El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no reconocer la deuda del Fobaproa afectaría más al país si se declara impagable y subrayó que "desde el principio sí fue un grave error y en política los errores son como crímenes, pero también nos llegó la enseñanza de no volver a esos esquemas que además son completamente injustos".

Durante la "mañanera" de este miércoles expuso que la deuda pendiente del Fobaproa es como de un billón de pesos y cada año hay que estar pagando intereses.

"Toda esa deuda entró al mercado financiero como bonos que nos generaría un conflicto mayor el querer no reconocerla como deuda, nos afectaría más como país si la declaramos impagable. Eso lo analizamos desde el principio", explicó el mandatario.

Señaló que lo importante es la no repetición y que nunca vuelvan más estas aberraciones, absurdos y estas grandes injusticias. "Eso es el neoliberalismo, el neoporfirismo".

De la misma manera, comparó el rescate bancario vía el Fobaproa con lo que ocurrió durante el porfirismo con el rescate de las empresas ferrocarrileras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) ascendió a 2 billones de pesos y todavía se debe lo mismo que costó el rescate, un billón, es decir, estamos hablando de 3 billones de pesos.

Explicó que anualmente deben destinarse entre 30 o 40,000 millones de pesos del presupuesto público solamente para pagar los intereses del Fobaproa.

La diputada chiapaneca Patricia Armendáriz, que fue parte de lo que hoy conocemos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó en 2011 su versión sobre el Fobaproa. Lo hizo en el libro "Privatización bancaria, crisis y rescate del sistema financiero. La historia contada por sus protagonistas", editado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Privatización-crisis-y-rescate.-Tomo-I.pdf).

En ese volumen ella tiene un capítulo llamado "Privatización, crisis y rescate bancarios. Desde la perspectiva de la supervisión".

Recomiendo leer el detallado recuento en primera persona de Patricia, en el que subraya que el gobierno mexicano cometió varios errores en la privatización bancaria, primero, y en la supervisión del manejo de esas instituciones, después, cosa que, en parte, agravó la crisis de 1994-1995.

El relato que hace Patricia es detallado y, hay que decirlo, cuidadoso al aportar elementos para que no se hagan juicios sumarios sobre todos los banqueros, o sobre la operación del gobierno al enfrentar la insolvencia de instituciones bancarias.

Llega a comentar que "uno de los grandes mitos sobre el rescate bancario" es que "se utilizó para salvar a los banqueros, además de los ahorradores. Se olvida o se ignora que sólo sobrevivieron 4 bancos, y lo lograron porque la estrategia que siguieron antes de la crisis los diferenció de aquellos que se dejaron llevar por la euforia o prácticas fraudulentas".

Cito otros 2 párrafos: "Otro gran mito es que los banqueros defraudaron al gobierno con el intercambio masivo de cartera (...) que nos entregaron toda la basura que pudieron encontrar e inventar a cambio de dinero de los contribuyentes. La acusación reiterada es que no supimos o no quisimos valuar lo que se nos entregaba. (...) El 99% de los banqueros se comportó de forma seria y responsable. Varios nos entregaron las llaves del banco porque ya no podían más. Aunado a lo anterior, no sabían cuántas pérdidas adicionales y otras sorpresas desagradables podían surgir en el futuro".

El texto de Patricia apunta, claramente, a que el gobierno falló porque no existía "capacidad de supervisión". Eso "en medio de las arengas que buscaban ver sangre por parte de los partidos de oposición y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). (...) El gobierno mexicano había actuado de la mejor manera posible dadas las circunstancias. Esto, por supuesto, no les gustó a los perredistas ni a los panistas, pero lo cierto es que se actuó como se pudo y como se debió actuar".

Tras más de 20 años los intereses del rescate bancario han resultado en pagos que al día de hoy superan la deuda original. De acuerdo con cifras oficiales, el acumulado de las obligaciones financieras, que derivaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y que se socializaron en 1998, rebasan 1.4 billones de pesos. Sólo para el próximo año exigirán un presupuesto similar al de la secretarías de Marina, o de Energía o Medio Ambiente y Recursos Naturales, esto sólo para el pago de recargos y costos de administración.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que a julio de 2021 los requerimientos del programa de apoyo a deudores y los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) -mecanismo a través del cual la deuda del sistema bancario se absorbió como obligaciones soberanas- sumaron 1"021,471 millones de pesos a precios actuales, un saldo por arriba de los 704,918 que representaban en diciembre de 2000.

Los trabajadores y contribuyentes menores de 30 años tienen enfrente toda su vida laboral para pagar el saldo del rescate bancario, lacrado como deuda pública el 12 de diciembre de 1998, cuando muchos de ellos o no habían nacido o tenía menos de 7 años.

A julio de 2021, el saldo de los pasivos del IPAB, antes el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), sumaron 975,892 millones de pesos, a ellos se añaden 45,579 millones de pesos por el programa de apoyo a deudores. Estas obligaciones son parte de la medida más amplia de la deuda pública, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, y representan prácticamente la mitad del adeudo de Petróleos Mexicanos, una empresa todavía activa.

De manera simultánea, por el costo financiero del rescate bancario -es decir, los pagos por intereses y comisiones- se han entregado 764,112 millones de pesos desde diciembre de 1995, recursos que al actualizarse al valor de julio de 2021 ascienden a 1"499,895 millones de pesos, 47% más que el saldo de los pasivos acumulados a la misma fecha.

Debido a los vencimientos de deuda, para el próximo año las finanzas públicas deben entregar 38,683 millones de pesos más para el pago de intereses y comisiones del rescate bancario, los cuales equivalen a financiar una dependencia de Estado, la mitad del presupuesto total para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o aumentar en 6 veces la inversión física en la Secretaría de Salud para 2022.

Si bien la apuesta es que los pasivos del IPAB pierdan peso a medida que crece la economía -han pasado de representar 10.3% del producto interno bruto en junio de 2001 a 3.5 en el mismo mes de 2021- al final son una restricción presupuestal, sin que a la fecha haya datos abiertos sobre las deudas de quiénes deben pagar los contribuyentes por al menos 70 años, plazo estimado por Marcos Ávalos y Fausto Hernández Trillo en un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Se ha justificado el rescate en orden de evitar una crisis más duradera, pero nunca se ha transparentado del todo qué se está pagando. Informes de auditores independientes y la Auditoría Superior de la Federación han evidenciado algunas de las prácticas de incompetencia y corrupción, pero al final se ha normalizado el pagar los autopréstamos que se hizo Carlos Cabal Peniche, quien recibió Banco Unión y Cremi del gobierno de Carlos Salinas para quebrarlos en 4 años, volverse prófugo y reincidir como prófugo ahora en 2021, cuando regresó al ámbito nacional como un potencial contratista de cajeros para el Banco del Bienestar, accionista del Sistema Radiópolis y trunco inversor de Interjet.

Al presentar la "Exposición de motivos" para pedirle al Senado la consulta popular sobre el enjuiciamiento de los expresidentes del "periodo neoliberal o neo-porfirista", el presidente presentó su interpretación de la historia reciente del país (1988-2018). Dicha interpretación apela a sus verdades, a sus creencias, a su construcción de un imaginario aberrante que polariza a la sociedad entre los buenos y los malos, entre todo lo pasado que es corrupción, y el presente glorioso de su gobierno. En su 2o. Informe de Gobierno nos presentó una realidad (alterna) de nuestro país donde ya no hay ni corrupción ni masacres, donde hay prosperidad y justicia. En ambos casos, utiliza su interpretación para justificar sus decisiones, cuyo propósito parece ser la concentración de cada vez más poder personal para convertir a México en un estado de un solo hombre, un estado de corte totalitario.

La serie de inexactitudes de facto y de interpretación de la historia reciente del país resumida por el presidente requeriría contraponerla con lo que realmente ocurrió, punto por punto, afirmación por afirmación. El espacio de una columna no da para eso. Por ello tomo como botón de muestra el rescate bancario llevado a cabo durante la gestión del expresidente Ernesto Zedillo, base de la acusación del presidente para ser enjuiciado. Según AMLO, Zedillo "adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552,000 millones de pesos en el marco del 'rescate bancario' de 1998". En numerosas ocasiones ha argumentado que el rescate sólo benefició a los banqueros y su costo fue, y sigue siendo, muy oneroso para el país.

Basado en una investigación que realizamos desde el Centro de Estudios Espinosa Yglesias hace ya casi 10 años (https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Privatizaci%C3%B3n-crisis-y-rescate.-Tomo-I.pdf y 4 tomos más), demostramos que el desenlace de las crisis macroeconómica y financiera de 1994-1995, que en medios internacionales se conoce como la "crisis del Tequila" y se diseminó a muchos otros países, fue bien manejado dadas las circunstancias. El objetivo central fue proteger a los ahorradores, a los cuentahabientes que no tenían realmente ninguna responsabilidad, para que no perdieran su dinero aun si los bancos donde tenían sus depósitos quebraban. Como 2o. objetivo era evitar la quiebra del sistema financiero en su conjunto, de manera similar al objetivo que tuvieron los gobiernos estadounidense y europeos para enfrentar la gran recesión de 2008-2009.

Algunos datos del rescate llamado "Fobaproa": el programa de apoyo a ahorradores obtuvo el 86.5% de los fondos fiscales destinados al rescate, y el 13.5% fue para el programa de apoyo a deudores (empresas, gobiernos estatales y municipales, etc.). Ningún depositante perdió su dinero. Del apoyo a depositantes, sólo 6 bancos absorbieron el 68.9% de los apoyos: Serfin, Inverlat, Banpaís, Unión, Cremi y Bancrecer. Todos desaparecieron. Los únicos 4 bancos que sobrevivieron a la crisis, Bital, Banamex, Banorte y Bancomer, recibieron solamente el 7.9% de los apoyos a los depositantes del rescate bancario. Es decir, los rescatados fueron fundamentalmente los ahorradores, personas de carne y hueso, y las personas morales que tenían depósitos en la banca.

