pronunciarse ahora por el respeto a la legalidad. Así resurgiría como una opción política serena y viable, alejada del capricho o la potencial violencia. Mucho de lo que ganó en estas elecciones, está a punto de perderlo", dijo Martínez Alvarez, cuyo partido participó en coalición con el PRD y el Partido del Trabajo en las pasadas elecciones presidenciales.

(V.Sentido Común del 14 de agosto de 2006).

Al paso de los días, cuando el perredista comenzó a mandar señales de que iba a poner en entredicho toda la elección independientemente de las acciones que realizaran las autoridades electorales, e incluso el propio Tribunal, la mayoría de los analistas que compartían la exigencia del "voto por voto" fueron cambiando sus percepciones, porque comprobaron que las denuncias "pejistas" no estaban sustentadas en la realidad ni se correspondían con sus argumentaciones jurídicas. Hasta que llegó el plantón y acabó de desquiciar todo: la vida de buena parte de la Ciudad de México, el ejercicio de gobierno de Alejandro Encinas, los equilibrios entre partidarios e impugnadores de López Obrador, y la sensatez en los juicios de nuestros intelectuales (intele.. ¿cuáles?).

Ya a estas alturas del partido nadie parece tener dudas de que López Obrador sabía desde un principio que no había ganado la elección presidencial y que seguiría una ruta inalterable hasta poner en jaque a las instituciones (en este caso a las del ámbito electoral), para luego enarbolar la mesiánica bandera de la reforma de las instituciones y la "purificación" de la vida pública. Sin rubor, hace su llamado desde el Zócalo de la capital y rodeado de los ya "purificados" Camacho, Batres, Padierna y demás.

De un lado ven el recuento medio vacío de irregularidades; del otro lo ven medio lleno de anomalías. Pero es un hecho que el proceso postelectoral ha sido irremediablemente, y deliberadamente, ensuciado. ¿Duda razonable? ¡Patrañas!

Víctor E.Wario Romo
(v.pág.4-A de El Informador del 14 de agosto de 2006).

El Dura lex, sed lex (tradúzcase: la ley es dura pero la adquiero) no persuade porque el desprestigio de la justicia se estaciona en un conjunto de lugares comunes:

en la percepción pública, la idea de la justicia hace las veces de trampa de la que únicamente se salvan los capaces de adquirir impunidad (su libertad) a precio costoso.
los pobres y los de recursos económicos apenas renovables (sinónimo de las clases medias bajas) se sienten de antemano perdidos ante el Poder Judicial. La desconfianza en la justicia, o mejor: la confianza en su atrocidad orgánica, es el equivalente de la sensación de fracaso de los que no terminan la educación primaria o la secundaria. Dice el dogma: si hasta allí llega la persona, de modo igual se detendrá en la vida, a menos que opte por las vías del deporte o de la delincuencia no ensalzada públicamente.
los ricos (ya no se diga los muy ricos) no se molestan y desatienden los procedimientos judiciales. ¿A ellos qué les importan las denuncias en su contra? Los bufetes a su disposición manejan los vericuetos y los puntos débiles de sus adversarios y han ensayado las estrategias triunfales. Si se les dijera lo de "la ignorancia de la ley no implica su no observancia", dirían que a sus abogados les pagan para que observen la ley en su nombre y le otorguen vacaciones a la observancia.

La noción popular de la Justicia, tal y como la ofrece José Clemente Orozco en su mural de la Suprema Corte, es la de una entidad corrupta, semivestida, desmechada, muy al tanto de a quién le cede y por cuánto el cuidado de su balanza. Si las constituciones y los códigos penales y civiles son espacios de la ética proclamada de una sociedad, al adjudicársele sus interpretaciones a una minoría no necesariamente proba, se trueca la ética por el saber negociable o la interpretación tarifada.

Las leyes, al radicar con demasiada frecuencia en su interpretación o en la confección mañosa de los expedientes, a eso se prestan, a verse clasificadas de papeles ajustables a la voluntad del más hábil.

Lo que señala el rumor, ese medio perenne de comunicación, es el descrédito de repartición de justicia, la mala fama de los ministerios públicos y la constancia del horror de los reclusorios, "pozos de iniquidad" que a la sociedad no le incumben porque le tocan a los transgresores del orden. La era de la impunidad absoluta no conoce de derechos humanos. ¿Qué caso tiene adquirir las nociones jurídicas si en los juzgados son inútiles los conocimientos previos? ¿A quién le conmueven realmente las atrocidades en las cárceles? ¿Quién quiere saber de sus derechos si puede pagar un buen abogado? Cunde la impresión fuertísima: "A mí no me sirven los conocimientos inaplicables, ni me funciona el intento de desentrañar esa madeja que llaman las leyes. Lo único útil es tener dinero y contratar a alguien que sepa, es decir que aunque me robe me saque adelante".

Carlos Monsiváis
(v.pág.16 del periódico Público del 13 de agosto de 2006).

Las casetas de diferentes carreteras en todo el país fueron tomadas por simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. Las acciones más relevantes ocurrieron en Guerrero, Nuevo León, Coahuila e Hidalgo.

En la mayor parte de los casos, los perredistas y sus aliados sólo impidieron el pago del peaje, pero no interrumpieron el paso de los vehículos.

(V.pág.20 del periódico Público del 13 de agosto de 2006).

Los puentes internacionales en la frontera norte también fueron escenario de manifestaciones en favor de Andrés Manuel López Obrador.

El puente San Isidro de Tijuana (foto) había sido escenario de una cadena humana en demanda del voto por voto. Ayer, los seguidores de López Obraron regresaron para obstruir el carril derecho del camino.

Por otra parte, centenas de militantes de los partidos que conforman la coalición Por el Bien de Todos realizaron manifestaciones y bloqueos en los pasos internacionales de Chihuahua.

(V.pág.20 del periódico Público del 13 de agosto de 2006).

Al juez le piden que ordene contar de nuevo sólo 40,000 casillas, mientras que en la calle, convierten el voto por voto en la razón de su movimiento, y al final se enojan porque no les dan lo que no solicitaron jurídicamente. ¿Por qué no impugnaron jurídicamente las 130,000 casillas, cuando sabían que si no lo hacían estaban validando el resultadode aquellas con las cuales no se inconformaran?

Un político intenta hacer avanzar los intereses de sus representados desde dentro de las instituciones y cuando éstas son un obstáculo, también puede y debe plantearse modificarlas, pero no por cualquier medios, sino desde las reglas que las mismas instituciones establecen para ser transformadas. Lo complejo del reto planteado por el movimiento de López Obrador es que no piensa respetar las instituciones ni las reglas para cambiarlas (ni tampoco los derechos de los capitalinos).

Una parte considerable de la ciudadanía votó para que los canidatos del PRD -160 de ellos ya son diputados y 35 senadores electos- los representaran en el Congreso, no para que organizaran plantones en Paseo de la Reforma. ¿El PRD y sus legisladores van a hacer política dentro o afuera de las instituciones, en la calle o en el Congreso? ¿Van a buscar las transformaciones que requiere el país -incluidas las de muchas instituciones que han mostrado ser obsoletas- con apego a la ley o desde la consigna moral de los buenos contra los malos?

Guillermo Valdés Castellanos
(v.pág.23 del periódico Público del 11 de agosto de 2006).

Una turba enardecida decide un "plantón permanente" sobre la vialidad que nutre a la Riviera Maya, reclaman un puente, un semáforo muchas veces negado y gritan ovaciones a favor de Andrés Manuel López Obrador.

Los turistas varados, que dan sentido al 90% del PIB de Quintana Roo, miran, desde sus autos rentados y autobuses de lujo, con asombro cómo grandes piedras y llantas cierran el paso, leen sin entender los carteles de los rijosos, deciden bajar con niños, mochilas y hasta con sombrero de charro para cruzar a pie el bloqueo que por horas no puede quitar el presidente municipal del municipio de Solidaridad, Joaquín González.

El shock vial es inmenso. Los quejosos, dicen que ya muchas veces pidieron "aunque fuera unos topes" primero, al ex gobernador Joaquín Hendricks y luego a Félix González Canto, pero ahora ya saben cómo obtener las cosas: cerrando caminos. Mala noticia para el turismo, pero mala también para los inconformes que quieran o no comen y viven de la joya del Caribe mexicano.

Mauricio Flores
(v.pág.36 del periódico Público del 11 de agosto de 2006).

Si el presidente Fox nombrara a un nuevo jefe de la Policía capitalina y le diera instrucciones de desalojar el bloqueo por la fuerza, se detendría de inmediato el deterioro en la imagen pública de López Obrador y del PRD. El propio presidente y el PAN tendrían que asumir el costo político de la acción y al final lo más seguro es que se tendrían que echar para atrás. El presidente Fox no ha demostrado ser en este sexenio un creyente en el uso de la fuerza pública para lograr el respeto a la ley.

Sergio Sarmiento
(v.pág.6 del periódico Mural del 10 de agosto de 2006).

Simpatizantes del izquierdista Andrés Manuel López Obrador bloquean hoy los accesos a las oficinas de los bancos HSBC, Banamex y BBVA Bancomer ubicadas la mayoría de ellas en el centro de la capital mexicana como parte de sus actividades de "resistencia civil".

(V.Notimex del 9 de agosto de 2006).

La industria de la hostelería y del comercio minorista ha sufrido pérdidas de 1,500 millones de pesos por los campamentos de simpatizantes de la izquierda que bloquean calles del centro de la Ciudad de México, afirmaron hoteleros del país.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Jesús Nader Marcos, afirmó que la industria hotelera ha visto canceladas las reservaciones de 4,000 cuartos, además de que se ha reducido la ocupación de sus establecimientos en 50%.

Náder afirmó que en la zona afectada por los bloqueos se distribuye el 54% de la oferta hotelera de la urbe.

(V.pág.2-A de El Informador del 9 de agosto de 2006).

Los automovilistas que no paguen peaje en las carreteras del país, gracias a las protestas postelectorales, no podrán hacer válido el seguro que otorga Caminos y Puentes Federales en caso de sufrir algún accidente, advirtió la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

(V.pág.8-A de El Informador del 9 de agosto de 2006).

Publicada en El Informador el 9 de agosto de 2006

Seguidores de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, tomaron la caseta de cobro de la autopista México-Toluca, en la cual permiten el ingreso de los vehículos sin que paguen peaje.

El acto se suma al cierre de las carreteras que salen del Distrito Federal a las ciudades de Querétaro, Cuernavaca, Pachuca y Puebla, donde los simpatizantes de la coalición Por el Bien de Todos también impiden el cobro de cuotas.

Hasta el momento, las mayores afectaciones viales ocurren en la autopista México-Querétaro, donde efectivos de la Policía Federal de Caminos colocaron tres tráileres a la altura de La Quebrada, para impedir que los manifestantes llegaran a la caseta.

(V.Notimex del 8 de agosto de 2006).

México está llamado a ejercer un liderazgo en América Latina, pero el candidato Andrés Manuel López Obrador parece que no lo capta al no respetar la ley con los plantones.

Ricardo Alemán Alfaro, embajador de Panamá
(v.pág.2-A de El Informador del 7 de agosto de 2006).

¿Cómo se van a resolver los plantones y marchas que atormentan y destruyen la capital?... como López Obrador lo diga.

Alberto Orozco Romero, licenciado en Derecho y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 7 de agosto de 2006).

Sixto Jiménez Brito, un joven de 16 años, perteneciente a grupos de porros de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, fue liberado por miembros de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca después de permanecer cinco horas retenido.

Gilberto Hernández, abogado de la APPO, informó que Sixto Jiménez, fue soltado, pues ni la Procuraduría General de Justicia del Estado, ni la General de la República, quisieron ejercer acción penal contra él.

Lo anterior, explicó, toda vez que las instalaciones de la primera se encuentran bloqueadas por maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo cual está imposibilitada de abrir una averiguación previa.

Mientras que el argumento de la PGR fue que la quema de los dos camiones la noche del sábado pasado, no configuran un delito federal, por lo cual está fuera de su competencia, ejercer acción penal en contra del menor de edad.

(V.pág.5-A de El Informador del 7 de agosto de 2006).

Se ha preguntado usted ¿qué tan flexibles son las leyes? La respuesta, como todo en esta vida, es relativa: asegún. Porque si usted trae artículos del extranjero sin pagar aranceles está cometiendo el delito de contrabando; pero si usted es diputado y se le ocurre legalizar cientos de miles de autos chocolates [de contrabando] de un plumazo electorero, puede hasta decir que le está haciendo un servicio a la nación. ¿Quiobo?

Es que la ley se pandea asegún quien la pandee. Ricos y poderos hacen, literalmente, lo que quieren. La observancia de la ley queda para el peladaje y los hijos de vecino. Por eso los curuleros panistos pueden darse el lujo de hacer bloque para meterle reversa a una ley que les obliga a informar de lo que hacen y dejan de hacer. Quieren vivir siendo servidores públicos, sí, bien pagados e incuestionables porque qué bonito es lo bonito, y más si sale de a gratis.

Por eso vemos a ex gobernantes que, siendo candidatos, sin recato alguno se pasan or el arco del triunfo las ordenanzas que impulsaron desde el poder. ¿Ordenanzas que no obligan? Entonces que les llamen sugerencias y que nadie se llame a engaño.

Por eso mismo, acá en Jaliscia padecemos a gobernantes que aprovechan cada oportunidad que el cargo les brinda para llevar agua a su molino, desde otorgar notarías a los amigos hasta concesionar -sin licitar- rutas de transporte público a una empresa que ni siquiera figura en el padrón de proveedores gubernamentales. Si bien que lo dice el dicho: no piden a Dios que les dé, sino que les ponga donde hay. Ya con eso.

Toñimáximus
(v.pág.2 del periódico Público del 6 de agosto de 2006).

La regularidad de los bloqueos no los legitima. Durante medio siglo, marchar es asunto riesgoso para los que resisten y a las prohibiciones expresas de Gobernación se agregan las golpizas de granaderos y judiciales. Pero el impacto trágico del 68, modifica las reglas del juego y el último intento a la antigüita de reprimir se produce el 10 de junio de 1971. Luego, la estrategia siguiente se aclara en el sexenio de José López Portillo: "Que griten y se desahoguen, porque si gritan y se les reprime no se callan". Y el profesor Carlos Hank González, regente del DF, propone el manifestódromo (sic) para que allí den vueltas los contestatarios, una salida circular que convierte la protesta en show optativo.

Carlos Monsiváis
(v.pág.16 del periódico Público del 6 de agosto de 2006).

A las personas que simpatizan con el Peje les vale lo que piensen las autoridades. Cierran calles, perforan el pavimento y se instalan muy campantes.

Para las personas que no simpatizan con AMLO esta historia es una agresión directa contra sus intereses personales y profesionales, es un atentado contra sus estilos de vida, el comienzo de una guerra.

Desconozco si un día éstos los afectados por la "resistencia civil" lleguen a "hacerse justicia" con sus propias manos ante la lección histórica que están recibiendo de que las autoridades protegen más al que agrede que al que es agredido.

Lo que sí es que ese numeroso grupo de hombres y mujeres cada día se siente más desprotegido y que el objeto de su decepción es el gobierno, el gobierno que los tiene abandonados, el gobierno presidido por Vicente Fox, por un hombre del PAN.

Si los amigos de Andrés Manuel López Obrador pasan por encima del gobierno, ¿qué va a pasar el día en que los enemigos del Peje, orillados por las circunstancias, hagan exactamente lo mismo? ¿A quién va a gobernar el gobierno? ¿Quién va a respetar los bienes públicos?¿Quién va a pagar sus impuestos? ¿Quién va a obedecer la ley?

Alvaro Cueva
(v.pág.17 del periódico Público del 6 de agosto de 2006).

Estas son las dependencias públicas de Oaxaca tomadas por miembros de la APPO y de la sección 22 del SNTE. La mayoría lleva más de una semana sin actividades y otras, las menos, sufren bloqueos intermitentes.

Ellas son: Palacio de Gobierno, casa oficial del gobernador, Cámara de Diputados, Palacio Municipal, Procuraduría de Justicia, Tribunal Superior, Archivo General del Estado, Registro Civil, el cuartel de la policía estatal, el Comité para la Planeación y Desarrollo del Estado, la Comisión Estatal del Agua, la Coordinación de Delegaciones de Gobierno, la oficinas centrales del ISSSTE y del IMSS, las delegaciones de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, juzgados civiles y penales, Canal 9 de televisión y Radio Universidad.

Además, las secretarías General de Gobierno, de Finanzas, del Transporte, de Protección Ciudadana, de Tránsito, de Administración, la Dirección de Gobierno y el Instituto de Desarrollo Municipal.

(V.pág.21 del periódico Público del 6 de agosto de 2006).

Decenas de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador cumplieron la tarde del viernes la amenaza de bloquear el puente internacional Ignacio Zaragoza, en la ciudad de Matamoros.

(V.pág.2-A de El Informador del 5 de agosto de 2006).

Resulta extraño que en este ambiente de crispación, que se ha alimentado en la presente semana con el bloqueo de avenidas principales de la Ciudad de México por los seguidores del candidato votado en segundo lugar, según los cómputos oficiales, sigamos escuchando proclamas de respeto a la legalidad. La advertencia ominosa de los voceros de la citada coalición, en el sentido de que no aceptarán del TEPJF otra resolución que no sea el recuento voto por voto, es justamente una incitación a violentar la legalidad, sólo porque un fallo que se apega a ella no les favorece. Es el todo o nada; es el regreso de un sector de la izquierda política a prácticas que en otros momentos le han restado presencia social.

Igualmente sorprendente es que se haya extraviado en la confusión poselectoral la máxima de que, en la democracia, los triunfos deben respetarse, así se hayan conseguido por un solo voto de diferencia. A las voces, todas respetables y muchas de personajes con alto reconocimiento, que dicen no tener pruebas irrefutables de que en la elección presidencial hubo fraude, se ha respondido con sucesivas andanadas de descalificaciones. Si las pruebas contundentes del presunto fraude no se han exhibido porque están en manos de los magistrados, entonces que se deje en esas manos la resolución final y se acate el veredicto.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 5 de agosto de 2006).

Dos camionetas al servicio del municipio de Huautla de Jiménez, Oax., fueron quemadas, presuntamente por integrantes del Frente Unico Huautleco, que desde el 14 de junio mantienen tomada la alcaldía, en apoyo al movimiento magisterial.

Por otro lado, en esta Verde Antequera, los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca siguieron con la toma de autos oficiales -federales y estatales-, aunque también células de esa Asamblea se llevaron tres camionetas de Telmex.

Hasta este viernes se tenían contabilizados cerca de 100 vehículos oficiales que han sido tomados por grupos afines a la APPO.

V.pág.5-A de El Informador del 5 de agosto de 2006).

No puede seguir por este camino. Autoridades sin autoridad, políticos que no hacen política, intelectuales sin intelecto, medios de comunicación que no son medios sino extremos, en suma ciudadanos sin ciudadanía.

México se divide entre los que hablan del estado de derecho y los que sostienen el derecho al estado de revuelta, entre el respeto a las instituciones y el respeto a las costumbres profundas del pueblo.

Dentro de pocos días el Tribunal Electoral dará su veredicto. Lo hará seguramente en función de las pruebas analizadas y no de la gritería en la calle. Cuando menos así debe suceder. Sea cual sea, deberemos aceptarlo e intentar darle la vuelta a la página lo más rápido posible. Será, muy probablemente, la prueba de fuego no sólo de nuestra democracia, sino del estado de derecho en México.

Marco Provencio
(v.pág.23 del periódico Público del 4 de agosto de 2006).

Las instalaciones petroleras, las plantas termoeléctricas y la red de distribución de gas licuado y combustibles recibirán vigilancia especial a partir de esta semana, como parte de las precauciones del gobierno federal ante la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador intente acciones de saboteo o protestas en esos puntos prioritarios, anunció el secretario de Energía, Fernando Canales Clariond.

El ex gobernador de Nuevo León indicó que las medidas de prevención por cuestiones políticas serán de reforzamiento, en el entendido de que ya en el pasado, López Obrador atentó contra instalaciones de Petróleos Mexicanos, especialmente en Tabasco.

(V.pág.25 del periódico Público del 4 de agosto de 2006).

La comisión de intermediación conformada por el párroco Wilfredo Mayrén; el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, y el pintor Francisco Toledo, acordó su disolución definitiva ante la actitud de confrontación política que mantienen el magisterio y las cerca de 350 organizaciones sociales que integran la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que incluyó ayer robos a edificios de culto y del PRI estatal, retenes y amagos de quema de vehículos.

La capital estatal vivió su peor jornada con bloqueos de la APPO en los tres principales accesos a la ciudad, donde los inconformes se apoderaron de 19 vehículos oficiales, estatales y federales (entre estos últimos unidades de Sedeso, Profeco, SCT, Semarnat e INEGI), y dos patrullas, además de los 16 autobuses que retuvieron el miércoles, con los que formaron barricadas en las oficinas tomadas de Radio Universidad y Canal 9, y amagan con quemarlos.

Ante las amenazas de APPO y maestros, que ahora exigen casi exclusivamente la dimisión del gobernador Ulises Ruiz, TV Azteca estatal, estaciones de radio y siete periódicos locales tuvieron que buscar sedes alternas; se canceló la emisión matutina del noticiero de radio FM 89.7 y se suspendió el transporte público por temor de la empresa de que sus unidades sean retenidas.

(V.pág.28 del periódico Público del 4 de agosto de 2006).

Seguidores del izquierdista Andrés Manuel López Obrador bloquean hoy el acceso a la Bolsa Mexicana de Valores en una nueva acción de resistencia civil para exigir al Tribunal Electoral el recuento de los sufragios emitidos en la pasada elección presidencial.

Fuentes de la BMV dijeron a Efe que los manifestantes, unos 300, llegaron antes de las 6.00 hora local y se instalaron en el acceso principal del mercado bursátil mexicano con lo que impiden el acceso de los empleados al recinto.

Las operaciones de la BMV "para nada se verán afectadas porque se dan de manera electrónica y porque los operadores bursátiles trabajan desde sus respectivas casas de bolsa", explicaron las mismas fuentes.

(V.Agencia Efe, 3 de agosto de 2006).

Al cumplirse el tercer día de plantones y bloqueos por parte de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, las voces de protesta se han multiplicado.

La Comisión Permanente del Congreso, la UNT y representantes de una docena de asociaciones agrupadas en el movimiento Organizaciones Civiles Coordinadas demandaron ayer liberar Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Con el voto de los legisladores del PRI y PAN, la Permanente exhortó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, a que aplique el bando 13 sobre marchas, mítines y plantones y que garantice el libre tránsito de todos los ciudadanos.

Legisladores del PAN emplazaron a Encinas a que elija entre renunciar y ejercer su militancia partidaria o cumplir sus obligaciones como gobernante.

(V.primera plana del periódico Mural del 3 de agosto de 2006).

La indignación que existe entre miles de capitalinos por el bloqueo en Reforma y el centro histórico llevó ayer a varios grupos ciudadanos a realizar contramanifestaciones.

(V.pág.6 del periódico Mural del 3 de agosto de 2006).

El candidato del PRD está asumiendo una posición que él mismo sabe es absurda porque se ha dado cuenta de que esto funciona en un país como el nuestro en que la autoridad se niega a ejercer su función. Después de todo, los maestros de la sección 22 han mantenido secuestrada a Oaxaca durante más de dos meses exigiendo la renuncia del gobernador.

La lógica del secuestro de quien nada tiene que ver en el asunto es tan perversa que muchos simpatizantes del propio López Obrador la han cuestionado. Hay una izquierda inteligente en el país que entiende, para empezar, lo terriblemente injusto del ataque de Andrés Manuel a los trabajadores que deben ganarse la vida en el corredor turístico [Paseo de la Reforma-Zócalo], pero que también se da cuenta de lo contraproducente de esta agresión a los habitantes del Distrito Federal para la imagen de López Obrador y del PRD.

Han empezado a surgir voces para que el gobierno federal intervenga. Después de todo, el presidente tiene facultades para destituir al secretario de Seguridad Pública de la capital, lo que le permitiría nombrar a alguien que sí estuviera dispuesto a hacer cumplir la ley. Pero no lo hará por razones políticas. ¿Para qué meterse en un pleito con el gobierno capitalino y con el PRD, para qué usar la fuerza pública para abrir las calles y darle a López Obrador el mártir que éste busca, si el propio candidato del PRD está tomando las medidas necesarias para disminuir su popularidad política? Una intervención del gobierno federal violaría toda lógica política.

Lo peor de todo para los ciudadanos comunes y corrientes, los que no tenemos sueldos del gobierno o de los partidos políticos, es que Andrés Manuel y sus colaboradores se están metiendo en una espiral ascendente de radicalismo de la que no podrán escapar fácilmente. Ya han anunciado que seguirán endureciendo sus medidas de resistencia. Esto significa que el daño que están causando a los ciudadanos no es suficiente como forma de presión a los magistrados. Necesitan algo más.

Hay diferencias en el movimiento de López Obrador. Han surgido voces sensatas en el entorno del candidato que le han señalado que el bloqueo, o cualquier otra medida destinada a agredir a los ciudadanos, no sólo es injusta sino políticamente dañina. Pero quien está tomando las decisiones, y quien al parecer no tiene ninguna intención de moderar las acciones de resistencia, es el propio López Obrador.

Si todos somos iguales ante la ley, todos podemos bloquear las calles que queramos. Si todos somos iguales, todos podemos exigir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que nos instale diablitos para no tener que pagar la electricidad. Si todos somos iguales, todos podemos jugar futbol en las calles. Por el bien de todos, primero nosotros.

Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 3 de agosto de 2006).

El regidor priista José Enrique López Córdova cerró el lunes dos carriles de la Avenida Hidalgo [de Zapopan] para exigir que corran al oficial mayor de Padrón y Licencias, Sergio Ontiveros, al que acusan de una serie de presuntas anomalías.

S.Cabañas
(v.pág.8 del periódico Mural del 3 de agosto de 2006).

Los maestros de la Sección 22, agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, determinaron ayer continuar su jornada de lucha hasta conseguir la destitución del gobernador del Estado, Ulises Ruiz.

En el acta de acuerdos de la Asamblea Estatal se ordena a los sindicalizados que tomen las instalaciones locales de TV Azteca y radiodifusoras comerciales de la ciudad de Oaxaca, las cuales han mantenido una postura crítica sobre el movimiento político.

En este sentido, después de que la Asamblea tomó el control de Radio Universidad, desde el 14 de junio, y del Canal 9 del gobierno estatal, y ante esta amenaza, TV Azteca Oaxaca y el diario El Tiempo desalojaron ayer de sus sedes a trabajadores y directivos locales.

Asimismo, la dirigencia de la Sección 22 llama a sus agremiados para que promuevan la disminución del precio en el pasaje del transporte público, de 3.50 a 2 pesos; además, a retener todos los vehículos oficiales de los tres poderes del estado.

La Asamblea Estatal hizo un llamado a los profesores para que acaten estos acuerdos y participen en las movilizaciones de bloqueo a las oficinas gubernamentales, de lo contrario, advierten, se tomarán represalias en su contra.

"Aquellos compañeros que por su apatía no se han movilizado en esta jornada de lucha, se les promoverá su reubicación", señala el escrito.

(V.pág.7 del periódico Mural del 3 de agosto de 2006).

Todavía hay quien piensa que AMLO quiere ser presidente de México por la vía institucional y democrática de las urnas. No es mi caso. Como decía el lunes, estamos asistiendo a una veloz dilapidación de un capital político y a un suicidio electoral. López Obrador ya no quiere el poder por este camino; él va rumbo a la confrontación y de algún modo sabe que el recuento voto por voto, apoyado por muchos de nosotros, o no se hará, o si se hiciere, no le resultará favorable. No hay otra manera de entender esta radicalización tan extrema hacia donde navega AMLO y que pasa por la toma de otras vías primarias y de aeropuertos y carreteras. Si a lo que va el Peje es hacia una insurrección civil y a una confrontación directa y violenta con el orden constituido, entonces la estrategia de López Obrador es la correcta.

Tengo otra pregunta que quizá es la más importante, sobre todo si se toma en cuenta la absoluta e incondicional rendición del gobierno de la ciudad y la sacatona y pachorruda actitud de Vicente Fox quien, como no hay ningún Bribiesquita que trabaje en Paseo de la Reforma, ha asumido su característica pose de ¿yo por qué?, para luego proseguir su plácido viaje rumbo al ansiado brócoli. La pregunta es: ¿y los ciudadanos?

Si soportamos que nos quiten nuestra ciudad, me temo que también soportaremos que nos quiten nuestro país. Yo no. Todo esto lo declaro con calma, sin ánimos belicosos, sin sesgos partidistas, sin voluntad de atropellar el derecho de todos a dirimir democráticamente sus diferencias; sin embargo, con toda serenidad exijo: devuélvanme mi ciudad, corran a Encinas que sólo sirvió para ser gato, dejen de estar empleando recursos públicos, dinero nuestro, para mantener este borlote que literalmente ya se pasó de la raya; ya estuvo suave de que la agenda nacional la dicte un señor que actualmente no tiene más cargo que el de candidato a la Presidencia y cuya bandera es, o dice ser, la de los pobres. Si esto fuera cierto, no estaría empobreciendo el erario de la ciudad, no estaría robándonos nuestro tiempo y nuestras posibilidades de ganar un salario; no estaría tramando una insurrección civil que terminaría haciendo más pobres a los pobres y al país entero. Así como estuve a favor del voto por voto, me pronuncio absolutamente en contra de estos arrebatos demenciales.

Germán Dehesa
(v.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 3 de agosto de 2006).

Hace ya casi dos años yo tuve la malísima suerte de caer en un bache ubicado frente a la finca 288 de la calle Alvaro Obregón, en la colonia El Batán, en Zapopan. Por este motivo tuve que gastar 2,104 pesos en reparaciones de mi chevy, reparaciones de las cuales jamás debí erogar, si la autoridad "competente" hiciera su trabajo como debe de ser, incluso yo llevaba mi cámara y hasta tomé fotos y video tanto del bache, como de mi vehículo siniestrado en el lugar y momento donde ocurrieron los hechos.

Pero de nada me han servido porque la autoridad zapopana me ha ignorado y no ha resuelto mi procedimiento de responsabilidad patrimonial que inicié desde el día 24 de septiembre del 2005, (rpa/50/2005) y francamente ya he perdido la esperanza, porque estoy a casi un año, sí queridos ciudadanos tapatíos, a casi un año de que inicié mi procedimiento y no veo la solución por ninguna parte, sólo me resta desear que nunca caigan en ningún bache y si les toca, que no sea en Zapopan.

Francisco Nolasco
(v.pág.2 "Cartas del lector" de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 3 de agosto de 2006).

[Lo único que entienden los políticos son los mitotes de los grupos de presión, por eso tanta manifestación en todos lados - el webmaster]

El Clenbuterol, que tiene la consistencia de la sal, está prohibido en el país, pero es utilizado por muchísimos ganaderos para engordar bovinos, con el propósito de obtener mayores rendimientos y ganancias ilegítimas, en perjuicio de la salud de los consumidores.

Las autoridades de sanidad saben muy bien cuáles son los estados del país en donde se usa discrecionalmente este anabólico que envenena la carne y enferma a la gente: Querétaro, Hidalgo, Tabasco, México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Puebla y Veracruz.

Todos los ganaderos saben bien que el Clenbuterol es importado de España, razón por la cual es también conocido con los coloquiales nombres de "las sales españolas", "las sales mágicas" y hasta con el muy evocador nombre de "Chocomilk".

Recientemente la Secretaría de Salud Jalisco inició investigaciones para determinar si ha habido personas en la entidad que hayan muerto por consumir carne contaminada. Lo más probable es que así haya sucedido y que finalmente no se le informe honradamente a la sociedad.

Son muchísimos millones los que están en juego, en Jalisco y en el país, por las incalculables ganancias que se obtienen al defraudar al consumidor con una carne que parece fresca, bonita, sana, y que al primer contacto con el fuego se arruga y encoge, puesto que los suculentos cortes están artificialmente inflados con pura agua.

El problema es muy grave y para que usted tenga una idea clara de la irresponsabilidad con la que se ha enfrentado el problema, tome nota que desde hace por lo menos dos años, está congelado en el Congreso de la Unión un proyecto de ley que pretende castigar con mayor severidad a los engordadores e introductores de ganado que lleven reses envenenadas a los rastros.

El presidente de la Comisión de Ganadería del Congreso de Jalisco, Salvador Barajas del Toro, lucha para que en la entidad se aprueben medidas más enérgicas contra los envenenadores. A partir de septiembre será diputado federal y dice que también pugnará para que el Congreso de la Unión dicte leyes más severas para resolver este problema.

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 3 de agosto de 2006).

Aspecto de las avenidas Reforma e Hidalgo por el bloqueo de los microbuseros que están en contra del plantón de los manifestantes que apoyan a Andrés Manuel López Obrador.

(V.pág.2-A de El Informador del 2 de agosto de 2006).

Publicada en El Informador el 2 de agosto de 2006

El doctor en derecho de la UNAM, Raúl Carrancá y Rivas, consideró que el cierre de vialidades del Distrito Federal como parte de la campaña de resistencia civil de Andrés Manuel López Obrador es una estrategia equivocada.

"Desde mi punto de vista, políticamente vale para el PRD y para López Obrador, pero yo creo que es equivocada porque perjudica los intereses de miles de personas", precisó.

En entrevista con Notimex, sostuvo que es indicutible que el ejecutivo local, Alejandro Encinas Rodríguez, está al borde de caer en una responsabilidad muy delicada, ya que hay preceptos legales como los artículos 33 y 35 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal que establecen sus obligaciones.

Asimismo, el Artículo 331, fracción primera del Código Penal capitalino, tipifica como un delito, que se castiga con hasta cuatro años de prisión, el ataque u obstrucción de las vías de circulación de vehículos y peatones.

También hay un dispositivo constitucional que permitiría la remoción del jefe de gobierno, que está en el Artículo 76 fracción novena de la Carta Magna, que faculta al Senado de la República para remover al mandatario local en caso de advertir la posibilidad de ingobernabilidad, detalló.

"Este sería otro camino, que es la intervención del Senado, teóricamente se están excediendo en el derecho de manifestarse, porque esa garantía la somete la Constitución a no afectar intereses de terceros", añadió el catedrático.

El Artículo 33 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal indica que el presidente de la república puede intervenir en el mantenimiento del orden siempre y cuando lo pida el jefe ejecutivo local, y en el Artículo 35 se le obliga a mantener el orden y evitar el caos, expuso.

"Si está aconteciendo todo lo contrario, no hay la menor duda de que está al margen de la legalidad objetiva", abundó.

Carrancá y Rivas agregó que desde que los militares dejaron el poder, nunca se había visto algo similar en el país.

(V.Notimex del 1o.de agosto de 2006).

Diputados locales del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional calificaron de incongruente a Andrés Manuel López Obrador por violar el Bando 13 que emitió cuando era jefe de Gobierno, para prohibir plantones en vías primarias, y hoy coloca campamentos en Reforma, Juárez y Madero.

Destacaron que los plantones de perredistas en apoyo a López Obrador son inaceptables, pues provocaron caos en la ciudad, sin que impere la autoridad, la ley y hasta el mando de gobierno, para poner orden e impedir que sigan afectando a la ciudadanía.

(V.pág.2-A de El Informador del 1o.de agosto de 2006).

El Partido Acción Nacional exigió hoy al candidato presidencial perredista, Andrés Manuel López Obrador, poner fin al "secuestro" de la capital mexicana. "Primero secuestró el Gobierno del Distrito Federal, después su Asamblea Legislativa, después su instituto de transparencia y ahora la ciudad", dijo el secretario general, César Nava.

[Comentario del webmaster: Tanto presidentes priistas como el panista dejaron crecer a este monstruo (en el peor sentido de la palabra) y ahora se espantan. Si se hubiera aplicado la ley desde un principio, ahora no estarían con la mierda hasta el pescuezo y gritando ¡no hagan olas!.]

Exigió al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, cumpla el bando emitido por Andrés Manuel López Obrador el 19 de diciembre de 2000, creado para evitar el bloqueo de avenidas y calles principales de la ciudad.

Hasta hoy, dijo el panista, el jefe de Gobierno "ha sido cómplice de la violación flagrante de la ley, esperamos que modifique su conducta".

(V.pág.2-A de El Informador del 1o.de agosto de 2006).

Miles de automovilistas, comerciantes y hasta turistas están molestos, por decir lo menos, ante el panorama con el que se encontraron hoy: una ciudad estrangulada en su zona centro por el cierre del Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Madero.

En un recorrido de Notimex por los 47 campamentos instalados por simpatizantes del candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, fueron evidentes los sentimientos de molestia, coraje e impotencia de los ciudadanos.

Los primeros y más afectados han sido, sin duda, los conductores de vehículos, y es que traslados que habitualmente tardan de 30 a 60 minutos en ser recorridos, se han alargado a 2 y hasta 3 horas.

Ejemplos sobran. Todas las mañanas Grisel Bermúdez Rivas circula en su vehículo sobre el Periférico, para después incorporarse al Centro, donde se encuentra su lugar de trabajo en una casa productora. Sin embargo, al llegar hoy al entronque con Reforma se lo encontró bloqueado.

