"La cobardía y el agachamiento de las personas, son el mejor estímulo de la insolencia propia del prepotente".
Flavio Romero de Velasco, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras y exgobernador de Jalisco

"En Chile ni siquiera el presidente de la república tiene fuero".
Alberto Etcheberry, jurista chileno

"Rayito dice que éste es el país de los 'ricos y poderosos'. Pues no. Es el paraíso de las pandillas".
Román Revueltas Retes

"Los componentes esenciales de la mexicanidad, en la más lamentable de sus acepciones: el influyentismo y la corrupción. No hay poder humano capaz de vencer a una de las lacras sociales más arraigadas en este país -la impunidad-, ni se ha descubierto la vacuna contra ella".
Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico

"A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas".
Benito Juárez, al institucionalizar el influyentismo en México

"No hay leyes posibles contra el dinero".
Napoleón Bonaparte

Es de conocimiento popular que en México, confiamos poco en la policía. Es también de conocimiento popular y obvio que con miedo, no queremos vivir y que pese a las estadísticas de crimen e inseguridad, escogemos salir porque la esperanza nos dice en secreto al oído que con suerte saldremos ilesos todos los días. Pero, ¿por qué algunos, con todo y esa información, deciden contratar escoltas? Entre grandes sumas de dinero, empresas exitosas, bienes incalculables, ciertamente hay personas que corren más riesgo que otros (habrá que ver si es verdad) en un país como México. Creo yo fundamentalmente 2 cosas respecto a estos cuestionamientos: lo hacen porque tienen más miedo que nosotros los mortales y/o lo hacen también, porque pueden pagar esa seguridad que a nosotros resta aceptar por parte del Estado.

Eso en particular y en sí mismo me parece que divide en 2 clases a este país: los que se sienten y hacen su vida "normal" sabiéndose seguros y los que no. Tener la atención personalizada de un profesional que dedica su vida a defender la otra y la de su familia, puede sentirse a corto plazo como un bálsamo para la situación de la que, sin saberlo (espero), divide aún más y genera aún más ruptura en la sociedad.

Estos hombres de gesto durísimo mientras laboran públicamente y a los que se les permite la camaradería únicamente detrás del escenario, son víctimas y parte también de un estado roto. Ahora muchos de nosotros, sin conocerlos humanamente, les tememos, vemos sus movimientos en autos, que son muchas veces más lujosos que los que conducimos nosotros, les conocemos ya el modo arrebatado de colarse o de estacionarse sin importar una doble o triple fila, según haya decidido su protegido y aguardamos. Aguardamos igual que como lo haríamos en una situación policial, con ojos atentos a los movimientos que hacen también guardias de estado.

En esa como en todas las profesiones, hay de todo, pero la próxima vez que nos topemos con alguno de ellos, recordemos eso, que en general, son víctimas también de un Estado que no pudo proveer con seguridad a todos sus habitantes.

Pese a los operativos para retirar o sancionar vehículos mal estacionados en la vía pública del Centro tapatío, hay conductores que dejan sus coches en sitios prohibidos incluso por más de una hora y media.

Entre ellos está el chofer de Mirelle Montes, diputada local por el PAN, quien el pasado viernes apagó su camioneta afuera del Congreso estatal, sobre la calle Independencia, lo que provocó afectaciones a la circulación.

El vehículo llegó alrededor de las 12:33 horas y se retiró a las 14:07. En el punto se apersonó una agente de la Policía Vial, quien no aplicó ninguna sanción ni pidió que la unidad se moviera. Tampoco acudieron los trabajadores de la Dirección de Movilidad de Guadalajara.

Al ser cuestionada por este medio, la legisladora panista reconoció el error por parte de su conductor y aseguró que es la 1a. vez que ocurre.

"Repruebo esta situación porque, en principio, no debe de estar estorbando la calle, debe buscar estacionamiento. Una disculpa", comentó.

Este no es el único caso. Ayer se observó que una camioneta tipo Van permaneció por más de una hora a las afueras del Palacio Legislativo sin que llegara la autoridad a castigar al responsable.

En las cercanías de la sede del Supremo Tribunal de Justicia también se vio a un auto que estuvo a un costado del estacionamiento por más de 20 minutos.

El ex titular de la CEA está acusado por firmar para que se contrataran servicios, pero lo hizo sin respetar la ley de adquisiciones, la del presupuesto o la del agua. Es más, no hay ni evidencia de que esos servicios que se contrataron, y por los que el funcionario plasmó su firma, en realidad se hubieran realizado.

Felipe Tito Lugo (73 años) jamás quiso acudir a firmar cuando la Fiscalía Anticorrupción tocó a su puerta. Los notificadores le entregaron el citatorio y él, cortante, les respondió que el tema "lo verán sus abogados". Sólo ellos.

En la entrega del 3er. citatorio, prácticamente le pidieron "de favor" que se presentara y cumpliera el requisito. "Ándele, vaya. Evítese broncas".

Pero Tito Lugo, o "N", decidió ignorarlos nuevamente y continuar con su vida... hasta que la magia terminó.

El juez requirió su presencia y, por dilación judicial (o ignorarlo), el proceso del ex titular de la CEA no alcanzó el beneficio de prisión domiciliaria, lo cual pudo haber ocurrido. Hoy, Felipe Tito Lugo pasa sus noches en el centro penitenciario de Puente Grande, en la misma prisión donde se encuentra el también ex funcionario de 1er. nivel, Francisco "N", o como todos lo conocíamos: el súpersecretario de Aristóteles Sandoval.

"No se confundan, no somos iguales", dice el presidente López Obrador cuando critican a quienes forman parte de Morena, pero muchos lo contradicen y de fea manera.

Nos cuentan que la diputada del partido guinda en el Congreso del Estado, María Padilla, el viernes por la noche acudió sin invitación personal a la fiesta de la inauguración del Festival de Cine de Guadalajara. La legisladora ingresó al evento, pero no quiso mezclarse con "la raza", sino que exigió acceso a la zona VIP, donde estaban los actores y actrices invitados, así como los directivos máximos de la Universidad de Guadalajara. Aunque no la querían dejar entrar.

Sin embargo, dicen que mostró su identificación del Poder Legislativo -una que estrenaron hace poco- y se quedó ahí, aferrada, hasta que le dieron acceso. "Charoleó", decían todos, mientras le tomaban fotos y video.

Vecinos de los alrededores de Palacio Nacional, que votaron en la casilla donde votó el presidente López Obrador, mostraron su molestia porque pese a que llegaron antes de las 8:00 horas, elementos de la policía capitalina no los dejaron pasar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador votó poco antes que yo, cerca de Palacio Nacional, el cual ha registrado ante el INE como su residencia personal (al gobernador panista de Tamaulipas la UIF lo acusó de peculado por fijar Casa Tamaulipas como lugar para recibir notificaciones). Al mandatario lo acompañó su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. No tuvieron que hacer cola y entraron de inmediato a votar. Al salir, el presidente gritó frente a los reporteros: "¡Que viva la democracia!". Solo después de que la pareja presidencial regresó a Palacio Nacional se permitió a los demás ciudadanos votar en esa casilla.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y su esposo, John Ackerman, mandaron a unas personas a apartar su lugar en Coyoacán. Tampoco tuvieron que esperar. En cambio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo "fila como cualquier ciudadano", según dijo ella misma en Twitter.

Lo de la Fiscalía General de la República ya no guarda pudor. Justo antes de que se iniciara la campaña, en diciembre del año pasado, desechó una denuncia contra la entonces alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores, hoy candidata de Morena al gobierno estatal, quien presionó con su poder para que su hijastro se saltara a 7 personas en la fila de receptores de donación de riñón para trasplante. La Cofepris documentó todo, la Cofepris misma denunció el delito ante la entonces PGR, pero ya en esta administración, la FGR le dio carpetazo. Unas semanas después, Clara Luz renunciaba al PRI y se incorporaba a Morena para ser candidata.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que entregó a la Cámara de Diputados la solicitud para retirar el fuero que protege al diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de haber abusado sexualmente de un menor hace una semana.

Huerta Corona, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue detenido el miércoles pasado y liberado poco después a raíz de la inmunidad de que goza por ser diputado federal, e incluso acudió a votar a la Cámara de Diputados tras su liberación.

La 10a. Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco ordenó reponer el procedimiento con el cual se condenó al futbolista Joao Maleck, quien fue sentenciado por homicidio culposo grave en contra de María Fernanda Álvarez y de Alejandro Castro en un hecho vial ocurrido el 23 de junio de 2019.

Dicha reposición fue el resultado de una inconformidad presentada por los familiares de las víctimas, que no estuvieron de acuerdo con la pena impuesta en contra del futbolista.

"Consideraron errado el criterio del juez al momento de imponer la sanción corporal y lo relativo a la condena de reparación del daño únicamente por lo que atañe a las víctimas indirectas", advierte la resolución emitida el pasado 9 de abril.

El futbolista había sido sentenciado a una pena de 3 años, 8 meses y 15 días de prisión, así como con el pago de la reparación del daño por 422,450 pesos por cada una de las víctimas directas; y por 716,171 pesos por cada una de las víctimas indirectas, que son la madre de María Fernanda y 2 hijos de Alejandro.

No obstante, como la condena impuesta en contra de Maleck era menor a 4 años, tuvo la posibilidad de ser dejado en libertad después de pagar la reparación del daño, la cual estaba cubierta por el seguro del vehículo con el que chocó en contra del auto de las víctimas.

Tras revisar la inconformidad, la 10a. Sala consideró que "existe la necesidad de revocar y dejar insubsistente la sentencia recurrida y en su lugar ordenar la reposición del procedimiento a partir de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño".

Esto es, el fallo con el que se decretó que Maleck era culpable por homicidio culposo grave persistirá, y solamente se ordenó dictar una nueva sentencia.

El padre de una niña que sufrió abuso sexual donde se señaló como presunto responsable al ex director de recursos humanos de la Policía de Puerto Vallarta, Luis Alonso "N", fue agredido por elementos municipales la noche del martes en la colonia Jardines del Bosque.

La agresión se difundió a través de un video transmitido en redes sociales. Ahí se aprecia cómo 2 policías golpean al intentar detener al hombre a las afueras de su centro de trabajo en la planta de transferencia de aseo público municipal.

De acuerdo con la abogada de la familia, Sandra Quiñones del colectivo Mujeres de Puerto Vallarta, con la detención de Luis Alonso "N" en julio de 2020, otro policía amenazó y presionó al padre de la víctima.

Por lo anterior, el padre denunció ante la delegación regional de la Fiscalía y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco que derivó en una orden de restricción.

Sin embargo, el mismo policía y sus compañeros buscaron al padre de familia y lo remitieron ante el Ministerio Público por agresiones. La abogada presentará una nueva denuncia por la reciente agresión.

El Ayuntamiento de Puerto Vallarta informó sobre la separación del cargo de los 2 policías involucrados mientras se realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades. En el comunicado se destacó que el gobierno respeta los derechos humanos de las personas y no tolera abusos de servidores públicos.

Muy campechana, la secretaria de Planeación, Margarita Sierra, comentó que ya recibió la vacuna anti COVID-19 y que se la aplicaron en un asilo; eso se escuchó decir a la funcionaria ayer en su visita al Congreso de Jalisco.

Desconocemos si fue porque ella reside en una de las 29 casas de descanso a las que llevaron la vacuna para quienes viven ahí o si fue porque tuvo trato VIP por ser funcionaria estatal.

El asunto ameritaría que la Secretaría de Salud Jalisco aclare si destinó dosis para funcionarios en edad de riesgo. Sería el colmo que, además de la deficiente organización, hubieran puesto en operación un esquema paralelo para que los influyentes de la administración estatal accedieran al biológico sin necesidad de hacer fila durante días o pelear por una ficha.

5 funcionarios del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Paradero fueron detenidos por elementos de la Policía de Guadalajara tras identificar que habían ingresado irregularmente a varias personas, familiares de ellos, a la fila que se realizaba para la aplicación de la vacuna contra COVID-19.

La Secretaría de Salud Jalisco informó que estos trabajadores del estado en compañía de adultos mayores contaban con fichas que corresponden al registro de personas ya vacunadas, y se detectó que estaban ingresando por una puerta distinta a la autorizada para este fin.

Se informó que los detenidos involucrados serán presentados ante la autoridad correspondiente para que sean procesados conforme a derecho, además de que el órgano interno de control del CODE les iniciará un procedimiento administrativo.

Con un mensaje en sus redes sociales el gobernador condenó el hecho y afirmó que no toleran ese tipo de actos.

"Lo quiero dejar bien claro, eso no lo vamos a tolerar. Inmediatamente fueron detenidos por la Policía de Guadalajara, en coordinación con las autoridades de Jalisco. Serán procesados conforme a derecho y el órgano interno de control del CODE iniciará un proceso administrativo", expuso.

Añadió que ninguna de las fichas entregadas a la población está en riesgo.

Por su parte, la SSJ detalló que en coordinación con corporaciones municipales al igual que elementos federales, han vigilado de forma permanente todo el proceso en los distintos puntos de vacunación para que éste sea transparente y se eviten estos actos de corrupción.

Medios dan a conocer que 2 ministros de la Suprema Corte visitaron San Antonio (#Texas) para recibir la vacuna contra #covid19 a inicios de febrero.

Los ministros habrían sido Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel Mossa (esposa del empresario José María Riobóo, allegado a la administración de Andrés Manuel López Obrador).

Al parecer, los ministros habrían recibido apoyo del cónsul general en San Antonio, Rubén Minutti Zanatta (que vemos en brazos de San Antonio en el cartón).

- Sin Embargo MX: "Con apoyo de cónsul, ministros de la SCJN van a vacunarse a San Antonio".

- Revista Proceso: "Acusan que dos ministros de la Suprema Corte se vacunan en EU con ayuda de cónsul".

- Revista etcétera: "Dos ministros de la SCJN, vacunados en Texas; SRE niega su intervención".

Luis

Paco Calderón
(3 de marzo de 2021).

Emmett Soto Grave, alcalde de Escuinapa, Sinaloa, justificó que por su condición de médico internista que atiende en sus tiempos libres a pacientes contagiados de COVID-19 recibió la vacuna de Pfizer en el hospital general de su municipio, por lo que diputados lo quieren llevar a juicio político y ciudadanos piden su destitución.

A raíz de que se conociera que el primer edil recibió una de las 9,750 dosis que se enviaron la semana pasada a Sinaloa, se ordenó la sustitución del director del nosocomio donde se inmunizó, Wilfredo Alonso Delgado Prado, así del subdirector médico por quebrantar la normatividad.

El grupo parlamentario del PRI solicitó que se investigue a fondo este tráfico de influencias en el programa de vacunación de Sinaloa.

Sergio Jacobo Gutiérrez, coordinador del grupo, dijo que ante este acto de influyentismo se abre la posibilidad de abrir un juicio político en contra del alcalde Emmett Soto Grave, por lo que esperan conocer a fondo la situación que privó en el Hospital General de Escuinapa.

El secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, advirtió que habrá cero tolerancia a quienes no respeten la normatividad en la aplicación de las vacunas, cuyos lineamientos indican dar prioridad al personal de 1a. línea del Sector Salud.

La Secretaría de Salud del Estado de México señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tuvo ninguna responsabilidad directa o indirecta en la decisión que tomó el director del Centro Médico, "Lic. Adolfo López Mateos", el doctor José Rogel Romero, quien promovió la aplicación de la vacuna contra el coronavirus a 2 de sus familiares.

"La denuncia de este caso se hizo pública la mañana del pasado 29 de diciembre y por la tarde, esta dependencia de salud fijó su postura en la que dijo que se había incurrido en un error por parte de un proveedor del IMSS y que esto ocasionó la falla en las personas que recibieron la vacuna", reiteraron autoridades mexiquenses en un comunicado.

"Esta información es absolutamente imprecisa y por tanto se aclara que la dependencia federal no fue responsable de la equivocada decisión que únicamente tomó el médico adscrito al Estado de México, el cual será sancionado por el órgano de control interno de la dependencia", ratificaron autoridades mexiquenses.

Cabe señalar que el IMSS rechazó que hubiera contratado a una empresa para convocar al personal médico que sería vacunado contra el COVID-19 y que cada institución de salud convocó a sus candidatos a recibir el antiviral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó hoy que una familia aprovechó sus influencias para vacunarse contra el coronavirus en el Estado de México cuando todavía "no le correspondía" y anunció que habrá sanciones por este caso.

"Se hizo la investigación y en efecto, sí, una familia que no le correspondía la aplicación de la vacuna llegó y con influyentismo se vacunaron un médico, su esposa y una o 2 de sus hijas", detalló López Obrador.

La vacunación contra el COVID-19 arrancó en México el 24 de diciembre con pocas dosis que están siendo suministradas solo al personal médico que atiende a enfermos coronavirus en el área metropolitana de Ciudad de México y en los estados de Coahuila y Nuevo León.

López Obrador confirmó que esta familia se vacunó en un hospital del Estado de México, colindante con la capital, pese a no cumplir con los requisitos y aseguró que "la investigación ya se inició para castigar esa irregularidad, ese abuso".

Según la prensa local, el médico vacunado es José Rogel Romero, director del hospital Adolfo López Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca, quien no trabaja en 1a. línea de atención al coronavirus.

"Todos tenemos que ayudar a que se sepa que es inmoral saltarse o brincarse la fila, es una inmoralidad si no nos corresponde", opinó López Obrador, quien recordó que las autoridades decidieron que "lo primero es vacunar al personal de salud que está en los hospitales COVID y después los adultos mayores".

El presidente pidió "a la gente que nos ayude denunciando todos estos abusos" porque es "un asunto de todos poder frenar, detener y cortar de tajo con el influyentismo".

Luego del escándalo generado por la vacunación de 2 de sus familiares el 1er. día de aplicación de vacunas anti Covid-19 en el Estado de México, 'el director del Centro Médico Adolfo López Mateos se ha separado del cargo temporalmente para ponerse a disposición de las investigaciones del Órgano Interno de Control y de la Contraloría General', informó el coordinador general de comunicación social del gobierno mexiquense, Jorge Alberto Pérez.

Roberto López Lara, "El Chino López", ex secretario general de Gobierno con Aristóteles Sandoval, reapareció en la escena pública. Resulta que es el abogado de Dieter Daniel "N", jugador de las Chivas, acusado de una supuesta violación de una joven durante una fiesta.

Lo curioso no es que litigue sino que el asunto "coincidentemente" cayó con el juez del Centro de Justicia para la Mujer, Mario Murgo Magaña, quien tiene bajo su cargo a la sobrina de "El Chino López", Sugui López Kim.

Ella, dicen, es la responsable de "recomendar" el asunto de su tío. ¿Será?

La imposición del Hoy No Circula a los autos menos o no contaminantes en el Edomex y la CDMX es, por supuesto, una tontería sin lógica sanitaria, pero la medida se vuelve más injusta cuando los influyentes, como la diputada federal de Morena Juana Carrillo Luna, afirman que a ellos no les aplica.

Elementos de la Policía de Guadalajara detuvieron la madrugada de este miércoles al sub director de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal del DIF Jalisco, Israel González Ramírez, hijo de la diputada con licencia de Movimiento Ciudadano Rosa Alba Ramírez Nachis, por manejar en estado de ebriedad y agredir a los elementos.

Durante su recorrido de vigilancia, oficiales detuvieron al funcionario que iba a bordo de un vehículo Jeep color arena sobre la calle San Esteban, en la colonia Talpita, debido a que iba conduciendo de forma errática.

Al bajar del auto, el sujeto comenzó a agredir a los uniformados e incluso los amenazó con que los correrían de su trabajo, pues "no sabían con quién se estaban metiendo".

Los policías tapatíos procedieron a detener al sujeto por prepotente y amenazar a los elementos, y fue puesto a disposición del juzgado municipal.

El presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco (PJEJ) y del Consejo de la Judicatura de Jalisco, Ricardo Esteves, manifestó su rechazo ante las acciones de Eduardo "G", conocido en redes sociales como "Lord Judicatura", quien chocó y golpeó con su auto a un ciudadano con quien tuvo un altercado vial y quien presuntamente se valió de su puesto de notificador en dicha instancia judicial para evitar responsabilizarse de este hecho.

"Todos los que conformamos el Poder Judicial del Estado de Jalisco somos servidores públicos y quien no lo sea dentro y fuera de la institución, no tiene ni tendrá cabida en el #PJEJ. Ni hoy ni nunca", difundió Suro en su cuenta de Twitter.

En el video se puede ver a un ciudadano que le reclama a Eduardo "G" por haber golpeado la parte delantera de su auto, un Volkswagen Beetle blanco, con el Jetta rojo del servidor.

Sin embargo, el sujeto minimiza el golpe con prepotencia y comienza a agredir verbalmente a la persona. Después aborda su auto y arranca, con lo que golpea y prensa al hombre entre los 2 autos. La mujer de la víctima, que era quien grababa, reclama al servidor público quien se defiende que "fue sin querer".

La Policía de Zapopan detalló que el percance ocurrió el viernes a las 09:45 horas en el cruce de Patria y Naciones Unidas, en la colonia Jardines Universidad, afuera de una taquería. "Los oficiales los orientaron para llegar a un acuerdo por medio de sus aseguradoras, quedando de conformidad los involucrados ya que la aseguradora se hizo cargo y extendió pase médico y pase para reparación del vehículo".

El conductor del Jetta, aclaró la policía, se identificó con una credencial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

"Cualquier tipo de violencia es completamente inaceptable, máxime la ejercida contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ni un servidor, ni la institución a la que represento, descansaremos hasta erradicarla. Conoce cómo las y los protegemos en el #PJEJ", divulgó Suro.

El servidor era trabajador activo, por lo que se espera que sea sancionado por esta acción.

Con la presentación de nuevos dictámenes que buscan reafirmar y fortalecer las agravantes del homicidio culposo cometido por Joao Maleck, los abogados de la familia de María Fernanda, la joven que falleció a causa del percance protagonizado por el futbolista, buscarán que le sea dictada una "pena histórica".

Así lo explicó José de Jesús López, quien aseguró que ya se cuenta con los resultados de nuevos dictámenes, que suman alrededor de 30, mediante los cuales se confirma la presencia de alcohol en Maleck al momento del percance, además de reafirmar el exceso de velocidad con el que viajaba cuando ocurrió el incidente.

Lo anterior será expuesto durante la audiencia intermedia, que se llevará a cabo el próximo jueves 23 de enero a las 11:00 horas, en la cual se buscará que se reclasifique el delito (añadiendo los agravantes) cometido por Joao Maleck, buscando que se le impute la pena máxima que el juez determine. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Jalisco, el jugador podría pasar de 3 a 10 años en prisión.

"No se trata solo de pedir perdón, la familia quiere justicia. Esperamos contar con una sentencia favorable y que esta sentencia sea histórica en este tipo de delitos, quien tendrá que valorarla e imponerla serán los jueces", expresó.

Por último, añadió que la familia de María Fernanda no ha sido buscada por los abogados de Maleck para buscar negociar, como anteriormente expresaron los defensores del futbolista, quien se encuentra dentro de la extensión de prisión preventiva, de 4 meses, dictada el 24 de diciembre pasado.

A 6 meses de que el futbolista Joao Maleck recibiera prisión preventiva tras el choque en el que se vio involucrado en el que una pareja de recién casados perdió la vida, se decidió dictar 4 meses adicionales de esta medida cautelar al deportista, según informó el abogado de la madre de una de las víctimas.

"El juez de control dicta un acuerdo con fecha 24 de diciembre a solicitud del agente del MP para ampliar la medida cautelar de prisión preventiva del señor Joao Maleck por otros 4 meses", explicó el abogado José de Jesús López Lucano.

El jurista explicó que se venció el plazo de 6 meses que se contempló en la audiencia inicial del caso, por lo que la defensa del futbolista pidió el pasado 13 de diciembre que se revisara la medida cautelar para este, con el fin de lograr que se lograra una distinta a la prisión preventiva. Sin embargo, el juez decidió que, dado que las condiciones del juicio no habían cambiado, no había motivos para dictar otro tipo de medida cautelar.

López Lucano añadió que actualmente se encuentran a la espera de que se determine una fecha para la audiencia intermedia, la cual es el siguiente paso en el proceso del caso.

El Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco logró que fuera vinculado a proceso el policía investigador que provocó la muerte de una mujer el pasado 21 de diciembre tras chocar la camioneta en la que viajaba en contra de 3 vehículos en Zapotlanejo.

El juez 2o. de Control y Oralidad, Juan José Rodríguez Velarde, concedió prisión preventiva justificada por un año, además de 6 meses para la investigación complementaria.

Sin embargo, la familia de la víctima, Patricia Vargas Ramírez, aún no descarta llegar a un acuerdo reparatorio. De aceptarlo, el juicio concluiría de manera anticipada con la libertad del imputado, José Guadalupe "N".

La defensa pidió al juez que no se decretara prisión preventiva justificada, lo cual negó el juez puesto que durante la detención del sujeto, éste trató en todo el tiempo obstaculizar la justicia al quitarle las placas a su camioneta con ayuda de otros compañeros, se cambió de ropa, se negó firmar su lectura de derechos y evadió la prueba de alcoholemia a tiempo.

Todos estos elementos fueron suficientes para ordenar prisión preventiva por un año de manera justificada puesto que sí tuvo la voluntad de entorpecer su proceso.

La Fiscalía de Jalisco ya investiga la presunta participación de elementos de la Policía Investigadora que al parecer trataron de encubrir a José Guadalupe "N", el integrante de dicha corporación que el pasado 21 de diciembre mató a una mujer en un choque múltiple que éste provocó, informó el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez.

"En torno a este suceso hay la eventual participación de compañeros del imputado de la propia Fiscalía que de alguna manera lo protegieron y difirieron el sometimiento de este sujeto a las pruebas periciales. (...) Sí hay indicios de que compañeros de él lo protegieron y retrasaron su presentación".

Después de hacerse público que el policía conducía en aparente estado de ebriedad y que al parecer compañeros suyos le quitaron las placas a su camioneta para dificultar la identificación del causante, se descubrió que la toma de muestra de alcoholemia se le practicó 9 horas después del hecho, por lo que resultó negativa.

Al respecto, Tamez aclaró que el nuevo sistema de justicia establece que es legal que el presunto delincuente tenga que autorizar la toma de muestra de alcoholemia, aunque no comparte [no está de acuerdo con] este derecho.

"Creo que es absurdo, creo que es un tema que los legisladores tienen que tratar respecto a este sistema penal para que sea más apegado a las necesidades de una sociedad que demanda más justicia".

Homicidio a título de culpa grave, lesiones culposas y daño a las cosas, fueron los señalamientos que le imputaron a José Guadalupe "N", el agente de la Policía Investigadora que el pasado 21 de diciembre ocasionó un choque múltiple en Zapotlanejo en el que perdió la vida la señora Patricia Vargas Ramírez.

El juez determinó darle prisión justificada por 144 horas, mientras se resuelve la vinculación a proceso.

Este martes se llevó a cabo una audiencia en Puente Grande donde el juez 2o. de Control, Juan José Rodríguez Velarde, determinó que la detención fue legal además de que admitió los señalamientos sobre los delitos descritos por el Ministerio Público.

De acuerdo a los argumentos de la Fiscalía, el pasado 21 de diciembre a las 20:30 horas, 3 vehículos particulares se detuvieron en un alto en el cruce de la carretera libre a Zapotlanejo y Camino Real, también llamado Avenida de la Moda.

El de adelante era un Seat Ibiza blanco que tenía detrás a un Nissan March rojo, que a su vez tenía por detrás un Honda Fit Plata. En las declaraciones de los tres conductores, se habían detenido por la luz roja y los tres vieron por el retrovisor que se acercaba un par de luces altas con una camioneta a alta velocidad.

La camioneta, una Dodge Ram 2500 blanca, impactó con la parte de delantera derecha al Fit, que se proyectó contra el March que terminó por dañar en menor medida al Ibiza.

La camioneta dejó una huella de frenado de 27 metros, proyectó 9 metros a los vehículos que impactó y la Ram terminó su marcha 45 metros después, en una tienda de conveniencia.

Alberto era el conductor del Honda Fit. Él declaró a las autoridades que tras el choque bajó de su vehículo y vio que la mujer en el March no se movía; posteriormente fue hacia la camioneta causante donde estaba José Guadalupe "N", quien le dijo. "Me quedé dormido, discúlpenme".

De acuerdo al perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la suma del frenado, el desplazamiento y la distancia que le tomó detenerse después del impacto arrojaron que la camioneta circulaba a 103.18 kilómetros por hora.

La velocidad era más de 43.18 kilómetros por hora mayor que la permitida en ese punto, donde había un señalamiento de 60 kilómetros por hora, además de una señal de zona escolar y un letrero más que indicaba la presencia de un centro comercial en frente.

De acuerdo al Código Penal del Estado, son considerados como agravantes en delitos culposos el conducir a 30 kilómetros por encima del límite; y que ocurran en zonas de concurrencia como escuelas y centros comerciales.

El Ministerio Público exhibió además que al menos 10 personas, entre agentes viales, paramédicos, bomberos y testigos, señalaron que José Guadalupe presentaba aliento alcohólico, que no podía articular palabras y que fue incluso su mujer la que proporcionó los datos del inculpado a las autoridades.

Sin embargo, éste se negó a que le practicaran en ese momento el examen de alcoholemia y se rehusó a firmar la lectura de derechos. Fue hasta las 05:38 horas del día 22 de diciembre, 9 horas después del incidente, que aceptó ser sometido al examen de alcoholemia, el cual resultó negativo.

Solo los dichos de los testigos indicaban que iba alcoholizado, por lo que esto no fue solicitado como agravante por parte del ministerio público.

No obstante, el resto de los elementos, como la velocidad y la zona donde ocurrió, fueron suficientes por el juez para formular la imputación por homicidio a título de culpa grave, lesiones culposas en contra de los otros 4 tripulantes del March, y daño a las cosas sobre los 3 vehículos por un monto conjunto de 164,000 pesos.

La defensa de José Guadalupe solicitó entonces las 144 horas para que el juez decida si lo vinculaba a proceso, por lo que se reanudará la audiencia el próximo viernes.

Sin embargo, el Ministerio Público estimó que no debía quedar libre por lo que solicitó prisión justificada al considerar que, como era un policía investigador, podía obstaculizar la justicia.

Para tratar de evitarlo, la defensa reviró que no existía el riesgo de que el señalado se evadiera de la justicia puesto que tenía 8 hijos, todos menores de edad, y que tenía arraigo en Atotonilco el Alto, donde vivía.

Sin embargo, el juez apuntó que el Ministerio Público ni siquiera estaba cuestionando el riesgo de fuga, sino la probable obstaculización de la justicia y de la investigación.

Los temores de que interfiriera en la investigación tenían su fundamento en que la camioneta que tripulaba José Guadalupe "N" no tenía placas ni engomado, lo que pudo dificultar su identificación; además, de acuerdo a testigos, el hombre se cambió de ropa durante el tiempo en que se atendía el accidente; también se negó a ser sometido de principio a la alcoholemia y a firmar la lectura de derechos.

El Ministerio Público explicó que, por ser parte de la Fiscalía, el sujeto sabía cómo evadir los agravantes o la responsabilidad.

Por tal razón el juez determinó otorgar prisión justificada por 144 horas, hasta que se celebre la audiencia donde se le podrá o no vincular a proceso.

Su defensa solicitó entonces interrogar a los peritos forenses que dictaminaron el hecho vial y los análisis de alcoholemia, lo que admitió el juez.

Marco Arévalo, hijo de la víctima, manifestó que previo a la audiencia, la defensa de José Guadalupe "N" les propuso una salida alterna por reparación del daño. "Nada más nos preguntaron y la respuesta fue 'no', hasta que se desahogue la audiencia". Discutirán esa posibilidad con el resto de la familia.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos> abrió una investigación para indagar si hubo violaciones cometidas por los otros elementos de la Fiscalía Estatal.

El gobernador Enrique Alfaro aseguró que el agente involucrado recibirá un "castigo ejemplar", misma suerte que correrán sus compañeros si comprueban que trataron de encubrir la "irresponsabilidad". Dijo, además, que dará un seguimiento personal al caso.

Una persona falleció y 3 más resultaron lesionadas en el caso. Elementos de la Fiscalía llegaron y, tras el choque, intimidaron a familiares de la víctima para que no captaran imágenes.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que separó de su cargo al elemento involucrado en el incidente vial que ocurrió la noche del sábado y en el que una mujer perdió la vida.

De acuerdo con el comunicado, la decisión se tomó "una vez que los órganos de control interno analizaron la situación, así como el actuar del elemento".

Fue la contraloría interna quien notificó al elemento sobre la separación de su cargo, mismo que tendrá que enfrentar ahora el proceso que se sigue en su contra por sus acciones.

Anoche, en el kilómetro 161 de la carretera Libre a Zapotlanejo, a la altura de la Macroplaza, en ese mismo municipio, los vehículos se encontraban esperando la luz verde del semáforo para avanzar. Sin embargo por detrás llegó una camioneta Dodge Ram en color blanco modelo 2016 impactando contra 3 vehículos, de acuerdo con los afectados y con la Policía de Zapotlanejo.

Además, la dependencia detalló que Contraloría Interna, así como Visitaduría Interna, abrieron un proceso administrativo para revisar el actuar de todos los servidores públicos que participaron en los primeros momentos de este hecho, para determinar si cumplieron o no con los protocolos de actuación.

Pues, hijos de la víctima acusaron que fueron amedrentados por los elementos de la Fiscalía Estatal, quienes acudieron al punto y le quitaron las placas a la camioneta en la que viajaba el señalado como responsable.

"De encontrarse alguna irregularidad por parte de alguno de los involucrados se tomarán por parte de los órganos internos las acciones correspondientes y se actuará en consecuencia", afirmó el organismo.

La mayoría de los vehículos propiedad de la Cámara de Diputados son manejados violando reiteradamente el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, acumulando hasta la fecha, en total, 305 infracciones por circular a exceso de velocidad, sobre carriles exclusivos para el transporte público, burlar semáforos, estacionarse en doble fila o lugares prohibidos y ser conducidos por el piloto utilizando al mismo tiempo el celular, entre otras faltas.

Automóviles y motocicletas de la cámara rebasan la docena de infracciones, con casos que llegan hasta 21 faltas por unidad; además, otros vehículos tienen multas pendientes de pago.

En sus informes públicos en internet, el órgano legislativo no ha actualizado desde 2010 el número de vehículos que posee, siendo la última cifra 150. Sin embargo, de acuerdo con la licitación pública nacional HCD/LXIV/LPN/14/2019 sobre el Seguro de equipos automotrices propiedad de la Cámara de Diputados, hoy cuenta con 71 vehículos.

38 de los automóviles, camionetas y motos han acumulado faltas en los últimos años. Por ejemplo, la Chevrolet Cruze 2012 con placas 380-YRU ha acumulado 21 multas por conceptos que van desde exceso de velocidad o, la más reciente, del 6 de junio pasado, por circular en el carril de contraflujo del transporte público, misma que todavía está pendiente de pago.

Además del sedán, también la camioneta Toyota Corolla 2014, con placas 791-ZTR tiene pendiente de pago una multa correspondiente al 24 de abril de 2019 por no respetar los límites de velocidad; el sedán Cruze 2012, con placas 872-YFP, tiene otra del 11 de mayo pasado por no respetar los límites de velocidad; y la motocicleta Suzuki 2012, con matrícula G-91-ZD, adeuda una multa del 30 de julio de 2018 por ser conducida sin encender los faros.

Otro sedán Cruze 2012 acumula 17 multas, la mayoría, al igual que en todos los casos, por no respetar los límites de velocidad, pero también por obstruir las vías de circulación o por invadir la zona de cruces para peatones durante un semáforo en rojo.

El promedio general de multas en los 38 vehículos y motocicletas es de 8 por unidad. La mayoría tuvieron lugar entre 2012 y 2019; los autos infraccionados este año son, por ejemplo, la camioneta Eurovan VW con placas 922-WGD, la Jeep de matrícula T86-AJP y la Cruze con placas 798- XWP, entro otros.

De acuerdo con información recabada en la Cámara de Diputados, los 38 automóviles son una prestación exclusiva para altos funcionarios de la cámara, como directores de área, pero la mayoría son personal que llegó con la administración de Morena.

Familiares de María Fernanda Peña Álvarez-Ugena, la joven que perdió la vida el pasado 23 de junio, luego del choque que protagonizara el futbolista Joao Maleck, informaron este jueves que no negociarán con los abogados mediante justicia alternativa y por el contrario, buscarán que se quede en la cárcel.

"Esto fue un homicidio de 2 personas inocentes, que aunque pretendan suavizar su sentencia quitando agravantes, de cualquier manera esto es un homicidio y considero que este sujeto debe quedarse en la cárcel... Ni aunque me dieran mil millones, la vida de mi hija no tiene precio", sentenció Martha Álvarez-Ugena, madre de la joven.

Por ello, pidieron a la ciudadanía que pueda aportar todas las pruebas posibles, con la finalidad de integrarlas al caso y se busque justicia, ya que consideran, los peritajes se hicieron "al vapor" y fuera de tiempos.

Alma Chávez, presidenta y fundadora de la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial, indicó que han recibido mensajes en los que ofrecen material a cambio de dinero, sin embargo, dijo, no se trata de obtener algún beneficio, sino de poder apoyar a los familiares ya que actualmente no hay un solo responsable que haya pagado por la muerte de alguna víctima vial.

Señaló también que ya se han hecho análisis adicionales sobre la velocidad a la que conducía Maleck, así como de la prueba de alcoholemia retroactiva, mismos elaborados por especialistas en dichos temas y los cuales pedirán sean añadidos a la carpeta de investigación.

"Autoridades de Jalisco, tienen en conciencia hacer lo correcto con este asesino y paguen con cárcel los años que le correspondan, o quedar como los gobernantes y funcionarios corruptos, vendidos, injustos ante en todo el mundo", añadió Martha.

Por último, hicieron un llamado a Eduardo Márquez, copiloto que viajaba en el vehículo que conducía el futbolista, para que, al momento que sea citado por las autoridades, pueda declarar la verdad de lo ocurrido, pues "ya se han hecho muchas omisiones en el caso y esto no puede quedar impune".

En caso de tener fotografías, videos, testimonios o cualquier elemento que pueda servir como prueba sobre el choque del 23 de junio, los familiares de la joven piden hacerlos llegar de manera anónima a los correos electrónicos honrandoafernanda@gmail.com y justiciaparaalexyfer@gmail.com.

José Eduardo Márquez presumiblemente estaba junto a Joao Maleck durante el accidente en el cual fallecieron 2 personas en Guadalajara.

El joven de 18 años de edad fue señalado por los familiares de María Fernanda Peña Álvarez, una de las víctimas del 23 de junio, como el copiloto de Maleck, quien se encuentra en prisión preventiva.

Márquez también aspiraba a convertirse en futbolista profesional en el CEFUT (Centro Europeo de Futbol), al cual ya no pertenece.

José Eduardo no ha declarado ante la Fiscalía de Jalisco sobre su presunta presencia en el accidente que mató a Peña Álvarez y su esposo, Alejandro Castro, según los abogados de los familiares.

Hasta el momento, Maleck permanece en prisión preventiva, a la espera de que sus representantes legales lleguen a un acuerdo económico para que termine su juicio.

"Por más que hagamos, si la Fiscalía quita elementos, es ir contra la marea. Es mucha porquería con leyes injustas, gente corrupta, amanecí muy mal, simplemente no entiendo".

Fue el mensaje que recibí el fin de semana de una prima de Alejandro, quien falleció junto con su esposa Fernanda en un accidente automovilístico hace una semana. Más que concientizar sobre la falta de autoridades competentes que planten cara en casos de esta naturaleza, cuestionar la inexistencia de campañas masivas sobre las consecuencias de manejar alcoholizado, parece que la ciudadanía se perdió en el juego de roles de "Cuestión de escrúpulos": "Si fuera tu hijo el futbolista, ¿no lo defiendes con todo?", "si fueras los papás de la pareja, ¿mejor te resignas?". Y así, podría llenar este espacio con planteamientos estériles que nos alejan de la realidad que todos podemos padecer, pese a que las autoridades se empeñen en repetir hasta el cansancio que debemos confiar en nuestras instituciones y que tenemos que arrancar la corrupción desde la raíz.

Este caso era la oportunidad para hacerlo distinto, no para defender lo indefendible ni dejar dudas, no para simular que se integra una investigación apegada a los protocolos cuando los que estuvimos ahí, en el lugar de las 2 muertes y la impunidad, vimos lo contrario.

La escena fue por momentos un circo, un cruel espectáculo. Una falta de respeto a la dignidad y violación a la intimidad y dignidad de las víctimas. Muchos vecinos captaron con su celular las imágenes. El acordonamiento en la escena era mínimo. Un bombero de Zapopan era el que se acercaba a llamar la atención a los morbosos. Fueron los policías de ese municipio los que acordonaron el lugar, un conductor lo rompió con su automóvil porque llevaba prisa. Así era el nivel de control.

Nadie me lo dijo, yo misma presencié el momento en el que un vecino le dijo al agente investigador de la Fiscalía, "pregúntenle a aquella señora, ella le ayudó al conductor del carro deportivo a sacar botellas de vino". Justo en ese instante el policía recibe el mensaje de radio comunicación: "Negativo", después hablaron en claves. Le pregunté ¿eso qué significa? "Que las cámaras del municipio y del estado, no funcionan". Días después se difundió el fragmento de un video de una de esas cámaras. Extrañamente no aparecen esos elementos clave de los que todos hablaron y no se tomaron en cuenta para integrar una agravante.

El acompañante del futbolista con la capucha de la sudadera cubriendo la cabeza, veía a la distancia lo que ocurría. Cerca, otro vecino sacaba de su chaleco y presumía como trofeo "mira lo que me voy a llevar", era el caballo emblema del Mustang.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ya se busca un ajuste en los protocolos con el objetivo de evitar impunidad en casos como el del pasado 23 de junio, donde el futbolista Joao Maleck impactó un auto donde viajaba una pareja de recién casados que falleció, mientras manejaba presuntamente alcoholizado.

"Hoy, en la mesa de seguridad, tomamos la decisión de estudiar el tema. Le encargamos al fiscal (Gerardo Octavio Solís) poder presentarnos una propuesta de ajuste", informó Alfaro.

Además, el mandatario señaló que, pese a la sentencia lograda el viernes, donde el juez vinculó a proceso al futbolista de 20 años por los delitos de homicidio culposo y daño a las cosas, pidió al fiscal reforzar los trabajos de investigación sobre el caso.

"Por lo pronto (Maleck) está en la cárcel. Yo creo que ese es un 1er. avance importante. Era fundamental lograr ese 1er. paso, pero necesitamos reforzar todos lo elementos de los que disponemos para dar la mejor defensa posible. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance, pero será responsabilidad de los jueces determinar la sanción correspondiente", explicó.

El 30 de junio, el juez también decretó 2 meses para concluir la investigación complementaria y celebrar la siguiente audiencia. Sin embargo, la defensa solicitó suspender el proceso 30 días para buscar una solución en el Instituto de Justicia Alternativa. Esto dejaría la posibilidad de suspender el proceso en 30 días o menos, según se llegue a un acuerdo con los familiares de las víctimas, lo que concluiría con la libertad de Maleck tan pronto ocurra.

En redes sociales, el gobernador expresó que "acompañaremos a los familiares de las víctimas en todo momento, no están solos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, con la ley en la mano, para que haya justicia. Pero también, hay que decirlo, respetaremos la decisión que las familias tomen en el curso del caso, ya sea a través de una salida alterna o hasta de un juicio, en el que se dicte sentencia".

El caso del futbolista Joao Maleck superó cualquier previsión surrealista de la impartición de justicia. El juez desestimó la prueba de alcoholemia porque los peritos la aplicaron cinco horas tarde. Contra toda previsión, la Fiscalía tampoco acreditó ante el juzgador el exceso de velocidad del auto conducido por el deportista. De las únicas 2 agravantes posibles, el Estado fue incapaz de acreditar una solo, por lo que el accidente se encuadra como un homicidio culposo simple.

Los familiares de la pareja de recién casados enfrentan un dilema. Dar una batalla jurídica perdida y que Maleck pase sólo unos meses en la cárcel sin enfrentar un castigo ejemplar. O aceptar la reparación del daño y recibir dinero a cambio de la vida de María Fernanda y Alejandro.

La impartición de justicia en esta ocasión no es responsabilidad exclusiva del poder judicial como señaló el gobernador. La Fiscalía de Jalisco, con una carpeta de investigación desaseada y débil, es la 1a. responsable.

Por eso muchos se preguntan, ¿qué hará el gobernador con su Fiscalía del Estado? El discurso de culpar a otro poder en esta ocasión es insostenible.

El futbolista se encierra en fama y dinero. En pocos años, pasa de un hogar humilde a una mansión. De moverse en autobús a hacerlo en un Mustang. De rodearse de los "amigos de la cuadra" a conducir con súper modelos a un costado. Jóvenes de 19 años que pueden comprar lo que quieran; pueden hacer lo que quieran; pueden beber y consumir lo que gusten. Y no sólo eso, existe un sistema construido para proteger a los famosos y a los poderosos. No importan las víctimas, sino salvar la reputación del prestigiado. Y el sistema me refiero a lo público y lo privado.

Joao Maleck asesinó a María y a Alejandro. Una pareja de recién casados que tendría el domingo 23 de junio su celebración de matrimonio. El futbolista, perteneciente a Santos y que juega cedido en el Sevilla Atlético, conducía en estado de ebriedad un Mustang blanco y arrolló a la pareja cerca de las 9 de la mañana del mismo domingo. Joao llevaba toda la noche de fiesta. Los videos muestran como el jugador ni siquiera es capaz de detenerse en un reductor de velocidad y se lleva en un instante la vida de María y Alejandro. Todo lo anterior y todo lo posterior es la radiografía perfecta de una tragedia.

La intervención de la autoridad, posteriormente, delinea irregularidades, omisiones y fallas. 1o., al jugador le realizan la prueba de alcoholemia 5 horas después de la colisión. Tiempo suficiente para que el alcohol desaparezca de la sangre y se reduzca el nivel en orina. La pregunta es: si el jugador tenía 50 miligramos en orina a la hora del homicidio, ¿cuánto hubiera marcado a las 9 am? ¿150-200? ¿Cuánto hubiera habido en sangre? El fiscal dice que se siguieron escrupulosamente los protocolos. Gerardo Octavio Solís señala que de haber hecho la prueba in situ, los abogados del jugador hubieran podido pedir la invalidación. Sin embargo, no deja de ser difícil de explicar que en los "toritos" se hagan pruebas sin abogados todo el tiempo y en este caso sea ineludible seguir a rajatabla hasta las más pequeñas especificaciones de la ley.

El jugador fue llevado a la Cruz Verde de las Águilas y luego trasladado al Santa María Chapalita. En esas horas, se limpió. Una táctica de sus abogados para ir lavando su imagen y poder llegar al juicio con mejores condiciones. Lamentablemente, la ley y los protocolos protegen más a los victimarios que a las víctimas. En la escena del delito, denuncian los familiares, hubo intervenciones injustificables. Vecinos, conocidos del jugador, quitaron botellas para maquillar el crimen. Y todo esto fue consecuencia del retraso de quien sería 1er. interviniente. Un contraincentivo que produce el nuevo sistema de justicia penal es que nadie quiere ser el 1o. en llegar a la escena del delito. En no pocas ocasiones, la Policía Vial prefiere voltear para otro lado.

Es cierto que la tragedia provocó una gran indignación social. La Fiscalía tuvo que escarbar por doquier para que el juez determinara la prisión preventiva. Incluso, el gobernador tuvo que pedirle al poder judicial responsabilidad frente a un caso icónico. Al final, Joao Maleck tendrá que enfrentar su proceso desde su prisión. Tiene la salida de acordar con la familia y encontrar una solución consensuada. Sin embargo, la pregunta es: ¿Qué nos garantiza que una tragedia así no se vuelva a repetir? ¿No está hecho el sistema para que cada fin de semana vivamos desdichas así?

El 1er. responsable de la tragedia es Joao Maleck. Un irresponsable que decidió conducir en grave estado de ebriedad sin importar las consecuencias. Todos debemos hacernos cargo de nuestras decisiones. Sin embargo, las cosas no acaban ahí. Existen responsabilidades en todos los niveles de gobierno y en las empresas. Municipios que son incapaces de regular a los bares, antros y prostíbulos. Ministerios públicos que no intervienen como deberían. Policías que por una mordida dejan ir a un borracho...

La defensa del futbolista Joao "N", quien está señalado por la muerte de una pareja de recién casados, logró revertir 2 agravantes en los señalamientos en su contra por homicidio culposo. Esto, derivado de los peritajes que determinaron que la velocidad del vehículo era "no menor" a 70.7 kilómetros por hora, y a que la prueba de alcohol se la practicaron en orina y no en sangre.

Durante la audiencia de vinculación a proceso se debatió que la velocidad a la que Joao conducía superó por más de 30 kilómetros por hora el límite establecido. La defensa sostuvo que donde ocurrió el percance no hay señalamientos, y según la Ley de Movilidad, cuando eso ocurre la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. Así, se argumentó que Joao "N" iba a sólo 20.73 kilómetros arriba del límite.

Sobre la presunción de que estaba alcoholizado, el argumento fue que el examen resultó negativo y que sólo se halló alcohol en la orina, lo que no demostraba que se excediera de lo que exige el Código Penal.

No obstante, el juez de control, Juan José Rodríguez Velarde, consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público sí demostraban la presunta responsabilidad por homicidio culposo, por lo que lo vinculó a proceso por ese delito y por daño a las cosas, sin los agravantes.

Al final, la defensa solicitó 30 días para buscar una solución en el Instituto de Justicia Alternativa (IJA). La meta: lograr un acuerdo con los familiares de las víctimas, lo que abre la posibilidad de que el ex jugador del Sevilla salga libre en menos de un mes, pero sólo si las familias aceptan la reparación del daño, que según la póliza del seguro del auto, es de 3 millones de pesos.

Aunque el Ministerio Público trató de que se calificara como grave el delito de homicidio culposo en contra Joao "N", esto no se logró debido a las fallas en el trabajo de los peritos, lamentó Eulogio Ordóñez, asesor legal de la familia de María Fernanda, una de las 2 víctimas del percance en el que se involucró el futbolista el domingo pasado.

"El Ministerio Público ordena ciertas periciales y el Instituto de Ciencias Forenses es el que hace esta pericial", por lo que, dijo, las fallas estuvieron en sus dictámenes.

En el caso de la prueba de alcoholemia, reprochó que no se le tomara la muestra en el momento, mientras que en el dictamen de la velocidad del vehículo (que resultó que no excedía en 30 kilómetros por hora el límite en la zona del accidente) se debió ser más cuidadoso.

Ahora sabemos que una omisión de la Fiscalía del Estado ha dejado con un pie afuera de la cárcel al futbolista. Los peritos le aplicaron la prueba de alcoholemia 5 horas después del choque fatal. Dio negativo, naturalmente, pese al alarde en redes sociales del deportista y su ingesta de alcohol en un antro la víspera.

Pero no fue la única negligencia de la Fiscalía de Jalisco.

La imputación formulada por el Ministerio Público en la carpeta de investigación 64766/2019 soslaya otro agravante que estipula el Código Penal del Estado de Jalisco: cuando el accidente de tránsito se registra cerca de "lugares de culto público". El choque ocurrió el domingo cerca de 5 iglesias, todas a una distancia de entre 300 y 500 metros, en horario de culto. 5 minutos antes de las 9 de la mañana, momento del siniestro, al menos 500 devotos salían o llegaban a misa, según estimaciones de los encargados de cada uno de los templos.

El artículo 63 del Código Penal del Estado estipula una pena de 4 a 10 años de prisión si se comete un homicidio culposo (imprudencial) en un hecho vial y se cumplen 2 o más de las siguientes circunstancias:

I. Conducir a más de 30 km/h
II. Cuando se comete cerca de hospitales, escuelas en hora de entrada o salida, o lugares de culto público (iglesias o templos).
III. Se conduzca en sentido contrario o se invadan zonas peatonales.
IV. El inculpado haya cometido antes otros delitos culposos en hechos de tránsito.

La Fiscalía de Jalisco sólo imputó el 1er. agravante en la audiencia inicial: conducir a más de 30 km/h. Pero el Código Penal del Estado marca que deben cumplirse 2 o más de las circunstancias antes enlistadas. No especifica qué ocurre si sólo se cumple una. Inferimos que el Ministerio Público provoca, intencionalmente o por descuido, un vacío legal que quedará a criterio del juez.

No obstante, si en el alegato se incluye la cercanía de los templos, en los términos aquí planteados, se cumplen las dos agravantes necesarias para exigir al juez hasta 10 años de cárcel para Maleck.

Porque la otra agravante, conducir bajo los influjos del alcohol, que por sí sola se castiga con hasta 10 años de cárcel, se diluyó en las 5 horas que tardaron en aplicarle la alcoholemia al deportista.

Familiares de María Fernanda señalaron que las autoridades encargadas del caso manipularon las pruebas de alcoholemia así como el peritaje de la velocidad del auto del futbolista.

"Los abogados del 'asesino' están presentando pruebas falsas, como un video cortado diciendo que iba a 70 kilómetros por hora. (También) Se le tomaron las pruebas de alcohol después de 8 o 12 horas y se le suministró una sustancia para borrar evidencias en exámenes de orina y sangre", indicó Cristina Álvarez Ugena, mamá de María Fernanda. "Exijo se investigue a los fiscales que están dando por ciertas estas pruebas: son falsedades" agregó.

El primo de la fallecida, Cesar Peña, indicó que, al ser el causante una figura pública, "hay muchos hechos y noticias de por medio, por lo que solicitamos a las autoridades usar su poder para el bien y que este caso no quede impune".

También, expresó que las condolencias recibidas del gobernador, Enrique Alfaro, y de Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, lugar donde ocurrieron los hechos, no aseguran que en realidad estén apoyando su causa.

Además, apuntó que confían en la justicia, pues en un evento que se volvió noticia internacional no se puede mentir y manipular la información.

"El no defenderlo es una falta de respeto a la sociedad, que quiere justicia. Exigimos peritos no manipulados", dijo.

Cristina resaltó que la empresa Chevrolet, marca del auto en el que se transportaban los recién casados, hicieron un pronunciamiento donde indicaban que un auto que se le impacta a 70 km/h, como arrojaron los peritajes, no podía causar tal daño.

"Mañana le dictan pre sentencia a este sujeto y podría salir libre. Pido justicia y no más impunidad", expuso.

Eulogio Ordoñez Méndez, uno de los asesores legales, detalló que las pruebas, como los videos que rondan en redes sociales, forman parte de la carpeta de investigación. Mencionó, también, que ya se busca al hombre que aparece en el 2o. video.

Todo conforme al protocolo. En palabras de Gerardo Octavio Solís Gómez, las 5 horas que el Ministerio Público tardó en hacerle la prueba de alcoholemia a Joao Maleck están dentro del protocolo. Porque hay que estabilizar al lesionado, solicitar a los peritos y esperar a que el abogado del inculpado esté presente porque si no se "vicia el expediente".

Esto sólo significa una cosa. Bajo esa maraña burocrática no hay forma de que un inculpado en un accidente vial con alcohol de por medio dé positivo en una prueba.

El año pasado hubo 100 muertes por mezclar alcohol y volante. ¿De cuántos Joao Maleck y de cuántos Alejandro y Fernanda no hemos contado su historia?

Sobre las cerca de 5 horas que pasaron entre el choque y la toma de pruebas al conductor, el fiscal Gerardo Octavio Solís dijo que siguieron los protocolos establecidos.

Detalló que el examen toxicológico, así como de alcoholemia y alcoholuria se ordenaron luego de que el Ministerio Público contaba con el registro del incidente.

Además, explicó que la toma de la muestra debe hacerse con la anuencia y en presencia del abogado. De lo contrario, "se vicia el dictamen" para efectos del juicio. Posible libertad.

Un juez determinó ayer 6 meses de prisión preventiva en contra de Maleck, por los delitos de homicidio culposo grave y daño a las cosas por el choque del domingo.

Solís destacó hoy que esa decisión del juez se trata de algo que no se había logrado antes y que buscarán fortalecer las pruebas para lograr la vinculación a proceso.

Sin embargo, reconoció la posibilidad de que el acusado pueda enfrentar el juicio en libertad o llegar a un tipo de acuerdo, según las garantías otorgadas a las personas a disposición de un juez.

Respecto a señalamientos de que testigos retiraron botellas del lugar del choque, del choque, el fiscal dijo no tener conocimiento sobre la alteración de la escena.

El caso del futbolista Joao Maleck despierta muchas dudas entre especialistas. La diferencia entre procesarlo con un grado de alcoholemia y sin él es abismal. Por eso muchos leen la prisión justificada concedida por el juez -por riesgo de fuga, no por la gravedad del delito- como un dulcecito para apaciguar al respetable.

Durante la lectura de cargos ayer, la Fiscalía del Estado dejó sólo un agravante menor para sumarlo al homicidio culposo de la pareja: conducir a más de 30 kilómetros por hora. Eso le abre al futbolista la puerta para salir, vía procedimiento abreviado, mucho antes de lo que imaginamos.

Las otras agravantes, además del alcohol, como negarse a una prueba o que el lugar del accidente haya sido cerca de zonas de concurrencia como escuelas u hospitales, nada de eso quedó asentado.

En resumen, una acusación inicial descafeinada, con ganas de que las cosas se arreglen lo más pronto con la apariencia de que se ha hecho todo lo posible.

6 meses de prisión preventiva fueron decretados en contra de Joao "N" tras ser señalado por los delitos de homicidio culposo grave y daño a las cosas, derivados del choque, en Tepeyac y Playa de Hornos, en Zapopan, contra el auto de una pareja de recién casados, quienes perdieron la vida.

Juan José Rodríguez Velarde, juez de Control y Oralidad en el Distrito I, consideró válidos los argumentos del Ministerio Público, que expuso que existía el riesgo de que el futbolista evadiera la justicia durante su proceso.

Los agentes advirtieron que, al ser un deportista que ha pasado los últimos años en el extranjero, podría salir del país u ocultarse en otra entidad para evitar el juicio.

La audiencia comenzó poco antes de las 10:00 horas de ayer. Un guardia de seguridad del fraccionamiento que se ubica frente al lugar en el que ocurrió el percance y un peatón que iba a misa ofrecieron sus testimonios.

Ambos refirieron que alrededor de las 08:45 horas del domingo escucharon un sonido "potente" de motor que los hizo voltear. El 1o. dijo que vio un Mustang blanco que se acercaba a unos 140 kilómetros por hora. El 2o. compartió que iba a más de 100.

Los 2 coincidieron en que el auto no frenó en ningún momento, sino que se impactó de lleno en contra del Aveo gris, donde viajaban las víctimas. Este vehículo iba a unos 35 kilómetros por hora, pues pasaba un tope.

El guardia comentó que se acercó al Mustang y vio a Joao "N" al volante. Compartió que incluso él lo bajó del coche. Con estos elementos se decidió la aprehensión legal.

Ayer en Puente Grande se llevó a cabo la audiencia para determinar si la detención del futbolista fue legal y para definir los cargos por los que se le acusó.

Para justificar que conducía ebrio, el Ministerio Público tomó como elemento de prueba los resultados de la prueba de alcohol.

Sin embargo, se mostró al juez lo relacionado con muestras de orina, que resultaron en 50 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre.

Esta medida no está considerada en el Código Penal como agravante, pues sólo la prueba de alcoholemia o su equivalencia en la de aliento pueden revelar el nivel de intoxicación en una persona.

El toxicólogo Javier Álvaro Barriga Marín, quien participó en las discusiones previas a los exámenes de alcoholemia en Jalisco, enfatizó que la "peor muestra biológica" para determinar el nivel de alcohol es la orina.

Acentuó que la persona que permitió la toma de la muestra de orina en lugar de sangre lo hizo con dolo.

"Cualquier policía lo sabe, no está legislado ni está aconsejado a ningún policía que mida alcohol en la orina", dijo el especialista.

La credibilidad de la Fiscalía del Estado está a prueba. Familiares de la pareja que murió en el choque en donde está involucrado el futbolista Joao Maleck han criticado el actuar de la institución.