El costo del rescate al momento de finiquitarlo (diciembre de 2004) fue de 1,326 miles de millones de pesos, equivalente al 14% por ciento del PIB. Como dato comparativo, el rescate del sector financiero de Estados Unidos por la crisis financiera de 2008-2009 le costó al erario de aquel país alrededor del 40% de su PIB.

Tampoco el pago del rescate mexicano provino de la sociedad en su conjunto. Los contribuyentes cubrieron hasta su finiquito el 60% del costo del rescate, 24% fue por recuperación de cartera del IPAB, y 16% fue aportado por los bancos.

Como se ve, la historia es muy distinta a la planteada por AMLO. Ni la sociedad pagó por deudas privadas, ni se rescató solamente a los banqueros, ni implicó una década perdida. Más bien al revés. De no haberse rescatado a los depositantes y al sistema financiero, la crisis se hubiera profundizado y prolongado. De hecho, la contracción de la economía en 1995 fue de -6.2%, pero logró recuperarse plenamente en sólo un año, y los siguientes años del sexenio registraron el crecimiento más elevado de los últimos 35 años.

AMLO inventa una historia que sólo sirve a su interés maniqueo para abrogarse la facultad de enjuiciar y sentenciar a quienes quiere, para polarizar a la sociedad y construir una narrativa que "justifica" sus violaciones a la ley. Linchamiento público para erigirse en el gran juez, cuando la verdad es muy distante de sus dichos. Está construyendo un país de un solo hombre que no necesita de un fiscal ni de jueces para hacer valer la ley.

Y finalmente una paradoja: la crisis del COVID-19 nos recuerda aquella crisis económica. Hoy, por la pandemia, millones de mexicanos han perdido su ingreso y apenas, con muchas dificultades, empiezan a recuperarlo. Muchos hemos insistido en la necesidad de que el gobierno federal otorgue un ingreso vital de emergencia, un tipo de "rescate" a personas sin ninguna responsabilidad por su situación. El gobierno se ha rehusado a hacerlo. No ha querido "rescatarlos".

Sin duda va a ser motivo de análisis comparar la respuesta del gobierno a ambas crisis. Por lo pronto, se anticipa una caída del PIB arriba del 10% en 2020 y que tomará varios años recuperarse. ¿Habrá que enjuiciar a AMLO por permitir la pobreza de millones de mexicanos y la quiebra de cientos de miles de empresas (y miles de fallecimientos por su tolerancia a la ineptitud)?

El primer mandatario pone de ejemplo una larga historia de rescates de parte del Estado mexicano a compañías y empresarios poderosos a lo largo de las crisis económicas del México moderno, especialmente el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), creado en 1990, pero que en 1994, con el priista Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente, absorbió la cartera vencida de los bancos instalados en México, e incluso los capitalizó. Esa deuda ahora pública asciende hasta febrero de este 2020 a 10"970,000 millones de pesos (7 billones por deuda interna y 201,000 millones de dólares por deuda externa). De ésta, ha repetido el primer mandatario, los mexicanos han pagado el capital por generaciones y sólo por concepto de intereses erogan medio billón de pesos cada año.

Sin embargo, analistas económicos expusieron que la actual crisis no tiene relación alguna con la de hace más de 25 años entre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponde de León (1994-2000) ni con la de 1982 cuando el saliente José López Portillo decidió nacionalizar la banca frente a una deuda externa millonaria. El sector empresarial, observaron los economistas, no está solicitando ningún rescate puesto que aún no hay quiebras, sino un apoyo en su liquidez a través de endeudamiento responsable (hay margen) y mayor flexibilidad en los tiempos para pagar impuestos, para mantener empleos y salarios.

"El Fobrapoa es un animal de otra especie que estuvo centrado en el sector financiero con incapacidad de pago de créditos por la devaluación y las tasas de interés que crecieron como locas, lo que a su vez hizo que los bancos implotaran. Fue un rescate necesario, quizá mal hecho porque 'a río revuelto ganancia de pescadores' y hubo abusos porque había que actuar muy rápido para no quedarnos sin sistema de pagos, y no faltó el vival que hizo negocio con ello. Debió haber habido auditorías para ver quién abusó y castigarlo", dijo Héctor Villarreal Páez, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Los señalados de abusar en la era Fobaproa fueron Norberto Alcántara de Bancrecer; Ángel Isidoro Rodríguez, "El Divino", de Banpaís; Jorge Lankenau de Banco Confía y Carlos Cabal Peniche de Banco Unión y Banca Cremi, quien además usó depósitos de la clientela para prestarlos a empresas de su propiedad.

"Pero aquí estamos hablando de otro animal", contrastó Villarreal respecto a la pandemia que amenaza con destruir 25 millones de empleos a nivel mundial como calcula la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Está en toda la economía y además está la parte sanitaria, y no se habla de un rescate de que el gobierno absorba deudas de nadie. Ahorita es cuando se vale dar dinero a la población de manera general para que el bienestar de la gente no se nos haga pedazos".

Ha sido una declaración recurrente. El 3 de marzo pasado, a solo 5 días del 1er. caso detectado de COVID-19 en territorio nacional, el presidente López Obrador comentó que no aplicarían "la estrategia" del Fobaproa en que "las deudas privadas se vuelven la deuda pública". El 23 de marzo, a un paso de la fase 2 de la pandemia, rechazó "rescates al estilo del periodo neoliberal" pues "si tenemos que rescatar, ¿a quién hay que rescatar? A los pobres". Finalmente el domingo 5 de abril en su informe reiteró que "ya no es la misma receta".

En 2014, por ejemplo, bajo la dirección del detenido Emilio Lozoya Austin, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) rescató a sobreprecio Agro Nitrogenados, una planta abandonada propiedad del otro encarcelado Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

Enrique Díaz-Infante, director del Programa del Sector Financiero y Seguridad Social en Centro de Estudios Espinosa Yglesias, coincidió en que se apoye a los más de 50 millones en situación de pobreza. Pero, afirmó, "el presidente no lo entiende. Para eso se necesita cuidar los empleos, las empresas y que se mueva la economía". Para el economista Héctor Villareal, está "confundido" con conceptos básicos o está aferrado a su plan de hace años que dista del escenario actual.

En línea con más de 100 economistas que firmaron un documento del CEEY, Díaz-Infante planteó que si las grandes y pequeñas empresas no pueden vender y no hay consumidores, lo que se necesita es que el Estado les dé transferencias directas y plazos de gracia para las obligaciones fiscales. "Es una incongruencia que el gobierno pida cerrar los negocios y no les mande transferencias. Es una incomprensión y desconexión de la realidad", comentó mientras comía en una fonda de Yautepec, Morelos, donde el restaurantero no ha dejado de atender porque si no se quedaría sin comer.

A diferencia del Fobrapoa, donde "hubo algunas irregularidades y opacidad en el funcionamiento del Comité Técnico y se rescataron empresas que no se debía", esta crisis es un colapso en el mercado que requiere inyección de dinero, reiteró el economista.

"En otros países, como Alemania, Dinamarca y Estados Unidos, conscientes de que ahorita no hay consumidores y que las empresas no pueden colocar sus bienes y servicios están haciendo transferencias directas por parte del Estado a las familias y empresas para que puedan sobrevivir y consumir. Y están dando una tregua en el cobro de impuestos. Con ello se evita que una crisis de liquidez se convierta en una de solvencia y empiecen a quebrar las empresas", expuso.

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, afirmó que a diferencia de las dificultades de 1976, 1982, 1994-95, 2001 y 2008-09, "en esta ocasión el sector bancario, la deuda y el gasto público están en buenas condiciones" por lo que hay que actuar rápido: meterle liquidez a la economía.

"Hay que ponerse en manos de los expertos. El presidente señaló la importancia que tuvo [el presidente Franklin] Roosevelt en Estados Unidos para salir de la Gran Depresión en 1929. Él no entendía de economía, pero tenía 3 asesores y entendieron el momento, la necesidad de actuar y de meterle dinero a la economía. Y es lo que necesitamos en este momento", dijo el representante de los banqueros.

Un poco de historia: es 1976 y el presidente José López Portillo (1976-1982) recibe de Luis Echeverría (1970-1976) una bomba a punto de estallar. En 1976-1977 el PIB solo aumentó 4.2% y 3.4%, respectivamente, frente al 6% acostumbrado. Luego, ante el descubrimiento de reservas petroleras, de 1978 a 1981 el PIB creció 8% anual. Pero cuando los precios internacionales del petróleo se desplomaron también cayeron los ingresos de México, documenta el artículo "El impacto social de la crisis económica de México" publicado en la Revista Mexicana de Sociología.

"En octubre de 1981 uno de los más grandes grupos financieros [industriales] del país, Alfa, se encontró imposibilitado para pagar su propia deuda externa de más de 2,000 millones de dólares, y el gobierno federal vino al rescate con un gran préstamo. A finales de año, la deuda externa del gobierno alcanzó los 15,000 millones de dólares y la del sector privado, más de 4,000 millones. Para sostener el peso, el régimen contrató en 1981 más deuda externa de la que había adquirido entre 1975 y 1980", expone el autor Jeffrey L. Bortz.

Y el PIB se pintó de rojo. El crecimiento real per cápita cayó un 3% en 1982 con una inflación de 98.8% y un 6.5% en 1983; 1984 y 1985 fueron testigos de tasas de crecimiento insignificantes (y de un terremoto); en 1986 el PIB real per cápita cayó otro 6.1% con una inflación que subió 105.7% y luego en 1987, un 0.8% con un alza de precios de 159%, rescata el artículo.

Es finales de 1982. López Portillo medita qué hacer en un viaje a la playa con sus nietos. Dos bancos privados, Comermex y el Banco del Atlántico, están técnicamente en bancarrota, no hay con qué pagar la deuda externa y se cocina otra devaluación del peso. Llega a su último informe de Gobierno el 1 de septiembre.