"Esto ya es el colmo. Yo entiendo que haya reclamos políticos, pero no veo porqué ahora nos tienen que venir a afectarnos a nosotros. Llevo una hora y media de retraso ya, y es que utilizamos las alternativas que quedan, pero todo mundo lo hace y se hace un tránsito enorme, y todavía lo que me falta. No es justo", comentó.

Situación verdaderamente caótica es la que se presenta en la esquina formada por la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, uno de los únicos dos cruces que no han sido cerrados.

Ahí el ambiente es dominado por un concierto de bocinas de automóviles, silbatos de policías que desesperados tratan de agilizar el tránsito y las clásicas "mentadas" verbales y con señas, que la gente furiosa propina hacia los perredistas en la zona.

Adrián Cocido se desabrocha la corbata con ansiedad dentro de su carro y comenta: "no se vale, queremos trabajar y por cuestiones políticas no nos dejan. Ya llevo dos horas y media y aún no llego a mi oficina. Vengo desde Ecatepec, y ahora aquí en Insurgentes está todo colapsado. pero pues qué hace uno sino resignarse".

Lo mismo ocurre en la confluencia de Avenida Juárez y Bucareli. Al salir de una tienda abierta las 24 horas, Ramsés Olivares relata: "me bajé del auto a tomar un té para tranquilizarme, tengo que continuar por Bucareli pero está a vuelta de rueda".

"No se vale que por berrinches de un candidato, nosotros tengamos que pagar las consecuencias; me tiene furioso esta situación", añade.

Pero además de automovilistas, el comercio se ha visto afectado también. Y es que si bien, al menos sobre Avenida Juárez, la mayoría de los establecimientos están abiertos, la afluencia de consumidores es escasa.

"La cosa va mal, no hay movimiento, no llevo vendido ni un peso. Y mire, yo estoy a favor de López Obrador y de lo que pide, pero ahora sí nos está poniendo en la torre porque no hay venta" comenta cabizbajo Pablo Juárez, de 55 años, quien trabaja en el expendio de periódicos ubicado en la esquina de Juárez y Reforma.

La afectación incluso, ha alcanzado a los turistas. Dos ciudadanos chilenos, Pablo Vázquez y Paloma Aliaga, salen del lobby del Hotel Sheraton Alameda, sobre avenida Juárez, y no dan crédito al panorama.

"Nosotros llegamos ayer aquí al Distrito Federal y salimos para conocer, pero nos encontramos con esto. Queremos tomar algún transporte o algo para conocer Reforma, que nos platicaron que era una avenida de las más bellas de América, pero lo que hemos visto es distinto", se lamentaron.

Es así como transcurre la jornada en el centro de la ciudad, zona de por sí complicada pero que hoy se ha visto paralizada por las exigencias de un sector político y sus simpatizantes, quienes han terminado por afectar a los que menos culpa tienen: los ciudadanos.

(V.Notimex del 31 de julio de 2006).

Querido Andrés Manuel: Si el padrón federal lo integran 72 millones de electores y de ellos sólo 14 [millones] votaron por ti, entonces 58 millones no te quieren en la Presidencia , o sea más del 80% te rechaza como jefe del ejecutivo. [Aclaración del webmaster: aproximadamente la misma cantidad rechaza a Calderón para el mismo hueso.] Antepones tu bienestar personal al mío. Deseas intimidar a las autoridades judiciales mediante la protesta callejera. No quiero un Mussolini mexicano que acepte la ley siempre y cuando le beneficie y que rechace a la Constitución por ser una herramienta a favor de la burguesía. La mayoría somos concientes de nuestras debilidades económicas y sociales, sólo que hemos decidido no convocarte a ti para resolver los difíciles problemas que nos aquejan.

Abandona el llamado a la violencia. Abstente de erigirte como intérprete de la voluntad popular y resígnate a aceptar tu derrota. La mayoría de los mexicanos no te quiso en la Presidencia de la República, porque lejos de ayudar a los pobres los hundirás más en la desesperación hasta que volvamos a matarnos con las manos entre nosotros mismos.

Francisco Martín Moreno, destacado novelista mexicano autor de "México Negro"
(recibido por correo electrónico el 31 de julio de 2006, como parte de la postcampaña panista).

El candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, busca descarrilar "la frágil democracia" de México con una nueva campaña populista, opinó ayer el diario The Washington Post.

En un editorial, el rotativo apuntó: "su claro objetivo es forzar al país a instalarlo (a López Obrador) como presidente, sin importar si existen los votos o los medios legales para hacerlo", indicó.

Para el rotativo resulta difícil "exagerar la irresponsabilidad de las acciones del señor López Obrador", al recordar los cambios que el país ha experimentado en las últimas dos décadas.

"López Obrador está haciendo lo mejor que puede para destruir ese logro", con acusaciones "descabelladas" de manipulación y fraude sin ofrecer pruebas, dijo el diario.

Recordó las acciones para lograr el desafuero de López Obrador, cuando éste era jefe del Gobierno del DF, las cuales fracasaron después que el presidente mexicano Vicente Fox "sabia y responsablemente" dio marcha atrás.

"Ahora el señor López Obrador está llevando a cabo su propio intento de doblegar un frágil sistema para su propósito. El también, debería parar", sentenció.

(V.pág.19 del periódico Público del 30 de julio de 2006).

Los integrantes de la llamada Asamblea Popular de Oaxaca, escisión radicalizada del movimiento magisterial, realizaron los bloqueos carreteros que tenían programados en cinco de las siete regiones del estado.

Por otra parte, maestros e integrantes de la asamblea popular sabotearon las actividades culturales del gobierno estatal en medio de jaloneos con turistas y una corretiza a policías locales.

Los eventos fueron suspendidos al irrumpir los inconformes en los festejos. A los turistas les gritaron "yanquis, go home!" en tanto que a los demás espectadores les gritaron "¡paleros de Ulises!".

El bloqueo de uno de los inmuebles, el Teatro Juárez, causó que acudiera el director de seguridad pública municipal, Aristeo López Martínez, quien invitó a los manifestantes a retirarse, mismos que respondieron con agresiones verbales.

El jefe policiaco huyó en medio de una lluvia de piedras lanzadas por los mentores.

(V.pág.22 del periódico Público del 30 de julio de 2006).

El Instituto Mexicano del Seguro Social difirió el pago de cuotas a 56 empresas de la ciudad de Oaxaca, afectadas con el cierre de calles en el centro histórico, a cargo de profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

A su vez, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión estudia la posibilidad de pedir al presidente Vicente Fox que condone el pago de los impuestos Sobre la Renta y al Activo a las personas morales y físicas afectadas por los plantones y bloqueos de maestros en Oaxaca.

(V.pág.9-A de El Informador del 29 de julio de 2006).

A principios de semana, la camioneta del ex candidato al gobierno de Sinaloa, Heriberto Félix, fue apedreada en el DF, presuntamente porque llevaba un distintivo con la leyenda "Calderón, presidente".

(V.pág.24 del periódico Público del 28 de julio de 2006).

Yo ahorita estoy haciendo mis cosas, tratar de cambiar la percepción internacional del tema a través de mis conferencias, entrevistas, artículos.

Afuera empiezan a entender que el voto por voto es más complicado de lo que parece; en primera porque ya se contó y en segunda porque López Obrador no quiere el voto por voto, quiere anular la elección, y eso también afuera se ve mal.

Lo que está preparando López Obrador, obviamente, no es una denuncia contra los consejeros del Instituto Federal Electoral, que ya la hizo, lo que está preparando es una denuncia contra los siete magistrados del tribunal.

Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores
(v.pág.8 del periódico Mural del 27 de julio de 2006).

El grito de "voto por voto, casilla por casilla" interrumpió los anuncios de ofertas en los pasillos del Wal-Mart Universidad.

Una decena de guardias corrió al interior de la tienda, al tiempo que unos 25 simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador bloqueaban las cajas con carritos que llenaron previamente y otro grupo de 80 personas, encabezadas por Jesusa Rodríguez, ingresaban al supermercado portando pancartas en favor del tabasqueño y acusando al consorcio de participar en el "fraude" del 2 de julio.

(V.pág.8 del periódico Mural del 27 de julio de 2006).

Lo bueno es que en México todo se puede arreglar. Lo malo es que en México todo se puede arreglar. En nuestro país no privan las leyes, sino el arbitrio de los hombres, y ese arbitrio es siempre arbitrario. De ahí deriva que las leyes no se cumplan, pues su incumplimiento puede ser motivo de arreglo. De ahí deriva la impunidad. De ahí deriva, como secuela obligatoria, la inseguridad. Los líderes de vendedores ambulantes, por ejemplo, dicen que las calles son de todos. Y es cierto, pero para usarlas como calles, no como sitio del cual se apoderan algunos a fin de usarlo en su exclusivo provecho, con perjuicio de la demás gente. Tampoco nadie debe posesionarse por sistema de las calles y volverlas sitio permanente de manifestaciones que estorban el libre tránsito de las personas y les causan molestias y perjuicios. Eso no es ejercicio de libertad, sino abuso que se comete contra el derecho de los ciudadanos.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.pág.11 del periódico Mural del 27 de julio de 2006).

No sin azoro recibimos la noticia de que Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México por decisión de las mayorías. Así lo anuncia la prensa extranjera y así lo afirmó Cayo Calígula AMLO en entrevista radiofónica. Al oír esto, millones de mexicanos dijeron al unísono: ¡órale!; yo añado que ya podría haberlo anunciado antes del 2 de julio y nos hubiéramos ahorrado las elecciones, el trabajo de un millón de mexicanos, la participación de cuarenta y dos millones de votantes, los edulcorados discursos de Pericles Adams Ugalde y los enojosos trámites post-electorales que han creado un santo enredijo del cual ya no vemos cómo salir.

Tan sencillo que hubiera sido que AMLO se arreglase muy bien, se dirigiera al Trife y, ante el Tribunal, anunciara: Oigan, jueces, la mayoría ya me dijo que yo soy el presidente; ¿dónde paso a recoger mi banda y a dónde mando por la silla? Con estos sencillos pasos, México sería ahora un país terso, tranquilito y contento de tener un presidente comprobadamente legítimo y nada espurio. Estaríamos en la pura verbena popular. En verdad no entiendo por qué AMLO se tardó tanto en decirnos lo que siempre ha sabido, lo que es su destino manifiesto y lo que le susurra el Niñito Jesús. Tampoco entiendo por qué no nos dio tiempo de disfrutar tan magnífica noticia. En cuanto terminó de darla, cayó sobre su ser el velo de la ira y se arrancó con unas declaraciones que en España calificarían de acojonantes. AMLO avisó que era muy probable que esta noticia de su asunción a la Presidencia cayera en los fríos y duros corazones de los hombres de poca fe y menos madre quienes seguramente no lo aceptarían como el nuevo mesías (exigirán un recuento neurona por neurona) y así, en el triste y molesto caso de que la gleba azul se pusiera chirrisca, él procedería a tomar carreteras y aeropuertos y muy probablemente enviaría a su grupo de choque femenil a que clausurara simbólicamente Wall Street y el Capitolio que les queda de camino.

Han de perdonar ustedes, pero estas locuras y estas públicas invitaciones a la subversión ya no caben en la bandera de "primero los pobres". Yo leyendo a Bretch aprendí la noción de "El héroe eficaz" y en el caso (clínico) que hoy nos ocupa no veo la eficacia de retar y amenazar frontalmente al estado mexicano, a sus instituciones y a los millones de seres que todavía creemos en las soluciones justas y pacíficas. Burla burlando, lo que dijo Andrés Manuel constituye una declaración de guerra. Supongo que al hacerla, AMLO, que ya aprendió la sabia lección de los macheteros de Atenco, cuenta con la parálisis y la inacción del estado. Yo no estaría tan seguro de eso, ni tampoco confiaría tanto en que sean millones de discípulos los que le acompañen a la hora de saltarse las trancas. Ni siquiera creo que los de su propio partido que tanto ganaron en estas elecciones se lleguen a adherir a las invitaciones de su candidato incómodo.

En la otra esquina, tenemos a Felipe recibiendo con arrumacos y sonrisas a la Gordillo. Otra pésima señal. Como dice una cuata: si se tienen que ver, que se vean; pero que el encuentro sea sigiloso y en la más profunda gruta de Cacahuamilpa.

¿Y los ciudadanos?, ¿y nuestros respetables trabajos cotidianos?, ¿y la paz?, ¿y la patria?

Germán Dehesa
(v.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 27 de julio de 2006).

La historia de Nora Pallares Yabur parece un dejavú cuando quiere viajar. Ella, invidente, sabe a lo que se enfrenta cada ocasión en que intenta ingresar a algún lugar acompañada de sus ojos, una perra labrador llamada Mounty.

Pero esta vez fue imposible. Trató de regresar en autobús a su tierra, Culiacán y lo único que obtuvo fue la intransigencia de los encargados de la línea de autobuses, quienes impidieron el paso del perro, aún cuando éste llegó a Guadalajara por la misma línea, llamada Transportes y Autobuses del Pacífico (TAP).

Como es usual, Nora le da un buen baño a Mounty, rutina común siempre que tiene un viaje en puerta y además, en chequeo médico el veterinario emite un informe donde avala la salud del lazarillo para mostrarlo ante la autoridad correspondiente.

Pallares Yabur arribó el sábado pasado al módulo de la línea TAP en la Nueva Central Camionera, acompañada de su perra y otra persona.

"No puede entrar con el perro", pronunció un vigilante.

En una situación cotidiana, Nora explicó que el perro está entrenado y limpio; así entró a la sala de espera.

Sin embargo el jefe en turno, Gilberto Vargas Rodríguez, impidió el paso del perro al interior del autobús con el argumento de una posible alergia de alguno de los pasajeros.

Nora mostró el certificado de salud del animal y le mostró al encargado un fragmento del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, que en su artículo 138 señala que las personas ciegas tendrán acceso a todos los servicios públicos y privados, incluso con su perro guía.

No fue suficiente. La mujer, acompañada de su labrador negro, sacó su grabadora de audio y su cámara fotográfica; comenzó a documentar el hecho, como lo hizo hace cuatro en una situación similar con la línea ETN, caso que se fue a la vía legal a través de la Profeco y que favoreció a Pallares Yabur.

El drama duraría 40 minutos. Gilberto Vargas ofreció la opción de ingresar al perro pero por el compartimento de equipaje, situación a la que Nora se negó con todo derecho.

Nora sacó otro as bajo la manga. Mostró una documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde ratifican la obligación de los transportistas en facilitar el uso de sus servicios a personas discapacitados, todo esto haciendo referencia a fragmentos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley Federal de Protección al Consumidor, argumentos que no valieron.

El criterio del jefe de turno de TAP brilló por su ausencia y sólo se dignó a reembolsar el pasaje a Nora Pallares, quien al día siguiente se vio obligada a regresar en avión a Culiacán, gastando 2,000 pesos de sólo 350 que tenía para el transporte.

(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 27 de julio de 2006).

Debido a la historia de AMLO, no existiría la certeza de que con el recuento de los votos se terminarían las movilizaciones. Con la filosofía de que no hay la obligación de cumplir sino las leyes que considera justas, podría desconocer la determinación del Trife, pese al recuento, con el argumento de que nuevamente estuvo mal hecho y que por tanto no hay razón para cumplir el compromiso de desmovilizar a sus partidarios.

Se crearía el precedente de que no importa tanto el cumplimiento de las leyes como la resolución de los conflictos políticos, con lo que regresaríamos a la filosofía de la era priista (y también de esta era foxista) en la que la prioridad era resolver los conflictos sociales sin importar si para ello era necesario dejar de cumplir la ley o hacer una interpretación muy libre de ella.

Los magistrados deben tomar una primera decisión que requiere que se conozca toda la documentación de las impugnaciones recibidas. Esa decisión es la que va a determinar el curso de la calificación de la elección presidencial.

La determinación es si se van a apegar a la ley, a lo que -por imperfecto que sea- está establecido en las normas aplicables a la calificación de la elección presidencial.

O bien, si van a asumir que la letra de la ley no es aplicable a un caso extraordinario, como el que enfrentan y por lo tanto, van a invocar el debatible espíritu de la norma, que da cabida tanto al recuento integral como a la nulidad.

En el fondo, el tema es si tomarán una decisión jurídica o política.

Si es la segunda, seguramente habrá recuento total de los votos, si es la primera, lo habrá en un número limitado de casillas.

Enrique Quintana
(v.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 27 de julio de 2006).

La táctica de López Obrador es la de convencer de que hubo fraude, a una parte significativa de la población. No importa si lo hubo o no, lo que importa es que la población lo crea. No importa la realidad, lo que importa es la percepción.

Lo que hace AMLO es manipular las masas a su favor. En otras instancias y en otros países, acciones similares han llevado a derrocar gobiernos, a iniciar revoluciones, a imponer dictaduras y a acabar con democracias. Lo peor de todo es que sabemos que AMLO está dispuesto a pagar el precio que sea, con tal de llegar al poder. No importan el costo ni el daño. No importan el país ni la economía. No importan los pobres ni los ricos. No importan la política económica ni las acciones del gobierno. Lo que importa es el poder.

La mayoría de la población (incluyendo a AMLO), no peca de ignorancia: sabe que no hubo fraude en estas elecciones. No obstante, AMLO pretende llegar al poder aun sin haber ganado. El sabe que lo único que necesita es convencer a un segmento de la población, que ni siquiera necesita ser mayoría, de que hubo fraude. Esta manipulación la ejerce como maestro. Conozco a muchos que están totalmente convencidos de que hubo fraude. Repiten los argumentos que les han alimentado palabra por palabra, como si los hubieran hipnotizado. No razonan. No se puede razonar con ellos.

AMLO conoce cómo ejercer presión desde la oposición. Empezó con los bloqueos de pozos petroleros. Siguió con manifestaciones a lo largo de Reforma. Ahora puso de moda las asambleas informativas en el Zócalo. Está por anunciar medidas de "resistencia civil". Pero lo peor está por venir, ya que es capaz de mucho más.

El lema de AMLO es el de "voto por voto, casilla por casilla". Sin embargo, no es su tirada. El apuesta a que el sistema legal, en este caso específico el Tribunal Electoral, no acepte sus impugnaciones y mucho menos, sus alegatos de fraude. No le conviene el recuento de votos, ya que demostraría que realmente perdió. Él quiere mantener la percepción de que hubo fraude y que se manipuló el sistema legal en su contra. Por lo mismo, la única forma de desinflar la manipulación de masas y de ganarle la jugada es a través de un recuento de votos y así desenmascararlo como lo que es: alguien que busca el poder por el poder mismo, y no por el bienestar del país o de los pobres.

Sin embargo, el problema no es tan sencillo. Estamos ante un dilema, en el cual perdemos sin importar el resultado. Podemos demostrar que sí tuvimos un proceso legítimo a través del recuento, pero con un costo enorme en términos de cuestionar al IFE y a nuestro proceso electoral. Significaría restarle valor al conteo ciudadano. Significaría sacrificar mucho de lo que avanzamos con las reformas electorales de las últimas décadas, pero en especial la de 1996. Significaría una vez más, menospreciar el Estado de Derecho. También significaría abrir la puerta a la posibilidad de cuestionar todos los procesos electorales de aquí en adelante.

La otra opción es ir por la vía legal y aceptar la resolución del Tribunal Electoral. El problema es que AMLO no lo va a aceptar, crecerán las manifestaciones e impulsará acciones de resistencia civil. Aunque pierda, algunos de sus seguidores y los que lo apoyarán hasta el final serán una minoría, no importa. AMLO siempre ha manejado la tesis de que lo legal y lo legítimo son diferentes. Al pobre siempre le han visto la cara y en nombre de lo legal, le han cometido injusticia tras injusticia. Seguirá con lo mismo. Mantendrá la ilusión de que hubo fraude y que el presidente no es legítimo. Se utilizó la ruta de respetar la ley una vez más como pretexto para cometer una injusticia.

AMLO busca primero que el Tribunal Electoral decida en su contra, para así convertirse en un mártir, en un nuevo héroe de la revolución. Después buscará bloquear al Gobierno y evitar que pueda avanzar. Impulsará sus medidas de resistencia civil y si desembocan en conatos de violencia simplemente dirá que no los puede controlar. Piensa que tiene alrededor de 15 millones de mexicanos que lo apoyan. Si en la realidad son menos, no importa. Buscará ser el David Copperfield de la política, de crear ilusiones y de trabajar con percepciones. Su objetivo final es construir una situación de ingobernabilidad, que termine en la renuncia de Felipe Calderón y la imposición de un presidente interino por parte del congreso.

¿Hasta dónde será capaz de llegar? Por lo pronto, no sabemos. Si no logra la renuncia de Calderón, ¿qué hará? No nos debería sorprender nada. ¿Cuál es su límite? Parece no tener. ¿Pudiéramos pensar en una lucha armada? Ha insistido en la ruta pacífica, pero sabemos que sus palabras tienen poco valor. ¿Tomaría la ruta del subcomandante Marcos? Todo señala que él pretende mucho más.

Hay quienes piensan que lo deberíamos tratar como a los niños, dejarlo hasta que se canse. ¿Se cansará? Otros piensan que simplemente dejemos que el tiempo le cure sus heridas, ya que no pasará de ser un mártir más sin importancia. ¿Será? Dicen que lo que le dará sepultura será la presencia de un hombre competente en la Presidencia. ¿Lo tendremos? Finalmente, la mayoría parece estar a favor del Estado de Derecho, es decir, de la aplicación tal cual de las leyes y acatar la resolución del Tribunal Electoral. Pudiera ser la ruta correcta, pero entonces tomémoslo sin reservas, sin excepciones, con firmeza y sin titubeos. No se vale escoger la ruta legal únicamente cuando nos conviene o cuando es fácil. ¿Será lo suficientemente robusto nuestro sistema legal?

Jonathan Heath, director de Estudios Económicos de HSBC México
(v.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 27 de julio de 2006).

Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, advirtió que quienes tomen edificios, carreteras o aeropuertos en demanda del recuento de votos del 2 de julio, pueden incurrir en delitos graves.

"No corresponde al modelo que nos hemos dado los mexicanos con mucho esfuerzo, con un gran costo en todo sentidos en el que hemos perfeccionado nuestra democracia que ahora no pretenden respetar".

(V.pág.2-A de El Informador del 25 de julio de 2006).

Todos los presidentes pierden autoridad en la fase final de su mandato, muy claramente después de los comicios para elegir sucesor. En este periodo presidencial, la situación se acentúa por la atonía del señor Fox, quien reiteradamente se manifestó en contra de lo que él llama autoritarismo y consecuentemente, de manera fatal, encaminó su gobierno a la falta de autoridad.

Son muy cuantiosos los daños que ha inferido al país con sus desaciertos y hoy sufrimos el efecto acumulativo de los errores políticos en que incurrió, o heredó, lo cual invariablemente se presenta al finalizar el gobierno. Falta de oficio, inexperiencia o distracción en el cumplimiento de sus funciones en la Secretaría de Gobernación, son la principal causa del grave problema electoral por el que atraviesa el país.

En esa Secretaría, como en ninguna otra, se conocen los antecedentes de López Obrador, su forma de actuar, y sus ilícitas tácticas de lucha; no obstante, y como si fuera algo intrascendente, con imperdonable ligereza se autorizó su postulación para jefe de Gobierno del Distrito Federal. López Obrador tiene credencial de elector de Tabasco, por lo tanto allá debía votar o ser votado. Legalmente estaba impedido para participar en las elecciones de jefe de Gobierno del Distrito Federal. [Nota del webmaster: este asunto le tocó resolverlo al presidente Ernesto Zedillo].

Hubiera sido una decisión de irreprochable legalidad y fácil de sostener en cualquier superior instancia. Sin la enorme fuerza y la fortuna que ha acumulado, su carrera se hubiera detenido; no hubiera dispuesto de la diaria tribuna en televisión y de los dineros para los sobornos a los viejos, el subsidio a la leche, la dizque universidad para los rechazados y muchas cosas más que en este lugar no es posible mencionar.

No por falta de experiencia ni conocimientos, sino por una verdadera estupidez se intentó su desafuero, con el cual se le convirtió en perseguido político y heroica víctima. Por algo que se califica con una palabra que no debo escribir, en la ocasión más inoportuna, vino la retractación y el desistimiento de la acción penal.

Todavía se endurecen las quijadas para comentar la situación en que se puso el gobierno, el desdoro para la Cámara de Diputados, la humillante condición en que quiso colocar al procurador, su obligada renuncia y el descrédito en que se hundió a la institución. Ni siquiera supieron encontrar razones y palabras sinceras que fueran socialmente satisfactorias. Preferible hubiera sido decir que el desistimiento era por generosidad del presidente, quien deseaba perdonarle y salvarle de mayores responsabilidades al implicarse en cualquier posible acto de violencia, pero dejando expresamente a salvo los derechos de los ofendidos por los actos atribuidos al jefe de Gobierno.

Penosa en extremo fue la renuncia del señor procurador Macedo de la Concha, pero enaltecedor para él en lo personal y del honor militar el que no haya aceptado suscribir los absurdos argumentos en que se fundó el oprobioso desistimiento. La irresponsable imprevisión del presidente y de su secretario de Gobernación para que se demandara el desafuero y los vergonzosos términos en que se formuló el desistimiento, son los cimientos que sirvieron para crear la imagen del triunfante héroe civil que hoy no encuentran la forma para bajarlo del pedestal.

Ni para qué volver los ojos atrás; ya estamos frente a los alardes de fuerza política de López Obrador y del PRD, de las simpatías de grupos de intelectuales y de su sólida influencia en las masas, es decir, en la olvidada pobrería, que es la mitad de la nación. De hecho, no de derecho, estamos también ante el mando que tiene sobre las fuerzas de seguridad, la burocracia del Departamento del Distrito, y ni cómo negarlo, la disposición de sus grandes recursos. Quienes en esta clase de asuntos tienen experiencia pueden calcular cuánto costó movilizar millón y medio de manifestantes, muchos miles de ellos transportados de diferentes estados de la república.

Deseo sinceramente equivocarme, pero me temo que Fox entregará el poder con su personal sello: un Atenco multiplicado por mil.

Alberto Orozco Romero, licenciado en Derecho y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 24 de julio de 2006).

Unos 500 integrantes del magisterio y de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) tomaron ayer el cuartel de la Policía Municipal y rescataron a uno de sus compañeros detenido y a otros nueve encarcelados por faltas administrativas.

Además tomaron como rehenes al comandante Noé Barrita Fructuoso y al director de la policía local, Delfino Cruz Hernández, entregados ilesos más tarde a una ambulancia de la Cruz Roja. Ayer por la tarde, a través de Radio Universidad, se informó que un integrante de la APPO había sido detenido cuando protestaba frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por lo que los maestros y sus simpatizantes se dirigieron a bordo de dos autobuses urbanos hasta el cuartel, que fue abierto a patadas y golpes para liberar al detenido y otros nueve encarcelados por faltas menores.

(V.pág.15-A de El Informador del 24 de julio de 2006).

Para el PRD de Oaxaca, la cancelación de la Guelaguetza, la toma de las tres sedes del poder estatal, el bloqueo de hoteles, el plantón permanente en el centro histórico y las constantes movilizaciones de la sección 22 del SNTE no son suficientes.

En opinión del coordinador de los diputados perredistas, Rey Morales, hace falta que la ingobernabilidad que ya existe en la capital del estado sea llevada al resto de los municipios de la entidad.

(V.pág.21 del periódico Público del 23 de julio de 2006).

Ya advertido, para qué se mete el Trife en el berenjenal de contar voto por voto, demanda principal del perredista, quien cada día se contradice más y se exhibe como el menos indicado para dirigir al país, por su delirio esquizoide.

De ahí que así como lanza una carnada a los ancianos para que voten por él y usarlos de carne de mitin, o gritó compló cuando le descubrían corrupción o desacato a la ley en el Gobierno del DF; o ¡fraude! al perder la elección; o exige anular ésta; de igual modo no extrañará que desconozca un fallo adverso del Trife y arme la desestabilización.

Su cantaleta de contar voto por voto por el bien de la estabilidad política es un chantaje y revela su afán desestabilizador -aunque lo niegue, como negó asertos anteriores, que después fueron realidades ominosas- para decir luego que quienes desestabilizan son otros, acorde con su conducta paranoide de acusar a los demás de sus dichos y hechos.

Si sus fans repiten hasta el cansancio las necedades que él dicta para justificar su desacato al fallo del IFE -cual si todos los mexicanos fuésemos tarados- así de clara es su postura de no ceder hasta que le regalen la Presidencia, sea como sea, cueste lo que cueste.

Es un engaño más eso de que el recuento evitará movilizaciones, si ya desató éstas y vienen de varias partes del país hacia el DF, aunque exageren el número de asistentes; pero tendrá que gastar más en reforzarlas, como el Gobierno del DF no para de hacerlo; lo que invita -por enésima vez- a investigar las finanzas del GDF, que tanto le ha aportado a su campaña, sin importar que aumente más su deuda; que él absorbería desde Los Pinos.

López Obrador no duda en desafiar al gobierno a recurrir a la fuerza para frenarlo y, a medida que pase el tiempo, si crecen sus escándalos callejeros y la fanatización de sus partidarios, tendría que ser mayor la respuesta oficial, y no pararían de gritarle genocida.

He ahí un excelente caldo de cultivo para grupos violentos, aliados del PRD: CGH, Frente Popular Francisco Villa, Atencos, Antorcha Campesina, Unión Popular Emiliano Zapata, Marcos, Movimiento de los 400 Pueblos, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Asamblea de Barrios y El Barzón, a los que podrían adherirse los armados, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El gobierno federal debería actuar antes que crezca más el follón subversivo contra el orden público, si es que va a hacerlo; pues el diálogo, la negociación y respetar la ley no entran en el léxico de AMLO. Aunque -es palpable- las manifestaciones no son tan numerosas como presumen, por más acarreados que traigan al DF.

Ni para cuándo quepa en el Zócalo un millón de gentes, como calculó el domingo la policía perredista y lo gritaba de sus concentraciones el PRI, del que el PRD no es más que una versión corregida y aumentada.

Ahora lo importante es velar porque las movilizaciones de AMLO, no se conviertan en otro 68, porque Manuel Camacho y Leonel Cota, alfiles del Peje, propalan que si no es declarado presidente electo, habrá sangre.

Salvador Flores Llamas
(v.pág.4-A de El Informador del 22 de julio de 2006).

Andrés Manuel no le apuesta a las instituciones, al contrario, sabe que la institucionalidad no le favorece. AMLO comprende que la única forma en que la vía legal, le podría beneficiar sería un conteo de voto por voto a nivel nacional, no para probar un sofisticado fraude que le arrebató la Presidencia, sino para promover suficiente confusión que podría hacer casi imposible que el Tribunal emita un fallo con credibilidad y jurídicamente justificable. La otra opción para AMLO sería la anulación de las elecciones que llevaría a la selección por parte del nuevo y dividido congreso de un presidente interino. No se ha comprometido a respetar la decisión del Tribunal, ya que lo único que aceptará es que se le reconozca como el siguiente presidente o que se le permita abrir otros caminos, otros frentes aún más peligrosos. Por eso es tan preocupante la propuesta y los rumores de posibles presidentes interinos. Ya hay grupos que le empiezan a apostarle a esta opción...

Por eso Andrés Manuel y su equipo presentan a diario mensajes confusos. Parecería que no tienen estrategia ni un mensaje claro. Un día hablan de un fraude cibernético, otro día hablan de un fraude mapache, a la vieja usanza, a la antigüita. Un día amenazan a Calderón y a su familia, otro día explican que sus palabras eran una amable recomendación de que el panista considere cómo lo evaluará la historia. Un día AMLO y su equipo actúan como líderes de un gran movimiento social, y al otro aseguran que son simples empleados del pueblo y que ellos harán lo "que quiera el pueblo" y no sólo deslindándose de la violencia en contra de Calderón, sino además asegurando que la culpa la tiene el mismo Felipe Calderón. AMLO está sembrando la confusión y sospecha de todos: Fox, la iniciativa privada, Felipe Calderón, el PAN, el IFE, los medios de comunicación, y miles de perredistas en las casillas que los representaron eficientemente en las elecciones federales, pero que en ese mismo día "se corrompieron, se vendieron para que le robaran a AMLO la elección presidencial".

AMLO y su equipo arman una estrategia con la que buscan presionar con movilizaciones masivas, pero que cuando se salgan de control no se responsabilizarán por las acciones de sus seguidores. Caos, confusión y la no-responsabilización por su movimiento y sus partidarios es la estrategia. Ante esta óptica, AMLO y su equipo de asesores han sido bastante exitosos ante los medios, especialmente cuando se compara la estrategia más aburrida de Calderón que busca promover la mesura, la paciencia y la confianza en las instituciones.

Ana María Salazar, académica del ITAM
(v.pág.5-A de El Informador del 22 de julio de 2006).

Hoy se cumplen dos meses del plantón de más de 50,000 profesores de la Sección 22 del SNTE en el primer cuadro de Oaxaca; el deterioro al patrimonio histórico resiente los daños generados por el movimiento.

El color ocre de las fachadas de sus edificios fue pintarrajeado con leyendas y caricaturas políticas, que variaron hasta terminar con la demanda de la renuncia del gobernador Ulises Ruiz: "Fuera Ulises de Oaxaca".

(V.pág.7-A de El Informador del 22 de julio de 2006).

El Ayuntamiento de Zapopan ofrece descuentos hasta por 75% a quienes tienen recargos por deudas en el predial y el agua. Se estima que hay 47,000 deudores de predial y otros 6,000 de agua.

[Con este tipo de promociones, los deudores aumentarán en lugar de disminuir - el webmaster]

(V.pág.8 del periódico Público del 21 de julio de 2006).

Para Germán Martínez Cázares, representante panista ante el IFE, Andrés Manuel López Obrador está incurriendo en las mismas acciones que protagonizó en 1994 durante disputa por el Gobierno de Tabasco, cuando bloqueó carreteras y pozos petroleros.

"Andrés Manuel López Obrador es el mismo del '94: Es el de la antigüita. La antigüita de los bloqueos, la antigüita del temor, la antigüita de bloquear carreteras y la antigüita de bloquear pozos petroleros", sostuvo Martínez.

"Lo conocemos: A ellos se les combate con aprecio por las instituciones, con aprecio por la paz y con respeto y acatamiento al estado de derecho", resumió.

Martínez echó en cara a AMLO que no haya rechazado la violencia.

"La ha justificado indebidamente", sostuvo.

"Consideramos que de López Obrador y del Partido de la Revolución Democrática hay un hostigamiento (visible en) Manuel Camacho Solís avisando que vienen los puños", insistió.

(V.pág.4 del periódico Mural del 20 de julio de 2006).

Alrededor de 60 personas bloquearon ayer por más de 4 horas los accesos a las oficinas de Banamex en el Centro Histórico.

Encabezados por la escritora Elena Poniatowska y la actriz Jesusa Rodríguez, los simpatizantes del aspirante presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador demandaron al empresario Roberto Hernández que se aparte del proceso postelectoral y pague sus impuestos.

Banamex condenó el bloqueo y advirtió que se reserva el derecho de proceder legalmente contra quien resulte responsable.

"Reconocemos el derecho a manifestarse de cualquier persona u organización, pero de la manera más enérgica lamentamos y condenamos que este tipo de conductas afecten los derechos de terceros", dijo.

(V.pág.6 del periódico Mural del 20 de julio de 2006).

Algunos ven inconsistencia en el discurso del candidato perredista, y se preocupan por lo errático de su pensamiento. A mí eso no me inquieta. Lo que me intranquiliza es la creciente agresividad de sus palabras, y la condonación que hace de la violencia a que recurren sus partidarios para manifestar su descontento. No pudo ser más desafortunada la mención que AMLO hizo de la familia y los hijos de Felipe Calderón. Hay dos posibilidades: que en sus palabras López Obrador haya puesto una sugerencia de amenaza, en cuyo caso estaríamos en presencia de una canallada, o que no les haya dado intencionadamente esa connotación violenta, en cuyo caso estaríamos en presencia de un imprudente líder político que no piensa lo que dice ni mide el alcance de sus pronunciamientos. Ciertamente ninguno de los dos extremos favorece a López Obrador. Tampoco lo favorece la ligereza -cinismo, diría alguien más claridoso que yo- con que descalificó la preocupación suscitada por la acción violenta de algunos partidarios suyos que injuriaron y amenazaron a Calderón y atacaron el vehículo en que iba. "No nos pongamos tan exquisitos", dijo. Desde luego es imposible que un líder controle a todos aquellos que le siguen, pero López Obrador no descalifica esas manifestaciones violentas, antes bien parece aprobarlas. Con eso hace más graves las tensiones que ha creado no con sus impugnaciones, que son un recurso legal, sino con su actitud de menosprecio a las instituciones y a la ley, y con su tolerancia a la violencia. Cuando en un movimiento aparecen carteles con la leyenda "Haz Patria, mata a Felipe", tiempo es de preocuparse y de lamentar que México se vea en esta coyuntura. En recta conciencia nadie puede pensar que en manos así debe quedar este país...

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.pág.9 del periódico Mural del 20 de julio de 2006).