El caso ha encendido también las redes sociales y la historia cada vez está más mediatizada. La familia de las víctima asegura que el peritaje establece que el auto del futbolista iba a 70 kilómetros por hora.

Sin embargo, ante el video proporcionado por la familia -que NO obtuvo el ministerio público-, ellos y usuarios en redes cuestionan si es una velocidad creíble. También criticaron que la alcoholimetría se le hizo a Maleck "horas después", según Gerardo Octavio Solís.

Pero además la Fiscalía reveló en un 1er. momento que la prueba de alcohol se le hizo en la orina -cuando la ley señala que debe aplicarse en la sangre o vía aliento por ser más confiable-. 2 horas más tarde precisó que la prueba de alcohol en la sangre dio negativo.

La Fiscalía tiene que actuar con transparencia para no repetir la historia del sexenio de Emilio González Márquez cuando el hijo del vocero estatal, Fernando Arias, libró una prueba de alcoholemia horas después de embestir y matar a un joven en Avenida Juárez y Enrique Díaz de León.

La cruz aún está en esa esquina y también la petición de justicia de la familia de Néstor Alan.

"Esta situación de que haya sido una persona famosa nos favorece y nos desgracia, porque nos ayudó a que la historia tuviera más impacto, pero nos desgracia porque con las posibilidades que este sujeto tiene, cualquier fianza le queda chiquita, es injusto", advirtió Haydé Hernández, una de las familiares de Alejandro y María Fernanda, quienes murieron este domingo cuando los embistió el futbolista Joao "N" [Maleck] en su auto."

La familia teme que por ser un sujeto influyente y de poder económico, la justicia no actúe sobre esta persona, quien se presume incurrió en homicidio culposo con los agravantes de conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

Las demandas de la familia son que no se permita que Joao "N" salga del país, pues si paga una fianza para enfrentar su proceso en libertad puede salir del país y evadir la acción de la justicia. Exigen que cuando menos le quiten el pasaporte para que enfrente las consecuencias.

Alejandro y María Fernanda contrajeron matrimonio civil la tarde del viernes y el sábado tuvo lugar su ceremonia religiosa. La fiesta estaba planeada para el domingo, así que Alejandro y María Fernanda se quedaron en la casa de una tía en la colonia Moctezuma. La mañana del domingo ambos salieron temprano para llegar a la cita de maquillaje de ella. "Él la estaba llevando, y no habían pasado ni dos cuadras de la casa de mi tía cuando los sorprendió el accidente y perdieron la vida".

La familia no se percató del hecho, ocurrido en Tepeyac y Playa de Hornos, sino hasta que la maquillista contactó a los padres de María Fernanda después de que no llegaron a la cita.

"Se comunica con los papás de Fer y ellos se comunican con mis tíos, mis tíos no logran contactarlos porque no responden las llamadas y mi tío decide salir a ver cuál era la ruta que habían tomado. No pasa ni dos cuadras cuando los encuentra en el accidente".

El conductor del auto Ford Mustang ya no se encontraba en el lugar del accidente, pero les informaron los testigos que conducía en tal estado de ebriedad que ni siquiera pudo escapar. "Estaba tan borracho que no podía ni moverse ni hablar, no tanto por el accidente sino como venía". Los paramédicos lo trasladaron a la Cruz Verde Las Águilas, donde quedó detenido.

La familia se enteró a través de las redes sociales que el conductor, Joao "N", era un futbolista del equipo español del Sevilla.

"Ya no podemos regresarle su hijo a mis tíos ni su padre a mis sobrinos, mínimo que se haga justicia por nosotros, por los que vienen detrás y por los que vienen después. ¿Cuántos casos como estos no quedan impunes?".

El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, justificó a los policías investigadores de la dependencia que dispararon ayer miércoles contra el vehículo del regidor de Tlaquepaque por Morena, Alberto Alfaro, asegurando que actuaron bajo protocolo.

Indicó que la manera de conducir del regidor al huir de los oficiales puso en riesgo a la ciudadanía, pues incluso circuló por algunas cuadras en sentido contrario.

"Ante esa circunstancia y cuando se advierte que se encontraba en riesgo la propia población es que se procede de esa manera. La policía está habilitada para tomar decisiones en el lugar de los hechos y así se tomó", dijo.

Agregó que ante la negativa del regidor a ser inspeccionado y luego de los hechos ocurridos ayer en Tlaquepaque, se aseguró el vehículo [Mercedes Benz] y se abrió la carpeta de investigación correspondiente.

"Vamos a proceder en consecuencia, aquí no hay distinguidos. La policía trabaja duro en todos los sentidos, trátese de cualquier servidor público, que son en este caso quien más colaboración deben de tener con los policías", añadió.

Señaló que además se investigará la autenticidad del permiso que Alberto Alfaro llevaba dentro del vehículo el cual aseguró le permitía circular sin placas, además de verificar la procedencia del automóviles y citar al regidor para que presente su declaración sobre lo ocurrido.

El miércoles, luego de lo ocurrido, el regidor compartió un video en el que aseguró huyó de los oficiales al creer que lo iban a secuestrar, pues la unidad que le marcó el alto en el cruce de la avenida Dr. R. Michel y Salvador López Chávez, no portaba logotipos de alguna institución policial.

"En ningún momento ni siquiera bajaron la ventana para identificarse. Cuando empezó la persecución yo temía por mi vida y me dirigí en mi vehículo a San pedro Tlaquepaque. Cuando llego a la avenida Juárez estos señores empiezan la balacera, me dieron balazos en la cajuela, en el asiento, en el tablero. Estos señores me tiraron a matar", expresó Alfaro.

Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo, ofreció disculpas, luego de que fue captada en una moto que circulaba en sentido contrario en el Zócalo capitalino.

La funcionaria aceptó su falta vial al señalar que "los servidores públicos, con mayor razón, debemos cumplir con los reglamentos y la ley en todo momento".

Hoy vence el plazo para que los policías asignados como escoltas a funcionarios y exfuncionarios se reporten a sus corporaciones tras la aprobación de la nueva ley que regula este servicio del estado.

Una vez que la autoridad tenga la lista completa, el Consejo Estatal de Seguridad deberá emitir un dictamen por cada uno de los beneficiados con servicio de custodia oficial, y determinar cuántos les corresponde a cada uno.

La nueva norma fija un tope de máximo 18 custodios oficiales para el exgobernador y la misma cantidad para el exfiscal, así como un máximo de 2 autos blindados cada uno.

Esperamos con ansia la lista de guardaespaldas con cargo al erario asignados a exservidores públicos hasta antes de la nueva legislación.

Recuerden que se llegó a asegurar que el exfiscal Eduardo Almaguer tenía decenas de custodios a su servicio. Él lo negó, ¿pero aguantará la prueba del ácido? También será interesante saber los beneficios que tenían el otro exfiscal, Raúl Sánchez, y Roberto "Chino" López.

Con el voto en contra de los diputados del PRI, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó la Ley del Servicio de Protección para el Estado y sus municipios que regulará la asignación de escoltas oficiales a funcionarios.

Así, el Consejo Estatal de Seguridad Pública elaborará dictámenes de riesgo para definir cuántos elementos de seguridad se asignan a los funcionarios que requieran protección. Sobree los particulares que tienen escoltas oficiales, deberán solicitar el servicio al Consejo y contar con el dictamen técnico de necesidad. Además de pagar sueldos y prestaciones del personal asignado.

"Debe haber una declaratoria de protección que establecerá el número de oficiales, la temporalidad y el costo ya sea que se cubra o no por el estado", explicó el diputado Héctor Pizano. La ley retoma una iniciativa de reforma que impulsó el ex diputado Augusto Valencia, pero que vetó el gobernador Aristóteles Sandoval.

La legislación específica que son sujetos de protección el gobernador, el secretario general, el fiscal estatal, el secretario de seguridad, fiscal regional, el encargado de reinserción social, el coordinador general de seguridad, el presidente del Supremo Tribunal y el secretario de Transporte.

La legislación pone un "tope" al número de escoltas oficiales asignados a ex funcionarios, el máximo será 18 elementos que podrán tener ex gobernadores y ex fiscales; además de 2 vehículos blindados.

La coordinadora de la bancada del PRI, Mariana Fernández, criticó que la regulación imponga topes al número de escoltas para ex funcionarios.

En el caso de los municipios se instruye a los ayuntamientos regular la asignación de elementos municipales como escoltas. El incumplimiento de la regulación se considerará abuso de autoridad y se incluyó en el Código Penal estatal. La legislación entra en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial.

Se da plazo de 2 meses para que el gobierno estatal modifique sus reglamentos para cumplir con las disposiciones. A quienes actualmente cuentan con protección por parte del estado, les dan 10 días de plazo para solicitar la continuidad del servicio. Los elementos que actualmente estén asignados como escoltas deben reportarse ante la Secretaría de Seguridad con su armamento y vehículos.

A martillazos en el cristal de un vehículo, guardias de seguridad del juez Edgar Tello, actualmente juez 5to. Auxiliar Especializado en Materia Familiar, con sede en Jalisco, intentaron bajar a una persona de la 3a. edad que se estacionó en el área de personas con discapacidad, según se exhibe en un video que circula en redes sociales.

El juzgador, de forma prepotente, les dice a los usuarios de la camioneta blanca: "Si no me abre, le voy a romper el cristal".

Y tras dar instrucciones a su personal de romper el vidrio de forma intencional, para obligar al anciano a mover su camioneta y poder estacionarse él, le obedecen.

En ese momento se acerca una persona que, al parecer, trabaja también en Ciudad Judicial y entra en defensa de la persona mayor.

"Usted sabe, lic, usted bien sabe todo, para que se hace güey. Eso de romperle un vidrio, son mamadas, así sea juez y todo. Yo nomás le digo. Te voy a romper tu madre si le rompes el vidrio. Es un señor de la 3a. edad, respeten los derechos humanos", agregó el defensor del anciano.

Posteriormente, cuando el ciudadano le recrimina al juzgador sobre sus "negocios", dando a entender que serían turbios, el juez aparentemente se retira del lugar.

Algunas versiones señalan que el video dataría de unos meses atrás. Sin embargo, en Ciudad Judicial, todos los jueces y magistrados tienen su espacio para estacionarse en un lugar techado, lo que significaría que Tello, de cualquier forma, intentó estacionarse en un lugar que no le correspondía.

En nuestra cultura de la corrupción, dispensar privilegios a costa del Estado se disfraza con el término "cortesía". Así, lo que es un flagrante abuso se hace pasar como un gesto, como un inocuo favor que no tiene nada de lo primero y que en realidad es una canonjía.

Pero hay otros abusos que han adquirido estatuto de ley. Ahora que soplan vientos de austeridad convendría hacer pública la dimensión de esos privilegios y que se discuta si alguno de ellos tiene, acaso por cuestiones de riesgo real para algún exfuncionario, de razón de ser. Para ilustrar esto comencemos en Tlaxcala.

El lunes pasado el portal E-consulta publicó que "La ola pejista contagia Tlaxcala; piden eliminar pensión a exgobernadores". Hasta donde pude averiguar, no es que los exmandatarios tlaxcaltecas tengan pensión. Pero lo que sí existe es un artículo (el 52 de la Ley de Seguridad Pública del Estado), adicionado el 28 de noviembre de 2014, durante el mandato de Mariano González Zarur, en el que se señala que a solicitud de los exgobernadores estos tendrán derecho a continuar con protección (ellos, su cónyuge e hijos).

Adivinaron: el 1er. beneficiado con escolta, autos blindados y ayudantía es el propio González Zarur, quien -pobremente- tiene asignados 5 vehículos, 10 escoltas y una patrulla. Héctor Ortiz Ortiz, tiene 3 escoltas (devolvió 2 camionetas en enero de 2017). Alfonso Sánchez Anaya devolvió una camioneta en 2017. Mientras que José Antonio Álvarez Lima y Beatriz Paredes Rangel no tienen escolta ni vehículo alguno.

Tlaxcala no es un caso único. Recordemos que Roberto Borge reformó la ley de Quintana Roo para disponer por 15 años de escoltas. Pero por donde le busquen hay casos: hace un año, Chiapas reformó la ley para que exgobernadores y extitulares de dependencias gocen de guardias. En Coahuila, hace 2 años el Congreso del Estado evaluaba eliminar la seguridad eterna de los exgobernadores para reducirla a solo 6 años (¡?). Sinaloa le paga escolta a Malova, en Durango pasa algo parecido, en San Luis Potosí en septiembre pasado se dio a conocer que el gobierno estatal había gastado 900,000 pesos en la seguridad del ex gobernador Toranzo. En Puebla Guillermo Jiménez Morales, Mariano Piña Olaya, Manuel Bartlett Díaz, Melquiades Morales Flores, Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle estarían protegidos por una ley que ofrece custodia. Michoacán anda en las mismas con sus exes, y en julio pasado se reportó que 4 exgobernadores del Estado de México tienen guardias (no se sabe cuántos porque según una nota de El Sol de Toluca el gobierno reservó esa información).

No solo exfuncionarios gozan de ese privilegio a costa del erario. Se da un contubernio entre las élites y no son pocos los casos de personajes de la clase empresarial (incluidos de la farándula y el deporte) que reciben la "cortesía".

Se ha llegado al punto de establecer una módica cuota y, abracadabra, el personaje accede a un custodio con entrenamiento oficial, licencia de portación de arma y -muy importante- que se erige en puente directo con la autoridad, lo cual deriva en privilegios tales como "apoyos" para agilizar tránsito y acceso a la red de seguridad estatal. Dicen que en el caso del Edomex esta situación se cuenta en cientos, si no es que miles, de privilegiados.

Es claro que algunos funcionarios de áreas de seguridad deberían ser protegidos al salir de su encargo. Pero de ahí a que todos los exgobernadores, no pocos exfuncionarios estatales, legisladores, empresarios, "artistas" y "deportistas" sean cuidados por policías pagados por el contribuyente es una cosa muy distinta: una aberración.

Si la presidencia de AMLO sirve para romper al menos eso, habrá servido de mucho. ¿Veremos el fin de estas canonjías?

Los invitados especiales, como los alcaldes metropolitanos, el gobernador Aristóteles Sandoval o el titular del poder judicial, Ricardo Suro, dejaron sus vehículos sobre Mexicaltzingo, en línea amarilla y en lugar reservado para vehículos de emergencia.

En la zona había agentes viales y no se vio a personal de Movilidad de Guadalajara; pese a lo anterior, no se levantaron infracciones a los vehículos por violar el reglamento.

Según la Ley de Ingresos para el municipio tapatío, la multa por estacionarse en línea amarilla asciende a 750 pesos, mientras que invadir zona reservada, 3,612 pesos.

2 casos de abuso: Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad descubrió que un buen número de autos de lujo que circulan en la Ciudad de México, entre ellos el Ferrari del señor procurador, los domicilian en privadas abandonadas de Cuernavaca para no pagar el impuesto a la tenencia del vehículo. En EL INFORMADOR de ayer nos enteramos que los funcionarios municipales, de estas administraciones y otras anteriores, deben la friolera de 7,000 fotomultas. El plan del Ayuntamiento de Guadalajara no podía ser más inteligente. Cito textual: "Como el gobierno actual no tiene dinero para liquidarlas, el plan es tramitar su prescripción". Genial.

El señor procurador, el mismo que quiere convertirse en el primer fiscal del país, puede alegar que lo único que hizo fue aprovechar una ventaja que da registrar el auto en otro domicilio. Vamos a obviar el espíritu de la ley, es decir que si eres automovilista en la Ciudad de México y usas las calles e infraestructura de la ciudad, tu deber como ciudadano es contribuir a través del pago de la tenencia a la conservación de esa infraestructura, porque ese nivel de conciencia moral es demasiado pedir para un funcionario que merece abundancia. Lo grave es que para hacerlo el hoy procurador, entonces senador, tuvo que mentir: obtuvo una constancia de domicilio falsa para evadir impuestos. Hay una falsedad premeditada y un acto de trámite de un documento falso con el fin de obtener un beneficio. Viva la legalidad.

Las fotomultas de los funcionarios tienen otros ingredientes. Como los señores usan autos propiedad de los ayuntamientos, saben perfectamente que la Secretaría de Finanzas no los va a retirar de la circulación, pues se requieren para prestar servicios públicos indispensables. No hay pues una capacidad de coacción como la tendrían con cualquiera de nosotros. En la práctica lo que tenemos es una casta divina de funcionarios que no están obligados a cumplir la ley, con licencia tácita para andar a alta velocidad y pasarse los altos.

El verdadero riesgo es que veamos esto como normal. Que consideremos que evadir el pago de la tenencia mintiendo es astucia legal y no, como lo es, un acto que atenta contra todos los ciudadanos. Que pensemos que los ayuntamientos no deben pagar las fotomultas porque a fin de cuentas es dinero que pasa de una bolsa a otra.

Reconstruir la ética pública pasa por exigir que todos los políticos y funcionarios, pero también a todos los ciudadanos, que cumplamos con nuestras obligaciones, desde la más pequeña, que es respetar los reglamentos de vialidad y convivencia vecinal, hasta el pago de impuestos y derechos.

P.D. Señor procurador, la neta, la neta, si no le alcanza para la tenencia no se compre un Ferrari. Si lo que no le alcanza es la moral, no se postule para fiscal.

En los municipios del área metropolitana de Guadalajara se adeudan al Gobierno del Estado 6,922 fotoinfracciones de vehículos oficiales. Las multas provienen desde 2011, cuando arrancó el programa, hasta mediados de este año.

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) señaló que Guadalajara y Zapopan concentran 87% de las sanciones pendientes de liquidar por exceso de velocidad o por no respetar la luz roja del semáforo. El resto corresponde a Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Tonalá.

De acuerdo con autoridades estatales y municipales, los funcionarios a cargo de los vehículos oficiales multados deben encargarse de saldar el monto requerido. Sin embargo, la Sepaf no cuenta con un plan para conseguir que lo hagan.

Jorge Luis Magaña Morfín, jefe de Vehículos de la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Guadalajara, indicó que la gran mayoría de las fotomultas aplicadas a coches del municipio las heredaron de pasadas administraciones: más de 3,000, que superan los 3.6 millones de pesos.

Como el actual gobierno no tiene recursos para liquidarlas, el plan es tramitar su prescripción al pasar los 5 años desde la emisión de los folios. La medida ya se implementó con las sanciones de 2011. Este año proyectan realizar el procedimiento con las de 2012 y el próximo año con las de 2013.

"Ya para 2014 y 2015 se los quedaría la siguiente administración porque no podemos recurrir a este recurso".

Magaña Morfín aseguró que en las fotoinfracciones aplicadas a funcionarios de la actual administración que manejan autos oficiales hay un avance de 60% en el pago; quedan pendientes de cubrir 227 folios.

La indicación del alcalde es no tener adeudos por faltas a las normas de movilidad, por lo cual al día siguiente de que se les notifica una fotomulta, se envía un oficio al área a la que corresponde la unidad y al funcionario que la tiene asignada para que pague pronto.

Una vez que el funcionario cubre la cantidad requerida, debe notificarlo al área de Administración con el propósito de reanudarle la entrega de combustible, en caso contrario se les deshabilita la recepción de este insumo hasta que pague.

Si el burócrata se retrasa en la liquidación de la sanción, se envía el caso a la Contraloría municipal para que inicie un procedimiento en su contra. En algunos casos han hecho acuerdos con los trabajadores para descontarles la multa del pago de su nómina.

También mencionó que cuando se emiten fotomultas a vehículos de la Comisaría, acuden a la Secretaría de Movilidad a presentar queja, la cual procede siempre y cuando comprueban que estaban atendiendo una emergencia.

"El mecanismo o la cámara no detecta si es un vehículo operativo o no, emite un flashazo donde va el vehículo a exceso de velocidad, no detecta si lleva farola si lleva sonido encendido", explicó.

Los trabajadores de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) que tienen asignados autos oficiales son los más correlones: desde 2011 recibieron 268 fotomultas.

Otras cuyos funcionarios no respetaron los límites de velocidad son las secretarías General de Gobierno (217); Planeación Administración y Finanzas (167); Infraestructura y Obra Pública (142), y Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (99).

Sin incluir a la Fiscalía y a la Secretaría de Movilidad, desde 2011 hasta el 1er. semestre de este año se registraron 1,383 fotoinfracciones en contra de vehículos con placas oficiales de dependencias estatales.

Lizeth Rendón Dueñas, directora de Ingresos Estatales y Automatizados de Sepaf, afirmó que entre agosto y septiembre se le entrega a cada área del Gobierno de Jalisco la lista de vehículos multados, para que exhorten a los funcionarios que los tienen asignados a realizar el pago.

En los últimos 3 años, para presionar a los infractores a que cubran los adeudos, no se les entregan las tarjetas de circulación cuando deben cantidades superiores a 500 pesos: "Es la manera que hemos tratado de incentivarlos a que acudan con nosotros, en el momento en que pagan sus adeudos de infracciones les entregamos su tarjeta".

Con relación a la prescripción de las multas, Rendón Dueñas explicó que no se aplica de manera automática cuando se cumplen 5 años de la emisión de las multa de movilidad. El infractor tiene que acudir a solicitarlo a la Sepaf, de lo contrario la multa se mantiene vigente en el sistema.

El servicio de escoltas en Jalisco sólo podrá otorgarse al gobernador, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el secretario general de gobierno, fiscales, los comisionados de seguridad pública y comisarios de las policías municipales. Por lo que otros funcionarios de otros niveles ya no deberán contar con dicho servicio de las corporaciones de seguridad.

El Congreso de Jalisco aprobó este jueves reformas a la Ley de Austeridad y Ahorro y del Sistema de Seguridad Pública y del Código Penal. Se estima que en Jalisco 700 policías están asignados a servicios de protección de personas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado tenía a 105 policías estatales brindado protección personal y de custodia a particulares durante el 2013.

Para 2015, la Policía de Guadalajara contaba con 2,514 elementos, de los cuales 681 otorgaban servicio de guardaespaldas. De acuerdo a Augusto Valencia, en la actual administración de Guadalajara sólo tiene a 136 escoltas.

La precandidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, y su equipo fueron balconeados por el activista Arturo Hernández, de Los Supercívicos, por dejar sus vehículos sobre Avenida Universidad, donde está prohibido estacionarse.

Los senadores Mario Delgado y Mariana Gómez del Campo, él de Morena, ella del PAN, clausuraron "simbólicamente" una cámara de fotomultas propiedad de Autotrafficporque, alegan, de 267 millones de pesos que el Gobierno de Ciudad de México recaudó el año pasado por 713,000 infracciones, la empresa se llevó 122 mdp por la operación y mantenimiento de los equipos.

Se les hacen pocos los 145 mdp que "cayeron" al erario sin la monserga de que la burocracia se ocupe de quienes exceden la velocidad permitida y ponen en riesgo su vida y las de otros.

Denunciados ya por Autotraffic, se muestran echaditos pa’lante: que no se van a dejar "intimidar", que no les importa el fuero de que gozan, que acudirán a la Procuraduría para "defenderse" y defender también a "los capitalinos", o sea, ¡los infractores! que, pobrecitos, "han tenido que pagar miles de multas".

Bien saben, par de canijos, que actuaron protegidos por el fuero.

Qué bueno que no vandalizaron los aparatos, porque aun en flagrancia nadie podría detenerlos...

Un hombre que se identificó como policía estatal y como escolta del secretario general de Gobierno del estado, Roberto López Lara, fue detenido por la Policía de Guadalajara, tras ser acusado de una agresión.

La Policía de Guadalajara reportó que los hechos ocurrieron este martes por la tarde, y que trabajadores de salud de la Clínica 100 del Seguro Social, en Circunvalación Oblatos, denunciaron al hombre.

Al parecer, el hombre se molestó porque el personal demoraba en atender a un familiar suyo, y comenzó a hacerse de palabras de forma agresiva con enfermeras, médicos y guardias de la clínica.

El hombre mostró una identificación a nombre de Daniel Arámbula, policía segundo de la Fiscalía General del Estado, pero además dijo ser escolta del secretario de Gobierno, asignación que no ha sido confirmada. Fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Estacionarse en línea amarilla, retirarse por amonestación de los agentes de Movilidad y buscar una calle sin vigilancia de la autoridad, es una práctica común entre los escoltas de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

La mañana de este martes, una camioneta negra con placas JR-91-044, que trascendió es propiedad de un magistrado de la 7a. Sala, se estacionó por 45 minutos sobre una línea amarilla en la esquina de Venustiano Carranza e Independencia, hasta que un agente de Movilidad le indicó que debía liberar la calle. Sin embargo, el chofer de la unidad la estacionó 2 cuadras adelante, en otra zona restringida.

Minutos después otra camioneta blanca, con similar apariencia, se estacionó en la misma esquina.

Como si se tratara de un ciclo sin final, el agente de Movilidad hizo la misma petición y el vehículo se estacionó en otra esquina del cuadrante que conforma la Zona 30 de Guadalajara.

A pesar de que ambos vehículos infringieron el reglamento ninguno fue multado.

El 6 de junio de 1984 marcó a la familia Salazar que en ese entonces vivía en la Colonia Atlas de Guadalajara. Un auto arrolló a María Dolores Guzmán de Salazar, la madre de familia. El conductor era Luis Carlos Vega Pámanes, hoy presidente con licencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado [de Jalisco]. Fue un homicidio en 2o. grado, con agravantes y no imprudencial, sostuvo el hijo, quien pide se omita su nombre. Lamenta que por alguna razón los responsables no fueran castigados como se lo merecían.

Tras revelarse el caso, la Fiscalía de Jalisco informó que Vega Pámanes fue sentenciado a 4 años de cárcel, pero quedó libre bajo caución a los 4 meses: "Mi padre (que ya falleció) me dijo que él había agarrado un abogado pero que se vendió con el abogado de él (Vega Pámanes). Él no estuvo 4 meses en la cárcel, él estuvo máximo una noche y al siguiente día estaba libre. ¿Dice que pagó 4 meses? No, no, no...".

De hecho, contrario a lo que informó Vega Pámanes, el hombre sostiene que el daño nunca fue resarcido pues aunque se prometió un pago equivalente a alrededor de 74,000 viejos pesos de ese entonces como indemnización por la muerte de su madre, el dinero nunca lo recibieron. Para dimensionar el monto, un par de zapatos en ese entonces costaban 6,000 pesos; una televisión de 13 pulgadas 46,000 pesos y un auto de lujo alrededor de 14 millones.

El hombre de 45 años hoy reside en Estados Unidos y lamentó que el responsable de la muerte de su madre se haya convertido en el máximo juzgador de Jalisco, cuando lo que él atestiguó hace 3 décadas fue nada más que impunidad.

El pasado 27 de octubre se hizo público lo ocurrido aquel día, cuando Vega Pámanes junto con Gustavo Gómez, su cómplice, provocaron la muerte de una mujer y lesionaron a otra (fractura de ambas piernas y una mano) por atropellamiento en la colonia Atlas. Este diario consignó esa noticia el 8 de junio con el título: "Provocaron fatal accidente con un auto que habían robado".

"Cuando cruzaron la calle mi mamá y mi tía, este par de ladrones venían en el carro huyendo de la Policía. Cuando llegan al cruce viene otro carro del lado opuesto, y para no chocar con el carro, Vega Pámanes (él venía manejando) gira al lado izquierdo y se sube a la banqueta; mi mamá iba del lado de la calle", relató el hombre, quien afirma que las autoridades les confirmaron el robo a una joyería, pues relojes, anillos y dinero fueron asegurados.

"El carro embiste a mi madre con el cofre y la estrella contra un poste de madera, y le hace un corte en su cuello, y a la vez el carro rompe el poste de madera; de ahí la avienta a otro poste de concreto, de esos que tienen como filos, y ella se pega en su mera frente y se le parte hasta la nariz".

"Él sale del carro todo atontado y se echa a la fuga; traía un arma, pero como sale todo golpeado la tiró, y la gente del barrio lo persigue y lo detienen como a 2 cuadras".

Después de que los vecinos lo retuvieron llegó la Policía. "No puede ser un accidente cuando tienes ya un curso de eventos".

"Este tipo es un asesino. He estado mirando las noticias y dice que fue una muerte imprudencial, pero fue homicidio en segundo grado porque ya sabían lo que estaban haciendo; ya habían golpeado a alguien, habían robado el carro, habían asaltado una joyería y venían huyendo de la Policía", relató el hijo, que pidió reservar su nombre por temor a represalias.

"¿Qué podemos esperar si tenemos a un criminal como presidente de la Suprema Corte (sic)?".

Los diputados del Congreso del Estado analizarán la viabilidad de que sea un delito de abuso de autoridad que los funcionarios públicos, ex servidores y familiares de los mismos cuenten con escoltas.

La propuesta será planteada por el diputado del partido Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia, quien señaló que no existen parámetros para definir quién necesita el servicio de seguridad pagado por el erario público.

Por ello, se planteará adicionar el artículo 11 Bis en el Capítulo de Servicios Personales de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco.

"Queda prohibida la utilización de escoltas personales. Únicamente se podrá disponer de los servicios de custodia, escolta, guardia o vigilantes personales en caso de ser necesario, por personal certificado para la función y por el tiempo y condiciones que determine el dictamen técnico y la aprobación por parte de la autoridad correspondiente conforme a las disposiciones aplicables", se lee en el dictamen.

Para tal fin, se propondrá la creación de una comisión para definir el servicio de protección estatal que estará bajo la adscripción del Comisionado de Seguridad Pública, y que establecerá los requisitos de los escoltas y valorará quién requiere este servicio.

Augusto Valencia expuso que el actual gobernador Aristóteles Sandoval y su antecesor Emilio González Márquez, firmaron un decreto en el que se aprueba que funcionarios públicos y ex servidores pueden hacer uso de seguridad, pagada por el estado.

El diputado señaló que a través de solicitudes de transparencia se reveló que en la actualidad 110 policías de los municipios de Guadalajara, Zapopan, El Salto, Chapala, Zapotlanejo, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque tienen funciones de escoltas.

La información de los policías estatales no fue proporcionada por la Fiscalía General, según el legislador emecista.

Señaló que los policías consultados dijeron que alrededor de 500 tiene funciones de escoltas, de los cuales 200 están a cargo de la seguridad del jefe del ejecutivo y sus familiares.

Asimismo, señaló que hay una lista de ex líderes morales, funcionarios y empresarios que gozan de este servicio, aunque no presentó pruebas.

"Hay escoltas que siguen custodiando a ex funcionarios que ya no tienen actividad pública y para lo que sirven es para ir a comprar tortillas, unos tacos o los caprichos de los que están cuidando", puntualizó Augusto Valencia.

En una revisión en la nómina estatal y municipal, el legislador constató que los salarios de los policías van de los 13,000 a los 65,000 pesos, por lo que estimó que mensualmente se destina 10 millones de pesos del erario público para pagar a escoltas.

El 7 de julio, a la hora del partido entre Alemania y Francia, 2 camionetas Suburban con escoltas se detuvieron en un restaurante de mariscos de la calle Hegel en Polanco. ¿Llegaba un secretario de estado? ¿La procuradora? ¿Un ministro de la Corte? ¿Un gobernador? No, era un oficial mayor, el de la Sedatu, Emilio Zebadúa.

¿Por qué tenemos que pagar por el resguardo de un oficial mayor? ¿Por qué se tienen que gastar recursos públicos en 2 camionetas y 4, 5 o 6... escoltas para cuidar a un funcionario en una de las zonas más vigiladas de la capital? ¿De qué o de quién cuidan a Zebadúa? ¿Será que en la Sedatu han afectado intereses de tal manera que resulta indispensable proteger así al oficial mayor?

Es altamente improbable que ese aparato de custodia sea en respuesta a una necesidad real. Nadie cree que la Sedatu ha resultado tan incómoda que su personal corre riesgos, ¿verdad?

Es más bien una estampa de un sistema corrompido.

Vayamos a otra.

El todavía gobernador (es un decir) de Quintana Roo, Roberto Borge, ha dispuesto que él y su familia tengan seguridad a cargo del erario por lo próximos 15 años. La medida fue aprobada por los diputados de PRI (natural), PVEM (más que natural), PANAL (ídem), PT (archinatural) y Movimiento Ciudadano (sí, el mismo partido que en San Lázaro se pronuncia en contra del fuero; ¿qué tal?).

Los detalles de ese paquetazo de protección para el goberín son (adivinaron) secretos. Es decir, los ciudadanos que pagarán por esa guaruriza no saben cuánto costará ese desfalco disfrazado de prestación.

Dada esa opacidad, pregunté a alguien familiarizado con esquemas de seguridad para políticos y particulares. Me detalló que un gobernador llega a tener (¿listos?) más de 100 personas para su seguridad.

La distribución de ese organigrama es más o menos así: el jefe de ayudantía, 3 coordinadores (de seguridad, de logística y administrativo, éste con un puñado de asistentes); y unos 90 agentes de distinto perfil que vigilan y cuidan al mandatario. Un "mini estado mayor", pues.

Pongamos que Borge se mide un poco (ajá) y que no intenta replicar como ex gobernador un esquema como el descrito. Que lo deja en, digamos, la cuarta parte. Si así fuera, el personaje que dejará en medio de escándalos la gubernatura quintanarroense gozará de la protección, con cargo al erario, de una veintena de escoltas. Nomás.

¿Cuál es el salario de un escolta? Depende. Hay de 6,000 pesos al mes, y hay de 50,000 al mes. ¿Les gusta que los 20 de Borge sean de 10,000 pesos mensuales promedio? En 15 años, sólo en salarios se pagarían 36 millones de pesos. Y falta lo que cuestan las camionetas y su mantenimiento, y la gasolina, y los viáticos, y...

La corrupción no sólo es multifactorial sino multifacética. A veces viene en forma de camionetas y guaruras.

Es probable que Zebadúa no haya pedido esas 2 camionetas, como también es improbable que haya hecho gestión alguna para que se las quitaran.

Si no hay presión ciudadana para que se quiten a ex funcionarios y funcionarios privilegios injustificables, si no hay funcionarios que renuncien a tan ilógicas canonjías, las ventajas indebidas, es decir la corrupción, seguirá alimentando el fuego del malestar social. Que luego no se sorprendan.

Circulando por López Mateos me tocó ver un convoy de seguridad de algún funcionario de alto nivel. No supe quién era, pero para el caso es igual. En el frente un policía motorizado de Movilidad, después la inefable Suburban, hemos de suponer que blindada contra todo menos contra la corrupción con vidrios polarizados; luego un auto de medio pelo también con vidrios polarizados (supongo que el cuico que iba adelante cuidando al funcionario le dejó su multa antes de retirarse) y al final una camioneta pick-up artillada de la policía federal. En la caja un policía de cara cubierta con la mano en el gatillo de la ametralladora.

Crece la inseguridad y con ella la presencia de los guaruras y guardias personales en la ciudad. Es tristemente inevitable que el círculo perverso de la inseguridad aumente al ritmo de la violencia cotidiana, pero lo que realmente incrementa y hace visible el guarurismo es el ejemplo de los funcionarios públicos. Vamos a suponer, sólo a suponer, que el miedo de los funcionarios está justificado; que por las condiciones del país en cualquier momento alguien podría atentar contra un alto funcionario: ¿cuál es el afán de hacerlo tan explícito? Sólo hay 2 respuestas posibles: o quieren transmitirnos miedo o quieren que sintamos la diferencia entre los que tienen el poder y los que no, entre la casta divina del gobierno (con guaruras) y el peladaje.

Si el mensaje es que el tamaño de la camioneta y el número de autos en el convoy es directamente proporcional a la importancia del personaje es, por decir lo menos, un infantilismo político. El problema es que el mensaje que mandan es que el Estado ha perdido la batalla contra la inseguridad, que ya no tienen el monopolio de la fuerza legítima y peor, que han renunciado a tenerlo. Un político rodeado de guaruras es una contradicción; es un Estado que se suicida.

Otra agresión de escoltas hacia un civil se registró en Metepec, Estado de México. El caso se hizo público mediante un video en el que se observa cómo personal de seguridad discute, forcejea y hasta manotea contra un conductor. Luego, un guarura trató de intimidar a quien grabó lo ocurrido.

Emir Garduño Montalvo, mejor conocido como "Lord Rolls Royce", fue internado en el penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, por la agravante de uso de portación de arma de fuego, luego que compareció voluntariamente ante jueces estatales donde le declararon prisión preventiva oficiosa.

Aunque acudió amparado por los delitos de daño en los bienes y lesiones, la protección de la justicia federal no surtió efectos por la agravante que tenía, debido a que es señalado por golpear con la cacha del arma a una persona.

Este martes será presentado ante el juez para que exprese lo que a su derecho corresponde y defina qué procede en ambos casos.

Luego de los escándalos que desató en las redes sociales en las que se dio a conocer que a principios de mayo su equipo de escoltas golpeó a un policía federal por diferencias cuando conducían y por haber sacado su arma en un bar.

Guillermo Valencia Reyes, ex alcalde de Tepalcatepec, municipio de la región de Tierra Caliente en Michoacán, afirmó que las autoridades no proceden penalmente contra Emir Garduño Montalvo, conocido también como #LordRollsRoyce, por el incumplimiento de las obras para no perjudicar a Alfredo Castillo Cervantes, ex Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.

Afirmó que no hubo proceso de licitación para las obras millonarias en 4 puentes viales en el Libramiento Norte Morelia, pero SARO Infraestructura y FARSAY Infraestructura, fueron beneficiados con la adjudicación directa a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, empresas de Garduño Montalvo.

“El gobierno federal protege no solamente a (Emir) Garduño, sino a Alfredo Castillo, y para no perjudicar a Alfredo Castillo protegen a toda costa a Garduño, no sé qué clase de intereses o qué clase de información tendrá Alfredo Castillo que le aguante tanto".

"Aquí en Michoacán no se movía un ápice si no lo autorizaba el Alfredo Castillo, ni en el municipio ni en el estado, menos en la federación, así que todo lo que pasaba o dejaba de hacer en Michoacán era porque Alfredo Castillo lo ordenaba y él ordenó que le dieran las obras a este tipo y en consecuencia, se enriqueció con ellas".

Castillo Cervantes, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, negó tener alguna relación con #LordRollsRoyce.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México confirmó que aseguraron 2 autos tipo Charger a Emir Garduño Montalvo, mejor conocido como #LordRollsRoyce.

La dependencia estatal informó que los autos de color negro fueron asegurados después del dispositivo que se implementó para catear la casa del empresario en el residencial San Marino del municipio de Metepec.

Los autos que fueron encontrados cerca del domicilio, fueron identificados por los agentes como los vehículos que tripulaban los guaruras de Emir el día en que presuntamente golpearon a un conductor cuando les habría reclamado invadir su carril.

La PGJEM indicó que aún no hay una orden de aprehensión por Garduño Montalvo aunque si está siendo investigado por los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo sobre la avenida Miguel Hidalgo esquina con Jaime Nunó en la capital mexiquense y que quedó grabado en video.

La escena ya la conocemos: en una de las avenidas de acceso a Toluca avanza un Rolls Royce (precio aproximado unos 340,000 euros, o sea unos 7 millones de pesos) resguardado por 2 automóviles y 2 motocicletas que cubren sus laterales, el frente y la retaguardia, ocupados por 6 custodias armados. Para abrirse paso en el tránsito, las motos dan encerronas a los carros que no quieren apartarse para dejar pasar al Rolls Royce. Una joven conduce su carro y transporta a su padre, un policía federal que viene de cubrir 2 turnos completos en la corporación. El carro de la joven es encerrado por una de las motos lo que casi le provoca un accidente. El padre reclama al motociclista que con ayuda de otros 5 custodios, acompañados por el fornido, en realidad notablemente gordo e inconfundible, conductor del Rolls Royce, lo bajan del carro y le dan una paliza formidable. Al policía lo salva que es pleno día y que hay gente que comienza a videograbar el ataque. Los agresores huyen e incluso se dejan abandonada una moto BMW en plena calle.

Ocurre en muchas ocasiones con distintos cuerpos de custodia pero éste es doblemente perturbador, 1o., porque participa el conductor de un automóvil de lujo tan singular (se venden unos muy pocos al año en México) que es tan fácilmente identificable, como un signo de opulencia hasta casi insultante en una sociedad como la nuestra; 2o., por el despliegue de seguridad del personaje; 3o., por la saña con que él mismo golpea al policía en cuestión que obviamente no está en condiciones de enfrentarse a 6 custodias y un energúmeno, todos armados. Cuando las imágenes comienzan a divulgarse, en redes sociales apodan el caso como el de Lord Rolls Royce. Es un patán que se llama Emir Garduño Montalvo. Dice ser constructor y tener diversos negocios aunque nadie sabe, bien a bien, de qué vive, ni siquiera su hermano, un regidor por la alcaldía de Toluca que dice que no habla con él de esos temas porque respeta su privacidad.

Lo cierto es que hasta el día de hoy este hombre no ha sido localizado. Tendría que ser fácil hacerlo, no es alguien que sea difícil de reconocer, asumiendo además que ahora sabemos que este tipo también está relacionado con una averiguación de homicidio y que apenas el 22 de noviembre pasado fue visto y captado por las cámaras de un bar en Metepec cuando amenazaba a otras personas con una pistola y sus custodias trataban de contenerlo. Sin embargo, si no hubiera ocurrido este incidente que se tornó viral, nadie hubiera sabido de los crímenes y desmanes de Emir Garduño Montalvo, nadie, ninguna autoridad, estaba interesada en localizar a un presunto criminal que se paseaba por Toluca con un Rolls Royce, 6 custodias, 2 motos y 2 carros de seguridad.

Es una burla y un drama. Una burla porque este hombre, por la causa que sea, goza de impunidad. Un drama porque como resultó con ese otro personaje oscuro, aquel que apodaron Lord Ferrari, nos encontramos con hombres que cuentan con custodias armadas y un despliegue de seguridad que no usan empresarios o políticos poderosos y que no se sabe sencillamente siquiera de dónde salen. ¿Quién les da las licencias, quién les proporciona las armas, quién certifica que esos custodios sean honestos, quién garantiza que lo sean ellos mismos?

La seguridad privada es una necesidad, pero quienes gozan de ese privilegio deben cumplir normas estrictas, deben ser personas con integridad para que no la terminen utilizando como un verdadero ejército privado que opera con total impunidad. Según Alto al Secuestro, en el Estado de México hubo el mes pasado 45 secuestros ¿cómo evitarlos o combatirlos si pueden transitar caravanas de hombres armados agrediendo transeúntes y protegiendo a un presunto criminal sin que nadie los moleste?

La seguridad privada puede ser de una gran ayuda en la seguridad pública, pero sin un control estricto de quienes gozan de ella y de sus elementos, nadie puede garantizar que esos ejércitos privados no se conviertan en un instrumento más de la delincuencia. Por eso, en todos los casos, quienes contratan esos elementos de seguridad se tienen que hacer responsables de sus hechos mientras estén en funciones. No vaya a ser que, como sucedió con Lord Ferrari, el día de mañana, uno de los custodios aparezca muerto y su jefe, pagando un dinero a sus víctimas, libre de cualquier responsabilidad penal. Basta de ejércitos privados sin control de la fuerza pública.

En el marco del plan federal para rescatar a Michoacán de la violencia, plantearon construir puentes que agilizaran la vialidad.

4 de ellos -jugoso y cuestionado negocio- quedaron en manos de un desconocido empresario constructor mexiquense, hoy vuelto famoso tras sus abusos a bordo de su lujoso vehículo Rolls Royce. Esta es la historia:

El 25 de marzo de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal publicó en el Diario Oficial la convocatoria de licitación para esos 4 "pasos superiores".

En medio de denuncias de constructores locales de poca claridad en el proceso, la mayor parte de la licitación benefició a una constructora del Estado de México: SARO Infraestructura S.A. de C.V., perteneciente a Emir Garduño Montalvo, hoy nacionalmente conocido como el #LordRollsRoyce, cuyo hermano es regidor de Metepec por el PRI.

Licitación en mano, Emir Garduño Montalvo llegó a Michoacán sin maquinaria ni empleados. SARO Infraestructura S.A. de C.V. subcontrató a quien le hiciera el trabajo. Los proveedores de materiales de construcción, camioneros, banqueros de arena y constructoras se abalanzaron ante este proyecto millonario que representaba un respiro a sus finanzas tras años de estancamiento por el control que mantuvo el crimen organizado en el sector de la construcción.

La sorpresa fue que apenas iniciadas las obras, la constructora de #LordRollsRoyce comenzó a incumplir en pagos. Ante la desesperación, transportistas, proveedores y constructores solicitaron al gobierno interceder en el caso.

En un inicio, según denunciaron los constructores locales, el subsecretario de obras públicas de la SCT en Michoacán (lo sigue siendo), Martín Valenzuela, les cerró la puerta bajo el argumento que era un conflicto entre particulares y que por tanto la dependencia no podía interceder.

En medio de los reclamos, Emir Garduño Montalvo acudió a las obras en Morelia, donde se reunió con al menos 9 de los proveedores de servicios y materiales afectados. Cuando el encargado de colocar la tubería de protección en los costados de los puentes le reclamó el adeudo, según su denuncia, #LordRollsRoyce lo amenazó de muerte y lo intimidó asegurando que era cercanísimo a Los Pinos.

Más ahogados, los constructores michoacanos tocaron la puerta del entonces delegado de la SCT en Michoacán, Roberto Cervantes. Al enterarse de las presunciones de Garduño, Cervantes ordenó retenerle alrededor de 9 millones de pesos y destinarlos a pagar a un 1er. grupo de sus proveedores. No fue suficiente. Al paso del tiempo, #LordRollsRoyce recibió todo el dinero, hizo los puentes con créditos y dejó sin saldar grandes adeudos a ingenieros eléctricos, casas de materiales y obreros quienes aseguran haberse quedado, hasta hoy, sin paga.

Quizá parte de ese dinero circula hoy en Metepec, en forma de Rolls Royce.

Morelos. El regidor del Partido Humanista, Orlando Gorostieta Rabadán, fue detenido esta madrugada después de protagonizar un incidente de tránsito, cuando manejaba en estado de ebriedad; tras el incidente disparó un arma de fuego hiriendo a 3 personas, entre ellas una menor de edad.

Los hechos se registraron en la colonia Jardín Juárez, municipio de Jiutepec, poco después de la media noche cuando el regidor participó en este accidente vehicular y sacó su arma 38 súper, para disparar contra las personas.

Un automovilista fue agredido por escoltas de un sujeto que conducía un automóvil Rolls Royce esto mientras circulaban en calles de Toluca, Estado de México.

El incidente, ocurrido la tarde del lunes 9 de mayo, se originó luego de que supuestamente la víctima reclamó por haber invadido su carril sin alguna justificación, como respuesta a esto, los guardaespaldas los rodearon y comenzaron a golpearlo.

Utilizando las cachas de sus pistolas arremetieron contra el hombre, lo cual era observado por el conductor del automóvil de lujo, quien presuntamente se trata del empresario Emir Garduño Montalvo.

Tras la agresión, el Rolls Royce y los automóviles que lo escoltaban huyeron, pero abandonaron una motocicleta en el lugar.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Federal y de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, pero los responsables de la agresión ya se había retirado, por lo que únicamente tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron la motocicleta que no tenía placas.

Mario Silva, el adalid que rompió las cadenas de la movilidad no sustentable en Guadalajara -al menos en el discurso y en Feis-, acomete otra ardua empresa y quita de un plumazo 81 cajones exclusivos a los diputados del Congreso de Jalisco.

¿Cumplirán ahora sí los legisladores? Ya el gobernador les había dicho que no podían estacionarse en las Zonas 30, pero la costumbre no se les quitó. Ahora Silva, el funcionario cuyo pecho alberga un peatón por corazón, les revocó el permiso. ¿Ese agresivo movimiento desde un burocrático escritorio será suficiente? Los diputados tiemblan porque se enfrentan ahora a su más terrible pesadilla: cumplir la ley. Tienen 15 días.

"El país no está para ningún acto de prepotencia y mucho menos de quienes tenemos una responsabilidad pública", consideró el alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro. "Si un representante popular es capaz de cometer un acto como el que dicen que sucedió, es algo inadmisible y no se puede permitir".

En vez de nota verde, Enrique Aubry sigue dando pero nota... roja. El "Nene Verde", berrinchudo y también mantenido de Jalisco -para nuestra mala fortuna-, ahora es acusado de amenazar con un arma de fuego a un conductor que no le cedió el paso.

La bronca se extendió hasta los policías tapatíos que respondieron al incidente. Un oficial de la corporación, anónimo, refiere incluso amenazas de muerte contra los uniformados. El diputado Aubry se puso verde como un "hulksito" enfuerado y empistolado. Mientras se aclara todo, Guadalajara tiene 4 policías menos, en investigación, por dejar ir al legislador.

Nos consta que éste no es el 1er. amago en que el diputado -o alguno de sus escoltas- saca la pistola (a Mario Córdova sólo lo golpeó, eso es aparte). Nos enteramos de una, ¿pero, cuántas no salen a la luz pública?

Eduardo Almaguer confirmó que la Fiscalía investigará para acreditar cualquier ilícito de Aubry. Pero él mismo, ante este cúmulo de escándalos, debería ser declarado un "ilícito non grato" para la política y el estado.

En México la justicia suele ser un animal dócil frente a las clases altas y feroz contra quienes habitan en los pisos más bajos de la construcción social.

Nuestras cárceles están pobladas por jóvenes inocentes, cuyos pecados son la carencia de recursos económicos, un nivel educativo bajo y la ausencia de una red familiar y social que les respalde.

Tanto la policía como el ministerio público prefieren consignar a esos jóvenes -porque son el hilo más delgado- que perseguir a los verdaderos criminales.

En sentido inverso, la autoridad se abstiene de aproximarse a los delincuentes protegidos por el dinero y el poder político. Saben que, de hacerlo, podrían perder el empleo y en el extremo la vida.

Para ilustrar el argumento vale traer a la discusión el caso de Jorge Cotaita Cabrales, un joven junior -mirrey veracruzano- que el miércoles 24 de abril de 2013, en estado inconveniente, atropelló al ciclista Jonathan Peña Yáñez, quien por las lesiones sufridas fallecería horas más tarde.

No es sorprendente, dadas las conexiones políticas de la familia Cotaita y probablemente también por una inversión económica sustantiva que la policía del municipio de Boca del Río se haya abstenido de llevar el caso ante el Ministerio Público.

El tal Jorge Cotaita Cabrales se benefició del privilegio que en México entrega la clase social y que es explicación para la impunidad dominante.

Menos de 2 años después, el mismo Jorge Cotaita Cabrales, junto con sus amigos Enrique Capitaine, Diego Cruz Alonso y Gerardo Rodríguez Acosta -todos mayores de 18 años- participó como victimario en una violación tumultuaria.

Circula en redes sociales el video donde estos nefastos personajes confiesan su delito y supuestamente piden disculpas a la víctima -menor de edad- por haberla secuestrado, vejado y violado.

Sin embargo, la Fiscalía General de Veracruz no ha procedido contra estos presuntos delincuentes. A pesar de existir denuncia penal, el expediente duerme todavía bajo el regazo indiferente del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.

Ante la pregunta pública sobre su negligencia, el funcionario tuvo el descaro de responder: "no me dejaré presionar por lo que diga algún medio de comunicación.. La única obligación (que tengo) es tutelar que se cumpla la ley".

Queda claro que este señor tampoco se deja presionar por el tiempo extraviado. Ha de ser informado que la aplicación expedita de la ley es sustancia de esa misma norma que él pretende tutelar.

Estos 4 mirreyes veracruzanos han sido nombrados por las redes como la banda de Los Porkys de Costa de Oro.

En mayo de 2015, el mismo grupo de personas fue presentado por algunos medios como responsable de asesinar a otra joven, Columba Campillo, también en las inmediaciones del puerto de Veracruz.

En ese otro caso, la Fiscalía sí tuvo prisa para ahorrarle responsabilidad a los jóvenes violadores y emprendió acción penal contra otros presuntos culpables.

Entre ellos acusó a una mujer de nombre Ileana Mortera como la autora intelectual del homicidio.

En su defensa, ella asegura que le fabricaron pruebas para encubrir a los verdaderos responsables de la muerte de la joven Campillo.

En Veracruz nada parece estar en su lugar. La corrupción lo abarca todo y la autoridad se ahoga en su pantano. Sin embargo, el drama de la justicia, tan predecible cuando se enfrenta al bono de clase, no es un asunto exclusivamente veracruzano.

Mientras las policías, procuradurías, fiscalías, ministerios públicos y juzgadores mexicanos respondan sólo a los dictados de la política y el dinero, no habrá ley que ampare a las víctimas y tampoco a los más desprotegidos.

Hace poco escribía que el tema de los guardaespaldas estaba rebasado y no sabíamos si quiera cuántos están armados, con qué armas y si tiene permiso para portarlas. El guarrismo mexicano es parte del paisaje y es aceptado sumisamente por todos los que vivimos con ellos. Ya sabemos que si un guardaespaldas se nos cierra en el camino, puede hacerlo por ser quien es o por cuidar a quien es su jefe, que a menudo es nadie.

El guarrismo es parte fundamental del influyentismo arcaico mexicano. Hay muchos políticos que no entienden que andar como Durazo en los 70 se ve mal y no es una imagen adecuada de quien debe trabajar no para sí, sino para servir a los demás. Y es así como llegamos al tema del city manager de la Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, quien piensa que los ciudadanos de la delegación Miguel Hidalgo deben cumplir con leyes y reglamentos sin importar su condición social o si conocen o no al Presidente de la República, quien debería ser el 1er. interesado en poner en orden a su círculo de amigos influyentes. Esto llevó a Arne a un conflicto con el señor Libien, que piensa que vivimos en los 70.

Arne fue golpeado cobardemente por el guarrismo e influyentismo mexicano, que evidencia su falta de entendimiento de lo repugnante, grave, mal y arcaico que se ve ir por el mundo prepotentemente saltando normas por ser quien se es. El cinismo no tiene límites; es tan lejana la comprensión de lo que se hace por sentirse superior, que ni siquiera lo atacaron enmascarados o en coches distintos a los que salieron en el 1er. video que causó el conflicto; el mensaje es: puedo hacer esto abiertamente porque soy quien soy.

La situación es gravísima, un particular manda golpear a la autoridad que aplicó la ley; es un desafortunado resumen de México. No se trata de una banda de sicarios atacando un convoy militar en la Sierra, pero es conceptualmente lo mismo sólo que en las Lomas de Chapultepec. Tengo mucha curiosidad por lo que van a hacer las autoridades de la Ciudad de México con este asunto, que ya genera muchas preguntas porque no queda claro cómo salieron los vehículos de los guarros (estos no son guardaespaldas) del corralón sin haber pagado las tenencias. Hoy los delitos van desde robo, agresión y hasta lesiones. El Gobierno de la Ciudad de México debe escoger si se pone del lado de los ciudadanos o del influyentismo arcaico mexicano.

Es posible que no se den cuenta de que las consecuencias de este hecho pueden afectar la ya maltrecha credibilidad de quienes hoy están redactando una constitución "progresista". Lo que resulte puede dejar ese instrumento en calidad de papel mojado.

Pero como en el caso de los corruptos, en México todavía vemos estos temas con cierta naturalidad. Deberíamos reprobar y condenar socialmente el influyentismo y el guarrismo. Y el gobierno federal debería revisar la portación de armas de fuego y depurar la presencia de guardaespaldas en México, empezando por definir quién debe portar un arma y castigando a quien lo hace sin permiso.

Durante la visita del Papa Francisco a Chiapas, lugares apartados para la familia del gobernador.

Frente al parque de camioncitos de comida rápida de la zona de Andares, en la calle Empresarios, la línea de estacionamiento parece multicrómatica pues los automovilistas la ven blanca pero los agentes de vialidad juran que es amarilla, lo cual amerita infracción. Pero más importante es no permitir que se estacionen justo afuera de la torre Alaya porque según se supo, ahí es la morada del mandamás de la Semov, Servando Sepúlveda, quien dio indicaciones estrictas de mantener desalojada esa vialidad en particular.

Después de que impactaron una camioneta de la Policía Estatal en contra de una camioneta donde circulaba una familia, uno de los oficiales se fue contra el conductor civil y le propinó una golpiza que lo mandó al hospital, explicó Gabriel Torres Pérez, padre de la víctima.

Fue alrededor de las 12:00 horas que ocurrió el hecho. La patrulla PA-434 de la Policía Estatal circulaba sobre Pensador Mexicano de oriente a poniente mientras que la camioneta, una Ford F150 negra de modelo atrasado, placas JJ-00-249, iba de norte a sur sobre la calle 74. La camioneta particular era conducida por Miguel Ángel Torres Rosas, de 32 años, quien estaba acompañado por su mujer y su hijo.

"Antes de cruzar la calle 74 venía la patrulla en exceso de velocidad sin códigos sonoros, estaba en alto e impacta al particular", aseveró Julio César Arellano Cortés, uno de los testigos.

La colisión dejó también lesionado al conductor de la patrulla; sin embargo, tras el hecho, en lugar de asistir a la familia, uno de los oficiales que iba en la unidad descendió y se fue hacia la F150, bajó al conductor Torres Rosas y lo comenzó a golpear.

"Después de esos empieza a juntarse mucha gente y empiezan a grabar, tomar videos, fotos, y a esa persona (el oficial agresor) la alejan, la cambian de vestimenta y se la llevan en otra camioneta", con la finalidad de proteger o encubrir al policía, aseguró Arellano Cortés.

"Se me hace algo impune, y los paramédicos cuando llegan empiezan a atender a los policías en vez de atender directamente a la familia lesionada, siendo que los policías todos se bajaron y ya cuando vieron el show se volvieron a subir como lesionados".

Se cuestionó a la Fiscalía General sobre el tema, tras lo que respondió que el área de Visitaduría ya tomó conocimiento de los hechos e inició una investigación sobre la presunta responsabilidad de los oficiales y si incurrieron en abusos.

Como resultado del alarmante aumento de los índices de inseguridad en todo México, producto -entre otros factores- del descuido en la materia de las autoridades propuestas por Vicente Fox y posteriormente con la "guerra" desatada por Felipe Calderón en contra del narcotráfico, que provocaron "levantones", secuestros y asesinatos prácticamente por todos los rumbos del país, mismos que no ha logrado detener el gobierno de Enrique Peña Nieto, la aparición en escena de los escoltas o "guaruras" es una realidad que en muy poco "distingue" a quien busca ser protegido de los daños que la delincuencia puede provocar.

Aunque la ola de secuestros, levantones y asesinatos que se inició en aquellos años justifican ampliamente el temor en la población, y particularmente de quienes pudieran ser blanco de los criminales, seguramente contagiados por las películas norteamericanas en donde los escoltas aparecen con los hombre del poder, como lo son los políticos, empresarios, gente de la mafia y miembros del ambiente artístico, en México y en Jalisco, el fenómeno de los escoltas se presentó 1o. en el sector público -para no variar- como un símbolo de influyentismo, en un afán de tratar de diferenciarse del resto de la población.

Al darse cuenta los empresarios de la incapacidad de las autoridades, y en muchos casos de la complicidad de las mismas, empezaron a contratar a sus propias escoltas.

A la fecha, se puede decir que la presencia de éste personal resulta incomoda, costosa, comprometedora y hasta peligrosa pues en Jalisco pareciera que en las últimas décadas se ha convertido en un símbolo de "status". El caso es que muchos de los llamados escoltas, "guaruras" o simplemente "guarros", tratan de distinguirse por la prepotencia con que se conducen en cualquier lugar en donde se presentan, anden o no "con su patrón", pues de elementos de apoyo, han pasado a protagonistas de escándalos.

Hoy en día, esposa, hijos, madres, hermanos y demás parentela de políticos gustan andar en autos blindados y con los inefables "guaruras", quienes deberían de realizar un papel discreto para poder proteger mejor "a sus patrones", pero hacen todo lo contrario.

No son pocos los escándalos y problemas causados por "guaruras" a la sociedad civil. La prepotencia, falta de profesionalismo y carencia de habilidad en el manejo de armas y situaciones comprometedoras, los hace peligrosos.

Uno de los últimos casos reportados tuvo que ver cuando en la Preparatoria No. 10 de la UdeG se llevó a cabo la elección de Consejero Universitario, y el hijo de un mando de la policía especializada llego con sus "guaruras" y exhibieron armas largas y cortas para tratar de amedrentar al candidato contrario... no aprenden.