"No nos volverán a saquear", dijo en el congreso culpando a la banca de la fuga de capitales. Militares comienzan a rodear los bancos. "No va a pasar nada, lo único que va a pasar es que vamos a cambiar de dueño porque nos traicionaron", justificó.

Pero sí pasó: los inversionistas perdieron la confianza en el país durante el sexenio siguiente.

Han pasado 38 años. El presidente José López Portillo murió. Y una pandemia tiene de rodillas al mundo. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) plantea la necesidad de solicitar deuda para realizar transferencias, pero el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo.

"No hay ruptura, sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen, porque consideramos que debemos primero atender a los más necesitados, a los de abajo y que no debemos endeudar al país. Ellos sostienen que se debe pedir deuda, no les estoy diciendo mentiras, ellos quieren que se pida deuda, que se incremente la deuda; yo no considero que eso sea conveniente", aseguró el presidente esta semana en conferencia de prensa.

Además, "no podemos diferir el pago de impuestos; al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar [dirigente del CCE] que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la Hacienda Pública. Ya le voy a mandar la lista, porque si nos pagan tendríamos muchos más recursos para apoyar a las pymes", dijo.

El CCE pide un endeudamiento hasta en 4 puntos porcentuales del PIB para sufragar gasto en salud, compensar caídas en ingreso y para sentar las bases para la reactivación de la economía.

México debe más de 10 billones de pesos, un 45% del PIB, muestran cifras de la Secretaría de Hacienda. Los economistas calculan que hay cierto margen para endeudarse y con ello soltar el gasto en transferencias directas parejas, en apoyos a empresas y en obra pública sencilla como carreteras o drenaje.

"Tenemos margen de 6 puntos porcentuales más para endeudarnos", estimó Enrique Díaz-Infante, del programa del sector financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). "Nuestros niveles de recaudación están en el 17% del PIB, frente al promedio del 34% de los países de la OCDE. Dependiendo el ingreso se puede endeudar. Nuestro monto de deuda ahora es de 45 puntos porcentuales del PIB, muy abajo del promedio de otros países. Brasil está en el 69% y Chile está llegando al 100%. Aunque esos países recaudan más en impuestos", dibujó.

Desde el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal ve posibilidad de abrir la cartera. "No tenemos que irnos a lo que está haciendo Estados Unidos y Europa con paquetes de estímulos de 8% del PIB, pero sí debemos ver la experiencia argentina, chilena, peruana y no temerle al endeudamiento, si es responsable", aseveró.

En diciembre de 1982, cuando asumió la Presidencia Miguel de la Madrid Hurtado, la deuda externa ascendía a 100,384 millones de dólares. En 1987, el equipo Carlos Salinas-Perdo Aspe-Ernesto Zedillo dirigió la economía con el Pacto de Solidaridad Económica. Salinas ya era candidato presidencial y el país se hallaba al borde de la hiperinflación. El pacto buscaba nuevos acuerdos con los representantes del trabajo, los negocios y los campesinos. Ya como presidente, comenzó la privatización de Aeroméxico, Fundidora de Monterrey, Mexicana e incluso Telmex, resume "El impacto social de la crisis económica de México" publicado en la Revista Mexicana de Sociología.

"Privatizaciones, ingresos de una sola vez, reducción de deuda, el gobierno podía tener menos competencia en los mercados y entonces habría más recursos para el sector privado por un lado y por el otro lado podía el gobierno tener más recursos para el gasto social", dijo Pedro Aspe, secretario de Hacienda (1988-1994), en el documental "La decisión del Presidente" coordinado por el CEEY. "Queríamos abrir la economía. Cómo puedes abrir la economía con la banca estatizada".

El 17 de mayo de 1990, tras una reunión de banqueros con el secretario de Hacienda, se anunció la reprivatización de la banca tras casi 10 años de ser propiedad del gobierno. Se vendieron 18 instituciones bancarias en subastas en un periodo de 13 meses por 39,000 millones de pesos entre el 7 de junio de 1991 y el 16 de julio de 1992. El dinero fue a un fondo de contingencia para reducir deuda.

Pero los grupos de banqueros se prestaron dinero entre ellos para comprar los bancos, por lo que el capital no existía: eran millonarios créditos cruzados. Además los nuevos banqueros empezaron a dar préstamos al consumo y generaron el boom crediticio. Eran impagables por lo que crecieron las carteras vencidas, expone el documental.

El 20 de noviembre de 1994, tras la bomba política del levantamiento zapatista y el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, Salinas, Zedillo y Aspe decidieron posponer la devaluación. Tomó la banda presidencial Ernesto Zedillo el 1 de diciembre de 1994 y días después hizo el ajuste cambiario en medio de un desplome de las reservas internacionales por un ataque especulativo. Con la devaluación, la deuda de nuevo se disparó.

Se perdieron 1 millón y medio de empleos ante la quiebra de las empresas, y los ciudadanos no podían pagar los créditos.

En enero de 1995 el presidente Ernesto Zedillo anunció que logró un respaldo financiero con el presidente de Estados Unidos Bill Clinton, y además el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un préstamo de más de 20,000 millones de dólares. Pese a ello, quebraron los bancos y miles de empresas, por lo que se requirió el rescate de Fobaproa y las pérdidas se socializaron.

Zedillo decidió convertir los pagarés del Fobaproa en deuda pública a través de una iniciativa de ley, donde pidió que el congreso reconociera la deuda pública por 552,300 millones de pesos. El costo del rescate bancario al 31 de diciembre de 2009 era de 1"644,300 millones de pesos, equivalente al 13% del PIB, expone el documental "La decisión del Presidente".

"El gobierno de Salinas reprivatizó la banca, pero lo hizo de tal manera que sus efectos estuvieron caracterizados principalmente por lo negativo y finalmente se terminó el ciclo con la extranjerización de la banca", dijo su antecesor Miguel de la Madrid al CEEY.

En la banca quedó Bancomer, Banamex, HSBC y Banorte. El resto desapareció y solo los extranjeros quisieron comprarlos. En 1998, BBVA adquirió Bancomer, Citibank compró a Banamex y Santander, a Serfín y lo fusionó con Banco Mexicano.

"El saldo de la deuda resultante del rescate bancario se ha pagado con impuestos, la venta de activos de la banca intervenida y con las aportaciones legales de los bancos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario", concluyó el CEEY. "Tras la crisis del rescate bancario, el 72% de los activos de la banca comercial se encuentran en manos extranjeras".

Volvemos a 2020. Sin medidas ambiciosas para la contingencia económica, el sector empresarial estima que el PIB se desplomará entre 7 y 10%, la inflación se disparará a 10%, la deuda pasará hasta 50% del PIB, y sobre todo, desaparecerán entre 800,000 y un millón de fuentes de empleo.

Enrique Díaz-Infante, del CEEY, recuerda cómo en la crisis financiera de 2008-9 el PIB cayó 6%, pero al igual que en 1995 la recuperación fue relativamente rápida con apoyo de Estados Unidos. Esta vez la crisis es mundial.

"Si el TMEC ha perdido cierto impacto, además la falta de Estado de Derecho y la pérdida de confianza de inversionistas hace que la recuperación vaya a ser más difícil", concluyó.

Existe algo que podríamos denominar como el "síndrome del Fobaproa". El presidente incluso escribió [¿o le escribieron? - pregunta el webmaster] un libro acerca de aquel programa de rescate bancario: Fobaproa, expediente abierto, publicado en 1999, cuando era presidente nacional del PRD.

López Obrador se quedó con la imagen, parcialmente cierta, de que aquel programa de rescate financiero ayudó a personas y empresas que tenían recursos y que no lo necesitaban, generando un gran fraude. En contraste, no hubo un programa de esas dimensiones que atendiera las necesidades de los grupos sociales más vulnerables.

Hasta el pasado 31 de octubre, 23 años después del rescate, la sociedad mexicana debía 1"019,000 millones de pesos para resarcir la deuda del IPAB, según los estados financieros más recientes de la institución.

Han pasado 2 décadas de la crisis que llevó al rescate bancario más costoso en la historia del país y los pasivos siguen cobrando factura al erario: al cierre del año pasado los adeudos heredados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) llegaron a los 862,000 millones de pesos, que equivalen al presupuesto que se destina este año al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Este Fondo fue creado en 1990 después de la privatización de la banca para realizar operaciones preventivas y evitar problemas financieros de las instituciones bancarias; sin embargo, su actuación en el rescate bancario fue cuestionada en más de 110 auditorías, que concluyen que la falta de políticas y reglas de operación dieron lugar al manejo discrecional de los apoyos.

Como consecuencia de la crisis de 1995, familias y empresas dejaron de pagar sus deudas, lo que detonó un problema mayor de morosidad que impactó en la solvencia de los bancos. Y para evitar el colapso del sistema financiero, el gobierno de Ernesto Zedillo implementó, a través del Fobaproa, los programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca a los que ya se han destinado 611,597 millones de pesos, de los cuales el Fobaproa ejerció 77,088.9 millones y el resto ha sido desembolsado por la Secretaría de Hacienda a través del programa de deudores y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo que heredó los pasivos tras la extinción del polémico fondo.

Tan sólo este año, el Congreso de la Unión asignó 35,848.8 millones para hacer frente a los adeudos originados por el rescate bancario, que representan la mitad del presupuesto anual de la Secretaría de Agricultura (70,597 millones).

Año con año el recurso que reciben estos programas se ha incrementado, esto obedece, según el instituto, al crecimiento en el costo financiero de la deuda. El IPAB reconoce que está en manos de los legisladores finiquitar el adeudo.

El inadecuado sistema regulatorio y los factores macroeconómicos negativos fueron las principales causas de la crisis de 1995. Se estima que el Fobaproa benefició a 1.3 millones de deudores con una cartera asociada de 324,367 millones de pesos, así como 484 créditos de estados, municipios y entidades paraestatales. También se beneficiaron 14.6 millones de cuentas de ahorro.