López Obrador se quejó de la publicidad negativa que presentó el PAN en su contra hacia el final de la campaña presidencial, en especial la de que la opción del PRD es un peligro para el país. La efectividad de los anuncios pudo haber sido lo que le dio a Calderón la victoria, uno de los múltiples argumentos que AMLO presenta como evidencia de elecciones manipuladas. Sin embargo, después de una jornada electoral ejemplar en términos de limpieza y participación ciudadana, la reacción maliciosa del candidato del PRD le está dando la razón al PAN.

Las encuestas de salida realizadas el pasado 2 de julio por fuentes independientes, señalaban (en promedio) que Calderón había ganado, aunque por un escaso margen. El conteo rápido que realizó el IFE, que constaba de un poco más de 7,000 casillas, dio como ganador a Calderón, pero por una diferencia tan pequeña, que el IFE decidió no divulgar los resultados. El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), confirmó la victoria de Calderón y recalcó que fue por estrecho margen. Finalmente, los cómputos distritales ratificaron los resultados del PREP y el IFE anunció que, efectivamente, Calderón había obtenido más votos que su contrincante más cercano, aunque fuera por un escaso 0.58% de los votos.

Dos semanas antes habíamos dicho que estaba difícil predecir quién iba a ganar. Era prácticamente un volado y las encuestas señalaban un empate estadístico. Dado que el resultado final estaría en manos de los indecisos, no nos debería sorprender que cualquiera de los dos ganara y que fuera por un margen tan pequeño. Las encuestas, el conteo, el PREP y los cómputos finales fueron todos consistentes. Nos señalan una realidad: ganó Calderón por muy poco, pero ganó.

La táctica de López Obrador, verdaderamente peligrosa y en línea con la publicidad del PAN, es la de convencer a una parte significativa de la población de que hubo fraude. No importa si lo hubo o no, lo que importa es que la población lo crea. No importa la realidad, lo que importa es la percepción. La manipulación de las masas es uno de los instrumentos políticos más poderosos. Puede llevar a derrocar gobiernos, a iniciar revoluciones, a imponer dictaduras y a acabar con democracias. El peligro que vemos ahora es que López Obrador está dispuesto a pagar el precio que sea, con tal de llegar al poder. No importan el costo ni el daño.

Roberto Madrazo hizo lo mismo, pero limitado al interior de su partido. Con tal de ser el candidato del PRI, destruyó la unidad, debilitó lo que era el voto duro y expulsó a sus contrincantes del partido. El costo de su terquedad fue haber llevado al PRI a un tercer lugar distante. Sin embargo, se limitó a su propio partido. López Obrador parece dispuesto a sacrificar el país, destruir nuestra democracia incipiente y dividir permanentemente la población, con tal de evitar que Calderón llegue al poder.

No hubo fraude en estas elecciones. Lo que sí hubo fue una contienda sumamente cerrada, en la cual cualquiera pudo haber ganado. Así es la democracia y se supone que los perdedores así lo deben de aceptar. No obstante, dada la forma de contar los votos y por el hecho de que el resultado final fue muy cerrado, sí es posible la existencia de un pequeño error que pudiera cambiar el veredicto final.

Los ciudadanos que realizaron el conteo pudieron haberse equivocado. Si pensamos que el nivel educativo en muchas regiones fue muy bajo, es posible que varias actas se llenaron mal y que los números no sumen bien. Es importante recalcar que esto es cuestión de ignorancia, más no de fraude. Sin embargo, este tipo de errores pueden existir de ambos lados del conteo. La teoría estadística nos dice que lo más probable es que los errores se distribuyeron en forma normal alrededor de una media igual a cero. Por lo mismo, no debería ser necesaria la revisión voto por voto, casilla por casilla. Aunque perfectible, tenemos un sistema electoral robusto en el cual deberíamos confiar y aceptar.

Todo esto lo sabe AMLO. No es tonto. No obstante, su táctica política tiene que ver poco con la democracia y todo con obtener el poder, cueste lo que cueste. Desafortunadamente, no nos quedan muchas opciones. La única forma de desinflar la manipulación de masas, es a través de un recuento de votos y así demostrar que sí tuvimos un proceso legítimo.

Jonathan Heath, director de Estudios Económicos de HSBC México
(v.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 20 de julio de 2006).

Quienes recibimos usualmente correos electrónicos de los ciudadanos hemos podido percibir que la polarización de la sociedad no es un asunto teórico.

Hay grupos, al menos entre quienes mandan los correos, que quieren acciones más radicales, sea para detener la ofensiva de AMLO o de sus partidarios para exigir el recuento de todos los votos.

Si en las concentraciones encabezadas por AMLO o en las entrevistas que da aparecen señalamientos como el de que llegará hasta donde la gente le pida o si implícitamente justifica la actitud agresiva de la gente que se siente defraudada, hay quienes pueden interpretar esos dichos como la instrucción de que hay que ser más agresivos en las protestas.

Y del lado de los críticos de AMLO también han aparecido los que están dispuestos a llegar a las manos y romper los carteles en los que se pedía el recuento de voto por voto.

En circunstancias como las que estamos viviendo hay dos trayectorias que son posibles en el ánimo de la población.

Una de ellas es que se presente una espiral de agresiones: que partidarios del PRD contesten a la destrucción de los carteles y que luego los partidarios del PAN respondan a la siguiente acción y que así sigamos.

La otra es que las dirigencias de los partidos hagan una condena tajante a las agresiones, sin justificarlas o "explicarlas", para tratar de cambiar el ánimo de los más radicales en sus bases.

Si llegamos al punto en el que pensamos que es el de enfrente el provocador, mentiroso, paranoico y cuanto defecto imaginemos, podríamos llegar a un punto en el que la polarización de la sociedad acabara pegándonos a todos.

Enrique Quintana
(v.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 20 de julio de 2006).

Andrés Manuel López Obrador, el gran mago de la comunicación política, cometió un desliz en una entrevista que le hizo el periodista Miguel Angel Granados Chapa el lunes en Radio UNAM, que reflejó el fondo de su protesta por los resultados de la elección presidencial. Si se hiciera el recuento de voto por voto y perdiera en ese nuevo cómputo, admitió, no reconocería la victoria de Felipe Calderón. La interpretación política es clara: si no gana la elección, por más legal y legítima que sea su derrota, no reconocerá el triunfo del vencedor. La premisa básica democrática que se gana o se pierde por un voto, es una cultura que, en sus dichos, López Obrador no reconoce. Por eso, más relevante para el futuro mexicano es lo que significan sus palabras dentro de la lógica jurídica en la impugnación de la elección.

Esa proyección freudiana ayuda a comprender en toda su magnitud la estrategia jurídica que sigue el Partido de la Revolución Democrática en su juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentado apresuradamente el lunes de la semana antepasada donde impugnaron 184 distritos, en 183 de los cuales se consideran reclamos "ortodoxos" y referidos al mismo día del proceso electoral, y uno "heterodoxo", que es el llamado "juicio líder" que fue presentado en el Consejo Distrital 15, en el Distrito Federal. Esos 184 distritos concentran 26,000 casillas, que son las que necesitaría, en caso de probar irregularidades, para anular la elección, pues como implícitamente reconoció ante Granados Chapa, los votos no le alcanzan para derrotar a Calderón.

La versión oficial del PRD es que no quieren anular la elección sino el recuento de votos. El documento de impugnación consta de tres partes que fueron redactadas por diferentes personas. La parte más débil es la segunda, con probabilidades de que se declare improcedente, referida a las irregularidades en las casillas el día de la elección, y redactada por los leales lugartenientes de López Obrador, Manuel Oropeza y Alberto Pérez Mendoza, responsables de la estructura electoral que fracasó al no tener representantes en más de una tercera parte de las casillas. La tercera es la que conecta a los 183 juicios "ortodoxos" con el "heterodoxo", redactada por el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral, Horacio Duarte, y que permite la conectividad que llevaría a la anulación de la elección presidencial, pues si es exitosa la impugnación en el Consejo Distrital 15, en automático se haría válido para el resto de las casillas reclamadas.

La primera parte del juicio de inconformidad, el presentado en el Consejo Distrital 15, es lo fundamental. Son 56 páginas donde se establece la protesta de la elección presidencial y se alegan las causales para la nulidad abstracta por razones de inequidad, certeza e independencia en el proceso. Estuvo redactada por tres personas altamente calificadas y profundamente conocedoras de las leyes electorales vigentes. La cabeza es Arturo Núñez, quien fue fundador del IFE y bajo cuya supervisión el finado José Luis Lamadrid redactó las leyes electorales. Junto con él participan Fermín Pérez Montes, quien cuando Núñez fue secretario general del IFE, él fue coordinador de asesores del entonces secretario general del instituto, Agustín Ricoy Saldaña, y Ricardo Monreal, uno de los responsables de las redes ciudadanas de López Obrador, y que en aquellos años, como diputado, participó en la construcción legal del órgano electoral.

Núñez fue llamado de urgencia a la Ciudad de México para encabezar el equipo jurídico sobre el cual finca López Obrador su esperanza ya no de ganar la elección, sino que Calderón no sea declarado presidente electo. El alegato central ante el TEPJF será que vaya más allá de lo que dice la ley, como en el caso de Tabasco cuando anuló la elección para gobernador, y de Yucatán, cuando obligó al congreso local a reconocer al Consejo Electoral. Trabajo difícil, pues no sólo carecen de apoyos suficientes para respaldar la causal de nulidad abstracta, como es el caso de la débil documentación en cantidad y calidad para argumentar irregularidades determinantes el día de la elección, sino también porque varios de los argumentos iniciales de López Obrador se han venido cayendo. Uno de ellos lo expuso con Granados Chapa, el llamado fraude cibernético, al reconocer que estaba equivocado y que el Programa de Resultados Electorales Preliminares, tal y como desde un principio lo señaló el IFE y la Universidad Nacional Autónoma de México, no fue alterado. Otro escollo que enfrentarán es que algunos de los elementos para respaldar la causal de nulidad abstracta es que el tribunal electoral podrá no sólo contemplar las impugnaciones del PRD, sino ubicarlas en su propio contexto a fin de determinar si son válidas y determinantes en la afectación de la elección. En este caso se encuentran, por ejemplo, las impugnaciones sobre los gastos de campaña, al presentar los de Calderón en los medios de comunicación como uno de los factores que alteraron la elección. Este punto, sin embargo, será uno de los ampliamente debatibles.

Otro obstáculo radica en que el tribunal analice el impacto que tuvo factores de la campaña de López Obrador como cuando le dijo "chachalaca" al presidente Fox, o el no haber ido al primer debate. Cuánto de ello pesará en el balance de los magistrados, no se sabe. Lo que sí se puede anticipar es que la petición de que el tribunal vaya más allá de lo que dice la ley, se cumplirá, aunque no necesariamente, visto en el horizonte, se puede afirmar que beneficiará finalmente a López Obrador.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.14 del periódico El Nuevo Siglo del 20 de julio de 2006).

Varios millones de mexicanos consideran que hubo fraude en la elección y también son varios los millones que consideran las manifestaciones como chantajes. En lo personal considero que fue una elección con altísima participación y, tal vez, la más limpia en la historia de México. Esto no quiere decir que no haya habido errores y trampas que, cuando el resultado es tan cerrado, pueden marcar la diferencia. No nos debe extrañar que quien queda abajo por pocos votos pida que se cuente de nuevo.

Los mexicanos tenemos un sistema electoral muy caro. Tiene la virtud de que son los propios ciudadanos los que organizan la elección y cuentan los votos. Los votos los contaron ciudadanos, casilla por casilla, teniendo como testigos a representantes de partidos, autoridades electorales y observadores. En donde hubo alguna duda se abrieron los paquetes y se volvieron a contar en presencia de los representantes de todos los partidos. No hay elementos para hablar de fraude pero sí para pedir que se revise el conteo.

El proceso electoral, desde hace algunos años, se quitó a los partidos y funcionarios para ponerlo en manos de ciudadanos. Invalidar lo que hicieron los ciudadanos sería, en cierta forma volver al pasado. Sin embargo, la respuesta y la responsabilidad están en manos del Tribunal Electoral y los mexicanos, "Por el Bien de Todos", debemos acatar y respetar lo que defina el Tribunal.

Me preocupa, como a muchos mexicanos, lo que pueda pasar si el Tribunal, contando de nuevo o no todos los votos, declara ganador a Felipe Calderón. ¿Aceptará López Obrador haber perdido? También me preocupa lo que podría pasar si el Tribunal rectifica casillas y con ello se cambia el sentido de la votación y declara ganador a López Obrador ¿Aceptará Felipe Calderón perder?

Si el perdedor no acepta el resultado, lo más seguro es que tengamos un sexenio perdido y los mexicanos no podemos darnos ese lujo. El combate a la pobreza y a la inseguridad no puede esperar. Calderón y López Obrador deben manifestar, sin titubeos ni condiciones, que respetarán la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras tanto los legisladores electos deben pensar en serio la posibilidad de que en las próximas elecciones presidenciales haya segunda vuelta.

Víctor Manuel González Romero, profesor, investigador y exrector general de la U.de G.
(v.blog del 19 de julio de 2006).

"¡Voto por Voto!, ¡Casilla por casilla!", le gritaron no más de 10 personas que ya esperaban al candidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, Felipe Calderón, y al menos dos de ellos arremetieron con golpes de puño y patadas contra su camioneta.

(V.pág.2-A de El Informador del 19 de julio de 2006).

López Obrador dio a entender que no puede garantizar hasta dónde serán pacíficas las protestas de sus simpatizantes, ya que "la gente está muy molesta".

Más todavía, en entrevista periodística se abstuvo de responder de manera categórica si aceptará el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aun cuando no haya recuento de todos los votos. Sólo vislumbró el escenario en el que se ordene contar voto por voto.

No se discute el derecho del señor López Obrador y sus seguidores a impugnar los comicios, de acuerdo con las leyes vigentes, ya que éstas se elaboraron y aprobaron precisamente en previsión de este tipo de circunstancias.

Sin embargo, se advierte en las declaraciones del ex-candidato presidencial la amenaza de que si no se hace lo que él propone, es decir, el recuento voto por voto, podría romperse la paz social.

Cabe recordar que México transita desde hace décadas por un camino de instituciones y de leyes, que costó mucho construir y que nadie puede vulnerar de la noche a la mañana. Por muy graves que sean los agravios, la violencia no es alternativa contra las violaciones a la ley, sino la propia ley. La solución es acatar lo que dictaminen los tribunales.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 19 de julio de 2006).

Para López Obrador, el complot del que siempre ha hablado, ahora le resulta una conflagración mundial, pues a decir de sus palabras, aparentemente todos están en su contra:

El "innombrable", el "sub-Marcos", el IFE, los banqueros, los empresarios, los observadores internacionales, las encuestas, el presidente de la república, los presidentes de otras naciones, los jefes de casilla, sus propios representantes de casilla, miembros de su propio partido, los escrutadores, los mexicanos en el extranjero, los sindicatos... más los que se acumulen en la semana.

En este compás de espera, lo que el señor López Obrador pretende con su actuación, es engañar, falsear información, construir una fantasía, calentar la cabeza de sus simpatizantes, infundir temor y, a fin de cuentas, intimidar a la última instancia electoral, cuyo fallo será el final-final porque legalmente es definitivo e inatacable.

En todo esto, debemos reconocer que la reacción que López Obrador ha tenido a partir de su derrota electoral, en realidad no es nueva. Levantar a las masas según sus intereses personales y sus visiones mesiánicas, enfrentar a las instituciones y pasar por encima de ellas es algo en lo que AMLO se ha curtido a lo largo de su paso en la política.

Lo hizo en Tabasco como candidato derrotado, lo hizo en el Distrito Federal como jefe de Gobierno y ahora lo hace a nivel nacional, ante la frustración de no llegar a la Presidencia del país. Esta forma de proceder se denunció en su momento y ahora, es el propio señor López Obrador quien, ante los ojos de todos los mexicanos, se ha encargado de confirmar el diagnóstico: López Obrador es, sin lugar a dudas, un peligro para México.

José Espina, secretario general del PAN y diputado local en la ALDF
(v.pág.4-A de El Informador del 19 de julio de 2006).

López Obrador va más allá del ejercicio del derecho que tienen partidos y candidatos, a presentar las impugnaciones que estimen pertinentes ante el Tribunal Electoral para que éste las pondere, califique su procedencia, investigue y resuelva...

"Quiero que reconozcan mi triunfo", afirma tajante ("El País", VII-16-06, pp. 10-11). Le preguntan si promover las movilizaciones no es "una manera de presionar al tribunal". Responde: "Sí, como lo tienen sometido los otros, y como han sometido a los medios de comunicación, a los funcionarios electorales y a todos"...

Como la viejita del chiste consabido: "El señor dijo que a todas"... Lo cual significa que, en efecto, en México, para robarle las elecciones, debió producirse el mayor "compló" de la historia. Un "compló" en que participaron todos los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla (incluidos los representantes que el PRD tuvo en el 96% de las mismas) en una jornada electoral calificada por todos los observadores -involucrados, obviamente, en el "compló"-, pese a las inevitables imperfecciones, de "ejemplar".

Ayer, "El País" -botón de muestra de las reacciones, a nivel internacional, del conflicto postelectoral en México-, editorializaba: "Pretender trasladar la reivindicación, manteniendo en estado de agitación a centenares de miles de personas, es una política irresponsable".

De la agitación a la violencia hay un paso. Y ayer ya se dio: el candidato panista, Felipe Calderón Hinojosa, fue objeto de una agresión por parte de simpatizantes declarados del PRD...

Quizá lo más notable haya sido el comentario de López Obrador: "Fue una reacción menor ante un agravio mayor".

Aprobar la brutalidad en las actuales circunstancias, parece más irresponsable aún que desacatar a priori las resoluciones de la autoridad y movilizar a las turbas: es pretender justificar la violencia -y eventualmente del crimen- como consecuencia del despecho.

Jaime García Elías, columnista y conductor radiofónico
(v.pág.5-A de El Informador del 19 de julio de 2006).

Está claro que López Obrador tiene no sólo el derecho, sino la obligación de acudir al Tribunal Electoral, para pedir que se cuenten los votos en donde existen impugnaciones. Pero es un despropósito que pida que se cuenten de nuevo todos los sufragios, sólo porque él y sus seguidores creen que ganaron. La democracia electoral, las leyes, y las instituciones no están para responder a contentillo de nadie. Y también tienen razón los miles que, acarreados o no, reclaman en el zócalo. Su reclamo de limpieza electoral es justo, porque nos guste o no, una quinta parte de los electores potenciales votaron por la opción de López Obrador, sea o no una opción válida o mentirosa.

El problema no está en la legitimidad del reclamo de AMLO y seguidores. Está en las formas y en los objetivos. Las formas, porque con argumentos engañosos se ha hecho creer a miles de mexicanos que en el pasado 2 de julio se cometió un fraude igual o mayor que el del 6 de julio de 1988, lo cual es absolutamente falso. Y los objetivos, porque precisamente a partir de esa exacerbación engañosa, y en contra de las reglas, López Obrador pretende arrebatar el poder presidencial a costa de lo que sea. Si no se le entrega el poder, como lo pide, entonces toda la democracia estará siendo cuestionada.

La legítima movilización social, más que expresión a favor de transparentar el proceso es una presión brutal contra las instituciones; es un intento por imponerles la voluntad de quien encabeza a esos miles o millones de mexicanos. Lo cuestionable es que esa porción social, importante y fundamental por sus reclamos, se quiere colocar sobre los derechos, los reclamos y la voluntad de otro sector mayoritario, que también salió a la calle, pero para votar.

Ricardo Alemán
(v.pág.4-A de El Informador del 18 de julio de 2006).

El Juicio de Inconformidad es un documento de más de 800 páginas que, por un lado, recoge todas las imputaciones que a lo largo de la campaña realizó López Obrador y el PRD. Añade sin embargo, elementos poco conocidos como el papel que jugó un panfleto llamado La Neta, distribuido en varias partes del país que se dedicó a difamar al candidato presidencial. Voluminoso, el documento se refiere muy puntualmente a la participación del presidente Vicente Fox a lo largo de la campaña, junto con la guerra de spots negativos que, afirman, modificaron la preferencia de voto en la urna. Aunque denuncia el cómputo del 2 de julio y presenta pruebas de casillas irregulares, el alegato no parece suficientemente sólido en esa materia. No así por lo que toca a la conformación de un cuadro de ilegitimidad en el proceso, tanto por la actuación de Fox, como del presunto uso de programas sociales en apoyo de Felipe Calderón, y de los spots del Consejo Coordinador Empresarial, durante el mes previo a la elección. Con ello pretenden introducir la duda razonable en el Trife para que, o cuente todos los votos, o anule la elección.

No va a ser tan sencillo, desde el punto de vista jurídico. Aunque legalmente el Trife podría ordenar abrir todos los sobres de votos -que no es lo mismo que los paquetes electorales en los cuales se encuentran los sobres de votos-, hay una jurisprudencia que sintetiza la aforisma de que lo útil no puede ser viciado por lo inútil, por lo que no abren los sobres en forma indiscriminada. En esta lógica, se ve sumamente difícil que el Trife acepte abrir todos los votos en las más de 113,000 urnas presidenciales, pues bajo ese principio no lo haría con aquellos paquetes cuya acta no presenta alteraciones y coincide en resultados con las copias de las actas que tiene el presidente de la casilla y los representantes de los partidos. El PRD dice que pedirá la apertura de 50,000 sobres de votos presidenciales, presumiendo irregularidades. Si el PRD en efecto demuestra irregularidad, el Trife no dudará en abrirlos, lo que tampoco significa necesariamente que ello pudiera modificar el resultado de la elección. Si en efecto se registran irregularidades se podría llegar a anular la elección, pero 20% de ellas en todo el país que se requiere para tal efecto, tiene un precio jurídico muy alto a ser pagado por el PRD para demostrar su dicho ante el Trife.

Con una representación en menos de 70% de las casillas, es altamente improbable que López Obrador y el PRD puedan aportar esa documentación. Lo saben perfectamente, y por eso el camino más consistente que tienen es la revisión de todo el proceso, antes del 2 de julio, para encaminar el juicio hacia la anulación de la elección por el principio de la nulidad abstracta, una norma creada por la tesis del magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, en el caso de las elecciones para gobernador de Tabasco en 2000. Esta tesis está influenciada por el finado jurista checo Hans Kelsen, quien sostenía que el auténtico control, o la garantía principal o más efectiva de la regularidad electoral, es la nulidad de aquellos actos irregulares de la normativa electoral, ya sea la constitucional o legal. Por esta razón, el Juicio de Inconformidad se ancla en buena medida en los artículos 41 y 69 constitucionales que se refieren a la legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza que debe regir una elección, y presenta vasta documentación para probar la inequidad durante el proceso.

El caso de Tabasco, sin embargo, está lejos de repetirse en forma automática en esta elección. De hecho, el propio presidente del Trife, Leonel Castillo, declaró que no consideraba que habría bases para una anulación, generando un ruido innecesario dentro del tribunal, que no se ha comportado en forma homogénea en la materia: en las tres elecciones en donde ha procedido la anulación, Tabasco, Colima y Ciudad Juárez, el criterio ha sido por mayoría.

Lo que se avecina en el Trife es una fascinante lucha jurídica entre los equipos de abogados de López Obrador y Calderón, frente a los magistrados. En los próximos días se espera que el Trife emita una sentencia sobre lo que hará con el pretendido recuento de votos y discutan sobre si flexibilizan su criterio de que sólo revisan aquellas casillas impugnadas que son determinantes en el resultado, por abrir los sobres de votos en todas aquellas donde existan pruebas de irregularidad, con el aparente propósito de atemperar los ánimos despertados por López Obrador en la materia. Varias de las estratagemas que ha desarrollado, como la difusión de videos, es una película ya vista. Lo mismo hizo el perredista Félix Salgado Macedonio cuando contendió por la gubernatura de Guerrero. En este sentido, el Trife parecería estar blindado de presiones políticas y populares, como también sucedió en los casos de Zamora y Torreón, donde anuló las elecciones tras ser probado que el PAN organizó brigadas de "cazamapaches", argumentando que nadie puede hacerse justicia por su propia mano.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.5-A de El Informador del 18 de julio de 2006).

Del Artículo 9 de nuestra Carta Magna se desprende que "se considerará ilegal, y podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si se profieren injurias contra ésta, si se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee". El numeral 361 del Código Penal Federal a la letra dice: "La injuria, la difamación y la calumnia contra el Congreso, contra una de las cámaras, contra un tribunal o contra cualquier otro cuerpo colegiado o institución oficial, se castigará con sujeción a las reglas de este título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de este código". El apartado 111 del Código Penal de Jalisco textualmente dice: "Se impondrán de 15 días a tres meses de prisión y multa hasta por el importe de 20 días de salario, a quienes, para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación. Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa por el importe de cuatro a 40 días de salario, a los que dirijan, organicen, inciten o compelan a otros para cometer el delito de motín". Estas leyes, y muchas más son una pequeña parte de nuestro marco jurídico vigente, y son aplicables al lastimoso momento actual. Las pruebas de calificativos contra el ejecutivo, contra el IFE, contra autoridades y aún contra ciudadanos que de buena fe fungieron como funcionarios de casilla pululan en el ambiente. ¿Qué se necesita entonces para aplicar tan ambiciosos ordenamientos?

Se necesitan autoridades que cumplan sus funciones.

Ing.Bernardo Vázquez Rodríguez
(v.pág.6-A "Buzón de nuestros lectores" de El Informador del 18 de julio de 2006).

Habitantes de Valle de Chalco bloquearon la Autopista México-Puebla en demanda de agua potable, pues aseguraron que desde hace dos semanas carecen del servicio en dos colonias.

Más de 100 vecinos de las colonias San Juan Tlalpizáhuac y Darío Martínez, impidieron el paso vehicular a la altura del kilómetro 24.5 de la autopista, con dirección a la Ciudad de México, para denunciar su problema y la falta de atención del gobierno local.

Al lugar se presentó el subdirector del Odapas, Mario Villolbo, quien inició un diálogo con los inconformes, con la intención de que levantaran el bloqueo, sin embargo, los vecinos sólo permitieron la circulación en el carril de alta velocidad.

Esto generó congestionamiento vial, así como retraso y molestias entre los miles de conductores que utilizan esa arteria que comunica al Distrito Federal con los estados de México, Puebla y Morelos.

(V.pág.11-A de El Informador del 18 de julio de 2006).

La dirigencia nacional [del PAN] acusó a Andrés Manuel López Obrador, de realizar un "chantaje inadmisible", luego de que asegurara que México no tendrá tranquilidad mientras no se abran todos los paquetes electorales y se cuente voto por voto.

El presidente de Nueva Alianza, Miguel Angel Jiménez Godines, afirmó que la petición de la coalición "Por el bien de todos" de contar voto por voto es ilegal, de acuerdo con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, aseguró que los resultados de las pasadas elecciones no se modificarán con marchas o protestas. "Un grupo importante de gobernadores del PRI hicimos del conocimiento público un pronunciamiento a favor de la legalidad para que se respeten los resultados que el Tribunal Federal Electoral, habrá de emitir".

(V.pág.3-A de El Informador del 17 de julio de 2006).

"Somos millones de mexicanos dispuestos a hacer valer nuestros derechos, y ésta es la fuerza más poderosa". Esta fue una de las frases que se escucharon ayer en la multitudinaria movilización que se llevó a cabo en la Ciudad de México en apoyo al candidato perredista, ante la situación que priva en el proceso post electoral.

El corolario de la manifestación fue llamar a la resistencia civil pacífica, sin perder la oportunidad de señalar que no habrá paz social, ni estabilidad política, económica y financiera, si no se hace el conteo voto por voto, mismo que de acuerdo a la legislación, se llevó a cabo en cada casilla ante la presencia de miembros de la sociedad y de los partidos políticos, el mismo 2 de julio.

Es muy cierto que millones de mexicanos quieren hacer valer sus derechos y exigen que su voto sea tomado en cuenta. Es, como dicen, una fuerza muy poderosa; pero en un país de leyes, como queremos que lo sea México, ninguna fuerza puede ni debe estar por encima de la ley.

Si la ley no previera qué hacer en circunstancias que impidan la defensa del voto, o que los candidatos y partidos impugnen con pruebas los resultados electorales, tal vez habría espacio para ese tipo de expresiones, pero no es el caso. El IFE es una institución modelo, digna de reconocimiento no sólo a nivel nacional, sino que ha sido inspiradora de modelos electorales en otros países.

Calificar al aparato del estado como faccioso; a los grupos económicamente fuertes de privilegiados y manipuladores, y a los funcionarios de casillas de traicioneros para enfrentarlos contra "la libre, consciente y responsable voluntad de millones de mexicanos", implica enfrentar violentamente a quienes por cuestiones de sus propias circunstancias tienen diferentes preferencias políticas, y haciendo uso de sus derechos y libertades, así las expresan en las urnas.

Curiosamente, lo que más enriquece a una democracia son las diferencias en un ámbito de tolerancia y respeto a las leyes que se han tejido para soportarla. Si empezamos por violarlas por mera presión social, estaremos acabando con la resistencia que poco a poco, con mejores o peores resultados, hemos ido construyendo como nación.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 17 de julio de 2006).

Andrés Manuel López Obrador cruzó el punto sin retorno en su arriesgado reto de forzar voluntades, realidades e instituciones con un solo propósito: ser proclamado presidente de la república. Hábil como pocos en cuestiones de manipulación del discurso y en artilugios eficaces para implantar ciertas percepciones en grandes mayorías -aunque éstas sean adversas a su causa-, el perredista ha ratificado con todas sus letras su viejo desafío: "Acepto lo que dé el conteo, si me es adverso lo acepto, aunque con la convicción de que yo gané", dijo en días pasados en referencia a lo que después del 2 de julio se ha convertido en su obsesión, el conteo voto por voto de todos los emitidos por los mexicanos en la elección presidencial.

Por supuesto que la beligerancia del "Peje" es tema de todos los días, de todas las horas, en todos los lugares. El prestidigitador de la palabra ha sembrado la imagen de la duda en millones de mexicanos que, hasta antes de la histórica elección tenían la profunda convicción de que las elecciones en nuestro país son limpias y democráticas.

Es demasiado que hayamos llegado hasta aquí. Es demasiado que incluso gente que ha visto de cerca la organización ciudadana de las elecciones, que ha acudido a la casilla con absoluta libertad, que ha presenciado un conteo de votos al final de la jornada comicial, ahora se pregunte si en otras partes, no en su casilla, no en su distrito, no en su estado, hubo alguien que metió mano, que alteró resultados, que falsificó actas.

Pero también es demasiado que haya quienes se sorprendan, a estas alturas, del rostro que están viendo en López Obrador. Algunos que dejaron pasar su autoritarismo y su cerrazón, que admitieron complacientes su mesianismo, que cerraron los ojos ante el caudillismo avasallante, porque hacer lo contrario sería "políticamente incorrecto", hoy se han exasperado y dicen que no es posible, que AMLO ha llegado demasiado lejos. Creen que la ambición de poder lo hace delirar.

Olvidan que desde fechas tan lejanas como el 7 de abril de 2005, cuando acudió a la Cámara de Diputados para hacer su defensa en el proceso de desafuero que se le seguía, López Obrador lanzó, entre muchos otros, el siguiente cuestionamiento inequívoco: "¿Qué estado de derecho existe si la mayoría de los jueces, magistrados y ministros no tienen el arrojo de sentirse libres y todavía se comportan como empleados del poder ejecutivo federal?". Hoy el destino de AMLO está en manos de los magistrados del Tribunal Electoral, ¿alguien cree todavía que admitirá un fallo que no le favorezca?

Víctor E.Wario Romo
(v.pág.4-A de El Informador del 17 de julio de 2006).

Las causales legales para la apertura de paquetes electorales están claras y son parte de las reglas del juego de nuestro sistema electoral. Por ello, una exigencia abstracta de apertura de paquetes y recuento de votos va sencillamente en el sentido de la anulación de una elección conducida por leyes y métodos democráticos.

Gilberto Rincón Gallardo
(v.pág.4-A de El Informador del 17 de julio de 2006).

El mismo candidato que reclama una exhaustiva revisión de los sufragios ha dicho, desde ya, que el IFE "es el ariete de la derecha", que las elecciones fueron "un cochinero", que ha habido un "fraude", que los funcionarios del IFE son unos "delincuentes" y, entre otras lindezas más, que muchos de los representantes de su propio partido en las casillas el día de las elecciones fueron comprados. No es precisamente el lenguaje del hombre de estado que quisiéramos ver al frente de nuestra nación pero ya sabíamos de sus excesos verbales. Y es precisamente por haber supuesto en él estos rasgos tan inquietantes que no deseábamos su llegada a la Presidencia de la República. Su comportamiento en estos momentos no hace más que confirmar las más negras profecías sobre el personaje.

Así como no todo lo legal es justo tampoco el ejercicio de los derechos legales significa que al demandante le asista obligadamente la razón. Ahí tenemos, para mayores señas, la abusiva utilización del juicio de amparo, esa especie de recurso de habeas corpus que se puede ejercer sin que la acción de la justicia haya siquiera podido determinar la culpabilidad real del procesado. En la práctica, un mecanismo jurídico para compensar los excesos del poder se ha vuelto una vulgar herramienta para gozar de impunidad. De la misma manera, el hecho de que el candidato de la seudoizquierda recurra a los beneficios que le concede el Código Electoral no quiere decir que se pueda cuestionar de manera tajante la legitimidad de unas votaciones supervisadas masivamente por... los propios ciudadanos de este país.

No habla de errores ni mucho menos de las esperables fallas en un conteo de millones y millones de sufragios. No. Esto es, simplemente, un engaño, una trampa, una maquinación orquestada minuciosamente por la derecha, una conjura de proporciones cósmicas, o sea, "un cochinero". No es realmente necesario proporcionar pruebas sólidas ni argumentos lógicos porque, más allá de que todo eso resulte de esa crónica de un fraude anunciado que tuvieron a bien propagar desde un principio, se trata de un acto de fe.

Millones de partidarios de López Obrador se siente fuera del "sistema", no admiten la legitimidad de las estructuras legales ni reconocen tampoco los logros de la democracia. Su feroz repudio al adversario es también su desconocimiento de cualquier cosa que pueda provenir del estado, así esté certificada por sus propios conciudadanos. Es la cultura de la desconfianza por sí misma. Es la voluntad deliberada de no reconocer al otro. Este aprendiz de brujo no es un simple usuario de la ley sino un inquisidor por cuenta propia.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 16 de julio de 2006).

El tono del discurso de López Obrador no cambia y tampoco su ambigüedad. Si hay recuento voto por voto cesará el movimiento, dice. Pero que quede claro que eso no significa aceptar el resultado, añade de inmediato. La gente se divide y hay quien piensa que AMLO seguirá, pase lo que pase.

Luis Petersen Farah
(v.pág.15 del periódico Público del 16 de julio de 2006).

Si este señor [López Obrador] piensa que sus representantes, además de corruptos (él lo dijo), son tontos y no supieron contar, no creo que valga la pena seguirle haciendo caso a sus gritos de chachalaca. ¿De veras creerá este señor que somos tan inocentes para creerle que quiere contar los votos para tener una mayor certeza, y una vez que también quede demostrado que perdió, no anulará la elección? Señor López Obrador, la campaña estuvo muy larga, ahora pongámonos a trabajar, en seis años puede intentarlo de nuevo, consiguió más legisladores que nunca, no fue un fracaso, respetemos las leyes y no los deseos personales.

Ernesto Pérez Ramírez
(v.pág.15 "correo" del periódico Público del 16 de julio de 2006).

Cada vez miro más pequeños actos de violencia que tarde o temprano crecerán hasta quitarle la vida a alguien.

Me refiero a esas personas que golpean los carros que tienen calcomanías que apoyan a Felipe Calderón, o a los conductores que bloquean las calles o que se pasan los semáforos en rojo y cuando uno los cuestiona se ponen bravos y gritan cosas como "¡Ora sí te va a llegar tu hora, riquillo!"

Me refiero a esos agentes de tránsito que se la viven deteniéndonos a todos en nuestros vehículos inventándonos infracciones que no hemos cometido o pidiéndonos nuestros papeles con el cuento de que hay muchos ladrones de coches y que nadie les garantiza, a ellos, que nosotros no seamos delincuentes. Ahora resulta que usted y yo le tenemos que demostrar a los patrulleros que somos personas decentes, mientras que a nuestro alrededor es imposible caminar por las banquetas o circular por los primeros carriles de las calles por tantos puestos de productos ilegales.

Se está impulsando una noción super perversa de [que] el enemigo es el que invierte, el enemigo es el que paga impuestos, el enemigo es el que obedece las normas, el enemigo es el que fue a votar, contó lo votos, vio todo en orden y no se queja.

¿Quién les dice a los taxistas pirata que tal o cual señora no anda en un auto último modelo porque es el auto que le presta su compañía para trabajar? ¿Quién les dice a los microbuseros que la ropa que trae tal o cual señorita no la está pagando en abonos?

¿Quién les dice a esos pobres genuinamente enojados por ser pobres que hay "riquillos" que para pagar su estilo de vida tienen que tener cinco trabajos, dormir cuatro horas diarias y sacrificar su vida personal, y que ninguno de ellos tiene la culpa de su pobreza?

¿Quién les dice a esas multitudes enardecidas que no hubo bronca en las elecciones y que en este país nadie es enemigo de nadie? ¿Quién?