Se dio de baja a Jaime Martínez Díaz, coordinador especializado "A" adscrito a la Dirección de Investigación y Cultura Vial, de quien se comprobó que, de acuerdo al video y como resultado de la investigación, efectivamente evadió la prueba de alcoholimetría. Fue separado del cargo por pérdida de confianza.

Ayer circuló en redes un video del operativo Salvando Vidas en el que presuntamente dejaron ir a un funcionario de la Semov pasado de copas. Claro, el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, ya dijo que investigarán el asunto que es la punta del iceberg sin duda.

Un ostentoso convoy de camionetas detiene violentamente el tráfico en la avenida Presidente Masaryk de Polanco en el Distrito Federal. No queda claro si es un secuestro, un narcobloqueo, un millonario con su aparato de seguridad. ¡Oh, sorpresa!... es Adrián Rubalcava, ex delegado en Cuajimalpa y ahora candidato a diputado local que sale calmadamente de un establecimiento, cafecito en mano, para abordar su vehículo.

Ayer por la mañana se realizaron pruebas con los bolardos automáticos que se colocarán en Avenida Hidalgo y Liceo (esta semana se pretende cerrar el paso en ese cruce). Pues resulta que un empleado del Congreso de Jalisco se enfureció porque no lo dejaron pasar y según nos cuentan, se lió incluso a golpes con uno de los proveedores del sistema automatizado de bolardos. Al final, las pruebas se suspendieron y hasta detenidos hubo por el zafarrancho.

Por el delito de tráfico de influencias, se presentó una denuncia contra la actriz y productora Carmen Salinas Lozano, quien actualmente es candidata a una diputación federal por el PRI.

El demandante es Luis Simón Montaño, quien formó parte de la orquesta de la puesta en escena "Aventurera"; en la querella se detalla que este hombre le había ganado un juicio laboral por despido injustificado.

Sin embargo, señala el documento, Salinas Lozano probablemente utilizó sus relaciones públicas para que un magistrado del poder judicial capitalino, Lino Pedro Bolaños Cayetano, emitiera una orden de aprehensión contra el músico, que al inicio del conflicto había sido considerado como víctima.

El músico fue asegurado el pasado 5 de marzo y desde entonces se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Norte, sujeto a proceso penal.

"Que los hechos si son delito, la señora Carmen Salinas antes de que obtenga el fuero vaya a la cárcel y políticamente su partido puede hacer lo que quiera, su partido puede presentar a los candidatos que quieran. Pero que no nos vengan a engañar", comentó el abogado.

En conferencia de medios, explicó que Carmen Salinas había perdido el juicio en su contra, por el despido injustificado de su empleado; incluso, aceptó pagar todas las prestaciones laborales.

Pero después de esta resolución, abundó Ortega Sánchez, la actual candidata priísta interpuso una denuncia ante la procuraduría capitalina, acusando al ex empleado de fraude.

El agente del Ministerio Público solicitó en 2 ocasiones una orden de aprehensión contra Simón Montaño, pero en ambos casos se negó la petición de mandamiento judicial.

Aún así, agregó, que Carmen Salinas presentó un recurso de apelación ante la 3a. Sala Penal, de la que forma parte el magistrado Bolaños Cayetano, mismo que ordenó al juez librar la orden de captura sin ningún fundamento.

Afirmó que según la defensa del procesado, la actriz pagó casi la mitad del laudo, que asciende a poco más de 3 millones de pesos y pese a ello lo acusó de fraude procesal.

Aunque parezca la excepción a la regla, el Poder Judicial acaba de dar un paso que en mucho alienta a la sociedad civil, al inhabilitar a Cuauhtémoc Chávez Plazola, quien hace 10 años al manejar en estado de ebriedad le quitó la vida a una jovencita de apenas 20 años, y aprovechando sus influencias y amistad con Emilio González Márquez, logró evadir la justicia.

Aunque las autoridades y jueces que tuvieron el caso en sus manos dejaron en libertad a Cuauhtémoc Chávez Plazola, hoy, "el Pleno del Consejo de la Judicatura [de Jalisco] de manera unánime, decidió que el aspirante aprobado Cuauhtémoc Chávez Plazola, sea descalificado del concurso para ocupar la plaza de juez de Primera Instancia Especializado en Procedimiento Penal Acusatorio y Oral".

En el entendido de que la descalificación de Chávez Plazola es apenas el principio de lo que podrá ser un acto de justicia, toda vez que los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura se han comprometido a investigar a fondo de manera colegiada las determinaciones de los jueces que atendieron el caso Chávez Plazola y los pretextos para dejarlo impune, sólo por contar con influencias en los poderes ejecutivo y judicial de aquel entonces, pues poco les faltó para dictaminar en contra de la jovencita fallecida tras ser impactada por el borracho originario de Tequila, Jalisco.

Vale la pena destacar el papel desempeñado en esta ocasión por los medios de comunicación y las redes sociales, al exigir justicia.

Resulta que 5 diputados aseguraron que ya no usarán el estacionamiento en la Zona 30 de Guadalajara, pero qué cree. ¡Otros se aprovechan del espacio! Entre ellos los apartalugares (?). Esa es una demostración de que esos espacios son más que concesiones de estacionamiento que mantiene el ayuntamiento (a pesar de ser zonas tranquilizadas). Se trata de una costumbre que sólo se puede erradicar con la mano firme de la autoridad. Por cierto, de la fila de autos de los empleados del Congreso de Jalisco sobre la calle Independencia a la hora de la comida, mejor ni hablamos.

¿Por qué en este país los "importantes" no pueden caminar? Y pongo "importantes" entre comillas porque conozco personas verdaderamente importantes que se van a su trabajo a pie y caminan no una sino muchas cuadras; he visto a empresarios salir a caminar por el centro o en algún parque, pero hay muchos políticos y burócratas de angora (gatos finos) que creen que parte del ser "importante" está en su derecho irrenunciable a violar las leyes o tener privilegios absurdos como estacionarse en lugares exclusivo, porque para eso son "importantes".

¿Qué sería de un diputado que no tenga lugar para estacionarse donde nadie más puede? A la mayoría en realidad les daría exactamente lo mismo, porque traen chofer, pero tener un lugar asignado en las banquetas de alrededor del Congreso del Estado es un privilegio negado a los ciudadanos de a pie (la clase perrier) y eso los hace sentir distintos. Los magistrados del poder judicial llegan a su oficina y rara vez salen de ahí, ¿cuál es el afán de tener un lugar asignado? Hay 2 lugares asignados para la curia en plena calle Corona con un enorme letrero (pegado sobre la cantera de Catedral) de que tienen un permiso especial del ayuntamiento para hacer lo que les está prohibido a los demás ¿de qué les sirve? Todos los que acabo de citar tienen exactamente frente ellos, justo debajo de la Plaza Liberación, un enorme estacionamiento público con el que podrían negociar lugares específicos, pero seguramente les parece que usarlo los igualaría con el resto de los mortales.

Las zonas 30 son uno de los buenos proyectos de esta administración estatal y municipal, pero de nada sirve si no hay un reglamento y de nada sirve si los "importantes" no están dispuestos a cumplirlo. Fue un error hacer las zonas 30 y no preparar paralelamente un reglamento de uso. Por el contrario: el diseño contempló los lugares de estacionamiento de estos personajes (y en algunos casos como el [de] Corona, frente a la Catedral lo hicieron obstaculizando el paso del peatón). Aún después de reglamentado, si llegan a hacerlo, será muy difícil aplicar las normas cuando los encargados de aplicarla no están dispuestos a cumplirla.

El día que los burócratas, los diputados y los magistrados lleguen a sus oficinas a pie, como cualquier ciudadano, los vamos a respetar más. Pero si no quieren llegar a pie, pueden seguir llegando en automóvil, pero no nos dejen la camioneta y los guaruras ocupando el espacio público. Ya sabemos que son "importantes" y tienen el privilegio de mandar, aunque gracias a estos detalles a los ciudadanos cada día nos importen menos.

Deben revocarse los permisos, me parece que sí afecta que se estacionen ahí y mucho. Es ridículo que existan privilegios para cumplir un trabajo para el que se les dan todas las utilidades y por el que se les paga muy bien.

Representantes del poder judicial continúan estacionándose en calles del perímetro de la Zona 30.

El Gobierno de Jalisco sentencia que está prohibido estacionarse en las calles rehabilitadas como Zona 30 en el centro de Guadalajara, pero 16 diputados aparcan sus vehículos en Belén y Pino Suárez.

Los diputados se justifican y le echan la "bolita" al ayuntamiento tapatío: "No ha llegado ninguna notificación para revocar los estacionamientos", confirma Gabriela Andalón, presidenta de la Mesa Directiva del legislativo, quien revela que no se paga un peso por la concesión de espacios.

Desde hace un mes, el alcalde Ramiro Hernández manifestó que acatarían la instrucción del gobernador. Hoy, el ayuntamiento se deslinda y evita dar una fecha para "limpiar" las calles. "El programa de Zona 30 es un programa del Gobierno del Estado... desconocemos la información", responde la alcaldía.

Movilidad, por su parte, evade fijar una postura y desconoce el número de sanciones impuestas en la Zona 30 del centro tapatío.

Mientras tanto, legisladores quieren conservar el privilegio.

Otros condicionan su retiro. "Estoy de acuerdo siempre y cuando nos permitan un espacio en otro lado", acentúa el priista Hugo Gaeta. "Yo sin bronca me quito, pero que nos asignen un lugar", dice Miguel Hernández. Miguel Castro sugiere girar un oficio para que cada diputado se manifieste.

Por su parte, peatones muestran su descontento porque los diputados tienen su lugar exclusivo. Los automovilistas sin fuero pagan a los franeleros (?) 30 pesos u 80 pesos en parquímetros por una jornada de 8 horas, mientras los estacionamientos privados cobran, en promedio, 17 pesos por hora.

Aunque les quedan unos cuantos meses para perder el fuero, los diputados locales no pierden la oportunidad para seguir explotando hasta el último momento sus privilegios, esos que los hacen sentirse intocables. Poco les importó el llamado del gobernador para que dejen de estacionarse en las calles de la Zona 30 del centro tapatío, rehabilitadas recientemente para recuperar su valor social.

Ahora resulta que sus vehículos y camionetas último modelo son más importantes que los peatones y ciclistas. Dicen que sí abandonarían sus lugares exclusivos pero que lo harán hasta que el Ayuntamiento de Guadalajara lo solicite formalmente, siempre y cuando les aseguren otro lugar o les pongan un valet parking, para que nomás dejen sus autos y no tengan que caminar.

Ejemplo, la decisión que tomó el gobernador Aristóteles Sandoval al solicitar, el mes pasado, a raíz de que se pusieron en funcionamiento las obras -repavimentación, bolardos, etc.- de la llamada "Zona 30", en el centro histórico de Guadalajara, de "liberar las calles". La orden implicaba solicitar al "h." Congreso del Estado dejar disponibles para la circulación de vehículos -es decir, para el uso de los ciudadanos- los carriles de calles aledañas al susodicho congreso, que estaban asignados para que los igualmente "h." diputados estacionaran sus vehículos.

No queda claro si fue porque se duda de que el gobernador tenga facultades para emitir una resolución de ese jaez, considerando que la decisión, en todo caso, corresponda a la autoridad municipal; el caso es que los 69 beneficiados -entre diputados y "trabajadores de 1er. nivel" en el congreso- con esos espacios, se han hecho de los remolones para acatar la solicitud de referencia...

En lo que se toma una decisión, uno de los asuntos de más miga en ese importante órgano de gobierno estriba en dilucidar si será pertinente que de la partida presupuestal correspondiente al poder legislativo se cubran las cuotas que habría que pagar en algún estacionamiento público... o si no sería abusivo pretender que los propios "representantes populares" solventen ese gasto. Los diputados tienen "dietas" de 110,000 pesos mensuales; en la hipótesis de que acudieran al congreso 20 días del mes y estuvieran 8 horas diarias en sus oficinas, el desembolso por ese concepto sería de poco menos de 2,000 pesos mensuales.

En lo que se termina de deshojar la margarita, el mensaje implícito en el debate se centra en que los espacios que tienen actualmente asignados se denominan VIP ("very important people"); forzarlos a renunciar a ellos sería un ultraje; equivaldría a reducirlos a la condición de "peladaje": algo inadmisible en un esquema social en que -¿alguien lo duda...?- hay castas.

Publicado el 16 febrero, 2015 por CiudadanosEnRed via web.

Uno de los efectos perversos de la inseguridad es la proliferación de guaruras, personas que cuidan a otras personas. En el ámbito privado traer protección es una decisión personal, totalmente válida, dentro de una serie de reglas y normas que tiene que poner el Estado, como qué armas tienen derecho a portar los guardias, qué tipo de certificación deben pasar, etc. Por supuesto que tener seguridad personal no les da ningún derecho adicional sobre el resto de los ciudadanos, es decir, no pueden ni deben cometer infracciones de tránsito o ser descorteses con el resto de los automovilistas, aunque hay algunos que se pintan solos.

Pero, cuando de trata de funcionarios públicos el tema es mucho más complejo. La discusión es si los funcionarios deben o no traer escoltas, o en todo caso quiénes sí, y cuál es el efecto de ello. De entrada hay que dejar claro que a diferencia de las personas que en el ámbito privado deciden traer escoltas, en el caso de los funcionarios públicos los guaruras los pagamos nosotros, es decir los contribuyentes, por lo que debe ser una discusión pública. No tengo duda de que el gobernador, los presidentes municipales, el fiscal y los jefes de las policías, por el tipo de trabajo que realizan, requieren de una protección por parte del Estado. Pero vemos que hay secretarios, diputados, magistrados, que traen seguridad y hasta camionetas blindadas sin que estén claros los criterios (porque no son todos) ni mucho menos el beneficio que eso trae.

Por supuesto el protegido se siente más seguro andando en la calle con guaruras, pero nada contribuye tanto a la percepción de inseguridad como el guarurismo. Los funcionarios suelen reclamar a los medios que el exceso de nota roja genera miedo entre la sociedad, lo cual es absolutamente cierto, pero ver a los funcionario públicos con guardias genera un doble problema de percepción: por un lado mandan el mensaje que la cosa está tan mal que hay que traer guardias personales porque el Estado no nos puede dar seguridad, y por otro, el mensaje es que ante la inseguridad ellos se protegen con nuestro dinero y que a los ciudadanos de a pie Dios nos agarre confesados (no es extraño pues que los choferes del camión quieran también su guardia personal).

El otro problema de la proliferación de guarurismo es el abuso de poder. Comienzan estacionándose en las banquetas (con la excusa de que el protegido merece cualquier cosa para estar seguro) y terminan amenazando a los ciudadanos que tienen la desdicha de cruzarse en su camino.

Entendiendo la preocupación que genera el asesinato de un diputado, la política de seguridad del gobierno no puede ser protegerse ellos con el dinero de los ciudadanos. Pero sobre todo, si es inevitable hay que hacerlo con discreción y delicadeza (aunque me queda claro que estos son justamente antónimos de guarura) para no generar más inseguridad de la que ya existe.

El secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, el sábado acudió al Museo de la Ciudad para dialogar con ciudadanos sobre movilidad no motorizada. El funcionario fue interpelado por los presentes más de una vez a gritos. Y para acabar de amolarla, el titular de Movilidad dejó estacionada su camioneta en línea amarilla por varias horas por lo que también le tupieron en redes sociales... ¿dónde quedó el ejemplo?

La nota fue que los invitados al informe convirtieron el Zócalo de la Ciudad de México, el símbolo de la República, en un enorme estacionamiento.

Detesto la palabra naco, me parece la más denigrante e insultante que pueda existir, pero no hay vocablo que defina mejor a alguien que se siente con derecho a subir su coche al Zócalo. Esos nacos son nuestra clase política y empresarial, los poderes reales y fácticos, los que fueron seleccionados y convocados para aplaudir al Presidente. Fueron ellos, los dirigentes de este país los que ayer nos mandaron el mensaje de que son impunes. Hicieron lo que sólo algunos borrachos ocasionales se habían atrevido a hacer, pero ellos lo hicieron borrachos de poder.

La invasión del Zócalo no es casual. A pesar de que la Presidencia diga que va a investigar qué pasó, en realidad no hay nada extraño. En el ADN priista está la eficiencia, la capacidad política pero también la prepotencia y una alta tolerancia al incumplimiento de la norma. Lo que se celebraba dentro de Palacio, la gran reforma del Estado, el priismo encarrilado, con gran visión de país, estaba también reflejado afuera en un acto de prepotencia pura, en esa concepción de que las normas y las leyes son para los otros ¿Quién dijo que no me puedo estacionar en el Zócalo; no soy yo acaso más importante que el resto de los mexicanos, esos que ni siquiera fueron invitados al informe; se atreverá cualquier policía de a pie a decirme a mí, uno de esos elegidos que "Mueve a México" a decirme dónde debo estacionarme?

Es curioso, pero hay algo permanentemente autodestructivo en el priismo. Ayer la eficiencia quedó enterrada por la prepotencia; la imagen del Presidente trastocada en las redes sociales y los medios de comunicación por un acto de barbarie. Millones de pesos y cientos de horas de trabajo invertidos para cuidar cada palabra y cada toma de televisión tirados a la basura por un acto reflejo.

No fue la oposición la que opacó el Informe, fueron los invitados; no hay peor enemigo del PRI que el propio PRI.

Pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 28 de agosto de 2014.

El episodio fue videograbado en febrero pasado y difundido en las redes sociales este 7 de agosto, convirtiéndose en viral.

En el video se ve cómo Víctor Manuel Pazos Medrano incluso insulta a una mujer que supuestamente es su madre.

“Háblale a mi papá. No me van a detener”, “Mi papá es el presidente”, “Es secretario de Hacienda, me vale verga”, son algunas de las expresiones que lanza el joven en repetidas ocasiones.

En su cuenta de Facebook el usuario Irving Alberto publicó el pasado 7 de agosto el video de 2:47 minutos de duración, que exhibe al hombre en actitud prepotente.

Irving acusa a Pazos Medrano de ocasionar un choque en la avenida San Manuel de Puebla al conducir alcoholizado y no respetar la luz roja de un semáforo.

El usuario subió el video porque Pazos Medrano no se ha hecho responsable de los daños que provocó.

“Este hombre de nombre Víctor Manuel Pazos Medrano hace ya 6 meses impactó su vehículo sobre nosotros destruyendo nuestra única fuente de trabajo dejando grandes daños físicos y psicológicos a mi familia y a mi sobre la Av. San Manuel y no se ha querido hacer responsable de sus actos presumiendo de grande influencia por parte de su papá como en el video y para acabar se dice ser maestro. Una persona como esta que va comprando por la vida a peritos y ministerios públicos que tiene problemas con el alcohol, haciendo sufrir y pagar los platos rotos a su madre no puede hacerse llamar maestro (sic)”, escribió Irving Alberto en Facebook.

En el video se observa a Pazos Medrano vociferar y agredir, mientras una mujer le pide que se calme para arreglar la situación. “Te va a llevar la policía si sigues gritando”, le decía.

Inicialmente el hombre grita de forma prepotente que su padre es el presidente, luego aclara que no, sino que es hijo del secretario de Hacienda.

En la grabación, Pazos Medrano ordena a gritos a su madre que le hable a su papá para que lo saque del apuro.

“Ve el coche, a mí me pegaron, no a ti, a mí”, replicaba.

Al final del video se observa que llega un sujeto en un automóvil de lujo y sube a Víctor Manuel a la parte trasera del vehículo y se marchan.

En realidad, Pazos Medrano es hijo del priista Luis Alejandro Pazos, subsecretario coordinador de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares.

Luis Alejandro Pazos también es propietario del restaurante “Las Acamayas”, ubicado en la ciudad de Puebla.

Tras publicarse la grabación, en redes sociales Víctor Manuel Pazos Medrano ya es conocido como el #GentlemanDePuebla, causando comentarios de indignación entre los cibernautas.

De enero de 2013 a junio de 2014 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha iniciado 14 averiguaciones previas en las que escoltas o guardaespaldas han estado involucrados en la comisión de un hecho delictivo.

Cifras de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la dependencia advierten que en 2013 se investigaron 9 hechos, mientras que de enero a junio del presente año se han investigado 5 casos.

Los delitos en los que este sector de la población está involucrado son lesiones dolosas por arma de fuego, amenazas, abuso de autoridad, extorsión, lesiones culposas por tránsito vehicular, tentativa de extorsión, tentativa de robo, daño a propiedad ajena por tránsito vehicular y homicidio doloso por arma de fuego.

Las lesiones dolosas por arma de fuego son el delito más recurrente con 3 casos registrados, según la Procuraduría. En 2o. lugar aparecen las amenazas y la extorsión, con 2 casos cada una, y con un caso cada una están lesiones por tránsito, tentativa de extorsión, tentativa de robo, daño a la propiedad y homicidio doloso.

Sin embargo, las averiguaciones previas iniciadas por delitos cometidos por guardaespaldas son pocas, ya que la mayoría de estas situaciones quedan en lo anecdótico porque los afectados no denuncian ante el Ministerio Público.

Este año, el caso del escritor Maruan Soto Antaki cobró relevancia luego de que fue agredido por dos guardaespaldas que protegían a un hombre, que nunca se bajó del vehículo pero quien sin duda ordenó el ataque en venganza porque la víctima les había tomado fotos luego de observarlos manejar de forma imprudente y agresiva.

Hace 3 semanas, el escritor manejaba sobre Insurgentes Sur cuando observó 2 camionetas que conducían de manera imprudente. Luego de alcanzarlas les tomó una foto con su celular provocando que el conductor de una Land Rover le aventara la camioneta y él tirara su moto al piso. En ese instante, de la camioneta Durango placas 259-XZK bajaron dos escoltas y lo golpearon.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores, aunque se sabe trabajan para la empresa Bell Autopartes, ubicada en Tlalpan. Ellos accedieron a pagar los daños a cambio de que el escritor les conceda el perdón, lo cual ha sido descartado por la víctima.

En octubre de 2011, Marco Antonio manejaba su Tsuru de sur a norte por Insurgentes en compañía de su esposa, su hija de 17 años y su hijo de 13.

Avanzaba por el carril de alta velocidad, y cuando estaba a la altura de la estación del Metrobús El Caminero, una camioneta Nissan, modelo Armada, se incorporó delante de él. De manera instantánea, otra camioneta, una Ford Escape blanca placas 955-RFT, se metió entre la Armada y Marco Antonio haciendo que casi perdiera el control de su vehículo.

Molesto, aceleró su Tsuru y se emparejó al conductor de la Escape que se le había cerrado: “Le pregunté que qué le pasaba, que por qué se sentía tan valemadres e inmediatamente sacó una pistola, yo creo que era 9 milímetros, y me apuntó a la altura de la cabeza y me dijo: ‘esto me da permiso, no me estés chingando’”, detalló.

Adelante, encontró una patrulla y relató a sus tripulantes lo sucedido. Los agentes dieron alcance a la camioneta, pero los ocupantes mostraron una placa y se marcharon. Eran agentes de la Policía Federal y custodiaban al boxeador Juan Manuel Márquez.

Al ombudsman Felipe de Jesús Álvarez le urge emitir una recomendación, pero dirigida a sí mismo y a la institución que encabeza.

Ya son varias las semanas en que está fuera de servicio el elevador del edificio de la CEDHJ.

Esto, sin duda, es un descuido grave porque discrimina a las personas con movilidad limitada.

Por cierto, ayer pudo observarse que por la calle de Morelos dejaron una camioneta Suburban -muy parecida a la que usa el funcionario- estacionada sobre la banqueta, obstaculizando el paso de los peatones.

En casa del herrero...

Cada día es más común que los políticos tengan ayudas a su cargo, sea un chofer, un secretario particular o uno o varios guaruras, según el caso. A veces un guarura disfrazado de chofer o un ayudante que hace las funciones de defensa personal. Hay casos en los que es estrictamente necesario, es cierto, pero cada día hay mas funcionarios con escoltas y encima cada día se hacen más evidentes.

Partamos del principio: ¿Quién debería tener escoltas? Podremos estar de acuerdo en que el Estado debe proteger a aquellos funcionarios cuyas vidas, por motivos inherentes a su cargo, pueden correr peligro. El gobernador, sin duda, incluyendo a su familia; el fiscal, los presidente municipales, los directores de la policía, quizá el secretario de Gobierno, y párenle de contar. El resto de los funcionarios corren el mismo peligro por el desempeño de su cargo que corremos todos los ciudadanos por el simple hecho de salir a la calle. No es un asunto de pichicatería, sino de mensaje. Si lo que vemos los ciudadanos es que secretarios, regidores, magistrados, rectores, necesitan ser cuidados a ese nivel en su andar por la ciudad, lo único que transmiten a los mortales es que la inseguridad está terrible.

Pero más allá del mensaje de inseguridad, junto con el guarurismo viene aparejada la cultura de la prepotencia. Uno de los símbolos externos del poder, junto con el tamaño de la camioneta, el tamaño del puro, la calidad del traje y la cantidad de ayudas personales, es el número de guarros. Así pues, lejos de esconder las camionetas y los guaruras, hoy los políticos se pelean por hacerlos visibles: se estacionan en doble fila, cierran calles, invaden banquetas. Los políticos hacen evidentes a sus guaruras y los guaruras se encargan de hacerse notar, porque ellos no son como los demás, tienen el poder de controlar, empujar, invadir espacios.

Los privilegios privados de los hombres públicos son la peor perversión del servicio público: en lugar de que ellos trabajen para darnos seguridad, nosotros trabajamos y pagamos impuestos para que ellos se sientan seguros. Es el mundo al revés, pero tristemente ya nos acostumbramos a ello. Regular el número de elementos de seguridad a cargo de la protección personal de funcionarios públicos y el comportamiento de estos en público tiene que ser visto no sólo como un asunto de eficiencia del gasto de gobierno, sino como un tema de percepción de seguridad.

Sobre la Avenida Ávila Camacho, a la altura de Avenida de la Presa, la patrulla de la Secretaría de Movilidad V-241 con un enorme eslogan que reza “respete al peatón”, se estacionó sobre la banqueta para monitorear la cámara de foto-infracción colocada en el camellón de la avenida. Sin embargo, los agentes de esta patrulla cometen otra infracción al invadir una banqueta. Curiosa modalidad la de vigilar el cumplimiento de las reglas de tránsito, violándolas. El Reglamento de la Ley de Movilidad de Jalisco señala que estacionarse sobre la banqueta es una infracción grave (fracción XVIII del artículo 384), equivalente a conducir ebrio o no utilizar el cinturón de seguridad.

Se trata de quien fue identificado como Joel González Álvarez, detenido a bordo de una camioneta Explorer, sobre Avenida Revolución, cerca del cruce con Avenida Hidalgo.

Tras darle alcance, un hombre que se identificó como escolta de González Álvarez, intentó bloquear el trabajo a los agentes de vialidad, además al sitio arribaron elementos de la Policía de El Salto, quienes presuntamente intentaron ayudar al hijo del alcalde, según las fuentes consultadas.

González Álvarez finalmente fue arrestado, tras al menos un par de horas de discusión entre elementos de El Salto -entre quienes estuvo el director Francisco Javier Aceves Reyes- y personal de la Policía Vial.

El hijo del alcalde de El Salto fue detenido y enviado al CURVA.

El edil reconoció que el escolta de su hijo, identificado como Ricardo Rodríguez Zermeño, actuó de forma indebida al solicitar la presencia de policías del municipio para auxiliar al hijo, de 21 años.

De acuerdo con el alcalde Joel González Díaz, su hijo Joel González Álvarez, había acudido a una fiesta y fue retenido por dar una vuelta prohibida en Avenida Revolución, en Tlaquepaque.

González Díaz negó que él o su familia reciban trato especial de la corporación municipal, y explicó que cuenta con 4 escoltas.

Agregó que su hijo fue llevado al CURVA y ya cumple una sanción de 36 horas de retención, además dijo que hablará con él del tema en privado.

"La imprudencia del escolta que él trae, le habla a elementos de Seguridad Pública de El Salto, indebidamente, pero giré instrucciones al área de asuntos internos, para que investigue si hubo prepotencia de parte de los elementos", dijo el edil.

Periódico Mural en línea del 27 de marzo de 2014.

En Facebook el 14 de marzo de 2014).

Allá en La Fuente
Pág.4-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2014.

Carlos Loret de Mola A.
Pág.2-A del periódico El Informador del 29 de enero de 2014.

Pág.9-A del periódico El Informador del 28 de enero de 2014.

Cuando el Gobierno del Distrito Federal realiza sus fiestas en la vía pública, sin embargo, el volumen rebasa ampliamente los 120 decibeles. Los vecinos o los huéspedes de los hoteles de Reforma no pueden mantener una conversación en su propia habitación porque es tan alto el volumen de la fiesta callejera que ahoga cualquier intercambio de palabras. Los políticos capitalinos se mofan de quienes protestan. Lo que deben hacer todos es unirse a la fiesta. Sí, incluso los menores, los ancianos y los enfermos, o aquellos que tengan la desventura de trabajar al día siguiente.

Sergio Sarmiento
en el periódico El Siglo de Durango en línea del 1o.de enero de 2014.

La tremenda corte
pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 13 de diciembre de 2013.

Hacia las 00:20 horas de hoy ocurrió un accidente en el cruce de las calles Pablo Valdez y Juan de Dios Robledo (calle 56) en el Sector Libertad de Guadalajara, protagonizado por una camioneta Nissan Estaquitas tripulada por ciudadanos que regresaban a sus hogares después de laborar y una patrulla de la Policía del Estado, la cual circulaba sin número económico y sin placas: fallecieron 2 de los trabajadores y quedaron lesionados 3 en la camioneta; en la patrulla los 3 policías de abordo quedaron heridos.

Según Villaseñor, uno de los ciudadanos que viajaba en la caja de la camioneta fue quien, sin tener el velocímetro a la vista, les declaró a las autoridades que la camioneta viajaba a entre 120 y 140 kilómetros por hora (el declarante además sobrevivió pese a que iba en la caja a dicha velocidad).

Sin embargo, Arnold Morales, una de las personas que viajaba en la camioneta se bajó para ir a su casa una cuadra antes del accidente, en la calle Basilio Badillo, por lo que de ser cierto que el vehículo viajaba a la velocidad descrita éste tuvo que acelerar de cero a 120 o 140 kilómetros en 100 metros.

Mientras que el lesionado de la caja "refiere que nunca vio el semáforo", dijo Villaseñor, el compañero testigo aseveró que sus compañeros tenían el siga, además de que él no escuchó ni sirenas ni vio códigos que advirtieran del paso de la patrulla, la cual circulaba sobre la calle 56.

En tanto, los policías heridos, que contrario al ciudadano que debió volar por los aires, están en un estado tal que no han declarado nada aún, pero quedaron en calidad de detenidos mientras se llevan a cabo los peritajes.

Un cuestionamiento que Villaseñor se negó a responder fue el por qué la patrulla circulaba son placas y sin número económico, lo cual está prohibido por la ley. Lo que justificó el vocero fue que la patrulla de los elementos estaba descompuesta y para "no dejar a la ciudadanía en estado de indefensión en sus patrullajes les proporcionan una que utilizan especialmente en operativos en contra de la delincuencia organizada, es por ello que esta unidad no tenía de momento el número".

-¿Es legal o no es legal el estar circulando las unidades sin placas?

-En este caso yo preferiría proteger a un policía tratándose de delincuencia organizada (...)

-¿Pero es legal o ilegal?

-Tratándose de delincuencia organizada el estado tiene que tomar las providencias necesarias.

Serán los peritos de Ciencias Forenses quienes finalmente determinen la responsabilidad de acuerdo a las evidencias.

La Ley para la Seguridad Pública del Estado de Jalisco establece en su Artículo 10: (...) Queda estrictamente prohibido a los cuerpos de seguridad pública y privados la utilización de credenciales metálicas, conchas de identificación o cualquier otro medio similar; así mismo el uso de vehículos sin placas, robados o recuperados o cuya estancia sea ilegal en el país (...). Lo previsto en este párrafo es también aplicable a la Policía Investigadora dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al cuerpo operativo de la Secretaría de Vialidad y Transporte...

Periódico El Informador en línea del 3 de diciembre de 2013.

Pág.4 del periódico Mural del 28 de noviembre de 2013.

Allá en La Fuente
Pág.4-A del periódico El Informador del 20 de noviembre de 2013.

Unos pasos antes de llegar frente al número 1875 se encuentra con que varios autos y camionetas están subidos a la banqueta. Puede pasar por un lado, con problemas, pero justo antes de librar esta batalla se encuentra frente a dos autos más, uno junto a otro. Tiene que esperar ahora a que los carros que circulan sobre Hidalgo se detengan frente al alto del semáforo para poder bajar de la banqueta unos pasos con su carriola y tratar de subir nuevamente lo más rápido posible.

La señora y su bebé en la carriola están bien. Los autos sobre la banqueta también. El vendedor de frutas, desde su carrito, ha seguido la escena. Luego comenta con la señora: los autos están ahí todos los días. Todos. Menos los fines de semana. La mayoría tienen calcomanías del Partido Nueva Alianza. En la casa frente a la que se estacionan están las oficinas estatales de dicho partido.

"Paradójico que un partido que pertenece al gremio magisterial incurra en este atropello cívico. A dónde vamos a llegar", comenta la señora mientras sigue su camino. El vendedor de fruta, que espera a que cambié el semáforo para poder atravesar la calle y colocarse bajo el árbol al que todos los días a medio día se arrima, dice que ni son maestros. Y que ni compran fruta.

La casa marcada con el número 1875 de la calle Hidalgo es sumamente grande. Al menos por fuera. Tiene cajones de estacionamiento tanto adentro como en la parte de un lado. Y no sólo eso: cuentan con un terreno, al lado, que utilizan como estacionamiento. Al menos les caben unos 15 carros ahí. Pero al parecer no es suficiente.

***

Federico camina sobre la banqueta de la Avenida Hidalgo cuando siente que le vibra el teléfono que trae en el bolsillo del pantalón. Lo saca de ahí para ver de qué se trata y se da cuenta que alguien le habla por WhatsApp. Se detiene entonces para contestar. Mientras teclea escucha el sonido de un claxon, pero no le da importancia, él está sobre la banqueta. Y de pronto vuelve a sonar el claxon, ahora de forma más insistente: se trata de una camioneta, cuyo conductor le hace la seña de que se quite, pues se va a subir a estacionar a la banqueta.

Él en primera instancia y quizá por mero instinto de supervivencia, se quita. Pero luego le cae el veinte: "¿Me está quitando de la banqueta para estacionarse sobre ella?". Espera a que el tipo se estacione y luego le reclama el hecho, mientras el conductor se mete a las oficinas del Partido Nueva Alianza. Hay, además, otros cuatro o cinco autos sobre la banqueta.

Federico toma foto de los autos sobre la banqueta y más tarde los sube a Twitter y etiqueta a la Secretaría de Movilidad y a algunos reporteros. Varios retuitean su tuit. De la Secretaría de Movilidad le contestan que se ha levantado un reporte y que van a ir a infraccionar a los autos.

***

Han pasado ya varias semanas desde aquellos episodios. Un empleado de las oficinas del partido le contó a otro de una oficina vecina que, en efecto, Vialidad los infraccionó un día y les llamaron la atención de México, pero que luego de unos días todo volvió a la normalidad: "Mis patrones son gente muy pesada, ¿tú crees que les van a hacer algo los de Vialidad? Si esto es federal... Nada más nos dijeron que tranquilos unos días y que ya luego todo normal. Es que no hay dónde estacionarse, ¿así cómo quieren? Además todo mundo se estaciona en la banqueta, ¿a poco nomás somos nosotros? Mira enfrente: todos los coches subidos en la banqueta, ahí sí ni cómo, aquí siquiera dejamos un pedacito para que la gente pase".

Quien se meta a Google Maps y ubique la oficina del Partido Nueva Alianza que está en Hidalgo 1875 podrá observar cómo en la foto se ven 4 camionetas estacionadas arriba de la banqueta.

David Izazaga
Pág.5-B del periódico El Informador del 14 de julio de 2013.

La denuncia se hizo en redes sociales acusando que el conductor del vehículo oficial de la SSJ número 1910 y con placas JHZ-28-48 estaba estacionado en línea amarilla sobre Chapultepec y Justo Sierra, y por recriminar la acción a quién tomó la fotografía.

Estas sanciones fueron el resultado de una investigación de un día la Dirección Jurídica y la Contraloría interna de la SSJ, y luego de escuchar la versión de Palomar.

También determinaron prohibirle de manera indefinida el manejo de vehículos oficiales, informó la oficina de Comunicación Social.

La denuncia fue hecha por Mariano Ceballos Rivas, ya que consideró que si todos exhibieran a los que actúan de manera inadecuada y los tratan mal podría generarse el cambio para que no volviera a ocurrir.

Pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 6 de junio de 2013.

Cuando Mariano lo increpó porque estaba obstruyendo la circulación, el funcionario le contestó linduras como "A ti te vale", "De seguro tú lo haces" y, la mejor, "Estamos en México". Ante lo cortés de las respuestas, Ceballos comenzó a tomar fotos y entonces vino la amenaza de "Ya sé dónde encontrarte". Lo único que no se le ocurrió al funcionario fue mover "su" coche, el coche que pagamos entre todos para que el señor estorbe alegremente.

Antes de las 6 de la tarde, las fotos y el texto que Mariano Ceballos subió a su Facebook habían sido replicados más de 600 veces. No sé cuál será la reacción de la Secretaría de Salud ante la exhibición de la indolencia del funcionario (ya están investigando), pero me queda claro gracias a un ciudadano aventado, y a las redes sociales, que el prepotente, y todos los prepotentes activos o en potencia, se la pensarán dos veces antes de hacer atrocidades que puedan ser exhibidas en las redes.

Pues bien, esto que hizo Mariano podría ser tipificado como delito en Nuevo León con la nueva ley que castiga lo que ellos llaman el ciberbullying, al equiparar la publicación en redes sociales con difamación ("comete el delito de difamación quien utilice cualquier medio electrónico para difundir, revelar, ceder o transmitir una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto para causarle a una o varias personas deshonra, descrédito, perjuicio o exponerla al desprecio de alguien"). El riesgo de que esta política se contagie es real. Toda la vida los políticos han tenido un afán de normar la libertad de expresión, pues les encanta gozar de los privilegios de la función pública pero no de sus responsabilidades.

Necesitamos más ciudadanos como Mariano, que le pongan Face a la prepotencia, y menos funcionarios como el del Chevy 1910. Necesitamos redes libres y no leyes restrictivas.

Diego Petersen Farah
Pág.1-B del periódico El Informador del 5 de junio de 2013.

Por suerte, esos desplantes ya no pueden consumarse tan alegremente como en tiempos pasados, porque -oh milagros de la sociedad conectada a la internet y feliz poseedora de teléfonos móviles que todo lo registran y todo lo graban- los comunes mortales de nuestros días nos hemos convertido, gracias a esa tecnología, en auténticos reporteros de tiempo completo.

El hecho es que este nuevo poder que tenemos, el de filmar situaciones y trasmitirlas globalmente, nos otorga un arma para defendernos de los abusos del sistema y para denunciar los excesos de potentados, caciques, politicastros, jefecitos engreídos y abusadores de todo pelaje.

Esto, lo de poder exhibir públicamente las conductas del individuo prepotente, es algo así como un pequeño milagro y, en el terreno del ejercicio de la ciudadanía, nos ha transformado a nosotros -los sufridos miembros de una sociedad demasiado acostumbrada al sometimiento, demasiado centrada en la adoración al poder político, demasiado desprovista de instrumentos para tramitar los más elementales asuntos de justicia y, finalmente, demasiado imposibilitada para gozar de derechos verdaderos e inmediatamente aplicables-, nos ha trasformado a nosotros, repito, en un cuerpo de ciudadanos vigilantes perfectamente capaces de revelar irregularidades de toda suerte y, en consecuencia, en individuos exigentes que pueden asegurar, a través de medios como Twitter o Facebook, una saludable rendición de cuentas.

La señora Luz María Beristain, que así se llama nuestra insigne senadora, lo sabe tan bien como para ofuscarse todavía más, luego de maltratar a una empleada de VivaAerobús que resistió ejemplarmente sus embestidas: tan ultrajada se siente por este poder ciudadano del que disponemos ahora, que propone la creación de una fiscalía, o algo así, para protegerlos a ellos, los representantes de la subespecie de politicastros arrogantes, de las arremetidas que podamos consagrarles. Resulta que los maltratamos, pobrecitos, y que necesitan del aparato del Estado para defenderse y ponernos, a nosotros, en nuestro lugar.

Que una tipa tan odiosa e insolente sea senadora de un partido que pretende reconocer las garantías de los mexicanos más desprotegidos es una contradicción del tamaño de una casa. Esta abusadora de gente que hace simplemente su trabajo debiera ser, más bien, embajadora plenipotenciaria de esos "ricos y poderosos" tan satanizados por ya-saben-ustedes-quién.

Pero, bueno, hasta los bienhechores de los "pobres" se marean cuando se suben a un ladrillo.

Román Revueltas Retes
Periódico Milenio Jalisco del 2 de junio de 2013.

La legisladora, en su territorio, se le hizo fácil exigir a la despachadora que la documentara a pesar de que el vuelo ya había sido cerrado.

No sé cuántas veces le habrá pasado a usted, lector, que llega al aeropuerto y le dicen que su vuelo ya está cerrado y no existe llave en el mundo que lo abra.

Fue lo mismo que le ocurrió a la legisladora, pero a ella se le hizo fácil ostentarse como una autoridad, que no lo es, y decirse representante del pueblo, lo que tampoco es, y exigir, como sucede, dijo, con gobernadores, presidentes municipales y legisladores, un trato considerado, es decir, un trato especial por su cargo en el Senado, lo que no obtuvo por la estoica resistencia de la despachadora.

En un momento de su arrebato, le reclamó que le hablara de tú a tú, siendo ella una autoridad y dijo que iba a llevar el caso a la Corte (?).

Todo esto fue videograbado y subido a las redes sociales, sin las que, nuevamente, no nos hubiéramos enterado del desplante autoritario como el de #LadyProfeco, el #GentlemandelasLomas y otros que han saltado de esas redes a los medios tradicionales desde donde se han convertido en un escándalo por todos condenado.

Tras la difusión de la escena, la senadora reclamó el trato que ella había recibido, no el espectáculo que ella misma había dado.

Y luego propuso una Fiscalía Especial para la Atención de Políticos que, dijo, están acosados por la sociedad, y en buena hora que fuera así, digo yo.

Estamos ante un desplante más de un político no asediado, en este caso de una senadora, que fue captado y subido a las redes.

¡Cuántos más, y peores, debe haber que se desconocen por no haber sido videgrabados!

Benditas redes y que se cuiden todos los políticos.

Joaquín López-Dóriga
Pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 31 de mayo de 2013.

La senadora fue exhibida en el video mientras reclamaba a una supervisora de la línea VivaAerobús, quien no le dio su pase de abordar porque llegó tarde.

El video generó un escándalo en las redes sociales, donde la legisladora por Quintana Roo fue bautizada como #LadySenadora.

En las imágenes, tomadas por empleados de la aerolínea, Beristain reclama la falta de criterio de la empleada que no le permite subir al avión porque llegó 9 minutos después de que se cerrara el vuelo.

La perredista dice ser una "autoridad" y que debería haber flexibilidad para ella.

"Una autoridad que representa a Quintana Roo en el Senado de la República con 9 minutos de retraso y que no va a depositar (equipaje) le fue negado el acceso, ¿puedo contar con su testimonio? Porque lo voy a llevar a la corte", reclama Beristain mientras es grabada por los empleados de la aerolínea.

La senadora argumenta que demoró 9 minutos porque previamente desahogó una reunión donde pretendía conseguir recursos para el mejoramiento del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Incluso, la legisladora recrimina que la empleada se le ponga "al tú por tú".

"La señorita tiene una cerrazón, y una misoginia, y una grosería terrible; poniéndose al tú por tú con una autoridad, poniéndose al tú por tú conmigo", reclama.

Ayer por la mañana, al dar su versión sobre los hechos, la perredista pidió la creación de una Fiscalía Especial para la Protección de los Políticos, más tarde, Beristain se disculpó.

Primera plana del periódico Mural del 30 de mayo de 2013.

No es sólo un tema morboso. Es una historia de impunidad, de sordera frente a una sociedad indignada, y de impasividad ante la inhabilitación de facto de un funcionario cuya labor es defender al ciudadano de... abusos.

El titular de Profeco afirma que estaba convaleciente de una operación cuando ocurrió el incidente, que él nada tuvo que ver. Eso sí, la prepotencia de su hija no eximió de culpa a 4 subordinados de Benítez que fueron suspendidos. Es relevante recordar que se trata de un funcionario de larga carrera iniciada en el Estado de México y a quien el presidente Peña Nieto se refiere respetuosamente como "maestro".

La Secretaría de la Función Pública concluyó que Benítez Treviño no tiene culpa alguna. El funcionario dio conferencia de prensa para anunciar tal exoneración y aprovechó para aclarar que él nunca pensó en renunciar. Ningún reparo puso a que la "travesura" de su hija Andrea, bautizada en Twitter como "Lady Profeco", les costara la suspensión a sus subordinados. Benítez Treviño es responsable de que su hija tenga medios y canales de comunicación con sus subordinados en la Profeco para darles órdenes y que éstos las acaten.

Con esas credenciales de funcionario consentidor de sus parientes o, peor, ignorante de lo que ocurre en la dependencia que encabeza, Benítez Treviño es hoy el encargado de dar confianza a los ciudadanos en que el gobierno vigila a empresarios, intermediarios y comerciantes para que no cometan abusos en un momento en que se ha disparado injustificadamente el precio de alimentos como el huevo y el tomate.

Carlos Loret de Mola A.
Pág.2-A del periódico El Informador del 14 de mayo de 2013.

Paty Blue
Pág.4-A del periódico El Informador del 12 de mayo de 2013.

La llamada #Lady de la Roma creó controversia en las redes sociales por amenazar a los efectivos de seguridad al decirles que era familiar de "Alfa 3", un indicativo que usan en la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

La dependencia se desligó al afirmar que los uniformados de la Policía Preventiva que llegaron al cruce de San Luis Potosí y Tonalá hicieron lo correcto al detenerla por conducir a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol y, además, ocasionar un choque donde una mujer que esperaba cruzar la calle fue atropellada.

El incidente se registró ayer cerca de las 7:45 horas, cuando Ortega de la Vega viajaba acompañada de una amiga que se identificó como Mayra Carballo en un Porsche, tipo Boxster, color azul y placas de circulación 515YJJ.

Ambas habían ingerido bebidas alcohólicas, su trayecto era sin incidentes hasta que la #Lady de la Roma perdió el control del vehículo y se impactó contra una camioneta Ford Lobo estacionada e hizo que arrollara a una transeúnte.

La propietaria de la camioneta, Martha Alicia Medina, bajó y apoyada por otras personas increpó a las mujeres. Enseguida llegaron varios policías. Todos recibieron insultos. Tendida sobre el pavimento, esperaba atención médica Laura Rodríguez.

Los uniformados pidieron apoyo, llegaron mujeres policía y paramédicos a bordo de una ambulancia particular. Las amenazas continuaron "porque conocían a personas influyentes del Gobierno del DF", un funcionario público identificado como "Apolo Alfa 3".

La víctima fue trasladada al Hospital Xoco y la #Lady de la Roma fue presentada ante el Ministerio Público por lesiones culposas agravadas.

Archivos judiciales indican que De la Vega fue detenida por robo simple en 1995, pero meses después obtuvo su libertad del Reclusorio Femenil Oriente; un año más tarde la acusaron de otro robo simple y un robo calificado por el que estuvo 4 años en prisión.

Su aparente buen comportamiento hizo que obtuviera su libertad anticipada en 2000; sin embargo, 2 años después llegó al Reclusorio Norte por daño en propiedad ajena y en 2011 estuvo involucrada en otro incidente de tránsito.

Periódico Milenio Jalisco en línea del 10 de mayo de 2013.

El pueblo tiene la dicha inicua de alegrar sus existencias con las desmecatadas aventuras de los mirreyes en éxtasis.

Lo mero bueno está en la jeunesse dorée que sin embozarse el rostro salen a la calle a dar show.

Cuando uno creía que con las Ladies de Polanco, El Nini Verde, Kahwagi y El gentleman de Las Lomas las cosas habían tocado fondo, de pronto la cosecha de juniors tuvo una producción tan animada como superlativa. Ya tuvimos a #LadyProfeco que por poquito consigue que corrieran a su jefecito (afortunadamente la SFP ya dijo que favorecer a los orgullos del nepotismo no es causal de despido; ahora el señor Benítez Treviño solo va a tener que aguantar como Chayito Robles, y con un poco de suerte lo mandarán de asesor de Maricela Morales cuando llegue de embajadora a Italia), y ahora se nos deleita la pupila con las Ladies de la Roma. Lindas criaturas que, luego de tropezarse con una cáscara de Bacardí, condujeron su poderoso bólido hasta armar panchos infinitos. Era tal el fuero que exhibían, que casi le clausuran el puesto a Mancera, alegando ser protegidas de un macho alfa.

Jairo Calixto Albarrán
Pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 10 de mayo de 2013.

Ernesto Jr., Emiliano y Carlos Zedillo:

El martes 2 de diciembre de 1997, durante el 1er. concierto de U2 en el Foro Sol de la Ciudad de México, Ernesto Jr, Emiliano y Carlos, hijos del entonces presidente Ernesto Zedillo, no quisieron abandonar una zona restringida. Los testigos del episodio relatarían después que hasta Bono se percató de lo sucedido, pues mientras cantaba, un productor inglés lanzó contra Carlos Zedillo al suelo al ver que una de las estructuras de iluminación iba a golpearlo. Pero -narraron diversos periódicos en aquellas fechas- en vez de que este acto fuera bien recibido, uno de los miembros del Estado Mayor Presidencial le abrió el cráneo al extranjero golpeándolo con una pistola.

Para "salvaguardar" la integridad de los Zedillo, su equipo de seguridad los sacó del lugar, supuestamente acercando lo más que pudieron al escenario la camioneta blindada en la que viajaban.

Andrés Manuel López Beltrán:

"Por el bien de todos, primero los pobres" o "un puñado de potentados domina con arrogancia y cinismo", son sólo algunas de las frases emitidas por el 2 veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, pero las acciones de uno de sus hijos parecían ir en contra de tales postulados. En octubre de 2009, durante un mitin de su padre, Andrés Manuel López Beltrán lució unos tenis Louis Vuitton de 900 dólares. Su calzado era parte de la colección de "zapatillas" diseñadas por el rapero estadounidense Kanye West.

Pronto se sabría que en su cuenta de Facebook el joven mostraba fotografías en distintos antros, en Nueva York y en sus paseos en yate.

Paulina Peña Pretelini:

La hija mayor del presidente Enrique Peña Nieto causó polémica en Twitter el 5 de diciembre de 2011, al aludir a los que criticaban a su padre por su pifia en la edición XXV de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde no pudo mencionar el nombre de 3 libros que marcaron su vida.

La joven dio RT a una publicación de su novio, @JojoTorre, en la cual trató de defender al ex gobernador del Estado de México y calificó a sus detractores como "pendejos" y "parte de la prole". Después pediría disculpas, al igual que su padre.

Los hermanos Bribiesca:

Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún son hijos la ex primera dama, Marta Sahagún. Olga Wornat, en su libro Crónicas Malditas (2005) acusó a Sahagún de utilizar su influencia en el gobierno para beneficiar a sus hijos con contratos de obras públicas. Incluso opositores señalaron a la pareja presidencial por presunto nepotismo y hasta supuesto tráfico de influencias por parte de los hermanos Bribiesca.

En mayo de 2005 se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para investigar la legalidad de los contratos otorgados a la empresa Construcciones Prácticas, vinculada con los jóvenes Bribiesca, pues presuntamente se vio favorecida con contratos asignados durante la administración de Vicente Fox por dependencias federales.

En 2006 la comisión determinó que la cuantificación de daños al patrimonio público federal por esas transacciones fue por un monto de 134'358,636 pesos.

En 2008 la Corte de Distrito Sur de California abrió un expediente contra Manuel, en el que se le imputan cuatro cargos: fraude electrónico, conspiración, complicidad y encubrimiento. 4 años después, EU giró una orden de aprehensión en su contra.

Pág.14-A del periódico El Informador del 6 de mayo de 2013.

No es algo muy diferente a lo que intentó hacer con el alcoholímetro Emilio González, "El Niño Verde", quien ha hecho infamias y fortunas sin más mérito que recibir de herencia un partido político. O la hija de Romero Deschamps quien convierte en mierda de perro los dineros del sindicato.

La lista de juniors prepotentes es tan larga como la estirpe de los gobernadores a todo lo largo del territorio nacional. Alguien dijo que la mayor virtud del paso de Felipe Calderón por Los Pinos es que por la edad de sus hijos nos ahorró el bochornoso espectáculo de juniors prepotentes y bodas con cargo al erario (claro que nadie nos salvó de los cuñados).

Los juniors no se inventaron ni ayer ni hoy. Hace siglos que los funcionarios y sus parientes han asumido que el poder público era un patrimonio personal y familiar. Lo que ha cambiado es el hecho de que antes podían actuar sin tener encima el enorme reflector que representan las redes sociales.

No habían comenzado a retirarse los inspectores de la Profeco en su intento por clausurar el Máximo Bistrot a petición de la hija de Benítez, molesta por no haber conseguido la mesa deseada, cuando los testigos y comensales ya habían subido a la blogosfera una descripción puntual del sainete.

En el pasado difícilmente esta nota habría llegado a los medios tradicionales; y mucho menos a las primeras planas de los diarios. Pero el hashtag #Ladyprofeco pudo más que la charola. El propio Peña Nieto tuvo que expresar su desagrado; el secretario de Economía informó que el asunto sería investigado (obviamente lo dio a conocer por Twitter), el padre mismo de la joven tuiteó una disculpa pública aunque no se salvó de que el Senado le exigiera una comparecencia para explicar la tropelía.

Algo extraño y fascinante está sucediendo en las relaciones entre el poder y la opinión pública. Y me parece que estamos comenzando.

Los trending topics se convierten en el nuevo y severo tribunal contra la clase política. Desde luego que se trata de un tribunal caprichoso e incluso susceptible a manipulaciones. Pero un poderoso actor que está cambiando la conversación pública, que durante décadas había sido monopolizada por las élites.

Estoy convencido de que en este momento Peña Nieto y sus secretarios tienen más temor a un hashtag adverso que a cualquier marcha o protesta en contra. Tiemblen políticos y sus Ladys y Mirreyes, esto apenas comienza.

Jorge Zepeda Patterson
Pág.2-B del periódico El Informador del 5 de mayo de 2013.

Lo hecho por Lady Profeco es reprobable. La justicia selectiva es intolerable en el país, pero aún más cuando es ejercida desde el cinismo clásico de la clase política mexicana.

No es la primera ocasión en que un hijazo de la vidaza de un político 3 o 4 estrellas se propasa gracias al puesto de papi. De hecho, el más famoso caso de excesos viene de hijos de presidentes que imponían su voluntad en antros, discotecas, centros de reunión y hasta arenas.

Historias hay muchas, desde Alfredo Díaz Ordaz como el único con permiso para roquear hasta Ernestito Zedillo dando el espectáculo por el cual la presentación de U2 del 97 en México fue inolvidable.

Y así podemos recorrer a hijos de políticos que golpeaban -vía sus escoltas- sobajaban, irritaban y corrompían a agentes, cadeneros, hoteleros, meseros y hostess bajo el poder de la firma, pero de su papá.

Sin embargo, la práctica no es exclusiva de los goberjuniors. Un dato que se escapa del penoso episodio del Maximo Bistrot es que uno de los comensales, al ver las acciones de los agentes de Profeco, los amenazó e incluso afirmó tener los conectes para hacer la misma acción: clausurar cualquier local con el accionar de su celular.

Y todos conocemos a alguien así. El primo de un amigo que quiere saltarse la cola del cine o del banco, la amiga del cajero, el compadre que entra por la puerta de atrás, el amigo que nos habla -luego de no hacerlo en años- para conseguir boletos. La fuerza de la charola en todos los ámbitos. La palanca para ascender.

Gonzalo Oliveros
Pág.19 del periódico Milenio Jalisco del 3 de mayo de 2013.

Pero los medios de comunicación, y sobre todo las redes sociales, han cambiado eso de manera exponencial. Aquí ya tiene hasta título nobiliario el prepotente, que se pase de lanza cuando haya una cámara cerca, (gracias Azalia). Y siempre habrá una cámara cerca. ¿Será que los medios nos obligarán a comportarnos un poco mejor?

Susana Moscatel
Pág.41 del periódico Milenio Jalisco del 3 de mayo de 2013.

El funcionario federal se refirió a los hechos relativos a la verificación del establecimiento mercantil denominado "Maximo Bistrot", ubicado en la calle Tonalá 133, Colonia Roma de la Ciudad de México, por personal de la Profeco.

"Ofrezco una sincera disculpa a quien haya sido afectado por el inapropiado comportamiento de mi hija Andrea", expresó Benítez Treviño a través de una declaración difundida por la Dirección General de la Procuraduría Federal del Consumidor.

"Ella exageró la situación y las autoridades de la Profeco, que dependen de mí, sobrerreaccionaron indebidamente por tratarse de mi hija", agregó el servidor público.

Pág.6-A del periódico El Informador del 29 de abril de 2013.

La tremenda corte
Pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 26 de abril de 2013.

La tremenda corte
Pág.3 del periódico Milenio Jalisco del 19 de abril de 2013.

Sospechamos que creen que cuando tienen el "poder" todos los humildes mortales deberán de ser sumisos, obedientes, lambiscones, incondicionales, sufrir vejaciones y mal trato. No se equivoquen, el poder se ejerce con autentico liderazgo, sirviendo, gestionando, resolviendo, dando buenos resultados... y si esto no pasa... habrá que pensar en otros... se debe acabar el tiempo de la simulación, la soberbia, la arrogancia, la obediencia... hay que servirle a los ciudadanos... a ellos se deben... no se les olvide.

Lucio G.Lastra Escudero
Pág.6-A del periódico El Informador del 10 de abril de 2013.

El legislador priista José Rangel Espinosa ostenta en su Mercedes Benz de más de un millón de pesos una "charola" de la Cámara de Diputados en el lugar donde deberían ir las placas del vehículo.

El Mercedes Benz, modelo E-500 convertible, modelo 2011, tiene un prec io aproximado de 1'234,000 pesos.

En el parabrisas luce una placa metálica que dice "Diputado", se repite la frase Poder Legislativo Federal e indica a que se trata de la 62 Legislatura, periodo 2012-2015.

Rangel Espinosa ha sido 2 veces alcalde de San José del Rincón, uno de los municipios con mayor pobreza en el Estado de México, ha tenido los cargos de director del DIF y de información y análisis político en esa entidad y es la segunda vez que ocupa una curul en San Lázaro.

Se pudo apreciar incluso un permiso vencido emitido por el Ayuntamiento de Iguala, Guerrero, válido por 30 días a partir del 25 de abril del 2011 y que se venció el 24 de mayo del mismo año.

Sin embargo, no se advirtieron engomados de verificación del DF ni del Estado de México.

Cuestionado sobre si el vehículo era de su propiedad, el diputado José Rangel, electo por el distrito 3 de Atlacomulco, Estado de México, respondió primero que sí y luego dijo que era de su hijo, quien se lo presta.

Pág.5 del periódico Mural del 14 de febrero de 2013.

El nombre de Juanacatlán quedó grabado en la memoria -y teléfonos celulares- de habitantes de Playa del Carmen, en Solidaridad, Quintana Roo.

Aunque no hubo hermanamiento ni acto protocolario, sí un "episodio" protagonizado por funcionarios de la actual administración priista-ecologista de este municipio de Jalisco.

Según la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad, el 22 de enero entre las 16:30 y 17:00 horas, se detuvo a Diego Rivera Navarro, tesorero de Juanacatlán, por conducir infringiendo normas de tránsito.

Dio vuelta prohibida en U, carecía de licencia de conducir así como de tarjeta de circulación del vehículo que manejaba.

El titular de la dependencia, Rodolfo del Ángel Campos, confirmó que el tesorero aludió a su calidad de funcionario al momento de ser interceptado.