Desde 1999 hasta septiembre del año pasado, las instituciones de banca múltiple han pagado al IPAB, por concepto de cuotas, 147,276 millones de pesos, de los cuales 110,457 millones se han aplicado al pago de los pasivos heredados por el Fobaproa.

Los restantes 36,819 millones de pesos han sido utilizados por el instituto para el pago de gastos administrativos y pago de obligaciones por la prestación del seguro de depósitos.

De acuerdo con la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el instituto dispone de las 3 cuartas partes de las cuotas que pagan las instituciones bancarias por la prestación del sistema de protección al ahorro, a fin de concluir los programas de saneamiento financiero y la liquidación de las operaciones.

Año con año, las cuotas que aportan los 52 bancos respaldados por el IPAB se han ido incrementando al pasar de 4,554 millones, en 1999, a 16,605 millones de pesos, al cierre de 2015, según cifras del instituto.

Lo anterior obedece a las condiciones favorables del entorno económico y al tamaño de los balances de los bancos.

Se le cuestionó la cifra total de beneficiados a través de estos programas, pero el IPAB añadió que no tienen un censo, "no sabemos los nombres ni de quién era (cada adeudo), el gobierno federal nos pasó cada deuda y así lo seguimos administrando... no tenemos un censo exacto de quiénes fueron los beneficiarios y cómo fueron beneficiados".

Sin embargo, un informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que el programa de apoyo a deudores de la banca ha beneficiado a 1'322,690 usuarios con una cartera asociada de 324,367 millones de pesos; mientras que el programa de apoyo a ahorradores de la banca benefició a 14.7 millones de cuentas bancarias de ahorradores, que correspondían a 1,357.6 miles de millones de pesos a diciembre de 2004.

Tras los cuestionables manejos del rescate bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió 62 opiniones de delito de la banca intervenido a partir de las cuales se iniciaron 65 averiguaciones previas.

Sin embargo, hasta la fecha no hay señalamientos contra funcionarios federales que cometieron conductas delictivas en relación con el Fobaproa.

A partir de sus investigaciones, la Comisión Nacional detectó diversas conductas delictivas tipificadas en la Ley de Institucionesa de Crédito, las cuales consistieron principalmente en que los acreditados de los bancos en México obtuvieron créditos por medio de datos falsos sobre el monto de activos o pasivos. Con esta acción, provocaron un quebranto o perjuicio patrimonial para el banco.

Y los consejeros, funcionarios o empleados de las instituciones de banca múltiple, a sabiendas de que dichas operaciones traerían como consecuencia el quebranto o el perjuicio al patrimonio de la institución, autorizaron todos esos créditos.

A esto se suma que, entre los años de 1996 y 2004, la Auditoría Superior de la Federación realizó un total de 110 auditorías y formuló 238 observaciones con 323 acciones promovidas, a partir de las cuales se han recuperado a favor del erario 10,856 millones de pesos, que corresponden a créditos y devoluciones por falta de expedientes en el otorgamiento de quitas, condonaciones, castigos y quebrantos, según señala el organismo en su informe sobre la fiscalización del rescate bancario de 1995-2004.

Entre las principales observaciones, en programas de apoyo de la banca de desarrollo hubo deficiencias en el control de los expedientes de los beneficiarios, también se detectó que el cómite técnico del Fobaproa actuó sin reglas y políticas que le permitieran dar transparencia e imparcialidad en sus decisiones.

"En la compra de cartera neta fueron incluidos indebidamente, créditos que no estaban autorizados por el comité técnico del Fobaproa ni especificados en los contratos respectivos; posteriormente dicho comité flexibilizó sus criterios de admisión de créditos", indica la Auditoría.

Asimismo, se observó que las instituciones apoyadas presentaban índices de capitalización superiores al establecido en la normatividad aplicable.

"En el programa de intervención bancaria se observó el deterioro al que habían llegado los bancos, como uno de los factores, la deficiente supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no se tuvieron todas las evidencias documentales que dieran la transparencia al proceso de la intervención".

Sobre los programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca, la dependencia federal observó la falta de transparencia y la revelación de las disponibilidades del IPAB en el estado de flujo de efectivo.

Abraham Vergara, académico de la Universidad Iberoamericana, calcula que faltan otros 50 años para terminar de pagar los adeudos heredados por el Fobaproa, pues en 20 años apenas se han logrado liquidar 30% de los pasivos.

Lamenta que después de la crisis de 1995, "los contribuyentes sigan pagando los pasivos de los usuarios irresponsables de la banca que dejaron de pagar", aun cuando muchos de estos usuarios sí tenían la capacidad de pago, "no es justo".

Sin embargo, no hay otra alternativa, pues asegura que la solución está dada desde 1999 cuando se decidió rescatar a la banca. "En un contexto de alta incertidumbre se vuelve muy difícil plantear otro tipo de solución porque para eso necesitaríamos crecer y no se vislumbra una alternativa para administrar mejor la deuda del Fobaproa cuando tenemos una economía que no crece".

El problema es que existirán otras 2 generaciones de mexicanos que deberán pagar los pasivos, cuando ese recurso podría destinarse a los sectores productivos, salud, educación e inversión; sin embargo, opina que hace 20 años el gobierno no tuvo otra alternativa más que rescatar a la banca para evitar el colapso del sistema de pagos.

Martín Deloya Bernabé, profesor del Tec de Monterrey, recomienda disminuir los millonarios apoyos que se etiquetan al pago del componente real de la deuda heredada por el Fobaproa, "los apoyos van de acuerdo con el momento histórico y económico que nos toca vivir, deben ir de acuerdo con las características propias de la economía en su momento".

En una 1a. instancia acentúa que los programas emanados del Fobaproa sí beneficiaron a la mayoría de los deudores y ahorradores; sin embargo, el problema es que las deudas se volvieron impagables, "los contribuyentes no tenemos la culpa, deben buscarse otros mecanismos que generen mayor eficiencia en sectores productivos y que reduzcan el gasto".

Por el lado contrario, critica que la banca haya salido beneficiada en los últimos años, "el famoso Fobaproa se indexó a deuda pública y de alguna manera tiene que pagarse, pero a la banca no le ha ido tan mal, ha venido creciendo en créditos y en todo, pero la deuda todavía no se ha saldado a pensar de tantos años que han pasado", pues apenas alcanza para pagar los intereses de la deuda.

Las causas de la crisis de 1995

Los elementos que se reunieron para que surgiera son muchos y diversos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación:

1. La estatización de las instituciones bancarias en 1982 no condujo a establecer toda la estructura normativa en el sistema bancario mexicano, que era necesaria para asegurar las sanas prácticas bancarias.

2. El estado del que gozaban los bancos nacionalizados produjo la pérdida de supervisores bancarios calificados. Las normas contables anacrónicas y la falta de transparencia de la información dificultaban conocer la verdadera situación de las instituciones. La ausencia de un sistema contable, que efectivamente permitiera una adecuada regulación y supervisión, ocasionó que las autoridades financieras desconocieran la situación financiera y el riesgo de los bancos y eso provocó el manejo discrecional en las medidas adoptadas en la crisis.

3. Antes de la privatización de la banca, se dieron modificaciones a la regulación bancaria: se eliminó el encaje legal que tenían obligación de constituir los bancos; se liberaron las tasas de interés pasivas y activas y, como consecuencia de ello, la sociedad elevó su gasto, lo que originó un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

4. De 1989 en adelante se presentó una expansión del crédito con una competencia muy agresiva por parte de los bancos para otorgar préstamos con pésima planeación, con organización y estructuras legales inadecuadas, malas políticas y prácticas crediticias, mala administración de los créditos, falta de garantías suficientes e imprudente manejo del riesgo.

5. El criterio que prevaleció en la privatización fue el de maximizar los ingresos por la enajenación de la banca. No se privilegiaron la experiencia y el conocimiento de banca y crédito de los postulantes.

6. Para 1992 la cartera vencida bruta estaba en 6%, superior en 4% al promedio internacional. En 1994 la cartera vencida bruta ascendía al 8% de la cartera total; en 1995, la cartera vencida de los bancos se situó en 19%; en 1996 se incrementó al 31%; y en septiembre de 1997, alcanzó el 42%.

7. En 1994 había vencimientos de inversiones extranjeras en Bonos de la Tesorería de la Federación por 29,000 millones de dólares. Los bancos, por su parte, tenían que renovar adeudos con el exterior por más de 20,000 millones de dólares.

8. Todo lo anterior provocó que el tipo de cambio del peso frente al dólar pasara de un nivel de 3.45 pesos a cerca de 8.00 pesos en 3 meses. La tasa de interés de los Cetes, de un promedio de 16% se incrementó al 80%. La tasa de interés activa pasó a más del 100%. La tasa de interés de los créditos hipotecarios alcanzó el 120%. Y la de las tarjetas de crédito, el 160%. La caída del PIB, en 1995, fue del 6.2%.

9. Las tasas internacionales de interés fueron a la alza, lo que provocó que los inversionistas movieran sus capitales hacia otros mercados, ocasionando una disminución en los flujos de recursos del exterior y una salida de éstos.

688,000 millones de pesos el costo del rescate bancario (Fobaproa) en 1999. Dicha cifra representó 20% del PIB.

60% del rescate al sistema financiero se liquidó con recursos públicos y el 40% restante con las recuperaciones y cuotas de bancos.

260,344 millones de pesos (mdp) provenientes de impuestos recibió el Fobaproa; 67,614 mdp por cuotas de los bancos y 101,072 mdp por la recuperación de activos. Al final, el costo del rescate bancario fue del 14.5% del PIB, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

El IPAB, organismo heredero del Fobaproa, tiene una deuda equivalente al 5% del PIB.

El liberalismo económico existe en la burocracia financiera y a medias; lo que sucedió en el pasado bajo el dominio de la tecnocracia fue la privatización, no que se hiciera valer al mercado y a la competencia.

La privatización sin regulación no solo llevó a la más costosa y perniciosa de las crisis (Fobaproa), sino que propició el surgimiento de monopolios y la concentración productiva, objetivos contrarios al proyecto de liberalización económica.