Alguien tiene que poner orden aquí y ese alguien no tiene que ser ni Andrés Manuel López Obrador ni Felipe Calderón ni el IFE, tiene que ser Vicente Fox porque él todavía es nuestro presidente, porque él permitió esta división de la nación y porque no está haciendo nada por resolver nada.

Es como si ya se hubiera ido. Nomás sale en las notas de color.

Qué cómodo que suceda lo que suceda el señor se vaya a retirar a su rancho el próximo año mientras medio México se pelea con medio México, mientras nadie respeta al próximo gobierno, mientras acaba la credibilidad de las pocas instituciones que todavía la tienen y mientras otra administración se avienta el paquete de arreglar el clima social que él descompuso.

Qué cómodo, tan cómodo como lo que hace El Peje cada vez que lo entrevistan: confundir, empantanar, desesperar, enardecer.

Volamos en automático. ¿A poco no?

Alvaro Cueva
(v.pág.17 del periódico Público del 16 de julio de 2006).

Al menos unos 500 normalistas, universitarios y radicales integrantes de la asamblea popular del pueblo de Oaxaca, cometieron actos de vandalismo cerrando el acceso de las principales cadenas hoteleras y suspendiendo las corridas de la terminal ADO. Armados con palos y cubiertos del rostro, los inconformes también paralizaron el servicio del transporte urbano, cuyas unidades utilizaron luego para sitiar la capital.

La incursión violenta de los inconformes generó que al menos unas 12 corridas de la terminal de autobuses de primera clase fueran suspendidas. En medio del caos, los maestros y sus aliados realizaron actos de pillaje saqueando la zona de herramientas y apoderándose de equipajes que fueron abandonados por algunos de los viajeros.

Inicialmente se dio una marcha de normalistas, mismos que arribaron al auditorio Guelaguetza para cometer destrozos y volver a incendiar la tarima en la que se efectuarían los bailables regionales.

Se informó que un grupo de ministerios públicos integró una mesa especial para recibir las decenas de denuncias penales presentadas tanto por las cadenas hoteleras como por parte de los turistas y pasajeros de la terminal del ADO que fueron afectados durante los actos de vandalismo cometidos por los profesores y sus aliados.

(V.pág.22 del periódico Público del 16 de julio de 2006).

Como parte del boicot del magisterio en contra de la Guelaguetza, que inicia el próximo lunes, maestros e integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, incendiaron el entarimado que sería utilizado por las delegaciones regionales que presentarán los bailables referentes a esta fiesta.

El magisterio local se apoderó, por cuarto día consecutivo, del auditorio localizado en el Cerro del Fortín, donde además se pintó en las escalinatas la leyenda de "Fuera URO" -Fuera Ulises Ruiz Ortiz-.

(V.pág.7-A de El Informador del 15 de julio de 2006).

No están impugnando la votación para las cámaras del congreso, seguramente porque se dan cuenta de que han obtenido un avance espectacular. Sólo quieren modificar el resultado de la elección presidencial. La razón, como lo decía hace algunos días Gerardo Fernández Noroña, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, es que: "No somos segunda fuerza: somos la primera".

El que el PRD y sus aliados presenten impugnaciones ante el Tribunal Electoral no sorprende ni debe molestar a nadie. Para eso existe, precisamente, esta corte. Pero López Obrador y sus aliados no se han detenido en las denuncias legales. Han emprendido una campaña de descalificación de todo el proceso electoral. Han tildado de delincuentes a los consejeros del IFE y a los funcionarios ciudadanos de casilla que trabajaron sin descanso y sin paga el día de la elección. Han acusado de corruptos a sus propios representantes de casilla que cometieron el pecado de no levantar actas por un fraude que nunca percibieron. Han cuestionado, incluso, a los observadores electorales por haber observado sin ver la elección.

El problema es que las pruebas que ha venido presentando López Obrador ante la opinión pública no han sido realmente convincentes. Es posible que él y sus colaboradores hayan encontrado algunos errores de los ciudadanos que generosamente donaron su tiempo para hacer funcionar el complejo sistema electoral mexicano. Pero las pruebas del fraude concertado y generalizado simplemente no están ahí. Y muchas deberían haber quedado de manifiesto en un fraude que, para haberse realizado, debería haber involucrado a cientos de miles de ciudadanos a todo lo largo y lo ancho del país.

Es muy probable que los perredistas de hueso duro y los radicales le tengan una fe tan absoluta a López Obrador que crean su historia del fraude a pesar de la falta de pruebas. El esfuerzo por desacreditar la elección, por lo pronto, ha logrado ya que el subcomandante Marcos, quien había cuestionado duramente a López Obrador en la campaña, haya expresado su apoyo al candidato de la alianza Por el Bien de Todos y su repudio al supuesto fraude electoral. Marcos, quien quizá tenía un acuerdo con López Obrador para no apoyarlo públicamente, se muestra reivindicado en su posición de que la democracia liberal -la que implica el voto libre y secreto de los ciudadanos- no es realmente democrática.

Hay indicios, sin embargo, de que López Obrador está perdiendo el apoyo de los grupos más moderados que le permitieron superar con creces el tradicional voto de izquierda de nuestro país. Esos moderados, que no creyeron la acusación de que López Obrador era un peligro para México, hoy empiezan a tener dudas. El candidato que afirmó que aceptaría la derrota por un solo voto, hoy recurre a una guerra sucia mucho peor que la que supuestamente emprendieron en su contra los panistas cuando dijeron que ponía en riesgo la estabilidad del país al llamar delincuentes a todos los que participaron en la jornada electoral.

Quizá a Andrés Manuel no le importe. Él está dispuesto a hacer lo que sea para convertirse en presidente. Pero el daño que le está haciendo al PRD, y a los moderados en su partido que quieren construir una verdadera izquierda democrática, es enorme. El PRD corre el riesgo de quedar identificado nuevamente en la mente de los mexicanos como un partido intolerante. Y los perredistas no pueden responsabilizar de esto a ninguna campaña panista sino a su propio candidato presidencial.

Sergio Sarmiento
(recibido por e-mail, parte de la postcampaña panista).

Hay una contradicción grande al tratar de condenar los paquetes para presidente de la república y validar las cajas de diputados y senadores. Los contaron las mismas manos, los revisaron los mismos ojos, los firmaron las mismas plumas.

Ciro Gómez Leyva
(v.pág.4 del periódico Público del 14 de julio de 2006).

El candidato perredista, derrotado por escasísimo margen, salió a cuestionar el recto actuar del IFE y los resultados electorales. Persiste en atacar e insultar al presidente Vicente Fox, llamándole "mapache", amén de no mostrar ni el más mínimo respeto hacia sus contrincantes y los millones de personas que les apoyaron.

Pretende generar desconfianza de la legalidad de la contienda. Una cosa es impugnar ante la autoridad judicial en materia electoral y otra es descalificar todo un proceso y a los árbitros de la contienda. No es lo mismo seguir los mecanismos legales a llamar a concentraciones masivas, que sólo pueden concluir con la exaltación de ánimos ya de por sí encendidos con discursos irresponsables.

¿Por qué incitar a sus seguidroes a la defensa del voto cuando existe un tribunal que, de ser ciertos los argumentos de impugnación, inmediatamente revertirá los resultados a su favor? ¿No será que de antemano sabe que perderá y pretende crear un escenario de presión en el que descalificará en su momento también al Tribunal Electoral?

Todo indica que tiene por propósito el valerse de la presión qie ejerzan sus seguidores, a quienes, de salirse las cosas de cauce, ni él mismo podrá controlar.

Ha llegado al extremo de presentar una evidencia en video que hace creer que un sujeto introduce votos a una urna (la embaraza) de presidente, en forma ilícita y fraudulenta. Y resulta que tal prueba es falsa, ya que lo que se aprecia es la introducción de boletas que fueron insertadas por error de los votantes en una urna que no les correspondía. La ley permite que los funcionarios de casilla corrijan ese tipo de errores. El propio representante de la coalición encabezada por López Obrador firmó de conformidad el acta de dicha casilla. Por tanto, presentar el video a la nación como prueba de fraude electoral es atentar a la verdad y pretender que los mexicanos caigan en el error de considerar que la elección se plagó de maniobras en su perjuicio, jugando el papel de víctima.

El Código Pena Federal sanciona en la fracción V de su artículo 406, con prisión de uno a seis años, al candidato que propale de manera pública y dolosa noticias falsas sobre la jornada electoral o sus resultados. La historia reciente permite afirmar que al señor López Obrador no se le aplica la ley, lo que ha sabido capitalizar.

Si el tribunal resuelve a su favor, todos debemos acatar tal fallo y reconocerle como presidente. Si no es así como todo apunta en vista de lo pobre de la impugnación hecha, México debe seguir su camino hacia la construcción de acuerdos que beneficien a todos. ¡No caigamos en el perverso juego de los partidos en el que privilegian sus posiciones por encima del bien de la nación!

Marco Antonio del Toro Carazo
(v.pág.23 del periódico Público del 14 de julio de 2006).

En 1988, los funcionarios de casilla eran personas designadas por el gobierno y con ligas históricas con el partido en el poder. Ahora, esos funcionarios han sido ciudadanos elegidos por sorteo.

Entonces, las órdenes directas sirvieron para instrumentar el fraude; ahora, para existir un fraude, habría sido necesario coptar a miles de ciudadanos sin lazos con los partidos y el gobierno. El contraste no puede ser más evidente.

En todo caso, lo que hace incompatible la experiencia de 1988 y la actual es la existencia de las leyes e instituciones electorales ciudadanizadas. Eso hace la diferencia entre el autoritarismo y la legitimidad democrática. El drama de 1988, que nos obligó como nación a trazar la ruta de la transición democrática, corre el riesgo de ser remedado ahora bajo la figura de una impugnación que olvida la construcción legal e institucional que hicimos entonces; un remedo que actúa, en efecto, como si de entonces a ahora nada hubiera cambiado y como si nada hubiésemos aprendido.

Gilberto Rincón Gallardo
(v.pág.9 del periódico El Nuevo Siglo del 14 de julio de 2006).

López Obrador está librando una lucha para llegar a la opinión popular y en lugar de documentos legales, sus armas incluyen teorías de conspiraciones que involucran grabaciones telefónicas, videos clandestinos de presuntas irregularidades en la votación y, por encima de todo, la amenaza de que sus partidarios fomentarían inestabilidad política. Ha pasado toda esta semana sembrando semillas de duda en la mente de la opinión popular... ha conducido a México al fondo de una amplia diversidad de teorías sobre conspiraciones.

Jeremy Schwartz, de The New York Times
(v.pág.10 del periódico El Nuevo Siglo del 14 de julio de 2006).

El virtual ganador de las elecciones (según el IFE) ha dicho que hará todo lo que esté a su alcance para crear un clima de armonía y cooperación entre todos. Sin embargo, el ganador de las elecciones según él mismo (AMLO) dice que la estabilidad política del país depende de que las cosas se hagan como él dice y no como el IFE o la ley dicen. Y eso nos complica la existencia a todos.

Habrá que darle el derecho que tiene de impugnar, de reclamar y de pedirle a las autoridades que revisen sus alegatos. Pero no más. Y no a costa de bloqueos y manifestaciones que alteren el orden y la paz social que todos queremos.

Aunque no lo parezca, el gobierno de Fox aún no termina. Toca a éste garantizar la estabilidad política que un personaje como AMLO amenaza con romper.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 13 de julio de 2006).

Al contrario de Andrés Manuel López Obrador y de su gente, no me inclino por el recuento debido a que tenga dudas sobre la limpieza de la elección. De hecho, conforme ha avanzado el tiempo y he tenido oportunidad de analizar las inconformidades y las pruebas del supuesto fraude, más convencido he quedado de que la elección fue limpia y legítima. Pero es evidente que si se ratifica el triunfo de Felipe Calderón sin que se haga ese recuento, López Obrador y sus simpatizantes mantendrán a la sociedad mexicana como rehén durante todo el próximo sexenio.

Hay buenas razones prácticas y legales para objetar el recuento. Para empezar, es un peligroso precedente que los mexicanos cedamos ante el berrinche de López Obrador. Esto podría llevar a todo candidato perdedor en el futuro a exigir un recuento a través de manifestaciones, bloqueos y amenazas.

Otra objeción es que el recuento, el cual tendría que llevarse a cabo en los consejos de distrito, violaría el principio de que en México son los ciudadanos, y no los funcionarios del gobierno o del IFE, quienes cuentan los votos. Una historia de fraudes electorales hizo que los legisladores -entre ellos los del PRD- insistieran en la opción ciudadana cuando se promulgó el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe. Volver al conteo por funcionarios sería tanto como regresar a los tiempos en que el secretario de Gobernación presidía el sistema electoral y los funcionarios priistas decidían al ganador.

La más importante de las objeciones, sin embargo, es que la ley no contempla específicamente más conteo de votos que el que llevan a cabo los ciudadanos en las casillas.

La realidad política, sin embargo, es que acabamos de vivir la elección más cerrada en la historia del País. La distancia entre el ganador y el segundo lugar es de apenas 0.58% de los sufragios. Si bien no hay, a mi juicio, elementos para suponer que ha habido un fraude generalizado, como plantea López Obrador, no hay duda de que nuestro sistema está particularmente abierto a la comisión de errores.

El simple hecho de que quienes cuentan los votos y llenan los formularios sean ciudadanos comunes y corrientes, muchas veces con una instrucción deficiente o inexistente, abre las puertas a equivocaciones importantes. Éstas quizá no son relevantes en una elección que se decide, como la del 2000, por más de 2 millones de votos. Pero cuando la diferencia es de apenas 244,000, quizá sí sea sensato y justo hacer un recuento para garantizar que se cumpla el principio fundamental de la democracia: que debe ganar quien haya recibido el mayor número de votos.

No hay precedentes jurídicos para ordenar el recuento de votos de una elección mexicana. Pero el Tribunal Electoral sí tiene la facultad de ordenarlo si considera que de esta manera se puede garantizar el cumplimiento de los requisitos de equidad y certeza que deben tener unos comicios.

Es obvio que no tenemos ninguna seguridad de que López Obrador vaya a aceptar el resultado una vez que se recuenten los votos. El y su gente ya habían prometido con anterioridad que lo harían, aun cuando perdieran por un solo voto, pero no lo hicieron. Hoy afirman que aceptarán si se cuentan los votos, pero es posible que desconozcan esta promesa como lo hicieron con la anterior.

Sin embargo, el respaldo popular que hoy tiene el movimiento de López Obrador seguramente se desplomaría si éste pierde el recuento y no reconoce el resultado. El candidato del PRD ha logrado convencer a muchos de los 14.8 millones de mexicanos que votaron por él de que sus sufragios han sido anulados por un fraude. Este no sería el caso si insiste en que ganó después de un recuento.

Las encuestas nos dicen que muchos mexicanos, aun aquellos que no creen la historia del fraude, están de acuerdo en que se haga el recuento. Y es lógico. Muchos queremos que gane el candidato que haya obtenido más votos. Pero si bien hay razones para pensar que ése es el que quedó en primer lugar en el PREP y en el conteo de actas, aun después de que se abrieron y recontaron 3,200 paquetes electorales en los consejos de distrito, quizá valga la pena dedicarle dos semanas más al recuento y no sufrir seis años de un chantaje político constante por un presunto fraude.

Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 13 de julio de 2006).

Integrantes de organizaciones sociales afines a la sección 22 del SNTE impidieron ayer la salida de los viajeros que transitan por la ciudad de Oaxaca y paralizaron el transito vehicular en la capital.

Los simpatizantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca y maestros cerraron por más de siete horas los accesos a la Terminal de Autobuses de Primera Clase, donde trabajan cinco líneas foráneas.

Alrededor del mediodía, jóvenes cubiertos del rostro secuestraron más de 90 camiones de transporte público y los colocaron, atravesados, en los cinco principales cruceros de la capital oaxaqueña.

(V.pág.11 del periódico Mural del 13 de julio de 2006).

Suenan muy amenazantes las palabras de varios dirigentes perredistas sugiriendo que la ley no es su opción para obtener la Presidencia.

Andrés Manuel López Obrador congregó hace unos días a decenas de miles de simpatizantes en el Zócalo de la ciudad de México, los cuales, a decir de las crónicas periodísticas, estaban enardecidos y empapados en la ira porque, como afirma su carismático líder, les cometieron fraude electoral. Algunos agredieron a periodistas de Televisa y Televisión Azteca, como símbolos de la conspiración mediática en contra de López Obrador que voceros oficiosos están denunciando, y también hicieron pasar un mal rato a corresponsales españoles porque el presidente de su país, José Luis Rodríguez Zapatero, felicitó a Felipe Calderón. Entretanto, los canales virtuales reiniciaron el hostigamiento cibernético incluso contra quienes buscan el equilibrio, ejemplificado con un par de correos que resumen los ánimos: "Pinche panadero vendido". "No eres más que otro perro del sistema y vas a pagar la cuota".

López Obrador ha venido repitiendo que buscarán la movilización pacífica dentro de una lucha de resistencia política para defender la democracia. Pero tanto él como algunos a su alrededor están lanzando mensajes opuestos. Uno de ellos, el vocero del PRD, Gerardo Fernández Noroña, declaró el lunes, según Los Angeles Times, que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica el resultado del voto sin que se haga un recuento total, "no lo vamos a dejar gobernar (a Calderón)". O sea, si el Trife no hace lo que quieren, sin importar si presentan impugnaciones legalmente válidas, irrespetarán la ley. Por si no fuera suficiente, Fernández Noroña anticipó que como opción, "el otro camino es la insurrección".

¿Insurrección? Eso dijo literalmente, lo cual no fue ni corregido ni desmentido por nadie en el PRD, ni en la campaña de López Obrador ni por el candidato mismo. Políticamente hablando, es un disparate lo que aseguró el vocero perredista, pues lo que plantea es que si sus presiones políticas son hechas a un lado por la ley, levantarán al pueblo, en una sublevación que no tendría otro objetivo más que el derrocamiento del estado. Frívolo e irresponsable como siempre, el vocero sugiere que la nación está alborotada por lo que aqueja a López Obrador, que están dispuestos a tomar las armas y, como había asegurado la semana pasada el diputado perredista Emilio Serrano en una entrevista con The Washington Post, "no tenemos miedo a morir en la pelea". Si no estuvieran los ánimos tan caldeados, serían ambos personajes prototipo del folclor político mexicano. Lamentablemente no puede ubicárseles de esa manera, pues si bien el país entero no está en vilo, preocupado y listo a actuar en apoyo de López Obrador, sí existe un sedimento dispuesto a ello, en beligerancia creciente.

Está claro que los discursos están cruzados. El de López Obrador, que está aumentando sus giros de la resistencia pacífica al desconocimiento de cualquier resultado, y el de sus múltiples voceros. La estrategia de iniciar caravanas de protesta desde las 300 juntas distritales es una reedición de la empleada para enfrentar el proceso de desafuero, cuya presión política doblegó al presidente Vicente Fox, quien después de embarcarse tozudamente en su destitución, terminó doblando las manos. Si a López Obrador siempre le ha resultado la estratagema, ¿por qué no ahora? La diferencia importante es el contexto: no es Tabasco, donde el conflicto estaba limitado, ni tampoco el desafuero, donde había la percepción generalizada de que el gobierno estaba utilizando los recursos del estado para aplastar a un adversario político.

Hoy se trata del país, dividido ideológica y electoralmente, y con condiciones objetivas de pobreza -el sector donde despertó las más altas expectativas-, que es una combinación que se antoja sumamente riesgosa en lo político y en lo económico. Los ardides políticos de López Obrador deben ser ejecutados con mayor cuidado. No es lo mismo hablar a la clase política mexicana con la cual se puede enfrentar brutalmente y al final llegar a una negociación, que con la sociedad mexicana en su conjunto, donde esas divisiones pueden tornarse irreversibles, como sucedió en Tabasco cuando realizó su resistencia civil en apoyo a la democracia, que vio socavada cuando las urnas no le dieron la mayoría de los votos. A los grupos sociales que les dio tantas expectativas, los pudo haber llevado al punto -retomando las palabras de Fernández Noroña- de no ver más opción en su futuro que ir hasta el fondo de la lucha, que en efecto es génesis de insurrección.

¿Podrá López Obrador, con su enorme carisma, contener la violencia que otros en su alrededor están alimentando? Esa es una de las grandes interrogantes de estos días. ¿Querrá hacerlo si la vía jurídica que sigue para revertir el resultado toma un mal camino? Es otra de las dudas. Lo que es cierto es que está creciendo la inquietud en varias cancillerías del mundo por lo inesperado del personaje y su biografía política que, contra un dejo de esperanza de haber evolucionado, está ratificando cada momento.

Marchas y violencia no gustan a nadie. Las afirmaciones que están haciendo los perredistas están asustando a gobiernos y mercados, y nada lo ayuda el descontrol en el cual pueden caer algunos de los grupos más radicales, como los que empezaron a cerrar carreteras la semana pasada. López Obrador dice que no es el camino, pero sus palabras están siendo desmentidas por los hechos. Si su autoprofecía se cumple, la economía mexicana puede entrar en un ciclo peligroso que afectará a todos, particularmente a los sectores menos protegidos, que son la principal clientela de López Obrador. Él tiene la obligación política e histórica de mantener bajo control a los más iracundos y evitar que la resistencia pacífica degenere en una violenta, ajustándose al reino de las leyes, donde tiene plenos derechos. Dicho en palabras de Los Angeles Times, "si López Obrador no respeta las reglas de la democracia, corre el riesgo de convertirse en el mayor fraude de esta elección".

Raymundo Ruiva Palacio
(v.periódico El Universal del 12 de julio de 2006).

Conforme se ha desarrollado o desenvuelto la sociedad, se agregan más normas y reglas que saturan de prohibiciones sociales lo que se quiere o puede hacer y ser, pero al mismo tiempo, lo permitido gana fuerza en los espacios personales como en el tiempo individual de los sujetos. Mucho de lo que ahora nos permitimos o se nos permite, es prohibido; pero este último concepto hace tiempo que se debilitó por la poderosa costumbre que todo lo vuelve casi ley.

Hay espacios prohibidos para estacionarse, pero nos permitimos ocupar esos espacios sencillamente porque se nos "pega la gana", hay muchas posibilidades que hemos aprendido que son parte de nuestra inteligencia como el sobornar o corromper a las respectivas autoridades que también les es fácil asumir una conducta corrupta. Hay muchas letras de canciones que fueron consideradas de atentados a la moral y al mal entendido pudor y, por lo mismo, prohibidas; pero hoy nos permitimos premiar a aquellos contenidos que de vulgar y sucio tienen mucho, y de arte casi nada. Todo lo que está prohibido por las instituciones de vialidad, está permitido por los automovilistas que justificamos todo por la prisa de vivir y trabajar.

Si la ley prohibe lo que la costumbre permite, el poderoso sistema de vivir por hábitos, elimina toda posibilidad de formar hombres y mujeres con la civilidad necesaria para comprender lo prohibido y actuar en consecuencia.

Rafael Gómez Farías, asesor en Capacitación Corporativa
(v.pág.5-A de El Informador del 12 de julio de 2006).

AMLO cumplió a todos quienes pronosticaron que no respetaría el resultado si éste le era adverso.

Durante casi todo el periplo proselitista de López Obrador como candidato presidencial, una preocupación dominó todos los frentes del escenario político y periodístico. "No respetará el resultado electoral si le es adverso". Aquí lo dijimos, no por mera ocurrencia, sino por la probada proclividad de AMLO a no respetar las reglas básicas de la política.

La respuesta de simpatizantes, fanáticos y apologistas de AMLO siempre fue la misma: "Se le quiere hacer aparecer como un político que no respeta las reglas del juego", y había quienes opinaban que se trataba de "una campaña para desprestigiarlo". En casi todas las entrevistas que concedió López Obrador, los entrevistadores insistieron y a regañadientes AMLO siempre dijo que sí, que respetaría el veredicto de las urnas y aseguró tener claro que en la democracia "se gana y se pierde".

Más aún, en horas previas al 2 de julio, un supuesto hacker metió a la página de AMLO un mensaje en el que se llamaba a la movilización social contra el fraude. En respuesta, López Obrador y sus voceros se apresuraron a señalar que no era cierto, que AMLO no haría un llamado de esa naturaleza porque "somos demócratas". Pasada la elección, resuelto el conteo del IFE, AMLO cumplió a todos quienes pronosticaron que no respetaría el resultado si éste le era adverso.

La historia comenzó con los "tres millones de votos perdidos" que supuestamente el IFE escondió para favorecer a Calderón. Aquí hay que aceptar que, en efecto, el IFE cometió un error al no haber aclarado durante la difusión del PREP que existía un acuerdo de todos los partidos para separar las casillas con inconsistencias.

Lo que nadie dice, porque se trata de engañar a todos, es que en las elecciones de 1997, de 2000 y de 2003 se hizo lo mismo. Más aún, en esas tres elecciones, ese dato circuló no por internet, sino por intranet, sólo disponible para los partidos. La diferencia con la elección de 2006 es que en aquellos casos no hubo una contienda tan cerrada, y el porcentaje de los votos con inconsistencias no eran significativos. Otro engaño es que el PRI y el PAN se apoderaron de manera perversa del control del IFE. Falso, lo que ocurrió es que cuando se integró el actual consejo general, el PRD se empeñó en la reelección de un consejero. Prefirió quedar sin representación a presentar otra propuesta. Fue un error estratégico por una deficiente negociación.

Ricardo Alemán
(v.pág.4-A de El Informador del 11 de julio de 2006).

Respetuosamente... López Obrador ha procurado lanzar toda su inquina burlona y maquiavélica contra una serie de instituciones de la vida social, política y jurídica del país como la Presidencia de la República en un sinfín de ocasiones, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo del desafuero, la Secretaría de Relaciones Exteriores o la de Hacienda y Crédito Público, al ridiculizar públicamente algunas de sus acciones, el Banco de México al oponerse a la política monetaria.

Incluso hasta el Ejército fue en más de una ocasión, víctima del respetuoso veneno del tabasqueño y por supuesto a lo largo de los últimos días el IFE ha sido motivo de la actitud responsable y respetuosamente demoledora de instituciones de la vida nacional.

El que hace unos cuantos años tomó los pozos petroleros y las carreteras tabasqueñas para forzar que le acreditaran el triunfo en los comicios por la gubernatura de su entidad, insiste ahora en la necedad de abrir cada uno de los paquetes electorales ya debidamente contados el día de las elecciones. Sin embargo, el artículo 247 del Código Electoral establece muy claramente las causas para abrir los paquetes electorales: Si los resultados de las actas no coinciden, si se detectan algunas alteraciones en actas o cuando no existe el acta de escrutinio. Casuística que ya se concretó en esa larguísima noche de espera por culpa de las triquiñuelas de los perredistas del cómputo definitivo, quienes alargaron la discusión en los comités distritales de resultados contrarios a ellos, para así dar la impresión durante 20 horas que el triunfo era de López Obrador.

Este lunes 3 de julio, en una conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador lanzó la acusación de que el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, estaba manipulado porque, dijo, le faltaban tres millones de votos cuando él y todos los funcionarios del PRD sabían perfectamente porque incluso los consultaron continuamente a lo largo de la larga madrugada, que esos tres millones de votos sí estaban en el PREP.

Juan de la Borbolla R., catedrático universitario
(v.pág.5-A de El Informador del 10 de julio de 2006).

Seamos conscientes de que AMLO quiere arrastrar al país al callejón de chantaje y violencia para que le regalen la Presidencia, que los mexicanos le negamos. La mentira y codicia de poder que reflejan los rostros de López y segundos impelen a dar la razón a un contertulio que acaba de decirme que denotan también desesperación, porque sienten que si no se apoderan del gobierno les espera la cárcel, pues cual más cual menos tiene cuentas pendientes con la justicia.

Salvador Flores Llamas
(v.pág.5-A de El Informador del 10 de julio de 2006).

El país se encuentra tan dividido que el mero triunfo de un candidato, de cualquiera, es una imposición. Los gobernantes llegan al poder contra la práctica mayoría de la gente. Muchos ciudadanos no votan y otros no simpatizan con el personaje político de turno; se conforma así una masa más numerosa que aquellos que terminaron dándole el triunfo. Encima, tenemos tres partidos. Es un asunto de tercios, o sea: un tercio a favor y todo el resto en contra. Esto debería saberlo López Obrador: somos millones y millones los mexicanos que no queremos que sea presidente de este país. Y así lo hemos expresado, además, en las urnas. Tan sencillo como eso.

El propio candidato perdedor, al exigir recuentos y auditorías e inspecciones y peritajes, dijo que bastaba un voto, uno solo, de diferencia. Hablaba de un voto a su favor, desde luego. La democracia no existe si él no es quien gana.

El hombre esperaba un triunfo en verdad histórico y lo que debía ser una jornada única en la vida moderna de México devino en un simple trámite democrático. De ahí que, a estas alturas, siga apelando a la excepcionalidad, por así decirlo: sus partidarios no pueden quedarse con los brazos cruzados, deben salir a las calles y escenificar un monumental acto de protesta, algo nunca visto, un verdadero episodio nacional. La "lucha" prosigue, pues, porque lo que estaba en juego no era una insustancial alternancia en el poder sino el destino mismo de la patria. El candidato de la "esperanza" debe estar a la altura del mito. Su apuesta estaba hecha de grandiosos simbolismos: ¿puede ahora comodarse a la insoportable insipidez de la modernidad?

Lo preocupante, con todo, es la terca necedad del perdedor y su intención de convocar a las masas para hacernos ver al resto de los mexicanos que no cree en las instituciones de la república. Se anuncian protestas pacíficas, naturalmente. Pero, en verdad ¿hay de qué protestar? Y, sobre todo ¿algo que conseguir?

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 9 de julio de 2006).

Un reducido grupo de profesores -integrantes de la Unión de Trabajadores de la Educación- y organizaciones disidentes integrantes de la llamada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca realizaron bloqueos en diversos puntos de la capital desobedeciendo el anuncio de su dirigente, Enrique Rueda, quien ordenó un repliegue a las aulas para rescatar el ciclo escolar.

Dijo que los mentores regresarán al plantón, pero después de que cumplan su compromiso con los padres de familia, reiterando su interés por sabotear las festividades de la Guelaguetza.

De acuerdo con los puntos acordados por los docentes, en la zona del centro histórico permanecerá un plantón simbólico con la presencia de trabajadores administrativos y eventuales.

(V.pág.29 del periódico Público del 7 de julio de 2006).

La Suprema Corte de Justicia determinó el 28 de junio que los testimonios de las personas que no presenciaron los hechos delictivos, pero supieron de ellos porque alguien se los platicó, no pueden tener el valor de prueba plena.

La ley señala que los testigos son aquellos que percibieron los hechos por medio de los sentidos.

El ministro José de Jesús Gudiño, integrante de la mayoría, se limitó a leer en la sesión lo que señala el Código Federal de Procedimientos Penales al referirse a los elementos que deben tomar en cuenta los jueces para apreciar un testimonio.

"Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro", dice la ley.

Un testimonio de oídas fue clave, por ejemplo, en el juicio por homicidio contra Raúl Salinas de Gortari, quien fue absuelto en junio de 2005.

El principal testigo en su contra, Fernando Rodríguez González, lo acusó de ordenar el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu en 1994, pero basado sólo en comentarios que le habría hecho el diputado priista Manuel Muñoz Rocha.

Este dicho bastó para mantener a Salinas preso durante 10 años, hasta que un tribunal federal de Toluca resolvió que el testimonio de Rodríguez no era válido, porque recibió un pago de la fiscalía, pero también porque era testigo "de oídas".

El criterio anterior de varios tribunales había sido en el sentido de que estos testimonios son indicios que sí debían tomarse en cuenta.

"Los testimonios de oídas, si bien no merecen plena eficacia probatoria, es dable otorgarles valor jurídico de indicio", señaló un tribunal federal de Puebla en 1990.

Me dijeron...

Algunos casos que han utilizado este tipo de testimonios:

Un juez ordenó rehacer la acusación contra Miguel Nazar Haro por el secuestro del guerrillero Jesús Piedra Ibarra.
El ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva fue absuelto de la acusación de montar una red de espionaje telefónico.

(V.pág.2 del periódico Mural del 6 de julio de 2006).

Carlos Sánchez Mejorada, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, criticó al PRD por la marcha que se organizó para respetar los votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, la cual partió ayer del Angel de la Independencia con destino a Los Pinos.

"Las diferencias e impugnaciones hay que hacerlas con recursos legales, con los que se señalan en la ley y que se resolverán por el Trife, no hay que buscar en la calle y en los medios de comunicación lo que no se obtuvo en las urnas", sostuvo.

(V.pág.2 del periódico Mural del 6 de julio de 2006).

No sé quién va a ganar la elección, pero queda claro que los dos candidatos que están en los primeros lugares y sus partidos han cometido pecados enormes. Ninguno de los dos debió haberse declarado vencedor el domingo. Tanto López Obrador como Calderón han pecado de una enorme irresponsabilidad.

Igualmente irresponsable fue el llamado de López Obrador a que se abrieran todos los paquetes electorales. Esto habría violado el artículo 247 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, que establece que los paquetes sólo pueden abrirse en casos específicos. La apertura indiscriminada de paquetes electorales, de hecho, fue uno de los causales de la anulación de la elección del 2000 en Tabasco. El IFE no podía permitir que se violara la ley y se establecieran las bases de una futura anulación de la elección.

El problema de fondo es que la apertura de los paquetes y el recuento de los votos violan el principio de que en México son los ciudadanos en las casillas, y no los funcionarios electorales, quienes cuentan los votos en las elecciones. Y es correcto que sean los ciudadanos quienes son responsables de este conteo.

Igualmente reprobable fue la convocatoria de López Obrador a sus simpatizantes ayer para llevar a cabo movilizaciones y manifestaciones en los consejos distritales donde se estaba llevando a cabo el recuento de las actas. El objetivo no podía ser otro que amedrentar a los consejeros. Es éste un muy mal precedente para quien quiere ser presidente de todos los mexicanos. López Obrador debe entender que la ley y no la fuerza es la manera de pelear las causas en una sociedad democrática.

Los argumentos que el PRD ofreció para la apertura de todos los paquetes no tenían mucha lógica. Decían los líderes de este partido que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) tuvo muchas deficiencias y por lo tanto debían contarse una vez más los votos ya contados en las casillas. Pero suponiendo sin conceder que la afirmación sobre el PREP hubiese sido cierta, eso no justificaba abrir los paquetes electorales.

El PREP es sólo un sistema para adelantar los resultados electorales al transmitirlos de manera electrónica directamente al IFE. Las actas, sin embargo, son ya documentos definitivos que registran el conteo realizado por los ciudadanos bajo la vigilancia de representantes de los partidos políticos. Y las actas están avaladas por las firmas de estos representantes de partidos.

Que gane quien gane, siempre y cuando sea como consecuencia del voto de los ciudadanos y no por presiones o manifestaciones, o por esa idea inaceptable de que la elección sólo puede ser libre y honesta si un candidato en especial resulta triunfador. Y es muy evidente que la contienda es tan cerrada que cualquiera puede resultar vencedor tras el conteo en los consejos de distrito.

Es claro, sin embargo, que si López Obrador triunfa en el conteo definitivo que empezó ayer, el país podrá estar tranquilo: ni Calderón ni el PAN organizarán manifestaciones ni presiones contra el IFE ni contra el nuevo gobierno del PRD.

La situación bien puede ser completamente distinta si Calderón gana. Los miedos que había en torno a López Obrador están resultando ciertos. Es un candidato que parece no estar dispuesto a aceptar una derrota.

A nadie puede preocupar que un candidato recurra a todos los recursos que la ley le da para pelear por el triunfo. Pero inquieta el llamado a los perredistas a realizar manifestaciones para presionar a los consejos distritales y, más aún, la amenaza de que la estabilidad del País dependía de que los consejeros distritales estuvieran dispuestos a violar la ley.

Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 6 de julio de 2006).

Quizás hubo precipitación tanto en quienes celebraron en el Zócalo la victoria de López Obrador como entre quienes dieron gracias a Dios por su derrota. El IFE hará lo que le corresponde hacer en términos de ley, y dará la cifra final de votación. Sólo hasta entonces conoceremos de seguro el resultado de la elección presidencial. Son reprobables por eso las manifestaciones perredistas tendientes a poner en entredicho la autoridad del IFE y en sembrar confusiones y sospechas en torno a la actuación de los consejeros. Leamos lo que dijo el señor Daniel Zovatto, director en América Latina del Instituto Internacional para la Democracia: "...Una elección se gana o se pierde por un voto, así de sencillo. El resultado no es susceptible de ser negociado a punta de presiones; tiene que ser resuelto por las instancias que marca la legislación...". Ciertamente los seguidores de López Obrador tienen derecho a la esperanza. Por eso precisamente deben esperar, y no deslegitimar con muestras callejeras, con llamados a la violencia o al desorden, los votos que recibieron. Quizás a López Obrador y a su círculo cercano les convengan hoy por hoy esas manifestaciones tendientes a ejercer presión, pero al PRD le causan mucho daño, pues le quitan legitimidad democrática y ponen en riesgo su futuro en aras de un solo hombre. AMLO y su gente deben dejar que hablen las urnas, que son de todos nosotros, y no las calles...