"Hubo ahí el manifestar que era funcionario de un municipio del país, pero esto no le permitió, el que lo haya dicho con el tono o con la idea de algo para con él, no permitió nada", dijo Del Ángel.

La manifestación de su cargo público quedó evidenciada en imágenes capturadas en el momento, mismas que exponen a Rivera Navarro mostrando su "charola" de funcionario.

Con el tesorero también se encontraban Fernando Martínez, hermano del alcalde de Juanacatlán, José Martínez; la síndico, Cynthia Chávez, y el asesor de regidores del PRI, César León.

El reporte indica que la detención ocurrió en el centro de Solidaridad, en las Avenidas 20 y Juárez.

Luego de que a la camioneta se le marcó el alto, en el lugar se concentraron curiosos ya que, según la prensa local, el tesorero de Juanacatlán se mostró prepotente y alegó contar con fuero.

Todos los viajeros tenían en las muñecas la misma clase de brazaletes, similares a los que otorgan los hoteles y negocios turísticos a sus clientes.

La escena concluyó cuando la camioneta tuvo que ser trasladada al corralón por falta de documentos y se le impuso una sanción a Rivera Navarro por 4,000 pesos, mismos que fueron saldados.

Pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 31 de enero de 2013.

La liberación se dio luego de que la empresa Autotraffic y los padres de los 2 detenidos llegaron a un acuerdo económico por 750,000 pesos.

Pág.1-B del periódico El Informador del 14 de noviembre de 2012.

Pág.5-B del periódico El Informador del 14 de noviembre de 2012.

El accidente vehicular se registró minutos después de las 2:00 horas del sábado, sobre la Avenida de Acueducto en su cruce con Avenida Patria, en la colonia Colinas de San Javier, en el municipio de Zapopan.

Sobre la banqueta y parte del pavimento quedó volcado el automóvil Volkswagen Jetta, modelo 2013, con placas de circulación JKD-80-07, cuya identidad del conductor no fue dada a conocer.

Dicho automotor impactó en la parte trasera a un taxi del sitio 3, el cual era conducido por César Ramírez Martínez, de entre 20 y 25 años, aproximadamente, quien indicó que solamente sintió el golpe a su vehículo.

Tras el impacto, el carro de sitio se proyectó contra una obra en construcción donde estaban 4 personas que resultaron levemente lesionadas, de las cuales 2 fueron trasladadas por paramédicos de la Cruz Verde Zapopan Norte.

Luego del impacto, el Jetta recorrió poco más de 50 metros para terminar volcado con las llantas hacia el cielo.

Inicialmente, elementos de la Policía Municipal de Zapopan arribaron al lugar y retuvieron al conductor del compacto, debido a que había personas lesionadas, además de que también presentaba aliento alcohólico, sin embargo, lo dejaron ir.

Dicha versión fue confirmada por un comandante de la Secretaría de Vialidad, quien supervisa la zona. El agente vial manifestó que las unidades involucradas de la Policía de Zapopan, en la liberación del conductor, fueron las P-010 y la P-0452.

Instantes después, algunos conocidos y amigos del conductor del auto volcado llegaron al lugar del percance, sin embargo, en todo momento entorpecieron el trabajo, tanto de los agentes de Vialidad como de los medios de comunicación que arribaron al sitio, pues se portaron agresivos con ambas partes, al grado que no dejaban que se tomaran fotos ni video al automotor.

El comandante de la Policía Vial, quien prefirió omitir su nombre, aseguró que los tripulantes del vehículo que protagonizó el percance viajaban bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad por la vía en mención.

Periódico El Informador en línea del 6 de octubre de 2012.

Uno de los agentes encargados de escoltarlos relató que los rojiblancos solicitaron el apoyo para ir con sirena abierta y de esta forma llegar más rápido al inmueble, situación que, tras ser consultada con superiores fue denegada, pues no se trataba de una emergencia.

"Por iniciativa propia se empezaron a pasar los altos, 3 en específico, y al negarse a detenerse se les detuvo aquí", explicó el agente Misael Herrera, quien paró la unidad en la esquina de la Avenida Las Torres y Ayamonte, a unos 100 metros de la entrada del estadio.

Ahí Olaf Heredia y Eduardo Fentanes, parte del cuerpo técnico de Chivas, urgían a los agentes para que agilizaran la infracción, sin embargo, eso se retrasó más porque el chofer de la unidad no traía licencia ni tarjeta de circulación.

Pág.1-C del periódico El Informador del 3 de octubre de 2012.

Ernesto López Mota
Pág.2-C del periódico El Informador del 3 de octubre de 2012.

Arriaga ya había agredido a una persona de la 3a.edad que portaba una cartulina con consignas contra Aristóteles Sandoval y era abordado por representantes de los medios cuando atacó a José María Martínez, quien, después de la agresión, se retiró, sin responder al ataque de Arriaga.

Compañeros de los medios siguieron a Arriaga para que no escapara. Fue entregado a la Policía de Guadalajara, que lo puso a disposición de un juez municipal, el cual sólo le impuso una multa.

De la misma forma, nos enteramos de que la policía tapatía, tras saber que la persona arrestada era pariente del ex alcalde y hoy candidato, le envió un informe para preguntar cómo proceder; y aunque sabemos que el candidato se deslindó de los hechos, nos llama la atención la actitud de la autoridad.

Exigimos un seguimiento expedito y puntual a la denuncia de José María Martínez.

Jorge Zul de la Cueva
Pág.2-B del periódico El Informador del 26 de junio de 2012.

Hoy, como nunca, la conducta de la familia y del círculo íntimo de un gobernante se considera no sólo extensión de su estilo de liderazgo, sino como un elemento más, para anticipar el tipo de gobernante que será de ser electo. Esta situación tal vez sea injusta porque nadie tiene familiares perfectos ni puede ser responsable de sus acciones. Pero también los gobernantes deben reconocer que uno de sus flancos más débiles siempre será su familia y amigos.

Quien aspire a ocupar un cargo donde estará expuesto a la vigilancia constante del público y de los medios, necesita preparar a sus allegados para enfrentar juntos un tsunami de ataques personales, además de la demanda del comportamiento ético exigible al resto de las personas.

El poder absoluto puede llegar a desubicar a las personas. Esto era un problema no sólo de los presidentes y de otros gobernantes de antaño, sino también era un padecimiento compartido por sus familiares y amigos. Y ahora que salen a la luz la cantidad de barbaridades permitidas en el pasado a los presidentes y sus familiares, con mayor razón se deben crear mecanismos de transparencia para no permitir vuelva a suceder.

Quizá no han entendido los gobernantes y quienes los rodean que no sólo deben actuar dentro de un régimen de legalidad, sino también mantener una conducta apegada a un marco ético y moral muy estrecho.

Cuando un familiar del presidente o de un gobernador incrementa dramáticamente su fuente de ingresos debe asumir que ello originará una persecución política y, además, con fundamentos legales. Y ni hablar si ese familiar o amigo hace uso de su cercanía con el mandatario para llevar a cabo actividades ilegales. Antes de descubrir los ilícitos ya los medios de comunicación lo estarán persiguiendo y expondrán sus delitos, si antes no lo ha denunciado ya la oposición.

Esta es la nueva realidad política mexicana de aquí en adelante. Tal vez no se castigue a esos infractores influyentes, pero sí los incomodarán al grado de destruir sus ambientes familiares.

Debemos preguntarle directamente a los candidatos si ya hablaron con sus allegados y les advirtieron de no robar y no abusar de sus cargos públicos y que deberán llevar una vida discreta y de perfil bajo. De lo contrario sufrirán y mucho. Acaso esta conversación íntima se dificulta porque los candidatos también necesitan comprometerse a no robar, no abusar y tratar de ejercer su liderazgo en beneficio del pueblo y no de ellos y su familia.

Ana María Salazar
Pág.4-A del periódico El Informador del 19 de mayo de 2012.

Una camioneta de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zapopan, con matrícula JL-80-887 y número económico 2110, obstruyó ayer el paso peatonal en Pedro Moreno y Escorza, así como la rampa para discapacitados.

Pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 16 de febrero de 2012.

Sólo las investigaciones podrán determinar si Larrazabal, el quesero, actuaba como extensión de Larrazabal el presidente municipal, o si simplemente era un hermano incómodo que operaba de manera autónoma.

Pero, incluso, me parece que esos casos de corrupción y de abuso son menos dañinos que el de la herencia de cargos políticos. Después de todo, supongo que Raúl Salinas o Jonás Larrazabal dejan de ser un dolor de cabeza en cuanto termina el gobierno fraterno del que derivan su poder, pero en cambio difícilmente nos libraremos de Carlos Mario Villanueva Tenorio, actual alcalde de Chetumal e hijo del ex gobernador que pasa lista todos los días en una cárcel de Estados Unidos.

Los peores casos son aquellos en los que se mezclan ambos fenómenos: un pariente corrupto termina heredando un puesto político. Un mal redundante y transexenal. Habría sido el caso si Manuel Bibriesca hubiese obtenido un escaño de senador, por ejemplo. O más realista, el de Juan Pablo Adame, quien a sus arbitrariedades de júnior quiere sumarle una carrera política en el PAN.

Jorge Zepeda Patterson
Diario Libertad en línea del 4 de septiembre de 2011.

En aquella ocasión la molestia iracunda de Diego y las presiones desde el PAN la hicieron replegarse y la iniciativa se tuvo que ir a la congeladora para ser aprobada varios años después, pero hay testigos de que Luisa María no se arredró y enfrentó la ira y los reclamos abiertos del poderoso jefe Diego.

Salvador García Soto
pág.6-A del periódico El Informador del 2 de agosto de 2011.

El martes pasado caminando por avenida Juárez me encontré con una camioneta del Ayuntamiento de Guadalajara que estorbaba el paso a los demás carros en esta vía que siempre está congestionada. Al llegar a la unidad no había nadie dentro de ella y sólo tenía las intermitentes encendidas. Me di a la tarea de buscar al servidor público responsable de este vehículo y lo encontré... desayunando en el restaurante que está sobre la avenida casi esquina con Ramón Corona. Les mando estas imágenes ya que se me hace una falta de respeto a los demás vehículos y los ciudadanos que somos quienes pagamos estos actos de prepotencia.

Carlos Rodríguez Casillas
Pág.21 "Los correos del público" del periódico Milenio Jalisco del 29 de julio de 2011.

Volvió el señor René Bejarano al partido del que su esposa Dolores Padierna es dirigente. El señor Bejarano disfrutó sus días de protagonismo mediático, al grado de ganar el título de: "el señor de las ligas", cuando hasta con éstas cargó tras llenar maletas y bolsillos de dinero procedente de un empresario argentino.. Ahora retorna al plano de la política por obra y desgracia del sistema nacional.

Igual en el escenario local, duerme el tiempo del olvido bajo la indiferencia legislativa jalisciense, el caso del contralor Alonso Godoy; al amparo del instantáneo protagonismo que dan los impactos mediáticos, sustituido por algún delincuente o acusado de violación como Kalimba o el homicidio motorizado de la colonia Providencia al que no se probó oportunamente su grado de ingestión alcohólica, pero sí su galana exhibición de influencia con el Secretario de Vialidad, don Diego Monraz Villaseñor.

Se confirma: A la altura de cualquier presunta impunidad, es la delincuencia pasatiempo nacional.

Razón y Acción del 17 de abril de 2011.

La tremenda corte
Pág.3 del periódico Público del 1o.de abril de 2011.

Esta reforma es motivada por el accidente que se registró el sábado pasado, en el que perdió la vida una joven de 18 años de edad y que el conductor del otro vehículo [Pablo Mora Dragicevic] se negó a que se le hiciera el examen de alcoholemia.

Casillas también había declarado que buscaría que se aplicara igual sanción para quien participara en un accidente, en evidente estado de ebriedad, y huyera del lugar. Además, para tipificar como delito la conducta de los peritos que colaboraran con el responsable de un accidente para que no se le practicara el examen de alcoholemia. Sin embargo, estos 2 puntos no fueron incluidos en la iniciativa.

En la presentación de su propuesta, el diputado priista defendió la reforma que se aprobó para endurecer las penas para quienes conducen automotores en estado de ebriedad y dijo que si se encontraron fallas, es porque no estaban "blindadas contra la corrupción y el influyentismo". Lo anterior, por los señalamientos de que los agentes de tránsito ayudaron al joven para que no se le realizara el examen de alcoholemia.

Pág.14 del periódico Público del 18 de marzo de 2011.

Vehículo del Gobierno del Estado con placas JHZ-18-34, con la leyenda "Jugando limpio y honesto". El funcionario que lo manejaba no fue honesto porque no abonó al estacionómetro.

Pág.15 del periódico Público del 11 de marzo de 2011.

La tremenda corte
Pág.3 del periódico Público del 11 de febrero de 2011.

Doce testigos fueron entrevistados por Público Milenio e indicaron que están dispuestos a acudir ante las autoridades que llevan el caso para dar sus testimonios de lo ocurrido.

Uno de ellos indicó que la noche del 29 de enero, en la casa de la regidora se realizó una fiesta.

"Había una fiesta, una reunión con unas muchachas que ya estaban muy borrachas, empezó una discusión y se empezaron a mentar madres y a ofender. Una muchacha se vino hacia acá gritándoles groserías y la alcanzó un muchacho, y le dijo la muchacha al muchacho, ‘vámonos por-que te van a matar estos cabrones’. Entonces se fueron a la esquina de Domenico (Scarlatti) y entonces de allí arranca el Camaro, de allí, del domicilio de la regidora y pasa a toda velocidad", dijo uno de los testigos.

"Oí el motor que agarra por Sebastian Bach y me fui directo porque dije: ‘va a llegar a la casa de la regidora y voy a bajar a este muchacho’. Pero resulta que cuando ya lo vi venir, ya venía a 140 fácil, por Hyden se estrella se impacta y yo cuando llego ya vi a los vecinos allí y lo único que vi fue un muchacho que estaba adentro, inconciente. Cuando llegó el hijo de la regidora en la camioneta diciendo que él era licenciado y que un muertito no valía más de 160,000 pesos".

El choque del Camaro y del Grand Marquis ocurrió en el cruce de Joseph Hyden y George Haendel, donde César Augusto resultó con heridas graves.

Otro de los testigos dijo: "Pasó por enfrente de mí el chofer del Camaro que estaba escondido en una Dodge allí en el domicilio, pasó frente a mí y tenía una herida en la frente, iba cojeando, lo iban ayudando unos amigos. Afuera del carro había una muchacha lesionada, golpeada, atarantada del golpe, que después la levantaron. Al muchacho (del Camaro) lo metieron a la casa de la regidora y lo sacó la familia de la regidora, lo sacó del lugar y se la llevó".

"Yo nada más vi humo y después de un ratito salió un Pointer a toda velocidad con el conductor del Camaro, habían dicho que era un Bora el que ayudó a escapar al asesino, pero fue un Pointer rojo con placas JFN-10-59, que es propiedad de la regidora, no sé si de sus hijos, pero es de su casa. Creo que el que iba manejando era el esposo de una de sus hijas", comentó otra persona que atestiguó los hechos.

Los entrevistados coincidieron en señalar que otras personas que estaban en la fiesta sacaron varias botellas de vino del Camaro, incluso una vecina les ayudó.

Mientras tanto César Augusto fue llevado a un puesto de socorro, donde horas más tarde falleció.

"La regidora decía que no sabía ella nada, que no estaba en su casa, cuando ella sabe quién es el muchacho (del Camaro) porque es amigo del muchacho", afirmó uno de los entrevistados.

Pág.36 del periódico Público del 11 de febrero de 2011.

Según los testigos, la noche del 29 de enero, el hijo de la regidora panista viajaba en un auto Camaro 2010 en color gris, con placas de SEM-82-85 del estado de Nuevo León, conducido por otro joven, quienes circulaban por las calles de la colonia mencionada.

Pero cuando llegaron al cruce de las calles Joseph Hayden (sic) y George Handel (sic), chocaron contra un auto Grand Marquis, modelo 1982, de acuerdo con datos proporcionados por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Los vecinos indicaron que el conductor del Camaro iba a más de 100 kilómetros por hora, por lo que "partió" al Grand Marquis al impactarlo por el costado.

Los testigos comentaron que, tras el choque, la regidora ayudó a su hijo y a su amigo a salir del Camaro accidentado y los metió a su casa, además de que con la ayuda de otros conocidos, también sacó varias botellas de cerveza, por lo que se presume que el conductor del Camaro iba ebrio.

Los residentes del lugar, que no quisieron dar sus nombres por temor a represalias, comentaron que la funcionaria subió al amigo de su hijo a un auto Bora blanco de su propiedad, que tiene los vidrios polarizados, para trasladarlo a otro lado.

Mientras tanto, el tripulante del Grand Marquis fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Verde.

El joven fue llevado al puesto de socorro de Las Águilas, donde fue estabilizado y posteriormente trasladado al Antiguo Hospital Civil, pero el joven no logró sobreponerse a las heridas y falleció el domingo 30 de enero.

Pág.43 del periódico Público del 4 de febrero de 2011.

Centro tapatío. En zona peatonal fue estacionado ayer este vehículo de la Secretaría de Desarrollo Rural, placas JHZ-16-94, sobre la Calle Dr.Baeza Alzaga e Independencia. La fotografía fue tomada a las 12:56 horas. Además, el conductor escogió la sombra de un árbol para dejar la unidad y que no "sufriera" por los rayos del Sol.

Pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 27 de enero de 2011.

Calle 52 esquina Javier Mina, el miércoles 12 de enero, un vehículo oficial del Ayuntamiento de Guadalajara de la Dirección de Inspección y Vigilancia, con número económico 2602, obstruyendo rampa para discapacitados.

Pág.17 "correo" del periódico Público del 14 de enero de 2011.

Un vehículo oficial del Ayuntamiento de Tlajomulco estacionado en zona amarilla, en la calle Independencia casi esquina Humboldt.

Pág.17 "correo" del periódico Público del 10 de septiembre de 2010.

Las camionetas en cuestión, una Tahoe y otra Chevrolet, placas 882 la primera y 705 la segunda, jugaban a las carreras en el Periférico, cerrándose a los demás vehículos y auxiliados por los motociclistas que cerraban el paso para abrirles espacio por el que circularan sin problemas.

Desconocemos quiénes eran los personajes que se transportaban en esos vehículos, ya que contra lo que marca la ley, los vidrios de las camionetas se encuentran polarizados en su grado máximo y solamente asomaban por un resquicio de la ventana las armas de alto poder que llevaban los guardias escoltas.

Ramón Zurita Sahagún
Pág.9-A del periódico El Informador del 16 de agosto de 2010.

Esto sucede por la calle Saúl Rodiles, donde en el número 1783 pusieron su oficina los dichos consentidos del régimen, estacionándose en las cocheras, tomando la calle como patio de maniobras de descarga, invadiendo banquetas, haciendo francachelas todos los fines de semana. Meten hasta mujeres a la oficina que parece congal. Hemos reportado el caso al 070, pero nada sucede, todo tranquilo, y estas personas seguirán abusando con la complacencia del ayuntamiento de la otrora tranquila Guadalajara, mientras los prepotentes seguirán haciendo de las suyas.

Catarino Hernández Robles
Pág.15 "correo" del periódico Público del 6 de agosto de 2010.

¿Cómo queremos que el ciudadano respete a los peatones y discapacitados si las propias autoridades usan de estacionamiento las banquetas, por cierto, recién remodeladas del parque Morelos? Esta foto se tomó el día ayer sobre la calle San Felipe, a un lado de la Cruz Roja del parque Morelos, y al parecer dicho vehículo (JH-06-491) pertenece al Ministerio Público adscrito a dicho nosocomio.

José Antonio Magaña Jiménez
Pág.15 "correo" del periódico Público del 6 de agosto de 2010.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas del lunes, cuando dos hampones sorprendieron a Rodolfo Archundia de la Rosa al momento de arribar a su domicilio, ubicado en Río Suchiate.

A mano armada, los delincuentes obligaron al hombre de la tercera edad a que les entregara su camioneta Chevrolet Captiva, color rojo, placas TWW-32-58.

Los ladrones escaparon llevándose el automotor modelo 2010, el cual está valuado entre 291 y 364,500 pesos. Después, decenas de policías arribaron al domicilio.

"Si eso les pasa a ellos (los Archundia), qué se espera uno", dijo una vecina.

Pág.8 del periódico Mural del 5 de agosto de 2010.

En las culturas democráticas donde se considera a todos igual ante la ley, este tipo de privilegios tiende a desaparecer. Un buen índice para medir si una ciudad va progresando hacia la democracia es comprobar que han desaparecido los privilegios y charolas que reclaman los políticos y los ricos.

El secretario del Congreso de Jalisco Carlos Corona fue dirigente estudiantil de la FEU, donde todavía rige la cultura autoritaria, se obedece ciegamente, a cambio se obtienen los privilegios de explotar la los vendedores alrededor de las escuelas, obtener derecho a examen sin asistir, exigir calificación aprobatoria, lugar privilegiado de estacionamiento, etc.

Está muy claro, la discusión de las charolas y los privilegios que ésta les confiere es en realidad, una problemática de fondo. Elegir qué tipo de dirigentes queremos los jaliscienses, si deseamos regresar al pasado autoritario, el de los privilegios y las imposiciones sólo hay que seguir votando por tipos como Carlos Corona y su partido, el PRI.

Mario Morales Sahagún
en la pág.16 "correo" del periódico Público del 23 de julio de 2010.

Resulta que la 'coronita del día' es que el secretario del Congreso [de Jalisco], Carlos Corona, ordenó resucitar del pasado la identificación metálica para los diputados del congreso local.

Sí, ya tendrán de aquellas laminitas que eran usadas como símbolo de impunidad, no sólo por los titulares de las mismas, sino por sus allegados, a quienes les conseguían una, y con ella andaban haciendo tropelías aún después de finalizada la legislatura.

Mientras que algunos diputados niegan haber pedido la famosa charola, más de alguno ya bromea con que sólo les falta la pistola para tener el kit completo... y pareciera que van para allá.

S.Cabañas
en la pág.6 del periódico Mural del 8 de julio de 2010.

Jacobo Zabludovsky
en la pág.2-A del periódico El Informador del 14 de junio de 2010.

Indicó que los reportes del incidente se recibieron en la policía, por lo que la unidad Z-102 detuvo al funcionario y lo trasladó a sus instalaciones, de donde fue liberado alrededor de las 5:45 horas.

Aunque aseguró que existen testimonios del personal que trabaja en los juzgados municipales, los cuales coinciden en que González ingresó a dicho lugar, el panista dijo que no hay registros documentales de la detención.

Por ello, Guzmán Cervantes solicitó una investigación al alcalde Héctor Vielma ante la sospecha de que se esté brindado protección a un funcionario de su administración.

Según los 3 reportes recibidos en la policía, los hechos habrían ocurrido en la calle Justo González 4996, al cruce con Luis Medina, en la Colonia Auditorio.

Pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 13 de mayo de 2010.

Salvador García Soto
en la pág.2-A del periódico El Informador del 11 de mayo de 2010.

Este vehículo de la Universidad de Guadalajara no respetó la rampa para discapacitados afuera del Hotel Fiesta Americana. Esto fue en marzo pasado cuando se realizaba el Festival de Cine.

Miguel Ruiz
en la pág.19 "correo" del periódico Público del 30 de abril de 2010.

"Estoy indignado" comentó, "¿dónde están todas las dependencias cuando se cometen delitos? No hay responsables cuando hay incendios, hay casas que se siguen construyendo y ya les pasamos todas las pruebas... ¿Dónde están las autoridades? Tenemos que balconear a los funcionarios, son copartícipes, indiferentes ante los delitos y si no hacen nada, nuestro trabajo se vuelve estéril. Es una burla de quienes violan las leyes".

El domingo, trabajadores del Bosque La Primavera detuvieron 16 vehículos que ingresaron a la zona protegida y fueron trasladados al Ministerio Público de Zapopan, pero el juez los liberó al declararse incompetente.

"Este muchacho (Marco Antonio Ibarra Ríos) pregonaba que era influyente porque trabajaba en Fomento Deportivo de Guadalajara, y empezó a hacer llamadas supuestamente al juez (Flavio Ibarra). Al final sí les funcionó, los dejaron libres".

Primera plana del periódico El Informador del 27 de abril de 2010.

Sin decir palabra, el funcionario observó cómo 8 de sus "guaruras" agredieron físicamente a los reporteros, después de la primera reunión del consejo municipal de seguridad.

El general en lugar de impedir el atropello "se burló" por la forma en que su personal de seguridad agredía físicamente a periodistas de radio, televisión y medios impresos.

Periódico El Universal en línea del 11 de marzo de 2010.

Sin motivo aparente, ya que no traía las torretas prendidas, la patrulla de Guadalajara G-1007 con placas JDZ3474 puso el mal ejemplo y se estacionó sobre la banqueta de la calle Joaquín Angulo, casi esquina con Liceo, obligando a los peatones a bajar de la acera.

Pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 21 de enero de 2010.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó ayer que ésa es una de las acciones que emprenderá la PGJEJ luego de de que aceptó la recomendación 30/2009, que emitió en diciembre.

Los funcionarios investigados serán un secretario y 2 agentes del Ministerio Público. La PGJEJ aceptó investigar a los policías a los que la CEDHJ acusa de haber obstaculizado su labor.

La CEDHJ acreditó que una las agentes ministeriales actuó al mismo tiempo en dos actas ministeriales, pese a que los sucesos ocurrieron a considerable distancia entre sí, lo que es materialmente imposible, a la par de que permitió que los sospechosos fueran atendidos en hospitales privados, sin justificación y de manera ilegal.

También el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aceptó la recomendación y continuará un procedimiento en contra de peritos que actuaron de forma negligente. Además, se instruirá a todos los peritos para que consideren prioritaria la emisión de dictámenes de alcoholemia, uno de los puntos que fallaron en el caso.

Pág.11 del periódico Público del 15 de enero de 2010.

La recomendación 30/2009 pide además una averiguación previa contra los agentes del Ministerio Público Esperanza García Alvarado, Armando Muñoz Torres, y su secretario, Luis Humberto Gómez Orozco, por abuso de autoridad, al actuar con parcialidad a favor de los indiciados.

El organismo determinó también que no hubo actividades irregulares por parte de Fernando Arias, entonces director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, para favorecer la situación jurídica de su hijo, Christian Arias, quien junto con Francisco Xavier Álvarez del Castillo, se vieron implicados en el percance al embestir el Volkswagen sedán de Néstor Alan, al jugar carreritas, causándole la muerte.

"No puede justificarse de ninguna forma que un servidor público, por instrucciones, por órdenes de un superior, por influencias o por lo que se pueda llamar, actúe de forma indebida", señaló el titular de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

"Queda la duda fundada, más no comprobada en ese sentido".

El Ombudsman solicitó también al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Isaías Lemus Fortoul, que su personal considere como prioridad la emisión de dictámenes de alcoholemia y agilice la toma de muestras y entrevistas.

Pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 31 de diciembre de 2009.

Una patrulla de la Secretaría de Seguridad bloquea la banqueta de la calle Maestranza y Pedro Moreno.

Pág.19 del periódico Público del 13 de noviembre de 2009.

El 26 de noviembre de 2006, Néstor Alan Rodríguez Licea, un joven de 18 años a punto de graduarse de la preparatoria, regresaba a su casa por la madrugada en su vocho. Hacia las 2 de la mañana transitaba por Enrique Díaz de León de norte a sur cuando cruzó Vallarta con su luz en siga, según testigos presenciales, y fue embestido por 2 vehículos que circulaban a exceso de velocidad. El joven murió al instante.

A bordo de aquellos 2 vehículos, 2 júniors en presunto estado de ebriedad, uno de los posibles motivos que podrían haber provocado el choque. Se trataba de Christian Arias de la Torre, hijo de Fernando Arias Pérez, quien fue director de Comunicación Social del entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña; y de Francisco Javier Alvarez del Castillo Iñiguez, familiar del ex gobernador Enrique Alvarez del Castillo. El vehículo de Néstor quedó destrozado sobre la banqueta sur de Vallarta.

Cuando las obras llegaron a las banquetas de Vallarta y Enrique Díaz de León, un par de meses atrás, los trabajadores se encontraron con el memorial del joven. Vecinos familiarizados con el monumento y con la historia dieron aviso a los padres de Néstor Alan: Mónica Licea Padilla y Néstor Rodríguez Gómez, que viven a sólo cinco cuadras del lugar.

Los padres se entrevistaron con el director de Servicios Municipales de Guadalajara, quien está a cargo del proyecto. En común acuerdo, se retiró el memorial y se guardó con la promesa de colocarlo después del remozamiento, de manera que se aseguraron de que las nuevas obras no sepultarían también el recuerdo.

El recuerdo tiene demasiadas facetas amargas y, sin embargo, la familia y los amigos de Néstor Alan han pugnado por tres años por que no se les olvide. Apenas 5 minutos después del encontronazo, aquel 26 de noviembre, llegó el padre de Christian Arias y dio comienzo una serie larga de supuestas irregularidades denunciadas varias veces, cometidas tanto por el Ministerio Público como por los peritos del Instituto de Ciencias Forenses: no se tomaron testimonios, no hubo detenciones (los sospechosos fueron enviados a hospitales privados) y no se practicaron exámenes de alcoholemia. Los padres de Néstor no se enteraron sino hasta la tarde del día siguiente, según refirió Francisco Macías Medina, director ejecutivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC, quien asiste a los padres de Néstor después de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hasta la fecha, se ha mantenido en silencio.

Alrededor de las 11:00 am de ayer, los trabajadores de Servicios Generales llegaron en una camioneta con la cruz y comenzaron a instalarla con las instrucciones de la madre, de manera que el memorial insepulto, al contrario, también fue remozado con nuevas decoraciones que suplieron a las deterioradas: "Monumento a la impunidad. Fue víctima del abuso de la libertad, del alcohol y de la impunidad. Que mi nombre no quede en el olvido, hagamos conciencia", reza el pequeño monumento.

En julio pasado, tras la presión del Congreso del Estado, un juez dictó una sentencia por homicidio culposo (no intencional) en contra de los asesinos. Se dictaron 4 años de cárcel, pero la sentencia fue apelada y los homicidas siguen en libertad.

Mónica dice que vio en las noticias que la semana pasada condenaron a un sujeto a 20 años de cárcel por matar a un policía. Por poco rompe en llanto: "Todos somos iguales, la justicia debe ser por igual", pero no sabe si afirmar o preguntar.

Sergio Blanco
en la pág.12 del periódico Público del 8 de noviembre de 2009.

Pág.5-B del periódico El Informador del 2 de noviembre de 2009.

La tremenda corte
en la pág.3 del periódico Público del 25 de septiembre de 2009.

Los hechos se registraron durante los primeros minutos de ayer, cuando sobre la Calzada Independencia a su cruce con Monte Olivetti, de la colonia Independencia, en Guadalajara, una mujer de, aproximadamente, 40 años de edad viajaba a bordo de un vehículo tipo Dodge Stratus, de modelo reciente, de color plata y con placas de circulación JFU-79-55, del Estado de Jalisco, al llegar al cruce en mención impactó por un costado al tripulante de un Nissan Tsuru,

Tras el impacto, el Tsuru terminó impactado en contra de la vivienda número 1673, de la Calzada Independencia, en donde derrumbó gran parte de una cancelería, además de provocarle daños materiales a una camioneta.

La tripulante del vehículo tipo Stratus continuó su marcha, y no fue sino hasta el cruce de las avenidas Siete Colinas y Circunvalación, en donde detuvo su marcha, debido a que fue alcanzada por elementos de la Secretaría de Vialidad y Transporte a bordo de la unidad V-329, sin embargo, aunque la presunta causante del choque fue capturada, los elementos de vialidad la dejaron ir, ya que según ella refirió ser familiar directo de altos funcionarios de la Procuraduría del Estado y de la misma SVyT.

"Más o menos a los 10 minutos de que pasó el choque me avisaron que habían detenido a la del Stratus en Siete Colinas y Circunvalación. Fui y sí, los de Vialidad tenían a la mujer arriba de la patrulla, en la parte trasera y esposada. Me dijeron que no me preocupara por nada, pero de repente ella se fue, se escapó y los oficiales no hicieron nada por detenerla, según dicen los (oficiales) de Tránsito que era la hermana de alguien de Vialidad o de la Procuraduría, y por eso la dejaron ir", declaró el propietario del automotor siniestrado.

Cabe mencionar que al momento de revisar el vehículo, en su interior fueron localizados varios vasos con bebidas alcohólicas, además de una botella de vino. La matrícula del automotor causante presentaba registros a nombre de Carlos Noé Vargas Romero, mientras que de la mujer causante del choque no se supo su nombre, ni mucho menos hacia donde se fugó.

Pág.5-B del periódico El Informador del 1o.de agosto de 2009.

La noticia de que el senador ecologista fue descubierto en el aeropuerto de Chiapas con esa cantidad en efectivo pinta al Partido Verde de un trazo. El senador cargaba consigo una maleta Louis Vuitton, lo cual lo define como un tipo a la moda, un hombre con altos ingresos -no en balde es senador- y de gusto exquisito. Un representante del Verde Ecologista no se pasea con cualquier cosa. No importa que nadie lo reconozca ni que nadie le pida resultados de su trabajo; él sabe que cuenta con una credencial que lo acredita como miembro del Senado de la República y que nadie tiene por qué estarlo importunando. Por eso viaja con un asistente que casualmente le carga las maletas, cuando a él le pesan. Por ejemplo, cuando la policía lo detiene y le cuestiona por qué lleva tal cantidad de dinero en esa maleta, aparece el oportuno asistente, que, además, sostiene que no lo conoce.

Pocas personas en el país saben cómo se ve un millón de pesos en efectivo. Quizá por eso el senador Escobar decidió ponerlos en una maleta tan elegante. Valía la pena. Ni modo de poner ese dinero en unas cajas de detergente. Sería de mal gusto, no checaría con el look de un senador y mucho menos con un alto representante del Partido Verde.

Parece que el caso de La maleta del millón se va a quedar en pura especulación porque la llevaba un senador muy elegante. Por eso hay que ir a votar. También para que los nuevos legisladores acaben con el fuero, que si bien fue establecido con principios razonables, se ha convertido en un escudo para delinquir. Aunque sea con una maleta muy elegante.

Juan Ignacio Zavala
en la pág.15 del periódico Público del 5 de julio de 2009.

No es poca cosa que la parentela del gobernador y de altos funcionarios de su gabinete sean los beneficiarios de las concesiones de las guarderías subrogadas, y si bien no hay delito en ello, sí existen muchos indicios de la aborrecible práctica del influyentismo que ha padecido México durante toda su existencia.

Pero de eso a que frente a la muerte de 48 niños inocentes los propietarios de la guardería ABC no hayan sido siquiera citados por el gobierno de Sonora para declarar las razones por las cuales sus instalaciones no contaban con las condiciones mínimas de seguridad, hay un gran trecho.

La actuación del gobierno estatal ante esta tragedia ha sido por demás cuestionable. Que las autoridades judiciales de Sonora no tocaran ni con el pétalo de una rosa a los socios de la guardería ABC fue una llamada de alerta.

Néstor Ojeda
en la pág.2 del periódico Público del 28 de junio de 2009.

En lo que se refiere a la investigación penal, yo me pregunto ¿qué hubiera pasado si las víctimas hubieran provenido de la clase social acomodada de Hermosillo? ¿Los socios de la guardería ya hubieran sido encarcelados si no fueran miembros de la clase dorada de Hermosillo o no tuvieran vínculos con el gobierno estatal y federal?

¿Entiende el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el procurador de Justicia del Estado de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, que la investigación de la tragedia en la guardería "ABC", es la investigación más importante que tienen en sus manos en este momento y definirá la credibilidad de las instituciones que representan?

Mi gran temor es que Sonora y México pasen a la historia como una sociedad que permitió que murieran 45 niños, debido a la negligencia, avaricia e incompetencia de pocos, sin que se impusiera un castigo ejemplar.

Ana María Salazar en la pág.4-A del periódico El Informador del 13 de junio de 2009.

"Hizo un adelantamiento indebido, su automóvil no tenía matrícula y su registro de conducir no estaba en regla", declaró Petta a distintas radioemisoras de Asunción al revelar que debió aplicar una multa equivalente a 105 dólares.

V.pág.6-A del periódico El Informador del 16 de mayo de 2009.

La mujer, acompañada de 3 menores de edad y un hombre, salía de una tienda de autoservicio para socios, ubicada en Vallarta y Rafael Sanzio, cuando los vigilantes municipales le colocaron la infracción.

Al abrir su auto, se puso una camisola bordada con el logotipo de Zapopan y del Instituto de la Cultura, y retó a los inspectores, junto con su acompañante, a que le impusieran la sanción.

"Dame la nota y ya la pago, ¡pues qué!, a ella nada más le van a cobrar el 20%. A mí me cobraron una vez 1,000 pesos y nomás fue ella y ya la cancelaron", dijo el hombre que la acompañaba, visiblemente molesto.

"Quince minutos dando vueltas y si te fijas, todos los de minusválidos están vacíos. ¿Por qué están vacíos? Porque hay más estacionamientos para minusválidos de los que se necesitan".

A pregunta expresa sobre si le cobrarían la multa, la mujer -que no quiso identificarse- respondió que no.

"Por trabajar en el ayuntamiento, yo sé lo que te digo, investiguen más, verás cuánta cochinada hay", dijo, "son ganas de fregar al pueblo".

Sin embargo, Eva María Pérez Plascencia, encargada de despacho de la Dirección de Estacionamientos y Estacionómetros, aseguró que la multa no tendrá descuento, más allá del 50% que se pueda generar si la paga en los primeros 5 días hábiles.

V.primera plana del periódico Mural del 9 de abril de 2009.

Durante la sesión de ayuntamiento de este viernes, se entregó un documento firmado por los regidores del blanquiazul respecto a su postura, además de pedir la destitución de la secretaria Margarita Aguilar y Paúl Cuevas, este último jefe de Proveeduría, como presuntos participantes del encubrimiento del secretario particular.

Asimismo, los regidores panistas hicieron responsable al primer edil de cualquier amenaza o intimidación en contra de los familiares de las personas atropelladas y de Raúl Alexander Cortés López, a quien trataron de convencer para que asumiera la responsabilidad del accidente, a cambio de 80,000 pesos y la protección del ayuntamiento. Por su parte, Cortés López dijo ante los medios de comunicación locales que también le facilitaron una licencia de conducir, con fecha de expedición del año 2006, no sin antes ser llevado a Guadalajara, donde en una casa le tomaron una fotografía, para después entregarle el documento y regresarlo a Vallarta.

La noche del sábado pasado en el libramiento carretero y el puente sobre el río Cuale, un auto lujoso, conducido por el secretario particular del presidente municipal atropelló a madre e hija y luego huyó del lugar del accidente, argumentando que su amigo Raúl Alexander conducía el automotor.

V.pág.1-B del periódico El Informador del 25 de marzo de 2009.

Desde hace unos días se instaló un fuerte dispositivo de seguridad en el piso 11 cama 11151 del Centro Médico de Occidente, en el que aparecieron policías investigadores cuidando a una persona y de inmediato hubo quienes pensaron que se trataba de algún interno de un centro penitenciario, o porque habrían detenido a algún gran capo de la droga. Pues no, en esta ocasión les falló a quienes pensaban eso. Lo que sucede es que el señor procurador del Estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, internó a su papá en esas instalaciones para el tratamiento por un problema de salud y en lugar de rodearlo de médicos, fue de seguridad.

V.pág.1-B del periódico El Informador del 25 de marzo de 2009.

V.pág.1-B del periódico El Informador del 9 de marzo de 2009.

V.pág.1-B del periódico El Informador del 9 de marzo de 2009.

La tremenda corte en la pág.3 del periódico Público del 27 de febrero de 2009.

Román Revueltas Retes en la pág.4 del periódico Público del 15 de febrero de 2009.

Los que fueran elementos de la corporación hasta el 4 de febrero, fueron despedidos sin procedimientos previos que consten en sus oficios de notificación, por lo que ellos lo atribuyen a un hecho del 23 de enero, cuando se hizo una revisión al hijo de Amado Ortiz Ortiz, que identifican como comandante de la Policía del Estado, y quien les advirtió que podía usar sus influencias para que perdieran sus empleos.

Casillas Romero indicó que de confirmarse que el despido de estas personas no respetó las garantías que les provee la ley, y que respondió a motivos sin sustento, además de los perjuicios que les ha generado en sus ámbitos privados, también traerá consecuencias negativas para la administración municipal, pues podrían generarse indemnizaciones posteriores.

Burela Utrera y López Ramírez ya acudieron con el regidor José Salcedo Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública para exponerle su caso. Ellos aseveran que el teniente de Zapopan, Antonio Ortiz, hermano del comandante de la policía estatal, les pidió 2,000 pesos para intervenir en su favor y no ser despedidos.

En su relato, dicen que Amado Ortiz -el padre del joven- y quien fuera su capitán en Zapopan, Carlos Díaz, encontraron a los ex policías el mismo día de enero en la Calle 14, el primero acompañado por 2 patrullas del estado con elementos que portaban armas largas, e intentaron "levantarlos" luego de rodearlos.

Ortiz estaba molesto aseverando que su hijo había sido golpeado. El capitán Carlos Díaz, quien estuvo presente durante la revisión al joven, no intervino a favor de los ex policías, dicen. Casillas Romero señaló que en caso de que haya habido irregularidades por parte de los ex policías municipales, tuvieron que haberse constatado mediante procedimientos de investigación en Asuntos Internos.

V.pág.2-B del periódico El Informador del 7 de febrero de 2009.

El oficial, quien sólo cumplía con su deber, expresó: "Y me empezó a insultar diciéndome que traía documentos oficiales y le indique que los bajara, no quiso y me indicó que me estaba metiendo en un problema bastante fuerte y que me iban a correr y aparte uno de vigilancia ahí me empezó a insultar con palabras altisonantes".

El vehículo en cuestión es una Combi con razón social Poder Judicial de la Federación-Consejo de la Judicatura, placas JAD-73-65, que permanecía estacionada en la banqueta.

V.resumen informativo de Notisistema del 5 de febrero de 2009.

Los muchachos de la JAM-21-55 estaban desesperados y lo hicieron saber a los ciclistas con la lámina del vehículo oficial. Parecían con ganas de atropellar a alguien. Fue en Juárez y Degollado. "¿Ah, no te quitas? ¿Ah, no te quitas?", amagaba uno de ellos, con el ademán de quien busca un arma entre sus ropas. "¡Vamos a los juzgados!", gritó. La tensión estuvo a tope.

La tremenda corte en la pág.3 del periódico Público del 5 de diciembre de 2008.

"Hay un agresor plenamente identificado y por eso se solicita la intervención de la Procuraduría de Jalisco, y como ven se le está dando el curso que amerita un delito de este tipo, al parecer se menciona que uno de los agresores es hijo de una persona influyente", dijo una fuente, que solicitó el anonimato.

El presunto responsable por la pérdida del ojo de José Antonio es Marcelo Romero, hijo del magistrado Marcelo Romero G.de Quevedo, presidente de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Ayer, se insistió en hablar con el magistrado, pero dijeron que tenía muchos compromisos laborales.

V.primera plana del periódico Mural del 27 de noviembre de 2008.

Por ello, anunciaron que mantendrán su lucha a través de un movimiento social -hasta ahora nombrado Hermanos en el Dolor-, con el que buscarán apoyar a otras personas víctimas de la impunidad.

Néstor Alan murió en al ser impactado su vehículo por una camioneta que conducían Francisco Alvarez del Castillo Iñiguez, y Christian Arias de la Torre, hijo del ex director de Comunicación Social del Gobierno del Estado [de Jalisco], Fernando Arias. La prueba de alcoholemia no se hizo conforme las normas, por lo que se sospecha que las autoridades esperaron a que bajaran los niveles de alcohol en la sangre de los acusados.

Francisco Macías Medina, coordinador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, señaló que en estos 2 años ya debiera existir una sentencia por parte del juzgado, pero no ha habido avances, a pesar de que está plenamente documentado el exceso de velocidad, aunque no así el estado de ebriedad de los conductores, por la protección que recibieron.

Por ello, señaló, enviaron ayer oficios a diferentes funcionarios, incluyendo al gobernador, Emilio González Márquez, como un llamado para que las autoridades asuman su responsabilidad y se repare el daño.

V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 27 de noviembre de 2008.

Alrededor de las 11:00 horas, cuando Reynoso salió a bordo de su camioneta de Palacio de Gobierno, un Ford K rojo con placas de Hidalgo intentó rebasarlo sin lograrlo por lo angosto de las calles del primer cuadro.

El joven volvió a intentar rebasar a Reynoso en la calle Hidalgo, a la vuelta de Palacio de Gobierno, sin conseguirlo, pero para entonces ya tenía detrás de él a varias patrullas que lo detuvieron justo en la esquina de la calle Palmira, a donde llegaron al menos otras 4 patrullas de la policía estatal.

V.pág.10 del periódico Mural del 18 de septiembre de 2008.

Fue atendido el pasado 30 de agosto y aunque sí hay registro de su llegada a las 9 de la mañana, no lo hay de su salida de la unidad médica. En el apartado de diagnóstico, por su parte, se especifica que requería una operación de artroscopía de hombro.

La utilización de uno de los quirófanos y los medicamentos requeridos le costaron 2,300 pesos y fue operado por un primo del alcalde, de quien se omitió el nombre -pero no el apellido Sánchez Aldana- en el libro.

Oscar González Díaz, director general de los SSMZ, aseguró que él no hizo el ofrecimiento de las instalaciones de la unidad al hermano del presidente municipal, sino que fue el propio Alejandro Sánchez Aldana quien solicitó la contratación del quirófano para su intervención médica.

Cuando se le cuestionó al funcionario por qué el hermano del alcalde eligió la unidad de "Las Aguilas" para operarse, el funcionario aseveró que desconocía la respuesta.

También señaló que los quirófanos de la unidad están a la disposición de cualquiera que desee ser intervenido ahí, acompañado de su propio personal médico de confianza, si está dispuesto a pagar la contribución a los SSMZ.

El caso del hermano del alcalde de Zapopan, como alguien que utilizó de manera particular el quirófano de "Las Aguilas", es el primero y único en lo que va de la actual administración municipal.

V.pág.4-B del periódico El Informador del 3 de septiembre de 2008.

Gobierno del Estado emitió un comunicado indicando que en el percance no se encontraba ningún familiar ni pariente del gobernador, Emilio González Márquez.

V.periódico El Informador del 20 de agosto de 2008.

Un agente adscrito al servicio de Casa Jalisco, de nombre Edgar que tripulaba una camioneta Suburban con placas oficiales JAL-3538 fue quien protagonizó un incidente con particulares la madrugada del domingo en las inmediaciones de Plaza del Sol, confirmaron fuentes del Gobierno del Estado.

Por cierto éste mismo elemento (Edgar) se vio envuelto en otro penoso incidente, en 2005, cuando en compañía de un supuesto primo suyo, que venía de Nuevo Laredo, agredieron a varios travestis de la zona de Plaza del Sol, acción, en la que por cierto también se retiró del lugar como si nada hubiera pasado.

Tras salir de un evento organizado en la Arena VFG, un automóvil en el que se trasladaba una pareja, fue el blanco de agresiones por parte de escoltas de Casa Jalisco, cuando, aproximadamente a las 02:30 horas, les fue cerrado el paso por una camioneta con placas oficiales de Gobierno de Jalisco; inmediatamente después, unos hombres bajaron de la unidad, empezando a golpear el coche en el que viajaba la pareja, un Mazda de modelo reciente, en color blanco, con placas JFE-96-56.

Tras varios minutos, arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Zapopan, quienes intentaron calmar la situación y resolverlo sin mayores contratiempos, sin embargo, los agresores se identificaron como personal de Caja Jalisco, específicamente comentaron a los uniformados que se encontraban "con gente de Emilio", asegurando que se trataba de un hijo del gobernador del estado, Emilio González Márquez, por lo que los policías zapopanos los instaron a retirarse, siendo ignorados por los hombres, quienes seguían golpeando el automóvil detenido.

Tras discutir durante algunos minutos, otro hombre bajó de la unidad oficial, un Suburban de modelo reciente, en color arena, con placas JAL-35-38, y se dirigió a uno de los policías de Zapopan, mientras lo insultaba y le ordenaba que se retirara del lugar, al ver que los uniformados no se iban, siguió insultándolos, para luego empezar a golpear a no de ellos, hasta dejarle el rostro inflamado.

Tras sucedido lo anterior, los presuntos escoltas siguieron haciendo daños en la unidad detenida, para luego volver a su camioneta y emprender la retirada.

Testigos de los hechos aseguraron que dentro de la unidad se trasladaban aproximadamente 5 hombres, así como 3 mujeres, los cuales salían de un evento musical, y que lo que argumentaban los agresores era que minutos antes, el automóvil blanco se les había cerrado en múltiples ocasiones, lo cual causó la molestia de los pasajeros de la camioneta, y fue esa la razón por la que decidieron actuar de esa manera.

V.El Informador en línea del 18 y 19 de agosto de 2008.

Medina Hernández fue regidor panista en la pasada administración tonalteca.

V.pág.3-B del periódico El Informador del 19 de agosto de 2008.

Del 29 de mayo a ayer, los policías tapatíos habían aplicado 12,778 infracciones a mal estacionados, incluyendo vehículos oficiales, aunque los burócratas no aprenden la lección y ponen el ejemplo de lo que no se debe hacer. Ayer apareció un carro del Ayuntamiento de Guadalajara estacionado en línea amarilla, exactamente enfrente de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 14 de agosto de 2008.

El chofer de este vehículo con placas del gobierno del estado [de Jalisco] carece de cultura vial pues se estacionó en sentido contrario y sobre la banqueta en la esquina de las calles Juan Manuel y Humboldt.

V.pág.16 "correo" del periódico Público del 8 de agosto de 2008.

Se etiquetaron 77 millones de pesos en la compra de 76 patrullas, 40 motocicletas, 300 radios tetra y 50 cámaras de vigilancia, que velarán movimientos de legisladores las 24 horas del día.

Este presupuesto contrasta con los 93 millones de pesos que este año se asignaron a la delegación Venustiano Carranza para la seguridad de las millones de personas que viven en colonias consideradas peligrosas.

Es decir, la seguridad de los diputados vale casi 300% más, que el presupuesto de toda una delegación capitalina.

V.El Informador en línea del 6 de agostio de 2008.

Oscar Mario Beteta en la pág.20 del periódico Público del 1o.de agosto de 2008.

V.pág.5 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 31 de julio de 2008.

A la legisladora se le hizo fácil recurrir a su amistad con el subsecretario de Energía, Jordy Herrera, y pedirle que le enviara información que le habían solicitado en el curso, con el fin de que ella simplemente "copiara y pegara", relatan compañeros de la materia Reforma Energética en México.

La encomienda que Ortega Martínez y su equipo recibieron de la profesora Kelly Gallagher fue simular ser el subsecretario de Energía mexicano y proponer por escrito la instalación de una planta eléctrica a la secretaria de Energía.

Al evaluar el trabajo, Gallagher se percató de que había sido realizado por terceras personas y mostró enojo al detectar la trampa, afirman.

Dijo que era una vergüenza que eso pasara en Harvard y se arriesgaban a ser expulsados.

Pidió a Ortega y sus compañeros de equipo considerar que había molestia porque se valieron de influencias para cumplir con el trabajo.

V.El Informador en línea del 19 de julio de 2008.

La versión de los hechos, según el regidor priista Miguel Angel González, su hijo Miguel Angel y su sobrino Juan Mario: los menores estaban en la colonia Constitución cuando llegó la patrulla 210 y los detuvo porque alguien, en Villas de los Belenes, reportó que rechinaban las llantas de sus vehículos.

La policía los sometió a la fuerza cuando los jóvenes informaron que eran hijo y sobrino de un edil de oposición, los golpeó, los escupió y los esposó. Los partes médicos señalan esguinces. Tuvo que llegar el hermano del regidor, Juan Mario, y un comandante, Félix López, para que fueran liberados.

La versión de la Policía de Zapopan, en voz del director operativo, Aldo Salazar: los muchachos quemaban llanta, fueron reportados y recibieron a la policía con el clásico: "No sabes con quién te metes". Ofendieron, manotearon y fueron sometidos. Llegaron el hermano del regidor y el comandante Félix y los jóvenes fueron liberados.

Las preguntas: ¿por qué los soltaron cuando llegó el comandante? ¿Pasaría con cualquier hijo de vecino? Hubo una promesa de investigación.

V.pág.18 del periódico Público del 18 de julio de 2008.

La fracción II del artículo 31 de la Ley Orgánica de la PGJE indica que para permanecer como Ministerio Público se requiere: "ser de notoria buena conducta y reconocida solvencia moral, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por la ley ni estar sujeto a proceso penal".

El fiscal fue sentenciado a 1 año 6 meses de prisión por ser responsable del delito de homicidio y lesiones a título de culpa, el cual no se considera grave.

A Campa Molina no se le acreditó que haya conducido ebrio y a exceso de velocidad, lo cual hubiera agravado el delito de homicidio culposo.

En el caso de la alcoholemia, el fiscal recibió la ayuda de 2 peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes cambiaron la muestra de sangre, por lo que el examen resultó negativo. Tras ser descubiertos, los 2 especialistas renunciaron.

Además, ningún peritaje reveló que el fiscal conducía a exceso de velocidad al momento del accidente, comentó personal de la PGJE.

La noche del 15 de diciembre del 2005, en el cruce de las calles Jesús Urueta y Basilio Vadillo, Campa Molina atropelló con su camioneta Silverado a Isidro Luna García y a Gerardo Antonio Reyes Gurrola, quienes viajaban en una moto.

A pesar de que la moto y Reyes Gurrola quedaron debajo de la camioneta del funcionario, éste aceleró la marcha y llegó a su casa, ubicada a unas cuadras de donde ocurrió el accidente.

Ya en su casa, Campa Molina fue detenido por policías tapatíos que presenciaron el percance.

La PGJE consignó a su trabajador por el delito de homicidio simple intencional, aunque en el Juzgado Décimo Primero de lo Penal se varió el delito a homicidio culposo.

Además, el juez decretó la detención como ilegal por lo que Campa Molina salió libre y hasta obtuvo un amparo para no ser detenido.

Actualmente, el fiscal trabaja en el área de Robo a Vehículos e incluso apeló la sentencia de 1 años 6 meses que se le impuso para que la reduzcan.

Luna García, sobreviviente del percance, también apeló la decisión del juez al considerar que hubo irregularidades, con el fin de que la aumenten.

V.pág.7 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 17 de julio de 2008.

Trascendió en la pág.4 del periódico Público del 11 de julio de 2008.

Según la cadena de televisión, los abogados del cardenal presentaron un documento al juez de distrito, solicitando que Sandoval Iñiguez no acudiera personalemente, sino que lo hiciera por escrito.

El juez tercero de lo administrativo en materia federal, Héctor Martínez Flores le concedió responder por escrito al interrogatorio que se le formuló.

La decisión del juez generó molestias en la agrupación Conciencia Cívica, que promovió el amparo en contra de la macrolimosna anunciada por el gobernador Emilio González Márquez el 24 de marzo pasado, por lo que la agrupación Conciencia Cívica presentará un recurso de queja para que el juez rectifique y no permita que el purpurado testifique por escrito.

V.El Informador en línea del 24 de junio de 2008.

La secretaria general del Comité Estatal panista, María del Pilar Pérez Chavira, presentó a los regidores Francisco de la Cerda Suárez, Martha García Huerta y Gerardo Daniel Orozco Alvarez, quienes aseguraron que los acusados "no fueron turnados al Ministerio Público e hicieron que la persona afectada desistiera, que le entregara un perdón amplio a estos delincuentes que son parientes del presidente municipal".

Igualmente, el regidor Francisco de la Cerda aseguró que hay agresiones de un hermano del alcalde contra el síndico del municipio.

Samuel Alvarez Tapia, Eduardo Alvarez Tapia y Julio Tapia Muñoz, son los señalados por los ediles panistas de Juanacatlán.

Luego de que la policía logró la detención de los ya señalados durante el robo a una casa habitación, el alcalde los reconoció públicamente como familiares suyos, en sesión de cabildo a la que se citó a comparecer al juez municipal, Juan Carlos Zepeda, y éste reconoció que la ley no lo faculta para dejar en libertad a delincuentes, sino remitirlos al Ministerio Público, pero fue el primer edil quien le dio la instrucción de que los liberara.

V.pág.4-B del periódico El Informador del 18 de junio de 2008.

Donde es más patente esta violación es afuera del Palacio Legislativo del Estado, donde se hace gala de un supuesto influyentismo de los señores diputados, pues ahí se dejan automotores mal estacionados por el tiempo que se quiera, inutilizando así un carril de los dos que tiene esta angosta y transitada calle, cuando el Congreso tiene espacios disponibles para ese objeto en las calles de Pino Suárez y Belén.

Luis René Navarro en la pág.7-B del periódico El Informador del 9 de junio de 2008.

V.pág.5-B del periódico El Informador del 15 de abril de 2008.

Cinco vecinos de la colonia donde tiene su casa Abundis Díaz, dijeron que en la finca hacían pachangas y a ellas acudían oficiales en servicio y en sus días de descanso.

"Se quedaban a tomar alguna copa ahí con ellos y ya de rato se iban", sostuvo Rosaura Montaño, miembro de un grupo de apoyo a colonos.

V.pág.7 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 3 de abril de 2008.

La camioneta de la imagen es la del alcalde de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, estacionada a espaldas de la presidencia, en un lugar exclusivo para discapacitados. Por suerte hay dos guardias vigilando la cuadra. La foto fue hecha a las 13:30 de ayer.

La tremenda corte en la pág.3 del periódico Público del 15 de febrero de 2008.

V.pág.4-B del periódico El Informador del 13 de febrero de 2008.

Trascendió en la pág.4 del periódico Público del 10 de febrero de 2008.

V."monos en su tinta" del periódico Público del 3 de febrero de 2008.

Miguel Ayala Romero en la pág.10 "Cartas del lector" del periódico Mural del 17 de enero de 2008.

V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 13 de diciembre de 2007.

El padre del muchacho que murió, Néstor Rodríguez Gómez, dijo que el caso está en el proceso de recopilación de pruebas, para dictar sentencia que se espera sea principios del año entrante. "No se ha definido nada, hubo una primera etapa en la que se les dictó auto de formal prisión (a Arias y Alvarez del Castillo) pero salieron bajo fianza, sabemos que hubo manipulación en los peritajes".

El papá del joven que murió en el accidente dice que va a ser difícil ganar el caso pues se han comprado testigos y desaparecido pruebas como los vasos de alcohol en los que iban tomando vino Arias y Alvarez del Castillo el 26 de noviembre del 2006; "tenemos pocas esperanzas de que se nos haga justicia".

Para la familia Rodríguez Licea no hay certeza de que las cosas se estén haciendo conforme a la ley, pero aseguran que sí les queda la esperanza de que el asunto pueda esclarecerse a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, instancia ante la cual han puesto una queja por impunidad de parte de las autoridades de la Procuraduría de Justicia.

"Lo que nos favorece son las irregularidades, las manifestaciones y los diputados que presionaron y esperamos que por medio del teléfono 066 y la persona que reportó el accidente esclarezcamos el caso", señaló Rodríguez Gómez; para quien está claro que hubo "influyentismo y tráfico de influencias".

Pero mientras que la situación sigue en pausa para la justicia, la familia agota recursos, mandó el expediente a Felipe Calderón y al Senado de la República; aunque confían más en el apoyo de instituciones educativas y sociales. "Al menos que se haga historia y no quede en el olvido", concluye Rodríguez Gómez.

V.pág.11 del periódico Público del 26 de noviembre de 2007.

Volvió a repetirse el hecho los días 16, 22, 24, 25 y 30 de mayo; 6, 8, 13 y 15 de junio; 4, 24, 25 y 27 de julio; 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 22 de agosto; 1, 2, 3, 8, 13, 19 y 25 de septiembre; 11 y 17 de octubre; además el 17 de mayo y el 3 de agosto estaba estacionada bloqueando parcialmente el paso peatonal.