El problema del crédito se debe no necesariamente por las malas prácticas de los bancos; mucho tiene que ver un régimen procesal que dificulta la ejecución de garantías frente a quienes incumplen con su pago. Esta circunstancia castiga a los más, ya que acceder al crédito se ha vuelto costoso como sucede en las tarjetas de crédito y en los préstamos se exigen garantías considerablemente mayores al monto recibido. Algo semejante ocurre con los seguros, el abuso de los menos afecta a los más.

A quienes más daña la situación es a las pequeñas empresas, que son las que más empleo y bienestar generan a la población. Muchas se ven obligadas a buscar crédito informal y, por lo mismo, al margen de la certeza legal y, en muchos casos, a tasas de usura.

El crédito que más se requiere no es al consumo, sino a la producción y al desarrollo. Han sido los gobiernos los que más han pervertido este objetivo del sistema crediticio; más grave la situación en los gobiernos estatales y municipales.

Federico Berrueto
(v.pág.4 del periódico Milenio Jalisco del 10 de mayo de 2013).

Así que los ciudadanos esperamos medio año, 6 largos meses, cada minuto de los cuales nos costaba muchísimo dinero (20 millones de dólares cobró el dicho auditor) pero convencidos de que valía la pena porque por fin sabríamos la verdad y quizá con ello hasta se podría castigar a los responsables del gran desfalco que fue el llamado "rescate bancario".

Pero he aquí que cuando entregaron el informe, resultó que no era la auditoría que prometieron sino apenas, en palabras del propio auditor, "una revisión basada en preguntas previamente convenidas". Y entonces nos enteramos de que se contrató a un especialista y se le pagó una fortuna pero no se le entregaron todos los datos que pidió ni se le permitió hurgar en todos los documentos necesarios ni preguntar libremente. "Las restricciones en el acceso a la información fueron más graves de lo que inicialmente creímos", dijo el auditor Michael Mackey.

¿Para qué entonces lo contrataron? La respuesta es obvia: lo que querían era darnos una verdad a medias, que sirviera para taparle el ojo al macho como se dice popularmente, pretendiendo que se hacía una investigación a fondo cuando en realidad lo que se hacía era lo contrario: tapar el fondo del asunto.

[...]

También los banqueros saben de cinismo, pues ¿de qué otro modo se puede calificar cuando se pusieron furiosos porque el Congreso de la Unión tardaba mucho debatiendo sobre qué medidas tomar en relación con el Fondo Nacional para la Protección del Ahorro Bancario y en su opinión "el tiempo que se están tomando le costaba mucho dinero al país"? ¡Resultaba entonces que no era el monumental fraude del Fobaproa lo que le había costado mucho dinero a México sino el tiempo que se tomaban los legisladores para decidir sobre cómo resolver el problema!

Sara Sefchovich
(v.pág.66 y 101 de "País de mentiras", Ed.Océano, México, 2008).

Y esta deuda de las familias mexicanas creció para beneplácito de los intereses moratorios [y su correspondiente IVA - el webmaster] -y al amparo de una legalidad muy a modo-, incluyendo pasivos contratados por hipotecas, tarjetas de crédito, financiamiento para la compra de automóviles y préstamos personales.

El problema, sumado a la deuda original, es que se ha generado una combinación negativa entre una alza en la inflación con una elevación de tasas de interés, lo que provocará que la deuda inicial se eleve y que las posibilidades de pago de los deudores se reduzca, una combinación mortal para los deudores en tiempos en los que el desempleo aumenta y, a mediano plazo, una situación complicada para las instituciones bancarias.

Porque hasta hoy, las altas tasas de interés cobradas por el uso de las tarjetas de crédito -69.49%- han podido cubrir tanto las estratosféricas ganancias de los bancos, como los pasivos de los deudores morosos, así, antes del inicio de esta crisis había un equilibrio que aún con los retrasos de pago favorecía a los bancos, hoy en cambio este equilibrio se pierde dejando una brecha de pasivos que puede acarrear efectos en cascada de los que ni los bancos, mucho menos el Estado, están poniendo las medidas correctivas para evitar ni la bancarrota de las familias agraviadas, ni los descalabros financieros, aunque se diga que hoy hay menos riesgo que el que generó Fobaproa en 1995 y 1996... Y si a esto se agrega que la crisis de Citibank, en Estados Unidos, será soportada por el "mexicano" Banamex...

La inflación, como lo vive de manera cotidiana la población mexicana, ha rebasado el incremento salarial, el desempleo se ha disparado y se esperan tiempos aún más duros, la cartera vencida amaga como espada suspendida, situación que deja a la población, a las familias mexicanas, en un terreno de profundos pantanos... Uno del que los últimos gobiernos no la protegió, uno que ha generado las enormes bonanzas para las instituciones bancarias, especialmente las extranjeras, empobreciendo aún más a la población mexicana.

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 2 de diciembre de 2008).

Martín Casillas de Alba
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 30 de septiembre de 2008).

Tonatiuh Bravo Padilla, diputado federal perredista
(v.pág.11 del periódico Mural del 10 de mayo de 2007).

El problema es que si esta cantidad nos horroriza, más nos debe horrorizar la actitud de los ambiciosos banqueros extranjeros, ¡ah, y la del banco de mexicanos!, ya que tienen alrededor de 6 o 7 años entregando y regalando tarjetas de crédito sin ton ni son. En plazas públicas y centros comerciales persiguen a las personas para ofrecérselas: no importa si no trabajan, si no tienen manera de acreditar ingresos, total, el mexicano -según dicen ellos- es buena paga y con este simple y falso argumento les entregan la peligrosa tarjeta plástica (pagaban sus padres y abuelos, las nuevas generaciones está por verse).

Diga usted si no es peligrosa: de enero del año 2006 a enero del 2007, la cartera vencida en tarjetas de crédito tuvo un incremento de 105%. De hecho los morosos ya deben 17,217.5 millones de pesos, según cifras del Banco de México. Y como desde hace varios años ya no hay gobierno en México, lo que se dice gobierno, los ciudadanos corremos el peligro que los pseudo políticos que administran el "changarro" -dijera Foximiliano- se amafien de nuevo con los banqueros y nos pretendan endilgar a todos deudas que no contrajimos.

Además de ser ilegal desde el punto de vista que se le quiera analizar, de los tremendísimos fraudes orquestados por políticos, banqueros y empresarios mexicanos (muchos de los cuales se dan aires de decencia en su enrarecido mundo inmoral); se necesita ser un perfecto caradura para convertir en deuda pública semejante mundo de dinero. Sin temor al equívoco lo más probable es que el Fobaproa-IPAB es el fraude más grande orquestado en contra de una nación. Para desgracia de todos gozando de total impunidad.

De manera pues que urge que el gobierno federal ponga orden en este asunto de las tarjetas de crédito y frene la voracidad de los banqueros, pues si los morosos no pueden pagar, con los altísimos intereses que cobran menos lo harán. Que sea el banco quien pague el IVA de los intereses, pues él es quien se beneficia al obtenerlos (el usurario de la tarjeta paga el IVA al adquirir los productos). Por último: que pague el que pidió prestado. Ya estuvo bueno de que todo le quieran cargar a este pueblo pobre, sufrido, y agobiado por tanto bribón que desde los bancos o el poder público le endilguen cargas para ellos vivir como reyes.

Manuel Hernández Gómez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 14 de abril de 2007).

Recordó que la ley estableció la obligatoriedad de practicar una auditoría sobre la cartera de las instituciones bancarias rescatadas por el gobierno federal entre 1994 y 1995, como condición indispensable para liquidar los pagarés Fobaproa.

No obstante, los bancos se han negado a esa revisión. En consecuencia, demandó por ello "congelar" los fondos destinados a la liquidación de los pagarés referidos, en tanto la cartera no sea auditada.

(V.pág.26 del periódico Público del 22 de diciembre de 2006).

1. El Fobaproa no era el instrumento idóneo para hacer frente a una crisis sistémica; su uso fue improvisado e ilegal.
2. Las autoridades permitieron que los bancos enviaran al Fobaproa miles de millones de pesos en créditos "chatarra", violando el artículo 122° de la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 73° fracción VIII de la Constitución y la Ley General de Deuda Pública. El Fobaproa suscribe los famosos "pagarés Fobaproa", endeudando al estado mexicano ilegalmente.
3. El PRI consiguió el apoyo del PAN a finales de 1998 (siendo Calderón su líder nacional) y, en diciembre de ese año, los pasivos del Fobaproa se convierten de facto en deuda pública, a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
4. Es falso que el dinero de los ahorradores estuviera en riesgo, porque la mayoría del dinero depositado en los bancos se encontraba respaldado con papel gubernamental.
5. Se benefició sólo a 0.03% de los ahorradores; es decir 99.97% no fueron "rescatados" por el Fobaproa. Ese 0.03% concentraba casi 57% del dinero depositado en los bancos, con un saldo promedio por cuenta de más de siete millones de pesos.
6. Nueve de cada diez cuentas tenían un saldo menor a los 10,000 pesos. Salvar de verdad a los ahorradores hubiera costado sólo 56,025 millones de pesos (equivalente a 4% de la deuda actual) y no un 1"320,000 millones de pesos (actualizado al domingo 28 de mayo de 2006).

Aseguró que el no ejercicio en la persecución de los delitos se debió a un cambio de distintos criterios sostenidos por los tribunales y no a la negligencia de la Procuraduría Fiscal o la PGR.

"Sí debiera verse si hay responsabilidades, y se ha hecho, (y) lo que encuentran es que no son actos atribuibles a los funcionarios de la PGR, ni de la Procuraduría Fiscal, no se trató de que fueran indolentes o que no cumplieran con su obligación", mencionó en entrevista.

Gómez Gordillo, quien fuera procurador fiscal entre 1996 y 1999, explicó que las autoridades actuaron conforme a la ley, pero hubo un cambio en los criterios que afectó los procedimientos judiciales.