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.pág.9 del periódico Mural del 6 de julio de 2006).

Cientos de maestros reiniciaron sus movilizaciones en Oaxaca y mantienen bloqueadas los accesos a carreteras federales, calles de esta ciudad y las entradas a tiendas departamentales, empresas refresqueras y cerveceras, entre otras.

Acompañados de militantes de organizaciones sociales que participan en la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, centenas de mentores bloquean las entradas a las tiendas ubicadas en la zona comercial más importante de la ciudad, conocida como Plaza del Valle.

El bloqueo afecta a dueños, empleados y usuarios de las tiendas de autoservicio, como Sams, Gigante, Chedraui y Sears. También a las refresqueras Coca-Cola, Pepsi, Cugar y las cervecerías Corona y Moctezuma.

En el caso del crucero de 5 Señores, el cual une al Periférico con los principales bulevares de la ciudad, también se mantiene cerrado por los mentores, quienes cortaron el tránsito vehicular desde temprana hora.

En ese sitio los maestros y los simpatizantes de la APPO tomaron camiones del servicio de transporte público, y después de desalojar a los pasajeros de las unidades, usaron éstas para bloquear el importante crucero.

Los docentes también tomaron las oficinas de Caminos y Puentes Federales, ubicada en la caseta de cobro de San Pablo Huitzo, sin que en esta ocasión tomaran la caseta.

También bloquean, de manera permanente e indefinida, la carretera federal Pinotepa-Acapulco. Los maestros de esta zona son dirigidos por el profesor Víctor Calleja, a la altura del paraje conocido como "El Retén".

(V.pág.11-A de El Informador del 5 de julio de 2006).

El editor mexicano Fernando Valdés, director de Plaza y Valdés, se encuentra en libertad. Un juez lo exoneró al considerar que no había pruebas para mantenerlo en la cárcel por supuestamente haber continuado la venta de un libro tras el vencimiento de un contrato de edición. Esta es una disputa, como muchas otras del mundo de los negocios, que debería resolverse en un litigio civil. Pero en el sistema judicial mexicano Valdés tuvo que permanecer 10 meses en la cárcel hasta el "usted disculpe". Qué pena vivir en un país en el que los criminales andan en libertad pero las cárceles están llenas de inocentes.

Sergio Sarmiento
(v.pág.6 del periódico Mural del 29 de junio de 2006).

El próximo domingo, mientras los mexicanos acudan a las urnas, una cuadrilla de trabajadores de PEMEX cerrará el ducto de gas LP que abastece 10 millones de usuarios de la Ciudad de México.

El madruguete se gestó la noche del lunes, en una reunión en la que estuvieron presentes el secretario de Energía, el presidente de la CRE y la coordinadora general de Protección Civil de Gobernación.

Los funcionarios dieron como válidos los argumentos de Alberto Cervantes, el subdirector de Pemex Gas, en el sentido de que "primero está la seguridad de 800 personas" que invadieron los derechos de vía del ducto.

Nos referimos a la controvertida instalación que corre de San Juan Ixhuatepec a Venta de Carpio, antes que dar certidumbre a la inversión privada, que es del orden de mil 200 millones de dólares.

Desde el inicio del gobierno de Vicente Fox, 230 familias invadieron 2 kilómetros de la zona protegida y PEMEX nunca hizo nada. Ahora que faltan unos meses para que concluya esta administración, se adopta una decisión al vapor.

En lugar de aplicar la ley y desalojar a los invasores, el gobierno prefirió sacrificar una inversión pública y privada cercana a los 100 millones de dólares, que es el valor de solamente el susodicho ducto.

La decisión unilateral del equipo foxista se dará este fin de semana.

Pero la decisión unilateral del gobierno traerá graves consecuencias para la seguridad del transporte en la zona de Ixhuatepec porque las calles no están acondicionadas para el flujo de 200 pipas tanque de gas LP durante todo el día.

Darío Celis Estrada
(v.pág.2 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 29 de junio de 2006).

¿Hasta dónde debe llegar la libertad de expresión? ¿Tiene límites? Jean Paul Sartre respondería que sí los tiene: "Al querer la libertad, descubrimos que ella depende enteramente de la libertad de los demás".

Todos estamos de acuerdo en que el derecho a la libre manifestación de las ideas es indispensable para nosotros. Ese no es el problema, creo que el problema está en que no vemos el límite a nuestra libertad. ¿Se vale todo para que yo me manifieste? Creo que es tiempo de pensar que frente al derecho de manifestar está el de los otros a circular por calles o carreteras, abordar un avión y asistir a la escuela.

La libertad de expresión tiene límites y no debe transgredir ciertos derechos de los ciudadanos; pero creo que el meollo del asunto está en que si las autoridades hicieran bien su chamba, no darían pie a estas manifestaciones.

Fernanda de la Torre
(v.pág.35 del periódico Público del 25 de junio de 2006).

Una semana de diálogo, bloqueo de calles y plantón frente a palacio de gobierno, fue suficiente para que los estudiantes de la Escuela Normal de Atequiza lograran esta vez su objetivo: La promesa de parte de la Secretaría de Educación Jalisco, de que sus egresados contarán con 80 plazas de trabajo, algo que venían buscando desde hace tres años, presionando de diferentes maneras.

Hace tres años mantuvieron bloqueada la carretera a Ocotlán, e incluso estalló la violencia; una y otra vez, desde entonces a la fecha, han realizado marchas de protesta, manifestaciones, numerosas o no, provocando afectaciones de vialidad en la ciudad... Y sin embargo, no fue sino hasta ayer, que el conflicto tuvo una solución, que se espera sea definitiva.

Pero esta respuesta es para la actual generación de egresados de la Normal de Atequiza. Vendrán otras, una cada año, y es previsible que, con este antecedente, vuelvan a tomar las calles, a bloquear el tráfico, a instalarse en plazas y edificios públicos... El gobierno ya cedió una vez a la presión, y pueden pensar que volverá a hacerlo.

El gobierno estatal, que en otros conflictos se había mantenido firme -e incluso había usado mano dura-, inflexible, esta vez no fue así, lo cual sienta un precedente que ojalá no sea aprovechado por grupos que suelen recurrir a este tipo de presiones para distintos objetivos.

Vendrán otras marchas, nuevas manifestaciones; plazas públicas servirán de cuartel general a grupos movidos por distintos intereses; el centro de la ciudad sufrirá caos vial por el cierre de calles... esto es inevitable, mientras no se regule este tipo de acciones. ¿Cederá el Gobierno del Estado cada vez que exista presión de esta naturaleza?

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 24 de junio de 2006).

Lamentablemente el asunto López Obrador es grave. El hombre iracundo, secuestrador de pozos petroleros, orquestador de marchas violentas, enemigo del orden público y el estado de derecho, lo cierto es que sigue debajo de ese disfraz de redentor. La experiencia permite saber que las personas no cambian de la noche a la mañana. ¿De dónde va sacar el dinero que este hablador promete a los pobres? ¿El estudiante fósil que duró tres lustros para sacar una carrera, de pronto se volvió inteligente? ¿En un estado de derecho es lícito enfrentar a las clases sociales? ¿Su corte de corruptos integrada por los Bejarano, Padierna, Imaz, Ponce y demás, se transformará en personas de valores y principios nada más porque este demagogo lo asegura? Hay algo extraño en su persona y el ambiente que le permite engatusar a grupos e individuos. A esto se refería Alexis de Tocqueville cuando escribió: "...En la corrupción de aquellos que llegan por azar al poder hay siempre algo de grosero y vulgar que la hace contagiosa para la multitud" ("La Democracia en América", Alianza Editorial, pág. 207).

Manuel Hernández Gómez
(v.pág.4-A de El Informador del 24 de junio de 2006).

El Ayuntamiento de Guadalajara tuvo una sesión relámpago, y los regidores aprobaron hacer hasta 75% de descuento en los recargos por el pago de impuesto predial y servicio de agua potable y alcantarillado.

(¿Para qué pagar a tiempo, si habrá planes de regularización con descuento en intereses y recargos? Mensos los que pagamos a tiempo en lugar de jinetearnos el dinero. - El webmaster)

(V.pág.9 del periódico Público del 23 de junio de 2006).

Unos 100 estudiantes de la Normal de Atequiza, que desde la semana pasada protagonizan protestas en la ciudad en demanda de plazas para maestros, hicieron ayer una valla sobre la avenida Alcalde y bloquearon el centro de la ciudad. Desquiciaron el tráfico por media hora.

(V.pág.12 del periódico Público del 23 de junio de 2006).

En Jalapa del Marqués, en el Istmo, un grupo encabezado por el ex dirigente magisterial Erangelio Mendoza quemó un autobús de la línea Fletes y Pasajes con la intención de impedir el tránsito de un grupo que se sumaría a la marcha en la capital. El altercado originó una batalla campal, donde se reportan al menos una decena de lesionados.

En San Pedro Tapanatepec, cien mentores retuvieron en su domicilio a las legisladoras priistas Adelina Rasgado y Adelma Núñez, para impedir el traslado de habitantes a la marcha contra el paro.

En San José Chiltepec se reportó que 70 integrantes de la Codeci, armados con rifles en mano, impidieron el paso de 80 autobuses que venían de Tuxtepec.

Lo mismo ocurrió en Valle Nacional, donde se reportaron disparos, incluso contra una ambulancia de la Cruz Roja, aunque no hay información de heridos.

(V.pág.25 del periódico Público del 23 de junio de 2006).

Maestros y otros manifestantes en Oaxaca bloquearon hoy varias carreteras para dificultar el acceso de ciudadanos a una marcha por la educación convocada por empresarios y organizaciones civiles locales.

El director de Seguridad Publica en el estado, José Manuel Vera Salinas, indicó que todas las carreteras que conducen a la capital oaxaqueña están cortadas desde hace horas para impedir el acceso de la gente a las inmediaciones del estadio de béisbol, de donde partió hoy una marcha hacia la zona norte de la ciudad.

Las autoridades están prevenidas ante posibles actos de violencia entre docentes, que desde hace más de un mes demandan alzas salariales a las autoridades estatales, y organizaciones civiles que reclaman la vuelta a las clases.

En diversos altercados ocurridos en el estado en las últimas horas se han registrado dos heridos, uno por arma blanca y otro, con arma de fuego, en choques con los maestros, informó Vera.

Por su parte el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, Freddy Alcántara Carrillo, uno de los que secundarán la manifestación dijo que "la ciudadanía está cansada de que esté tomado el centro histórico" de la ciudad de Oaxaca, en el sur de México.

"Ya basta. Nosotros y la sociedad en general estamos cansados", declaró Alcántara, quien aclaró que la movilización es ciudadana aunque admitió que en ella seguramente habrá "simpatizantes del gobierno del estado".

En relación con los hechos, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación criticó hoy en anuncio en prensa a los maestros por la ruptura de las negociaciones pasado día 19 de junio.

"El daño total en la economía local es gravísimo pues se habla de hasta 265 millones de pesos (23 millones de dólares) en pérdidas en lo que va de plantón en todos los sectores: industrial, comercial y de servicios", aseguró la organización empresarial.

También reconoce los "esfuerzos" del gobernador del estado, Ulises Ruiz, para preservar el estado de derecho y las garantías individuales y advierte de que Oaxaca "no merece estar en el último lugar del país en desempeño académico", por lo que demandaron la reanudación de las actividades en las aulas.

(V.Agencia Efe, 22 de junio de 2006).

La afectación a las actividades relacionadas con el turismo [en Oaxaca] perjudica por igual a los empresarios y a los trabajadores, con lo que los maestros resultan, en el empeño por defender sus derechos laborales, lesionando los de otros asalariados que no pueden protestar contra la protesta.

Miguel Angel Granados Chapa
(v.pág.9 del periódico Mural del 22 de junio de 2006).

A las 19:00 horas del martes, unos 500 habitantes de Las Pintas, La Huizachera, Ojo de Agua y La Juntas, bloquearon Periférico en su cruce con Avenida Juan de la Barrera para exigir la terminación de las obras de remodelación de la Antigua Carretera a Chapala y el control de inundaciones.

Se manifestaron pacíficamente con el objetivo de agilizar la culminación de una obra que lleva ocho meses rezagada y que con el temporal de lluvias amenaza grandes inundaciones.

Ante esto más de 20 patrullas de Seguridad Pública estatal acudieron al lugar del bloqueo y los elementos amenazaron verbalmente a algunos manifestantes, según los agredidos.

Sin embargo, el paro terminó cuando los ciudadanos exigieron una mesa de diálogo con el secretario general de Gobierno [de Jalisco], lo que el funcionario aceptó, pero nunca llegó a la cita.

Los vecinos de la zona afectada amenazaron que ante el caso omiso, el siguiente paso sería tomar los accesos al Aeropuerto Miguel Hidalgo; sin embargo ayer en otro diálogo con autoridades municipales y estatales en la parroquia de Las Pintas, se llegaron a acuerdos.

Miguel Castro, Alcalde de Tlaquepaque, Armando Pimentel de Secretaría de Salud, Octavio Flores de Sedeur, Jorge Torres, subsecretario de Gobierno y con la ausencia de Bertha Alicia Moreno, alcaldesa de El Salto, acordaron con los vecinos que las obras tendrán un avance de mil metros por cada 15 días, se harán constantes desazolves en la zona y la Secretaría de Salud revisará carnicerías y pollerías con continuidad.

(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 22 de junio de 2006).

Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural "Miguel Hidalgo" de Atequiza, se manifestó ayer en el centro de la ciudad y luego de generar caos vial en la zona, insistió ante autoridades estatales en la entrega de 80 plazas a repartir entre los 138 egresados de este año.

(V.pág.5-B de El Informador del 21 de junio de 2006).

Uno de los muy arraigados mitos que siguen influenciando en las relaciones familiares, laborales y sociales, es aquél que reza así: Las reglas se hicieron para ser violadas, la trampa es una habilidad para lograr nuestras ambiciones y la transa es la base de la escalera del éxito.

Nuestros marcados límites de educación, civilidad y moralidad no pueden aceptar el principio de que las reglas se hicieron para violarlas, pero tampoco se puede aceptar el mito de que las reglas deben negociarse, explicarse, persuadirse y acordarse en un medio familiar, laboral y social, donde predomina la indisposición para razonar. Las personas que carecen de los mínimos valores, son las que más requieren de una imposición de reglas, sin embargo, son las mismas personas las que no escuchan, no entienden, no aceptan y no cumplen las reglas, y a todo orden le llaman dictadura, autoritarismo, tiranía; la contradicción social es que son las reglas las que evitan la dictadura, el autoritarismo y la tiranía. Hablar de reglas con personas irrazonables, es como hablar de ética con políticos y sus pactos de civilidad.

Rafael Gómez Farías, asesor en Capacitación Corporativa
(v.pág.4-A de El Informador del 20 de junio de 2006).

A fuerza de la costumbre -porque cada año, por estas fechas, es lo mismo-, las movilizaciones magisteriales de los llamados "disidentes" del magisterio ya son parte del paisaje político-social, lo mismo en Oaxaca que en Chiapas y en el Distrito Federal. Pero en esta ocasión el fenómeno tiene tintes distintos. No se trata de una protesta más, sino que su objetivo parece claramente orientado al 2 de julio.

En efecto, en esta ocasión la movilización del magisterio no parece estimulada sólo por las reivindicaciones laborales de los mentores -de suyo legítimas en casi cualquier rincón del país-, pero tampoco se asoma un interés político estrictamente doméstico, entre las fuerzas políticas y sociales de Oaxaca. Más bien hay muchos indicios de que los maestros "disidentes" persiguen un objetivo político vinculado con la apretada elección presidencial que tendrá lugar en todo el país dentro de los próximos 14 días.

Está claro que para los líderes del magisterio disidente oaxaqueño y para quienes están detrás, lo que se busca es crear un clima de zozobra, de inestabilidad y hasta de ingobernabilidad en medio de un proceso electoral de suyo alterado por la fuerte competencia de dos de los más aventajados candidatos presidenciales.

Entre los posibles beneficiados de que los maestros de Oaxaca "revienten" la elección del 2 de julio, se ubica López Obrador, quien de perder la contienda tendría en esa crisis el pretexto ideal, "la mecha" encendida para rechazar el resultado de las urnas, para reclamar la anulación de la jornada electoral, y para llamar a la resistencia civil. Es cosa de recordar el modus operandi de AMLO.

Ricardo Alemán
(v.pág.4-A de El Informador del 20 de junio de 2006).

Ya no es la torpeza de la "derecha" lo que se denuncia ahora sino el hecho puro y simple de ejercer el poder, es decir, de gobernar. Que renuncie pues Ulises del PRI, por su tentativa de poner orden en una ciudad paralizada por las hordas de la CNTE, pero que también dimita Lázaro, del PRD, por querer terminar con la ocupación ilegal de la más grande siderúrgica de América Latina y que se vaya igualmente Salazar, del gobierno panista, por plantar cara a un líder sindical mafioso.

Sectores enteros de la sociedad mexicana ambicionan lo mismo sin preocuparse mayormente por la preservación del estado de derecho: los taxistas pirata, los vendedores de mercancías de contrabando y hasta los estudiantes que no han aprobado el examen de admisión desean todos vivir en un país de privilegios especiales, sin reglas y sin límites. Los demandantes no se sienten ciudadanos plenos con derechos y obligaciones sino que se ven a sí mismos como víctimas desde un primer momento; son individuos esencialmente agraviados. Tenemos a la vez a un gobierno con una mala conciencia, abrumado por el recuerdo del autoritarismo: nuestros jefes no se han enterado todavía de su legitimidad, no se sienten elegidos libremente por un pueblo que les ha confiado un mandato sino que actúan como si el poder les hubiera llegado de manera indebida. Luego entonces, no hay casi manera de poner freno a la agitación ni de responder a los actos de rebelión. Somos "democráticos" en el peor sentido de la palabra, es decir, blandengues, irresponsables, laxos e indecisos ahí donde debiéramos tener muy claro que las obligaciones del estado -el mantenimiento del orden público, entre otras- son forzosas de necesidad.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 18 de junio de 2006).

Además hay seis alcaldías bloqueadas por gente que simpatiza con el movimiento de maestros oaxaqueños.

(V.pág.23 del periódico Público del 16 de junio de 2006).

El subdirector operativo de la Policía Ministerial, Margarito Aragón, y siete policías fueron liberados la mañana de este jueves tras permanecer retenidos por maestros oaxaqueños. Los uniformados fueron capturados durante los enfrentamientos del miércoles pasado y, finalmente, mantenidos en cautiverio en un salón de la escuela primaria Basilio Rojas. Los ocho miembros de la policía responsable de ejecutar órdenes de aprehensión durmieron en las aulas de dicha primaria bajo la vigilancia de los docentes.

La liberación de los ocho policías fue decidida por el magisterio para demostrar la buena voluntad de cara a las negociaciones entre el gobierno estatal y la sección 22 del SNTE, que son mediadas por la Secretaría de Gobernación.

(V.pág.23 del periódico Público del 16 de junio de 2006).

Hay seis averiguaciones previas presentadas ante el Ministerio Público federal por la toma de carreteras y bloqueos a la zona del aeropuerto realizada en semanas pasadas por maestros de la sección 22.

Las denuncias fueron presentadas a solicitud de Caminos y Puentes Federales, que ha reportado perdidas millonarios por la toma de la caseta de peaje de la supercarretera Oaxaca-Puebla.

Los profesores llegan por centanes a las casetas, bloquean las casetas de cobro y dejan pasar a los autos sin pagar.

(V.pág.23 del periódico Público del 16 de junio de 2006).

La policía estatal [oaxaqueña] se vio rebasada en la batalla que sostuvo con al menos 40,000 profesores de la Sección 22 del SNTE durante el operativo de desalojo que se realizó ayer.

Después de tres horas, los mentores se encontraron con un grupo policiaco desgastado, sin municiones y vomitando por el gas lacrimógeno.

(V.pág.10 del periódico Mural del 15 de junio de 2006).

La Presidencia de la República se deslindó del desalojo, pero asumió el acto como la aplicación de la ley.

(V.pág.10 del periódico Mural del 15 de junio de 2006).

El corporativismo sigue vivo en nuestro país. Los viejos grupos de poder están aprovechando los frágiles equilibrios de nuestra democracia para tratar de influir en el resultado electoral o para exigir privilegios especiales. Y lo peor de todo es que, ante un estado débil, están logrando sus propósitos.

Ayer vimos un nuevo ejemplo en Oaxaca. Unos 40,000 integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación habían tomado desde hace más de tres semanas unas 50 manzanas del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Los daños a los comercios y empresas han sido enormes. La actividad económica en la zona se ha paralizado. Era cada vez más necesario que la autoridad actuara.

Y ayer finalmente lo hizo en la madrugada. Un contingente de policías comenzó el desalojo de los maestros y lo logró a medias, por lo menos durante algunas horas. En los enfrentamientos hubo heridos y, según Enrique Rueda Pacheco, dirigente de la sección, tres muertos, cosa que el gobernador negaba ayer por la mañana.

De lo que no hay duda es de que una vez avanzado el proceso de desalojo, el gobernador se echó para atrás. Ordenó el repliegue de la fuerza policiaca y ya para las nueve y media de la mañana el sindicato había retomado el control del centro de la ciudad. El esfuerzo simplemente no sirvió para nada.

No es éste el único caso en que los diferentes órdenes del gobierno mexicano están demostrando su debilidad frente a los grupos corporativos. En este mismo año electoral hemos visto el caso de Sicartsa, la planta siderúrgica en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta instalación fue tomada de manera ilegal por los grupos del Sindicato Minero y Metalúrgico leales a Napoleón Gómez Urrutia. Un desalojo realizado por la Policía Federal Preventiva y la policía estatal michoacana tuvo un éxito momentáneo, pero dejó un saldo de dos muertos y decenas de heridos. También en ese caso las autoridades se echaron para atrás. El gobierno de Michoacán retiró a su policía mientras que la PFP ha permitido que el sindicato mantenga paralizada la planta desde entonces. Otras minas en el país están también tomadas y las autoridades no se han atrevido ya a tomar medida alguna para liberarlas.

En San Salvador Atenco, la PFP y la Policía del Estado de México tuvieron más éxito al liberar la carretera Texcoco-Lechería que había sido tomada por una serie de grupos radicales entre los que se contaban el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Frente Popular Francisco Villa, el Consejo General de Huelga de la UNAM y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por lo menos en esta ocasión, después del desalojo los grupos radicales ya no volvieron a tomar la carretera. Pero el costo político para las autoridades mexiquenses y federales, que han sido objeto de acusaciones por abusos en el proceso de desalojo, ha sido enorme.

El problema con estos fracasos abiertos o a medias es que el mensaje que se está mandando a los grupos de poder en nuestro país es que la forma de obtener privilegios y concesiones es organizar plantones, realizar tomas de instalaciones y llevar a cabo bloqueos que afecten los intereses de terceros. Los maestros del país han obtenido aumentos salariales reales -una vez descontada la inflación- de 26% en este sexenio. Este año consiguieron un incremento de 7%, el cual es significativamente superior a los incrementos que están recibiendo los demás trabajadores del país en este año. Los maestros oaxaqueños, de hecho, tienen el mejor paquete de remuneración del país debido a que tienen bonos especiales de los que carecen los demás.

Pero la sección 22, que es un bastión de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación , ha hecho paros en Oaxaca en los últimos 27 años independientemente de los arreglos económicos a los que haya llegado la dirección nacional del SNTE. Su propósito es político, como lo demuestra el hecho de que una de sus principales demandas sea la renuncia del gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz.

A los mexicanos debe preocuparnos que tengamos autoridades con miedo a actuar en contra de los grupos de poder que toman como rehenes a los ciudadanos para favorecer sus causas. Pero más inquietante es que cuando esas autoridades toman la decisión de actuar, no tengan la fuerza de mantener sus posiciones.

Al retirar a la fuerza pública del centro de Oaxaca, y reconocer con ello su derrota ante la CNTE, el gobernador Ulises Ruiz está aceptando, como anteriormente lo hicieron el gobierno federal y el de Michoacán en el caso de Sicartsa, que son más débiles que los grupos corporativos con los que se están enfrentando.

Sergio Sarmiento
(v.pág.12 del periódico Mural del 15 de junio de 2006).

Integrantes del Consejo Impulsor del Desarrollo Empresarial reprobaron a los maestros por el cierre de 56 calles que mantienen desde el 22 de mayo en el centro histórico de Oaxaca, en demanda de rezonificación por vida cara.

Eduardo García Moreno, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la entidad, aseguró en rueda de prensa que censuraba la manera en que el gobierno del estado ha afrontado el conflicto magisterial, al no hacer prevalecer el estado de derecho.

"A los profesores los repruebo por violentar el derecho de terceros con el cierre de las calles del centro, independientemente de que sus demandas sean viables, ellos no pueden lesionar el derecho de la ciudadanía".

Asimismo, pidió la intervención del gobierno federal para solucionar el paro de los docentes, que este martes cumple ya 23 días de iniciado, y por el cual 1'300,000 alumnos están sin clases y 14,000 escuelas permanecen cerradas.

Por su parte, José Escobar Gómez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado, dio a conocer que a cuatro semanas de que 56 calles están cerradas, las pérdidas económicas superan los 500 millones de pesos.

José Escobar explicó que en el área afectada por el plantón de docentes, se ven afectados más de 2,500 negocios, y se corre el riesgo de que se pierdan más de 1,500 empleos directos.

Los establecimientos afectados son variados, y van desde zapaterías, a hoteles, pasando por restaurantes, agencias de viaje y tiendas de ropa.

(V.pág.10-A de El Informador del 14 de junio de 2006).

El plantón indefinido que llevan a cabo maestros inconformes con la destitución del dirigente de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Héctor Lara Moreno, ha ocasionado la suspensión de clases en 157 planteles de educación básica en Baja California.

(V.pág.10-A de El Informador del 14 de junio de 2006).

Uno de los fenómenos que ha caracterizado a la actividad económica de los últimos gobiernos, es la proliferación de las actividades relacionadas con la economía informal. El tema parece haber rebasado a las autoridades de los tres niveles, y sus consecuencias no parecen terribles en el corto plazo, pero el impacto que esto puede tener a mediano y largo plazos puede resultar caótico.

De acuerdo a un estudio solicitado por el Banco Interamericano de Desarrollo, al Instituto Libertad y Democracia de Perú, 52.3% de la población mexicana desarrolla por lo menos una parte de sus actividades dentro de la economía informal, debido a la falta de instituciones básicas que permitan a los ciudadanos organizar su desarrollo económico.

La falta de instituciones dedicadas a promover los derechos de propiedad y formas legales de organización empresarial, así como lo poco eficaces que resultan los mecanismos para operar legalmente en los diversos mercados, empujan a los entes económicos a trabajar fuera de la ley. Es así como el ILD encontró que en México 53.2% de los predios, 70.6% de la superficie rural y 91.1% de las empresas operan de alguna u otra forma fuera de la ley.

Hay quien dice que operar fuera de la ley no es malo, en tanto se estén generando empleos e ingresos y se cubran los pagos necesarios para continuar con ese modus operandi, al fin y al cabo, el gobierno y sus dependencias van encontrando la manera de hacerse de ingresos para continuar sus operaciones...

Ver las cosas así resulta patético, ya que por un lado, la carga fiscal de sostener al país recae sobre menor número de causantes, pero además, los niveles de seguridad (física, legal y social) se van haciendo cada vez más bajos, abriendo huecos que más temprano que tarde acaban llenando los grupos del crimen organizado, comúnmente dedicados al contrabando, la piratería, el tráfico de influencias y el narcotráfico, trayendo como consecuencia la proliferación de las riesgosas actividades que estos acostumbran llevar a cabo.

Por las presiones políticas y económicas, los actores de la vida pública se acaban relacionando con quienes operan en la economía informal, y los conflictos de intereses pasan a segundo término. Esto acaba por dejar a la sociedad sin voces que la defiendan ante un futuro cada vez menos seguro.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 12 de junio de 2006).

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Alberto Núñez Esteva, sostuvo que ha sido débil la actuación del gobierno federal ante el conflicto minero.

Aseguró que el gobierno debió aplicar el estado de derecho, el cual no se ha ejercido plenamente, como en el caso de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Michoacán, en donde se cometió un acto de despojo por parte de agremiados, lo cual ocasionó violencia.

(V.pág.9-A de El Informador del 10 de junio de 2006).

Apenas 11 de los 80 corrales de engorda de ganado más importantes de Jalisco han resultado libres de residuos de clenbuterol, el anabólico tóxico para el consumo humano cuyo uso ya es considerado un delito grave.

(V.pág.14 del periódico Público del 9 de junio de 2006).

En México 99 de cada 100 delitos no se castigan y el 80% de la población no confía en su sistema de impartición de justicia penal.

(V.pág.2 del periódico Mural del 8 de junio de 2006).

Yo no creo que haya un solo candidato en nuestro país, Brasil, Argentina (...) que no acepte que nuestro problema es el estado de derecho, nuestro apego a la legalidad; en que no protegemos a las personas en su seguridad, pero tampoco en su patrimonio y que sus sistemas jurídicos tienen una serie de mecanismos que discriminan a la gente: si hablamos de propiedad, de derechos laborales, están hechos para que la gente no participe.

Ernesto Zedillo, expresidente mexicano
(v.pág.3 del periódico Mural del 8 de junio de 2006).

Un grupo de aproximadamente 500 estudiantes (?) se apoderó a golpes de las instalaciones de la Universidad Michoacana, para exigir fichas de ingreso a las carreras profesionales.

La irrupción provocó un enfrentamiento en la Facultad de Medicina cuando alumnos regulares intentaron recuperar las instalaciones, con un saldo de tres lesionados y algunos destrozos.

El Movimiento de Alumnos Rechazados, que anoche permanecía en poder de casi todas las facultades de la institución, acusó a las autoridades universitarias de limitar el acceso a las escuelas.

Según los mensajes colocados en los accesos, la toma es por tiempo indefinido.

El bloqueo dejó sin clases a cerca de 40,000 alumnos de nivel superior, a menos de un mes de concluir el ciclo escolar.

(V.pág.14 del periódico Mural del 8 de junio de 2006).

Maestros de la Sección 22 del SNTE bloquearon la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex, en Valles Centrales, ubicada en la carretera 190 Oaxaca-Istmo.

(V.pág.10-A de El Informador del 7 de junio de 2006).

En Guadalajara y Arandas detectaron 12 personas intoxicadas por consumir hígado de res contaminado con clenbuterol. Cinco personas afectadas en Guadalajara, pertenecientes a una familia vecina de la colonia Tetlán, así como cuatro miembros de una familia que vive en Zalatitán. Además, tres personas en el municipio de Arandas.

(V.pág.1-B de El Informador del 7 de junio de 2006).

El lunes, además de saquear la cafetería del Congreso de Oaxaca y destruir los parquímetros del centro histórico, un grupo de docentes quitó las cámaras de seguridad instaladas por la Secretaría de Protección Ciudadana en el zócalo.

En total, fueron tres de cuatro equipos de vigilancia los que retiraron los profesores, mientras que el otro quedó inservible. Al respecto, ninguna autoridad ha hecho algún pronunciamiento.

(V.pág.10-A de El Informador del 6 de junio de 2006).

Ahora la tocó a Oaxaca. La ciudad cayó en manos de un grupo de maestros que la martiriza desde hace diez días. La vieja fórmula otra vez. Hay justicia en la reivindicación de los maestros que piden un mejor salario, sí. Hay también un desprecio colosal por sus alumnos (1'300,000) abandonados por una "causa superior": la lucha social; lo hay por el ciudadano común y corriente, a quien le roban tiempo, espacio, bienestar; y por la hermosa Oaxaca.

La Secretaría de Educación Pública se hace tan chiquita que se borra. El gobernador Ulises Ruiz huye a Fresno, California, a celebrar la hispanidad con los oaxaqueños de las remesas. La PFP está en cuarentena. La Secretaría de Gobernación juega ya todas las manos con tres mulas y tres fallas. Y la Presidencia de la República no existe más para estos fines.

Ayer fue una toma de 12 horas del aeropuerto, mañana podría ser cualquier otra cosa.

La protesta social radicalizada tiene permiso, porque en este país es improbable que alguien se atreva a dar la orden de ¡embistan! No antes del 2 de julio. Tal vez no antes de 1 de diciembre.

Ciro Gómez Leyva
(v.pág.4 del periódico Público del 2 de junio de 2006).

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en Oaxaca, suspendió la entrada y salida de vuelos, hasta nuevo aviso, debido al bloqueo que mantienen maestros.inconformes.

(Mural en línea, 1o.de junio de 2006).

Si, por ejemplo, las autoridades de Oaxaca se decidieran a preservar el orden público y tomaran acciones para impedir que las turbas de maestros agitadores sigan paralizando la capital -en días pasados han tomado por asalto gasolineras, bloqueado las calles, obstruido el acceso a la tiendas del centro de la ciudad, impedido la entrada y la salida a huéspedes de los hoteles- ¿qué dirían esos denunciantes habituales que no toleran acción alguna de la autoridad, así sea para salvaguardar los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos? Se desgarrarían las vestiduras clamando, una vez más, que vivimos en la opresión, la dictadura y el avasallamiento. Ya lo vimos en Las Truchas: la fuerza pública intervino para terminar con un paro ilegal y, al enfrentar la violencia de los ocupantes, hubo, por desgracia, dos trabajadores muertos. No era la intención, desde luego, aunque sabemos de la brutalidad policiaca y de lo incontrolable que puede ser nuestra fuerza pública. Pues bien, resultó ahí que el presidente de la república devino en "asesino", ni más ni menos. El adjetivo que le faltaba. Si algo vuelve a suceder y aumenta el número de bajas, será un "genocida", faltaría más.

Lo que me llama la atención es la imposibilidad de utilizar las "otras" palabras, a saber, aquellas que se refieren al ejercicio de la autoridad. No podemos hablar de la "fuerza pública" ni del "orden" ni de la "violencia legítima del estado". Estos términos se han vuelto inaceptables mientras que los otros se utilizan con absoluta ligereza e irresponsabilidad. Son palabras de "fascistas" y "autoritarios". Y así, nuestros gobiernos, con un gran sentimiento de culpa, están dejando de emprender las acciones necesarias, y urgentes, para que México sea un país ya no digamos competitivo sino simplemente habitable. Nos hemos vuelto rehenes de las palabras. No sé si algún día tendremos la humildad de volver a llamar las cosas por su nombre.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 28 de mayo de 2006).

Aspirar a una democracia de calidad pasa por la construcción de un auténtico estado de derecho democrático.

César Cansino
(v.pág.4-A de El Informador del 20 de mayo de 2006).

Guadalajara se transformó ayer en un manifestódromo. Al menos cuatro movimientos de protesta -de los cuales dos desembocaron en el centro histórico y provocaron caos vial- tomaron las calles por causas tan disímbolas como exigencias salariales para maestros, liberación de presos políticos, apoyo a la producción lechera e incluso, protestar porque agentes de la Secretaría de Vialidad detuvieron dos grúas.

Sobre esto último, una veintena de propietarios de grúas se plantaron frente a la Secretaría de Vialidad, porque varios agentes enviaron al corralón dos unidades que no tenían placas.

(V.pág.1-B de El Informador del 20 de mayo de 2006).

En Oaxaca el juez Tomás Quiroz declaró "no grave" el desvío de 160 millones de dólares que Carlos Romero Deschamps hizo al PRI en el célebre Pemexgate: Deschamps se tomó la foto con Vicente Fox y va al Senado.

Mauricio Flores
(v.pág.36 del periódico Público del 19 de mayo de 2006).

La permanencia del actual sistema de procuración e impartición de justicia, para algunos es un gran "negocio", pero cuesta a los mexicanos 108,000 millones de dólares al año, afirmó Roberto Newell, director del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Al participar en el Foro Internacional de Juicios Orales, Newell explicó que esta cifra es el costo que paga el país por el crimen y la violencia, y que el actual sistema de justicia sólo castiga uno de cada 10 delitos.

Miguel Sarré, profesor del ITAM y especialista en derechos humanos, ejemplificó lo que ocurre en el sistema de justicia en México: "Actualmente tiene más poder un comandante de la Judicial que un ministro de la Suprema Corte".

En el Foro Internacional de Juicios Orales, Newell comentó que la delincuencia cuesta al gobierno 900 dólares anuales por persona y podría revertirse con los juicios orales.

La cantidad, aseguró, equivale al 15% del Producto Interno Bruto del país y es superior a las utilidades anuales de Pemex.

Newell explicó que estas cifras, obtenidas mediante metodologías usadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, las ha mostrado al ejecutivo federal y al Senado en diversos foros.

Sarré destacó el costo en derechos humanos que tiene el actual sistema. Por ejemplo, la policía judicial recurre al abuso en 48% de sus "contactos" con la población.

"A una de cada 4 personas se les amenaza con 'fabricarles' cargos. Una de cada 4 personas recibe amenazas; otro tanto se ve forzada a confesar, y una de cada 8 se le obliga a firmar documentos con valor legal", destacó.

El académico ubicó en el actual sistema de justicia los costos en términos de derechos humanos: Uno de ellos es que en México hay 90,000 presos sin condena.

Otro es que para perseguir a la delincuencia, el sistema genera una delincuencia a la que llamó "paraprocesal", las condenas injustas y la impunidad.