El webmaster

Al comienzo paró a dos camionetas de modelo atrasado. Un buen rato se paró a conversar con el conductor de una blanca, luego paró a otra camioneta (café), también de modelo atrasado, contaminando ostensiblemente, sin placas y mucho menos con holograma. De ese vehículo se bajó un policía, con el uniforme completo -pantalón, botas, etc.-, saludó al oficial de tránsito y después se retiró despidiéndose amigablemente de los agentes, quienes al ver que lo vecinos estábamos observando y que pretendíamos tomar fotos con un celular, se subieron a su unidad y se alejaron inmediatamente.

¿Hay que ser policía o servidor público para estacionarse donde uno quiera y traer vehículos sin holograma, sin placas, etc.? ¿Qué los policías no son sujetos a la ley?

Mario Lupercio Mejía en la pág.20 "correo" del periódico Público del 5 de octubre de 2007.

La tremenda corte en la pág.3 del periódico Público del 28 de septiembre de 2007.

Lo anterior se establece en la queja 1977/07/II ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que Chávez Villegas asegura que fue golpeado por escoltas de Jorge David Delgadillo Báez, subprocurador "A".

De acuerdo con la queja ante la CEDHJ, el fiscal fue llevado a declarar el 31 de agosto sobre la averiguación previa 010935/2007/039-P24, en la que una joven de 16 años denuncia que fue privada de la libertad para que cambiara la versión de la presunta violación y eliminara de su declaración al actual Procurador de Jalisco.

La denuncia C/1737/2007/S en la que una adolescente de 16 años acusa de una supuesta violación a Martín Aguirre Aguirre, ex funcionario de la Procuraduría [de Jalisco], se encuentra "congelada", aseguró María Araceli Arellano Enciso, madre de la joven.

La mujer narró que varias ocasiones ha ido a la Procuraduría de Justicia para que se avance en las indagatorias, pero Pedro Haro Ocampo, encargado del despacho de la Coordinación de Atención de Delitos en Agravio de Menores, Sexuales y Violencia Intrafamiliar, se excusa con el argumento de que Aguirre Aguirre es abogado penalista y sabría supuestamente cómo retrasar las pesquisas.

La madre de la joven consideró que el asunto se ha manejado con tanta discreción que ni ella cuenta con copia del expediente aún y cuando la solicitó el 7 de septiembre.

En esa denuncia que se inició el 25 de abril del 2007, la adolescente relató que Aguirre Aguirre la habría violado un día antes por negarse a participar en los juegos que hacían en algunas fiestas, a las que acudían adultos y menores de edad.

Como parte de las indagatorias, el entonces coordinador de Atención de Delitos en Agravio de Menores, Sexuales y Violencia Intrafamiliar, Flavio González López, ordenó se hicieran algunas diligencias que habrían causado molestia en el Procurador Tomás Coronado Olmos , ya que él contrató a Aguirre Aguirre como jefe de División de Visitaduría.

Ante el hecho, González López fue removido de su cargo el 31 de mayo y poco después renunció.

Ante la insistencia de la familia para que se investigara, Aguirre Aguirre salió de la Procuraduría y se fue a trabajar a la Dirección de Alumbrado Público de Guadalajara.

Por la aparente presión que generaba la familia de la joven, Aguirre Aguirre habría ordenado a un sujeto de nombre Paul y a otros hombres que privaran de la libertad a la muchacha el pasado 24 de agosto.

La familia puso una denuncia por la privación ilegal de la libertad, la cual quedó registrada con el número 010935/2007/039-P24.

En esa denuncia, la joven relató que en el 2005 Paul le presentó a Aguirre Aguirre en una fiesta realizada en la granja del Fraccionamiento Las Carretas, en Ixtlahuacán de los Membrillos.

En el festejo había estudiantes de varias secundarias a quienes, al igual que a ella, les regalaron dinero y trajes de baño para que se metieran a la alberca y fueran fotografiadas.

Denuncia también que poco después Tomás Coronado Olmos, que en esa fecha era secretario general del ayuntamiento tapatío, llegó a la granja y entonces otros invitados sacaron una botella de tequila y convidaron a todos los asistentes a participar en un juego que consistía en hacer preguntas y el o la que no acertara se tomaría un caballito con tequila.

Al no contestar correctamente una pregunta, la víctima tuvo que darle un beso a Aguirre Aguirre, beber el tequila y arrojarse a la piscina.

"Aclaro que a la que le fue un poco más mal fue a mi amiga (se menciona su apodo)..., la cual no recuerdo el nombre, pero a ésta, como perdió, le dijeron que se la tenía que ma... al señor de nombre Tomás Coronado", detalló la joven.

Según la narración de la joven, cuando su amiga y Coronado Olmos salieron de la habitación, se unieron a otro juego muy similar, pero ahora la chica que perdía se quitaba una prenda hasta quedar desnuda y luego ser fotografiada y videograbada.

En otra ocasión, la joven fue invitada a una comida en el restaurante El Canelo y enseguida llevada al motel Nogales, donde uno de los hombres que asistió al convivio, del que no recuerda su nombre, la golpeó, dejándola inconsciente.

El 31 de mayo Flavio González López, coordinador de la Coordinación de Atención a Delitos en Agravio a Menores Sexuales y Violencia Intrafamiliar, fue removido de su cargo por ordenar algunas diligencias en la denuncia contra Aguirre Aguirre.

El 22 de agosto el procurador Tomás Coronado Olmos despidió a Víctor Manuel Landeros Arvizu, subprocurador "C", porque éste último pretendió nombrar a una persona de su confianza como jefe del área de robos. Al día siguiente el subprocurador "C" regresa a su cargo apoyado por el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.

El 31 de agosto Marco Antonio Chávez Villegas, agente del Ministerio Público, es retenido en las instalaciones de la PGJE, golpeado por escoltas de Jorge David Delgadillo Báez, subprocurador "A," y coaccionado para que supuestamente modifique la declaración de la joven.

El 4 de septiembre Landeros Arvizu, subprocurador "C", es removido de su cargo por haber autorizado que Chávez Villegas tomara la denuncia por privación ilegal de la libertad.

El 11 de septiembre dos sujetos intentan robar la vivienda de Landeros Arvizu, quien ya no cuenta con el servicio de escoltas.

V.primera plana y pág.5 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 13 de septiembre de 2007.

Los ex directores policiales de Tequila están acusados por delitos cometidos en la administración de la justicia al permitir que huyera el oficial Antonio Rodríguez Mejía, hermano del ex titular de la corporación, después de que el sábado supuestamente cometió un asesinato a balazos.

V.pág.5 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 23 de agosto de 2007.

Tránsito pone el ejemplo. Una camioneta de la Secretaría de Vialidad transporta en su caja trasera, sin seguridad, a cuatro agentes de la dependencia.

V.pág.19 del periódico Público del 20 de julio de 2007.

En la plaza principal de Villa Corona, Antonio, quien actualmente se encuentra postrado en una silla de ruedas, platica como si hubiera sido ayer, cuando Ramón Sierra Cabrera, también habitante del lugar, lo baleó por líos de faldas, el 27 de noviembre de 2006: "Ese día me lo topé, le dije que arregláramos las cosas a puños, pero Ramón estaba borracho, con un mariachi, y sacó una pistola, me disparó cinco veces -muestra las heridas- me pateó, me escupió, me tiró vino; me desmaye por los balazos. Hay testigos que dicen que me puso la pistola en la boca. La policía nunca llegó porque el jefe de la policía era suegro de un hermano de Ramón".

V.pág.14 del periódico Público del 16 de julio de 2007.

Los manifestantes eran, en su mayoría, amigos y familiares de Rodríguez Licea, quien falleció el 26 de noviembre del año pasado en un accidente automovilístico en el que se vio involucrado el hijo de Fernando Arias, director de Comunicación Social en la pasada administración estatal y hoy vocero de la Segob.

Resguardado por sus escoltas, Ramírez Acuña se siguió de frente hasta llegar a la puerta del recinto y terminó por ignorar la presencia de los manifestantes, las consignas, así como las pancartas en la cuales se leían leyendas como "Justicia para Néstor Alan Rodríguez Licea" y "Si no nos quieres atender, mándanos a tu vocero, Fernando Arias".

También ignoró a un par de personas que vestían disfraces que caracterizaban la muerte, quienes intentaron acercarse al funcionario y fueron atajados por guardias de seguridad. En medio de los empujones, uno de los manifestantes fue a dar al piso.

V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 10 de mayo de 2007.

V.pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 3 de mayo de 2007.

Ana María Salazar en la pág.4-A del periódico El Informador del 21 de abril de 2007.

¿Qué es lo que normalmente sucede cuando matan a un reportero en México? A menos que se trate de un corresponsal extranjero, sucede muy poco.

La nota se difunde casi a escondidas en los noticiarios de nuestras dos megatelevisoras, las autoridades prácticamente no dicen nada, la gente ajena a los medios casi no reacciona y los únicos que se mueven son los integrantes de algunas asociaciones de periodistas y una que otra publicación especializada de bajo presupuesto.

Asesinaron a Amado Ramírez y, en contraste, el tema se tocó en todas las cadenas de televisión en una gama de tonos que fueron de la seriedad a la furia, se creó un sentimiento de indignación colectiva que derivó en montones de correos electrónicos, marchas y protestas, y las autoridades se movieron tanto que, a los pocos día de haber ocurrido el crimen, ya tenían encerrados a dos sospechosos.

Deje usted si esos sospechosos eran chivos expiatorios o no, hasta el presidente de la república tocó el tema de Amado Ramírez, refrendó el dato de que se va a profundizar en las investigaciones e insistió en que se va a atrapar a los culpables.

La diferencia entre haber asesinado a un corresponsal de Noticieros Televisa y, por ejemplo, haber asesinado a un periodista de un periódico de la frontera norte es tan grande que aunque uno no quiera, comienza el sospechosismo.

¿Vale más un corresponsal de una cadena de televisión con sede en el valle de México que un reportero de medios impresos de un estado de la República? ¿Merecen más justicia los corresponsales de Televisa que los periodistas de otras compañías?

Alvaro Cueva en la pág.15 del periódico Público del 15 de abril de 2007.

Dícese también que esas modificaciones a debate, para establecer el sí y el no de las competencias que tienen los hombres del gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones al margen de su beneficio personal, atañen de modo lógico y natural a lo que ahora se dice en relación al fuero que es como una coraza que protege a los políticos.

El de los señores con fuero tiene que ver con los abusos, con la mano larga, con pretensiones de impunidad y aún de inmunidad en la aplicación de la ley, y bien se les debería pedir que entraran al camino real de las normas ciudadanas.

Porque eso es, en cierta manera, lo que hacen los fueros: han establecido formas de protección a funcionarios en casos en que transgreden las líneas de la justicia, la honestidad y el honor, donde precisamente se les debería reconvenir y ajustar con mayor rigor, para ejemplo de la ciudadanía en general, dando de ese modo señales de dignidad y honradez.

Existe la esperanza de importantes reformas en aquello que concierne al perfil limpio del funcionario público, y si ya se determinan los cauces de su compatibilidad estableciendo restricciones que previenen el tráfico de influencias o el logro de intereses personales, es preciso pensar, esperar y pedir, en un paso más, eliminen las corazas del fuero.

Antes que nadie, la persona que se desempeña en funciones al servicio de la comunidad, debe manifestarse respetuosa de la ley y en lugar de guarecerse en los privilegios que se otorgan a sí mismos, adelantarse primero a dar la lección pública de una vida y de una acción que tiene sólo la norma que se aplica a todos los ciudadanos: una ley igual para todos.

Luis Sandoval Godoy en la pág.4-A del periódico El Informador del 10 de abril de 2007.

Hay un reclamo de justicia que no cesa y que involucra a dos jóvenes, que presumiblemente tendrían la protección de las autoridades debido a que pertenecen a prominentes o poderosas familias de la entidad, vinculadas a la política y al gobierno. Esos muchachos causaron la muerte a otro joven la madrugada del pasado domingo 26 de diciembre de 2006, al embestir un frágil Volkswagen Sedán cuando jugaban carreras sobre la Avenida Juárez a bordo de sus automotores y no respetaron el alto que les marcaba el semáforo, según indicios y testimonios que documentan el caso.

Pero si por sí mismo el hecho refleja flagrante irresponsabilidad, es todavía mucho más grave la presunción de que a los dos muchachos de 19 años de edad que causaron el accidente, se les dispensó, durante poco más de seis horas, la prueba de alcoholemia que podría haber demostrado su marcado estado de ebriedad, elemento que se hubiera sumado como importante agravante al caso.

El dato es relevante, porque la presunción de los padres de la víctima es que los muchachos que causaron el accidente fueron beneficiados y protegidos, debido a que uno de ellos es hijo de Fernando Arias Pérez, ex director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, quien actualmente desempeña cargo similar en la Secretaría de Gobernación federal.

El caso adquiere singular actualidad debido a que la madrugada del pasado sábado 31 de marzo, fue detenido el joven Francisco Xavier Alvarez del Castillo Iñiguez, de 19 años, nieto del fallecido ex gobernador de Jalisco y ex Procurador General de la República, Enrique Alvarez del Castillo y Labastida (1983-1988). Este muchacho fue capturado en estado de ebriedad, cuando manejaba una camioneta Ford Eco Sport, placas JDN-8879, por Avenida Patria, al ser interceptado frente a la escuela UNICO de la Universidad Autónoma de Guadalajara, por no utilizar el cinturón de seguridad del vehículo mientras conducía. El fue uno de los participantes en el percance vial ocurrido la madrugada del domingo 26 de noviembre de 2006, cuando jugaba carreras con Christian Arias de la Torre, hijo del entonces Director de Comunicación Social del Gobierno de Jalisco, Fernando Arias Pérez, y le causaron la muerte a un joven de 18 años llamado Nestor Alán Rodríguez Licea, cuyo vehículo Volkswagen Sedán embistieron con sus automotores en el cruce de las avenidas Juárez y Enrique Díaz de León.

Ambos jóvenes andaban ebrios, pero no se supo en qué grado, pues se presume que por influencias de Fernando Arias Pérez, la prueba de alcoholemia a su hijo y a su amigo les fue practicada hasta seis horas después de ocurrido el percance.

Las circunstancias en las cuales fueron realizados y probablemente manipulados los peritajes deberían ser investigadas a fondo por la procuraduría estatal, para deslindar responsabilidades de algunos funcionarios de esa dependencia y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ese podría ser un primer paso para darle luz a la justicia.

Pedro Mellado en la pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 5 de abril de 2007.

"Sí trataron de evitar el que se le hiciera la alcoholemia, yo ya no me quedé y cuando llegó ya el perito que realizó la alcoholemia sí hubo algunas situaciones que manejaron para tratar de evitar la alcoholemia".

Pero la orden fue que se continuara con el proceso.

"Hágase la alcoholemia porque viene en estado de ebriedad'", explicó el titular de la SVT que fue la instrucción que se dio.

Reveló que el 31 de marzo, él estuvo presente en el operativo ubicado en Avenida Patria, cuando se detuvo por conducir bajo el influjo del alcohol a Alvarez del Castillo Iñiguez.

Apenas en noviembre del 2006 el joven se vio involucrado en un caso de tráfico de influencias junto con Christian Arias de la Torre, hijo del ex jefe de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

En aquella ocasión, los muchachos jugaban carreras a bordo de sus vehículos por Avenida Juárez, pero no respetaron un alto y embistieron un sedán blanco conducido por Néstor Alan Rodríguez Licea, de 18 años, quien murió al instante.

Los jóvenes salieron libres bajo fianza al no comprobárseles la agravante de conducir en estado de ebriedad, ya que la alcoholemia dio negativa, pues se les practicó seis horas después del accidente.

Aunque no pudo precisar la identidad de ése "alguien" que intentó evitar el examen de alcoholemia, Verdín Díaz señaló que se iniciará un procedimiento para que en dado caso, se le cancele la licencia de conducir a Alvarez del Castillo.

V.pág.3 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 5 de abril de 2007.

En entrevista, el líder de la fracción del PAN en el Senado consideró que el fuero "es una situación de privilegio que no se debe tener por parte de los legisladores y, además, en caso de delitos oficiales con mayor razón debe de eliminarse".

Informó que el dictamen del Régimen de Incompatibilidades será aprobado la semana próxima e impide a senadores y diputados tener otro trabajo, para evitar el tráfico de influencias o el conflicto de interés, de lo contrario serían sancionados con la pérdida del cargo legislativo.

La propuesta inicial de los panistas incluía la eliminación automática del fuero a los diputados y senadores cuando cometieran delitos calificados como graves.

Sin embargo, Carlos Navarrete, del PRD, planteó que el fuero también se le quitara al titular del poder ejecutivo. Entonces la bancada de Acción Nacional declinó su propuesta presentada en un principio.

Ahora, Santiago Creel habló de la posibilidad de buscar un punto intermedio, para que la discusión no sea "solamente sobre el fuero de los legisladores sino de todos los actores políticos que cuentan con esa figura jurisdiccional".

Según la Constitución, además de los legisladores, también tienen fuero el presidente de la república, los gobernadores, secretarios, ministros y el procurador general de la república, entre otros.

V.pág.3-A del periódico El Informador del 4 de abril de 2007.

El elemento caído era un militar del Ejército del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales que había solicitado un permiso a la Secretaría de la Defensa Nacional para desempeñarse como escolta de Raúl Ruiz Linares, director de la policía escobedense. Llevaba apenas dos meses en el puesto.

Por si hiciera falta, trascendió que entre las líneas de investigación se mantiene una relacionada con un altercado vial en la que se vio implicado Julio César Flores. En septiembre de 2004, este militar fue acusado por los familiares de la víctima de un atropellamiento. Los deudos lo acusaron de no haberse hecho responsable y lo amenazaron de muerte.

V.pág.21 del periódico Público del 1o.de abril de 2007.

Que Christian Arias de la Torre y Francisco Javier Alvarez del Castillo Iñiguez (ambos de 19 años) libraran la prisión a pesar de ser responsables de la muerte de Alan Rodríguez, se debió a que el expediente que sirvió al juez para tomar su decisión tiene alteraciones de origen, según lo aseveró Néstor Rodríguez, padre del joven muerto el 26 de noviembre pasado.

Néstor Rodríguez informó ayer que el abogado de la familia ya apeló esta decisión y están solicitando el testimonio de los policías estatales que detuvieron a los responsables del choque, y que se tome en cuenta un primer examen que se les tomó en la Cruz Roja donde se consigna que iban en estado de ebriedad. Si se consideran estos elementos, la familia de Alan Rodríguez espera que el juez reconsidere el caso y determine que no fue un homicidio imprudencial.

La alteración original al expediente, explicó el padre del fallecido, ocurrió desde las primeras horas del choque y añadió que esa alteración se hizo por las influencias políticas que movieron los padres de los responsables del choque.

Christian Arias es hijo de Fernando Arias Pérez, ex director de Comunicación Social del gobierno de Jalisco; Francisco Javier Álvarez del Castillo es miembro de una familia acomodada de la ciudad. Debido a este "influyentismo" no se consignó en la averiguación que iban alcoholizados, jugando carreritas por la avenida Vallarta.

Al mismo tiempo insisten para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado emita una recomendación repudiando el influyentismo de los funcionarios que presumiblemente intervinieron para modificar la averiguación inicial.

Asimismo, pedirán al gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez que les gestione una cita con Felipe Calderón, para informarle del caso y exigirle justicia, toda vez que Fernando Arias es ahora un empleado federal.

V.pág.13 del periódico Público del 16 de febrero de 2007.

Luis Petersen Farah en la pág.15 del periódico Público del 11 de febrero de 2007.

Tres días antes de concluir su administración, el ex alcalde Palemón García Real consolidó su futuro como empresario: recibió del Ayuntamiento que encabezaba el permiso para abrir un restaurante bar con renta de caballos, motos y lanchas en la Presa del Ocotillo, en Tonalá.

El priista aprovechó el último día laboral en las oficinas de Padrón y Licencias. El viernes 29 de diciembre del 2006 solicitó y obtuvo la autorización para iniciar su negocio, pese a que no presentó documentos que comprobaran la posesión del inmueble, como obliga el Reglamento de Comercio. El trámite normal puede durar hasta 10 días.

El restaurante bar que pretende abrir el ex alcalde operará dentro del Parque Acuático Recreativo Presa del Ocotillo, que se construirá con recursos públicos. El 29 de agosto del 2006 García Real firmó, en su carácter de alcalde, un convenio con la Comunidad Agraria de Tonalá para comprometer al Municipio a financiar las obras.

Durante su administración, el priista consolidó el "Mundo Palemón", construyó también dos salones de fiesta sobre la carretera libre a Zapotlanejo, a 3 kilómetros del Parque Acuático Recreativo. En la misma zona está su Rancho del Ocotillo, donde utilizó empleados y recursos del ayuntamiento para acondicionarlo.

V.primera plana del periódico Mural del 1o.de febrero de 2007.

Germán Dehesa en la pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 1o.de febrero de 2007.

En pleno centro histórico, frente a plazas como la Guadalajara y la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, vehículos del Ayuntamiento de Guadalajara se estacionan, ante la tolerancia de la Secretaría de Vialidad y Transporte. Dicha zona es un área restringida para el estacionamiento, sin embargo la violación al reglamento es constante.

V.primera plana del periódico El Informador del 20 de diciembre de 2006.

Si a los visitantes se les impide no sólo estacionarse ahí, sino hasta detenerse unos minutos para tomar la foto del recuerdo, resulta una incongruencia que vehículos oficiales sean los que ocupen sitios restringidos.

La Secretaría de Vialidad y Transporte debe multar y, en todo caso, retirar con grúa los vehículos estacionados en estos lugares. No basta con dejar el folio, ya que seguramente no lo van a pagar. Las autoridades deben tener presente que "el buen juez, por su casa empieza".

Editorial en la pág.4-A del periódico El Informador del 20 de diciembre de 2006.

Frente a la Presidencia Municipal de Guadalajara se observó el martes a más unidades de uso público y privado estacionadas en lugares prohibidos, así como en otras calles con raya amarilla.

"Al día ponemos hasta 20 infracciones a los vehículos del ayuntamiento, pero no les importa; al parecer no pagan nada por las multas", dijo un agente vial, que evitó dar su nombre.

Placas de algunos vehículos oficiales en zona prohibida:

JD-62-353
JF-15-587
JJ-97-694
JJ-97-699
JJ-98-325
JJ-98-095
JCP-67-74
HYT-35-80
Unidad 46-217 de Obras Públicas

V.pág.1-B del periódico El Informador del 20 de diciembre de 2006.

V.pág.1 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 7 de diciembre de 2006.

A Alejandro Luna García, quien fue arrollado por un agente del Ministerio Público hace casi un año, le mostraron su declaración que no recuerda haber hecho por estar inconsciente y sedado tras el accidente.

"Me dieron una declaración que yo supuestamente había declarado (sic), pero yo no lo recuerdo, no estaba consciente en dado caso y de ahí se ha atrasado (el proceso), parece que los abogados del Ministerio Público están haciendo una apelación para que ya no pueda declarar por estar fuera de tiempo", explicó el afectado.

"Según eso está registrada mi huella digital, pero yo no lo recuerdo, tenía mi brazo fracturado y estaba muy inconsciente y adolorido; más que nada está muy incompleta (la declaración)".

José Angel Campa Molina, agente del Ministerio Público de Tamazula responsable del accidente, alega cuestiones distintas a las que realmente sucedieron, de acuerdo con Luna García.

"Es obvio que él estaba bastante ebrio en ese momento y él está declarando otra cosa, dice que iba a 30 kilómetros por hora y no es cierto, está alegando que tenía problemas de diabetes y por eso no pudo reaccionar, pero iba tomado, nosotros estábamos ahí desde antes en el alto".

Trampas de la ley. Un agente del Ministerio Público recibió, al parecer, beneficio judicial.

• La noche del 15 de diciembre del año pasado, José Angel Campa Molina, agente del Ministerio Público de Tamazula de Gordiano, atropelló a Alejandro Luna García, y a Gerardo Antonio Reyes Gurrola, de 24, cuando éstos viajaban en motocicleta.
• De acuerdo con testigos del accidente, Campa Molina estaba bajo el influjo del alcohol. El agente del Ministerio Público intentó escapar, pero fue detenido más adelante. Mientras que Reyes Gurrola pereció en el sitio, Luna García quedó al borde de la muerte.
• Se le practicó una prueba de alcoholemia a Campa Molina, pero más tarde se descubrió que la muestra había sido cambiada, porque no coincidía con su tipo de sangre.
• El fiscal fue consignado ante el juez, pero posteriormente fue liberado, al decretarse una detención ilegal.

El mandatario jalisciense había sido denunciado en diciembre del 2005 por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco por negarse a entregar una copia simple de su recibo de nómina.

En su resolución, el procurador Salvador González de los Santos ordenó el no ejercicio de la acción penal por considerar que Ramírez Acuña no actuó con dolo [Trompetilla del webmaster y gritos de ¡Culero! ¡Culero!].

Augusto Valencia, presidente del ITEI, lamentó la forma en que concluye el proceso, pero dijo que demostró que no habrá distinciones para aplicar la Ley de Transparencia.

El abogado Marco del Toro, "coadyuvante ciudadano" del Instituto, recalcó que la Procuraduría resolvió con rapidez el caso.

El abogado dijo que 40 minutos después de que la defensa de Ramírez Acuña presentó una sentencia del Tribunal Administrativo ante la Procuraduría, el agente del Ministerio Público ordenó el archivo de la denuncia y cinco días después la decisión fue ratificada por el procurador.

Regularmente la integración de una denuncia tarda más de un año y en este caso se decidió en 10 meses, además, el tiempo que se toman los agentes del Ministerio Público para valorar todas las pruebas y emitir un dictamen es de 14 días, y aquí fue de 40 minutos, indicó Agustín Rentería, secretario ejecutivo del ITEI.

El secretario general de Gobierno, Gerardo Octavio Solís Gómez, reconoció que la resolución le allana el camino al gobernador en sus aspiraciones para formar parte del gabinete de Felipe Calderón Hinojosa.

El diputado perredista Salvador Cosío calificó como ingenuo pensar que la PGJE, que depende en última instancia de Ramírez Acuña, fuera a pedir el enjuiciamiento de su jefe.

V.primera plana del periódico Mural del 16 de noviembre de 2006.

La Comisión de Seguridad Pública de ese órgano legislativo analiza las reformas que quedaron "congeladas" y prevé acelerar el dictamen de esa ley previamente aprobada por el Senado, luego del caso de un guardaespaldas que asesinó recientemente a un ciudadano en la Ciudad de México.

"Ese es sólo uno de los cientos de casos que ocurren a diario en el país, en donde están involucrados guaruras, custodios de valores con sus camionetas, personal de seguridad sin ninguna preparación y que portan armas", dijo el legislador federal e integrante de dicha comisión, Francisco Elizondo Garrido.

En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, expuso que la nueva ley además de contar con un archivo de todos los guardias privados, deberán contener de las personas físicas y morales para las que trabajan, para evitar fugas de los "guaruras" cuando se den casos como el mencionado anteriormente.

V.pág.16-A del periódico El Informador del 6 de noviembre de 2006.

Carlos Corvera Gibsone en la pág.4-A del periódico El Informador del 18 de agosto de 2006.

Lo mismo debiera ocurrir con los campamentos montados sobre la vía pública que afectan los derechos de terceros.

¿Que pasaría si cualquiera de nosotros, simples y mortales ciudadanos, bloqueáramos el acceso a un lugar público o privado, alegando que lo hacemos en ejercicio de nuestro derecho a manifestarnos?

Sin duda que con una sola llamada de los afectados, en cuestión de minutos llegaría una o varias patrullas (según la influencia del que llama) y de la misma manera, (o pior), en un santiamén estaríamos no sólo desalojados, sino además detenidos.

En ese momento, para evitar que nos retiren por la fuerza, ¿se nos ocurriría acaso gritar como lo hizo el susodicho diputado: ¡Somos ciudadanos!?

Suena hasta ridículo apelar a nuestra condición ciudadana para hacer respetar nuestros derechos, pues hasta ahora el grito de un ciudadano no tiene el mismo peso que el grito de un político, y cuando alguien viola la ley y pisotea los derechos de los demás, el trato debe ser parejo.

Los derechos de los ciudadanos no son inferiores a los derechos de los políticos. Los derechos ciudadanos no están subordinados a otros derechos ni a causas sublimes, mesiánicas o redentoras.

Ricardo Elías, arquitecto y empresario en la pág.8 del periódico Mural del 17 de agosto de 2006.

La historia nos ha enseñado que ni la religión, ni las ideologías, ni los partidos únicos, ni los caudillos, ni ninguna otra abstracción colectivista pueden unir a los hombres y mujeres. Sólo la ley y su aplicación igualitaria pueden cohesionar a las sociedades plurales. A ricos y pobres, hombres y mujeres, políticos y empresarios, candidatos y rayitos de esperanza. Sólo la igualdad ante la ley.

Pablo Vázquez Ahued en la pág.10 "Cartas del lector" del periódico Mural del 17 de agosto de 2006.

Sorprende, en cambio, precisamente por tratarse de un funcionario que ha sabido ganar fama de enérgico, sin detrimento de los modales -el perfil exacto para el cargo que desempeña-, el lance que, según se afirma, protagonizó el secretario de Seguridad Pública de Guadalajara, Luis Carlos Nájera Gutiérrez...

El episodio ya fue la comidilla de los vecinos de Patolandia, Jal. Nájera Gutiérrez, al decir de dos policías de Zapopan, se resistió a una detención de rutina. Los uniformados le pusieron ojo porque viajaba en una camioneta con vidrios polarizados: algo que constituye, por ese mismo hecho, motivo de infracción a los reglamentos de tránsito... Hubo una breve persecución. Al cabo, Nájera y sus escoltas -según los policías zapopanos- se bajaron, empuñando sus armas. Primero apuntaron y luego empujaron, golpearon e injuriaron a sus colegas.

Hay ejemplos paradigmáticos de sometimiento de funcionarios públicos a la aplicación estricta de la ley. En Morelia, un agente vial levantó una infracción al automóvil del entonces presidente Lázaro Cárdenas, por estacionarse en lugar prohibido. Cárdenas obligo al chofer a pagar la multa, de su peculio, y pidió que se promoviera escalafonariamente al agente por su celo en el cumplimiento del deber... aun a sabiendas de quién era el propietario del automóvil. En México, otro agente vial detuvo a un vehículo que circulaba a exceso de velocidad por el Paseo de la Reforma e infraccionó a su conductor, el entonces regente Ernesto P.Uruchurtu, quien llevaba como pasajero a un vecino de oficina...: el entonces presidente López Mateos.

Jaime García Elías, periodista y conductor radiofónico, en la pág.6-A del periódico El Informador del 2 de agosto de 2006.

[Ahora resulta... que la culpa fue de los policías zapopanos, por no haberse dado cuenta de que se trataba de alguien "con tan alta investidura", lo que ameritaría un "correctivo disciplinario" - el webmaster].

V.pág.8-B del periódico El Informador del 2 de agosto de 2006.

El incidente inició por las calles de Niño Obrero y Santo Tomás, mismo que culminó en Lázaro Cárdenas y Fray Juan de Zumárraga, en ese punto los policías zapopanos Juan José Hernández Marcial y Pedro Humberto Hernández a bordo de la unidad Z-214, intentaron efectuar una revisión de rutina a los ocupantes de una camioneta Ford Lobo con vidrios polarizados.

Sin embargo, el vehículo no se detuvo y fue entonces cuando lo siguieron, pero en la calzada Lázaro Cárdenas, ya en Guadalajara, el jefe policíaco y sus escoltas pararon la marcha, y fue cuando éstos sometieron a los dos elementos de la ex villa maicera.

20 de abril de 2005

Escoltas de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, secretario de Seguridad Pública tapatía, y elementos de la policía estatal, protagonizaron un incidente a tan sólo dos cuadras de la dependencia que se localiza en el cruce de Libertad y 16 de Septiembre, en Guadalajara.

El incidente ocurrió en la calle Manzano y avenida La Paz, cuando presuntamente el personal de seguridad del funcionario tapatío se encontraba obstruyendo el tránsito de los vehículos.

Al percatarse de la acción los policías estatales, que no estaban uniformados, intentaron abrirse paso por la calle, no obstante, se hicieron de palabras y salieron a relucir las ofensas y las armas de fuego.

Nájera Gutiérrez -quien se encontraba a bordo de su vehículo- solicitó refuerzos de sus uniformados para repeler la agresión. El funcionario al ser cuestionado por lo ocurrido, lo calificó como un "incidente vergonzoso".

14 de marzo de 2006

Un elemento de la Policía de Guadalajara denunció a Luis Carlos Nájera ante la Procuraduría General de Justicia del Estado e interpuso una queja, 574/2006, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, cuando al parecer fue víctima de supuestas agresiones por parte del Secretario de Seguridad Pública tapatía.

Obed Christian Sepúlveda Portillo, de 23 años, al rendir su declaración ante el Ministerio Público de la PGJE -testimonio asentado en el acta 3307/2006/039-P24- manifestó que Nájera Gutiérrez, su escolta Julián Guerrero Barrios y Lauro Andrés Pinto Ramos, segundo comandante de la corporación, además de agredirlo lo sometieron a punta de pistola. El jefe policial (en su momento) negó que los hechos hayan ocurrido como el ofendido los narró.

Pág.9-B del periódico El Informador del 1o.de agosto de 2006.

El pasado jueves 12 de enero, estando lleno el estacionamiento subterráneo de la plaza, uno de los empleados del propio ayuntamiento tapatío subió su automóvil a la explanada, frente al Teatro Degollado.

Se trata de Manuel Edgardo Prieto Gómez, de la Secretaría de Infraestructura y Servicios, de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología y de la Dirección Administrativa.

Para que no cupiera duda de su nivel de influencia, dejó visible su identificación de empleado del gobierno municipal... El típico "charolazo".

Pág.1-B del periódico El Informador del 14 de enero de 2006.

V.resumen informativo de Notisistema del 21 de septiembre de 2005.

En el centro de la localidad, explicó, viven muchos políticos y funcionarios municipales. Hay "quien se cree que es intocable sólo porque es regidor, como el caso de José Angel Navarro Rodríguez, a quien se le tuvo que cortar el suministro de agua de su negocio porque en definitiva no quiere pagar".

Como moroso también señaló al ex presidente municipal Rubén Vélez Morelos. Junto a los anteriores también está el ex presidente del PRI Celedonio Alcaraz, quien además es protegido de la regidora Rosa Elena Pérez Carrillo, así como el ex regidor priista Armando Rojas Martínez.

Incluso, el actual responsable del servicio de agua potable en el ayuntamiento debe "y nomás por sus pantalones no quiere pagar el servicio. Todavía el sábado pasado ordenó a unos fontaneros que le hicieran una toma clandestina de descarga de drenaje".

Pág.16 del periódico Público del 4 de septiembre de 2005.

La causa de este problema es el mal estacionamiento de numerosos automóviles y camionetas, ya que sus conductores los dejan en sitios donde está prohibido estacionarse, o en doble fila, taponando en los dos casos un carril de circulación.

Lo que más falta hace es que los agentes viales, durante su trabajo de vigilancia, ejerzan una mayor firmeza, no permitiendo los estacionamientos indebidos o en sitios prohibidos, y no dejarse apantallar por las supuestas influencias de los choferes y de los amigos de los señores diputados, que a toda costa quieren que un carril de la calle Independencia sea su estacionamiento, que ya lo tienen en las calles Pino Suárez y Belén.

Luis René Navarro, en la pág.1-B del periódico El Informador del 29 de agosto de 2005.

Por versiones de Gustavo Toscano Murillo, uno de los policías que lo aprehendieron; del juez municipal David Palomera y del propio jefe de prensa de la policía municipal, Enrique Berzunza, el regidor Gradilla Ulloa estuvo más tiempo detenido por el traslado en la patrulla que el tiempo que pasó en los separos, todo esto por el influyentismo del síndico, quien llamó al juez municipal y le giró instrucciones precisas para dejarlo libre, sin dejar documentos que involucren al regidor panista en estos actos de prepotencia en los que incurrió, según lo dio a conocer el mismo afectado, Julio César Aguilar Ruiz.

En este contexto, la médico legista asignada a esta corporación, Verónica Flores García, aseguró que el regidor panista salió negativo en el examen de alcoholemia que se le practicó, opinión contraria a la manifestada por el jefe de prensa, quien señaló que al parecer sí estaba ebrio, "por la forma tan agresiva en la que estaba".

El afectado pidió a través de los medios de comunicación se haga justicia a su caso, luego de que fue severamente agredido de manera verbal por el regidor, Arturo Gradilla, quien en primera instancia sacó un machete y continuamente [sic] una motosierra. Dijo el quejoso que luego de haberse dado a la fuga, tras golpear a machetazos su Mustang color gris, Gradilla Ulloa se dirigió a su casa, ubicada en la calle Pez Espada Número 104, en la colonia Las Gaviotas, donde le gritó que ahí vivía pero amenazándolo con una motosierra.

Llegó la policía y de la misma manera, Gradilla Ulloa agredió con palabras altisonantes a los agentes, por lo que pidieron ayuda, llegando así más refuerzos. Continuamente [sic] lo hicieron llegar en razón y fue trasladado a los separos de la policía municipal; como fue esposado continúo con su agresión verbal hacía los agentes, quien insistentemente gritaba "no saben quién soy yo... y mañana a ustedes los van a correr... le voy a decir a Tito (Yerena Ruiz, síndico municipal) que los corra", confirmó la versión Gustavo Toscano.

Al mismo tiempo su compañero de fracción, Arturo Dávalos Peña, llegó hasta los separos, negoció con Aguiar Ruiz la reparación de su vehículo y de inmediato lo sacó del lugar para, ambos, trasladarse hasta la casa del síndico municipal.

Pág.16-B del periódico El Informador del 8 de noviembre de 2004.

Resumen informativo de Notisistema del 3 de mayo de 2004.

El jueves 22 de abril, a las 14:35 horas, mientras circulaba por el carril izquierdo de la avenida Lázaro Cárdenas en dirección poniente-oriente, a la altura de avenida Colón, fui alcanzado por la patrulla número 2X-81 cuyos tripulantes, mediante las luces de la torreta y señas ostensibles del copiloto, me obligaron a desplazarme hacia la derecha para permitirles el paso.

Una vez que hube despejado el carril, me percaté que la mencionada patrulla era la cabeza de un pequeño convoy compuesto por ésta, seguida por un automóvil Porsche color blanco placas (por cierto alteradas con fines "cosméticos", violando el artículo 60, fracción lll del Reglamento de Tránsito del Estado de Jalisco) JDE-3613 y por un Grand Marquis también blanco, cuyas placas no logré memorizar, el cual contaba con dos faros de alta potencia instalados en el panel situado entre el respaldo posterior y el cristal trasero del auto, apuntando hacia atrás de manera ilegal (artículo 65 del ya mencionado reglamento).

Irritado, seguí al convoy, que circulaba a una velocidad de aproximadamente 120 kilómetros por hora, sin conseguir nunca emparejarme con él, en parte por la velocidad excesiva y por las maniobras de bloqueo que el Grand Marquis realizaba frecuentemente, ocupando dos carriles la mayor parte del tiempo.

El grupo se deshizo de mí a la altura de la glorieta de El Álamo; el Porsche y sus guaruras tomaron la carretera a Chapala, mientras la patrulla realizó una vuelta en "U" cruzando sobre el camellón, justo antes del puente de González Gallo.

Una prueba más del mal uso de los recursos públicos a favor de particulares, violentando leyes y provocando riesgos innecesarios.

Ojalá que se investigara y explicara qué sucedió exactamente con esa patrulla y sus tripulantes.

Gabriel Escalante Fat, en la pág.4, "Correo" del periódico Público del 30 de abril de 2004.

Los partidos engrosan sus filas con mexicanos y mientras seamos un pueblo que no cambie o mejore su ética social, y por tanto su conducta y acciones; resulta obvio que las mañas y los abusos, en lugar de aparecer exclusivamente en tonos tricolores, ahora aparecen en un mosaico multicolor que va desde el blanquiazul, hasta el amarillo huevo con fondo de soles aztecas.

La UNAM, que según díceres oficiales es la "máxima casa de estudios", pues simple y sencillamente está tomada por algunos centenares de desadaptados, que téngalo por seguro que por edad, imagen y productividad, jamás serían admitidos por ninguna empresa seria. Y ya que hablamos de seriedad, la sociedad se pregunta ¿de dónde viene tanto influyentismo de esos mequetrefes violentos de arete y cola de caballo? ¿Las mantas que se observan en la televisión y en las fotos de prensa con el logo del PRD son el aval de semejante prepotencia?

En otra zona geográfica, pero quizá hermanados en origen, indígenas chiapanecos se rebelan contra el gobierno, asesinan y reciben amnistía. Rompen la legalidad estatal y municipal y no hay consecuencias. Bloquean caminos e impiden obras y son tratados con "pinzas". ¡Ah, porque eso sí! ¡Los influyentes son de dermis delicada!

A nivel nacional, delincuentes organizados introducen de contrabando vehículos extranjeros al país, y con una simple calcomanía, cubren todos los requisitos que el resto de los ciudadanos -los no influyentes- tienen que cubrir por medio de altísimas tenencias, placas, etc.

Pero aquí, más en corto, justo hace dos semanas, su servidor conducía su auto a la velocidad máxima permitida en el periférico -entre M. Otero y Vallarta-, cuando una camioneta Jeep Cherokee con las luces encendidas y a toda velocidad, casi me impacta. Busqué la manera de hacerme al carril derecho, pero el abundante tráfico no me lo permitía, no obstante, el energúmeno que conducía el vehículo me intimidaba repetidamente con el costoso bólido.

De pronto pensé que eran narcos, o ebrios eufóricos por el sábado, pero 150 ó 200 metros adelante en que logré hacerme a la derecha, pude ver que se trataba de señores funcionarios; entre otros, el coordinador de los diputados panistas Miguel Angel Martínez Espinoza. Por si falta algo a aquella muestra de influyentismo que tanto irrita a la sociedad, los dueños actuales del poder, iban "escoltados" por una patrulla de tránsito.

Todavía repasaba ese molesto encuentro y rumbo al periódico que tiene en sus manos, cuando el diputado perredista Gilberto Parra en plenas once de la mañana, con alarde de poder e influencia, dejó su camioneta marca Ford estacionada en lugar prohibido, a media cuadra del mercado Corona (por Independencia) (26/ago/99).

Como usted ve, los abusos y el influyentismo no son cosa de partidos. El problema es la ética y obliga a toda la sociedad a cambios verdaderos en su educación y conducta que algún día se reflejen con el paso de los años.

Manuel Hernández Gómez, en El Informador del 20 de diciembre de 1999.

Cuando realizaba acciones de proselitismo ayer, fue asesinado el candidato a alcalde de Ciudad Mante por la coalición "Fuerza y Corazón de México", Noé Ramos Ferretiz. Recibió una herida de arma blanca cerca del corazón.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmaron que según las primeras investigaciones en el ataque a Noé Ramos solo actuó un hombre.

Los reportes indican que Ramos estaba en un evento de su campaña la Colonia Azucarera cuando fue atacado a puñaladas, lo que generó gritos de histeria de personas que estaban en el lugar.

Noé Ramos buscaba la reelección como presidente municipal de Ciudad Mante.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, condenó los hecho a través de su cuenta de X: “Acaban de asesinar al alcalde y candidato para reelección de El Mante, Tamaulipas. En el país que no pasa nada y en el que se abraza a criminales, la violencia está imparable y el INE sigue sin tener un mapa de riesgos para este proceso electoral. ¡Ya basta!

Xóchitl Gálvez también reaccionó ante el hecho y escribió: "Me duele mucho ver que este proceso electoral sigue manchado por la violencia y la sangre. ¿Dónde está el gobierno para darle seguridad al pueblo? ¿Dónde están las fiscalías para hacer justicia?”.

Autoridades reportaron este viernes el hallazgo sin vida de Alberto Antonio García, candidato por el partido de Morena a la presidencia municipal de San José Independencia, en Oaxaca, donde estaba reportado como desaparecido desde el pasado jueves.

Cabe destacar que la esposa de Alberto y actual alcaldesa de dicho municipio, Agar Cancino Gómez, fue encontrada con vida aunque con signos de violencia, según informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Tanto Alberto Antonio García como Agar Cancino Gómez, ambos de Morena, estaban reportados como 'no localizados' ante la vicefiscalía de la región de la Cuenca del Papaloapan, donde desaparecieron mientras se trasladaban en su automóvil sobre la carretera Loma Bonita-Tuxtepec.

Por ahora, persiste un operativo policial en el que intervienen miembros del Ejército, la Policía Estatal de Oaxaca y agentes de la Fiscalía de Oaxaca, en un paraje en inmediaciones de la localidad Isla del Viejo Soyaltepec, a 40 kilómetros de San José Independencia.

García era candidato de Morena para buscar la presidencia municipal de San José Independencia y relevar en el cargo a su esposa.

Los hechos ocurren en medio de la violencia política, con 15 aspirantes asesinados en lo que va del proceso hacia las elecciones del 2 de junio, según las cifras oficiales que reportó el martes el gobierno, aunque organizaciones civiles estiman que la cifra sería cercana a 30.

Casi 8 de cada 10 víctimas son aspirantes a un cargo municipal, reveló este martes un estudio de las organizaciones Data Cívica y México Evalúa.

La tarde de este lunes, Gisela Gaytán, candidata de Morena para la alcaldía de Celaya, fue víctima de un asesinato mientras se encontraba en un evento de campaña en la comunidad de San Miguel de Octopan.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 6 de la tarde en San Miguel Octopan, una comunidad con alta actividad delictiva.

En videos difundidos en redes sociales, se ve a un contingente de personas quienes acompañan a la candidata y posteriormente se escuchan varias detonaciones, mientras la gente corre del lugar.

La víctima murió en el lugar, mientras que otras 3 personas resultaron heridas durante el ataque,

La agenda de la candidata indicaba que el recorrido se llevaría a cabo en la comunidad de San Miguel Octopan, misma que en los últimos años ha sido notablemente afectada por la actividad de la delincuencia organizada.

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, mencionó a través de sus redes sociales que el asesinato de la candidata no quedará impune.

Guillermo Torres Rojas, presidente municipal de Churumuco, Michoacán, fue asesinado a tiros anoche en la ciudad de Morelia.

Los informes refieren que el alcalde cenaba con su familia, cuando hombres armados entraron al establecimiento y dispararon en su contra.

En el ataque, el hijo del presidente municipal resultó lesionado en una mano.

Torres Rojas murió en un hospital privado de la capital michoacana mientras recibía atención médica.

Hace apenas unos meses, toda la policía de ese municipio renunció por amenazas del crimen organizado.

Guillermo Torres, de 39 años de edad, ganó la elección pasada con la sigla del Partido Revolucionario Institucional y en el 2022, se retiró de ese partido político e hizo pública su simpatía por Morena.

Jaime González Pérez, candidato de morena a la alcaldía de Acatzingo, Puebla, fue asesinado este sábado, de acuerdo con la información, los hechos ocurrieron la tarde en el lote de venta de autos del aspirante morenista, ubicado en la cabecera municipal de Acatzingo.

De acuerdo con testigos, 2 sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a tiros al político quien murió en el lugar.

Durante el ataque, según informes policiales, el político viajaba junto con dos de sus hijos de 7 y 9 años, uno de los cuales quedó herido.

El gobernador, Sergio Salomón Céspedes, de extracción morenista, condenó el ataque en contra de Jaime Pérez González.

El municipio de Acatzingo, junto con Tepeaca, Quecholac Palmar de Bravo, Tecamachalco y Acajete, forma parte del llamado Triángulo Rojo del huachicol, con altos niveles de violencia.

El regidor del partido Morena en Chilapa, Guerrero, Antonio Crespo Bolaños, fue asesinado a balazos ayer por hombres armados que lograron huir, poniendo en riesgo la organización de elecciones en esta localidad el próximo 2 de junio y la advertencia de mayor seguridad.

De acuerdo con información de Seguridad Pública, el edil fue asesinado en la calle Nueva del centro de la ciudad por la tarde, en donde hombres armados le dispararon de cerca y le dieron al menos un balazo en la cabeza.

El morenista encabezaba la regiduría de Desarrollo Rural y era cercano al activista, fundador de ese partido y aspirante a la alcaldía, Tomás Morales Patrón, asesinado el 13 de marzo en el mismo municipio.

A principios de este mes también fue asesinado a balazos el aspirante del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, región Costa Grande, Alfredo González Díaz, cuando circulaba en su vehículo.

En febrero fue asesinado el activista y fundador de Morena en el municipio de Huamuxtitlán, montaña de Guerrero, Abraham Ramírez, quien era padre de la aspirante a candidata a presidenta municipal Rosalba Ramírez.

La base de datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) indica que en la actual administración estatal, del 6 de diciembre de 2018 hasta este 16 de marzo, alrededor de 284 servidores públicos han sido asesinados en Jalisco.

La mayoría por arma de fuego, con un total de 162; le siguen los casos por contundentes con un total de 78; en el listado, se incluyen personas ejecutadas por armas punzocortantes, estrangulaciones o a golpes.

Entre los casos más sonados está el del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, ocurrido el 18 de diciembre de 2020 en un bar del municipio de Puerto Vallarta; el exmandatario fue victimado a balazos por 2 personas quienes no han sido localizadas, mientras que hay una persona, Moisés "N" alias "El Moy", quien se encuentra en prisión preventiva por los hechos.

Son los estados de Guerrero, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca los cuales acumulan la mayor cantidad de crímenes cometidos en contra de funcionarios y servidores públicos en los últimos años según la organización Data Cívica.

Para estas elecciones, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal acordó con el Instituto Nacional Electoral el plan de Estrategia de Protección a Candidatos para garantizar la seguridad de las personas que se han postulado a los distintos cargos, tanto a nivel local como a nivel nacional.

El gobierno federal será el encargado de la protección de candidatos a la Presidencia de la República, a las 9 gubernaturas estatales, diputaciones federales y senadurías, en tanto que los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local, es decir, a diputaciones locales y a las alcaldías.

Humberto Amezcua, presidente municipal con licencia de Pihuamo de filiación priista, que buscaba la reelección, fue asesinado esta noche. Según reportes en redes sociales, su muerte se produjo por un ataque a tiros a unas cuadras del ayuntamiento.

La Fiscalía Especial Regional informó en un comunicado la recepción a las 22:52 de un reporte de agresión con arma de fuego en la calle Emiliano Zapata a su cruce con Venustiano Carranza, punto al que acudieron elementos de la corporación y localizaron a Amezcua con heridas de arma de fuego en el interior de un vehículo.

Paramédicos confirmaron el deceso del alcalde.

Las diputadas locales Verónica Flores y Hortensia Noroña lamentaron la muerte de su compañero de partido y exigieron a los gobiernos federal y estatal acciones para detener la violencia generalizada y las agresiones contra políticos que, según la consultoría Integralia, ha afectado a 238 candidatos o precandidatos desde septiembre del año pasado a la fecha.

Pihuamo, ubicado al sur de Jalisco, hace frontera con Michoacán y Colima, una región que en los últimos años ha sido escenario de una disputa entre cárteles de la delincuencia organizada que ha dejado fallecidos y desplazados.

Tomás Morales aspirante a alcalde del municipio de Chilapa de Álvarez, en Guerrero fue asesinado a balazos y se convirtió en el 2o. político muerto en menos de 15 días en esa región azotada por la violencia.

Morales, quien aspiraba a competir por el partido gobernante Morena para dicha alcaldía, murió la noche del martes tras ser tiroteado en una calle de esa localidad, informó el miércoles la Fiscalía General de Guerrero.

De acuerdo con medios locales, el aspirante de Morena, fue interceptado por un hombre cuando llegaba a su casa quien, sin mediar palabras, le disparó en la cabeza.

En el estado de Michoacán, también golpeado por la violencia, fueron asesinados el pasado 26 de febrero 2 precandidatos para la alcaldía del municipio Maravatío, el médico Miguel Ángel Zavala y el líder transportista Armado Pérez Luna.

Desde septiembre y hasta el 28 de febrero se han reportado al menos 44 agresiones contra aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, de acuerdo con un informe difundido este mes por la firma local de consultoría en riesgo político y planeación Integralia Consultores.

El estudio señaló que los políticos de Morena son los que concentran el mayor número de ataques (31,8%). "Los aspirantes del oficialismo son de mayor interés para los grupos criminales pues su cercanía con el poder puede favorecer o perjudicar sus intereses", refirió la investigación.

Los políticos se han convertido en el blanco predilecto de las organizaciones delictivas mexicanas, según investigaciones desarrolladas por centros de estudios, especialistas y activistas que han recomendado a las autoridades federales elevar las seguridad en los estados y municipios para evitar una escalada de la violencia. de cara a los comicios generales del 2 de junio en los que se disputarán más de 20.000 cargos además de la presidencia, 8 gobernaciones y la alcaldía de la Ciudad de México.

El aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac, en la Costa Grande del Estado de Guerrero, Alfredo González Díaz, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

A través de un comunicado, la FGE informó que alrededor de las 3 de la tarde, cuando González Díaz viajaba en un vehículo sobre el bulevar Juan Álvarez en la cabecera municipal de Atoyac, fue asesinado por "arma de fuego" y se abrió una carpeta de investigación por homicidio.

La tarde de ayer se reportó el asesinato de Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena a la alcaldía de Maravatío, Michoacán. Casi a medianoche, también fue asesinado el precandidato del PAN, Armando Pérez Luna.

Respecto al precandidato de Morena, médico de profesión, fue asesinado a bordo de su vehículo sobre la calle Cereza del fraccionamiento Rancho La Huerta. Los primeros informes indican que el cuerpo de Zavala Reyes presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego. Mientras que fuentes de seguridad locales informaron del asesinato a balazos de Pérez Luna, de 58 años de edad, quien se encontró a bordo de su vehículo en la calle Jesús Romero Flores de la Colonia Infonavit, en Maravatío. Testigos refieren que el homicida iba a bordo de una motocicleta.

La dirigencia estatal de Morena en Veracruz confirmo la muerte de Manuel Hernández Hernández, aspirante a la diputación de Misantla y quien fue asesinado la tarde de este jueves en la comunidad de Santa Margarita.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, sujetos armados a bordo de una motocicleta se acercaron hasta la camioneta del aspirante y le dispararon en al menos 7 ocasiones mientras circulaba por la carretera que conecta a los municipios de Misantla y Xalapa.

Declaraciones de testigos recogidas por medios locales indican que los hombres en la motocicleta le cerraron el paso a la camioneta marca Nissan color gris y le dispararon directamente a Manuel Hernández que manejaba el vehículo.

En imágenes que circulan en redes sociales se aprecian los 7 orificios de bala en el vidrio del lado izquierdo de la camioneta, mientras ésta quedó atravesada sobre el camino.

Minutos después del crimen, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, confirmó la muerte del aspirante de Morena y afirmó que fiscales, peritos y policías ministeriales se trasladaron hasta la comunidad de Santa Margarita para realizar el levantamiento del material balístico y del cuerpos, así como la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

En las redes sociales de Morena Misantla se aprecia una fotografía de l aspirante a diputado local por el Distrito 8 en compañía de Rocío Nahle, quien buscará la gubernatura del estado en la próxima jornada electoral.

Antes de buscar la diputación de Misantla, Hernández Hernández se desempeñaba como director general de Política y Gobierno en el ayuntamiento del mismo municipio.

En los últimos 9 meses han sido asesinadas 33 personas relacionadas con el proceso electoral, de las cuales 16 competían por algún cargo de elección popular; los más afectados han sido militantes de Morena, de acuerdo con un informe de Laboratorio Electoral.

Enero ha sido el mes más violento con 8 asesinatos registrados, lo que confirma la tendencia en procesos electorales pasados que relaciona los tiempos de definición de candidaturas con picos de violencia. Sobre los 16 aspirantes asesinados, el informe detalla que 5 pertenecían a Morena; 4 al PAN; 3 a Movimiento Ciudadano; 2 del PRD; y 1 del PRI y Partido Verde, respectivamente.

En total, se han registrado 50 casos de distintos tipos de violencia además de los asesinatos: 11 atentados, 2 amenazas y 4 casos de secuestro o desaparición. Las ejecuciones se han registrado en 13 entidades siendo Guerrero (8) la entidad con mayor incidencia. Le sigue Veracruz (5) y Michoacán (5). Por su parte, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Morelos y Zacatecas han registrado una respectivamente.

Al respecto, Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, señaló que con este informe preliminar se anticipa que 2024 sea el proceso más violento en la historia. "Creemos que hemos visto una tendencia al alza en las últimas semanas. El nivel donde más afectación hay es el municipal, y hay muchos estados que todavía están cerrando sus precampañas a nivel municipal", expuso.

Yair Martín Romero Segura aspirante a diputado federal del distrito 16 del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, fue asesinado este sábado junto con su hermano en dicho lugar.

Romero Segura, era aspirante a diputado federal local por el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), su asesinato fue confirmado por autoridades municipales.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos, presuntos integrantes de un grupo criminal que opera en el municipio, disparó a Romero Segura y su hermano cuando se movilizaban por las calles del municipio.

El aspirante ya había denunciado ante autoridades que había recibido varias amenazas y presiones políticas por parte de sujetos sin identificar.

Durante la tarde de este sábado se produjo un ataque armado en la localidad de Plateros, en el municipio de Fresnillo, donde perdió la vida Jorge Antonio Monreal Martínez, quien pertenecía a la familia Monreal Ávila.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, confirmó este incidente al ofrecer detalles sobre los operativos llevados a cabo en la comunidad de Plateros.

"Lamentablemente se registró el homicidio de Jorge Antonio Monreal Martínez", escribió el funcionario estatal a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado mayor información de cómo ocurrió esta agresión en donde falleció el primo de la familia Monreal Ávila, ya que los reportes preliminares revelan que las balas alcanzaron a herir a un menor de edad, quien se presume es hijo de Jorge Antonio.

Cabe mencionar que este homicidio ocurre casi de manera simultánea en el municipio de Fresnillo, cuando en el 97 Batallón de Infantería se realizaba el evento de las autoridades gubernamentales y de las fuerzas armadas para anunciar la llegada de los 800 elementos del Ejército Mexicano a tierras zacatecanas, con cuyos despliegues se pretende lograr la pacificación de la entidad y disminuir los índices de violencia.

Ayer se registró el asesinato de Alfredo Sánchez González, secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, mientras se encontraba paseando por un parque cercano a su domicilio, el fraccionamiento Real de Caña, hasta donde llegaron varios sujetos armados quienes lo sorprendieron y le dispararon para después huir.

Colima es una de las entidades consideradas como "de muy alto riesgo" de cara a las elecciones que se llevarán en México este 2024, de acuerdo con el Primer Reporte de Violencia Política presentado por Integralia Consultores.

Es precisamente a través de este informe que Integralia documentó un total de 21 eventos de violencia política a nivel nacional, que involucran a un total de 32 víctimas, hasta el pasado 7 de febrero a mediodía, incluyendo a funcionarios o aspirantes a algún cargo de elección popular, así como a periodistas y defensores de los derechos humanos.

Del total de víctimas, en su mayoría se relacionaron con 11 casos de asesinatos (10 de funcionarios o políticos y uno de periodista o defensor de los derechos humanos), seguido de 6 casos de violencia de género, 7 casos de secuestros, 5 atentados y 3 casos de destrucción del patrimonio.

Políticos asesinados durante el proceso electoral 2024:
- Ricardo Taja Ramírez, aspirante a alcalde de Acapulco por Morena en Guerrero.
- Alfredo Giovanni Lezama, aspirante a diputado local por el PAN en Morelos.
- David Rey Gonzáles, aspirante a alcalde de Suchiate por el PRI en Chiapas.
- Sergio Hueso, aspirante a alcalde de Armería por MC en Colima.
- Miriam Nohemí Ríos aspirante a una regiduría en el Ayuntamiento de Michoacán por MC.
- Samantha Gómez Fonseca aspirante a senadora por Morena en la Ciudad de México.
- Marcelino Ruíz aspirante a la alcaldía de Atlixcac, Guerrero, por el PRD.
- Jaime Vera Alanís aspirante a la alcaldía de Mascota, Jalisco, por el PVEM.

Al menos 16 políticos que aspiraban a un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2 de junio próximo fueron asesinados entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de este año, según un reporte publicado ayer por la organización Laboratorio Electoral.