Aseguró que los funcionarios de la Procuraduría Fiscal ratificaron todas las querellas por escrito, pero a partir de que un juez emitió un criterio contrario sobre la ley, la autoridad ya no pudo hacer nada contra los presuntos responsables.

La tardanza del poder judicial para dictar sentencia sobre la contradicción de tesis provocó que los tiempos fueron rebasados.

"(Esto) regresó las cosas al estado en que se presentaban, a la fecha (inicial) en que se presentó la querella y para presentar una nueva el abogado del demandado dijo: ya prescribió, ya no me puedes hacer nada", dijo.

(V.pág.2 de Mural del 20 de abril de 2006).

(V.pág.6-A del periódico El Informador del 19 de abril de 2006).

(V.pág.7-A del periódico El Informador del 18 de abril de 2006).

Zedillo, el vendepatrias, creó el monstruo del Fobaproa, cuyo propósito original era rescatar al ciudadano que habiendo comprado casa o auto, los intereses le estaban acabando. Nunca vieron los beneficios, los multimillonarios recursos fueron aprovechados por banqueros, políticos, empresarios, grandes comerciantes y demás, que clavando su puñal traicionero a la patria, le dejaron agónica. Y creyendo haberlo visto todo, el gobierno federal en complicidad con los grandes capitales -siempre habrá honrosas excepciones-, nos endilgaron semejante deuda a todos los mexicanos; incluidos a los que no pedimos prestado o que siempre cumplimos con los compromisos. Ningún bribón de esta cofradía ha pisado la cárcel y México camina dando tumbos, perdiendo dignidad e independencia, humillado por los acreedores (FMI, y BM).

Luego llegó Fox al poder, el Robin Hood al revés, y los banqueros -ahora todos son extranjeros y uno nacional- se han hinchado los bolsillos de ganar dinero mientras al pueblo se le ha sumido en la pobreza. Para poner números al asunto, en el año 2005 las utilidades de BBVA, Banamex, y Banorte llegaron al 257% (mientras al trabajador se le aumentó 4% a su salario). Tan sólo el gobierno les pagó más de 116,100 millones de pesos. El ciudadano decente y pensante se pregunta cómo es que el gobierno vende a BBVA Bancomer en febrero de 2004, 40.6% restante de las acciones en 4,100 millones de dólares, si al siguiente año les tenía qué pagar 6,200. ¿Bancos gratis para los extranjeros? ¿Qué sucedió y qué está sucediendo en el país? A como se ve, los banqueros adquirieron una especie de patente de corso para esquilmar a los mexicanos. Cobran las comisiones más altas del mundo y no hay autoridad que abra la boca ¿o se las cierran pronto? La cascada de cobros caen al bolsillo insaciable de los de cuello blanco sin que se mire por lado alguno al gobierno que defienda al pueblo. Resulta injusticia aberrante que el IVA de los intereses que cobran mes a mes al tarjetahabiente lo tenga que pagar él.

(Esto último es lo que se tiene que pagar al cómplice de los bandidos - el webmaster).

Manuel Hernández Gómez
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 8 de abril de 2006).

"No hay nada más que discutir. El Fobaproa está cerrado jurídicamente, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario ya liquidó los pagarés del Fobaproa", señaló Héctor Rangel Domene, al término de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer.

(V.pág.11-A del periódico El Informador del 8 de febrero de 2006).

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa pidió a la Corte ejercer su facultad de atracción sobre el amparo que Banamex presentó en julio de 2004 para cuestionar la orden del Instituto Federal de Acceso a la Información sobre la entrega de estos documentos.

Banamex se amparó tras recibir un oficio que el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario le envió el 23 de julio del 2004, en el que le solicitó "manifestar su conformidad" con la divulgación de sus operaciones en el Fobaproa.

El IPAB actuó en seguimiento a una resolución del IFAI, de junio del 2004, que ordenó elaborar y difundir "versiones públicas" de las sesiones de la Junta de Gobierno del Fobaproa.

Otros 10 bancos recibieron oficios similares del IPAB y promovieron un total de 22 amparos, a raíz de los cuales diversos jueces otorgaron suspensiones que han impedido la entrega de la información al solicitante, que fue el asesor perredista Mario di Costanzo.

Pero el caso de Banamex es el primero en el que un tribunal colegiado pide a la Corte que intervenga para decidir.

En su demanda, Banamex solicitó impedir la entrega de información con el argumento de que el IFAI violó su garantía de audiencia y pretende ignorar el secreto bancario.

"A Banamex no le pueden ser aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia, ni tampoco fraccionarse información que es de su exclusiva propiedad, con el pretexto de que un organismo público cumpla con una obligación que es únicamente a cargo de él", afirmaron los abogados del banco.

En primera instancia, la juez federal Alejandra de León otorgó el amparo a Banamex, pero sólo porque el IPAB no tiene facultades legales para requerir este tipo de "consentimientos".

El banco se inconformó y, ante el tribunal colegiado, pidió anular el fallo del IFAI. Banamex es propietario de tres pagarés Fobaproa, cuyo valor asciende a más de 55,000 millones de pesos.

"La información del Fobaproa se encuentra restringida, y únicamente puede ser solicitada por la autoridad judicial en un juicio en el que el titular sea parte o bien para fines fiscales".

"De manera que no pueden siquiera ponerse a disposición del tercer perjudicado (Di Costanzo) versiones públicas de las actas, toda vez que tal información se refiere de manera conjunta a las actividades y operaciones de instituciones de crédito", afirmó Banamex.

El IPAB, en tanto, argumentó que de no solicitar el consentimiento de los bancos se cometería "una franca violación" a los secretos bancario y fiduciario, pues Banamex no es sujeto obligado de la Ley Federal de Transparencia.

El tribunal colegiado prefirió enviar el balón a la cancha de la Corte.

(V.pág.2A de Mural del 1o.de septiembre de 2005).

El perredista Jesús Ortega indicó que los diputados y senadores no están de acuerdo con la opinión de la Junta de Gobierno del IPAB, y de su secretario ejecutivo, Mario Beauregard, [en] que ya concluyó la revisión y fiscalización del Programa, con lo que se daba como caso cerrado el asunto de Fobaproa.

Ortega mencionó que de acuerdo a las últimas cifras del IPAB, el rescate bancario tiene un costo fiscal para el gobierno federal de 1"250,000 millones de pesos, mientras que para los bancos sólo es de 11,000 millones de pesos, de acuerdo a las últimas reducciones a los pagarés que les debe pagar la federación.

(V.pág.2A de Mural del 30 de junio de 2005).

Con los bancos se canjearon alrededor de 220,000 millones de pesos, se recuperaron 112,500 millones de pesos, un poco más de la mitad. Lo que no se recuperó es la parte que corresponde a los préstamos de los bancos que quebraron, lo que fue aportado por el gobierno, señaló el funcionario. "Ya cerramos estos capítulos y lo importante es ver hacia adelante; un peligro difícil de cuantificar pero importante. Se hizo una buena labor jurídica, de auditoría y contable", enfatizó.

Recordó que hace 10 años se elevaron tanto las tasas de interés que las personas no podían destinar entre 50% y 60% del ingreso mensual a una hipoteca y así en cualquier servicio de crédito, igual que las empresas; "era imposible pagar servicios de créditos que se fueron a las nubes. Empezó la cartera de crédito a ser irrecuperable".

(¿Estará Gil Díaz buscando otro reconocimiento de la revista "The Banker" [ver 2 de febrero de 2005]? - el webmaster.)

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 29 de junio de 2005).

Ya se pagaron desde entonces 555,859 millones, de los cuales 237,811 millones fueron por pago de intereses que el gobierno federal (es decir, dinero de contribuyentes) pagó a los bancos.

La ASF había afirmado que del dineral que aún se debe, había elementos contables en los bancos que permitían asegurar que había créditos irregulares e ilícitos por cuando menos 250,000 millones de pesos, adjudicables por supuesto a los bancos mismos. Los bancos, en cambio, apenas reconocían 11,526 millones.

Vicente Fox salió al quite y solicitó a la Corte que ésta resolviera si la ASF tenía facultades para auditar al Fobaproa. Y la Corte dijo que no.

Vicente Bello en "Tren Parlamentario"
(v.pág.9-A del periódico El Informador del 28 de junio de 2005).

(V.resumen informativo de Notisistema del 24 de junio de 2005).

De acuerdo con los 32 oficios que la Auditoría Superior de la Federación remitió al IPAB-Fobaproa para impedir el pago de créditos irregulares y que el poder judicial anuló ayer, el gobierno de Vicente Fox debía evitar la liquidación de los pagarés derivados de operaciones irregulares del rescate bancario.

El informe sobre la revisión de la Cuenta Pública de 2001 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, establece que Banamex, Bancomer, Bital (HSBC) y Banorte violentaron las reglas del rescate bancario, al traspasar al Fobaproa una serie de créditos sin cumplir con los requisitos para ser endosados al erario público.

(V.pág.23 del periódico Público del 24 de junio de 2005).

(V.resumen informativo de Notisistema del 23 de junio de 2005).

(V.resumen informativo de Notisistema del 23 de junio de 2005).

Pero en la crisis de los años noventa no sólo se rescató a los bancos que quebraron y cuyos dueños perdieron su capital. También se salvó a varios bancos que sobrevivieron y cuyos accionistas sí mantuvieron control de sus instituciones. El rescate con dinero público de uno de esos bancos, Banamex, permitió que más tarde esta institución fuera vendida con una utilidad muy fuerte por la cual los dueños no pagaron impuesto sobre la renta.

Dos países han aplicado recetas heterodoxas en los últimos años al enfrentar crisis bancarias. Uno de ellos fue Rusia, que en 1998 simplemente dejó que los bancos quebraran y que los depositantes perdieran sus ahorros. El otro fue Argentina, que en el 2001 congeló los depósitos de los ahorradores para evitar una quiebra bancaria generalizada.