(V.pág.7 del periódico Mural del 18 de mayo de 2006).

El informe titulado "El cambio inconcluso" en español y "Lost in Transition" en inglés, de Human Rights Watch, tiene muchos puntos atendibles. Subraya, por ejemplo, que la tortura persiste en nuestro país. Su propuesta de que sólo las declaraciones hechas ante un juez deben tener validez jurídica sería una forma de acabar de raíz con este abuso. Ante las críticas de que esto debilitaría la acción de la policía, el informe responde correctamente que detener y torturar inocentes no es forma ni de procurar justicia ni de acabar con la delincuencia.

La manera de mejorar las prácticas de derechos humanos y de seguridad pública, según el documento, es reformar a fondo el sistema de justicia. Y es verdad. Por eso se entiende la desesperación de los directivos de HRW. Como tantos mexicanos, ellos se sintieron esperanzados por el fin del sistema de partido único en nuestro país, pero hoy se dan cuenta de que la democracia es una condición necesaria pero no suficiente para construir una nación más justa.

Si queremos vivir en un país en el que no se violen los derechos humanos, tendremos que entrar a la reforma de fondo del sistema de justicia del país.

Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 18 de mayo de 2006).

Me temo que las cosas en mi país no han cambiado gran cosa. La policía sigue siendo inepta, corrupta, pero sobre todo brutal, especialmente con las mujeres porque agrega un elemento de enorme cobardía. Me temo también que la procuración de justicia sea nada más que un mito y el tan cacareado estado de derecho no resiste la menor prueba.

Guadalupe Loaeza
(v.pág.10 del periódico Mural del 18 de mayo de 2006).

Elementos de la Policía Sectorial desalojaron a pobladores de distintas comunidades de Escuintla, Huixtla y Motozintla (Chiapas) que habían bloqueado una carretera federal en demanda de puentes, caminos y desazolve de ríos.

El comisionado para la reconstrucción, Horacio Schroeder Bejarano, también Secretario de Seguridad Pública local, informó que alrededor de 200 pobladores de distintas comunidades bloquearon el martes a las 7:30 horas la carretera federal que comunica a Huixtla con Motozintla, a la altura del poblado de San Dimas.

Agregó que, luego de algunas negociaciones infructuosas, se procedió al desalojo de los inconformes, en cuyo operativo participaron 150 policías estatales.

El dispositivo, precisó, dejó un saldo de 23 detenidos.

Schroeder agregó que fue necesario usar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes; tres policías resultaron heridos con piedras.

(V.pág.12 del periódico Mural del 18 de mayo de 2006).

No se necesita un hada madrina o un mago para "aparecer" a los diputados cuando no están en sus oficinas, basta lanzar amenazas para que los legisladores broten de la nada.

Los maestros de las telesecundarias llegaron al Congreso del Estado. Los guardias cerraron las puertas. Uno de ellos salió y les dijo a los manifestantes que no había ningún diputado en ese momento.

"¡Va! es su trabajo y no están... pues aquí los esperamos y vamos a bloquear 16 de Septiembre, ¿quién quiere bloqueo?", gritó una de las maestras inconformes.

Su voz tuvo eco. Los 100 maestros y estudiantes gritaron al unísono "bloqueo, bloqueo, bloqueo".

El guardia salió otra vez. Nadie sabe de dónde, pero ya había llegado un diputado.

"El diputado Roberto López me pregunta si quieren entrar todos o una comisión, pero se van a tardar 20 minutos en atenderlos porque están en una reunión y están localizando a otros diputados", cuestionó.

"Una comisión", respondió uno de los maestros, "y mientras vamos a bloquear 16 de Septiembre".

Ya iban en camino cuando el guardia salió y dejó entrar a la comisión, en menos de cinco minutos ya estaban tres diputados: Roberto López, Manuel Castelazo y Antonio Mendoza.

(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 18 de mayo de 2006).

Alguien, no se sabe quién, paga a los mercenarios, a los enmascarados de Chiapas, a los líderes de los estudiantes que se mueven (pocos, pero se mueven), al ritmo que les tocan. Enemigos del sistema o del partido en el poder que suponen es por estas vías por las que se harán del poder, cosechando lo que han sembrado desde hace más de una década entre unos cuantos guerrilleros disfrazados de eso mismo.

La tolerancia se ha llevado a límites inconcebibles. El estado de derecho, está acosado por la violencia (...) este país es mucho más que su capital, ahora copada por los enmascarados de lana, por esa compañía itinerante de cómicos de la legua que intentan poner en escena una tragedia griega.

Martín Casillas de Alba
(v.pág.5-A de El Informador del 16 de mayo de 2006).

San Salvador Atenco tiene los antecedentes de resistencia armada a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, hecho que llenó de orgullo a los lugareños: El aeropuerto no se construyó. Los ejidatarios triunfaron impidiendo una obra de 20,000 millones de pesos; oponerse al cambio de los ocho vendedores de flores no podía tener ni comparación.

Suspender la ejecución de una obra de interés para toda la nación y derrotar al presidente de la república, ensoberbeció a esa gente guiada por un perverso líder local con antecedentes delictivos, quien evidentemente domina el pueblo con un adiestrado grupo de agitadores de torcidos objetivos políticos, vinculados a su vez a otros de filiación subversiva.

Si la mayoría de floreros aceptó de buen grado y los ocho restantes se negaron, podía acudirse a diferentes formas persuasivas, o a las disuasivas, muy al alcance de quien ejerce la autoridad. Se optó por la fuerza y los resultados no se hicieron esperar.

Es imperdonable que durante tanto tiempo, y no obstante las amargas experiencias, el personal de seguridad se siga manejando de la misma manera. En mala hora se dotó a los policías de cascos, caretas, chalecos y escudos. No los preparan para reducir resistencias y aplacar disturbios; los preparan para recibir golpes y vejaciones, sufrir lesiones y perder compañeros abatidos que luego son linchados.

Las escenas que vimos en Atenco duelen y enardecen. Es increíble que a los policías, en minoría, se les obligue a enfrentar chusmas que emplean machetes, piedras, palos y sustancias incendiarias y ellos sólo dispongan del tolete; táctica inexcusablemente equivocada, pues esa gente tiene mejor preparación, armas y mayor experiencia en actos agresivos.

Es imperdonable se mantenga el criterio de que la policía con su sola presencia imponga respeto; eso ya hace mucho se les perdió; los cuerpos de seguridad no deben ir a ver cuántos compañeros no caen. Si los agitadores son 100, los policías deben ser 300. Jamás se les debe mandar cual gladiadores a jugarse la vida en duelos singulares, y si pueden, salvarla.

Fue necesario ver a un policía inconsciente en el suelo y salvajemente golpeado, a muchos sangrando y a otro que está a punto de perder una mano por los golpes de los machetes, para que se dispusiera del contingente necesario. Más de 3,000 elementos sofocaron la agresión y detuvieron otros 100 agitadores sin que el contingente sufriera muchas bajas y pudieran restablecer el orden. Desgraciadamente el exaltado estado de ánimo de los ya antes golpeados dio lugar a desquites y reprobables excesos. Para los policías la recompensa son palos... y cárcel. Dentro de cada uniforme hay un humano con dignidad, y aunque tantos lo olviden, con los mismos deseos de vivir que los demás.

La inferioridad en número, y el garantizado desarme de las fuerzas policíacas, da lugar a que cualquier grupo de insolentes enfrente a los cuerpos de seguridad y se desate la violencia. Para cosechar los amargos frutos del conflicto ahí están el aventurero Marcos, los Panchos Villas, los leales taxistas piratas, los cegehaches, los miles de agitadores en nómina y los demás herederos de los beneficios otorgados por quien mandaba en la capital.

Alberto Orozco Romero, licenciado en Derecho y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 15 de mayo de 2006).

Sangre vuelve a teñir las calles del Estado de México, merced a la acción violenta de ese grupo encabezado por Ignacio del Valle que desde hace cinco años ha continuado con su estrategia de sacar a la calle los machetes y agredir brutalmente a las fuerzas policíacas para imponer su ley de la selva, de la prepotencia y de la corrupción.

Horas después son los grupos organizados de seudo estudiantes los que toman diversas calles del DF, para manifestar su adhesión a los macheteros de Atenco, adhesión que también busca capitalizar el subcomediante Marcos, cuya gira alternativa ha resultado un fracaso.

Existe una actitud irresponsable y prepotente de quienes tienen como único lenguaje la violencia, la manipulación y por ende la mentira. Frente a lo cual sería oportuno que la sociedad en general apostara por la definitiva implantación del Estado de Derecho, condena a los provocadores profesionales y no permitiera el chantaje a la gobernabilidad so pretexto de presos políticos que son auténticos delincuentes.

Juan de la Borbolla R., catedrático universitario
(v.pág.5-A de El Informador del 15 de mayo de 2006).

El precario estado de derecho, el mayor índice de corrupción y la endeble seguridad jurídica del país afectan la imagen y la competitividad de México respecto de sus oponentes en el mercado internacional, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

El organismo, dependiente del Centro Coordinador Empresarial, señaló que es primordial garantizar el respeto a la ley y el estado de derecho, así como tomar en cuenta el combate a la corrupción, y no "solamente proferir promesas vacías y que a la larga se conviertan en un costo demasiado alto en términos de crecimiento económico, competitividad, seguridad y bienestar para la población".

Esta afirmación se dio luego de que Transparencia Mexicana dio a conocer el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2005, donde se mostró el arraigado estado de corrupción en el país.

(V.pág.9-A de El Informador del 15 de mayo de 2006).

Aproximadamente mil campesinos opositores al proyecto hidroeléctrico de La Parota obstruyeron por minutos, la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional para exigir la salida de sus tierras de la Comisión Federal de Electricidad.

Apoyados por otras organizaciones sociales los opositores a la hidroeléctrica, quienes portaban machetes, exigieron también respeto a los derechos humanos de los campesinos de San Salvador Atenco y demandaron la pronta liberación de sus dirigentes.

En el poblado de El Bejuco iniciaron un bloqueo carretero por 10 minutos, obstaculizando los dos sentidos de dicha vialidad federal. Los campesinos del Cecop repartieron volantes a los automovilistas.

(V.pág.12-A de El Informador del 15 de mayo de 2006).

El cardenal Norberto Rivera Carrera consideró que la ciudadanía debe cuidar siempre que haya libertad de expresión y en ese contexto todos los grupos se pueden manifestar, porque sólo así crece la democracia.

Sin embargo, pidió que no se secuestre a la Ciudad de México, y que las autoridades tomen en cuenta "que los ciudadanos somos 99% y también tenemos derecho al libre tránsito".

(V.pág.17-A de El Informador del 15 de mayo de 2006).

Confrontados a la brutalidad de las fuerzas policiacas, le negamos toda legitimidad a las autoridades para que apliquen la ley. Nos hemos vuelto entonces una nación de criminales.

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 14 de mayo de 2006).

Un grupo de personas se manifestó ayer en el centro de Guadalajara para pedir la liberación de los detenidos durante el conflicto en Atenco, en el Estado de México, el pasado 4 de mayo, el cese a los cateos y las aprehensiones.

Los integrantes, en su mayoría, del movimiento La Otra Campaña en Guadalajara, caminaron por los carriles del sentido de sur a norte de la avenida 16 de Septiembre hasta llegar a la Plaza de Armas.

Su caminata provocó caos vial en 16 de Septiembre y Juárez. El grupo, alrededor de 25 personas, se extendió y abarcaban dos cuadras en su recorrido. Los agentes viales intentaban agilizar el tráfico.

(V.pág.10 del periódico Público del 14 de mayo de 2006).

El desborde de la violencia muestra dos alfileres flojos: los mexicanos siguen sin confiar en las instituciones para resolver conflictos y diferencias. Y las instituciones se rigen por la ley de la selva e ignoran sus límites. Sindicatos, estudiantes, campesinos, personas agraviadas por la autoridad, ante todo salen a la calle a protestar. Y la fuerza pública ante todo sale a la calle a reprimir para hacer sentir su poder de sumisión, y los gobernantes a solazarse con el "Estado de Derecho".

Estamos ante una enorme "ensalada" compuesta con nuestras claudicaciones cotidianas, con la complicidad del "ahí se va", con una paz instaurada con base en la impunidad y la manipulación, y con un fondo incrédulo y taimado en el alma nacional.

Las instituciones protegen a la autoridad y no a las víctimas.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.17 del periódico Público del 14 de mayo de 2006).

El DF fue sitiado por hordas de "defensores de los derechos humanos", supuestamente en protesta por las violaciones que de esos derechos sufrieron los atencos, sus secuaces, y otras personas que voluntaria o involuntariamente estuvieron en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Entiendo que nos todos los bloqueos de ayer se realizaron en carreteras federales. Muchos de ellos se hicieron en calles de la ciudad de México y, por ende, el gobierno prierredista de la ciudad tenía y tiene la obligación legal de impedirlos o disolverlos, ya que de lo contrario sería -Dios no lo permita- un cómplice de quienes de facto se han convertido en los dueños de la calle, atentando contra la libertad de tránsito de millones de defeños. El problema es que el Gobierno del DF no puede detener a los panchos villas, a los cegehacheros y faunas afines, simple y sencillamente porque son perredistas, algunos abiertamente (son al mismo tiempo diputados por el PRD y dirigentes del FPFV) y los más en lo oscurito.

Al efecto, propongo lo siguiente: que el GDF cumpla su mandato de preservar la ley y el orden yendo a detener con guantes de seda a los bloqueadores y, posteriormente, en congruencia con su irrenunciable vocación de respeto a los derechos humanos, de los que son insignes paladines, les otorguen a los detenidos el mismo trato humano y digno que dan a los presos comunes. En síntesis, que agarren a los revoltosos y los traten como a Carlos Ahumada, para ver si como roncan duermen.

Luis Felipe Galant Remus
(v.pág.19 "correo" del periódico Público del 12 de mayo de 2006).

La amenaza de paralizar totalmente la Ciudad de México se disipó debido a que los organizadores no lograron convocar un número significativo de seguidores, por lo que, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública local, sólo se cumplió parcialmente el objetivo de afectar la vialidad en la metrópoli.

La SSP-DF desplegó una fuerza de 3,230 elementos desarmados (lo cual fue certificado ante notario público), para atender 14 bloqueos, la mayoría intermitentes, además de que no se permitió el cierre completo de ninguna arteria. Los puntos más conflictos fueron sobre avenida Insurgentes Sur, en inmediaciones de Ciudad Universitaria, donde se concentraron unos 250 alumnos; calzada Zaragoza, en el acceso de la carretera México-Puebla, así como en avenida Cien Metros, donde se ubica el CCH Vallejo.

En los dos primeros, los bloqueos duraron aproximadamente cuatro horas y en el tercero dos, según los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.

Después de las ocho de la mañana ya había cuatro bloqueos a la circulación. Tres de las obstrucciones fueron levantadas rápidamente: una en el cruce de Guelatao y Fuerte de Loreto, en Iztapalapa, donde participaron 100 elementos del Frente Popular Francisco Villa Independiente; otra en Canal de Chalco y Piraña, en Tláhuac; una más frente al monumento al Caminero, que es la salida a la autopista México-Cuernavaca.

Prácticamente a la misma hora, entre 50 y 80 personas intentaron cerrar la autopista de cuota México Puebla, pero la presencia de granaderos hizo que se desplazaran hacia la carretera federal, en el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz.

También se registraron bloqueos en las inmediaciones de los CCH Vallejo, Oriente, Azacapotzalco y Sur, los cuales se retiraron casi inmediatamente.

En la Escuela Nacional de Antropología e Historia los granaderos replegaron hacia la banqueta a los estudiantes que intentaban bloquear Periférico.

En Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, se bloqueó completamente durante dos horas la vialidad. Después, los manifestantes liberaron dos carriles.

(V.pág.22 del periódico Público del 12 de mayo de 2006).

Se informó que únicamente se llevó a cabo un "breve bloqueo" en la carretera federal y autopista México-Puebla, en territorio mexiquense, por 200 personas.

Tras una reunión con el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Ardelio Vargas Fosado, los representantes de los grupos que mantenían el bloqueo decidieron permitir la circulación "por voluntad propia", tanto en la carretera libre como en la autopísta.

(V.pág.22 del periódico Público del 12 de mayo de 2006).

Cuando cerca de 200 alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia intentaron bloquear Periférico en apoyo a los aprehendidos, policías que los superaban en número de cuatro a uno los recibieron con golpes de escudo y soltaron a sus espaldas gas lacrimógeno.

Pasadas las nueve de la mañana, los alumnos ya estaban replegados y se reagruparon en el auditorio de la ENAH para realizar una asamblea. Más tarde, los jóvenes dijeron que querían negociar con las autoridades un cierre intermitente de la vialidad, pero la policía no quiso dialogar.

Alrededor de 20 estudiantes sufrieron lesiones leves. Dos horas después del enfrentamiento, se sumaron una treintena de manifestantes. Llegaron desde La Joya, donde fallaron en su intento de bloquear la salida a Cuernavaca.

En CU, el bloqueo parcial se mantenía desde la mañana. Ahí la policía capitalina negoció con los estudiantes que dejaran libre un carril.

Alrededor de la una y media de la tarde, los estudiantes liberaron Insurgentes, realizaron una marcha por Eje 10, hasta internarse en Ciudad Universitaria.

(V.pág.23 del periódico Público del 12 de mayo de 2006).

Una administración que habla hasta por los codos del mentado estado de derecho y de la importancia de salvaguardar las instituciones mexicanas... los violenta dándole la pasada al pasamontañas guerrillero del sureste, lo escolta y permite que desde un consorcio televisivo resurja en el panorama nacional.

Marcela Gómez Zalce
(v.pág.28 del periódico Público del 12 de mayo de 2006).

Ayer despertaron con la noticia de que los detenidos podrían quedar libres. En tanto, presionaron con bloqueos intermitentes la carretera que conecta a Toluca con Almoloya de Juárez.

De cinco en cinco minutos, los inconformes y nueve mazahuas cerraban el paso. Terminados los cinco minutos, las indígenas se echaban a reír entre los claxonazos. El argumento para bloquear es que los medios no informan apegados a su verdad.

(V.pág.2 del periódico Mural del 11 de mayo de 2006).

Si antes costaba trabajo lograr que las autoridades del país tuvieran el valor de recurrir a la fuerza pública para hacer cumplir la ley, los hechos violentos de Sicartsa y de San Salvador Atenco lo harán todavía más difícil.

Muchos funcionarios simplemente prefieren no arriesgarse a que un operativo con la fuerza pública les salga mal. Optan mejor por permitir acciones ilegales de los grupos de poder. A fin de cuentas no son ellos quienes pagan el costo de la violación de la ley sino los gobernados, pero los derechos de éstos parecen ser menos importantes que la tranquilidad de los funcionarios.

Ahí está el caso de Amalia García, la gobernadora perredista de Zacatecas, quien después del fallido intento de desalojo de la planta siderúrgica de Sicartsa en Lázaro Cárdenas, Michoacán, afirmó que en su estado no se haría ningún intento por liberar la mina de San Martín, en Sombrerete, también tomada ilegalmente por un grupo minero que apoya al líder Napoleón Gómez Urrutia.

Ante el anuncio inequívoco de que el gobierno zacatecano no piensa ni cumplir ni hacer cumplir la ley, resultaba inevitable el anuncio del Grupo México de que cerrará de manera definitiva la mina de San Martín en el municipio de Sombrerete.

El secretario de Gobierno de Zacatecas, Gerardo Romo, piensa que su trabajo no tiene nada que ver con la ley. La salida al conflicto, dice, debe "ser negociada". El problema es que no hay nada que negociar. Desde marzo pasado se firmó un nuevo contrato colectivo en la mina de San Martín. Pero un grupo pequeño de simpatizantes de Gómez Urrutia ha mantenido en paro la mina en demanda de algo que no está en manos de la empresa: que la Secretaría del Trabajo le dé nuevamente una toma de nota a Gómez Urrutia como secretario general del sindicato minero.

De 420 mineros sindicalizados en San Martín, sólo unos 30 ó 40 participan en el bloqueo de la mina. Ni siquiera se trata de un caso en que la mayoría de los mineros estén de acuerdo con el paro. Un grupo pequeño pero armado simplemente ha tomado las instalaciones por la fuerza.

El secretario Romo y la gobernadora García parecen estar actuando por consideraciones políticas. Su gran inquietud es apoyar al PRD en este año político. Después de la difusión de las imágenes de los desalojos de Sicartsa y de Atenco, piensan que la manera de obtener votos para el PRD es evitar el uso de la fuerza pública. Quieren evitar el "error" que en su visión cometió el gobernador perredista de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, quien originalmente apoyó con la policía estatal el esfuerzo por liberar las instalaciones de Sicartsa, pero que después retiró la fuerza pública y destituyó a los responsables de esas acciones.

Lo que no miden estos políticos, sin embargo, es la respuesta de la gente común y corriente, aquella que no milita en ningún partido y que es crucial para un triunfo del PRD el 2 de julio. Mucha gente se siente incómoda ante una autoridad que se niega a cumplir o a hacer cumplir la ley. Esto puede terminar constándole antes que sumándole votos al PRD.

Por lo pronto, en el afán de proteger a Gómez Urrutia, un líder sindical con una carrera siempre en el PRI y cuya honestidad es cuando menos cuestionada, el gobierno zacatecano está perdiendo los 420 puestos de trabajo sindicalizados de la mina así como otros 200 empleos indirectos. En un estado como Zacatecas, y en un municipio como Sombrerete, en donde hay muy pocos empleos, la pérdida no es pequeña. A eso hay que añadir el mensaje más general. Lo que nos están diciendo las autoridades de Zacatecas es que en su estado cualquiera puede bloquear o tomar una propiedad si no acepta una negociación porque al gobierno le da miedo aplicar la ley.

Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 11 de mayo de 2006).

Roberto Campa Cifrián, candidato a la Presidencia por el Partido Nueva Alianza, consideró inconveniente una salida política para resolver la situación jurídica de los detenidos por los disturbios en San Salvador Atenco ya que, desde su perspectiva, siempre que se negocia la ley se agravan los problemas.

Planteó que a esas personas se les debe resolver su situación jurídica en los términos de la ley, aunque ello no impide que se respeten sus garantías.

Suponer que una salida política puede darse contraviniendo la ley implica en el mejor de los casos posponer el problema; el planteamiento tiene que ser el del respeto al cumplimiento de la ley para las dos partes.

(V.pág.2-A de El Informador del 10 de mayo de 2006).

Alrededor de 500 normalistas de Atequiza, realizaron una manifestación sobre la avenida 16 de septiembre hacia el norte de la ciudad. La razón es que piden al gobierno que se termine con el nepotismo y la injusticia que se comete contra los normalistas rurales.

De acuerdo a las protestas, muchos de ellos están desempleados, porque es más fuerte "el nepotismo del gobierno, pues tienen a maestros que no tienen el perfil y la preparación para estar como docentes en las escuelas".

Como injusto, califican manifestantes las acciones que tiene el gobierno para resolver las peticiones que año con año hacen, "no puede ser que salgamos de la normal y no tengamos empleo, o es injusto que no tengamos un lugar para ejercer los mismos conocimientos de un maestro".

En el cruce de San Felipe y Alcalde, un hombre moreno y gordo, con apenas una camiseta sin mangas, sudoroso, esperaba al volante de su camioneta todavía no muy vieja y con placas de Florida, que acabara el paso de la protesta para seguir su camino. Buscaba con ansiosa mirada a alguien que fuera solidario con su castigada causa. Por fin encontró a quien escuchara su queja: ¡Mire nomás, aquí ya no hay orden! ¡Viva Guanatos!

(V.pág.5-B de El Informador del 10 de mayo de 2006).

Integrantes de la organización llamada De los 400 Pueblos, encabezados por César del Angel, realizaron un plantón frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Personal de seguridad estimó que se trataba de alrededor de 450 personas, que llegaron a la calle de Bucareli a las 12:00 horas. Ahí permanecieron por más de una hora. Algunos de ellos, desnudos, obstaculizaron la vialidad en esa zona.

(V.pág.10-A de El Informador del 9 de mayo de 2006).

Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estudiantes de Chapingo y dirigentes del Consejo General de Huelga (CGH) de la UNAM encabezaron un bloqueo en la carretera Toluca-Almoloya de Juárez, frente al Penal de Santiaguito.

Esto, para exigir la liberación de 197 habitantes de San Salvador Atenco detenidos, tras los enfrentamientos registrados en aquella localidad.

A los manifestantes se unieron las mujeres del Frente Mazahua que defendía el uso de agua para el sistema Cutzamala.

Los manifestantes intentaron mantener bloqueados los accesos viales ante la insistencia de los seguidores del "subcomandante Marcos", pero se registraron roces con familiares y abogados de los detenidos, quienes habían acordado realizar el bloqueo de la vialidad, "pero intermitente", para no provocar la ira de las autoridades.

Familiares y litigantes acusaron en algún momento a los estudiantes del CGH de intentar imponer "medidas radicales", e incluso de haber llevado al fracaso otros movimientos sociales por pretender, "apoderarse de la democracia".

Al menos en dos ocasiones a lo largo del día, hubo roces entre los seguidores del EZLN con abogados que estuvieron a punto de terminar en golpes, luego de intercambiar a gritos sus diferencias en el manejo del movimiento.

(V.pág.16-A de El Informador del 8 de mayo de 2006).

Ley = conjunto de disposiciones judiciales cuyo punto de partida es la impunidad concedida a los poderosos.

Carlos Monsiváis
(v.pág.16 del periódico Público del 7 de mayo de 2006).

¿Qué está atorado en este pueblo, en este gobierno, que personas comunes y corrientes salen a la calle dispuestas a matar, a dejarse matar y a mandar matar, aparentemente por una reivindicación? ¿Las instituciones pensadas para defender los derechos y arbitrar los conflictos no son eficaces? ¿Se agotaron? ¿Se corrompieron? ¿Se anquilosaron? ¿Sirven sólo al poderoso?

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.16 del periódico Público del 7 de mayo de 2006).

En este país las minorías que tienen el monopolio de la violencia son las que imponen su ley a todos los demás. No sólo le meten miedo a la gente de bien sino que el propio gobierno, en todos sus niveles, se acobarda hasta los topes en cuanto tiene que enfrentar a cualquier turba de incendiarios. No hay manera, pues, de acabar con la paralización ilegal de una siderúrgica ni de romper los bloqueos de calles y de carreteras. Lo hemos visto hasta el cansancio: no se gobierna para mantener el orden público. Más bien, se cede al chantaje, se abdica de ejercer la autoridad y se renuncia al uso de la fuerza legítima del estado. A esto, perniciosa herencia de los regímenes anteriores, se le llama "hacer política". Naturalmente, los gobiernos de antaño tenían mala conciencia. Cualquier posible acción de autoridad era un acto de represión brutal comparable a la masacre del 68. Pero ahora ¿no tenemos acaso un gobierno perfectamente legítimo, no lo hemos elegido nosotros mismos, no lo podemos cambiar si nos viene en gana? ¿Debemos seguirle prohibiendo que ejerza la fuerza? Y, de nuestro lado ¿el único camino que tenemos es empuñar las armas y organizar ruinosos actos de protesta?

Román Revueltas Retes
(v.pág.4 del periódico Público del 7 de mayo de 2006).

Los activistas estudiantiles están de regreso. Ayer lograron desquiciar el tránsito de la Ciudad de México con bloqueos en diferentes puntos de la capital como muestra de apoyo al atenquense Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra.

Los activistas más curtidos dirigieron ayer el bloqueo en avenida Insurgentes, el más importante. Periferico en el sur y el oriente, también fue bloqueado, pero por alumnos de bachillerato y, en algunos casos de manera parcial o intermitente. Puede ser que 600 jóvenes sean pocos en una comunidad de 200,000, pero son suficientes para cerrar completamente avenidas de las 9:30 a las 15:00 horas. Eso fue lo que ocurrió en varios puntos de la capital del país.

Los estudiantes fueron apoyo de organizaciones con los Panchos Villa.

Del auditorio Che Guevara de Filosofía emerge buena parte de la organización en apoyo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y en respuesta a los llamados del EZLN. Este es el pequeño Atenco dentro de Ciudad Universitaria.

Un pequeño grupo decidió que quería esas instalaciones, las tomó y las conserva hasta ahora. Allí vive, duerme, comercia y se organiza un núcleo de jóvenes y adultos desde hace años, una buena parte de ellos, ajenos a la UNAM.

(V.pág.26 del periódico Público del 5 de mayo de 2006).

Alejandro Encinas, jefe de Gobierno capitalino, señaló que no se sancionará por portación de arma blanca a las personas que entren a la capital con machetes, siempre y cuando no hagan uso indebido del "instrumento de trabajo".

(V.pág.26 del periódico Público del 5 de mayo de 2006).

El subcomandante Marcos se mantuvo encuartelado en la casa de Zapotecos 7, en la Colonia Obrera, donde duerme desde que llegó a la Ciudad de México.

La casa está custodiada por un grupo de seguidores del EZLN que bloquearon la calle e impidieron cualquier acceso de automóviles y de peatones "sospechosos". Los vecinos de la zona manifestaron su molestia ante la arbitraria acción.

(V.pág.28 del periódico Público del 5 de mayo de 2006).

Un poco menos de la mitad de las estaciones revisadas por la Profeco presentaron irregularidades entre enero y abril de este año. Estuvieron robando a los consumidores un promedio de 5% por litro y evadiendo el pago de impuestos a un ritmo de mil millones de pesos al mes.

Estamos en el reino de la impunidad. Por eso, en vez de retirar las concesiones a los empresarios corruptos se les otorgó todo lo que pedían, como si tuvieran derecho a exigir. La comisión por venta de gasolina aumentó 18% y la diesel, 48%; creció el plazo que tienen para liquidar el combustible a Pemex de 60 a 90 días y recibirán financiamiento para la compra de nuevas bombas.

Los gasolineros tratan al gobierno como si éste no tuviera otra finalidad que cumplir con sus exigencias. Lo peor es que lo consiguen. Esta semana fueron clausuradas 12 gasolineras en Oaxaca por fraudes al consumidor. La hermandad reaccionó con un paro que afectó 60% de las estaciones de servicio en ese estado y una amenaza de no asistir a la firma del acuerdo con Pemex y la Secretaría de Energía. ¿Es necesario contar el final de la historia? El gobierno cedió otra vez.

A partir de la información disponible, no se entiende la generosidad del nuevo acuerdo con los gasolineros. Las autoridades encargadas de la negociación deben ofrecer una amplia explicación de la forma como entienden el Estado de Derecho y los derechos de los consumidores.

En materia de cumplimiento de la ley va quedando claro que hay unos más iguales que otros.

Luis Miguel González
(v.pág.34 del periódico Público del 5 de mayo de 2006).

Una vez más ha estallado la violencia entre activistas políticos y policías. Una vez más los protagonistas han sido miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.

Este grupo se ha distinguido por usar machetes para amedrentar al gobierno y para obtener de él lo que desea. Ayer lo hizo nuevamente, pero el resultado fue una verdadera batalla. Decenas de policías, vecinos y ambulantes fueron lesionados. Cuando menos dos personas murieron.

La violencia que estamos viendo en manifestaciones, bloqueos y paros en todo el país es consecuencia de la decisión de los gobiernos -municipales, estatales y federal- de ceder el monopolio del uso de la fuerza a los distintos grupos de presión política que proliferan en el país. Este monopolio es una de las características esenciales del estado. En el momento en que desaparece se produce un vacío que todos los grupos buscan ocupar. Eso ocurrió ayer y ha sucedido en decenas ocasiones en los últimos años, ya que cada grupo de poder piensa -o sabe- que puede imponer su ley al gobierno.

Ayer, Día de la Santa Cruz, un grupo de comerciantes ambulantes trató de instalarse en un mercado público para vender flores. La policía municipal trató de desalojarlos, pero los ambulantes contaban con el apoyo de militantes atenquistas armados con machetes. Éstos rechazaron a la policía y tomaron la muy transitada carretera Texcoco-Lechería.

Después de varias horas de bloqueo, un contingente de policías estatales y federales trató de liberar la carretera de Lechería. Los activistas, sin embargo, se defendieron con piedras y bombas molotov. La violencia fue creciendo hasta que las fuerzas de seguridad tuvieron que huir.

No es ésta la primera vez en que los distintos niveles del gobierno mexicano demuestran que han perdido el monopolio del uso de la fuerza. Hoy son los grupos de presión los que han logrado prevalecer sobre el poder del estado.

Fuimos testigos de una situación similar hace años en el conflicto sobre el aeropuerto de Texcoco. Lo vimos también hace algunas semanas en el enfrentamiento en la planta de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Una y otra vez el estado mexicano demuestra no sólo una gran torpeza en el uso de la fuerza para aplicar la ley sino incluso una falta de decisión una vez que se toma la decisión de actuar.

Los grupos de presión en nuestro país se han dado cuenta de la debilidad de nuestros gobiernos. Saben que la autoridad se paraliza cuando tiene que usar la fuerza para aplicar la ley. Los funcionarios públicos que al asumir sus cargos juran cumplir y hacer cumplir la ley, tratan de negociar su aplicación una vez que llegan al poder.

Quienes ocupan cargos de responsabilidad en México piensan que si abdican del monopolio del uso de la fuerza evitarán la violencia. La experiencia nos dice, sin embargo, que el temor a hacer cumplir la ley debilita al gobierno y provoca nuevos estallidos de violencia.

El vacío de poder se traduce en una verdadera ley de la selva. Los grupos más poderosos son los que consiguen el favor del estado en detrimento de quienes sí cumplen la ley. Lo peor de todo es que una autoridad que abdica de su responsabilidad lejos de evitar explosiones de violencia las fomenta.

Sergio Sarmiento
(v.pág.8 del periódico Mural del 4 de mayo de 2006).

Desde Nuevo Laredo a Acapulco, pasando por Michoacán, Jalisco y algunos otros estados del sur de la república, los ajustes de cuentas han sido parte del panorama cotidiano de zonas donde el estado de derecho está severamente cuestionado. El mismo al que durante más de cinco años Santiago Creel, secretario de Gobernación, defendió sin cortapisas y con una fe ciega que sólo podía ser creída por él y su jefe inmediato.

La misma violencia se extendió a los medios de comunicación: tres periodistas fueron asesinados en el año 2004 y dos más en 2005; a ello habría que agregar la desaparición del joven reportero Alfredo Jiménez Mota, del periódico El Imparcial, ocurrida el 2 de abril del año pasado. La violencia en contra de la libertad de prensa se extendió a las instituciones periodísticas: tal es el caso del cierre de instalaciones del diario Noticias de Oaxaca y el atentado a las instalaciones del periódico El Mañana de Nuevo Laredo. Por ello no es de extrañar que en el informe de Periodistas Sin Fronteras del pasado miércoles, México sea calificado como el "país más asesino" del continente americano, con 16 asesinatos de periodistas a partir del año 2000.

La violencia y la ausencia del estado de derecho son las características del gobierno que está por terminar. Lo que inició en diciembre de 2001 con los campesinos de Atenco marcó al gobierno de Vicente Fox.

Tonatiuh Bravo Padilla
(v.pág.9 del periódico Mural del 4 de mayo de 2006).

Unas 200 personas integrantes de las agrupaciones "Frente Unido de Nuevo Laredo" y "Unión de Braceros Inmigrantes del Noreste de México" bloquearon por espacio de una hora y media el puente internacional I Las Américas.

Cientos de manifestantes en la ciudad de Tijuana bloquearon el lunes el tránsito de vehículos hacia San Diego, con lo que el cruce más activo del mundo quedó convertido en un estacionamiento gigantesco y vacío.

(V.pág.11-A de El Informador del 2 de mayo de 2006).

Queja permanente es la falta de castigo a quienes delinquen. Las autoridades, que no encuentran forma de frenar la delincuencia y así lo revelan sus propias estadísticas, distraen la atención en el enorme problema, y por consiguiente del alarmante clima de impunidad, aumentando las penas; recurso que poco sirve para prevenir los delitos.

Alberto Orozco Romero, licenciado en Derecho y exgobernador de Jalisco
(v.pág.4-A de El Informador del 1o.de mayo de 2006).

El juicio político es una institución democrática para destituir a los altos funcionarios de la Federación que violan la Carta Magna o que, en el ejercicio del poder, realizan actos u omisiones en contra de los intereses públicos y del buen despacho de los asuntos a su cargo.

Durante el siglo XX no hubo juiios políticos, los cuales sólo los hacía, a solas, el presidente de la república. Después de que el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en 1997, se han hecho varios intentos de abrir juicios políticos -uno de ellos contra Roberto Madrazo, a la sazón gobernador de Tabasco-, pero ninguno a tenido el menor éxito.

Hoy, cuando la Corte admite investigar el caso de Mario Marín, la Cámara de Diputados se muestra -como antes- anacrónica e incapaz de hacer valer la Constitución del país. La mayoría de ministros que decidió enfrentar el asunto con valentía contrasta con la mayoría de diputados que muestran lo contrario, es decir, cobardía y sujeción al estado de impunidad en el que se encuentran los gobernantes sátrapas que persisten en este sufrido país.

Pablo Gómez
(v.pág.19 del periódico Público del 21 de abril de 2006).

Los candidatos a senadores del PRI están prácticamente autorizados para violar la ley en materia electoral... pero poquito.