El reporte indica que se han reportado 50 casos de violencia electoral, de los cuales 32 son asesinatos de políticos (16 buscaban algún cargo en los comicios en marcha), 11 atentados, 4 secuestros o desapariciones y 2 casos de amenaza grave. "Hemos registrado 33 casos de personas asesinadas directamente relacionadas con el proceso electoral, es decir: aspirantes, precandidaturas, candidaturas, encuestadores, colaboradores de partidos, funcionarios públicos y familiares", explica el informe.

De esos 32, al menos 16 personas se identificaban como aspirantes o precandidatos a algún cargo público en las elecciones de 2024, la mayoría (5) del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En tanto, 4 de los asesinados militaban en el opositor Partido Acción Nacional (PAN), 3 en Movimiento Ciudadano (MC), 2 en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y uno del Revolucionario Institucional (PRI).

El reporte puntualiza que los asesinatos por violencia electoral se han registrado en 13 de las 32 estados del país, con Guerrero (8) como el estado con mayor incidencia por violencia electoral registrada, seguido de Veracruz (5) y Michoacán (5). La agencia explica en su reporte que, en los comicios de 2018, se reportaron 145 víctimas mortales durante el proceso electoral, y en 2021 se sumaron 88 homicidios.

Además, indica que, como ocurrió en 2018 y 2021, la violencia se enfoca en el nivel municipal, pues 13 de las 16 personas aspirantes asesinadas buscaban ser candidatas a una presidencia municipal.

El pasado 1 de febrero, Jaime Vera Alanís, precandidato a la alcaldía de Mascota por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue asesinado en calles de la Colonia Puerta del Sol, en Zapopan.

Según la organización Data Cívica, que se dedica al estudio de este tipo de sucesos, con este hecho sumaron 959 asesinatos de políticos y funcionarios desde 2018.

De acuerdo con el proyecto "Votar entre Balas", a cargo de la asociación referida, el 2023 fue el año con más homicidios de este tipo de figuras, con 356: casi uno al día, en promedio, y 22 más que en 2022.

Para Itzel Soto Palma, quien coordina el análisis mencionado, la situación que se avizora para la elección del próximo 2 de junio es grave, si se toma en cuenta la inercia que se presenta desde hace años.

"Prevemos que lamentablemente también va a haber un aumento en los próximos meses, porque va a haber elecciones locales, concurrentes, sobre todo en el marco de la violencia extrema ocasionada presumiblemente por grupos de la delincuencia organizada", dijo Soto Palma.

"Se van a mover los acuerdos. Es decir, cuando va a haber elecciones locales, suele haber una disputa por tener esta protección por parte de las autoridades, es por esto que los cargos locales suelen ser más vulnerables. Hay que aceptar que el crimen organizado se ha inmiscuido en las decisiones políticas en el país", remató.

Al respecto, Francisco Jiménez Reynoso, investigador integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), consideró que el tema de los asesinatos de políticos y funcionarios es sensible debido a que nos encontramos en pleno proceso electoral, el cual consideró, será, según las cifras, el más violento del México contemporáneo, dado el incremento del número de grupos delictivos, de sus pugnas, "y a la ferocidad con la cual se pelean las candidaturas las personas integrantes de los partidos políticos".

"Uno de los factores más importantes en la repetición sistemática de asesinatos de políticos o funcionarios de 1er. nivel es la impunidad. Es lo que favorece a los delincuentes el cometer este delito una y otra vez en contra de quien sea. Incluso se observa la forma en que minimizan las autoridades en turno la problemática, autoridades que después se convierten en víctimas del problema, eso es lo más grave, y particularmente lo vemos en Jalisco", lamentó el especialista, quien añadió, es precisamente la impunidad el elemento principal a atacar antes de la implementación de cualquier política pública.

Guanajuato es el estado con el mayor número de asesinatos en todo México, y esto se traduce también en que, de acuerdo con estadísticas de la organización Data Cívica, sea la entidad con el mayor número de políticos y funcionarios asesinados en todo 2023, con un total de 45 víctimas.

Entre las víctimas más recientes se encuentra Alejandro Lanuza, quien se desempeñaba como regidor del PAN en el municipio de Salvatierra. El político fue asesinado mientras salía de su casa, cuando fue atacado a balazos por hombres armados que se dieron a la fuga.

A Guanajuato le siguen los estados de Zacatecas, con 37 asesinatos, y Veracruz, con 30 víctimas, según revela la estadística de Data Cívica.

Sin embargo, Itzel Soto Palma, coordinadora del proyecto "Votar entre Balas" de Data Cívica, destacó que no sólo se observa que los ataques han ocurrido con mayor frecuencia en las entidades que mayores índices de inseguridad y violencia reportan en el país, convirtiéndose en un foco rojo de cara a los comicios del próximo 2 de junio, sino que debe prestarse atención a los municipios que, según los últimos registros, han reportado altas incidencias. Entre estos, dijo, se encuentra Tijuana como el número uno a nivel nacional.

"Este es uno de los municipios en donde también hemos visto muchos eventos que no sólo son asesinatos, sino también amenazas, secuestros, secuestros de familiares, todos estos eventos violentos; agresiones no sólo directamente a un político, sino que pueden ser a su familia".

También, dijo, son focos rojos Celaya, en Guanajuato, y "nos ha sorprendido Chiapas, que, en años anteriores, no había figurado en cuanto a número de víctimas de violencia", lamentó la coordinadora.

- Desde 2018, año en el cual comenzó el registro "Votar entre Balas" de la organización Data Cívica, se han registrado al menos 1,640 ataques contra personas funcionarias, personas políticas e integrantes de partidos políticos, lo que significa, en promedio, un ataque cada 32 horas.
- Los ataques registrados contemplan desde amenazas, ataques armados, atentados, secuestros y desapariciones hasta el asesinato de políticos.
- Del total, el hecho violento más recurrente es el asesinato, con un total de 960 casos, seguido de los ataques armados, con 258 registros, y en el 3er. puesto se ubicaron los secuestros, con un total de 149 casos. En el registro hay al menos 130 reportes de amenazas y al menos 34 personas desaparecidas.

Itzel Soto Palma, explicó que debido a que el mayor número de agresiones ocurre contra personas funcionarias y políticas a nivel municipal, la situación se puede explicar no sólo considerando que se trata del mayor número de cargos a ocupar a nivel nacional, sino que se relaciona además con redes de apoyo o protección informal que suelen no estar vigiladas, o suelen tener un menor nivel de observancia.

Explicó que personas especialistas que participan en este proyecto, entre ellas actualmente colaboradoras de la organización México Evalúa, y en su momento especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dichos apoyos suelen ejecutarse principalmente por y hacia integrantes del crimen organizado, por lo cual es necesario implementar políticas públicas para evitar estos actos, e incrementar el nivel de observación sobre cómo operan los gobiernos y los partidos, especialmente a nivel municipal.

Dijo que hasta el momento no hay un solo partido político que no se perciba, en lo micro, tenga relación con estas protecciones, por lo cual, señaló, para poder comenzar a erradicar dichas redes que ponen en riesgo a sus mismos integrantes.

"Hay integrantes de todos los partidos inmiscuidos en las redes de corrupción, y a la par no hay ningún partido político que esté, digamos, encabezando o liderando el desmantelamiento de sus redes de protección, que es esto precisamente lo que lleva a este tipo de violencia. Lo ideal, para encontrar una solución a fondo, es precisamente el erradicar esas redes de protección informal en lo local y municipal", lamentó la coordinadora.

Francisco Aceves, coordinador del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara, lamentó que, pese a existir fuerzas de seguridad, no sea posible garantizar la vida de las personas candidatas, por lo cual es un riesgo latente que sigan ocurriendo este tipo de hechos en Jalisco y el país, que usualmente están relacionados con el control que ha comenzado a ejercer el crimen organizado en ciertas zonas del país para mantener los territorios a su conveniencia.

El director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, Juan Pérez Guardado, fue asesinado la mañana de este miércoles, informó el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza.

De acuerdo con información de diversos medios de comunicación locales, Juan Pérez Guardado tenía 58 años de edad y era hermano de María de Jesús Pérez de Monreal, la esposa del senador morenista Ricardo Monreal.

En una conferencia de prensa, los senadores de Morena anunciaron que Monreal ya se había trasladado al Estado de Zacatecas para tender su situación familiar.

De acuerdo con las primeras versiones, el funcionario fue atacado por hombres armados cuando se encontraba en las inmediaciones del Hospital Real de Minas, en Fresnillo.

Cuando llegaron los equipos de emergencias confirmaron la muerte del funcionario en el lugar de los hechos.

El pasado jueves fue asesinado a balazos, en calles de la zona metropolitana de Guadalajara, Jaime Vera Alanís, precandidato para contender a la alcaldía de Mascota, Jalisco, el próximo 2 de junio.

Vera Alanís se convierte en la 1a. figura política asesinada en Jalisco en el actual proceso electoral, que inició el pasado 1 de noviembre en nuestro estado, y en el número 8 a nivel nacional, de acuerdo con registros hemerográficos.

Un total de 38 personas, quienes aspiraban a un cargo público en los procesos electorales 2020-2021 y 2023-2024, han sido asesinadas en México en medio de la ola de violencia vivida en los últimos años.

Entre noviembre de 2020 y mayo de 2021 fallecieron 30 candidatos y precandidatos, de acuerdo con información del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral Jurisdiccional, impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y registros hemerográficos.

Los otros 8 han sido asesinados en lo que va del actual periodo electoral, según algunas publicaciones; entre ellas Vera Alanís, quien es la víctima más reciente.

Entre los, al menos, 30 asesinatos registrados en el proceso de 2020-2021 se encontraron 5 figuras que contendían en Jalisco ante la elección de 2021, entre las cuales se encontraron la ex alcaldesa de Cuquío y precandidata del PAN, Analuci Martínez Saldívar, quien fue asesinada en la Colonia Prados Tepeyac, de Zapopan, y el precandidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Casimiro Castillo, Carlos Alfredo Sevilla, cuyo cuerpo fue encontrado en un barranco al interior de su camioneta, y cuyo caso fue confirmado por la Fiscalía de Jalisco como un homicidio.

Ante esta situación, Francisco Aceves, coordinador del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara, lamentó que pese a existir fuerzas de seguridad no es posible garantizar la vida de los candidatos, por lo cual es un riesgo latente que sigan ocurriendo este tipo de hechos en Jalisco y el país, que usualmente están relacionados con el control que ha comenzado a ejercer el crimen organizado en ciertas zonas de México para mantener los territorios a su conveniencia y que afectan directamente a la ciudadanía.

Jaime Vera, precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Mascota, fue asesinado ayer en la Colonia Puerta del Sol, en Zapopan. El homicidio ocurrió en el cruce de Moctezuma y Clouthier. El cuerpo de Vera quedó a un costado de su camioneta. Recibió 3 tiros. El agresor escapó.

Entre 2019 y 2023, en Jalisco mataron a 381 servidores públicos o funcionarios. Y no existe información pública sobre los avances de las investigaciones o detenciones por estos crímenes.

Con base en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), cada año ejecutan en promedio a 76 servidores públicos en el estado.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, informó que hoy se reunirá con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, y otros integrantes del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, para abordar la propuesta de cuidado de las personas candidatas durante el proceso electoral.

"Deberán de existir mapas de riesgo en las dependencias que tienen esta atribución. Con nosotros existen protocolos especiales de atención; atención especializada, zonas que no solamente por inseguridad, sino incluso por condiciones geográficas son de difícil acceso y pedimos también apoyo en los recorridos", expuso.

El secretario general del PAN en Morelos, Giovanni Lezama Barrera, fue asesinado a balazos en el interior de un gimnasio en el municipio de Cuautla, donde fungía como regidor. Los primeros reportes indican que el político recibió por lo menos 4 disparos de arma de fuego, presuntamente calibre 45, por un hombre que irrumpió en el gimnasio.

Eduardo Cervantes, alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos en el periodo 2018-2021, fue asesinado ayer. El hecho ocurrió sobre la Carretera a Chapala, a la altura del cruce con Acueducto, en el municipio referido.

El ex funcionario viajaba con un acompañante en un vehículo deportivo cuando un hombre los agredió a balazos. El cuerpo del ex edil quedó en el auto.

La otra persona fue trasladada para recibir atención médica. El agresor escapó.

Con el homicidio de Cervantes suman 165 funcionarios asesinados por arma de fuego en lo que va de la actual administración estatal.

De acuerdo con autopsias practicadas por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, los crímenes se han concentrado en la región Centro, con 108 casos, en su mayoría registrados en Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.

La 2a. zona con mayor número de muertes violentas es Altos Norte, con 23.

Entre los funcionarios ejecutados se encuentra Salvador Llamas Urbina, consejero nacional de Morena y jefe de gabinete del Ayuntamiento en Puerto Vallarta, que cumple este sábado un año de haber sido acribillado en un restaurante de la zona metropolitana de Guadalajara.

4 hombres fuertemente armados asaltaron a la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Mich., María Itzé Camacho Zapiáin, sobre la Autopista Siglo XXI. La presidente municipal de Morena fue despojada de su vehículo y equipo de telefonía.

"En ese tramo (Cañas-Santa Casilda) es donde los asaltantes están quitando los autos. En esta ocasión fui yo la afectada, ya que nos quitaron el auto con armas apuntándonos", dijo más tarde.

Zulma Carvajal Salgado, aspirante de Morena a la alcaldía de Iguala en Guerrero y sobrina de Félix Salgado Macedonio, responsabilizó al presidente municipal de Iguala, David Gama Pérez, de ser el presunto autor del atentado armado en su contra y en el que fue asesinado su esposo, Humberto del Valle.

De acuerdo con las primeras versiones, alrededor de las 10 de la mañana, cuando Zulma Carvajal y su esposo estaban por abordar su camioneta estacionada fuera de su casa, ubicada en el centro, los atacaron a balazos.

En el ataque resultó herido el esposo a quien sus familiares trasladaron al hospital Jorge Soberón Acevedo, donde murió.

En las primeras versiones, se supo que Carvajal Salgado y su esposo saldrían ayer a hacer trabajo proselitista a favor de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una de las aspirantes a la candidatura presidencial de Morena.

El 4o. Informe de Violencia Política en México que dio a conocer la consultora Etellekt en mayo de 2021, previo a las elecciones nacionales intermedias, señaló que el proceso electoral era el 2o. más violento desde 2000, y que el número de políticos y aspirantes a una candidatura asesinados era 29.5% superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio previo, en 2015. En 2021, agregó, las agresiones contra políticos, aspirantes y candidatos se sucedieron en 31 entidades y en el 13% de 331 municipios afectados por la violencia.

Los asesinatos de políticos, secuestros y ataques no han parado desde entonces. El año pasado, de enero a mayo, se asesinó a un político cada 2 días durante el proceso electoral, que fue el periodo más letal desde 2018, de acuerdo con Data Cívica. En los primeros meses del año pasado, hubo 120 agresiones de varios tipos -amenazas, ataques armados, desapariciones, homicidios y secuestros-, donde Morelos, Guanajuato y Chihuahua resultaron los más violentos del país en materia política-electoral.

Al finalizar el año, se habían registrado 486 eventos violentos contra políticos, convirtiéndose en el peor año desde que se lleva recuento, y en el 1er. trimestre de 2023, con 296 incidentes en el 1er. semestre -91 sólo en enero y febrero-, se perfilaba a ser todavía más grave, con una mayor incidencia en Zacatecas, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca y Quintana Roo. En cuanto a municipios, Tijuana, es donde más ataques se han dado, producto de una espiral de violencia que orilló a la alcaldesa a mudarse a vivir a la zona militar.

El total de ataques durante el sexenio de López Obrador, según Data Cívica, suma 1,126, entre asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas al ámbito político, gubernamental, o contra instalaciones de gobierno o partidos.

El regidor de Zapopan y militante del Partido Futuro, Pedro Kumamoto, fue agredido la mañana de este domingo en la Vía Recreactiva del municipio de Zapopan.

A través de sus redes sociales, Kumamoto denunció el incidente e informó que una persona desconocida lo confrontó verbalmente y después se fue a los golpes contra él, incidente mientras el político realizaba ejercicio. El ataque se registró en el cruce de Avenida Patria y la calle Alberta.

El causante, que fue detenido por la policía de Zapopan, fue un hombre de aproximadamente 30 años de edad, tez blanca y quien portaba playera blanca, short y casco, ambos de color negro. El individuo fue aprehendido por elementos de la Policía Municipal de Zapopan.

"Él fue controlado por las personas que estaban pasando y posteriormente por elementos de la Policía Municipal. Muchas gracias a todas las personas que me apoyaron, estoy camino a realizarme el parte médico, presentaré la denuncia correspondiente", expresó el regidor a través de sus redes sociales.

Se contactó al regidor para ahondar en el incidente, pero mencionó que se presentaría la denuncia correspondiente y posteriormente se emitiría una declaración sobre el hecho.

Este viernes, Faustino Javier Estrada, líder del PVEM en Morelos, fue atacado por un pistolero y en estos momentos lucha por su vida. En los últimos 2 años, una docena de funcionarios de distintos niveles y líderes políticos han sido asesinados o baleados. Se presume que la mayor parte de estos atentados están relacionados con castigos o amenazas del crimen organizado para asegurar el control sobre la estructura local en distintos municipios de Morelos. La impunidad con la que se realizan tales ataques deja a las autoridades indefensas frente a la presión y el mandato de los criminales.

Gabriela Sodi Miranda, diputada del PRD, informó que fue asaltada afuera de la Cámara de Diputados, donde su colaborador resultó apuñalado.

A través de redes sociales, la perredista contó en días pasados que el asalto y la agresión ocurrió el 13 de abril a las 19:00 horas sobre la avenida Congreso de la Unión, por lo que pidió un "andador seguro" a la alcaldía Venustiano Carranza.

"Ya estamos bien pero fue un gran susto y estamos pidiendo un andador seguro para todos los que estamos cerca de la cámara...", señaló Sodi Miranda, hermana de la cantante Thalía y de la actriz Laura Zapata.

Olga Luz Espinosa, compañera de bancada de Gabriela Sodi, pidió al panista Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, intervenir para que la alcaldía ponga más seguridad.

Sin contar el asesinato de Aristóteles Sandoval, en la presente administración emecista suman 270 servidores públicos asesinados en Jalisco, principalmente de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y El Salto.

Sobre el tema de la impunidad de los casos, mejor lo dejamos para otra ocasión.

Alfredo Velasco Lares, director de la Auditoría Interna de la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco, fue asesinado la noche del lunes en la colonia Bosques de Santa Anita, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, luego de recibir varios disparos mientras se encontraba en el vehículo oficial que conducía.

De acuerdo a la Fiscalía de Jalisco, el homicidio se registró a las 19:16 horas sobre la avenida Arbolada Bosques de Santa Anita, al cruce con Camino a las Moras, donde se reportó la localización de un hombre de aproximadamente 55 años de edad, que a simple vista presentaba heridas de bala, a bordo de un vehículo Toyota Prius modelo 2017, en color blanco. Al llegar al sitio, paramédicos confirmaron el deceso.

Vecinos que observaron los hechos dijeron que los agresores serían 2 hombres que viajaban en motocicleta, quienes huyeron con rumbo desconocido.

Más tarde, el mismo gobernador de Jalisco confirmó el fallecimiento de su "compañero Alfredo Felasco Lares" y aseguró que las investigaciones están en curso "y no descansaremos hasta dar con los responsables y esclarecer los hechos".

Antes de ocupar su último cargo como director de Auditoria Interna de la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco, Alfredo Velasco Lares fue asesor en jefe en el Congreso del Estado de Jalisco, adscrito a la oficina de la diputada Rosa alba Ramírez Nachis.

El político llegó al servicio público en 2005, cuando se desempeñó de auxiliar como meritorio en Juzgado 4o. Civil del 1er. Partido Judicial. En el 2017 se integró al Ayuntamiento de Zapopan, adscrito a la Secretaría municipal, para tiempo después convertirse en asesor de un regidor en el mismo municipio.

En 2018 ocupó el puesto de asesor en jefe en el Congreso del Estado de Jalisco, adscrito a la oficina del diputado Ricardo Rodríguez Jiménez.

Una diputada local y un alcalde fueron asesinados ayer a balazos en sucesos separados en el centro y el sur del país, anunciaron autoridades estatales.

Gabriela Marín, diputada del Congreso del Estado de Morelos, murió en un ataque armado ayer por la tarde en la ciudad de Cuernavaca, indicaron las autoridades estatales.

Medios locales indicaron que Marín, quien formaba parte del partido Morelos Progresa, fue asesinada en una farmacia de Cuernavaca.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, condenó el asesinato de Marín y anunció que se desplegó un operativo de seguridad para localizar a los responsables.

Más temprano, autoridades del Estado de Guerrero indicaron que el alcalde del municipio de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza, murió en un ataque armado en esa localidad.

La Vocería de la Coordinación para la Construcción de Paz de Guerrero confirmó en un comunicado la muerte del alcalde y anunció que desplegó un operativo en San Miguel Totolapan, que pertenece a la región llamada "Tierra Caliente", para localizar a los autores del ataque.

Autoridades locales confirmaron que en el hecho perecieron 18 [20] personas, entre ellas Mendoza.

La Fiscalía General de Guerrero envió personal a San Miguel Totolapan para iniciar las investigaciones.

En redes sociales se difundió el video de un grupo criminal identificado como "Los Tequileros", que se habría adjudicado el ataque. Con la muerte de Mendoza y Marín ya suman 18 alcaldes y 8 diputados asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en 2018, según registros de la consultora local en comunicación y gestión de riesgo Etellekt Consultores.

El magistrado Armando García Estrada fue víctima de la delincuencia. El juzgador afirmó que estaba en una pequeña cenaduría cuando 2 personas le bajaron el pasaporte, la visa, teléfonos, la chequera, las llaves y otros objetos de valor, que de seguro eran costosos gracias a sus jugosos ingresos que tiene en el Tribunal de Justicia Administrativa.

García Estrada indicó que los 2 delincuentes se dirigieron sólo a él. Sin embargo, la policía que acudió al lugar tiene otros datos. Puntualiza que la noche del pasado viernes se levantó el reporte de una persona víctima de robo de vehículo con violencia en Jardines de la Cruz. También que "el ciudadano reportante", al principio tuvo una actitud agresiva hacia los oficiales, cuestionándolos porque no se fueron a buscar su vehículo.

Según los policías, el magistrado hizo mención del robo de un reloj, pero lo traía puesto, por lo que se contradijo. Por último, la policía acentuó que el afectado no quiso levantar su denuncia ante el Ministerio Público (un mal ejemplo).

Al final, la policía recuperó su camioneta 2021, pero quedó la duda de: ¿Quién trae su pasaporte y su visa para ir a cenar?

El presidente municipal de Teopisca, Chiapas, Rubén Jesús Valdez Díaz, fue asesinado a balazos la mañana de ayer, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El alcalde fue atacado cuando se hallaba a bordo de su vehículo, cuando salía de su domicilio en la cabecera de ese municipio, ubicado en la región Altos de Chiapas.

La Fiscalía de Distrito Altos, inició las investigaciones en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de homicidio cometido en agravio del alcalde, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para el trienio 2021-2024.

El 6 de junio de 2021, Valdez Díaz fue electo presidente municipal. Vecinos señalaron que el hecho ocurrió tan rápido, que solamente escucharon las detonaciones y la movilización de algunos trabajadores. En el lugar, agentes descubrieron 16 casquillos. Con este crimen son ya 17 los alcaldes asesinados en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018, según la consultora Etellekt.

A menos de 48 horas del arranque de la jornada electoral para renovar la gubernatura de Oaxaca, hombres armados atacaron a balazos a Carlos Eduardo, designado coordinador de enlace entre el gobierno municipal de Juchitán y el órgano Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

El funcionario fue atacado esta tarde en esta ciudad zapoteca y horas después falleció en el hospital "Macedonio Benítez", donde recibía la atención médica, informaron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, en el lugar donde ocurrió el ataque armado, en el cruce de Reforma y Álvaro Obregón, en la Segunda Sección de esta ciudad, se escucharon ráfagas de armas largas.

El funcionario quedó recostado al lado derecho del vehículo que conducía y fue trasladado al hospital civil de esta ciudad, aún con signos vitales.

Poco después de las 6 de la tarde, unas 3 horas después del ataque armado, se confirmó su fallecimiento, pese a los esfuerzos médicos para salvarle la vida.

Las autoridades municipales, encabezadas por el edil Emilio Montero Pérez, condenaron el atentado, pidieron el esclarecimiento de los hechos y demandaron que la acción criminal no quede impune.

Como coordinador de enlace honorífico del gobierno de Juchitán con el gobierno federal para temas del Programa para el Desarrollo Integral del Istmo, que impulsa el CIIT, en las últimas semanas Carlos Eduardo estaba preparando la instalación de una gasolinera del Bienestar en esta ciudad, similar a la que ya opera en San Pablo Guelatao.

La víctima era una persona cercana al partido Morena, principalmente al edil Emilio Montero, ya que formó parte de su equipo político, y a Salomón Jara Cruz, actual candidato a la gubernatura del estado.

Ángel Estrada Rubio, presidente municipal de Tlalnepantla, norte de Morelos, fue objeto de un ataque a balazos en el interior de su domicilio; reportes preliminares indican que un grupo armado irrumpió en su casa y disparó a mansalva.

Familiares cercanos al edil informaron a la prensa que se encuentra fuera de peligro, pero con heridas de arma de fuego en el brazo izquierdo; hasta ahora no hay reportes de personas detenidas.

Los primeros datos sobre el atentado refieren que a las 9:39 horas el presidente municipal llamó a la policía para pedir auxilio, ya que estaba lesionado en su propiedad ubicada en el barrio de San Pedro.

Los paramédicos atendieron al agraviado y lo llevaron a un hospital, donde su estado de salud es estable.

La Policía de Morelos activó un operativo para buscar a los responsables; sin embargo, no hubo resultados positivos,

Estrada Rubio dijo a la policía que sus atacantes huyeron a bordo de una motocicleta; uno de ellos traía sombrero.

Ayer por la noche fue atacado a balazos el diputado local por el Estado de Colima, Roberto Chapula de la Mora, afuera de su domicilio, por lo que minutos después perdió la vida.

Los hechos ocurrieron en la calle Juárez, junto al Parque Hidalgo. Ahí un grupo de hombres armados dispararon directamente contra el diputado y su acompañante, que sólo resultó herido.

Luego de la agresión se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad por parte de elementos de la Policía municipal y estatal así como de la Guardia Nacional para dar con el paradero de los responsables del homicidio.

Roberto Chapula de la Mora era diputado plurinominal por el Partido Verde.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció el asesinato del alcalde del municipio de Aguililla, César Valencia Caballero. "He girado instrucciones para que se investigue a fondo los sucesos, se esclarezcan a la brevedad y se castigue a quienes resulten responsables", indicó Ramírez Bedolla al confirmar el hecho.

Autoridades del Ayuntamiento de Aguililla informaron que fue encontrado el cuerpo de un asesor del presidente municipal asesinado ayer jueves.

Se trata de René Cervantes Gaytán, reportado como desaparecido y una de las personas más cercanas al alcalde.

Las fuentes consultadas consideran que Cervantes Gaytán fue asesinado de manera simultánea al homicidio del presidente municipal, aunque en otro punto de la cabecera municipal.

El hallazgo del cuerpo se da a pocos minutos de que sea entregado el cuerpo de Valencia Caballero a sus familiares.

En el Congreso del Estado, diputados locales condenaron el asesinato de José de Jesús Zúñiga Mendoza quien fue integrante de la 62 Legislatura estatal.

El coordinador de la fracción priista, Hugo Contreras Zepeda, lamentó los hechos en los que su compañero de partido fue privado de la vida en el municipio de Autlán. Lo recordó como un hombre de trabajo y servicio, comprometido con el sector cañero al que encabezó.

"Que el Gobierno Federal y del Estado asuman su responsabilidad de garantizar a los mexicanos y a los jaliscienses, eso que tanta falta nos hace, la seguridad. Exigimos a los gobiernos federal y estatal resultados en la investigación de este hecho y en muchos otros más que se han suscitado en el país", argumentó.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, lamentó el homicidio de su ex compañero de legislatura y recordó que su nombre se suma a la lista de asesinatos registrados en esa región del estado, donde en 2017 fue ultimado el ex legislador perredista Saúl Galindo, sin que haya resultado en la investigación; el asesinato en 2014 de Gabriel Michel ex presidente municipal de El Grullo; y el homicidio en enero pasado de José Luis Tello García ex alcalde de Tomatlán. Además, refirió el asesinato del ex diputado priista Javier Galván, originario de esa región, y el homicidio del ex gobernador Aristóteles Sandoval.

"Todos los días nos encontramos con hechos de violencia y creo que es un momento para decir ya basta; se demuestra que no hay un plan de seguridad, están rebasadas las autoridades y tenemos un estado violento", manifestó.

El alcalde del municipio de Contepec, en Michoacán fue asesinado a balazos, informó la fiscalía local luego de que su cuerpo fue hallado en una zona rural.

Desde el pasado sábado se desconocía el paradero de del alcalde Enrique Velázquez Orozco, dijeron familiares a la Fiscalía del Estado de Michoacán.

"Fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego (...) fue identificado como Enrique Velázquez Orozco", informó un comunicado de la institución.

Enrique Velázquez Orozco tenía 38 años y era médico veterinario de profesión, pero tenía experiencia en la política, ya que se desempeñó como líder de organizaciones del PRI. Asumió el cargo en 2021.

Agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se han sumado a las investigaciones de la FGE, además de que han desplegado un fuerte operativo en la región oriente de Michoacán, donde se encuentra Contepec, donde al menos 5 cárteles de la droga mantienen una cruenta lucha.

Este es el 2o. alcalde asesinado en 2022. En enero ultimaron a balazos a Benjamín López, quien gobernaba el municipio de Xoxocotla, en el estado de Morelos.

El presidente municipal de Xoxocotla, Morelos, Benjamín López Palacios, fue asesinado a balazos afuera de su domicilio, situado en el centro de este municipio indígena, informan autoridades locales.

El reporte oficial indica que a las 15:35 horas de este martes se recibió un reporte en el cual se solicitó el apoyo porque en la calle 5 de Mayo se encontraba un hombre sin vida; en el lugar, paramédicos confirmaron que el edil ya no tenía signos vitales.

López Palacios tomó protesta como presidente municipal indígena el 1 de enero para el periodo 2022-2024 en sustitución de su hermano Juan López, quien ganó las elecciones en junio de 2021 pero ese mismo mes falleció de un infarto.

Desde hace varias semanas, mandos altos y medios del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) comenzaron a recibir correos electrónicos desde una supuesta dirección personal del director, Ernesto Prieto. Les pide un favor personal: recoger un paquete afuera de las instalaciones del instituto. El tono es de confianza, cercano. Para quien lo recibe, es la oportunidad de demostrar lealtad y ganar puntos ante el jefe.

Han sido varios los que han acudido al supuesto llamado del director del INDEP y lo que se encuentran en realidad es una pesadilla de varios minutos que termina cuando entregan todo lo que tienen en sus cuentas: se trata de una extorsión por parte de delincuentes que tienen todos los datos personales y laborales (nombres, teléfono personal, cargo dentro del Instituto e incluso una idea bastante clara de sus ingresos y estilo de vida) de los mandos a los que contactan. Uno de los casos fue hasta secuestro exprés.

Empleados del INDEP describen así el modus operandi:

Se les cita a en una plaza comercial muy cerca de las oficinas del instituto. Ahí reciben una llamada en la que un sujeto les dice que los conoce y les advierte que los están observando -les describen vestimenta y lugar donde se encuentran- y que desde ese momento no pueden hacer más que lo que ellos digan. Se presentan como gente de El Marro o del Cártel Jalisco Nueva Generación. A veces, la amenaza incluye datos políticos, como que el hijo del director del INDEP, César Prieto Gallardo, es presidente municipal de Salamanca, Guanajuato. Y que como saben ese dato, saben todo.

En 2 casos a los que tuve acceso, después de recibir la llamada telefónica pudieron huir del lugar inmediatamente y regresar a la oficina sin que los hayan buscado para un contacto posterior. Un 3er. caso no corrió con tanta suerte: al llegar al punto de encuentro, se presentaron de inmediato con él, y le dijeron que a partir de ese momento estaba en peligro y que tenía que "acompañarlos" forzosamente a dar unas vueltas por la ciudad. Un 4o. caso, también se presentó en el lugar de la cita y sin más le dijeron que tenía minutos para entregar 100,000 pesos vía una transferencia. Lo guiaron para que fuera al banco (dentro de la misma plaza). El 5o. caso, 200,000 pesos, entregados también.

Todo es grave en este asunto, pero lo más grave es que de todo esto tiene conocimiento la oficina de Ernesto Prieto. Cada uno reportó de inmediato lo sucedido al equipo cercano del director general del INDEP buscando el respaldo de la institución. Le pidieron a Prieto denunciar las extorsiones que se están haciendo en su nombre, pero se quejan de que la respuesta fue que no, "para evitar el escándalo".

La decisión del titular fue manejarlo de manera discreta y enviar un correo muy escueto y ambiguo pidiendo al personal hacer caso omiso de solicitudes de correos no institucionales. No ha sido suficiente: siguen llegando correos, se siguen acumulando casos.

En todo este enredo, que el director se niegue a denunciar, salta un tema: durante las llamadas de extorsión los empleados coinciden en que el delincuente menciona datos que nada tienen que ver con el INDEP y sí con temas políticos locales.

El candidato a la 1a. regiduría de la planilla de Chiapas Unido a la alcaldía de Acapetahua, en la costa de Chiapas, Cipriano Villanueva Ovando, fue asesinado esta tarde, informaron miembros del partido y autoridades.

Los hechos ocurrieron cuando Villanueva se dirigía a su rancho y 2 sujetos, que se desplazaban en una motocicleta, se acercaron para dispararle y huir del lugar.

El candidato a 1er. regidor recibió 3 disparos de arma de fuego que ocasionaron que falleciera inmediatamente.

Al lugar llegaron miembros del partido Chiapas Unido y más tarde elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área en espera del arribo de peritos de la Fiscalía de Distrito.

Por lamentables que sean los frecuentes -y, al parecer, sistemáticos- atentados contra candidatos a puestos de elección popular, prácticamente a 10 días de las elecciones (los más recientes, el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano [MC] a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán -con lo que, según las cuentas de Clemente Castañeda, presidente de MC, 88 candidatas y candidatos han sido asesinados en este ciclo-, y el ataque a balazos al candidato de Fuerza por México a la presidencia municipal de Acapulco, José Alberto Alonso), es difícil que el miedo se sume a otros factores -la mediocridad de los aspirantes y lo insustancial de sus propuestas, por ejemplo- para inhibir la participación ciudadana en los comicios.

Ni el "plan" anunciado el 12 de marzo por el Presidente de la República para proteger a candidatas y candidatos en campaña funcionó, ni los asesinatos de 88 de ellos, ocurridos en este ciclo, han sido esclarecidos y sancionados.

El número de víctimas mortales de aspirantes, políticos, funcionarios y ex funcionarios en lo que va del actual proceso electoral llegó a 83, con lo que se convierte en el 2o. más violento de la historia reciente del país.

Y es que a todavía a 19 días para la jornada electoral del próximo 6 de junio, donde estarán en juego 21,368 puestos de elección popular, entre ellos 15 gubernaturas, 1,926 alcaldías, 500 diputaciones federales que renovarán la cámara baja, así como las diputaciones locales de 30 congresos estatales, el número de homicidios políticos casi iguala los 84 asesinatos que a estas mismas alturas de la contienda se lamentaban en el proceso electoral del 2018, considerado el más violento de la historia, con 153 políticos asesinados, 48 de ellos candidatos o candidatas.

Como se temía antes de que iniciaran, las campañas políticas tarde o temprano quedarían tocadas por la desbordada crisis de violencia e inseguridad que se padece en múltiples regiones del país que están bajo el control de las mafias. Y es que ya entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, antes del inicio de las campañas, las autoridades reconocían 73 casos de violencia política, incluidos 64 homicidios.

Jalisco ya aparecía entre los estados con mayor riesgo para las y los aspirantes por el artero asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval el 18 de diciembre pasado, y el secuestro del aspirante priista a la alcaldía de Mezquitic, Álvaro Madera, quien aún no aparece y quien ya había ocupado esa alcaldía del 2012 al 2015, el asesinato de Analuci Martínez Saldívar, ex regidora panista de Cuquío, la desaparición y asesinato del presidente municipal con licencia de Casimiro Castillo por el partido Movimiento Ciudadano, Alfredo Sevilla, quien buscaba la reelección en esa alcaldía, así como la renuncia de Guillermo Cordero García, candidato a presidente municipal de Tequila, por Morena, y su suplente Julio Alejandro García Gutiérrez, luego de ser levantados por desconocidos y encontrados golpeados horas después, en los últimos días se han registrado ataques al domicilio del candidato priista a Tlaquepaque, Roberto Albarrán, y el envío de mensajes amenazantes en cabezas de cerdo a los candidatos de Morena, Sergio Chávez, y del PRI, Oswaldo Bañales, y apenas el lunes al candidato de Futuro a Zapopan, Pedro Kumamoto.

Por eso si la "Estrategia de Protección en Contexto Electoral" que fue presentada a inicios de marzo por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, no se concreta en trabajo con partidos políticos y autoridades electorales para cuidar como se pospusieron los topes de campaña y rendición de cuentas, evitar el registro de candidatos vinculados a la delincuencia organizada y dar protección a candidatos amenazados por el crimen organizado, la violencia podría poner en jaque la jornada electoral.

A principios de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se impulsaría un plan para brindar protección a quienes aspiraban a puestos de elección popular que tuvieran amenazas de muerte, o que los agredieran, intimidaran y obligaran a declinar por amenazas o intereses. Encargó su diseño a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien mes y medio después, en una reunión privada con él, le dio un diagnóstico ominoso: más de 200 contendientes habían sido amenazados por cárteles de la droga y sus bandas subsidiarias de sicarios, y que un alto número, que no precisó, se encontraban en peligro de muerte.

Pero lo más grave fue el reconocimiento de que no era posible brindarles seguridad.

La incapacidad del gobierno para proveer protección a candidatas y candidatos en este proceso electoral es inaceptable e inexcusable. La violencia, desde que el presidente anunció el plan para evitarla, se ha incrementado. La consultora Etellekt, que elabora un índice de violencia electoral, reportó que del 7 de setiembre del año pasado, cuando inició el proceso electoral, al 20 de marzo de este año, se habían cometido 238 agresiones, incluidos 61 homicidios dolosos. Para finales del mes totalizaron 262 agresiones y 65 víctimas mortales. En abril, la violencia se disparó.

De acuerdo con el índice de Etellekt, a 32 días de las elecciones, iban 476 hechos delictivos en contra de políticos, candidatas y candidatos, con un saldo de 443 víctimas y 79 homicidios dolosos.

La cifra global de víctimas, subrayó la consultora, tuvo un incremento de 64% en comparación con el mismo proceso electoral en 2018 y el número de políticos y aspirantes a puestos de elección popular asesinados, fue casi 30% superior al ciclo electoral intermedio en 2015. La violencia está extendida. Hubo agresiones y asesinatos en 31 de las 32 entidades federativas, donde el 78% de las víctimas fueron opositores al gobierno local.

Lo único que marcha es la violencia general, y su microcosmos actual de la violencia electoral. La secretaria Rodríguez fue lamentablemente honesta con el presidente al decirle la inviabilidad que el gobierno proteja a quienes aspiran a puestos de elección popular. El mensaje implícito es contundente: habrá más muertes y más violencia. Ojalá, deben pensar, que pase rápido la elección.

La tarde del jueves 13 de mayo, el candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano (MC), Abel Murrieta, perdió la vida tras ser baleado cuando hacía proselitismo. El ataque armado sucedió en las calles Guerrero y California, donde el candidato se encontraba realizando un evento proselitista, entregando volantes y pegando calcomanías.

Elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno resguardaban el área donde fueron heridos de bala el abanderado de MC y una de sus colaboradoras. Ambos fueron trasladados a un hospital particular a recibir atención médica, y minutos después se informó del deceso del aspirante a la alcaldía de Cajeme. Abel Murrieta de 58 años de edad, había ocupado el cargo de procurador de justicia de Sonora (2004-2012); diputado local por el PRI (2012-2015); y diputado federal también por el PRI (2015-2018).

En enero del presente año, la Fiscalía General de la República informó sobre la incorporación del exprocurador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, como parte de la defensa de la familia LeBarón.

Era representante legal de familiares de las 3 mujeres y 6 niños, víctimas de un ataque armado ocurrido 4 de noviembre de 2019 en la comunidad de La Mora, en Bavispe, Sonora.

Este día, Cajeme ha sufrido una jornada violenta, la muerte del candidato es la 4a. que se registra.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, condenó de manera enérgica el atentado en el que falleció el candidato e informó que mantienen trabajos de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado para dar con los responsables.

"Mi más sentido pésame a la familia de Abel, en quien reconozco a un sonorense con profundo amor por Sonora, que trabajó y sirvió siempre a su tierra", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, informó del ataque contra Abel Murrieta, a quien describió como "un hombre honorable, con una trayectoria intachable".

Luego del asesinato de ayer de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cajeme, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que han sido asesinados 13 candidatos en estas elecciones 2021.

En conferencia de prensa matutina, AMLO señaló que además de los 13 asesinatos de los aspirantes, hay 144 casos relevantes y 158 casos clasificados como preventivos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que del 4 de marzo al 30 de abril, las autoridades federales atendieron 234 casos de candidatos para las próximas elecciones del 6 de junio que recibieron algún tipo de agresión, amenaza u hostigamiento.

La titular del organismo, Rosa Icela Rodríguez, indicó que 12 aspirantes han sido asesinados. Además, 16 de los amenazados compiten por las gubernaturas de Colima, San Luis Potosí, Chihuahua y Tlaxcala, cuatro de las 15 entidades federativas que eligen ejecutivo estatal este año. "Sin embargo, sólo 6 de ellos han solicitado protección", señaló.

Del total de personas amedrentadas, 131 son hombres y 103 mujeres.

"En 92 de estos eventos se han abierto carpetas de investigación. Junto con los gobiernos de los estados se otorgaron medidas de protección a 65 candidatos, 40 de ellos cuentan con la atención de protección de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y 8 de otras autoridades", detalló Rodríguez.

Jalisco es una de las 6 entidades que concentran casi la mitad (48%) de todas las amenazas reportadas, junto con San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana llamó a los participantes en los comicios a denunciar este tipo de hechos para que los gobiernos federal y estatales actúen en consecuencia.

La madrugada de este sábado fue asesinado a balazos en Ciudad Victoria, Tamps., el candidato a diputado por el Distrito XV del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Francisco "Batata" Gerardo Rocha Chávez.

Los primeros reportes indican que el crimen ocurrió aproximadamente a las 04:00 horas.

El lugar donde falleció el candidato fue un domicilio que se ubica en las calles Juan de la Barrera con Miguel Allende de la colonia Mariano Matamoros.

Las autoridades investigan los hechos, pero hasta la mañana del sábado no había aún información oficial sobre el asesinato.

Francisco Rocha Chávez era conocido por su larga trayectoria jugando futbol, como jugador amateur activo y entrenador de su propio equipo infantil; hace unos días había iniciado de forma oficial su campaña de proselitismo como candidato a diputado local por el PVEM.

Según el Indicador de Violencia Política en México generado por Etellekt Consultores, entre el 7 de septiembre de 2020 y el 20 de marzo de 2021 ha habido un total de 139 personas políticas y funcionarios sin militancia que han sido asesinados. De este número, 36 son mujeres y 103 hombres y el 65% ocurrió a nivel municipal.

El candidato perredista a regidor en el ayuntamiento de Apaseo El Grande, Guanajuato, Alejandro Galicia Juárez; así como el delegado del Comité Estatal del PRD en este municipio, Juan Ignacio de la Cruz Ávila, fueron asesinados a balazos cuando realizaban un recorrido en busca de bardas para la campaña electoral.

El ataque ocurrió este lunes por la mañana en la avenida del Vicario, en la colonia El Cerrito, a manos de sujetos armados que dispararon contra los políticos y se dieron a la fuga en un vehículo.

La Fiscalía General del Estado se ha reservado la información del atentado.

Galicia Juárez tenía la calidad de candidato a regidor propietario en la planilla que encabeza el candidato a la presidencia municipal Juan Mandujano Ramírez.

La dirigencia nacional del PRD condenó la cobarde agresión con armas de fuego en el que le arrebataron la vida de su candidato y a su dirigente local, y exigió a las autoridades de los 3 niveles de gobierno investigar a fondo este ataque y que finquen responsabilidades.

Asimismo, hizo un llamado enérgico para que estos asesinatos no queden archivados ni impunes. "Queremos que las autoridades investiguen a fondo y se castigue a quien o quienes resulten responsables", enfatizó.

En un comunicado, el PRD señaló que "este lamentable suceso forma parte, por desgracia, de una ola de agresiones y homicidios contra las y los militantes de nuestro instituto político, "situación que exigimos cese de inmediato".

El PRD destacó que las autoridades tienen la obligación de dar garantías de seguridad. "Este proceso no puede ni debe seguir pintado de sangre", acotó.

Desde septiembre pasado, mes en el cual dieron inicio las actividades con rumbo al proceso electoral este 2021, en Jalisco han sido asesinados 4 políticos, de los cuales al menos 3 tenían aspiraciones a participar de alguna forma en las elecciones del próximo 6 de junio.

Según estadísticas de la empresa Integralia Consultores, con estas 4 víctimas Jalisco se posiciona en el lugar número 7 de los 10 estados con más homicidios de políticos y funcionarios durante el proceso electoral actual.

Los 3 primeros lugares son ocupados por Oaxaca, con 10 homicidios, Veracruz con 8, y Guanajuato con 7 asesinatos de políticos en lo que va de la contienda electoral.

En total, suman al menos 75 políticos y funcionarios quienes han sido asesinados en el país desde septiembre pasado, según las cifras presentadas esta mañana por Integralia durante el seminario "Violencia Política en México en Periodos Electorales", convocado por la organización nacional "Causa en Común".

De acuerdo con el gerente de Riesgo Político de la empresa Integralia, Carlos Rubio, buena parte de los eventos de violencia contra políticos son llevados a cabo por el crimen organizado principalmente en contra de gobiernos municipales, en busca de obtener recursos, información y control en ese nivel de gobierno.

También dijo que se prevé que esta elección sea particularmente más violenta para las y los políticos en comparación con comicios anteriores debido a que este será el proceso electoral más grande en la historia de México.

"Estamos en un contexto de polarización política, donde tenemos a un régimen que parece no ser tolerante con los opositores, no sólo hacia los partidos políticos, sino también hacia periodistas y organizaciones ciudadanas", dijo por su parte Rubén Salazar, director de Etellekt Consultores."

La directora general de Causa en Común, María Elena Morera, refirió que, si bien el gobierno federal estableció una estrategia para proteger a candidatos que hubieran tenido amenazas previas, esta llegó demasiado tarde, por lo cual es necesario que se establezcan y cumplan las acciones necesarias para que no vuelva a ocurrir algún homicidio de otro político.

"Si además, aspirar a un cargo público significa jugarse la vida, no es exagerado afirmar que nuestra democracia podría tener los días contados", agregó.

El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, confirmó el homicidio del alcalde con licencia de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cueva.

Sevilla Cueva fue reportado como desaparecido el pasado 10 de marzo. Tras su búsqueda por el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía y la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos fue localizado al fondo de un barranco del kilómetro 169 de la Carretera Casimiro Castillo-Autlán de Navarro.

Después de la extracción del vehículo localizado a 170 metros, se realizó la autopsia de ley que determinó como causa de la muerte una herida por proyectil de arma de fuego.

Con lo anterior se descartó el accidente y se abrió la carpeta de investigación por homicidio.

El fiscal estatal adelantó que se avanza en la revisión de los indicios y datos obtenidos para determinar si el ex alcalde Alfredo Sevilla Cueva, quien buscaba la reelección, había recibido amenazas.

En rueda de prensa, la Fiscalía General de San Luis Potosí informó sobre el asesinato de Rodrigo Sánchez, precandidato a la alcaldía del municipio de Tamazunchale, durante un ataque armado al poniente de la capital del estado.

El precandidato del PRI viajaba con una mujer de nombre Mirian "N" y otra persona aún sin identificar. Ambos fueron trasladados a un hospital.

Hasta el momento, el fiscal reiteró que en esta emboscada al precandidato sólo falleció él debido a los impactos de bala.

La camioneta en la que viajan fue acribillada; más de 20 casquillos fueron contabilizados en el lugar.

El candidato a la gubernatura de San Luis Potosí por el partido Redes Sociales Progresistas, José Luis Romero Calzada, confirmó que este sábado sufrió un atentado mientras desayunaba en un restaurante de la capital del estado.

Romero Calzada señaló que se encontraba en el establecimiento "María Bonita", cuando 2 personas entraron al sitio y una de ellas cortó cartucho frente a su familia para que no se registrara como candidato ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

Por los hechos, el candidato indicó que levantará la denuncia correspondiente; sin embargo no aceptará elementos de seguridad para resguardarse durante el proceso electoral, pues no quiere hacer "un circo".

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó este mañana de viernes un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el que se hace oficial la eliminación del fuero presidencial a partir de mañana.

El decreto publicado en el DOF hace efectivas las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política, donde ahora se establece que el Presidente de la República podrá ser juzgado por delitos que pueden ser imputados a cualquier ciudadano.

"Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana", señala el artículo 108.

Mientras el artículo 111 detalla que para iniciar el juicio contra el titular del ejecutivo federal se debe acudir al Senado de la República.

"Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable", dice el artículo 111.

El precandidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván, en Veracruz, Gilberto Ortiz Parra fue asesinado la tarde de este jueves.

El militante morenista fue atacado con un arma de fuego en el interior de su camioneta sobre la carretera federal 180, cerca de Ciudad Cardel.

Elementos de diversas corporaciones de auxilio arribaron al lugar, donde lograron rescatar aún con vida al aspirante a la alcaldía; sin embargo, horas más tarde falleció en una clínica del IMSS. Compañeros de partido relataron que la víctima se dirigía a Cardel a realizar proselitismo y regalar el periódico Regeneración de Morena.

Durante el proceso de selección de candidatos a alcaldes y diputados locales, Morena se ha visto envuelta en fracturas, pleitos internos y desbandadas de militantes.

Por fin, el retiro del fuero al Presidente de la República fue aprobado y el decreto enviado a los congresos de los estados. Una vez que 17 de ellos lo ratifiquen, se plasmará en la Constitución.

Antes de la votación, un acuerdo político de los líderes parlamentarios del Senado destrabó dos años de divergencias que había entre la mayoría de Morena y la oposición del PAN, PRI, MC y PRD, que como bloque de contención impulsaron que de igual forma se retire la inmunidad procesal a los legisladores federales.

Así, se señala que el presidente de México podrá ser juzgado durante el ejercicio de sus funciones por traición a la patria, delitos de corrupción y electorales, así como por cualquier otro.

Los coordinadores parlamentarios sellaron su acuerdo a fin de que de inmediato se impulse una reforma constitucional que adicione la disposición de que a los diputados federales y senadores se les pueda imputar el mismo cuadro de delitos.

La reforma modifica el Artículo 108 de la Constitución, que hasta ahora establecía que el presidente sólo puede ser acusado de traición a la patria y delitos graves mientras esté en el cargo.

Florisel Ríos Delfín, presidenta municipal de Jamapa, fue asesinada esta mañana de miércoles en la zona costera de Veracruz.

Reportes policiales informan que la alcaldesa -postulada por la coalición PAN-PRD- presuntamente fue secuestrada por un comando armado; posteriormente, su cuerpo fue abandonado en la comunidad Ixcoalco del municipio de Medellín de Bravo.

Tras este hecho, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó acciones operativas de manera coordinada con las diferentes órdenes de gobierno en el municipio de Jamapa y sus alrededores para esclarecer este crimen.

"El despliegue policial tiene también el objetivo de brindar apoyo y coadyuvar en el desarrollo de las investigaciones, tendientes al esclarecimiento de los hechos donde, este miércoles, fue privada de la vida la presidenta municipal Florisel Ríos Delfín", destacó la dependencia.

En julio del presente año, Ríos Delfín fue señalada por el comandante de la Policía Municipal, Miguel de Jesús Castillo (hasta ahora reportado como no localizado) de estar involucrada en la desaparición de personas.

La munícipe negó las acusaciones y dijo estar dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado.

En este escenario, el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena, exigió a las autoridades estatales frenar el acoso contra la alcaldesa de Jamapa y de varios munícipes de ese partido.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 420 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones, las reformas a los artículos 108 y 111 Constitucional en materia de fuero.

Con ello prevé que el ejecutivo federal pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción, así como otros considerados graves.

El dictamen pasará ahora al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.

Durante la discusión del proyecto, la bancada del PAN exclamó que no se trata de una eliminación del fuero a la figura presidencial; en caso de que se tenga que aplicar, debe ser en el Senado de la República donde se decida si la denuncia procede.

"No se elimina el fuero, se mantiene el texto del párrafo 4 del artículo 111 que establece que dicha acusación deberá realizarse ante Cámara de Senadores. Si se quisiera eliminar, el párrafo debía quitarse", expresó el panista Marcos Aguilar Vega.

Pablo Gómez, de Morena, confió en que ahora sí se logre la reforma en materia de fuero constitucional. Presumió que en su caso, han sido 4 ocasiones en que se ha intentado.

"Remover esa impunidad presidencial limitada a los delitos graves y traición a la patria y decir que el presidente puede ser procesado por cualquier delito, esta es la esencia del asunto manteniendo el mecanismo del impeachment (desafuero) que el Congreso se hace cargo de proceso y resolución", mencionó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que volvió a enviar al poder legislativo su iniciativa para quitar el fuero al presidente de la república para que pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano.

El titular del ejecutivo federal recordó que esta propuesta fue hecha por él en su campaña electoral en 2018 y aseguró que esta iniciativa será una de las primeras que se discuta por parte de los legisladores cuando inicie el periodo de sesiones.

"No han aprobado las iniciativas para quitar el fuero. Ya volví a enviar la iniciativa para quitar el fuero al presidente, porque eso fue lo que generó la supuesta inconformidad o falta de aprobación en el congreso, de que no se quiso incluir a los legisladores".

"Yo tengo un compromiso que hice en campaña de quitar el fuero al presidente, que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, igual que cualquier otro ciudadano, porque desde hace muchos años, desde la Constitución de 1857 quedó establecido que el presidente solo puede ser juzgado por traición a la patria; en la Constitución de 1917 inclusive se quitó lo que estaba establecido de que también el presidente se lo podía juzgar por delitos electorales y se quitó eso".

"Ahí surge el sistema presidencialista, entre otras decisiones que se tomaron y se dejó que solo podía ser juzgado por traición a la patria. Queremos modificar esto en la Constitución, quitar estos fueros, estos privilegios y que el Presidente pueda ser juzgado como cualquier ciudadano".

El mandatario aseguró que tiene información de que esta iniciativa será una de las primeras que se discuta cuanto inicie el periodo de sesiones del poder legislativo el próximo 1 de septiembre.

El regidor del Ayuntamiento de Tlaquepaque Alberto Alfaro García, fue atacado a balazos la tarde de este domingo cuando se encontraba al interior de un restaurante ubicado en avenida Niños Héroes 3051, en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara.

De acuerdo con versiones de testigos se trató de una agresión directa en contra del edil que recibió 2 balazos.

El regidor fue trasladado por sus propios medios a un hospital particular, donde se reportó grave. También resultó herido un escolta de seguridad del funcionario.

En mayo de 2018, cuando era candidato a la presidencia municipal de Tlaquepaque, Alfaro García denunció una agresión en su contra cuando hacía un recorrido por el Fraccionamiento Parques de la Victoria.

En marzo del año pasado el regidor denunció que fue agredido a balazos por parte de elementos de la Fiscalía del Estado. En esa ocasión se refirió que el edil circulaba en un automóvil sin placas y no atendió la señal de alto de los elementos, lo que derivó en la persecución.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, informó del asesinato del juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, Uriel Villegas Ortiz, y su esposa, Verónica Barajas.

Durante la sesión del pleno de la Corte, el ministro Zaldívar interrumpió la discusión para anunciar el hecho, mismo que condenó, por lo que lanzó un llamado de no a la violencia.

Asimismo, el ministro presidente indicó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) exigirá a las autoridades investigar el caso y que solicitarán seguridad para las familias del juez y su esposa.

"Revisaremos la situación de las juezas y jueces a efecto de fortalecer las medidas necesarias", señaló.

Fuentes federales indicaron que los primeros indicios señalan que los asesinos ingresaron al domicilio del juez y ahí dispararon contra él y su esposa.

La Fiscalía General de la República informó que asumió plenamente la investigación del doble asesinato.

A partir de este momento, expuso, se inician las investigaciones correspondientes.

Solicitó al gobierno del estado de Colima, a través de su Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía Estatal, de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, toda la información y apoyos necesarios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el asesinato de la diputada colimense Anel Bueno.

La legisladora local había sido reportada como desaparecida desde el pasado 29 de abril en Ixtlahuacán y ayer su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina, detalló el mandatario federal.

Por estos hechos, se detuvo a una persona que ya rinde su declaración ante el Ministerio Público y será la Fiscalía de Colima la que determine las acciones legales a seguir.

La regidora única del municipio veracruzano de Texcatepec, María del Carmen "N", fue asesinada ayer martes.

La víctima, que pertenecía a las filas del Partido de la Revolución Democrática, apareció junto con el cuerpo de un hombre.

Los informes policiales, revelaron que ambos fueron abandonados en el interior de una camioneta sobre un camino de terracería que comunica a los poblados de Casa Redonda y Pie de la Cuesta.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que habrá justicia por el crimen y reveló que cuentan con 2 líneas de investigación.

El exdiputado local por el Partido de la Revolución Democrática, (PRD) y actualmente uno de los principales líderes del Partido Verde Ecologista de México, (PVEM) de Bacalar, Román Guzmán González, fue ejecutado con arma de fuego cuando cenaba con su esposa e hijo, en el interior de su rancho "Las Mariposas", ubicado en la carretera Bacalar-Reforma.

Informes preliminares de la policía local indican que alrededor de las 9:30 de la noche, tiempo local, dos personas encapuchadas irrumpieron en su propiedad y le dispararon en repetidas ocasiones causándole la muerte, casi instantánea, frente a su familia.

El cuerpo cayó a un costado de la mesa, mientras que los agresores huyeron a bordo de un vehículo no identificado.

Al llegar los servicios de emergencia el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense.

Policías ministeriales, que iniciaron las indagaciones, encontraron 4 casquillos percutidos.

Con Román Guzmán suman 2 los asesinatos de ex líderes políticos en lo que va del año, pues en semanas pasadas el entonces dirigente del Partido del Trabajo, (PT) en Tulum, Alfredo Manzanilla, fue ejecutado.

El 1er. regidor de Zinacantepec, Estado de México, José Luis Álvarez Orozco, fue baleado la mañana de este 6 de marzo, ataque del que logró sobrevivir y fue trasladado a un hospital.

Fuentes policiales informaron que el regidor habría sido atacado cuando salía de su domicilio en una camioneta tipo Kia, la cual fue baleada en ambos costados por los agresores. José Luis Álvarez recibió 3 impactos de bala en diversas partes de su cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital.

El presidente municipal de Zinacantepec, Gerardo Nava Sánchez, condenó la agresión ocurrida la mañana de este viernes en la avenida Adolfo López Mateos. De acuerdo a los últimos reportes médicos, el regidor se encuentra estable, apuntaron autoridades locales.

Por esta agresión se realiza una investigación coordinada entre el ayuntamiento, autoridades estatales y federales, para esclarecer los hechos y lograr la detención de los agresores, cuyo móvil se desconoce, informó el presidente municipal.

El regidor del municipio de Sayula de Alemán, Héctor Velásquez Vázquez, fue asesinado a tiros en el municipio de Acayucan, en el sur del Estado de Veracruz. Fue atacado en su vehículo a las afueras de las oficinas del PRI, a donde había acudido a una reunión.

El 17 de octubre del año pasado, fue ejecutado a tiros el procurador de Órganos del Centro Médico de Occidente, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ezequiel Martínez. Esto sucedió en la Colonia Independencia, en Guadalajara, mientras viajaba en su vehículo a pocas cuadras de su consultorio.