Las dos soluciones generaron, por supuesto, un gran malestar social. Los ahorradores que perdieron su dinero en Rusia, o los que no pudieron retirarlo más que gradualmente y con muchas restricciones en Argentina, tuvieron que pagar de su bolsillo la irresponsabilidad de los bancos o la negligencia económica de los gobiernos. Pero a final de cuentas las dos economías han empezado a recuperarse y sin haber dejado, como en el caso de México, una deuda astronómica a las futuras generaciones. Quizá esas experiencias nos demuestren que el rescate bancario en México, que en un momento se consideró inevitable, no lo era tanto.

De cualquier manera el rescate de la banca en México puede justificarse, pero persisten serias dudas sobre la forma en que se llevó a cabo. Del informe MacKey sabemos que las reglas establecidas por las propias autoridades para el rescate fueron violadas de manera constante y discrecional. Muchos créditos relacionados, por ejemplo, terminaron siendo pagados por los contribuyentes, cuando las propias reglas del rescate lo prohibían.

La única forma de saber realmente qué tanto del rescate fue correcto y qué tanto fraudulento es permitir un análisis a detalle de los documentos de los préstamos que quedaron en la panza del Fobaproa y de las actas de las reuniones en que las autoridades tomaron decisiones sobre estos créditos. Si bien es entendible que exista un secreto bancario, resulta objetable que por un lado se quite dinero a los contribuyentes para pagar el rescate bancario y por el otro se les niegue información sobre lo que están pagando.

Por eso inquieta que el secretario de Hacienda haya, al parecer, tratado de bloquear la difusión de información sobre el Fobaproa [por TV Azteca]. Si no hay nada que ocultar, no hay razón para impedir que se haga pública toda la documentación sobre el Fobaproa.

Sergio Sarmiento
(v.periódico a.m. del 28 de abril de 2005).

Entonces, ¿por qué si en España se llevan a cabo estas políticas, en México la banca española procede de otra forma? Pues porque en los actuales (desde hace 20 años) políticos mexicanos toda empresa extranjera, los bancos por supuesto, ha tenido a sus más fuertes protectores...

Basta leer las declaraciones de los banqueros y de los funcionarios para saber que algo en los asuntos de manejo banquero y del Fobaproa está mal... así, en la asamblea de la Asociación de Bancos de México, los representantes de los bancos Santander Serfin (España); Grupo Financiero BBVA-Bancomer (España), JP Morgan (Estados Unidos); Grupo Financiero Scotiabank (Canadá), y Banco Invex (México), se deslindaron de los costos del Fobaproa, que no, claro, de sus beneficios, diciendo una serie de perlas que engarza un triste collar: "cuando compramos los bancos el Fobaproa ya había pasado; el Fobaproa y la Banca actual son dos eventos independientes; compramos bancos quebrados; nosotros llegamos al país en otra época y (ahora) somos dueños de estos bancos...".

Todas verdades, pero lo que no se dice es el manejo cobijado en esos errores que siguen haciendo y que les reporta enormes beneficios... podrán aducir que ellos "sólo" reciben lo que este gobierno -y los anteriores- está dispuesto a darles y tendrán razón... aunque ellos evidencian que hay pocos que en arca abierta, no se hagan de pecado... ya el propio gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, señaló que el beneficio obtenido por el sector bancario en el país sigue siendo excesivo, al igual que las tasas de interés cobradas a los usuarios de los escasos préstamos generados. La información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señala que: por cada peso de intereses pagado, los bancos cobran réditos por dos pesos. Las comisiones cobradas representan 29% de los ingresos totales del sistema, además de lo ya "ganado" por el Fobaproa... y sin arriesgue.

Entonces el asunto de fondo es no sólo el cuantioso monto de recursos que la banca extranjera en México recibe del manejo del Fobaproa, sino que esa misma banca que se lleva ganancias de más, tampoco cumple con los mínimos de riesgo para otorgar préstamos preferenciales a la micro, pequeña y mediana empresa, préstamos de tasas bajas que puedan constituir un motor para el desarrollo económico de ese sector hoy casi totalmente extinguido y que en todos los países constituye la plataforma de desarrollo nacional.

Un manejo ético, el de la banca: pobre; el de quienes desde el estado deben proteger los intereses de la población: ausente... todo lo que deja a la población mexicana a merced de dos depredadores, de los dentro y los de fuera... pero, es curioso, esas mismas instituciones bancarias en sus países, tienen haceres muy distintos, ellas son, allá en sus tierras, el empuje para que sus congéneres sí logren con sus apoyos financieros el desarrollo que en México se extingue...

Lourdes Bueno, investigadora de la Universidad de Guadalajara
(v.pág.5-A del periódico El Informador del 9 de marzo de 2005).

"Abrir el Fobaproa, algo que ya se cerró, simplemente no. Si lo que quiere es averiguar quiénes se beneficiaron indebidamente y sancionarlos, pues ojalá lo pueda hacer".

El costo para el país del rescate bancario, según estiman autoridades oficiales, fue equivalente a 18% del valor de toda la economía del país.

(V.pág.22-A del periódico El Informador del 7 de marzo de 2005).

(V.pág.9-A del periódico El Informador del 31 de enero de 2005).

Resumen informativo de Notisistema del 16 de julio de 2004

¿Qué sucedió? ¿Bajó la deuda que maneja el IPAB? No. Sólo se cambió por deuda adquirida en bancos comerciales a través del concepto de "deuda simple".

En el concepto de "emisiones realizadas y créditos contratados" (crédito simple), al 31 de diciembre de 2002 éstos sumaron 419,994 millones de pesos. Y un año después aumentó este concepto a 472,327 millones.

El IPAB, con este cambio, no reduce deuda pero borra, definitivamente, cualquier rastro que pudiera seguirse judicialmente a las operaciones que aquellos banqueros, empresarios y políticos endosaron a los mexicanos, quienes hoy tienen que pagar esa deuda privada transfigurada en pública. Y, con ello, créditos como el otorgado a Eduardo Creel Covián, primo del secretario de Gobernación, son atados de manera absoluta a los bolsillos de los contribuyentes.

Más de un asesor financiero en San Lázaro afirmaba ayer, martes 4 de mayo, que hay nerviosismo de los diputados de la comisión especial, porque muy pronto el IPAB tendrá que entregar a Mario D'Costanzo -a través del IFAI- copias de las actas de entrega del Fobaproa al IPAB.

Si ocurre, todas esas transas que quiere hacer el IPAB mediante la sustitución de deudas y a través de la venta de empresas como Bursamex, quedarían al descubierto.

Vicente Bello en "Tren Parlamentario"
(v.pág.10-A del periódico El Informador del 5 de mayo de 2004).

[La legalidad del Fobaproa] creo que es un asunto ya juzgado, pero últimamente he visto ciertos esfuerzos para hacer una revisión adicional y aquellos créditos que hayan sido no justificados para que fueran al Fobaproa, regresárselos a la cartera de los bancos, hoy extranjerizados, para que ellos cubran el servicio de esos créditos y no pasen a gravar a los contribuyentes, que me pareció exagerado la forma como se hizo.

Jesús Silva Herzog, ex secretario de Hacienda en los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado
(v.pág.31 del periódico Público del 6 de abril de 2004).

(V.pág.2-A del periódico El Informador del 20 de marzo de 2004).

Con el tiempo, la manga por la que pasaba la compra de cartera [por parte del Fondo Bancario de Protección al Ahorro] se ensanchó tanto, que en ella entraron operaciones de muy dudoso origen. Se trataba de evitar a toda costa que la quiebra "virtual" se hiciera "real".

[Se crea el] Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Su objetivo: que los pagarés del Fobaproa pudieran intercambiarse por papeles emitidos por esta nueva institución luego de una auditoría. La misión se le encomendó al prestigiado auditor canadiense Michael Mackey, contratado por la Cámara de Diputados en 1999.

Mackey encontró la aguja en el pajar: 72,700 millones de pesos que acogió el Fobaproa provenían de transacciones que no se habían ajustado a los criterios originales o que, simple y llanamente, eran ilegales. Se les conoció oficialmente como operaciones "reportables".

De tan contundente dictamen, el Congreso se planteó la realización de las auditorías conocidas como GEL (Gestión, Existencia y Legalidad), cuyo objetivo era depurar la lista de créditos y proceder al descuento de los pagarés antes de hacer el intercambio por los títulos del IPAB.

Semejante decisión provocó la reacción adversa de los banqueros, que tramitaron un amparo ante las instancias judiciales y consiguieron una suspensión provisional de las inspecciones del Instituto. Y aunque el IPAB puede revisar la cartera calificada como "reportable" por Mackey, la lucha en los tribunales sigue. Con todo, los diputados de la anterior legislatura recomendaron al IPAB proceder a la auditoría de ese tipo de transacciones.

En la Junta de Gobierno del IPAB celebrada el 23 de mayo de 2002, siguiendo la instrucción de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se determinó la realización de las nuevas auditorías a la cartera de los cuatro bancos sobrevivientes, Banamex, BBVA Bancomer, Bital (hoy HSBC) y Banorte. El problema fue que el Gobierno presentó a la Corte una controversia constitucional en contra de la ASF, al considerar que este organismo se estaba extralimitando en sus funciones.

Hoy en día, el litigio formal sigue su curso en los tribunales, pero bancos y autoridades han explorado diversas vías de arreglo extrajudicial y una de ellas es el llamado "encapsulamiento" de las operaciones presuntamente irregulares, para que el monto correspondiente al resto de los pagarés del Fobaproa sea canjeado por papeles del IPAB, antes de su vencimiento en 2005.

Pase lo que pase, el costo del "rescate bancario" lo estamos pagando todos y lo seguirán haciendo los que vienen atrás.

(V.pág.2-A del periódico El Informador del 20 de marzo de 2004).

Los 600,000 millones de pesos restantes de la deuda del Fobaproa corresponden a los bancos que quebraron, en los que los accionistas perdieron toda su inversión, porque miles de empresas no pudieron ya pagar el nivel de tasas de interés que hubo en México.