Así lo revelan los documentos que fueron distribuidos a estos aspirantes de todo el país, en los que se establecen las limitaciones contenidas en la ley para realizar campaña.

En el apartado que se refiere a las "probables consecuencias de inobservar" lo establecido en el marco legal vigente, se asegura que el triunfo electoral bien vale cometer una falta, con la condición de que no sea algo sistemático.

"Debe resaltarse que las irregularidades que se lleven a cabo en el desarrollo del proceso electoral, si bien pueden implicar la probable imposición de una sanción o multa económica al partido con posterioridad a la jornada electoral, puede considerarse el beneficio que resulta haber efectuado alguna actividad que contribuyó al mejor posicionamiento del candidato para la elección".

"Ello sin demérito de que se debe estar atentos a no incurrir en faltas sistemáticas y generalizadas que motiven la anulación de la elección correspondiente", se indica en el documento interno.

En el texto también se afirma que los candidatos están libres de realizar marchas o reuniones "que impliquen la interrupción temporal de la vialidad", con la única condición de que informen previamente a las autoridades correspondientes.

(V.pág.6 del periódico Mural del 20 de abril de 2006).

Lo más probable es que la Suprema Corte rechace investigar el caso de Lydia Cacho y sus crónicas pasen a ser una ficción, a pesar de declarar que "las autoridades poblanas, en un acto de desesperación y ante su incapacidad para admitir que incurrieron en actos delictivos, tráfico de influencia, fueron coadyuvantes de órdenes de tortura en la violación a las garantías constitucionales de la periodista y defensora de los derechos humanos, se revelan tal como son". La verdad está embarrada de excrementos y, cada vez que nos acercamos a la realidad, salimos apesumbrados, tirados por el suelo, como es ahora con el caso del gobernador Marín y la procuradora Villegas que claramente antepusieron la amistad con Nacif y la corrupción en la que cayeron, a los derechos constitucionales y los derechos humanos de las víctimas. El mundo al revés.

Martín Casillas de Alba
(v.pág.5-A de El Informador del 18 de abril de 2006).

En la primera quincena de febrero me encontré en una situación bastante peculiar. Fui impactado por un automóvil que fue proyectado a su vez contra el mío por una camionetita. Resulta que el muchacho que causó el accidente no tiene seguro (¿que no iba a ser obligatorio?). Ah, pero sí tiene taller. Se puede imaginar que no hubo acuerdo (entre las otras dos partes, yo me quise desistir dada la nimiedad de mis daños, pero el oficial pedía que todos estuvieran de acuerdo). Después de citas en Vialidad donde sólo aparecía yo, que mi aseguradora sólo era espectador, tuvimos que pasar el asunto a jurídicos. La triste historia continua con la PGJ, donde ha habido citas inútiles (sigo oyendo al abogado de la aseguradora: "No ocupa los originales, con las copias que tenemos son suficientes"), citas a una determinada hora que terminan en "no era a las 2 sino a las 12", y falsas expectativas como el consabido "le toma fotos en el corralón y me las trae de volada para ir viendo lo de la liberación de su vehículo" que a final de cuentas "ah, es que necesita cita para entregar las fotos". Del abogado de la aseguradora ni hablar, solo se presentó a la primera cita en la PGJ (pero que tal a la hora de cobrar la cuota del seguro, que -por cierto- no incluye una unidad mientras te sacan del atolladero).

¿El recuento de los daños? Grúa, auto nuevo por más de dos meses en el corralón, días de trabajo perdidos inútilmente, gastos de taxis, seguir pagando la mensualidad del carro sin usarlo, frustración, y la idea en la cabeza de no anduviera en estas arengas si hubiera dado una mordida o me hubiera 'pelado' al instante. ¿Justicia expedita? Ni justicia ni -mucho menos- expedita. Al menos no en mi caso.

Manuel Covarrubias
(v.pág.2 "Cartas del lector" de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 13 de abril de 2006).

Alrededor de 50 aficionados salieron antes del mediodía del estadio Azteca, sede del América, con pancartas y vestidos con los colores del club al cual pertenece Cuauhtémoc Blanco, excluido del equipo mundialista por no adaptarse al sistema del técnico Ricardo Lavolpe.

En su primera hora de marcha, los americanistas tuvieron un altercado con un señor de la tercera edad que se molestó porque algunos hinchas bloquearon el tránsito y no lo dejaron avanzar en su vehículo, sin embargo no hubo agresiones.

(V.Yahoo! Deportes del 12 de abril de 2006).

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Carlos Corona, advirtió que las marchas van a seguir mientras no haya una respuesta definitiva [a favor del "transporte universitario"]. "Lamentablemente en Jalisco el derecho de petición se ejerce en las calles".

(V.pág.20 del periódico Público del 7 de abril de 2006).

Cerca de 300 productores de maíz bloquearon ayer la entrada a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco exigiendo apoyos del gobierno estatal y federal. Piden un pago adicional de 250 pesos por cada tonelada comercializada de maíz blanco y amarillo del ciclo 2005. También solicitan apoyo para los afectados por la sequía.

(V.pág.36 del periódico Público del 7 de abril de 2006).

Unas 30 personas que se quedaron con boletos de Aerocalifornia, a la que SCT suspendió vuelos por seguridad, fueron removidas ayer por la policía estatal al bloquear Av.Vallarta [de Guadalajara] durante media hora para exigir que las atendieran las autoridades. Finalmente fueron recibidas por Adriana Romo, delegada de la Profeco.

(V.primera plana del periódico Mural del 6 de abril de 2006).

Si queremos estar en orden debemos respetar el orden. Esto que parece perogrullada no lo es tanto. Aspiramos a estar en paz; queremos que nuestros hijos vivan en una sociedad tranquila y segura. Pero ese don no se consigue gratis: es fruto de un acuerdo tácito -en algo parecido a aquel "contrato social" de que Rousseau hablaba- por el cual todos nos obligamos a respetar el derecho de los demás como condición para que los demás se obliguen a respetar igualmente mi derecho (por eso hago alto cuando el semáforo se pone en rojo y dejo pasar a los demás: para que los demás me dejen pasar a mí cuando yo tenga el semáforo en verde. Eso es cuestión de conveniencia. Y es cosa también de instinto de conservación). En la próxima elección presidencial el orden nos debe importar mucho. Es indispensable que todo el proceso, y la jornada final correspondiente, se hagan con orden, vale decir con absoluto apego a la ley, de modo que sus resultados no puedan ser objeto de impugnación por parte alguna, y logremos seguir viviendo en orden. El orden es garantía de la paz, y la paz es condición sine qua non de la buena convivencia.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.pág.11 del periódico Mural del 6 de abril de 2006).

Medio millar de transportistas paralizaron, con la ayuda de sus vehículos, la circulación en Acapulco para oponerse al pago regular de infracciones, exigir que el ayuntamiento los contrate para acarreo de material y la demanda de que sea destituido el director de Tránsito. Los quejosos tomaron la avenidas Costera Miguel Alemán y Cuauhtémoc, en la zona hotelera.

(V.pág.13 del periódico Mural del 6 de abril de 2006).

Durante el tercer día consecutivo de bloqueos, estudiantes de la Universidad de Guadalajara cerraron la circulación vehicular en la Avenida Gobernador Curiel y Patria, pero esta vez sí realizaron actos de vandalismo.

Los jóvenes de la preparatoria 6, quienes apoyan a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) para que el gobierno estatal les autorice el proyecto de transporte escolar para la UdeG, salieron a las calles para golpear y dañar varios vehículos.

Varios grupos se dedicaron a mover los vehículos que pasaban por Gobernador Curiel, mientras otros más les lanzaban patadas, se subieron a los cofres y cajuelas de los mismos, y aventaron objetos a los autos.

Los automovilistas se mostraron molestos tanto por los bloqueos como por las agresiones, pero eran superados en número por los estudiantes, quienes retaban a los conductores.

Después de hacer desmanes ahí, los jóvenes caminaron hasta Gobernador Curiel y la Calle 7, donde según informaron agentes viales, intentaron ingresar al rastro, sin éxito.

Después de aproximadamente 30 minutos de cierres viales y agresiones a los automovilistas, los estudiantes de la Prepa 6 se retiraron.

(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 6 de abril de 2006).

Armados con machetes y palos, comuneros opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota tomaron el sistema de bombeo "Papagayo II" de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco dejando a casi 70% de la población de este puerto sin el suministro del vital líquido.

Con la toma del sistema "Papagayo II", activistas del denominado Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, pretenden presionar al Gobierno del Estado para que autorice la liberación de un campesino detenido en el penal local y fije una fecha definitiva para el diálogo sobre el destino del proyecto hidroeléctrico de Comisión Federal de Electricidad.

El Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Acapulco acordaron sostener una reunión con una comisión del movimiento opositor a La Parota para tratar de llegar a un arreglo y sea liberado el sistema de bombeo.

(V.pág.12-A de El Informador del 5 de abril de 2006).

Luego que los estudiantes hicieron dos bloqueos en los cruces de Parres Arias con Periférico, y Revolución con Bulevar García Barragán, la Secretaría General de Gobierno [de Jalisco] los llamó a dialogar con Vialidad y Transporte.

Después del caos vial que muy temprano ocasionaron los estudiantes, Carlos Corona Martín del Campo, dirigente de la FEU, acudió al despacho del secretario de Vialidad, Alfonso Rejón Cervantes.

(V.pág.1-B de El Informador del 4 de abril de 2006).

Usted es más poderoso que cualquier reforma a cualquier Ley de Radio y Televisión porque en este país de impunidad lo que menos importa es que haya cambios en las leyes.

Lo que menos importa es lo que diga cualquier papel. ¿A poco no?

Alvaro Cueva
(v.pág.17 del periódico Público del 2 de abril de 2006).

Aunque ayer viernes estaba marcado como la fecha límite para realizar el pago de la tenencia, la Secretaría de Finanzas [de Jalisco] anuncia la ampliación del plazo para efectuar del trámite hasta el lunes 3 de abril. Además, informa que los contribuyentes tendrán oportunidad de cubrir el pago este sábado y domingo.

(¿Para qué hacer caso de plazos, si por lo general los alargan? ¿Para qué pagar a tiempo, si habrá planes de regularización con descuento en intereses y recargos? - El webmaster)

(V.pág.1-B de El Informador del 1o.de abril de 2006).

Qué grave señal que, bajo consigna y con el sello de los grupos violentos urbanos, hayan agredido, vejado, golpeado, escupido y casi secuestrado a Diego Fernández de Cevallos, a las puertas del Senado, sin que la policía del Gobierno del Distrito Federal interviniera; fue rescatado por la Policía Federal Preventiva. Y todo por pensar diferente. ¿Quién sigue?

Joaquín López-Dóriga V.
(v.pág.2 del periódico Público del 31 de marzo de 2006).

Durante varias horas, la Avenida Hidalgo, de Alcalde a Degollado, perteneció a maestros de telesecundaria.

Cerca de 60 profesores provenientes de distintos puntos de Jalisco, bloquearon la vía para pedir la intervención del Congreso del Estado en la negociación que llevan a cabo con la Secretaría de Educación [estatal].

(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 30 de marzo de 2006).

El SIAPA propuso al Congreso del Estado de Jalisco que se apruebe un decreto para que los municipios puedan otorgar descuentos de hasta 75% en los recargos a clientes morosos del servicio de agua.

(Hombre, y yo que a veces hasta pago todo el año por adelantado... vaya que soy pendejo - El webmaster)

(V.pág.12 del periódico Público del 26 de marzo de 2006).

Un buen amigo mío, dueño de un hotel en Cancún, optó finalmente por cerrar las puertas de su establecimiento a los jovenzuelos -y jovenzuelas- norteamericanos que en estos días lo ocupaban en su totalidad. Sucede que el año pasado esos muchachos se despidieron arrojando al vacío simultáneamente, desde las ventanas de los pisos altos, el televisor que había en cada cuarto. Peor todavía: en un año anterior a los mozalbetes les dio por demostrar su hombría pasando de una habitación a otra por la cornisa exterior, en equilibrio que se hacía aún más precario por el estado de intoxicación de los adolescentes. Uno perdió pisada y se mató, y mi amigo hotelero hubo de afrontar una demanda de millones planteada por los padres del muchacho, que alegaban falta de seguridad en el local. ¿Por qué sucede esto? Porque en el extranjero ya se sabe que México no es un país de leyes, y que se puede obrar a voluntad sin afrontar el riesgo de un castigo, o librándose de él a cambio de dinero. Cosa muy triste es que cuando los viajeros mexicanos vamos al extranjero somos muy respetuosos de las leyes del país que visitamos, y cuando los extranjeros vienen aquí muchos de ellos, como los springbreakers de ya muy mala fama, asumen conductas delictuosas. Y es que la corrupción deriva siempre en inseguridad; la lenidad en la aplicación de la ley termina por dar impunidad a quienes la violan, sean mexicanos o extranjeros. México no podrá ser nación moderna, mientras no sea una nación de leyes. De leyes que se cumplen...

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico a.m. del 23 de marzo de 2006).

Gerardo Laveaga Rendón, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que mientras las leyes y códigos penales mexicanos sean confusos, resultará muy difícil aspirar a contar con un sistema eficaz de justicia.

Ejemplificó que mientras en la Unión Europea, los 25 países que la conforman están discutiendo cómo tener un código penal único, "en México tenemos 32 códigos penales sustantivos, 32 objetivos, más 2 a nivel federal, y si a ello añadimos el de justicia militar, tendremos casi 70 instrumentos legales".

"Comparados con Estados Unidos e Inglaterra, nuestro sistema de justicia padece una falta de agilidad y por ello debemos buscar que cada delito menor no se vuelva una complicación burocrática monumental; tenemos que reducir esto y para eso tenemos que usar la oralidad, por eso estamos capacitando a nuestros servidores públicos", indicó Laveaga Rendón.

En ese contexto, explicó que no se puede aspirar a un sistema de justicia moderno si además no tenemos gente capacitada.

(V.pág.14-A de El Informador del 20 de marzo de 2006).

La muestra más clara de nuestro subdesarrollo político es la preocupación que tenemos por saber quién será el próximo presidente. Eso indica que todavía somos un país de hombres, no de leyes; una nación de caudillos, no de instituciones. Dependemos, por tanto, del talante o voluntad de quien detenta el mando, no de un marco jurídico e institucional al cual podemos confiar nuestra persona y nuestros derechos. Si en México prevalecieran la ley y las instituciones por encima del libre arbitrio de los hombres nos tendría sin cuidado, por ejemplo, que López Obrador llegara a la Presidencia. No temeríamos sus desplantes demagógicos, ni nos inquietarían sus ofertas populistas. Sabríamos que incluso él tendría que sujetar sus acciones a la ley. Pero los mexicanos estamos acostumbrados a ver que en México la política se impone siempre al final sobre el derecho -el propio López Obrador es un ejemplo de tal cosa-, y entonces nos angustia eso que se llama "el estilo personal de gobernar". Decimos: "Si llega Fulano hará esto; si llega Zutano hará esto otro". De ahí que esperemos que llegue un candidato u otro según nuestras ideas o interés. Habremos alcanzado la madurez democrática cuando la persona del presidente en turno sea un asunto secundario. Entonces viviremos sin sobresaltos sexenales, confiados en la seguridad que deriva del respeto de todos a las instituciones y a la ley. Pero eso, me temo, lo verán si acaso nuestros hijos, o los hijos de ellos.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico a.m. del 16 de marzo de 2006).

En buena hora la octava sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal revocó la sentencia que había absuelto en diciembre pasado al abogado y presunto dirigente sindical Ramón Gámez, por delitos de carácter sexual cometidos contra menores. Esa sentencia había sido emitida en circunstancias absolutamente irregulares, pues la titular del juzgado decimoquinto penal se fue de vacaciones dejando a punto la resolución que fue firmada por el secretario convertido en juzgador. Había tal sobra de evidencias en contra de Gámez que el Ministerio Público pudo apelar sin dificultad, con el resultado procesal señalado. En consecuencia el abogado de sindicatos blancos podrá ser aprehendido una vez más, si es que no escapó del país durante el tiempo en que estuvo libre, pues era presumible el desenlace del que ahora tenemos noticia. Además de la recaptura del delincuente, quedará por resolver la duda sobre el comportamiento de la jueza y su secretario. Ella desafió a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal a que se probara un eventual dolo de su parte, y ese tema sigue abierto y en espera de un punto final.

Miguel Angel Granados Chapa
(v.pág.9 del periódico Mural del 16 de marzo de 2006).

Las preocupaciones sobre el clima social que se respira en el país tienen un punto en común: La falta de capacidad de la autoridad para hacer cumplir la ley.

Si hablamos de accidentes vehiculares, existen leyes que impiden que conduzcan menores de edad, regulan los límites de velocidad y prohíben conducir con aliento alcohólico; hay especificaciones automotrices, así como para los caminos y carreteras, para hacer de la movilidad una experiencia segura; sin embargo, por falta de cumplimiento de éstas, los accidentes siguen en aumento.

Algo similar sucede en la seguridad, ya sea de tipo jurídico, físico o familiar. Hay reglamentos para todo, pero lo común es violarlos, porque impera la impunidad en todos los ámbitos del ejercicio de la justicia.

Independientemente del tamaño del aparato gubernamental que se requeriría para vigilar que todos los mexicanos obedezcamos las regulaciones a que estamos sometidos, hay algo esencial sin lo cual no podremos avanzar un ápice: Educación. No se habla aquí de educación para la superación, para ser más productivos o para generar más oportunidades de mejorar la calidad de vida; simplemente se trata del mínimo nivel de educación que se requiera para una sana convivencia entre unos y otros, aquélla que da el respeto a los demás por su dignidad como seres humanos.

Si la impunidad nos está pasando la factura al rezagarnos como sociedad, y el no cumplir las leyes nos está costando vidas y oportunidades, es lógico pensar que queramos aprovechar la ocasión de un cambio de gobierno para darle la oportunidad a aquel líder político que ofrezca las condiciones de fortaleza, carácter, educación, conciencia y respeto a las instituciones y a las leyes para cambiar las circunstancias que nos molestan.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 13 de marzo de 2006).

La prórroga en la regularización de los autos ilegales, conocidos como "chocolate", provocó el malestar de los distribuidores de autos. "Ya van dos que nos hacen. La primera no nos la esperábamos y por más que nos inconformamos y pedimos que no la aplicaran. Y pa'acabarla, ahora nos salen con que no sólo les permiten la legalización, sino que les dan más tiempo. Hay que aceptarlo, nos van ganando la batalla", dijo, Carlos Sánchez, propietario de un lote de autos.

Los lotes dedicados a la venta de automóviles usados son quienes viven en carne propia las consecuencias de la regularización. Según Sánchez, de noviembre a marzo las ventas de autos cayeron 50%. El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Jorge Rodríguez, afirma que los autos "chocolate" [de contrabando] sólo afectan a venta de autos usados y de los modelos que se permiten ingresar, es decir, hasta 1996, incluso puede ser hasta 1998, pero no más. Alvaro Fernández, cuenta con tres lotes de autos en Guadalajara y detalló que en su caso, las camionetas de 1990 a 1995 son las que se han dejado de vender.

(V.pág.8-A de El Informador del 13 de marzo de 2006).

Por las denuncias que han hecho varios criadores de ganado de carne, son los compradores de ganado los que están provocando el uso del clenbuterol, señaló el gerente de la Asociación Ganadera de Lagos de Moreno, José Arturo Guerra Márquez.

Al opinar sobre los dos casos de intoxicados con hígado contaminado con clentuberol ocurridos en este municipio, Guerra Márquez, expuso que los compradores de ganado de carne exigen muchas veces al criador que utilice clenbuterol para que su ganado gane rápidamente peso y ellos puedan obtener mayores ganancias al aumentar los kilos del animal en canal a su venta a las carnicerías.

Señaló que algunos introductores inclusive se niegan a comprar ganado de criadores que no quieren utilizar los polvos del clenbuterol para su engorda, porque les disminuye sus ganancias al comercializarlos en canal.

"Pero la Ley se va en contra solamente del ganadero con fuertes multas y hasta prisión sin castigar a los verdaderos culpables del problema", afirmó el gerente de la Asociación Ganadera de este municipio.

(V.pág.3-B de El Informador del 13 de marzo de 2006).

Tenemos los siguientes problemas de derechos humanos: asesinatos cometidos por policías, asesinatos por gatilleros, secuestros hechos incluso por policías, tortura para obtener confesiones, prisiones en condiciones miserables, arrestos arbitrarios, corrupción, ineficiencia y falta de transparencia del sistema judicial, admisión en corte de testimonios logrados con tortura, intimidación de periodistas, corrupción en todos los niveles de gobierno, violencia doméstica en contra de las mujeres, asesinatos de mujeres, tráfico de personas, discriminación social y económica contra los pueblos indígenas y trabajo de menores.

Cualquier mexicano que se sorprenda de esta agenda es un cínico, o un imbécil; todos sabemos, comenzando por las autoridades, de esta ristra de horror; nada hemos hecho, comenzando por las autoridades, para solucionar uno solo de estos temas.

Félix Cortés Camarillo
(v.pág.31 del periódico Público del 10 de marzo de 2006).

Por segunda vez Hacienda amplió el plazo para regularizar los autos chocolate (de contrabando) de los modelos 1991-1996. La fecha límite original vencía el 23 de febrero. Si no viviéramos en un estado de derecho tan elástico, tan chicloso, los propietarios morosos tendrían que legalizar sus vehículos.

(V.pág.4 del periódico Público del 10 de marzo de 2006).

La SHCP amplió hasta el 31 de mayo el plazo para regularizar vehículos de procedencia extranjera, comprendidos entre los modelos 1991 a 1996.

(Pa' que ni se anden apurando, ustedes los contrabandistas... Ya darán otra prórroga o, de plano, otro decreto de regularización. - El webmaster)

(Mural en línea del 9 de marzo de 2006).

El martes fue la manifestación de un grupo de sindicatos que buscan la destitución del secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, más una marcha de comerciantes ambulantes que se oponen a pagar IVA o Impuesto Sobre la Renta. Hubo también unos bloqueos de vecinos de Iztapalapa que se quejan porque no tienen agua. Ayer, miércoles, fue un grupo del llamado Movimiento Antorchista el que marchó por Paseo de la Reforma y Chivatito en un intento por llegar a la residencia presidencial de Los Pinos.

Todos los grupos políticos del país han encontrado en estas acciones la forma más fácil de presionar al gobierno, a cualquier orden de gobierno, para que se les cumplan sus demandas. La policía, lejos de mantener abiertas las vías de comunicación, como sería su deber, hace cortes a la circulación que complican todavía más el tránsito.

Los ciudadanos no tenemos a nadie a quien recurrir entre la irresponsabilidad de unas autoridades y la cobardía de otras.

Cada manifestación o cada bloqueo de vías de comunicación se convierte en un nuevo incentivo de nuevas manifestaciones y bloqueos. Los distintos grupos de presión aprenden pronto que entorpecer la circulación es una forma fácil y barata de perseguir sus objetivos políticos o económicos. La exasperación de las víctimas es una forma de multiplicar la presión, Y las autoridades generan un reforzamiento positivo de esta conducta cada vez que ceden ante las exigencias de estos grupos para evitar más exasperación de los ciudadanos.

El miedo de las autoridades capitalinas a intervenir en los bloqueos y manifestaciones se remonta a los años sesenta. Ningún jefe de policía quiere mancharse las manos de sangre como en 1968. En las ocasiones en que alguno, como David Garay en el sexenio de Ernesto Zedillo, ha tratado de dispersar manifestaciones o impedir que éstas lleguen a Los Pinos, el resultado ha sido su cese fulminante. Los gobiernos del PRD, por otra parte, han tratado de mostrar que la multiplicación de manifestaciones es una muestra de tolerancia. Paciencia es lo que pide el jefe de Gobierno Alejandro Encinas a los ciudadanos afectados.

Llega un momento, sin embargo, en que la tolerancia se convierte en una forma de cobardía. Y eso es lo que ha pasado con la actitud de las autoridades a las manifestaciones y los bloqueos. Una sociedad no puede ser rehén constante de grupos de presión. La autoridad existe para un propósito y el más importante es hacer cumplir la ley. Y la ley establece que las vías públicas son para el libre tránsito del público en general.

Nadie puede cuestionar el derecho a la libre expresión de protestas o ideas. Pero caen en un error los funcionarios del gobierno que piensan que esto significa el derecho de bloquear vías de comunicación. Hay muchas formas de expresar posiciones políticas. La violación al derecho de tránsito de los demás no es una forma válida de hacerlo.

Las autoridades no pueden pedir paciencia y tolerancia a los ciudadanos en estos casos. Las manifestaciones y bloqueos son una agresión abierta contra nosotros. La autoridad, que debería ponerle coto no puede convertirse en una aliada de la agresión. A los gobernados no se nos pide paciencia y tolerancia cuando tenemos que pagar la tenencia de nuestros vehículos u otros impuestos. Nosotros no podemos ser pacientes ante una autoridad que se niega a hacer su trabajo.

No pensemos que quienes bloquean vías de comunicación son organizaciones de marginados que no tienen otra opción para hacer escuchar su voz. Los sindicatos y los comerciantes ambulantes que se manifestaron el martes, o los antorchistas que bloquearon Reforma ayer, son grupos ricos y bien organizados. Sus manifestaciones no son espontáneas. Muchos trabajadores asistieron a la marcha de los sindicatos para que no se les descontara el día de trabajo. Y los antorchistas se dedican profesionalmente al chantaje de los distintos órdenes de gobierno.

Tener tolerancia ante quien no tiene otra opción para hacer escuchar su voz, como los vecinos de Iztapalapa agobiados por la falta de agua, puede no ser válido pero cuando menos es explicable. Darle carta blanca a los grupos de poder para que tomen a los ciudadanos de rehenes una y otra vez, no es sólo un acto de cobardía sino un reconocimiento de las autoridades que no están dispuestos a cumplir el juramento que hicieron en su toma de protesta de cumplir y hacer cumplir la ley.

FISCALIA

Propone Mario Marín, el gobernador de Puebla, una fiscalía especial para combatir los abusos sexuales contra menores. Una vez más se demuestra que las fiscalías especiales son la mejor forma de evadir las responsabilidades. Más sencillo sería simplemente respetar la legislación que hoy ya prohíbe la pederastia. Pero quizá eso sería demasiado pedir.

Sergio Sarmiento
(v.periódico a.m. del 9 de marzo de 2006).

Podríamos decir que en su inicio la corrupción se manifiesta como cáncer benigno: casi no se siente, no provoca molestias e inclusive hasta causa un cierto bienestar dado que aparentemente con seguir la serie de reglas no escritas de ese juego, las cosas funcionan con relativa eficiencia y hasta con comodidad puesto que no está sujeto a disciplinadas reglas de cumplimiento general.

El problema es que la corrupción en la medida en que va proliferando, en razón del débil combate con que se le enfrente, en esa medida va rompiendo los principios básicos del Estado de Derecho, de la justicia social y de la seguridad jurídica, a cambio de potenciar la decisión unipersonal discrecional, el autoritarismo y la cada vez más cara compra de favores y servicios.

Hoy volvemos a constatar cómo en muchos ambientes políticos mexicanos esa enfermedad social se manifiesta con toda su virulencia, encontrando la manera de continuar su mortífero sesgo, gracias a la impunidad con que se permite y hasta diría que la premian.

Los famosos casos Bejarano, Montiel, Bribiesca y el más reciente del gobernador de Puebla: Mario Marín, vienen a demostrar las componendas con las que el poder político actúa respecto de casos plenamente condenados por la opinión pública, como casos de posible corrupción no atacada de frente por las autoridades correspondientes, como parte de esa manera de manejar la impunidad contra esta lacra social.

Por supuesto que no es de desear el imperio de la venganza, de las cacerías de brujas o de la utilización de métodos inmorales para la detección de actos de corrupción, con vistas a conseguir efectos espectaculares contra funcionarios y empresarios coludidos en reales o aparentes actos de corrupción, que en estos momentos pre electorales puedan significar ataques al adversario partidista. Pero tampoco se debe de seguir alentando el solapamiento cómplice a acciones corruptas.

No podemos ser ingenuos y olvidar que durante muchos años se repitió estúpidamente aquello de que la "corrupción somos todos", como se decía cínicamente modificando un slogan de campaña. Y que precisamente en base a ese solapamiento de conductas y formas de actuación corruptas y cínicas se ha llegado a una crisis económica y ética que desgraciadamente ha impedido la potenciación de nuestra patria hacia estadios que le corresponderían por su riqueza natural y humana.

Los mexicanos no somos corruptos por naturaleza como algún cínico hizo hacer creer hace unos cuantos lustros. Fue la impunidad con la que el sistema premió a quien se mostrase sumiso con dicho sistema político, el que incubó en el siglo XX el cáncer que hoy nos corroe.

Juan de la Borbolla R., catedrático universitario
(v.pág.5-A de El Informador del 6 de marzo de 2006).

20,000 maestros dicidentes, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, mantienen bloqueos intermitentes en algunas carreteras de esa entidad, en su segundo día de paro laboral. Félix Moreno Peralta, dirigente de la Coordinadora, informó que desde las 10:00 horas de ayer viernes, miles de maestros se han posesionado sobre las carreteras en la zona de la Costa Grande, bloqueando Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de Tecpan de Galeana.

(V.pág.7-A de El Informador del 4 de marzo de 2006).

La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco niega que "exista impunidad" hacia los líderes de organizaciones de agricultores que han bloqueado fábricas de tequila en los meses recientes para exigir compras de agave, pero los industriales tequileros afirman que en los hechos "el gobierno de Jalisco no tiene voluntad para hacer valer el estado derecho, ni interés por los daños económicos que han afectado a las empresas bloqueadas".

La empresa tequilera La Madrileña, en el municipio de Tototlán, tiene tres semanas bloqueada por algunas organizaciones de agricultores. En meses recientes se han efectuado bloqueos contra Tequila Casco Viejo, Cazadores, Tequila Orendain, la planta JDC de Pernod Ricard y Tequila San Matías, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Francisco Quijano Legorreta.

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Gutiérrez Santillán, puntualizó que su dependencia "se limita a un monitoreo y hacer labores preventivas en el marco de la ley y la Constitución de Jalisco. En todo caso, hay instancias diferentes a la mía, como el Ministerio Público y el Poder Judicial para resolver esos conflictos".

Quijano Legorreta respondió que las declaraciones del secretario de Seguridad Pública, "son una respuesta fácil para remitir los problemas a los procesos largos y tediosos de la procuración y aplicación de la justicia. Esto ha traído una situación de incertidumbre por la falta de seguridad jurídica porque todas las empresas tequileras ahora tienen el riesgo de que en cualquier momento se les bloqueen sus instalaciones para aceptan condiciones unilaterales en la compra de agave de los barzonistas".

(V.pág.33 del periódico Público del 3 de marzo de 2006).

La conversación telefónica entre el gobernador de Puebla Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, dada a conocer profusamente por los medios, muestra sin maquillaje la enorme impunidad con la que todavía se puede actuar en los ámbitos oficiales. Para los poderosos no hay límites más allá de sus ambiciones personales.

Ante la evidencia, la crítica se torna insustancial. Quien quiera documentar el cinismo con la que se mueven muchos gobernantes, los abusos de autoridad ilimitados, la impunidad que solapa la corrupción, los enclaves autoritarios que todavía existen en varios gobiernos locales, sólo tendrá que asomarse a este crudo episodio del México real. La pregunta es: ¿ahora sí tocamos fondo?

Si la respuesta es que aún no hemos tocado fondo, que el caso Marín es uno más de la larga lista de prepotencias y cinismos, y por lo tanto entra dentro de un umbral de permisividad estructural o funcional para el sistema político, concurrente con la pobre madurez política que nos caracteriza; entonces habremos renunciado drásticamente a encauzar a nuestra incipiente democracia por el camino de la ley, el respeto y la credibilidad. Es como si nuestra democracia fuera un chiste, un cascarón vacío, una burla, un instrumento para maquillar los abusos de autoridad, en suma, un engaño.

Seguramente hay muchos políticos y empresarios interesados en que el caso Marín no trascienda más de la cuenta o no se esclarezca, pero si no se actúa en correspondencia a la gravedad de los hechos, si no procede una investigación exhaustiva de los ilícitos exhibidos por el gobernador de Puebla, y si éste no es llevado a juicio político y eventualmente apartado de su cargo, todo ello en un tiempo más bien breve dada la cercanía de las elecciones federales, entonces hay suficientes motivos para creer en la existencia de una red de complicidades donde nadie es capaz de arrojar la primera piedra, desde el presidente de la república, hasta los congresos federal y locales, pasando por empresarios y muchos otros actores, una red donde todos se cuidan las espaldas.

No sólo está en riesgo nuestra joven democracia, sino la institucionalidad toda, empezando por los principios articuladores de cualquier Estado de Derecho. No se trata de ser alarmistas, pero estamos ante un problema de seguridad nacional. De ahí que resulta imperioso que el Poder Ejecutivo haga uso de todas sus facultades para intervenir.

César Cansino
(v.pág.4-A de El Informador del 1o.de marzo de 2006).

Todos los instrumentos de la ley y los recursos todos de las instituciones deben ponerse en ejercicio para separar de su cargo a Mario Marín, gobernador de Puebla. Personas como él no deben ostentar cargos de autoridad, ni pueden quedar sin efecto político y jurídico las torpes acciones que emprendió junto con su tortuoso cómplice Nacif para perjudicar a la escritora Lydia Cacho. Eso sería una vergüenza para México, pues se vería una vez más -el de Montiel es otro caso- que los gobernantes están por encima del orden jurídico, y que las leyes se aplican nada más a los gobernados. No es posible permitir que el atentado que se cometió contra aquella periodista, la indebida privación de la libertad de que fue objeto, las siniestras amenazas sobre su persona, pasen como incidente sin importancia alguna. La barbarie no ha de quedar impune, ni un político de la especie de Marín tiene derecho a seguir gobernando a sus conciudadanos después de haber mostrado tan grave falta de ética...

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico a.m. del 23 de febrero de 2006).

Como mexicanos, todos debemos sentirnos preocupados e indignados porque exista un gobernador capaz de violar los derechos y garantías constitucionales de una persona, de una manera premeditada y sobre pedido.

Por fortuna, parece que la Cámara de Diputados y de Senadores han tomado ya cartas en el asunto, aunque eso no significa gran cosa si recordamos el proceso de desafuero iniciado a López Obrador que terminó en nada, permitiendo así a un gobernante violar la ley sin que le significara ninguna consecuencia.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.6 del periódico Mural del 23 de febrero de 2006).

El 22 de agosto del año pasado se publicó en el Diario Oficial un decreto que permite la regularización de vehículos "chuecos" con 10 a 15 años de antigüedad que circulan en el país, y el 18 de octubre la Secretaría de Hacienda publicó las reglas para realizar dichos trámites cuyo plazo vence hoy.

De acuerdo con la Unión Campesina Democrática (UCD), otro organismo representante [de propietarios de automóviles de contrabando], sólo el 30% de los autos "chocolate" fue regularizado, por lo que de no haber una prórroga podría haber movilizaciones, indicó José Durán Vera, coordinador nacional de la agrupación.

Además, la UCD plantea incluir vehículos con modelos de 1980 al 1998, pide una solución para las unidades decomisadas, e incluir aquellas que son comercializadas en Estados Unidos, pero que provienen de otros países.

(Ustedes les han dado vuelo, ahora aguántenlos, bola de políticos corruptos e ineptos. - El webmaster)

(V.pág.1 de la sección "Negocios" del periódico Mural del 23 de febrero de 2006).

El H.Consejo Técnico del IMSS autorizó la condonación de hasta el 100% en recargos, cuotas obrero patronales y multas derivadas de las misma (sic), esto, pagando en una sola exhibición, el 28 de febrero vence el plazo.

(¡Ojo! Aquellos que acostumbran pagar a tiempo... ¡la están defecando!. - El webmaster)

Inserción pagada por la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara
(v.pág.12-B de El Informador del 22 de febrero de 2006).

¿Alguien en este país puede dejar de darle la razón al gobernante "balconeado" por no dejar el puesto y ponerse en manos del Ministerio Público, si sabemos que él conoce (porque lo ha usado mil y una veces) para qué sirve y cómo funciona en los hechos dicho Ministerio? Será perverso y corrupto pero no tonto.

¿Y el pueblo? ¿Qué con ese soberano? ¿Es indiferente? ¿Ya está curado de espantos? ¿Aguanta todo? ¿Es el mexicano apático que todos criticamos y nadie aceptamos encarnarlo? Quién sabe. Ya se expresará y sabremos el alcance de su juicio.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.17 del periódico Público del 19 de febrero de 2006).

Como las ahora tan escuchadas grabaciones [de Marín y Nacif] fueron producto de un delito, entonces el PRI dice que no, que es necesario perseguir a los delincuentes que intervienen teléfonos, pero jamás a quienes violan la Constitución dando órdenes al Ministrio Público, el cual se supone -digo- que es una institución de buena fe en la cual la sociedad -¡oh, ilusa!- ha depositado las armas de su propia protección.

Pablo Gómez
(v.pág.23 del periódico Público del 17 de febrero de 2006).