En 2019 hubo 51 servidores públicos administrativos y operativos víctimas de muertes violentas, es decir aquellas ocurridas por armas de fuego o blancas, golpes y estrangulación, de acuerdo con estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

A esta cifra sólo se le aproxima la de 2013, cuando se reportaron 48 autopsias realizadas a personas identificadas como servidores públicos que fallecieron en las condiciones mencionadas.

En total, en los últimos 7 años el IJCF ha realizado 262 autopsias a servidores públicos por alguna muerte violenta. En 222 de estos casos las razones fueron heridas provocadas por armas de fuego; 16 más por armas punzocortantes, 15 por golpes y 9 por estrangulamiento.

Entre los asesinatos de agentes encargados de la seguridad se encuentra el del fiscal regional de la Fiscalía Estatal, Gonzalo Huitrón, quien fue emboscado el 26 de julio, cuando se desplazaba por la carretera Santa Rosa-La Barca. Los atacantes le dispararon con fusiles de alta potencia y después huyeron.

Según información de la Organización Causa en Común, fueron 30 los agentes de seguridad activos asesinados el año pasado en el estado, cuando en 2018 se registraron 24 fallecimientos de oficiales.

Aunque en septiembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) regresó el fuero a magistrados, jueces y consejeros de la Judicatura, el fiscal Anticorrupción de Jalisco aclara que el hecho de que no se pueda iniciar una judicialización porque tienen otra vez este privilegio, no quiere decir que exista impunidad.

"Finalmente, lo único que implica es que tenemos un requisito de procedibilidad que agotar, que es un juicio de procedencia (desafuero). Los asuntos se van venciendo, los vamos valorando y, en la medida que consideramos necesario, iniciaremos también procedimientos del poder judicial".

Hasta noviembre pasado se tenían 249 carpetas de investigación abiertas contra servidores públicos del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia por su presunta responsabilidad en la comisión o participación de un delito.

Sin embargo, no se han iniciado procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos del poder judicial.

La noche del sábado, los planes de una fiesta sorpresa de un grupo de amigos en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara, fueron interrumpidos cuando dos personas llegaron al lugar para despojarlos a todos de carteras, bolsos y celulares.

Según fuentes cercanas, entre los asistentes estarían familiares del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y la diputada local del PRI, Mariana Fernández Ramírez, quien también es prima del ejecutivo estatal.

Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 21:30 horas del sábado y según los testimonios, solo pasaron unos minutos para que las tarjetas de crédito reportaran diversos cargos de más de 60,000 pesos.

Ante el diferendo entre el Senado y la Cámara de Diputados para ampliar el catálogo de delitos por el cual pueden ser juzgados diputados y senadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que sea para todos los delitos.

"Una manera sencilla es que sea para todos los delitos, tanto para presidente como para diputados y senadores y ya con eso no habría diferencia, ojalá pronto se resuelva", dijo durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Ayer martes, por 2a. ocasión, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó la minuta del Senado que busca ampliar el catálogo de delitos para actuar penalmente contra el Presidente de la República, pero también contra los diputados y senadores.

"Lo tenemos que resolver, yo envié una iniciativa con este propósito, para quitar el fuero y no hay acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados, entonces hay que atender este asunto lo más pronto posible y llegar a un acuerdo para que se apruebe lo más pronto posible y se quiten todos los fueros", dijo.

La iniciativa del ejecutivo federal contemplaba que pueda ser juzgado, además de traición a la patria, por hechos de corrupción, delitos electorales o delitos graves como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas o robo, contemplados en el artículo 19 constitucional.

Pero los senadores se incluyeron en esta reforma y también a los diputados federales, quienes consideraron que se desvirtuó la iniciativa presidencial y que a ellos les otorgaría una mayor protección.

La noche de este domingo fueron asesinados a balazos un juez del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) y un ex funcionario del Consejo de la Judicatura.

Se trata del juez 2o. de lo Civil de 1a. Instancia, con sede en Tlajomulco, Mario Sergio Zúñiga, según confirmó el STJ, y de Sergio Israel Paredes, quien hasta hace unos días era funcionario de la Judicatura.

Los hechos sucedieron en el cruce de las calles Hacienda La Calera y Genaro Vega Salazar, en la colonia Heliodoro Hernández Loza, en Guadalajara, donde ambas víctimas se encontraban conviviendo con el secretario de dicho juzgado Cristian Diego Gómez, cuando de un auto compacto y una camioneta de doble cabina descendieron varios individuos que les dispararon para después huir.

A la llegada de la Policía de Guadalajara y de los paramédicos municipales se confirmó el fallecimiento de los 2 hombres, además de referir que el 3o. que se encontraba con ellos, al parecer también abogado litigante, resultó lesionado. El mismo fue trasladado en estado grave a una clínica del IMSS do0nde falleció.

En el sitio no hubo quién diera más información sobre los causantes, por lo cual, no se reportaron personas detenidas. Será el Ministerio Público quien se encargue de realizar las averiguaciones correspondientes para dar con el móvil de la agresión.

Mario Sergio Zúñiga se encontraba "bajo vigilancia" del Consejo de la Judicatura, luego de que a inicios de este mes un grupo de trabajadores sindicalizados lo denunciara por presionar a empleados para que lo apoyaran y promover despojos de viviendas en juicios del Infonavit, además de que se le acusaba de pedir "moches" para agilizar trámites.

El diputado local priista, Juan Carlos Molina, fue emboscado en la zona costera central de Veracruz, donde murió a consecuencia de heridas de bala.

Los informes policiales señalan que los hechos ocurrieron este sábado a las afueras de su rancho Santa Rosalía, del municipio de Jamapa.

Molina fue coordinador de la industria cañera en el gobierno estatal y presidente de la unión de productores de caña de La Gloria.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que realiza operativo para dar con los responsables "del cobarde asesinato" del diputado.

"Estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales para esclarecer este crimen", reportó.

La Cámara de Diputados -de representantes populares... en teoría- debate ahora mismo la posibilidad de suprimir el fuero presidencial. Éste consiste en que "El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común" (Art. 108, p.3o. de la Constitución), y no, como los diputados, senadores, magistrados, secretarios, etc., por delitos comunes o "por los delitos, faltas u omisiones en que incurran" en el ejercicio de sus cargos.

El fuero suele interpretarse erróneamente, a partir de la creencia generalizada de que los ex presidentes jamás son imputados por delitos cometidos en el ejercicio de su encargo, por obra y gracia de un especie de pacto no escrito, escrupulosamente respetado por sus sucesores, que los vuelve intocables... (aunque no los exima de ser señalados verbalmente como los principales culpables de las desgracias -violencia, corrupción, impunidad, rezagos en justicia, educación, salud...- que este bendito país no consigue sacudirse -como dice la canción- "aunque pasen y pasen los años").

Una vez más lograron engañar con la verdad. Claro, es tan odioso el tema del privilegio a los políticos, tan enfurecedor, que los legisladores han logrado avanzar una agenda perversa con manto de santidad.

Ayer fue una fatídica fecha, pero los ignorantes saltan de gusto y aplauden como primates lo que no entendieron como ciudadanos. ¡Quitamos el fuero! ¡El presidente podrá ser llevado a la cárcel!

Número 1, no fue así, pero casi. Ampliaron la lista de delitos que se le pueden imputar al presidente y además cometieron la locura de ponerlo en la mira de la prisión oficiosa (sí, esa que se usa antes de averiguar).

No, no quitaron el fuero, afortunadamente. Pero mandaron ese mensaje y a ver ahora quién se va a oponer a que se lo quiten a otros. Si el presidente ya no tiene capelo de protección, ¿por qué lo va a tener un alcalde que va a que lo fumiguen en Palacio Nacional, un diputado de oposición que guste de llamar loco o borracho al presidente o un gobernador de un estado rebelde como Guanajuato?

El fuero tiene un sentido, ¿qué parte de la historia se perdieron en sus clases de primaria? Esto no es de politólogos, historiadores o adversarios conservadores, esto es de elemental formación cívica y de información básica sobre los equilibrios que se le ponen al poder.

El fuero sirve para proteger el disenso. No, no es para que el presidente robe con carcajadas de villano de Marvel. Tampoco es para que los diputados se emborrachen y salgan sin pagar la cuenta. La inmunidad legislativa no es impunidad y para que lo entiendan de una buena vez: siempre ha sido posible juzgar a un diputado, sólo hay que seguir un proceso que lo blinda de persecución política pero que no lo protege -ojo aquí- de la mayoría. ¿Cómo se le hace para juzgar a un legislador enfuerado? Pues con la mayoría. Sin fuero, ni esa se requiere; basta con acusarlo de delito grave para encarcelarlo un rato.

Ayer nos hicieron un juego de manos, un truco barato, una farsa discursiva que no está destinada a quitarle el fuero al presidente (¡qué bueno!), sino a preparar el terreno para quitar el fuero a los demás (¡qué peligroso!).

Nos marean con la melosa cancioncita de que el presidente sí lo acepta, que esto es histórico, que hay que celebrar porque miren qué responsable es este hombre que retira su blindaje viendo que tiene mayoría.

Ya quisiera ver a un presidente con este discurso si tuviera un congreso de oposición. Pero no, no es verdad, no quisiera ver a este presidente sin fuero, sin mayoría y en medio de una venganza política. Mucho menos a los legisladores.

Bajo ninguna circunstancia, ni remotamente elimina el fuero constitucional. Nuevamente el presidente y los partidos que lo apoyan están tratando de engañar al pueblo de México.

El alcalde morenista de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, fue baleado en la cabeza, en la Unidad Habitacional Geo Villas de La Asunción.

De acuerdo con el personal del ayuntamiento, el edil acudió a este sitio para llevar a cabo un programa de rescate de espacios públicos en el que un joven que portaba gorra lo estuvo siguiendo por ese sitio.

Minutos después se acercó con el alcalde y le pidió una foto, que fue tomada, por empleados del gobierno de Valle de Chalco.

Después de que concluyó el evento, Tenorio Contreras abordó su camioneta marca Lincon en la que viajaba acompañado de su chofer, su secretario particular y de un escolta.

Metros adelante, el joven antes mencionado hizo señas para pedir el "aventón", ante esto, el alcalde solicitó a su chofer que se detuviera y el sujeto abordó la unidad.

Cuando habían avanzado cerca de 2 minutos, sacó un arma y disparó, primero al secretario particular y después a Francisco Tenorio.

Los 2 servidores públicos de Valle de Chalco ya fueron intervenidos quirúrgicamente en el hospital de especialidades de Ixtapaluca y su estado de salud es reportado como grave.

En 2016 todos festinamos que Jalisco se convirtiera en el 1er. estado en el que desapareció el fuero constitucional con la reforma que modificó la Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual quitó esa protección a 1,598 funcionarios, desde el gobernador, su gabinete, diputados, alcaldes, regidores, magistrados, jueces y consejeros.

Los únicos que se inconformaron por perder ese privilegio fueron estos 3 últimos, y desde entonces el muy cuestionado y desprestigiado poder judicial decidió presentar la controversia constitucional 99/2016 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

3 años después, los ministros, que no dejan de ser gremio de los magistrados, jueces y consejeros locales, les dieron la razón, para de alguna manera mandar la señal de que a ellos una reforma de ese tipo a nivel nacional que pretenda dejarlos eventualmente sin ese fuero, será absolutamente rechazada en la Corte.

Sin duda, el fuero en su momento garantizó la libertad de expresión y el debate democrático por la inmunidad e inviolabilidad que les daba protección a líderes políticos para impedir actos autoritarios, pero en el México de hoy esos derechos están garantizados y el fuero más bien ha degenerado en un picaporte para la prepotencia de funcionarios y políticos ante el ciudadano, y en impunidad ante casos de corrupción.

La extinción del fuero da igualdad entre funcionarios y ciudadanos. Se acaban los mexicanos de primera y de segunda que genera este precepto.

Por eso, la decisión de la Corte de restituir el fuero constitucional para los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, jueces y consejeros de la Judicatura, al invalidar la reforma del 2016, no sólo les regresa ese privilegio que los separa de los ciudadanos, sino que los empodera para ir con todo por el apoyo de sus colegas ministros para que echen abajo ahora las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial recién aprobadas esta semana, las cuales eliminaba la canonjía de sus millonarios haberes de retiro y los sometía a exámenes de control de confianza para su ingreso y permanencia.

Ante las gestiones del poder ejecutivo que envió esta última iniciativa, y del propio poder legislativo que las aprobó, el titular del poder judicial, Ricardo Suro, trató por todos los medios de convencer a las y los magistrados de reconsiderar el acuerdo de presentar la controversia constitucional, pero estos no sólo lo urgieron a enviarla a media semana, sino a que diera las instrucciones necesarias para que mostrara cuanto antes ese documento con los sellos de recibido de la SCJN. Estamos, pues, ante una reforma que muy poco podrá servir para abrir un poder judicial que, pese a ser uno de los peores evaluados del país, se quiere mantener intocable.

La Suprema Corte le restituyó el fuero a jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado porque quitárselos atenta contra su autonomía.

Al final, los ministros dieron la razón a Carlos Vega Pámanes, encargado de promover la controversia constitucional hace 3 años. He ahí el legado del polémico ex magistrado presidente.

Por cierto, los legisladores votan hoy la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para someter a pruebas de confianza a juzgadores.

¿Adivinan en dónde terminará esa reforma? En la Corte.

Mientras, el Inegi reveló que en Jalisco los jueces se convirtieron en los servidores públicos más corruptos en la percepción de los ciudadanos. Esto es inédito, pues ese "1er. lugar" le correspondía a los agentes viales.

Sergio Chávez, ex alcalde de Tonalá, bailó con la más fea. Esta semana se quejó en redes: "Hoy fui víctima de un asalto a mano armada en Loma Dorada, me robaron mi Yaris y mi celular. Yo estoy bien gracias a Dios #SustoYCoraje".

El ex 1er. edil, quien en campaña prometió un toque de queda contra la delincuencia, se "estrenó" como ciudadano común, sin escoltas ni ocurrencias ante problemas reales.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó que ayer por noche fueron localizados los cuerpos sin vida de la alcaldesa del municipio de San José Estancia Grande, Carmela Parral Santos (PRD) y del delegado en la Zona de la Costa de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Hugo Castellanos Ortega.

En un comunicado, la dependencia detalló que los cuerpos presentaban disparos de arma de fuego y se encontraban dentro de una camioneta en la carretera federal 200, a la altura de la desviación al poblado de El Faisán, municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.

Agentes estatales de investigación arribaron al lugar de los hechos alrededor de las 23:40 horas, donde policías municipales ya resguardaban la zona.

En el sitio se encontraron 7 casquillos: 2 de calibre .38 súper y 5 de calibre 7.62, así como un cargador para pistola en mal estado.

El regidor de San Sebastián del Oeste por el PVEM, Pablo Aguirre Covarrubias, de 48 años, fue asesinado y su cadáver localizado cerca de la localidad del Pueblito de San Pablo, a cuya comunidad indígena representaba. Se informó que su cuerpo tenía al menos un día en el sitio.

A sólo 9 días de iniciado el gobierno de Aristóteles Sandoval, el 9 de marzo de 2013, el secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos, fue asesinado a balazos en la colonia Colinas de San Javier, en Guadalajara. Circulaba en su camioneta cuando un hombre le disparó e hirió de muerte.

Este lunes, el coordinador General Administrativo de Tlaquepaque, Israel Ramírez, fue asesinado en el 1er. cuadro del municipio; una persona armada se le acercó y lo mató.

Desde el deceso de Gallegos y hasta el de Israel Ramírez, en Jalisco han fallecido 224 funcionarios públicos en circunstancias violentas, de acuerdo con los indicadores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) entre marzo de 2013 y hasta ayer.

Los datos de la dependencia estatal confirman las muertes por arma de fuego, estrangulación, golpes y arma punzocortante que han cobrado la vida de 198 funcionarios públicos (administrativos y operativos) durante el sexenio de Aristóteles y 26 más durante los 6 primeros meses de la administración de Enrique Alfaro.

8 de cada 10 de esos casos, confirma el IJCF, murieron por heridas provocadas por armas de fuego.

En lo que va del año, en Oaxaca han asesinado a 7 políticos, los primeros 6 en el 1er. trimestre del año, lo que coloca a esa entidad como la que registra más casos en todo el país, según el Índice de Violencia Política de la consultoría especializada Etellekt.

La violencia contra políticos ha aumentado de manera dramática: 46% subió en el 1er. trimestre de 2019. El dato ha dejado de ser relevante. Hay tanta violencia y asesinatos todos los días que no importa uno más. Ya no son nombres, son números o, en el peor de los casos, apodos. Sólo cuando hay menores entre las víctimas se asoma la indignación y se reacciona. Lo paradójico de estos datos compilados y analizados por la consultoría Etellekt, es que a diferencia del proceso electoral del año pasado, donde la variable del crimen organizado aparecía detrás de la mayoría de los asesinatos de los políticos, en el 1er. trimestre éste no es el factor, sino la lucha entre partidos y por los recursos presupuestales en los municipios más pobres. Es decir, estamos peor.

La degradación de la vida pública es lo que refleja el último estudio de Etellekt, cuyos datos fríos de sí, hablan de un país rumbo a la anomia. Los homicidios dolosos, que ha sido indebidamente tomados como referente del éxito o fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno, bajaron en el caso de los políticos 14% en relación con el 1er. trimestre de 2018, pero la privación ilegal de la libertad o el secuestro (que no son lo mismo; por el 2o. se pide rescate, por el 1o. no), subió 450%, y las intimidaciones y las amenazas, 192%. Dato importante también, el incremento en la violencia este año se focalizó en las mujeres, de 21 agresiones en el 1er. trimestre del año pasado, a 79 en este, que significa un crecimiento de 276%.

No hay un diagnóstico claro y concluyente sobre el cambio de fenómeno de violencia contra los políticos entre el proceso electoral del año pasado, donde no sólo el 1o. sino el 2o. semestre tuvieron un crecimiento espiral en los indicadores de muertes, y lo que está sucediendo en este 1er. trimestre. El año pasado Etellekt registró que las entidades con mayor violencia política eran aquellas con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, relacionadas en gran parte con acciones de la delincuencia organizada. Pero en el 1er. trimestre de 2019, la violencia está concentrada en estados con altos índices de pobreza y que tuvieron elecciones muy cerradas.

Estos datos sugieren la lucha no tanto por el control político de los municipios, sino de sus recursos presupuestales. Etellekt registró que el 62% de las 180 agresiones contra políticos se concentraron en Oaxaca (27), Veracruz (22), Puebla (14), San Luis Potosí (12), Estado de México (15), Guerrero (12) y Guanajuato (11), quienes rebasaron la media nacional de agresiones por 6. La mayoría de los incidentes de violencia (47%) se dieron en contra de militantes de Morena, seguido lejanamente por militantes del PAN (14%), lo que se explica por el tsunami electoral producido por el candidato Andrés Manuel López Obrador, que llevó a cientos de sus simpatizantes a puestos de elección popular, rompiendo no sólo viejos controles territoriales y poderes caciquiles, sino generando envidias patológicas.

En el 1er. trimestre de 2018, recuerda Etellekt, el 17% de los políticos agredidos en el país eran de Morena, por lo que los datos del mismo periodo este año reflejan un incremento de 405% en la violencia contra morenistas, mientras que la que afectaba a priistas decreció 55%. Sin embargo, resaltó la consultoría, la tercera parte de las agresiones contra los morenistas fueron realizadas por militantes de Morena, lo que confirma una vieja premisa en la política, donde los conflictos internos en un partido se empiezan a acentuar y a agravar cuando las posibilidades de acceso al poder son reales. No obstante, de ese 62% mencionado, los incidentes se registraron en 5 de las 7 entidades de mayor violencia, y el abanico de ataques se extendió de 10 entidades en el 1er. trimestre de 2018, a 22 en 2019.

El cambio en la demografía política del país aparece como una variable directamente asociada a esta reorientación de los objetivos de la violencia política, como se puede argumentar en el caso de las mujeres afectadas por el fenómeno. Aunque no hay suficiente información aún para descartar feminicidios, la violencia contra mujeres parece responder al avances en la paridad de género como resultado de las reformas electorales de 2013 y 2014, que llevó en números sin precedentes a mujeres a congresos estatales y cabildos. Esta inclusión igualitaria,

Resalta Etellekt, "ponen en riesgo el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales".

La radiografía que proporciona la consultora, que se ha especializado en la medición de la violencia política, muestra un cuerpo enfermo y en algunos casos comenzando a apestar por la putrefacción. El 82% de los políticos asesinados en el 1er. trimestre eran opositores a los gobiernos estatales, y el 85% de las amenazas e intimidaciones fueron contra autoridades electas, particularmente y en orden de número de agresiones, alcaldes, regidores y diputados locales.

Una vez más se demuestra que la parte más vulnerable para la contención y el combate a la inseguridad, está a nivel municipal. Si no hay una estrategia que refuerce ese 3er. nivel de autoridad, la anomia se va a convertir en una realidad extendida en el país. La otra variable, que no es nueva pero persiste de manera indómita, es la impunidad, que como ha sido en otros años, sigue siendo el puente comunicante con todo tipo de violencia, acentuado hoy por ambición de poder y de dinero. Pero sobre todo, por la falta de un sistema de procuración y administración de justicia. En síntesis, por la ausencia de un país de leyes.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó retirar el fuero al diputado del Movimiento Regeneración Nacional Cipriano Charrez Pedraza, por presuntamente estar involucrado en un accidente carretero en su natal Ixmiquilpan, Hgo., ocurrido el pasado 6 de octubre, en el que murió una persona.

Sólo 2 días después de que el alcalde de Nahuatzen, Michoacán, David Otlica Avilés, fuera privado de la libertad y asesinado, la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Maricela Vallejo Orea, fue agredida a balazos cuando se encontraba en compañía de su esposo y su chofer. Los 3 fallecieron.

El ataque sucedió ayer por la noche, sobre la carretera federal Zongolica-Orizaba, en la zona montañosa de Los Reyes. Se informó que el vehículo fue atacado a tiros. Los homicidas huyeron.

Maricela Vallejo es la 4a. alcaldesa asesinada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Era emanada de Morena.

El presidente municipal de Nahuatzen, David Otlica Avilés, fue secuestrado y hallado muerto, confirmó este martes el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello.

David Otlica fue privado de su libertad la madrugada de este martes, por hombres desconocidos que ingresaron a su vivienda.

Familiares del alcalde alertaron sobre el hecho a autoridades municipales y estatales, quienes iniciaron la búsqueda que concluyó con la localización del cuerpo, aunque al momento no se han dado detalles sobre esto último.

Se reportó que Otlica Avilés sostuvo ayer por la tarde una reunión con comuneros del poblado de Sevina, con quien dialogaba sobre la exigencia de los habitantes de este lugar de lograr el manejo directo de los recursos públicos.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, informó que recibirán la minuta del Senado que elimina el fuero al Presidente de la República y legisladores, y buscarán incluir a los gobernadores para que puedan ser juzgados durante el ejercicio de su encargo.

En ese sentido, adelantó que dialogará con los coordinadores parlamentarios para que se pueda agilizar el trámite al dictamen y se turne a comisiones, de modo que sea procesado de forma oportuna y pueda ser avalado por las demás bancadas.

Delgado Carrillo indicó que, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, la fracción de Morena propondrá que se incluya en la reforma constitucional a los artículos 108 y 111 la eliminación del fuero para los mandatarios estatales.

El Senado aprobó en comisiones, con la abstención de los legisladores de Movimiento Ciudadano, las reformas a los artículos constitucionales 108 y 111 para permitir que el Presidente de la República sea sometido a un proceso penal por delitos electorales y de corrupción.

Morena modificó el dictamen, a propuesta del coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, para que también puedan ser llevados a juicio los diputados y senadores federales y no sólo el jefe del ejecutivo. Por su parte, el panista Damián Zepeda, pidió que se incluyan al resto de funcionarios contemplados en el artículo 111.

Los senadores emecistas, Dante Delgado y Samuel García, rechazaron la propuesta de dictamen, ya que, según los legisladores, se trata de una simulación, porque será necesaria mayoría calificada para que el Senado pueda juzgar al mandatario en turno.

"Lo que no sucederá en este sexenio, donde el presidente tiene mayoría en esta cámara, así que es una burla, un engaño", sostuvo Samuel García. Delgado Rannauro pidió "más tiempo" para discutir y revisar la minuta, pero fue desechado su recurso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la muerte del segundo regidor de este ayuntamiento, Rodrigo Segura Guerrero, quien fue encontrado con varios disparos de arma de fuego.

El cuerpo del regidor fue ubicado dentro de un inmueble con locales comerciales en la colonia Lomas de San Miguel Norte, por lo que la Fiscalía mexiquense inició diversos peritajes e investigación a fin de ubicar y detener a los agresores.

Este homicidio ocurrió la noche de ayer martes 19 de marzo en la colonia Lomas de San Miguel Norte, confirmaron autoridades municipales.

La diputada local de Morena, Donají Olivera, fue golpeada cuando le intentaron robar su bolsa sobre Calzada de Tlalpan a la altura del Metro Chabacano.

La procuradora general de justicia, Ernestina Godoy, confirmó que la legisladora fue agredida el sábado pasado y presentó una denuncia de hechos, por lo que ya se investiga el caso para encontrar a los responsables.

Describió que la legisladora se encontraba a la altura de Metro Chabacano porque se ponchó la llanta de su auto. Mientras personas de su equipo la ayudaban a cambiar el neumático, ella fue por agua para sus compañeros a una tienda de conveniencia y al salir fue abordada por los delincuentes.

"En las acciones, la diputada fue golpeada por lo que se requirió de una revisión médica que no ameritó hospitalización y sólo lamentó la pérdida de su teléfono celular", informó el equipo de la diputada morenista.

El presidente municipal de Astacinga (asentado en la zona serrana de Veracruz), Antonio Ramírez Itehua, fue atacado a tiros la mañana de este lunes y quedó herido de gravedad.

Los hechos ocurrieron en la carretera estatal que comunica a los municipios de Astacinga a Atlahuilco en la Sierra de Zongolica, donde el alcalde viajaba en una camioneta propiedad del ayuntamiento.

El munícipe fue alcanzado por sujetos armados, quienes dispararon en varias ocasiones en su contra; recibió al menos 4 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.

Según las cifras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, durante 2018 se practicaron 74 autopsias a personas que, en vida, servían en la función pública, y 39 de ellas fallecieron por arma de fuego. En 2019 se han documentado otras 3: 2 en El Salto y una en Zapopan.

El síndico municipal de Tlaxiaco, Perfecto Hernández Gutiérrez, murió la madrugada de hoy miércoles en un hospital de la ciudad de Oaxaca, tras el atentado sufrido ayer, en el que también fue asesinado el presidente municipal, Alejandro Aparicio Santiago, y herida de bala la regidora Cleotilde Santos.

El atentado contra los funcionarios ocurrió apenas una hora y media de después de haber tomado el cargo en el municipio de Tlaxiaco, este 1 de enero.

Aparicio se suma al asesinato de María Ascención Cruz Torres, legisladora electa del municipio de Mazatepec, Morelos. Ambos fueron representantes de Morena.

La campaña electoral que antecedió a esta elecciones generales de 2018 estuvo marcada por una ola de violencia sin precedentes que dejó a más de 130 políticos asesinados, la mayoría a nivel municipal, y que incluyó a candidatos.

El presidente municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago, y 2 personas más sufrieron un atentado a balazos la mañana de este 1 de enero, tras rendir protesta en el cargo; horas después el alcalde murió en el hospital donde recibía atención médica.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno confirmaron los hechos e indicaron que dieron inicio a las indagatorias correspondientes.

Los hechos sucedieron cerca del mediodía en el bulevar Oriente del centro de ese municipio, mientras el edil, surgido del partido Morena y ex diputado local, recorría las calles una vez que había tomado posesión del cargo.

Presuntamente, varias personas dispararon en su contra. Al momento, uno de ellos fue detenido y estuvo a punto de ser linchado por los pobladores. Después de ser rescatado por los policías, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General de Coahuila confirmó el asesinato de la alcaldesa del municipio de Juárez, Olga Gabriela Kobel, quien tenía casi una semana reportada como desaparecida.

En rueda de prensa, el fiscal Gerardo Márquez detalló que la alcaldesa fue asesinada a balazos presuntamente por David "N", un contratista del municipio con quien Kobel desarrolló primero una relación laboral y luego aparentemente una relación afectiva.

El Fiscal narró que la alcaldesa salió de su domicilio y se encontró con el contratista en el municipio de Sabinas. Después acudieron a una propiedad de David "N" donde sostuvieron una discusión por temas de trabajo que originalmente tuvieron y después, según el funcionario estatal, continuó la discusión por temas de carácter afectivo. El contratista presuntamente utilizó un revólver y le disparó al menos en 2 ocasiones.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Senado una iniciativa para reformar la Constitución y suprimir el fuero de los mandatarios para que puedan ser juzgados por cualquier delito.

"La iniciativa que estoy mandando al Senado es para terminar con este fuero. Se termina la impunidad establecida en la Constitución. El presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano por cualquier delito", explicó López Obrador durante su conferencia matinal.

El presidente recordó que desde 1917 el jefe del estado mexicano solo puede ser juzgado por "el delito de traición a la patria", y lamentó que no pueda ser juzgado por corrupción.

Asimismo, se mostró confiado en que los legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados, donde el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene mayoría, aprobarán la iniciativa para que "se acaben los fueros y los privilegios".

La cámara alta informó en un comunicado que la reforma fue enviada por la Secretaría de Gobernación y establece que para actuar penalmente contra el presidente será necesario acusarlo ante ese órgano legislativo, que resolverá si se procede o no.

También expuso que la reforma se centra únicamente en quitar la inviolabilidad del Jefe del Estado, aunque el presidente del Senado, Martí Batres, señaló la necesidad de que en un futuro se eliminen los fueros de todos los legisladores. Batres informó que la iniciativa se turnará a las comisiones correspondientes.

Con el voto de la oposición se tumbó la eliminación del fuero al Presidente de la República, pero avanzó que pueda ser juzgado por cualquier delito del orden común y no solamente por traición a la patria como establece actualmente la Constitución.

Las reservas hechas a los artículos 38, 111 y 112 se desecharon, y el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), envió el dictamen aprobado en lo general y particular al Senado de la República. La votación en lo particular contó 280 votos a favor, 4 abstenciones del Partido Encuentro Social (PES) y 171 en contra de una unión de la oposición completa: PAN, PRI, PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y los independientes.

De inmediato, al no contar con las 2 terceras partes a favor para pasar al Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), propuso regresarlo a comisiones, y estalló la discusión entre Morena y la oposición.

En contra de ese recurso se pronunció el PAN, a través de su coordinador, Juan Carlos Romero Hicks, y a favor el diputado de Morena Pablo Gómez, quien adelantó que el dictamen puede discutirse nuevamente hasta febrero de 2019.

Fue la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle Martínez, quien medió para que las reservas quedaran desechadas, es decir, que se mantengan en los términos de la ley actual, y se enviara a la cámara alta solamente los artículos con consenso.

Así, el Presidente de la República podrá ser enjuiciado por cualquier delito del orden común y no sólo por Traición a la Patria, como determina actualmente la carta magna, pero para ello, deberá obtener la mayoría absoluta en el pleno de San Lázaro y de las 2 terceras partes del Senado.

El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que mañana martes su bancada presentará la 1a. iniciativa para terminar con el fuero constitucional de legisladores y servidores públicos.

La presentará el diputado Pablo Gómez Álvarez a nombre de la bancada. "Siempre, todos los partidos han dicho que sí, pero no dicen cuándo; entonces por eso queremos empezar por ahí, por quitar fueros y privilegios, lo vamos a cumplir, a eso llegamos aquí", expresó.

Al respecto, Gómez Álvarez advirtió que no han venido a la Cámara de Diputados con la idea de tener privilegios de algún tipo. "Así como se van a acabar los privilegios económicos de algunos, también los políticos y los procesales".

Ponderó que los legisladores sean ciudadanos sin privilegios. "La abolición del fuero es un clamor popular de ciudadanas y ciudadanos que votan por los distintos partidos políticos. En eso me parece que sí hay una especie de coincidencia partidista enorme".

Por lo anterior, dijo que ya llegó el momento de dejar titubeos, malas redacciones, pretextos, congelamientos y demás cosas que han impedido la abolición de ese privilegio.

Resaltó que será la 1a. iniciativa que presente Morena, la cual también tiene el propósito de mandar el mensaje de que "llegamos en la actitud más abierta a romper con privilegios, empezando por los privilegios de los legisladores".

El documento reformaría los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución para que sea eliminado "el fuero constitucional que impide abrir procesos penales contra los funcionarios públicos, incluyendo a los diputados y senadores del congreso, sin autorización previa de la Cámara de Diputados", señaló Gómez Álvarez en su exposición de motivos.

El artículo 108 constitucional establece que el Presidente sólo puede ser acusado, durante su encargo, de traición a la patria y delitos graves del orden común. La propuesta para que se le pueda enjuiciar por corrupción y delitos electorales es otro hecho simbólico de gran relieve.

El procurador de Justicia de Hidalgo, Javier Ramiro Lara Salinas, dio a conocer que el alcalde de Pacula, Alejandro González Ramos, quien fue asesinado el pasado jueves, había recibido amenazas por la instalación de casetas de vigilancia.

González Ramos murió en una emboscada. De acuerdo con las investigaciones, se conoce que el agresor simuló un accidente sobre el camino. Dicho individuo se encontraba acostado en el suelo, en un aparente accidente de motocicleta, por lo cual el edil, al bajarse para ayudarlo, fue alcanzado por 7 tiros.

No pensé vivir para ver que la Cámara de Diputados aprobara la eliminación del fuero a todos los niveles incluido el presidencial y por una iniciativa del candidato del PRI, José Antonio Meade. Ahora falta el Senado y al menos 17 congresos locales.

El asesinato el domingo pasado del alcalde con licencia de Jilotlán de Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña, quien se preparaba para buscar la reelección por el partido Movimiento Ciudadano, hizo realidad la amenaza latente de la violencia en el proceso electoral en marcha.

Los hechos hicieron fallar así los diagnósticos de gobernantes, autoridades electorales, partidos políticos y candidatos, que aseguraban, en reiteradas ocasiones, no tener detectadas zonas de riesgo por la inseguridad provocada por la delincuencia organizada.

Aquí dijimos que sorprendían tan optimistas escenarios ante los episodios de violencia política registrada en el país en lo que va del sexenio y en el actual proceso electoral. Con la muerte de Andrade Magaña, suman 73 ediles asesinados en lo que va de la gestión peñista. Tanta confianza extrañaba también al ser nuestra Entidad el asiento del cártel más poderoso y de mayor crecimiento en los últimos años.

Más aún porque apenas en diciembre pasado habían sido asesinados el líder del partido naranja en Casimiro Castillo, Miguel García, quien aspiraba a ser candidato a alcalde en ese municipio; y el diputado del PRD, Saúl Galindo, quien buscaba la alcaldía de Tomatlán.

Es claro, pues, que las autoridades federales, estatales y municipales han incumplido su obligación de garantizar seguridad y sus estrategias policiales han sido erráticas para enfrentar la escalada de inseguridad que se ha mantenido en Jalisco desde el inicio de este 2018.

En el proceso electoral pasado, también cayó asesinado a fines de 2014, el aspirante del PAN a la alcaldía, Abel Licea. En ese contexto, en Jilotlán hubo claras intenciones de crear grupos de autodefensa para protegerse de las mafias michoacanas que entran y salen de Michoacán a tierras jaliscienses.

La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados acordó sesionar la próxima semana para analizar, discutir y en su caso aprobar, el dictamen de iniciativas que proponen eliminar el fuero constitucional a todos los funcionarios públicos. La propuesta planea reformar los artículos 108, 111 y 112 de la Constitución, para eliminar el fuero a todos los funcionarios, incluido el Presidente.

Contender por cargos locales ya no es igual de atractivo: en San Luis Potosí ya no hay fuero.

Este miércoles, el regidor en el Ayuntamiento de Celaya y presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Guanajuato, Jorge Montes González, fue asesinado; 12 impactos de bala perforaron la puerta del conductor, sin que se tenga idea de quiénes fueron o porqué lo mataron.

El regidor panista del ayuntamiento de Ciudad Mante, Juan Manuel "Chale" Hernández Acevedo, fue asesinado a balazos la mañana del sábado en ese municipio.

El también presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar fue atacado a balazos afuera de su domicilio, cuando salía con su esposa a bordo de una camioneta.

Los primeros reportes indican que el ataque lo habría realizado un sólo hombre. La esposa del regidor resultó herida y fue trasladada de emergencia para su atención médica a un hospital de la ciudad.

El regidor quedó muerto en su vehículo, en la calle Justo Sierra, en la colonia Burócratas de Ciudad Mante.

La presidenta de la Organización Causa en Común, María Elena Morera, destacó que en las últimas semanas fueron ejecutados 14 políticos en el país, por lo que los gobiernos federal y estatal deben contar con protocolos de actuación.

Gabriel Hernández Arias, regidor del PRD en el Ayuntamiento de Jalapa, en Tabasco, fue asesinado en su domicilio, presuntamente con un arma blanca con la que fue degollado.

En los últimos días han sido asesinados 2 militantes del PRD: el último de ellos había sido el alcalde de Petatlán, Guerrero, Arturo Gómez Pérez, quien fue asesinado a balazos mientras cenaba con sus compañeros de generación de la secundaria, en una pozolería del municipio la noche del pasado 28 de diciembre.

El diputado local Saúl Galindo Plazola fue asesinado la mañana de este jueves frente a su hijo, cuando ambos circulaban en la carretera federal 200, confirmó el presidente del PRD en Jalisco, Víctor Hugo Prado Vázquez.

A pregunta expresa sobre problemas con grupos de la región costa que no se vieron favorecidos por Galindo cuando fue alcalde de Tomatlán y/o conflictos ejidales, se negó a especular sobre quiénes fueron los autores ni los posibles móviles de la agresión que terminó con la vida del legislador, quien era presidente de la Comisión de Justicia.

El legislador estaba formalmente registrado como precandidato a la presidencia municipal de Tomatlán, municipio donde fue asesinado.

El alcalde priista de Bochil, Sergio Antonio Zenteno Albores, fue ejecutado ayer por la tarde en una calle del centro de Tuxtla Gutiérrez, informó la Fiscalía de Chiapas.

Hombres en una motocicleta se acercaron al Jetta azul que conducía Zenteno Albores y le dispararon con un arma calibre 45. El alcalde murió de manera inmediata.

José Santos Hernández, presidente municipal de San Pedro El Alto en la región Costa de Oaxaca, fue asesinado este viernes por un comando.

Según el reporte policial, el edil fue obligado a descender del vehículo en el que viajaba junto a su familia, y posteriormente recibió un disparo en la cabeza.

De acuerdo con el reporte de seguridad pública, el edil provenía del municipio de Santa Catarina Juquila y viajaba sobre la carretera 175, cerca del paraje conocido como "Copalita", donde fue alcanzado por sujetos armados.

En Banderilla, zona conurbada a la ciudad de Xalapa, Ver., 5 personas fueron asesinadas a tiros. Entre ellas el alcalde de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, su esposa y un empleado del gobierno estatal.

Un juez de control vinculó a proceso a 2 presuntos homicidas del alcalde del municipio de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno.

De acuerdo con un comunicado, los 2 imputados son hombres de 25 y 35 años de edad, respectivamente, originarios de Jalisco.

Se presume que en complicidad con otro sujeto habrían disparado contra la camioneta en la que viajaba el funcionario.

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre cuando el alcalde iba a la ciudad de Colima. Su camioneta fue atacada por personas armadas a la altura de la localidad de Loma de Fátima; además de su deceso, un acompañante resultó herido.

El alcalde de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández fue asesinado al ser interceptado por un comando cuando viajaba de Zacapoaxtla hacia Huitzilan, informó el vocero de la organización Antorcha Campesina en Puebla, Aquiles Montaño Brito.

La Fiscalía General del Estado informó que lleva a cabo las diligencias e investigaciones con motivo del fallecimiento de Hernández, así como de un acompañante del sexo masculino quien se sabe escoltaba al edil.

Tras el asesinato del presidente municipal de Paracho, Stalin Sánchez y en un intento de dar con los responsables, la Secretaria de Seguridad en Michoacán instrumento un operativo por tierra y aire en toda la región.

Stalin Sánchez fue asesinado la mañana de este viernes al salir de su domicilio en el centro de Paracho. Los autores del crimen escaparon tras cumplir su cometido.

Si se toman en cuenta los tiempos en que tardó en actuar la autoridad, se puede argumentar que por error o por perversidad se solicitó la orden de aprehensión hasta después de que Javier Duarte pidiera licencia como gobernador, a mediados de octubre pasado, sin que mediara un juicio de procedencia para el desafuero. Esto significa que el ex gobernador puede argumentar que como tenía fuero constitucional, la orden de aprehensión violó el debido proceso y se tiene que fallar una nulidad de origen, por lo que el caso se caería en su totalidad.

Existe una discusión continua sobre si el fuero desaparece cuando se pide licencia para retirarse del cargo. Cuando Duarte la solicitó, Yunes, entonces gobernador electo de Veracruz y abogado que entiende bastante de estas cosas, dijo que seguía teniendo fuero, por lo que tendría que ser desaforado para ser procesado, en el caso de delitos federales por el Congreso de la Unión, y en el de los delitos del fuero común, por el congreso estatal. Adicionalmente, hay una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia que indica que cuando un servidor público que goza de fuero constitucional solicita licencia, no pierde la protección otorgada.

De esta manera, si se pensaba ejercer acción penal verdadera contra Duarte, la PGR tendría que haber pedido al legislativo un juicio de procedencia para pedir su desafuero. Al no hacerlo dejó sembradas las semillas para que Duarte camine hacia la libertad. El expediente, como se dice en el argot judicial "lo dejaron flojito" para que la defensa encuentre la puerta de salida, y Duarte no se desespere. Así está la justicia mexicana.

La mañana de este jueves, el presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, Oax., Óscar Toral, fue atacado en su camioneta, por 2 personas en motocicleta, a media cuadra del palacio municipal.

El alcalde recibió un balazo en su hombro, mientras que uno de sus dos guardaespaldas murió en el lugar por los impactos.

Los hechos se registraron a las 9:10 de la mañana mientras el presidente se dirigía al palacio municipal a atender una reunión de trabajo en su camioneta blanca Cherokee.

Óscar Toral no es de la clase política de la región, es un ingeniero que hizo su fortuna con su empresa Constructoral, brindando servicio de construcción a los proyectos eólicos, como el parque Bii Hioxho de Juchitán.

Afiliado al PRI, ganó la presidencia municipal de Ixtaltepec en julio del 2016.

Sin claridad sobre las reformas que consolidarán el Sistema Estatal Anticorrupción, el avance más importante en esta materia es la eliminación del fuero, según afirmó el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado de Jalisco, Miguel Monraz Ibarra.

"Para dejar claro que en Jalisco no tenemos diferencia entre los ciudadanos y los servidores públicos, y que la ley se le va a aplicar en el mismo sentido a todos los ciudadanos", destacó.

La Fiscalía General del Estado de Puebla inició una investigación por el asesinato del presidente municipal de Tepexco, el priísta Antolín Vital Martínez, ocurrido la noche del martes.

La dependencia aclaró que el crimen ocurrió en jurisdicción federal; sin embargo, se indagan los problemas personales que tenía el munícipe.

Vital Martínez fue asesinado sobre la carretera federal Puebla-Huajuapan de León. Estaba en el interior de su vehículo, una camioneta Mazda CX-7, color blanco y con placas del estado de Morelos.

El alcalde recibió por lo menos 2 balazos, uno en una mejilla y otro en el lado izquierdo del cuello.

El presidente municipal de Ocotlán de Morelos, Oax., José Villanueva Rodríguez, fue asesinado por impactos de armas de fuego anoche, mientras que su hermano, Amado Villanueva, resultó con lesiones de gravedad, en un local de la avenida Ferrocarril.

Fuentes de la Policía Federal confirmaron que prestaron ayuda a la senadora (por Sonora) Ana Gabriela Guevara luego de ser agredida por 4 sujetos en la carretera México-Toluca.

De acuerdo con el reporte, 4 hombres que viajaban a bordo de un vehículo Dodge Voyager, placas MMU-84-73 del Estado de México, impactaron la motocicleta de la ex atleta olímpica, mientras ella se dirigía a la Ciudad de México procedente de Valle de Bravo.

La legisladora tripulaba un vehículo Harley-Davidson placas de circulación P69HK del estado de Sonora. Guevara iba acompañaba por Karina Rincón, quien viajaba en una motocicleta marca Ducati, con placas de circulacion 2C7BP de la Ciudad de México.

La presunta agresión ocurrió al salir de la autopista procedente de Valle de Bravo al tomar la carretera México-Toluca.

La velocista fue agredida a golpes y patadas en las costillas y cara. Versiones señalan que el ataque ocurrió por una discusión.

La Fiscalía General de Jalisco informó que investiga la agresión que sufrió esta madrugada el presidente municipal de Buenavista, Michoacán, en hechos registrados sobre la avenida Mariano Otero, en Zapopan.

Agregó que según refirió el afectado ante el agente del Ministerio Público, alrededor de la 1:30 horas abordó una camioneta para llevar a uno de sus acompañantes a un hotel y, al circular por dicha avenida, se le emparejó una camioneta en color rojo, cuyos ocupantes le efectuaron varias detonaciones.

Detalló que se echó en reversa en su automóvil y huyó en sentido contrario por la avenida Mariano Otero.

De acuerdo con las investigaciones, el blindaje de la camioneta en que viajaba fue lo que le salvó la vida, luego de recibir impactos de bala provenientes de fusiles de asalto.

El diputado local Jorge Arana Arana fue asaltado ayer por la tarde por un grupo de 3 personas que le quitaron su auto y lo golpearon. El mismo funcionario confirmó la agresión, pero publicó en Twitter esta mañana que se encuentra fuera de peligro.

El reporte llegó a la cabina del 066 a las 18:00 horas, y refirió el asalto cometido en Tonalá, en el cruce de Avenida Tonaltecas y Constitución.

Según ese aviso, el diputado circulaba en un Nissan Sentra 2012, blanco, con placas JKC-60-69 y vidrios polarizados. Los 3 hombres, con un arma de fuego, se acercaron y lo obligaron a entregar las llaves, tras golpearlo para hacerlo bajar.

Arana fue llevado a un hospital tras la agresión, sin que se precisara la gravedad de sus lesiones hasta que, hoy por la mañana, él informó que se encuentra bien.

El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco aprobó en días pasados presentar una controversia constitucional contra la eliminación del fuero, ya que en su opinión sin fuero los juzgadores estarían "supeditados a la voluntad de cualquier autoridad".

Pareciera como que aquí diputados y magistrados fingen ignorancia para seguir conservando privilegios.

El fuero es una protección para que quien lo tenga, si comete un delito, solo pueda ser aprehendido mediante declaración de procedencia. Mientras el gobernador de un estado sólo pueda ser procesado por ciertos delitos (inmunidad), los diputados no puedan ser reconvenidos por la manifestación de sus ideas (inviolabilidad), y los magistrados gocen de largos períodos de su encargo sin poder ser removidos sino por causa justificada (inamovilidad), no existe riesgo alguno de que los integrantes de un poder traten de afectar la independencia y desempeño de los integrantes de otro poder o autoridad. Ése es el fuero en su expresión original y verdadera. Lo otro es querer confundir fuero con impunidad.

Si los magistrados ya tienen inamovilidad ¿para qué quieren fuero si no han cometido ni piensan cometer ningún delito?

Los gobernadores y funcionarios de todos los niveles en Querétaro perdieron el fuero constitucional, luego de que ayer fue aprobada la iniciativa de ley en el congreso estatal, con lo cual se convierte en la 2a. entidad en el país en avalar la medida, después de que en agosto pasado fue avalada en Jalisco.

A su vez, en Campeche, el gobernador Alejandro Moreno presentó ante el congreso del estado la iniciativa correspondiente, en busca de que los servidores públicos de todos los rangos y los gobernados estén en igualdad jurídica ante la ley.

El abuso insolente del fuero lo ha llevado al desprestigio. Hoy, por el fuero, muchos actos de corrupción no son juzgados.

Eliminar el fuero de la Constitución es un paso importante para desarmar el andamiaje de corrupción e impunidad que tanto ha dañado la vida nacional. El Sistema Nacional Anticorrupción no estará completo sin estos cambios. Necesitamos articularnos ciudadanos, políticos, organizaciones en este esfuerzo.

Es tiempo de que el fuero desaparezca de la Constitución, esto como parte fundamental del tránsito hacia un régimen político sin privilegios. Considero que estamos listos para que ningún representante popular o servidor público, el Presidente de la República incluido, goce de esta prerrogativa. Los privilegios deben desaparecer para abrir paso a una sociedad donde exista una rendición total y efectiva de cuentas. No puede ignorarse el hecho de que en el imaginario social el fuero es sinónimo de impunidad. Para el común de la población, parece que la acción de la ley llega hasta donde el fuero comienza. La eliminación del fuero sería un paso significativo para recuperar la credibilidad de la clase política y de los políticos.

El fuero impide que los servidores públicos que lo poseen sean sometidos a proceso penal si no se cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, bajo la motivación "de proteger el ejercicio del cargo". Este esquema se replica en las constituciones de los estados para los altos puesto en los poderes y órganos autónomos de las entidades federativas. Tal como se encuentra regulado, el fuero se ha convertido en un elemento que favorece la impunidad, más que en un medio legítimo para proteger a la función pública.

¿Por qué razón un servidor público que delinque debe gozar de privilegios? ¿Para qué establecer estas diferencias si se desea combatir la impunidad? El fuero mina la institucionalidad democrática y favorece la corrupción. Por el contrario, la eliminación de éste favorecería el combate a la corrupción, bajo el cual la ejemplaridad del proceso penal incrementaría su eficacia, pues todo servidor público sabría que en caso de cometer un delito, el cargo, empleo o comisión no le depararía ninguna inmunidad procesal y sería sometido a juicio como cualquier persona.

La eliminación del fuero no afectaría el ejercicio del cargo público. El nuevo sistema de justicia penal cuenta en su diseño con las garantías suficientes para el cumplimiento de los objetivos que todo régimen democrático espera de su proceso penal: el castigo del delincuente, el reconocimiento del inocente y la protección de la víctima del delito. Es de esta forma en que debe protegerse a los altos servidores públicos de acusaciones infundadas o venganzas políticas, de la misma forma en que se protege a todos los ciudadanos de imputaciones delictuosas: mediante un proceso penal público, imparcial, que excluya pruebas fabricadas u obtenidas de manera ilícita, en el que el juez esté siempre presente y solo ante él se desahoguen las probanzas respectivas.

La tarde de este viernes sujetos armados atentaron contra la presidenta municipal del Cuautempan, Puebla, mientras circulaba en un vehículo sobre la carretera a Zapotlanejo.

El hecho ocurrió después de las 14:00 horas sobre la autopista, a unos 3 kilómetros de la caseta La Joya, en Zapotlanejo.

Según versiones, sujetos que tripulaban otro vehículo comenzaron a disparar en contra de la camioneta Nissan X-Trail en la que circulaba la presidenta municipal, de nombre Flor de Coral Rodríguez Cárcamo.

El conductor de la unidad fue identificado como el esposo de la alcaldesa, Roberto Carlos Ortega, quien falleció al recibir 2 impactos en el tórax.

99 funcionarios en la entidad seguirán gozando del fuero federal que los protege de delitos como el narcotráfico, pornografía infantil, trata de personas, desaparición forzada de personas, armas prohibidas, ataques a las vías públicas, delincuencia organizada, secuestro, posesión de arma, tráfico de órganos y defraudación fiscal.

"99 funcionarios gozan del fuero federal en Jalisco, el gobernador del estado, 39 diputados del congreso del estado, 34 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 6 consejeros del Consejo de la Judicatura de Jalisco (...) y los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco", explicó la diputada del PRI, Roció Corona Nakamura, y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Los otros funcionarios que también tienen fuero federal son los 7 consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y los 3 comisionados del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

La Fiscalía General de Puebla informó que el robo de nómina es la principal línea de investigación por el asesinato del presidente municipal de Huehuetlán El Grande, José Santamaría Zavala.

Se detalló que se inició la Carpeta de Investigación por el levantamiento del cuerpo localizado en la carretera Huehuetlán El Grande a la altura del kilómetro 10 en el paraje conocido como "Tonale".

Los restos del alcalde fueron ubicados a un costado de la camioneta Toyota de su propiedad. Tanto la víctima como la unidad presentaban impactos de arma corta calibre 9mm.

Con base en las primeras indagatorias, señala el texto oficial, que incluyen datos de prueba y el testimonio de una persona que acompañaba al edil, se establece que en el lugar de los hechos había piedras sobre la carretera para impedir el paso de la camioneta.

"Y que los probables responsables del sexo masculino que interceptaron la unidad, exigían el dinero de la nómina".

Según el testimonio de la persona que acompañaba al edil, el robo no se consumó en virtud de que no llevaban recurso alguno en la camioneta.

Desde 2006, 40 alcaldes en funciones y 7 electos, así como 32 expresidentes municipales de diversas fuerzas políticas han sido asesinados.

El alcalde del poblado de Pungabarato fue asesinado a balazos junto con su chófer cuando transitaba por una carretera del convulso estado mexicano de Guerrero, informó este domingo un funcionario del gobierno local y el partido al que pertenecía la víctima.

Ambrosio Soto, y su chófer "fueron acribillados por sujetos desconocidos que los embocaron" en un tramo carretero cercano a Pungabarato la noche del sábado al domingo.

El asesinato de Soto fue confirmado por le sede en Guerrero del PRD, al que pertenecía.

5 personas perdieron la vida, entre ellas el presidente municipal, Domingo López González, y 20 resultaron heridas tras un ataque por parte de hombres armados en la cabecera municipal de San Juan Chamula.

Los hechos se registraron cuando un grupo de pobladores de 35 comunidades del municipio se manifestaba en la plaza central y "unos sujetos accionaron armas de fuego", explicó el secretario de Gobierno de Chiapas.

3 de las víctimas son funcionarios: el alcalde; el síndico Narciso Lunes Hernández, y el regidor local, Miguel López Gómez.

López González pertenecía al Partido Verde Ecologista, en tanto que los manifestantes, según medios locales, eran militantes del PRI.

El alcalde era buscado desde 2015 para que entregara recursos económicos que dejó de dar a los pobladores desde el 1o.de octubre de ese año. Este sábado lo encontraron y exigieron la entrega de 50 millones de pesos, pero él les dijo que no tenía dinero y comenzó la trifulca.

Mientras el Senado mantiene congelada la iniciativa para desaparecer el fuero que aprobaron desde 2013 los diputados federales, el Congreso de Jalisco los rebasó por la izquierda al aprobar anoche la reforma constitucional que elimina toda protección especial no sólo a los diputados locales, sino incluso al mismo gobernador, magistrados y alcaldes.

Si bien la inviolabilidad del fuero y la inmunidad que le daba a funcionarios y políticos, garantizó en su momento la libertad de expresión y el avance democrático en México, en la actualidad era más una canonjía que se expresaba en prepotencia hacia los ciudadanos e impunidad en casos de corrupción.

Con lo que no termina la derogación del fuero en Jalisco es con la impunidad de muchos funcionarios y ex funcionarios que hicieron malos manejos del erario, sin que nadie los haya llamado a rendir cuentas.

Por eso, ahora que se echó fuera al fuero la pregunta es cuándo se hará lo mismo con el blindaje a la impunidad del que goza la clase política y gubernamental local, desde hace al menos una década. Con o sin fuero, las pocas acusaciones contra servidores públicos por actos de corrupción que llegan al Ministerio Público no avanzan. Prueba de ello es lo que ha sucedido con las 14 denuncias que presentó la Contraloría del Estado contra funcionarios de la pasada administración.

Si el propósito de la actual Legislatura es de verdad terminar con la inercia de impunidad y corrupción que reina en Jalisco desde que hace más de 10 años se cooptó a la Auditoría Superior del Estado y la fiscalización de los recursos públicos entró en una profunda crisis de credibilidad, les debe quedar claro que quitar el fuero no es suficiente.

Un 1er. paso es empezar ya a diseñar la convocatoria para elegir al nuevo titular de la ASEJ y a la vez diseñar un nuevo modelo de revisión del gasto público que ponga fin a la fiscalización simulada que padecemos, y que tanta corrupción ha generado.

La figura del fuero se ha convertido en un abuso para los funcionarios públicos. La casa blanca, Malinalco, OHL, Grupo Higa, Humberto Moreira, en Jalisco el caso López Castro y Alonso Godoy, tienen una sola cosa en común: IMPUNIDAD. En los últimos 16 años se han reportado alrededor de 272 casos de corrupción sólo de gobernadores y de ellos, únicamente el 8.3% (21 casos) tuvo alguna sanción, quedando impunes más de 250 casos. A nivel internacional, nuestro país ocupa el 2o. lugar de entre los 59 países más impunes según el Índice Global de Impunidad presentado por la Universidad de las Américas Puebla.

"La corrupción no es exclusiva de México, pero la impunidad sí", expresó en alguna ocasión el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas.

El fuero no es un aspecto privativo ni de nuestro tiempo, ni de nuestro sistema constitucional; ni de nuestro país, ni de nuestro estado. Dicha figura ha existido en diversas épocas y en prácticamente todos los órdenes jurídicos para salvaguardar el debate público y la independencia de quienes ejercen las funciones del Estado. Sin embargo, esta figura política se ha convertido en sinónimo de impunidad. Y es que a lo largo de los años gracias a esta inmunidad los representantes de los poderes han gozado de amplias posibilidades para cometer ilegalidades y no ser castigados al ampararse en dicha figura.

Decía Benito Juárez: "A mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley a secas"; así en nuestro estado y país la justicia se ha tornado selectiva. La aprobación para eliminar el fuero a los funcionarios de todos los poderes en Jalisco será, sin duda, un gran paso para dar respuesta contundente a la impunidad. Sin embargo, el desafuero de López Obrador en 2006 dejó claro que lo que salva o condena a los políticos no es el fuero, es la complicidad de todo un sistema. Un sistema en el que la ley es reflejo del poder de quienes gobiernan. Hoy nos toca trabajar porque las complicidades no sigan siendo el obstáculo para combatir la impunidad.

El fuero constitucional goza de pésima fama. Y no es para menos, los políticos han logrado pervertirlo de tal manera que lo que era una buena solución a un problema de libre expresión, pues evitaba que los poderosos les inventaran de algún delito a los opositores, se convirtiera en un verdadero refugio de ladrones: he visto a políticos corruptos rogar por una regiduría de Zapotlanejo con tal de tener fuero. Los diputados están a punto de erradicar esta figura. Para algunos eliminar el fuero equivale a dispararse en el pie; para otros es simplemente erradicar una figura jurídica que sólo ha servido para cometer abusos y que goza de pésima voluntad ciudadana.

En Jalisco hay 1,598 funcionarios públicos que gozan del fuero, es decir, son intocables. La lista no es demasiado compleja: el gobernador, los 39 diputados, los 14 secretarios del poder ejecutivo (lo cual es un absurdo pues el sujeto político es el gobernador) el fiscal general; el procurador social (que nadie sabe que existe y a muy pocos les importa sus opiniones, pero en fin); los 40 magistrados del poder judicial y del Tribunal Administrativo; el presidente y los consejeros del la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto de Transparencia (mismo caso que los secretarios, pero además si alguien se sabe el nombre de los consejeros ciudadanos de estos institutos deberían de darles fuero por aplicados); los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral; el auditor, los 125 presidentes municipales y sus respectivos síndicos y 1,227 regidores.

Soy, como muchos otros ciudadanos, partidario de erradicar el fuero, pero no por una vendetta contra la clase política sino porque existen ya instituciones que, al menos en teoría, son capaces de garantizar los derechos políticos de todos los ciudadanos, incluidos los políticos de oposición. Por el contrario, hoy en día el fuero es más un arma de los poderosos para cometer las peores atrocidades con absoluta impunidad, y ahí está el caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para quien tenga duda. No obstante, es importante tener una figura de protección para que las opiniones de los opositores no sean imputables y para evitar posibles abusos de poder. En un escenario como el nuestro, donde los políticos de todos los colores se ponen de acuerdo en 3 minutos cuando se trata de subirse el sueldo o repartirse lana, en el que los vasos comunicantes entre las diferentes fuerzas políticas funcionan para bien y para mal esto no parece tener la menor importancia. Pero, en un escenario difícil, en el que las tentaciones autoritarias suban de nivel, sí requeriremos de una figura similar al fuero.

Ahora que los diputados dijeron que no en mayo, pero sí en junio discutirán la eliminación del fuero, hagamos un poco de memoria. La inmunidad penal -ese estado de gracia vedado a los mortales desde 1917- lo tienen como es consabido: diputados, secretarios del gobierno estatal, el fiscal general, magistrados, alcaldes, síndicos y regidores.

Pero hay otro selecto grupo que no entendemos qué hace allí, pero eso marca la constitución local. La inmunidad penal -esa flor de 3 o 6 años- también la tiene el procurador social -aire que nos desmayamos-, el presidente del IEPC Jalisco y los consejeros, ¡el ombudsman estatal y el auditor superior del estado!

Suman 4 iniciativas para retirar el fuero constitucional a la clase política en Jalisco. Todas coinciden en que la figura que protege a ciertos funcionarios de la acción penal ya no tiene razón de ser y plantean que los servidores públicos electos deben enfrentar, como cualquier ciudadano, la acción de la justicia en caso de cometer algún delito.

"Con la desaparición del fuero se estará en el supuesto de que cualquier funcionario que cometa algún delito tendrá que comparecer como cualquier ciudadano ante las autoridades", plantea la iniciativa presentada por Ismael del Toro, coordinador del Partido Movimiento Ciudadano.

El documento de la legisladora priista, Rocío Corona Nakamura, señala que el fuero es un caso preciso de discriminación: "El fuero del que gozan los servidores públicos les hace una casta aparte, una especie de ciudadanos de primera protegidos de las leyes que ellos mismos producen".

En la historia de las últimas 5 legislaturas destaca que solamente ha procedido un desafuero contra el ex alcalde de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga, acusado en diciembre de 2007 [cuando era alcalde] por la procuraduría por los delitos de homicidio, asociación delictuosa y abuso de autoridad. Sin embargo, quedó libre meses después.

La discusión sobre la inmunidad que tienen regidores, alcaldes, legisladores, gobernador, consejeros y magistrados del poder judicial se avivó hace un mes tras la presunta participación del diputado Enrique Aubry en una amenaza con arma de fuego a un civil.

Alberto Bayardo (coordinador del Observatorio Legislativo) recuerda los antecedentes de la aprobación del fuero en la Constitución de 1917, que tenía como principio fundamental la inmunidad en el proceso penal, "originalmente fue una manera de proteger a los diputados, pues en los primeros gobiernos después de la Revolución había presidentes que mandaban arrestar a los diputados de oposición en lo que se resolvía una votación".

En aquellos tiempos se aprobó la inmunidad constitucional para evitar abusos de poder, pero con el tiempo se perdió el sentido original y la figura se degeneró: "Se convirtió en una situación de impunidad que ya quedó rebasada, ahora toca retirarlo y, en todo caso, dejar en claro sanciones a quien arreste a un funcionario público indebidamente".

Por eso es impostergable desaparecerlo, "esto podría motivar a los funcionarios a hacer que funcione bien la impartición de justicia para protegerse ellos también, es un buen aliciente para que nos traten igual".

El Congreso de Veracruz aprobó la eliminación del fuero constitucional para el gobernador del estado, secretarios de despacho, alcaldes y otros funcionarios de organismos públicos.

Los diputados locales determinaron que en el contexto actual no hay justificación para la existencia de esta figura jurídica, además de tratarse de un reclamo social, el que los funcionarios no tengan este beneficio. La misma legislación contempla que se mantenga el fuero constitucional únicamente para los diputados, el fiscal del estado, magistrados y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes se sujetarán al procedimiento marcado en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

Sujetos armados asesinaron al alcalde de Jilotzingo, en el Estado de México, junto a su escolta. La refriega también tuvo como saldo 2 heridos.

Juan Antonio Mayén Saucedo, alcalde de Jilotzingo de extracción panista, fue atacado durante las primeras horas de este viernes mientras viajaba en su automóvil.

El municipio de Santa Ana Jilotzingo se ubica en la sierra que divide a los valles de México y de Toluca, a 30 kilómetros por carretera al poniente del centro de Naucalpan.

Según se ha dado a conocer, en el Congreso del Estado de Jalisco se procesa una iniciativa tendiente a terminar con el fuero de que gozan los funcionarios públicos locales.

1.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Título Cuarto establece 4 tipos de responsabilidades de los servidores públicos: la política, la penal, la administrativa, y la civil. De éstas, sólo en las 2 primeras se requiere de la intervención del poder legislativo para proceder contra un funcionario. El juicio político, que concierne a la responsabilidad política, no es para "desaforar" a un funcionario para que pueda ser procesado por la comisión de algún delito (como equivocadamente plantea el diario de referencia), sino más bien para destituirlo de su cargo o inhabilitarlo por cierto período de tiempo para el ejercicio de cargos públicos posteriores, por haber realizado "actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho". La declaración de procedencia -requerida aplicar la responsabilidad penal por la comisión de delitos- no quita el cargo, sino tan sólo el mal llamado fuero; ya que, si la sentencia que dicten las autoridades judiciales es absolutoria, el funcionario puede reasumir sus funciones (Jorge Vizcarra fue desaforado para procesarlo penalmente; Elisa Ayón no fue desaforada, sino destituida como regidora e inhabilitada por 10 años para ocupar cargos públicos).

2.- 3 son las protecciones que en cualquier república democrática tienen los funcionarios que integran los órganos del Estado: la inmunidad, aplicable al ejecutivo; la inviolabilidad propia de los legisladores y del recinto en que sesionan; y la inamovilidad, de los altos integrantes del poder judicial. Esto hace posible que los 3 poderes puedan actuar de manera armónica y con independencia uno del otro.

3.- El fuero es la protección que indebidamente se les otorga a ciertos funcionarios públicos para que no puedan ser procesados penalmente o castigados por violar la Constitución. En México son 1,854 los altos funcionarios federales y estatales y más de 25,000 munícipes los que lo gozan.

4.-El llamado fuero en realidad es una competencia de autoridades en una federación (fuero común o fuero federal); o bien, un ámbito de jurisdicción (fuero civil, fuero militar), pero nunca el atributo de impunidad en que ha derivado por el engorroso trámite que implica la declaración de procedencia y el juicio político.

5.- No se requiere reforma federal para que un gobernador pueda ser sujeto de juicio político: el Congreso del Estado de Veracruz en diciembre pasado aprobó quitarle el fuero al ejecutivo local.

De tal manera que para no incurrir en confusiones, lo que se debe hacer es muy sencillo: A).- terminar con la declaración de procedencia (no con la inmunidad, inviolabilidad e inamovilidad); B).- despartidizar el juicio político; y C).- hacer a todos los funcionarios responsables políticamente por violaciones expresas a la Constitución. De esta manera se puede terminar con privilegios y fortalecer el Estado de Derecho.

Jesús Alaín Anzueto Robledo, de 45 años de edad y quien se desempeñaba como regidor de Frontera Comala, Chiapas, fue ejecutado anoche por un grupo de hombres armados.

El ataque ocurrió cuando Anzueto Robledo conducía su camioneta pickup Tacoma de color blanco, sobre una de las calles del barrio San Pedro, cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó a quema ropa.

La alcaldesa de Temixco, Morelos, de extracción perredista, Gisela Mota, fue asesinada ayer a un día de haber tomado posesión del cargo.

Mota Ocampo, quien tenía 33 años de edad, fue asesinada en el interior de su domicilio por un grupo de hombres armados que irrumpió violentamente.

75 alcaldes fueron asesinados en 10 años en el país, de acuerdo a la Asociación de Autoridades Locales de México.

La diputada Rocío Corona Nakamura iniciará el trabajo legislativo reviviendo la iniciativa que presentó en la Legislatura 59, que pretendía retirar el fuero a los funcionarios.

El día de hoy, en sesión ordinaria, Corona Nakamura presentará la propuesta de modificar la Constitución Política del Estado de Jalisco y sus municipios para abrogar 6 artículos y reformar el 99.

Con esto, se eliminará la figura de fuero de la que gozan los diputados, funcionarios de gobierno y magistrados al comprobarse o denunciarse su participación ante cualquier ilícito.

"La comisión de delitos del orden común por parte de cualquier servidor público, será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal", se lee en el dictamen.

Rocío Corona señala que tiene el respaldo de la fracción del PRI para promover esta iniciativa, por lo que confía en que en la presente legislatura su iniciativa tendrá un mejor desenlace, ya que la ciudadanía reclama igualdad de derechos, sin importar la clase social o el cargo público.

Colima.- El delegado regional priista, Fernando Moreno Peña, quien también fue gobernador de Colima, fue agredido a balazos mientras desayunaba, sin embargo, este no es el primer caso de este tipo, pues Moreno Peña es el segundo ex mandatario de Colima que sufre un atentado en menos de 5 años.

Hace media década Jesús Silverio Cavazos, ex mandatario estatal de Colima, fue asesinado a balazos fuera de su domicilio por 3 sujetos desconocidos que le dispararon al menos en 5 ocasiones. Cavazos había asumido el cargo en 2006 tras el fallecimiento del gobernador Gustavo Vázquez.

La violencia en Jalisco tiene una característica que la hace distinta al resto del país, y es el asesinato de miembros de la clase política. En los últimos meses hemos visto caer, presuntamente a manos del crimen organizado, a un diputado federal, un alcalde, regidores de diferentes municipios y un frustrado candidato a síndico. También hemos visto ataques contra el comisario de la policía única, ataques a un convoy de la misma corporación y decenas de policías municipales asesinados.

Hasta ahora la Fiscalía y la PGR han tratado a todos como casos individuales, y aunque nunca terminan por resolverlos bien a bien.

El Sistema Nacional Anticorrupción que aprobaron el martes los senadores estaría operando dentro de 3 años.

Lo anterior lo reconoció el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, quie reconoció que al sistema "le faltan algunas pequeñas partes", pero que lo aprobado sí funcionará para combatir la corrupción.

Uno de los temas más polémicos fue que se mantiene el fuero para los legisladores y la inmunidad para el Presidente.

Otro que cree que se quedó corto el Sistema Anticorrupción es el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Juan Alonso Niño Cota, quien lamentó que las sanciones a funcionarios hayan quedado fuera de las discusiones.

Dijo que el crecimiento en el índice de corrupción en México ha provocado que el país se mantenga en el último nivel de competitividad a nivel internacional, por lo que llamó a retomar el tema de los castigos a quien cometa este tipo de actos.

Feliciano García Fierros, regidor priista de Tlaquepaque, fue asesinado ayer al ser atacado con un arma de fuego en una finca donde se encontraba en la carretera a San Martín, en el cruce con Santa Cecilia en la colonia San Martín de las Flores de Arriba.

Al momento de la agresión el regidor García Fierros, de 49 años, se encontraba en una reunión con camioneros de la ruta 275-B, justo en el inmueble donde se hallaban las oficinas; a causa de los disparos en el lugar, el hijo del regidor, Juan Alejandro García, de 25 años de edad resultó herido y fue trasladado de inmediato a recibir atención médica.

Se tuvo conocimiento de los hechos a las 12:26 horas. Instantes después, autoridades encontraron al regidor ya muerto de un balazo en la parte izquierda del cráneo.

De acuerdo a testimonios recabados por las autoridades, los agresores fueron 3 sujetos que escaparon en una camioneta de modelo atrasado tipo Suburban sobre la carretera con rumbo a El Salto.

García Fierros era presidente de la Comisión de Reglamentos Municipales de Tlaquepaque.

Autoridades del Gobierno de Morelos informaron que el diputado perredista David Martínez Martínez fus secuestrado. El PRD cree que se trata de una "clara connotación política", porque era un "sólido candidato" a la alcaldía del municipio de Temixco.

El senador perredista Alejandro Encinas fue atacado a gritos y a palos en un conocido café de esta ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.

Fue un grupo de personas que portaban carteles y banderas con las siglas del Frente Popular Revolucionario quienes le gritaron "asesino" al senador y luego le pegaron con unas varas en las que portaban sus cartelones de protesta.

Alrededor de las 10:00 horas, arribó al sitio en donde brindó una conferencia de prensa en la que habló de la crisis que se vive en Guerrero, estado gobernado por perredistas.

Llegado el mediodía, el político perredista presenció a un grupo de manifestantes que lo llamaban "asesino", pero no se me movió de su asiento y siguió tomando un café.

Los manifestantes gritaban consignas contra el gobierno perredista a quien acusaron por la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero.

Homicidios, extorsiones y desapariciones, posiblemente relacionadas con el crimen organizado, son los delitos que más han golpeado a los políticos del estado -sin distingo partidista- en los últimos 5 meses.

La 1a. desaparición reportada fue en la región Valles, el 28 de junio, cuando se informó de la ausencia de Ricardo Hernández Garduño, quien fuera director de la policía de Ahualulco de Mercado y cuyo paradero aún se desconoce.

En la investigación se pudo establecer que el mando desapareció tras la detección de un campamento del Cártel Nueva Generación, cerca del poblado de Cuisillos, en Tala, en donde también se hallaron restos humanos que fueron calcinados.

El 4 de agosto, en la región Sierra Occidental, Manuel Gómez Torres, alcalde panista de Ayutla, y uno de sus escoltas, identificado como José de Jesús Hernández, fueron asesinados por un grupo comandado por Sergio Hernández González, señalado como el encargado de la plaza en varios municipios de la zona controlados por el mismo Cártel Nueva Generación.

De este caso, las autoridades lograron la detención de 2 servidores públicos -José Alfredo Sánchez Dueñas, asesor político de Gómez Torres, y Luis Alberto Zepeda, quien fuera subdirector de la policía del mismo municipio- a los que se les sigue un proceso penal por su presunta responsabilidad en los hechos.

A poco más de 2 meses, el 23 de septiembre, en pleno Periférico y ante las cámaras de vigilancia, el diputado federal priista y ex alcalde de El Grullo, Gabriel Gómez Michel y su asistente Heriberto Ramos Núñez, fueron secuestrados, al día siguiente se localizó (sic) los cuerpos calcinados en Zacatecas.

La investigación fue atraída por la Procuraduría General de la República, pero fue la Fiscalía General del Estado la que realizó la detención de 4 personas involucradas, quienes fueron entregadas a las autoridades federales.

Como parte de las indagatorias, el fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco informó el 24 de septiembre que grupos delincuenciales, en su afán de aprovechar el plagio y homicidio de Gómez Michel, intentaron extorsionar a otros alcaldes y políticos, pues se detectaron llamadas desde reclusorios de Tamaulipas y la Ciudad de México en las que se exigía dinero a cambio de no perpetrar agresiones. Las autoridades hasta ese entonces habían recibido diez denuncias por extorsión.

El 21 de octubre, Carlos Orozco Madrigal, ex presidente municipal de Cabo Corrientes por el PRI, fue asesinado en Tomatlán junto con su chofer, en la carretera 200 Sur, a la altura del Crucero El Aval, frente al rancho conocido como San Rafael de Los Morenos.

Los cuerpos presentaban varios impactos de proyectil de arma de fuego, al igual que la camioneta en la que circulaban.

El mismo día se informó sobre el deceso de Jorge Rafael Gómez Uribe, de 73 años, y su esposa Teresa Flores Quiñones, de 60, suegros del alcalde de Tecolotlán, Francisco Brambila González, de extracción priista. El doble homicidio ocurrió en Cuautitlán de García Barragán y en las primeras líneas de investigación se pudo establecer que el móvil apuntaba hacia un robo.

Asimismo, ayer se reportó la desaparición de Gerardo Ornelas García, regidor del PAN en Talpa. De acuerdo con la versión de los familiares, su camioneta fue localizada con las llaves puestas en la carretera conocida como Las Cuestas.

El fiscal Luis Carlos Nájera reveló que el caso [del diputado federal asesinado] busca ser aprovechado por delincuentes, pues se ha registrado una ola de extorsiones en Jalisco, y al menos 10 funcionarios recibieron llamadas de prisiones de Tamaulipas, el Estado de México y el Distrito Federal, aunque se reservó los nombres de las víctimas.

Ayer se prendieron en el país todos los focos rojos que hace rato estaban ya fundidos en Jalisco: un diputado federal fue secuestrado mientras circulaba en su camioneta, con un chofer, en la concurrida avenida 8 de Julio.

No es que haya ido caminando ebrio a las 2 de la mañana. Estaba adentro de su auto, iba acompañado por otro hombre, en una vía primaria con cámaras de videovigilancia, ¡y además estaba en circulación! Un día después de su plagio, el legislador y su acompañante aparecieron muertos en Zacatecas.

Las autoridades llevarán más lejos las preguntas, pero de entrada, el asesinato de este diputado, a la luz del día, en vía primaria, mientras circulaba acompañado, significa lo evidente: que esto se puede hacer. Mejor dicho, que alguien lo puede hacer, que es posible bajar a dos hombres de su auto, matarlos y dejarlos en otro Estado. Al margen de la naturaleza de los ejecutores, al margen del móvil y al margen de las cifras de incidencia delicti va en el Estado, es alarmantemente grave que esto haya sido posible.

Autoridades encuentran camioneta abandonada en Zacatecas, y en su interior el cadáver del diputado federal por Jalisco, Gabriel Gómez Michel.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado reportaron que el legislador priista fue privado de su libertad ayer por la tarde a bordo de su camioneta Suburban Azul en Periférico y 8 de Julio en Tlaquepaque.

Dirigentes y legisladores del Partido de la Revolución Democrática lamentaron el ataque que sufrió esta madrugada el diputado federal Ramón Montalvo, quien fue baleado esta madrugada cuando circulaba por calles de la colonia La Concepción, en los límites de Valle de Chalco e Ixtapaluca, y es reportado en estado delicado por fuentes médicas.

Legisladores de otras bancadas también manifestaron su condena por el ataque y respaldo al perredista.

Chilpancingo, Gro.- 5 hombres armados secuestraron al diputado local priista Olaguer Hernández cuando jugaba en el casino Emotion de Plaza Galerías.

El legislador fue sacado a las 23:05 horas del martes por la puerta principal del lugar por 2 de sus captores.

El resto esperaba en el estacionamiento en por lo menos 2 vehículos en los que huyeron, según revelan testigos.

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 12 de abril de 2014).

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 23 de marzo de 2014).

Extraoficialmente se señala que fueron despojados de 4 relojes de marca, así como celulares y joyas.

De acuerdo a las primeras declaraciones de los afectados, se conoció que al lugar llegó un sujeto armado, quien los amenazó para despojarlos de sus pertenencias.

Se conoció que tanto el senador como el presidente del equipo Atlante, José Antonio García; el funcionario de Cemex, Mauricio Bremer, y el empresario Édgar Murillo desayunaban en el restaurante ubicado en el pueblo mágico de Real del Monte, a tan sólo unos minutos de Pachuca.

(V.periódico El Informador en línea del 15 de febrero de 2014).

Tienen legítimo miedo: sus bases en los municipios más afectados les han advertido que hay narco-francotiradores en algunas carreteras y que el crimen organizado podría buscar un golpe de fuerza mediático atentando contra la vida de algún senador.

La gira ha tenido que cambiar varias veces de agenda porque hay municipios en donde simple y sencillamente los panistas michoacanos no saben quién manda: si las autodefensas ciudadanas, si las autodefensas financiadas por el narco, si los cárteles de Los Templarios o Nueva Generación, si el gobierno.

La gira por Tierra Caliente es el preámbulo de la reunión plenaria que tendrán los senadores panistas en Morelia y servirá a la vez para posicionar a los tres legisladores que buscan reflectores para sus carreras políticas.

El coordinador, Jorge Luis Preciado, que aspira a ser dirigente nacional de su partido en el 2015; y tanto Luisa María "Cocoa" Calderón Hinojosa como Salvador "Gallo" Vega Casillas, quienes buscan ser los candidatos panistas al Gobierno de Michoacán en las próximas elecciones.

[Que les digan que tienen "fuero" y se acaba el problema... ¿no? - El webmaster]

Carlos Loret de Mola A.
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 29 de enero de 2014).

"Los municipios en este momento están resguardados por el Ejército o por las autodefensas, pero las carreteras no", señaló el líder parlamentario.

El senador panista informó que el gobierno federal conoce esta situación e informó que por esta razón los legisladores blanquiazules que viajarán a Morelia hoy, donde se realizará su reunión plenaria, no visitarán la región en conflicto.

[Que les digan que tienen "fuero" y se acaba el problema... ¿no? - El webmaster]

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 29 de enero de 2014).

(V.pág.13-A del periódico El Informador del 21 de enero de 2014).

A quienes la Constitución se la otorga es para evitar que las relaciones entre poderes y órdenes de gobierno se conviertan en vendettas políticas. Como es de inferirse, el fuero es a la función, no a la persona. Si una persona solicita licencia, el fuero pasa a su suplente. De elemental sentido común resulta entender que no puede haber 2 personas con fuero por el mismo cargo. Si así fuera, eso sería anticonstitucional, puesto que se estaría violando el artículo 13 antes citado, al otorgar esa protección a una persona que no pertenece a un órgano del Estado.

De tal suerte que, si la Fiscalía General del Estado de Jalisco solicita al Congreso [de Jalisco] la declaración de procedencia para poder llevar ante la justicia a una regidora con licencia, va a "hacer el oso" de su vida y sentaría un gravísimo precedente, puesto que, con base en el principio de igualdad ante la ley, entonces cualquier ciudadano también podría pedir que se le siga el mismo procedimiento para poder ser aprehendido.

Javier Hurtado
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 18 de enero de 2014).

Antier se supo que la Fiscalía no abrió "investigación de oficio" alguna pero que procederán si el ayuntamiento tapatío presenta denuncia penal. Luego están las declaraciones del titular de la Oficina Anticorrupción de Guadalajara, José de Jesús Sosa López, quien dijo que investigan "muy a fondo" a la Dirección de Panteones, pero no a la regidora con licencia Elisa Ayón. ¿El pretexto? Los regidores tienen fuero constitucional. O sea, a las luchitas contra la corrupción no se meten si hay edil de por medio. ¿Bien respetuosos de la ley, edá?

Allá en La Fuente
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 21 de noviembre de 2013).

El Congreso de la Unión aprobó eliminar la declaración de procedencia o "desafuero" para todos los funcionarios señalados en el Artículo 111 Constitucional, excepción hecha del Presidente de la República, el que no puede ser sujeto de juicio político y sólo puede ser juzgado durante el período de su encargo por delitos graves del orden común y traición a la patria.

La razón de ello la dio el diputado Fernando Lizardi en el Congreso Constituyente de 1917: La esencia del fuero es que cada poder sea intocable respecto a los otros 2. Si un legislador o un miembro del poder judicial es destituido, no se atenta contra la soberanía de esos poderes porque quedan sus demás integrantes. En cambio, si eso ocurriera con el ejecutivo, el poder quedaría acéfalo (porque se deposita en un solo individuo) y se estaría permitiendo la intromisión de alguno de los otros poderes sobre éste.

Sin embargo, eso no significa impunidad para el poder ejecutivo porque la Constitución establece la figura del refrendo por parte de los secretarios (para procesarlos o hacerles Juicio Político durante su encargo), y queda abierta la posibilidad para que el presidente pueda ser procesado por cualquier delito al término de su mandato.

Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 9 de marzo de 2013).

Este medio día, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno, presentó al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución, en materia de inmunidad de servidores público.

Aunque aún está pendiente que se voten los artículos reservados, en la modificación al Artículo 111 constitucional se establece que sólo cuando haya sentencia condenatoria el servidor público perderá el fuero y el cargo, a fin de ser puesto a disposición de las autoridades.

El dictamen que acota la figura del fuero constitucional, que se discutió este martes en el Pleno de la Cámara de Diputados, añadió, da lugar a una petición legítima de la opinión pública "que demandaba que aquéllos que ostentamos el fuero no lo ostentemos".

Dicho proyecto avalado al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales el 27 de febrero, establece que los funcionarios públicos gozarán de inmunidad y, por tanto, no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo.

Sin embargo, podrán ser sujetos de proceso penal y, una vez dictado el auto de vinculación a proceso penal, no gozarán del beneficio de la inmunidad señalado en el Artículo 111 constitucional.

Por separado, el líder de la bancada priista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Beltrones Rivera, afirmó que debe deshacerse la figura de fuero constitucional en la medida que ha sido sinónimo de impunidad, pero se debe continuar protegiendo a los legisladores de no ser reconvenidos al emitir sus opiniones.

(V.Animal Político del 5 de marzo de 2013).

Recientemente, los casos han ido desde un diputado acusado de vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero, hasta otro que se le imputan cargos de evasión fiscal y lavado de dinero, pasando por los hermanos diputados federales y un senador acusados de tráfico de influencias y vender permisos para instalar casinos. Los casos se han dado en legisladores de los 3 principales partidos políticos.

No deja de llamar la atención que tales legisladores además de presuntamente pertenecer a una red delincuencial, integran también una red política familiar: el perredista acusado de tener ligas con el crimen organizado es hermano del que en ese tiempo era gobernador del Estado de Michoacán; el diputado local priista de Coahuila señalado por una defraudación fiscal de casi 1,500 millones de pesos, es hijo de un diputado federal en funciones por el mismo partido del de su hijo; y los dos diputados federales panistas guanajuatenses en ejercicio, acusados de de gestionar permisos de casinos, son hermanos (del senador panista acusado de recibir 800,000 dólares por gestionar la apertura de un casino en Querétaro no se le conoce algún pariente activo en la política).

Algunos, desde antes de tener fuero ya realizaban actividades presuntamente ilícitas, y pudieron haber buscado el cargo de elección popular para obtener esa protección. En otros puede ser que el fuero los haya impulsado o motivado a inmiscuirse en esas actividades, dada la dificultad que existe para que un legislador sea "desaforado" y puesto en manos de la justicia. Por ello, existen quienes con justa razón han planteado la supresión del fuero y legisladores que han presentado iniciativas para suprimirlo.

Hacerlo implicaría abrir la puerta a las agresiones, represalias con fines políticos y acusaciones temerarias entre los poderes y sus integrantes. Lo que se puede es reducir los funcionarios que pueden tener derecho a él (únicamente los de elección popular y los ministros de la Corte), y eliminar el desafuero o declaración de procedencia para que quienes gocen de esta protección puedan ser sujetos de proceso penal cuando incurran en flagrancia o se solicite su aprehensión por delitos graves.

De esta forma, el funcionario sólo perdería su inmunidad y cargo en caso de ser encontrado culpable en un juicio expedito. Esto significaría quitarle al fuero la impunidad sin desaparecerlo.

Javier Hurtado
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 9 de febrero de 2013).

Juan Ignacio Núñez Ruiz-Velasco
(v.pág.20 "Los correos del público" del periódico Milenio Jalisco del 5 de octubre de 2012).

Castro Luque fue asesinado el pasado 14 de septiembre en el municipio de Cajeme, y Fernández Félix, autor intelectual del homicidio, pagó 40,000 pesos al presunto autor material.

El fiscal precisó que el crimen fue planeado desde que Castro Luque, priista, ganó el 1 de julio. Lo que pretendía su suplente era quedarse con la curul.

Fernández Félix se encuentra prófugo, mientras que 4 personas ya están detenidas y bajo arraigo.

(V.Animal Político del 24 de septiembre de 2012).

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.3-A del periódico El Informador del 18 de septiembre de 2012).

De acuerdo con las primeras versiones, el legislador, quien al parecer salió de su casa a comprar el periódico, fue interceptado por uno o dos hombres con quienes discutió, y fue apuñalado en el pecho.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 17 de septiembre de 2012).

El ataque al priísta tuvo lugar en la avenida Quintana Roo No.523, entre las calles Yaqui y Mayo de la colonia Chapultepec.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:55 horas de ayer viernes, momento en que Castro Luque llegaba a su domicilio a bordo de una camioneta Explorer, cuando, al estar a unos pasos de su hogar, un sujeto a bordo de una motoneta le disparó en varias ocasiones.

Estaba previsto que formaría parte de la 60 Legislatura del congreso estatal, que se instalará en los primeros minutos de mañana domingo.

(V.periódico El Universal en línea del 15 de septiembre de 2012).

Jorge Fernández Menéndez
(v.pág.8-A del periódico El Informador del 20 de junio de 2012).

(V.pág.4-A del periódico El Informador del 4 de junio de 2012).

Josefina Vázquez Mota, candidata panista a la Presidencia de la República
(v.pág.2 del periódico Milenio Jalisco del 11 de mayo de 2012).

Y ya que hablamos de panistas, en su visita dominical a Guadalajara la candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, se pronunció por el ¡fuera el fuero! Lo malo es que nadie le platicó del caso de Gustavo Macías.

Allá en La Fuente
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 17 de abril de 2012).

Tras admitir su levantón, el diputado local declaró que no iba a presentar denuncia por el hecho, debido a las amenazas de que podrían actuar en contra de su familia. Hablamos de un diputado local, que goza de fuero y ciertas relaciones para presentar su denuncia. Nada de eso valió debido a las amenazas.

Rubén Martín
(v.pág.2-A del periódico El Informador del 3 de abril de 2012).

(V.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 2 de diciembre de 2011).

Por eso, contra lo que afirma el senador Pablo Gómez del PRD, el fuero no es una institución desprestigiada. Y aunque lo fuera, es una herramienta necesarísima para sostener a los próceres en su curul, que ejercen su derecho a cruzar el pantano y dejarlo de lo peorcito.

Si bien es cierto que este blindaje merecería tener un destino más glorioso que el de salvoconducto para El Torito y el tráfico de influencias en la ruta crítica de la bella impunidad, siempre es grato que, gracias a su cobertura amplia, el zoon politikon administre lo que viene siendo sus moreiriñas.

Porque si la pretensión de Pablo Gómez es romper con las tradiciones mexicanas, re-temblará en sus centros la tierra.

Jairo Calixto Albarrán
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 2 de diciembre de 2011).

De acuerdo al dictamen avalado con 81 votos, los servidores públicos con fuero podrán ser sujetos a proceso penal sin ser privados de su libertad ni separados de su cargo, y en caso de ser declarados culpables, serán removidos y sometidos a la condena que el juez determine.

Las reformas modificarían el fuero del presidente de la república, los secretarios de estado, diputados federales, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Además, a consejeros de la Judicatura Federal, consejeros del IFE, jefe de Gobierno del Distrito Federal, asambleístas, procuradores general de la República y estatales, entre otros.

También será extensiva a gobernadores, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, miembros de los consejos de las judicaturas locales y magistrados electorales de las entidades federativas.

Al hablar a favor de las reformas a los artículos 6, 11 y 112 de la Constitución, el senador Pedro Joaquín Coldwell afirmó que con ellas se ataca de fondo "la impunidad que más lastima a los mexicanos: la impunidad de los políticos".

El legislador del Partido Revolucionario Institucional afirmó que actualmente mientras la Suprema Corte de Justicia no emita una declaración de procedencia para quitar el fuero, no hay proceso judicial.

"Sin embargo, con las modificaciones se iniciará el proceso penal preservando la inmunidad del servidor público que se trate, y será juzgado, y ya con una sentencia el Congreso decidirá si le quita o no la inmunidad", añadió.

El legislador priista advirtió que si el Congreso de la Unión no elimina la inmunidad a pesar de que haya una sentencia penal, esta seguirá firme y se aplicará cuando el funcionario público termine su encargo.

De acuerdo a las reformas, los servidores públicos señalados podrán ser sujetos de proceso penal "cuando exista presunta responsabilidad penal", y mientras se lleva a cabo podrán seguir en su cargo, y no podrán ser privados de su libertad.

Sin embargo, cuando el juez de la causa dicte sentencia condenatoria de primera instancia, solicitará a la Cámara de Diputados retirar la inmunidad para que el sentenciado cese en sus funciones y quede a disposición de la autoridad correspondiente.

De igual manera, se aplicará el mismo procedimiento al presidente de la república, para lo cual la colegisladora será cámara de origen para resolver el pedido judicial, y el Senado fungirá como el órgano revisor que adoptará su decisión dentro de 10 días hábiles.

También hablaron a favor de las reformas, que fueron enviadas a la Cámara de Diputados, los senadores del PAN, Alejandro Zapata Perogordo; del PRD, Pablo Gómez, y el priista Jesús Murillo Karam.

(V.Notimex del 1o.de diciembre de 2011).

Luego de confesar su participación en este doble asesinato, el detenido afirmó que fue él quien recibió los 300,000 pesos de manos del alcalde de Tlapa de Comonfort, Willy Reyes Ramos, como pago total por el asesinato del diputado numero 500 y su asistente el pasado 4 de septiembre.

Dijo que fue contratado por el edil el pasado primero de septiembre en la ciudad de Acapulco, momento donde les dio a conocer la ubicación y actividades del legislador en la ciudad de Tlapa en los días subsecuentes.

El joven de 22 años refirió que cobró 20,000 pesos por su participación por el asesinato del legislador y su chofer, y que fue él quien se encargó de contratar a Antonio Jiménez Chino, detenido junto con su hermano el pasado 5 de octubre en la ciudad de Tlapa.

En su declaración ministerial aseguró reunirse con el alcalde de Tlapa el pasado primero de septiembre, "donde a bordo de su camioneta nos contrato para matar a una persona a cambio de 300,000 pesos, cantidad que nos pago en el mismo lugar en billetes de denominación de 500 pesos".

El alcalde volvió a insistir en su inocencia en torno al crimen del diputado.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 22 de noviembre de 2011).

(V.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 4 de noviembre de 2011).

La ejecución se registra a 11 días de las elecciones para renovar la gubernatura, 113 ayuntamientos y el congreso.

El procurador de Justicia, Jesús Montejano, informó que el ataque provino de una camioneta en movimiento, al parecer tipo Jeep, color negro.

(V.primera plana del periódico Mural del 3 de noviembre de 2011).

Salvador García Soto
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 21 de septiembre de 2011).

El diputado federal priísta fue secuestrado en Tlapa de Corso el 4 de septiembre; sus restos fueron encontrados este sábado junto a los de su chofer.

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 19 de septiembre de 2011).

El fuero tiene antecedentes internacionales muy remotos, en México lo contempló por primera vez la constitución de Cádiz en 1821 y lo conservaron las constituciones que le sucedieron hasta la actualidad.

Originalmente el propósito del fuero era proteger los intereses de los nobles y el clero. En el país se pensó en proteger con él a los legisladores para que no se limitaran sus opiniones o ideas ante la amenaza y riesgo de una detención, denuncia o demanda, luego se amplió a funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial.

A la par, se daba también fuero a la milicia que se completaba con un amplio código militar.

Hay voces que señalan la necesidad de cambiar el sentido del fuero para representantes populares designados por elección mayoritaria directa, toda vez que las condiciones sociales, políticas y económicas actuales ya no justifican la existencia de este privilegio que en la historia más reciente del país, sólo ha servido para dilatar la justicia y fomentar la impunidad.

Seguramente habrá quienes estén a favor de la eliminación del fuero para diputados y senadores y quizá también para presidentes municipales, secretarios de estado, ministros y presidente de la república, aunque también existen quienes esgrimen razones válidas para conservarlo tal como está y otras voces que sugieren su regulación más adecuada a los tiempos actuales.

Derivado de lo anterior, el argumento mejor sostenido de quienes optan por conservar el fuero, pero regularlo, tiene que ver con una concurrente problemática, ya que en casos de desafuero de algún servidor público, es evidente la tardanza del proceso para retirarle dicha inmunidad y dejarlo sujeto a las consecuencias legales que procedan como producto de las irregularidades o delitos que se le imputen, con lo que ciertamente se favorece la impunidad en detrimento de una justicia más rápida y expedita.

El debate, en este caso, no debe ser sólo en el aspecto judicial, la sociedad tiene el derecho de participar en las decisiones como esta que son de importancia para todos, y dadas las circunstancias que rodean este tema, no sólo es prerrogativa, también es una obligación ciudadana.

Celso Rodríguez González
(v.pág.6-A del periódico El Informador del 25 de julio de 2011).

Incluso, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ofreció a los legisladores instalar una oficina del Ministerio Público dentro del palacio de San Lázaro.

Trascendió
(v.pág.4 del periódico Público del 25 de marzo de 2011).

Los panistas Claudia Rodríguez, Nicolás Morales, Abelardo Lara, José Antonio de la Torre, Martín Covarrubias, Ramón Guerrero, Alfredo Argüelles y Abraham González Uyeda quieren modificar la Constitución local, para que los políticos respondan por sus acciones en la entidad, independientemente de que se mantenga el fuero a nivel federal.

González Uyeda aseguró que esta medida es para evitar la impunidad de la que algunos llegan a abusar.

"Se ha abusado del fuero, convirtiéndolo en un sinónimo de impunidad, de corrupción, prepotencia, tráfico de influencias o simplemente una oportunidad de tener derechos y privilegios sobre todos los demás", comentó.

Si algún gobernante es detenido de manera preventiva, será suplido a través de los mecanismos ya previstos en la Constitución.

El panista dijo que esta propuesta es diferente a la de la priista Rocío Corona, presentada el 7 de octubre del 2010, porque ella también pretende quitar el fuero a nivel federal, lo que implica más tiempo.

El panista dijo que la reforma es necesaria para fortalecer la cultura de la legalidad en todos sus niveles, tanto en los gobernantes como los gobernados.

(V.pág.2 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 10 de marzo de 2011).

Consagrado en el Artículo 61 constitucional, legisladores consideraron que hoy el fuero es manto protector y velo de impunidad del político en desgracia y del perseguido por la justicia.

"Si queremos recuperar la credibilidad del poder legislativo, debemos entrarle a estos temas", aceptó el coordinador de Acción Nacional en el Senado de la República, José González Morfín.

"La Constitución dice que el fuero es la inmunidad que tenemos para no ser reconvenidos por nuestras opiniones. Yo creo que el fuero no debería ser más que eso. Pero, ¿qué es lo que en la práctica ha sucedido? Que se ha entendido el fuero como una patente de impunidad, como un manto protector que permite al legislador no someterse a la acción de la justicia cuando comete cualquier delito, cualquier falta o cuando se presume que la ha cometido".

Lo que es necesario, es hacer caso a lo que estrictamente dice la Constitución, es decir, que ningún legislador pueda ser reconvenido o atacado por lo que dice.

Y por ende, explicó, ningún legislador debe excluirse de un juicio civil o penal sólo por ser legislador.

El ex secretario de Gobernación, Francisco Labastida, hoy senador del Revolucionario Institucional, aclaró que el fuero es para proteger a los legisladores por sus dichos, por lo que si uno comete un delito, así sea pasarse un alto, "tiene que pagar".

El senador del Partido de la Revolución Democrática Pablo Gómez Álvarez, ya presentó una iniciativa de reforma al Artículo 111 de la Constitución en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados.

De entrada aclaró que el fuero no es legislativo, más bien es una inmunidad constitucional "de los poderes", porque también están protegidos los ministros de la Corte, el congreso, el presidente y los secretarios de estado.

Su propuesta se basa en que se desarrolle el juicio contra el legislador, secretario de estado o el mismo presidente y una vez que sea juzgado y sentenciado, la Cámara de Diputados vote la posibilidad de retirar el fuero para que se haga justicia.

"De tal manera que los procesos penales puedan desarrollarse sin que sea requisito la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados y, por tanto, la separación del cargo".

La iniciativa propone que el Presidente de la República pueda ser tratado de la misma forma que los demás integrantes de los poderes públicos de la federación, pero se necesitaría del voto de las 2 cámaras del congreso para removerlo del cargo.

Gómez refirió que el fuero existe en otras partes del mundo, pero la diferencia es que cuentan con su sistema para "removerlo", mismo que incluye en su iniciativa. Sobre si el fuero se ha pervertido, Gómez Álvarez consideró, a diferencia de otros, que no.

Labastida Ochoa coincidió en que la función central del fuero es esa: que los legisladores no sean reconvenidos en sus declaraciones, "pero no los exenta de la aplicación de la ley".

El senador del PAN y ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, señaló que debe de mantenerse en la ley que los legisladores no sean reconvenidos por sus dichos, pero quien cometa un delito debe ser procesado.

El legislador planteó que la figura del fuero debe reformarse y quitar ese manto de impunidad que la sociedad valora de manera negativa.

Creel Miranda dijo no entender por qué si hay tanto consenso en el tema entre la clase política, hay apatía y falta de compromiso de muchos legisladores para evitar que se aprueben reformas de este calado.

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 13 de febrero de 2011).

(V.pág.8 del periódico Mural del 6 de enero de 2011).

Armando Fuentes Aguirre "Catón"
(v.periódico El Siglo de Durango en línea del 16 de diciembre de 2010).

En la sesión de San Lázaro, el priista Rubén Moreira presentó la propuesta que busca regular el fuero constitucional para evitar abusos y la evasión de responsabilidades que pudieran derivar de las conductas de los funcionarios públicos, especialmente en materia penal.

"La iniciativa propone una excepción a la declaración de procedencia para diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, como requisito de procedibilidad de las acciones penales, tratándose de delitos graves calificados así por la legislación penal".

El documento presentado a nombre de una decena de legisladores del PRI añade que no será necesaria la declaración de procedencia cuando los legisladores sean detenidos en flagrancia cometiendo delitos de carácter patrimonial o contra la vida e integridad de personas.

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 10 de noviembre de 2010).

La idea de esta página es que los señores y señoras legisladores se den cuenta de qué le parece a la ciudadanía que no puedan ser enjuiciados por los delitos que cometen durante su encargo. noalfuero.org no pertenece ni es patrocinada por algún partido político, fundación, asociación civil ni ONG alguna. Simplemente está para que quien quiera dejar un comentario sobre el tema lo haga.

Por supuesto que sería ideal que participaran los legisladores y legisladoras y que dijeran por qué es importante para ellos poder delinquir durante el tiempo que dura su encargo. Se entiende que no quieran ser sometidos a juicio. A ningún delincuente le gusta, ni a los narcos, ni a los violadores, ni a los secuestradores. Pero si ellos son sorprendidos por la autoridad son llevados ante los jueces para que se les juzgue. Pero no sólo los delincuentes. Los ciudadanos tienen que someterse a las autoridades. Los detiene la policía por infracciones de tránsito o por faltas menores o mayores a diversas normas y reglamentos. ¿Por qué a los legisladores no?

El abuso que se hace de la figura del fuero es una de las formas más grotescas de la impunidad en el país. El que sean los responsables de hacer las leyes quienes se beneficien de esa manera es aberrante. El fuero en su modalidad actual ofende a los ciudadanos, pero también denigra a los legisladores y el ejercicio de sus funciones.

Juan Ignacio Zavala
(v.pág.13 del periódico Público del 24 de octubre de 2010).

Ya que se va a discutir el fuero militar, bajo el argumento de que se ha usado este fuero en una forma indebida para proteger a militares de actos atroces, ¿no sería éste el momento de abrir el debate del fuero de los diputados y senadores?

¿Con qué autoridad moral pueden los legisladores discutir y votar sobre legislación que busca cambiar el fuero militar, si no están dispuestos a debatir el abuso del fuero legislativo?

Ana María Salazar
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 23 de octubre de 2010).

Godoy, sobre el que existe abundante información que demuestra su relación con el cártel de "La Familia Michoacana", tiene que enfrentar a la justicia que será la que determine si es o no culpable. Durante más de un año estuvo prófugo de la justicia y el fallo de un juez federal que le reconocía sus derechos políticos fue suficiente para que en la Cámara de Diputados, con la colaboración de todos los partidos, se le ayudara a entrar subrepticiamente a San Lázaro para que pudiera rendir protesta como diputado federal y adquirir fuero constitucional; o sea, impunidad.

Envalentonado por la cobertura que le dio la Cámara de Diputados, Godoy se paseó sonriendo por San Lázaro, ofreció conferencias de prensa y se convirtió en celebridad hasta el jueves, cuado la difusión de una grabación -una de las menos incriminatorias, de acuerdo con fuentes federales- donde conversa fraternalmente con "La Tuta", dejó expuesto al congreso como un espacio donde la impunidad es el nombre del juego. Todos en San Lázaro, porque ninguno protestó, se prestaron al juego.

"Juntos, al propiciar que tomara protesta como diputado federal, le regalaron el fuero constitucional contemplado en el Artículo 61, que protege la inviolabilidad de los legisladores por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Visto de manera purista, sólo tendría que ver con la libertad de expresión, como fue concebido originalmente bajo la inspiración inglesa, en donde surgió en el siglo XVII el concepto de inmunidad e inviolabilidad parlamentaria denominado freedom from speech y el freedom from arrest -excepción de prisión por deudas-, a través del cual se protegía la libertad personal frente a las acciones judiciales de carácter civil, no frente a las acciones judiciales criminales o penales.

Pero los diputados, amparados en el Artículo 111 que dice que el fuero es una salvaguardia para evitar que a un legislador se le pueda detener o juzgar por los tribunales comunes por la comisión de un delito, sin que haya habido previamente la declaración de la Cámara de Diputados que emita si ha o no lugar a proceder en contra del legislador que presuntamente ha delinquido, blindaron a Godoy.

Es decir, para que sea juzgado tiene que haber un Juicio de Procedencia, contemplado en el mismo Artículo 111, donde la Cámara de Diputados deberá declarar por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha lugar o no a proceder contra un diputado por la comisión de delitos durante su encargo. Es irrelevante que las imputaciones a Godoy hayan sido fuera del periodo de "su encargo", pues la cámara, escudada en la ambigüedad de la redacción de los artículos, lo blindó contra la ley.

En éste, como en todos los casos donde los legisladores han llegado a infringir la ley, la interpretación del congreso siempre se inclina a brindarles protección, destruyendo por completo el principio por el cual fue incorporado el fuero en la Constitución.

En el caso de Godoy, cuya responsabilidad ante la ley todavía falta de ser juzgada, los diputados brincaron rápidamente a protegerlo, pero con la grabación difundida quedaron desnudados como cómplices de un presunto delincuente. Le regalaron dos meses para que haga lo que quiera, inclusive fugarse -que es lo que durará la revisión en el congreso de su caso-, y politizaron la justicia. Hay razones de sobra para despreciar a la Cámara de Diputados por sus manejos torpes y autoritarios. Pero también tiene el Congreso una oportunidad extraordinaria para aprovechar la fuerza del descrédito y convertirlo en un acto positivo: modificar el fuero constitucional y que regrese a ser un instrumento de equilibrio de poderes, no de protección cínica para legisladores. Lo que no se pueden permitir es mantener el estado de cosas como hasta ahora, y seguir evadiendo esa reforma como impúdicamente lo han hecho por años.

Raymundo Riva Palacio
(v.pág.19-A del periódico El Informador del 18 de octubre de 2010).

La coordinadora del Partido Acción Nacional en San Lázaro, Josefina Vázquez Mota, quien sin mencionar por su nombre el caso del diputado del Partido de la Revolución Democrática, Julio César Godoy Toscano, dijo que el fuero se degrada cuando se utiliza como "paraguas de la impunidad".

En el editorial de la revista "Semana", órgano de difusión de la bancada del PAN, expuso que la impunidad ha lastimado profundamente la confianza y credibilidad en las instituciones, en los sistemas de impartición de justicia, en el quehacer de la política, en el valor de las leyes.

"El fuero entonces se degrada, pierde su propósito y se convierte en promotor y paraguas de la impunidad: cuando da licencias para tomar la tribuna; para traficar influencias; para atropellar la ley; para evitar ser tratado con el mismo rasero del resto, es decir, de millones de mexicanos".

Vázquez Mota lamentó que el fuero del que gozan los legisladores se convierte en un abuso y se intenta convertirlo en renuncia de responsabilidades y solo exigencia de derechos y privilegios.

"Ha llegado el momento de debatir y tomar decisiones respecto al fuero. Las condiciones actuales que enfrenta el país, el descrédito de la clase política, la exigencia por salvaguardar y fortalecer la democracia y en especial, la vigencia del estado de derecho".

Se pronunció por acotar el fuero o al menos impedir que siga siendo para algunos "el permiso para transitar y vivir justo al margen de las leyes, en una impunidad que duele y carcome la esperanza".

"Tiempo atrás eran las ‘charolas’ colocadas en un parabrisas lo que daba ‘impunidad’ para estacionarse en un lugar prohibido; para transitar en sentido contrario o bien, para usando las ‘influencias’ del cargo de legislador, traficar privilegios, prebendas, negocios".

(V.pág.5-A del periódico El Informador del 27 de septiembre de 2010).

Lo peor del robo es que ocurrió en medio del fallido cerco de la Policía Federal, que llevaba 3 días venadeando a Julio César Godoy Toscano, quien ayer estrenó su fuero pendejeando a la PGR... y viajando a su natal Michoacán.

Trascendió
(v.pág.4 del periódico Público del 24 de septiembre de 2010).

Los diputados revisarán la figura del fuero constitucional para que no permita la impunidad de los funcionarios públicos, además, buscarán evitar que esta herramienta jurídica en contra de los abusos de poder sea utilizada de manera discrecional.

El diputado federal del PRI recordó que el juicio político no es un juicio de responsabilidad civil, ni penal.

(V.pág.3 del periódico Mural del 26 de agosto de 2010).

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado contó ayer que fue una víctima más de la delincuencia en la ciudad, luego de que el miércoles por la tarde le robaron a mano armada el vehículo que le fue asignado.

El diputado por el PRD informó que estaba estacionado en el cruce de las avenidas La Paz y Circunvalación Santa Eduviges cuando, al bajarse del vehículo, se le acercaron 3 hombres, 2 de ellos con armas de fuego, para pedirle que les entregara las llaves de la Jeep Comander blanca, modelo 2008.

(V.pág.11 del periódico Público del 7 de mayo de 2010).

La legisladora sacó 60,000 pesos de una sucursal de Bancomer ubicada sobre la Vía Morelos, a unas cuadras de la presidencia municipal, y cuando subía a su camioneta en compañía de su asesor, fue interceptada por 2 individuos armados.

Los 2 hombres dispararon y rompieron el cristal del vehículo, por lo que arrebataron entonces el bolso de la congresista por el Partido de la Revolución Democrática donde llevaba el dinero.

La legisladora, de 21 años, consideró que es necesario que se investigue al personal de los bancos, ya que no es creíble que luego de que un cuentahabiente retira dinero de la sucursal, los delincuentes se enteren inmediatamente.

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 13 de abril de 2010).

(V.pág.4 de la sección "Comunidad" del periódico Mural del 18 de marzo de 2010).

Madero subrayó que de ninguna manera se pretende gozar de fuero, como un sinónimo de privilegio y mucho menos de impunidad.

"El fuero constitucional sin límites, el cual ha sido acompañado de prácticas viciosas al margen del derecho y de anécdotas vergonzosas, se han traducido en un profundo rechazo de la población hacia la clase política", aceptó.

Sin embargo, hizo notar que lo que se requiere es modernizar esa figura, quitando procedimientos que lo hacen tortuoso, para que quien delinca sea sujeto de sanciones y no goce de impunidad.

Jesús Murillo dijo que no le preocupa la resolución de los ministros, porque se puede resolver con reformas de ley, pero sí alerta el ambiente en que se da.

El panista Alejandro Zapata acusó a los ministros de pretender restringir la "libertad sagrada de expresión" de los legisladores, así como de una actitud injerencista de la Corte.

(V.pág.27 del periódico Público en línea del 26 de febrero de 2010).

El partido en el gobierno y la oposición cerraron filas para inconformarse por esta decisión.

El senador del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Murillo Karam, espetó que la resolución "nos pone horarios y lugares para tener fuero".

En tanto, el senador panista Alejandro Zapata Perogordo, recriminó al máximo tribunal que piense que la función de un senador se limita a un recinto legislativo.

El debate ocupó por lo menos media hora de la sesión en el Pleno.

"¿Cuando voy al baño dejo de ser senador?", lanzó Murillo.

[El webmaster le hubiera respondido que aunque la mierda salga por diferente agujero, depende de la clase de mierda que emita en un momento dado.]

(V.periódico El Universal en línea del 25 de febrero de 2010).

Coincidió en que el fuero como se ha concebido ha permitido una serie de distorsiones, y excesos en el pasado, de ahí que anunció que presentará una iniciativa precisamente para limitar el fuero legislativo para que los legisladores puedan enfrentar procesos civiles cuando se justifique.

Dijo que la resolución de la Suprema Corte, es coincidente con esa manera de pensar.

Dijo que hay que simplificar el proceso, de ahí que se pronunció porque en temas civiles, los legisladores puedan enfrentar acusaciones directamente durante su ejercicio, sin que el fuero tenga algo que ver.

Ejemplificó que un legislador debería enfrentar a la ley cuando -por ejemplo- atropella a una persona.

"Somos tan responsables como todos los ciudadanos", sentenció.

Sostuvo que la reforma es para que cualquier legislador pueda enfrentar cualquier acusación civil durante su encargo, y que el fuero no sea un impedimento como es hasta la fecha.

"Yo creo que debemos de acotar el fuero para que funcione simplemente para garantizar que el legislador tenga la posibilidad de emitir opiniones con libertad en el ejercicio de su función legislativa y no en excesos".

"Creo que esto puede ser positivo y si aún podemos en la misma legislación nosotros hacer alguna modificación para precisarlo con más puntualidad", concluyó.

(V.periódico El Universal en línea del 23 de febrero de 2010).

Por 8 votos contra 3, la mayoría de ministros del alto tribunal determinó que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 61 de la Constitución, los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, dentro o fuera de sus recintos legislativos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

Pero únicamente, precisaron, cuando sus opiniones las hagan como parte de las funciones y actividades que la misma Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos les confiere.

Porque, aclararon, las opiniones que viertan en funciones ajenas a su labor legislativa no gozan de la protección que les otorga la Constitución y, por lo tanto, en estos casos sí podrán ser juzgados por la vía civil por daño moral cuando afecten a terceros con sus dichos.

La inviolabilidad parlamentaria que tienen los legisladores por las opiniones que emiten, explicó el ministro Arturo Zaldivar durante la discusión, es diferente a la inmunidad parlamentaria o procesal de que también gozan, que se conoce como "fuero", y que sirve para no ser procesados por algún delito, sin antes habérseles quitado esta protección.

La Corte limitó y acotó las expresiones de los legisladores al resolver un juicio de amparo que enfrentó al ex senador priísta Manuel Bartlett con el ex diputado panista Germán Martínez.

En este caso, el máximo tribunal resolvió que sí procede la demanda por daño moral contra el ex líder nacional del Partido Acción Nacional y ex secretario de la Función Pública, Germán Martínez, por haber afirmado que el priista había sido responsable del fraude electoral registrado en 1988 y que también era el responsable del asesinato del periodista Manuel Buendía ocurrido en 1984.

De acuerdo con el constitucionalista Francisco Tortolero, de la UNAM, hasta la fecha se consideraba que el legislador portaba el cargo de manera permanente e ininterrumpida. La Corte deja atrás esa concepción.

"Lo que se establece ahora es que habrá que observarse en calidad de qué está hablando. Si está hablando como individuo, como particular o como miembro de un partido político. Ya no se entiende que es absoluta la protección".

"Es un principio general para todas las asambleas legislativas. Si bien se refiere directamente al congreso federal, debe entenderse que es un principio que cubre a todos. Si no, no tendría sentido".

"Para el caso de actos ilícios, el procedimiento actual sigue vigente. El legislador no puede ser demandado penalmente, a menos que haya una declaración de procedencia, durante el encargo. En caso contrario, el procedimiento no prescribe y puede ser juzgado al final de la legislatura. Sólo durante su encargo está protegido".

(V.pág.3-A del periódico El informador del 23 de febrero de 2010).

La víctima, Armando Chavarría, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, era actualmente presidente de la comisión legislativa de Gobierno de ese estado y había sido secretario de Gobierno local hasta el 6 de mayo de 2008, cuando dimitió a raíz del asesinato de 17 ganaderos.

(V.Agencia Efe del 20 de agosto de 2009).

Precisaron que el plagio tuvo lugar la tarde del martes cuando un grupo de hombres llegó al restaurante del que salía la legisladora, la encañonaron y la obligaron a subir a una camioneta.

Sus familiares pidieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado que no intervenga.

Se informó que los secuestradores se han comunicado vía telefónica varias veces con el hijo y el hermano de Rocha Ramírez para exigir dinero por la diputada, además de que les advirtieron sobre no dar aviso a las autoridades.

De acuerdo con versiones extraoficiales, los delincuentes piden 10 millones de pesos como rescate.

(V.pág.2 del periódico Mural del 30 de julio de 2009).

Los alcaldes, explican abogados penalistas y constitucionalistas, no están contemplados en la lista de funcionarios a los que la Constitución les otorga fuero para que no puedan ser sometidos a un juicio.

La Carta Magna, en su artículo 108, sólo permite que los estados, a través de sus constituciones, sean quienes doten o no de fuero a sus presidentes municipales, pero únicamente para que no se les puedan fincar delitos locales, aclara Edgar Corzo, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

(V.pág.2-A de El informador del 27 de mayo de 2009).

El alcalde viajaba a bordo de una camioneta y 100 metros antes de llegar a su casa se le acercó un automóvil desde el que 2 individuos no identificados dispararon 4 tiros de pistolas calibre 9 milímetros.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.

El ataque contra el alcalde de Vista Hermosa se produce 2 días después una agresión a tiros contra escoltas que protegían al gobernador del norteño estado de Chihuahua, José Reyes Baeza, quien minimizó el hecho al señalar que se trató de un incidente vial, pese a que murió uno de sus guardias y 2 quedaron heridos.

(V.Agencia Efe del 24 de febrero de 2009).

La tremenda corte
(v.pág.3 del periódico Público del 1o.de agosto de 2008).

Cerca de las 21:30 horas los legisladores viajaban en un automóvil cuando fueron interceptados por 3 sujetos a bordo de un auto BMW, quienes los encañonaron en la cabeza con armas de fuego y los despojaron de sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Reforma y Periférico, en la delegación Miguel Hidalgo.

Los legisladores declararon que al momento del asalto fueron amenazados de muerte, aunque resultaron ilesos.

(V.periódico Milenio en línea del 9 de mayo de 2008).

Quien le habló le había dicho que tenían secuestrado a su hijo y le ordenó que de inmediato fuese a una sucursal bancaria en el mismo Palacio Legislativo para depositar la cantidad que le pedía.

Varios compañeros se acercaron a ella, la auxiliaron, la abrazaron. Sin embargo, la joven legisladora se separó de ellos, echó a correr, cruzó la explanada, llegó a las oficinas del banco. No colgaba el llamado, en la mano temblorosa mantenía el móvil. Poco después, su angustia se convirtió en terror. La misteriosa voz le exigió por el teléfono que se saliera de inmediato de ese local, y para que no le quedaran dudas, le dijo cómo estaba vestida. En esos mismos momentos, Mirna Cecilia Rincón recibía informes ciertos: sus hijos, en su tierra natal, estaban bien, a salvo. Ya no pudo más. Perdió todas las fuerzas. La llevaron a la enfermería.

Una jornada insólita en San Lázaro. El incidente o intento de extorsión ocurrió cerca del medio día. Poco después, otra diputada, también integrante de la bancada del PAN, Lizbeth Medina Rodríguez, recibió un llamado en su celular. Una voz aparentemente infantil le aseguraba que era su hija y que se la estaban llevando. Ella de inmediato supo que no era cierto. Y hubo más telefonemas a otros legisladores. Más expresiones de alarma. El ambiente se cargó a tal punto que la presidenta de la cámara, Ruth Zavaleta, decidió levantar la sesión, dijo que las amenazas telefónicas estaban "fuera de control".

(V.pág.6-A de El informador del 28 de noviembre de 2007).

Las llamadas telefónicas, tan parecidas a las que millones de mexicanos han estado recibiendo del crimen organizado desde hace varios años.

Vicente Bello, en "Tren Parlamentario"
(v.pág.6-A de El informador del 28 de noviembre de 2007).

El atentado ocurrió al filo de las 14:45 horas.

(V.primera plana de El Informador del 13 de junio de 2007).

(V.pág.42 del periódico Público del 28 de mayo de 2007).

(V.primera plana de El Informador del 6 de enero de 2007).