Si la consigna de la autoridad es clausurar un negocio aplicando sin miramientos ni consideraciones de ninguna clase todos los reglamentos vigentes, no hay duda que podrían hacerlo. Las violaciones son de toda índole, la más notoria de ellas es la falta de estacionamientos. En todas partes hay establecimientos funcionando hasta sin ningún cajón de estacionamiento, cuyos permisos se obtuvieron mediante falsas e inoperantes propuestas de proporcionar algunos espacios remotos, mediante argucias legales o actos de corrupción.

Las consecuencias de la corrupción y de la inconsciencia urbana del pasado nos tienen sufriendo a todos, y toca a las autoridades del presente, estudiar y plantear soluciones para construir estacionamientos públicos, regenerar zonas urbanas completas e iniciar una reconversión gradual de negocios y giros existentes para que operen razonablemente mejor. No clausurarlos, sino ayudar a transformarlos.

Lo que no se vale, es que ante realidades físicas que por el momento no tienen remedio, las autoridades sancionen a una empresa (como en el caso del hotel Sheraton) por razones políticas o por violaciones a otras leyes que nada tienen que ver con las licencias de construcción o de operación de sus establecimientos.

Incluir, además, entre las razones para la eventual clausura, el que el hotel no tiene menús en escritura Braille, no es otra cosa que "mala leche".

Estoy seguro que si la delegada que amenaza con clausurar este hotel, o cualquier otra autoridad del país, hiciera una revisión similar a sus propias oficinas tendrían que autoclausurarse por violación a decenas de reglamentos. Con el puro tema del estacionamiento sería suficiente para cerrar todas las oficinas de gobierno. ¿Díganme en cuál de ellas hay estacionamiento suficiente para que los ciudadanos podamos llegar?

¿Sería absurdo pedir que las leyes y reglamentos municipales los tuvieran en escritura Braille para que los invidentes, que también necesitan conocer la ley, puedan leerla?

La mayoría de estas situaciones violatorias a reglamentos municipales son herencias del pasado, y se han convertido en una espada de Damocles pendiendo permanentemente sobre los ciudadanos, que da a los funcionarios públicos poder y una capacidad desmedida para hacerle daño a quien ose reclamarles algo o llamarlos a cuentas, ya que en cualquier momento pueden, con la ley -que más bien es espada- en la mano (y la ética en la basura), cerrar los negocios de ciudadanos "incómodos". Por esto es que el reclamo ciudadano no tiene fuerza ni efectos.

Hasta ahora, así ha sido en México, y no sé si alguno de los aspirantes a gobernador o a presidente de la república estaría realmente dispuesto a dirigir la espada de Damocles, en lugar de a los ciudadanos, a los funcionarios corruptos e ineptos que nos impiden a todos desarrollarnos y aspirar, sin falsas ilusiones, a un futuro mejor.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.8 del periódico Mural del 16 de febrero de 2006).

Los telefonemas interceptados corroboran la participación del gobernador [poblano] en el montaje y trazan su propio retrato político y moral, el de su interlocutor y amigo y el de otras personas escuchadas o aludidas en las conversaciones grabadas. El origen de la intercepción no es irrelevante y debiera ser establecido, aunque los protagonistas no han mostrado el menor interés en denunciar los hechos. Tal vez con su abstención quieren privilegiar la burda y pueril defensa del gobernador, que niega la plática y hasta supone que su voz fue imitada como se hace en los programas paródicos.

Una consecuencia jurídica inmediata de las conversaciones debería ser la rápida conclusión del juicio penal que en Quintana Roo se sigue contra Lydia Cacho, con sentencia absolutoria. El valor protegido por el delito de difamación es el honor, la buena fama de las personas, y Nacif no puede ahora (antes tampoco, aunque intentó hacerlo) argüir a favor de su honra, que no existe seguramente ni en su imaginación. Lydia Cacho ha quedado, a su vez, en situación de formular denuncias en contra de su acusador, por orquestar la maniobra que la condujo presa a Puebla, donde celadoras solidarias la salvaron de agresiones ya "recomendadas".

Pero aun mayor que la del propio Nacif es la responsabilidad que en el caso resulta para Marín, "mi gober precioso", como lo llama su cómplice antes de ofrecerle una, dos botellas de coñac por los servicios prestados. No se calcule, sin embargo, que el gobernador es tan barato. La intervención en los diálogos telefónicos de Luis Ángel Casas, que reunió el apoyo empresarial para Marín en la campaña que lo llevó a la gubernatura, sugiere que Nacif había hecho las aportaciones que hicieron después atendible su pedido de castigar a la mujer descrita por ambos rufianes en términos que más los describen a ellos que a la destinataria de sus soeces expresiones.

Aunque es previsible que en ambos casos Marín contaría con el apoyo de su partido en la legislatura local y en la cámara federal de diputados, debe ser acusado por la oposición para que se le someta a juicio político. Aunque en el congreso local el PRI cuenta con 26 de las 40 bancas, los 10 panistas, los 2 perredistas y los diputados del PT y Convergencia, 1 cada uno, deben fundar invocar la constitución local en defensa de la integridad de las instituciones poblanas.

Establece la fracción II del artículo 125 de esa constitución que mediante juicio político el gobernador puede ser destituído e inhabilitado por "violaciones graves a la Constitución del Estado" o por incurrir en "actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho".

Así obró Marín al ordenar a su procuradora atender el pedido de Nacif para procesar a Lydia Cacho y al festejar el coscorrón a esa vieja cabrona, según se regodeó ante su amigo, También violó gravemente las garantías individuales de la periodista y por lo tanto quedó en la hipótesis del segundo párrafo del articulo 110 constitucional, que hace posible el juicio político a los gobernadores en el ámbito federal. Como el PRI dispone del grupo mayor en San Lázaro puede impedir que la Cámara de Diputados acuse a Marín ante la de senadores. Pero...

Pero el PRI debería medir, si la corrupción de Montiel le costó 14 puntos a Madrazo en las encuestas, cuántos más costará solapar a Marín.

Miguel Angel Granados Chapa
(v.periódico a.m. del 16 de febrero de 2006).

Hace unos días hubo una manifestación de vecinos de la Calzada del Federalismo, una calle adelante del Dermatológico; el motivo era solicitarle un semáforo a la Secretaría de Vialidad en el cruce de la calle Francisco Villa, junto al tanque del agua del SIAPA.

Llegó Alfonso Rejón y su equipo. La gente cerró por más de una hora esa vía y el congestionamiento fue brutal, pero hacía dos días se había volteado ahí un camión de la lechera, al intentar tomar el retorno marcado por boyas; son frecuentes los accidentes viales y atropellamientos.

Vialidad, por conducto de su titular, no quiso poner el semáforo; dijeron que no había dinero, pero pusieron más boyas; ahora para circular por ahí debes reducir la velocidad y si el conductor que viene atrás no se fija, llega y se estrella con tu vehículo. El problema no se resolvió, por el contrario se hizo más agudo, porque ahora los chillidos de llantas se escuchan de mañana, tarde y noche.

¿Por qué es preferible entorpecer la circulación que poner un semáforo con vuelta? Los vecinos ya están planeando cerrar nuevamente Federalismo, causar otro caos, a ver si ahora sí la autoridad los escucha.

Pablo Acevedo, vecino de Federalismo
(v.pág.5-A de El Informador del 15 de febrero de 2006).

Una conversación telefónica entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, apareció ayer en San Lázaro tan demoledora y tan de súbito como los tornados. Y sus vientos tempestuosos ya colocaron a aquel mandatario estatal en la parte más alta de la picota.

El periódico "La Jornada", de la Ciudad de México, había publicado la transcripción de diversas conversaciones telefónicas de personajes que tuvieron que ver con la aprehensión en Puebla de la periodista Lydia Cacho, acusada precisamente por difamación, luego de que publicó un libro donde denuncia a Kamel Nacif y a Jean Sucar Kuri de pederastas.

Y no era para menos. Al gobernador Mario Marín se le había sorprendido en una conversación que llevaba la virtud de congelar el tiempo. Y de inmediato las visiones sobre el hecho se polarizaron.

Intentaba el PRI defender a ultranza al gobernador, en voz de José Alarcón, priista poblano, y procuraba desviar el ramalazo hacia el hecho, delictuoso por sí mismo, de la grabación de conversaciones privadas. Era evidente que el PRI, que durante muchos años echó mano de prácticas fascistoides para su apoltronamiento en el poder, ahora la vida le reviraba y le ha colocado frente a una jugada de jaque en la entidad poblana, por aquello de las elecciones que se acercan.

Era evidente que, entre un sector de los diputados había un gran enojo contra los medios de información, precisamente en un momento en que se ha ejercido esa libertad de expresión mediante la publicación de grabaciones que describen uno de los meandros del sistema político mexicano: El del contubernio de los poderes público y económico en contra de la sociedad.

Vicente Bello
(v.pág.11-A de El Informador del 15 de febrero de 2006).

Una de las mejores definiciones que leído sobre cuál es la diferencia entre las naciones que han logrado ingresar al círculo virtuoso del desarrollo y las que no pueden salir del círculo vicioso del subdesarrollo, se la dio, poco antes de morir, el economista Rudiger Dornsbusch a Andrés Oppenheimer en su libro Cuentos Chinos: la diferencia está, le dijo el que fuera la cabeza económica de MIT, en que las primeras son naciones con regímenes legales flexibles que se aplican de una manera rígida; los segundos son países con sistemas legales rígidos que se aplican de forma flexible.

Allí está la enorme diferencia, la rigidez de la norma legal combinada con la flexibilidad de la aplicación es la que propicia los abusos, la corrupción, la discrecionalidad de las autoridades, la ausencia de una real certidumbre jurídica para los ciudadanos y las empresas. La rigidez de la norma aunada a la flexibilidad de su aplicación, deja a la sociedad civil, de una u otra forma, en manos de las autoridades: ellas deciden cuándo habrá rigidez y cuándo flexibilidad o como dijera don Benito Juárez a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la justicia a secas.

Lo que está ocurriendo con el hotel María Isabel Sheraton se adapta perfectamente a este estereotipo: evidentemente, los administradores de ese hotel cometieron una falta al no permitir alojarse allí a un grupo de funcionarios cubanos, que debe inscribirse en una violación a la ley de instituciones mercantiles, más que en la ley de discriminación. Eso amerita una sanción con una multa. La expulsión no es justificable, como tampoco el bloqueo o alguno de sus instrumentos, como la ley Helms Burton, y no lo son porque esos instrumentos en lugar de debilitar la dictadura cubana en realidad hacen sufrir a su pueblo y son la coartada que utiliza el régimen para limitar aún más las escasas libertades de las que goza su gente.

Pero de allí a la utilización panfletaria y propagandística de una sanción ejemplificadora contra un hotel con más de cuarenta años de presencia en la ciudad de México hay una distancia muy amplia. Lo actuado esta semana por las autoridades capitalinas es vergonzoso y es una demostración de una forma de entender el ejercicio de la autoridad que resulta paradigmática. El María Isabel pasó, en horas, de ser uno de los hoteles más representativos de la ciudad a ser la suma de todos los males por una decisión política. El miércoles en la mañana en el programa de Carmen Aristegui, el miembro del equipo de dirección de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Federico Arreola, adelantó que en el caso del María Isabel había que realizar inspecciones para ver en qué condiciones funcionaba ese hotel. Casualmente, apenas un par de horas después lo mismo se le ocurrió a la delegada en la Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo, que, en una decisión que dice que no tiene nada que ver con el caso de los cubanos, envió a cuantos inspectores tenía a la mano para revisar el funcionamiento, la construcción, las licencias, los bares y hasta los menús del hotel. Y encontraron todas las anomalías posibles, comenzando por una construcción de tres mil metros cuadrados que dicen que no respeta las normas y terminando con el hecho de que no cuenta con menús en braile en sus restaurantes. Jaramillo ya adelantó que los propietarios podrán tener derecho de audiciencia pero que "la magnitud de las irregularidades encontradas" son tantas que en 20 días un hotel con 40 años de antigüedad al que nunca antes las autoridades capitalinas le habían encontrado ninguna irregularidad y ahora resultó que es casi un compendio de ilegalidades, será clausurado.

Lo grave es que no es la primera vez que desde el gobierno la gente de López Obrador actúa de esa manera: en sus diferentes procesos por no aceptar decisiones judiciales, las autoridades capitalinas lo que han hecho es lanzarse contra sus acusadores, persiguiéndolos con saña. Los datos ahí están y van desde el caso de el caso de los propietarios de El Encino (que motivó el proceso de desafuero de López Obrador) que además de perseguidos se han quedado sin nada, pese a contar con una resolución judicial en firme que los debería proteger, hasta la diferencia notable en los tratamientos de los casos de Carlos Ahumada y René Bejarano: mientras el primero fue perseguido y entregado sin juicio de deportación por los cubanos, llevado con un despliegue de medios espectacular a prisión, humillado, fotografiado en paños menores en pleno reclusorio y quedó recluido en una celda con máxima seguridad, Bejarano, el ex secretario particular de López Obrador, no fue molestado, cuando fue detenido, la policía judicial del DF esperó, acompañando a la familia, durante horas en su casa hasta el que propio Bejarano decidió ingresar al reclusorio, lo hizo sin cumplir con todos los requisitos legales e incluso utilizando ropa no reglamentaria. Cuando finalmente se instaló allí, le habían acondicionado una celda especial, amplia y con libertad de movimientos, visitas diarias de su familia y amigos y finalmente, terminó saliendo en libertad sin problema alguno. Y todavía la gente de López Obrador dice que éste persiguió a Bejarano y sus actos de corrupción. Al contrario, cada vez que Ahumada se acerca a la libertad, el gobierno del DF le inicia otro proceso, aunque sea una copia del anterior. Lo mismo sucede con el ex regente Oscar Espinosa acusado de un delito inventado. O con la empresa española EULEM perseguida por el "delito" de haber ganado un concurso mercantil para colocar publicidad en los parabuses y no aceptar que le cambiaran ilegalmente las condiciones de operación. O en otro plano con la irracional persecución a la consejera María Elena Pérez Jaen, a la que no le perdonan no seguir al pie de la letra las instrucciones del gobierno capitalino.

Una demostración más de esa forma tenebrosa de ejercer el poder, la tenemos con las declaraciones del vocero perredista Gerardo Fernández Noroña sobre un presunto "sistema de inteligencia" de su partido que se habría infiltrado en el equipo de Felipe Calderón de donde habrían obtenido información privilegiada, incluso de quiénes serían los miembros del gabinete del candidato panista si éste ganara las elecciones. Pasaron horas y hubo innumerables reacciones críticas respecto a lo dicho por Fernández Noroña, hasta que éste salió a decir que todo era una broma. Nadie lo asumió como tal Lo cierto es que esa declaración es suficiente como para iniciar una averiguación previa contra el vocero y su partido, por esa presunta infiltración ilegal, pero además, no deja de ser significativo que apenas unas horas antes su jefe, López Obrador, había dicho que no utilizaría el Cisen para espiar a sus rivales políticos...claro, no dijo nada de utilizar un "sistema de inteligencia" partidario para ello. Lo que sucede es que la intolerancia y el mesianismo siempre van de la mano, siempre creen tener la suma de la verdad en su regazo.

Jorge Fernández Menéndez
(v.México Confidencial del 10 de febrero de 2006).

Tal parecería que todos están pensando: o sea que se puede no pagar y no pasa nada; pero luego su pensamiento da otra vuelta y dice: o sea que pueden no pagarme y no pasa nada. Y a temblar todo mundo.

Germán Dehesa
(v.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 9 de febrero de 2006).

El candidato presidencial de la Alianza por México, Roberto Madrazo, advirtió que no se puede apoyar a quienes creen en las movilizaciones y no en la ley, a quienes les estorba la norma porque son autoritarios.

(V.pág.10-A de El Informador del 6 de febrero de 2006).

Muchos empresarios están tomando providencias para el caso de que López Obrador llegue a la Presidencia. Consideran que entre las cualidades de AMLO no figura el respeto a la ley, base de la seguridad que todo inversionista necesita.

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico a.m. del 2 de febrero de 2006).

Ocurre que los partidos políticos se han acostumbrado a no acatar la ley y aunque haya un tiempo político para iniciar, desde meses atrás comienzan a promoverse con el pretexto de los comicios internos. La ley es de orden político, de interés y observancia general; esto significa que es obligación de todos darle cumplimiento y la estatal cuenta con apenas dos artículos en los que se están basando los integrantes del Instituto Electoral para fijar reglas claras.

José de Gesús Covarrubias, doctor en Derecho Constitucional y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral
(v.pág.5-A de El Informador del 31 de enero de 2006).

Desear un estado de derecho no es quererlo.

El uso y abuso del celular en el coche (prohibido), aprovechando la impunidad, es un ejemplo claro.

Estacionarse en doble fila en las escuelas, también.

Lo dicho: la ley, cuando me acomoda.

Siento decirlo, pero el señor López [Obrador] representa este sentir de muchos mexicanos.

Nemesio Maisterra
(v.pág.10 del periódico Mural del 26 de enero de 2006).

Si bien se anuncia que Pemex suspenderá la entrega de combustible a quien no cumpla lo ya pactado, la cuestión se ha reducido a un incremento en la comisión basada en que los expendedores cumplan... las obligaciones convenidas. Se consagra así el triunfo del abuso. El ingreso al comercio de combustibles es enteramente voluntario. Participa en el mercado quien lo decide, tras el cálculo entre la inversión y las posibilidades de ingreso y ganancia. No es lícito presionar mediante la comisión de actos indebidos, como lo han hecho los franquicitarios de Pemex, para que se incremente el margen de ganancia.

Miguel Angel Granados Chapa
(v.periódico a.m. del 26 de enero de 2006).

Todo parece indicar que las condiciones para aplicar la legalidad en nuestro entorno son cada vez menos efectivas, por lo tanto, la violación de la ley es cosa de todos los días.

Ya sea en materia municipal, de vialidad, federal o de cualquier otra índole, día tras día se nos hace más común y tolerable el no respetar leyes o reglamentos que nuestros legisladores discuten eternamente para controlar la vida pública, pero al parecer, no hay autoridad alguna que los pueda hacer funcionar.

La actitud laxa que nuestras autoridades han asumido para hacer respetar la ley, hace que vivamos dos entornos muy distantes uno del otro: el del derecho, que es bastante incompleto, y el del hecho, que es muy práctico, pero inseguro y carente de justicia.

Ejemplos de incumplimiento de la ley abundan. En materia municipal es cosa de todos los días encontrar comercios que venden cigarros a menores de edad, así como bares que les permiten el ingreso sin ninguna restricción, siempre y cuando traigan dinero para consumir. De la misma manera abundan los anuncios de todo tipo y dimensiones, en exteriores, que no cumplen con ningún reglamento. Y qué decir de quienes lucran con el servicio de recolección de basura, o del tema de los vendedores ambulantes que no pueden ser controlados, como tampoco lo son los limpiaparabrisas, franeleros y demás oficios que nuestro ingenio ha sido capaz de crear.

Por lo que se refiere a vialidad, las cosas no son mejores. El reportaje publicado ayer por EL INFORMADOR sobre la tolerancia a la falta de uso del casco por parte de los motociclistas es patético, como lo es la tolerancia a quienes se estacionan en doble fila, tiran basura al transitar o utilizan el celular mientras manejan.

Las autoridades federales no quedan exentas de responsabilidad tampoco, pues la venta de piratería se hace de manera abierta en lugares que sólo las autoridades no parecen conocer, al igual que el narcomenudeo y las muestras médicas que tienen mercado, ubicación estable por años y clientela, a plena luz del día y sin el mínimo rubor.

Esta serie de incumplimientos a las leyes y reglamentos que supuestamente deberían protegernos e imponer orden donde lo debe haber, son sólo unos cuantos de los tan comunes, que ya los damos por hecho como parte de nuestra realidad.

¿Qué caso tiene que los legisladores discutan leyes y reglamentos eternamente si al fin y al cabo, cualquier ley que imponga restricciones puede dejar de respetarse sin mayores consecuencias?

Laxitud, tolerancia, corrupción, indiferencia y complicidad, son conceptos inaceptables que tristemente forman parte de nuestro paisaje cotidiano en los tres niveles de gobierno.

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 23 de enero de 2006).

El cumplimiento de las disposiciones normativas depende de la vigilancia de la autoridad, y a veces ni así. La autoridad renuncia a vigilar porque es tal la cantidad de violaciones que resulta imposible contenerlas con sanciones. La realidad se impone, las normas se olvidan, se procede por costumbre o por imitación o bajo principios pragmáticos y crece la convicción de que los modos, si son de la mayoría, no pueden ser eliminados o controlados por la norma y de ahí al 'sí se puede' cualquier cosa u ocurrencia, sólo hay un grito plebiscitario, un montón de machetes, una chusma enardecida o un montón de fusiles.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.19 del periódico Público del 22 de enero de 2006).

La Ley de Seguridad Nacional entró en vigor en febrero de 2005 y es la primera ley sobre este tema que se dicta en México. "Dentro de los nueve meses siguientes a la promulgación de la ley", escribe el reportero Víctor Fuentes, "el ejecutivo tenía que expedir tanto el reglamento como el Estatuto Laboral del Centro de Investigación y Seguridad Nacional". Sin embargo, los ordenamientos correspondientes no fueron publicados, por lo que la nueva ley no podrá ser aplicada. Esta falla ocurrió porque el tema de la seguridad involucra los sistemas de inteligencia o investigación delictiva por parte del estado, de organismos federales como Defensa Nacional, Marina, Hacienda, Seguridad Pública Federal y la PGR entre otros.

Magali Tercero
(v.pág.61 de la revista Tentación de El Informador del 21 de enero de 2006).

El nuevo esquema de Vicente Fox para formalizar los changarritos facilitará entrar a la formalidad, pero actúa en detrimento de quienes han cumplido la ley por años. No todas las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo tendrán que ser cumplidas con este programa, lo que es injusto incluso frente a pequeños negocios que han actuado conforme a las disposiciones legales.

El programa elimina el requisito de llevar contabilidad y facilita el pago de impuesto a través de una cuota fija que depende del nivel de ingresos. No obstante, la calle es la calle y la piratería y el contrabando no pueden ser permitidos, y no se anunciaron acciones concretas para quitarlos de la vía pública ni para forzarlos a que dejen de vender copias de productos originales.

Carlos Mota
(v.pág.3 del periódico Público del 20 de enero de 2006).

Un grupo de unos 100 vecinos de las colonias Nuevo México, Lomas de San Gonzalo y Vicente Guerrero, en Zapopan, bloquearon la mañana de ayer un carril de la carretera a Tesistán, en protesta porque desde hace meses solicitaron, sin respuesta, que se haga un crucero en la avenida Prolongación Copalita, que se instale un puente peatonal, un semáforo, topes, boyas y señalamientos de tránsito, debido a la dificultad para el cruce de peatones en esa vía.

Policías estatales intentaron desalojar a los colonos y a punto estuvo de ocurrir un enfrentamiento; pero tras jaloneos y gritos imperó la calma entre las partes.

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapopan, Ignacio Vázquez Ceseña, se presentó en el lugar y gestionó que el próximo lunes se efectúe una reunión en la Secretaría de Vialidad y Transporte (SVT), para dar una solución al conflicto vial que sufren los moradores de la zona.

Los vecinos explicaron que se vieron obligados a tapar el paso de vehículos en la avenida Juan Gil Preciado, conocida como carretera a Tesistán, ante la nula respuesta a las exigencias que han hecho ante el Ayuntamiento de Zapopan y la SVT.

(V.pág.17 del periódico Público del 20 de enero de 2006).

Todo el peso de la ley caerá sobre un taquero en el caso de los intoxicados por clenbuterol en El Salto. En capilla no hay introductores de ganado, ganaderos ni inspectores o funcionarios. Sólo un taquero para que no quepa duda de que la justicia es ciega.

La tremeda corte
(v.pág.2 del periódico Público del 20 de enero de 2006).

La noche del pasado sábado 14 de enero y la madrugada del domingo 15, por lo menos 160 personas fueron atrapadas por severos malestares, ocasionados por consumir carne contaminada con clenbuterol.

La explicación en la que se han escudado las autoridades para dejar crecer el problema es que no existen leyes o reglamentos que permitan sancionar con firmeza a los ganaderos o introductores de ganado que están envenenando a la gente. Aseguran que por lo menos desde hace dos años está congelada en la Cámara de Diputados del congreso federal una iniciativa de ley que pretende sancionar con rigor a quienes utilicen químicos peligrosos para engordar ganado.

Habría razón para suponer que los ganaderos y los introductores de reses más fuertes de nuestro estado y del país tienen sobornados y comprados a nuestros presuntos representantes populares en los congresos locales y federal, a tal grado que diputados y senadores no han elaborado leyes para prohibir el uso de clenbuterol y sancionar con severidad su uso.

Pero también son responsables de esta negligencia las autoridades sanitarias, federales, estatales y municipales, que son cómplices de los envenenadores públicos, porque saben bien el gran daño que causa esa carne contaminada.

Pedro Mellado
(v.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 19 de enero de 2006).

Maestros de telesecundarias desquiciaron el Centro de Guadalajara en uno de los momentos de mayor tráfico vehicular.

Los docentes bloquearon primero la calle Corona, a las afueras de Palacio de Gobierno, pero ante la falta de respuesta a su pliego petitorio se trasladaron a Juárez y 16 de Septiembre y cerraron por completo ese crucero.

La protesta de apenas un centenar de maestros provocó la movilización inmediata de elementos antimotines armados con escudos, toletes y gases lacrimógenos. También tuvieron que presentarse el Secretario de Seguridad, Alfonso Gutiérrez Santillán; el titular de la DSPE, Aldo Monjardín, y el director operativo de Vialidad, Raúl Pinedo Huerta.

Cuando los antimotines se encontraban a escasos metros de los inconformes, esperando instrucciones para el desalojo, se presentó un viso de solución. Los maestros aceptaron que una comisión de 10 personas dialogara con el coordinador general de Educación, Emilio Sáinz Vilches, en Palacio de Gobierno.

Las autoridades lograron desactivar el conflicto, aunque el riesgo de que se reactive sigue latente.

(V.pág.6 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 19 de enero de 2006).

La Secretaría de Salud confirmó que efectivamente 161 personas resultaron intoxicadas por comer carne con clenbuterol en el municipio de El Salto, Jal.

Ante esta nueva intoxicación masiva de personas, queda claro que los operativos oficiales de salud dejan mucho qué desear, ante el empecinamiento de algunos engordadores de ganado de hacer caso omiso no sólo a la normatividad en la materia, que es de orden federal, sino también a las sanciones con que son amenazados. ¿Qué hay detrás de estas violaciones a la ley, que tanto lesionan el prestigio de la ganadería jalisciense y a los consumidores de carne? ¿Aparte de la ambición desmedida de algunos productores, hay también ineptitud y corrupción de la autoridad?, ¿O ambas cosas a la vez?

Editorial
(v.pág.4-A de El Informador del 17 de enero de 2006).

Como parte de los cambios fiscales aprobados por el Congreso de la Unión para 2006, se amplia la condonación de multas y recargos a las contribuciones de seguridad social generadas antes del 1o.de octubre de 2005, sólo si se pagan en una sola exhibición.

(Nuevamente el país premia a los morosos. - El webmaster)

(V.pág.12-A de El Informador del 16 de enero de 2006).

En grandes rasgos se puede decir que el principal incentivo para cometer delitos está en la muy baja probabilidad de ser denunciado, perseguido y castigado por tal conducta.

Y más atrás de la impunidad está la desconfianza en el gobierno y sus dependencias encargadas del asunto. No se denuncia porque ¿para qué sirve? No se inicia la investigación de lo denunciado porque ¿para qué desgastarnos? Son 'pequeños' delitos cuya solución requiere mucho gasto y al final se atrapará a un ladronzuelo, cuyo caso a lo mejor será resuelto en contra por la falta de pruebas, pues la confesión se obtuvo por métodos no aceptables al juez, porque el denunciante no tiene un buen abogado, porque el Ministerio Público tiene 'mil' casos, y un sinfín de otras laberínticas complicaciones. Nuestra procuración y administración de justicia es una cobija de parches sin concierto, pegados con distintos materiales y sin figura definida por tanto jaloneo que ha sufrido a lo largo de los años en todas las direcciones imaginables. A veces lo que asombra es que no haya más impunidad.

Miguel Bazdresch Parada
(v.pág.17 del periódico Público del 15 de enero de 2006).

Hasta 300% han aumentado en los últimos cuatro años las demandas contra jueces y magistrados del fuero común por, presuntamente, haber incurrido en casos de corrupción o de mala aplicación de la justicia.

En la edición de este domingo de MILENIO Semanal se establece cómo el reciente caso del empresario y líder sindical Ramón Gámez, dejado en libertad a pesar de probarse su abuso y corrupción de menores, vuelve a poner sobre la mesa el tema de una justicia que en México ni es ciega ni es confiable.

Salvo contados casos, ni jueces ni magistrados del fuero común van a juicio por denuncias en su contra por presunta corrupción, por negar justicia o por irregularidades en sus sentencias. Inclusive, ellos mismos tienen la facultad de resolver si procede cualquier orden de aprehensión que llegara a girarse, lo que de acuerdo con algunos especialistas es inconstitucional.

(V.pág.23 del periódico Público del 15 de enero de 2006).

El carácter irregular de mi detención y posterior encarcelamiento tomó sentido cuando resultó evidente, en los siguientes días, que mi aprehensión y el juicio correspondiente habían sido negociados entre el demandante y el gobierno de Puebla. De manera increíble las propias autoridades admitieron tanto la colaboración como el hecho de que para ellos mi caso ya había sido juzgado y sentenciado. ¡Mucho antes incluso que pudiera presentar pruebas para defenderme de la denuncia por difamación! Es tal la prepotencia y la costumbre de usar la ley con fines represivos, que estos funcionarios hacen caso omiso de la separación de poderes y de la legalidad.

"Si a la periodista Lydia Cacho no se le notificó sobre la orden de aprehensión en su contra fue para evitar que hiciera un escándalo", declaró Blanca Laura Villena Martínez, titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla. (La Jornada, 22 de diciembre).

Kamel Nacif admitió el apoyo del gobernador de Puebla, Mario Marín, para generar una orden de aprehensión en contra de Lydia Cacho, por supuestas calumnias y difamación en su agravio. "Le pedí al señor gobernador de que esta señora me está calumniando, así, así, y él me dijo: aquí no se calumnia a nadie, y ¡pum! Que le dictan orden de aprehensión". (Reforma, 24 de octubre).

Mi caso hace evidentes dos terribles anacronismos de las leyes de imprenta e información en México:

La "criminalización" de las y los periodistas. El nuestro es uno de los pocos países occidentales en donde aún se castiga con cárcel este tipo de delitos. En el fondo la calumnia y la difamación son delitos de opinión. Los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México y la Constitución misma consagran el derecho a la libertad de expresión. Nadie debe ir a la cárcel por opinar de determinada forma. Desde luego es sensato que las leyes contemplen penalidades económicas para estos delitos, pero no la cárcel.
La difamación, tal como la definen las leyes, se traduce en una acusación absurda. El código de Puebla (artículo 357), muy similar en todo el país, señala: "La difamación consiste en comunicar a una persona o más personas, la imputación que se le hace a otra, física o jurídica, de un hecho cierto o falso, que le cause deshonra, descrédito, perjuicio o lo exponga al desprestigio de alguien". Es decir, no importa que un periodista diga la verdad, puede merecer cuatro años de cárcel si el demandante asegura que esa verdad dañó su prestigio. En otras palabras, Arturo Montiel podría demandar prácticamente a todos los medios del país que divulgaron datos de su fortuna inexplicable, porque esa divulgación afectó sus posibilidades a la Presidencia. La estricta aplicación de este artículo mandaría a prisión a buena parte de los periodistas mexicanos. Más aún, el espíritu del artículo haría imposible el ejercicio del periodismo en México.

Son leyes, pues, absolutamente anacrónicas y, por lo mismo se aplican muy de vez en cuando en nuestro medio. Sin embargo, están ahí como una espada de Damocles para ser usada cuando conviene a un poderoso o una autoridad indignada.

Lydia Cacho
(v.pág.26 de la revista Tentación de El Informador del 14 de enero de 2006).

En el caso Hank Rhon sucede algo curioso: Los jueces, fiscales y gobernadores del PRI y el PAN parecen tenerle miedo. Solamente una ocasión se le llamó a declarar en el caso Héctor Félix y se pitorreó del juez. Mintió. Uno de los hechos más desilusionantes: La Procuraduría General de Justicia de Baja California actuó oficiosamente a su favor. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) interesada desde hace años en el caso. Hasta lo llevó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero la fiscalía sin nadie preguntarle informó a la SIP que el asunto había prescrito. Fue una rara ocurrencia: Ya no se podían hacer cargos a Hank Rhon. Pero estudios en tres despachos de abogados penalistas en Baja California, Sonora y Sinaloa, demostraron la falsedad y equivocación de la Procuraduría. El caso, por así decirlo, "sigue vivo". Pero los de Héctor Félix y Ortiz Franco no son únicos. Nada hay sobre el asesinato de María Guadalupe Escamilla en Nuevo Laredo. Alfredo Jiménez en Sonora. El maestro Francisco Arratia en Matamoros. Raúl Gibbs de Veracruz. Gregorio Rodríguez en Sinaloa y para no seguir, Benjamín Flores de Sonora. En todos los asesinatos está plenamente comprobada la autoría mafiosa. Pero igualmente, las procuradurías federal o estatales ni han investigado. No temo equivocarme si escribo: Casi todos por complicidad de la policía con los narcotraficantes.

En todo esto tiene mucha culpa el presidente de la república, licenciado Vicente Fox. Personalmente dos ocasiones y ante numerosos compañeros le pedí tipificar como federal el delito de agresión contra periodistas y que no prescribiera. Sus respuestas fueron evasivas. En dos ocasiones se le han enviado peticiones por escrito. Siempre promovidas por la SIP. A una respondió que hacía suya la iniciativa para federalizar el delito. Cómo reza la canción, dijo que sí pero no cuándo y todavía esperamos. En septiembre del 2005 se le envió otra carta. Firmada por todos los directores de periódicos del norte mexicano. Ya no fue petición sino exigencia. Por lo menos aclarar los crímenes de periodistas cometidos durante su gobierno. Hasta la fecha no contesta y menos actúa. Esto me recuerda cuando en años pasados enfrenté un problema y le hice frente legalmente. Pero había consigna de fregarme. Consulté a un maestro de la Escuela Libre de Derecho. Le explique todo. Me pregunto: "¿Ya hizo esto?". Sí. "¿Y esto otro?" También. "¿Y esto?" Ya. Se levantó del sillón. Llevó su mano a la barbilla viendo hacia el suelo. Dio dos tres vueltas a la oficina. Hasta que se paró frente a mí diciendo: "Blancornelas, el único recurso que le queda es irse a la Basílica. Rezar un Padre Nuestro y pedirle ayuda a la Virgen".

J.Jesús Blancornelas
(v.pág.4-A de El Informador del 10 de enero de 2006).

Leonel Cota Montaño arrancó el año concediendo una entrevista al diario "Crónica" de la Ciudad de México, en la que no deja lugar a dudas: no darán su confianza a la autoridad electoral, a menos que ésta levante el brazo a un AMLO vencedor el 2 de julio.

Más allá de los tropezones verbales del dirigente perredista, parece claro que el razonamiento es: si ganamos, diremos bien por el árbitro; si perdemos, le echaremos encima a la multitud.

Víctor E.Wario Romo
(v.pág.4-A de El Informador del 9 de enero de 2006).

Afirmaron que la oficina de la asociación civil Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar no ha abierto sus puertas desde hace poco más de 15 días pero además, denunciaron una serie de irregularidades entre las que está el reembolso, a unos cuantos, de sus dineros pero con un cheque sin fondos.

Porque no están organizados, dijeron, fue el resultado de la deficiente convocatoria que hubo a la cita de este domingo donde la idea era hacer un listado del mayor número de los afectados; empero, no fue así, ya que de los más de cinco mil "que estiman es el aproximado de propietarios de autos 'chocolate' que dejaron documentos y dinero a Onappafa con tal de obtener la legalización de su vehículo" tan sólo se enlistaron 67 y llegaron a un total de 507,000 pesos, pero explicaron que unos dieron desde 7 a 12,000 pesos, dineros que están en "juego" y del que cuentan con comprobantes de depósitos bancarios hasta simples recibos con ilegibles sellos de Onappafa.

(V.pág.2-B de El Informador del 9 de enero de 2006).

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, informa a los automovilistas jaliscienses, tanto del servicio público como del privado, que se les autoriza un descuento del 40% en los adeudos por concepto de infracciones viales, así como en los recargos generados por incumplir el pago de éstas, siempre y cuando ambos conceptos se les hubieran impuesto hasta el 31 de diciembre de 2005.

(Luego no se quejen de la morosidad cuando ustedes la promueven. - El webmaster)

(V.pág.1-B de El Informador del 4 de enero de 2006).

"Si la gente no estuviera temerosa de los tribunales, y si confiara en encontrar en ellos una justicia expedita y perfecta, los juicios se incrementarían hasta una cantidad escalofriante. Aquéllos que tengan que recurrir a los tribunales deberán ser tratados sin ninguna piedad, de forma tal que queden disgustados con la ley y tiemblen cuando deban presentarse ante un magistrado."

Kangxi, emperador chino del siglo XVII

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