(V.pág.38 del periódico Público del 19 de marzo de 2004).

	Activos	Pagarés IPAB	Pagaré/Activos
Bital	166,043	68,623	41.3%
Banorte	203,383	81,582	40.1%
Banamex	399,407	112,500	28.2%
BBV-A-Bancomer	458,483	128,084	27.9%
Santander Mexicano	115,517	25,876	22.4%
Serfin	114,287	18,974	16.6%
Scotiabank Inverlat	88,891	2,819	3.2%

(V.pág.1A de la sección "Negocios" de Mural del 18 de marzo de 2004).

Y HSBC, BBVA y demás siglas que les acompañan: esos sí, con todas las de ley, nos tienen en sus garras: "Crece 200% la utilidad de la banca", reza el titular. ¿Y dónde están los créditos accesibles? En EU. Porque los de este país son francamente ridículos: me ofrecen dinero "ya, ya, ya" hasta al 43% anual, pero por mi cuenta en el banco gano una miseria de intereses, además de pagar por "manejo de cuenta" y por cada cheque que se pase de mi libreta de racionamiento.

El mes pasado me llegó un estado de cuenta atrasado, yo estúpidamente di un cheque de 157 pesotes que rebotó y acabé pagando 1,300 pesos por el terrible daño moral y sufrimiento al que seguro sometí al empleado que apretó un botón y vio en una pantallita que no tenía yo fondos. Y además, el capital extranjero, sin haber perdido aquí un centavo, viene, compra bancos ya capitalizados, ¡y luego cobra millonarios pagarés del Fobaproa!

Paco Navarrete
(v.pág.3B de Mural del 4 de marzo de 2004).

Carlos Tello Macías, exdirector del Banco de México declaró que México: "Es el país que más ganancias le reporta a BBVA, a pesar de que el crédito sigue restringido... es la joya de la corona, pues las ganancias que obtuvo aquí compensaron con creces las pérdidas que tuvo en Argentina y Brasil" ("La Jornada" 4/Feb./2004).

El día 17 de mayo de 2001, el Presidente Fox celebró que Citibank adquiriera Banamex en 12,500 millones de dólares, lo que olvidó decirle al pueblo es que de tal operación los banqueros extranjeros no pagaron impuestos y que tampoco se investigaron créditos endilgados por Banamex al Fobaproa (muchos de ellos eran irregulares; no se ajustaban a los propósitos originales y mucho menos cumplían con la legalidad necesaria).

Según la investigación realizada por la revista Proceso (Núm. 1288), entre los mexicanos beneficiados con dicha operación figuraban los apellidos: Hernández, Harp, Azcárraga, Zambrano, Díez, Servitje, Lozada, Quintana y Escandón. Pero más beneficiados aún resultaron los nuevos dueños de Banamex, quienes al adquirir el Banco se convirtieron en acreedores del IPAB por un monto de 110,000 millones de pesos, cuyos intereses anuales nos costarán a los mexicanos nada menos que 15,000 millones anuales.

Manuel Hernández Gómez
(V.pág.4-A del periódico El Informador del 21 de febrero de 2004).

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 5 de febrero de 2004).

(V.pág.8-A del periódico El Informador del 4 de noviembre de 2003).

Alberto Carrillo Armenta
(v.pág.17 del periódico Público del 30 de septiembre de 2003).

Existen enormes riquezas que fueron creadas a partir de fraudes solapados por el Fobaproa que la sociedad no tiene por qué absorber; tampoco la banca puede chantajear a la sociedad amenazando con que su capital contable se verá afectado pues ésta ha sido, gracias a las comisiones que se le permite cobrar, un negocio mucho más redituable de lo que jamás hubieran anticipado. Considero que debe darse un lugar a cada cosa y obligar a cada quien a cumplir sus compromisos.

Marcos Shemaría Zlotorynski es analista en materia económica
(v.pág.4-A del periódico El Informador del 23 de agosto de 2003).

"Algunos no tienen el dinero previsto porque pensaron que el tema del Fobaproa estaba sepultado. Mal hecho. Ellos están sujetos a la ley y sabían que vendrían nuevas auditorías. Así lo marca la ley del IPAB".

"Por supuesto que sí tienen dinero. Los banqueros de México son quienes obtienen mayores ganancias en el mundo y no dan créditos. ¿De dónde sacan esas ganancias? De dos lados: los intereses del Fobaproa y los altos precios de los servicios", sentenció el perredista..

(V.pág.3A de Mural del 21 de agosto de 2003).

(V.pág.10-A del periódico El Informador del 20 de agosto de 2003).

(V.pág.5A de Mural del 14 de agosto de 2003).

(V.pág.1A de la sección "Negocios" de Mural del 7 de agosto de 2003).

Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Fedral
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 6 de agosto de 2003).

(V.pág.3A de Mural del 31 de julio de 2003).

Sin embargo, la idea del no pago no se creó de la nada. Surgió a raíz de que los deudores de la banca se dieron cuenta que pagar sus saldos con los exorbitantes intereses que se habían acumulado en corto tiempo era una tontería, pues después de cada pago o reestructuración que se acordaba, aparecía un nuevo programa del mismo banco o un nuevo apoyo del Gobierno que mejoraba las condiciones anteriores. Era mejor esperar. Pero lo que más influyó en la actitud de los deudores, fueron las negociaciones que los mismos banqueros comenzaron a tener con sus clientes más duros, acordando importantes quitas de capital e intereses, o cuando pasaron al Fobaproa las carteras vencidas y cuyos pagos posteriormente eran negociados con descuentos todavía mayores.

En otras palabras, los 'ganones' eran los que no pagaban o ponían cara dura y los tontos o perdedores eran los que cumplidamente pagaban sus deudas sin ninguna negociación o descuento significativo de por medio.

La realidad es que se acabó la confianza. Ni ellos [los banqueros] confían en nosotros ni nosotros en ellos y mientras la sombra de la desconfianza en el sistema bancario esté presente, difícilmente avanzaremos como país (La burra no era arisca).

Ricardo Elías, arquitecto y empresario
(v.pág.4A de Mural del 3 de julio de 2003).

José Yuste
(v.pág.40 del periódico Público del 17 de junio de 2003).

Fue directa la flecha a Ramírez Marín: "Dicho representante del pueblo", le escribieron los panistas, "evidenciando creer que todavía gobierna su partido, pretende hoy que la Comisión Permanente apruebe un punto de acuerdo violatorio de la ley, convirtiendo ese órgano del Congreso en cómplice de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB), (actualmente) dominada por Francisco Gil Díaz y sus incondicionales colegas del Fobaproa: Jonathan Davis y Héctor Tinoco, entre otros".

Advierten los panistas que si el punto de acuerdo es aprobado hoy, entonces:

a) A Bancomer y Banamex no se les probaría que se beneficiaron del Fobaproa, aun cuando tenían salud financiera.

b) Mientras el Gobierno los rescataba, sus utilidades eran estratosféricas: Banamex: 2,154 millones de pesos, y Bancomer: 541 millones, al 31 de diciembre de 1995.

c) En el primer trimestre de 1996, Banamex pagó dividendos por 504 millones, y Bancomer, por 200 millones.

d) Los entonces miembros del Comité Técnico del Fobaproa -sigue el texto de los panistas- comprometieron indebidamente los recursos del Estado, al firmar pagarés.

Algunos de los entonces miembros del Comité, ahora vocales de la Junta del IPAB, son Jonathan Davis y Héctor Tinoco.

Lo que afirman los panistas ya lo habían dicho voces del PRD, como las del diputado jalisciense Antonio Magallanes y de Mario D'Constanzo, éste un economista con brillo propio que cobra como asesor de la bancada perredista.

Acaso una diferencia: mientras los panistas en su texto sólo mencionan a Bancomer y Banamex, D'Costanzo y Magallanes insisten en que la bronca también incluye a Banorte y Bital.

Los cuatro bancos -han dicho los perredistas- pretenden que mediante las "auditorías light" que proponen los diputados priistas Jorge Carlos Ramírez Marín y David Penchyna Grub, una deuda que es de ellos, por unos 45 mil millones de pesos, se convierta en deuda pública. Es decir, para que la absorba el IPAB y entonces sea pagada con dinero producto de los impuestos... como sucedió con los créditos del Fobaproa, el 12 de diciembre de 1998.

La postura del PRD, según D'Costanzo, consiste en los siguientes pasos básicos: resolución del conflicto de intereses, mediante la sustitución de los vocales Jonathan Davis, Héctor Tinoco y Luis Mancera Arrigunaga.

¿En qué consiste el conflicto de interés? D'Costanzo rememora que Luis Mancera Arrigunaga, actual director general de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y principal operador del Gobierno federal y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en este conflicto de los banqueros, es primo hermano de quien fue el director del Fobaproa, Javier Arrigunaga, por cierto actual director de Operaciones de Banamex.

"Adicionalmente", sigue D'Costanzo, "Luis Mancera Arrigunaga se desempeñó hasta el 10 de mayo de 2002 como director jurídico de Avantel y cercano colaborador de Francisco Gil Díaz cuando éste fue el director general de la telefónica, entonces propiedad de Banamex..."

D'Costanzo afirmó al reportero: "A Luis Mancera, el secretario de Hacienda, Gil Díaz, [le] ha encargado de manera personal la negociación con los bancos que se niegan a ser auditados (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte) y que han interpuesto amparos para evitar las auditorías que ordena el Artículo Quinto Transitorio de la Ley del IPAB".

El asesor economista del PRD, dijo también de Luis Mancera: "Este fue conocido en su época de director jurídico de Avantel como el 'zar' del amparo, y fue él quien diseñó la demanda de controversia constitucional que el Presidente Vicente Fox promovió contra la Cámara de Diputados (en marzo pasado), para dejar sin efecto las recomendaciones de la Auditoría Superior de la federación, donde se solicita le sean descontados a Banamex, unos siete mil millones de pesos producto de que el Fobaproa les compró créditos (cartera) con todo e intereses moratorios, cuando no le estaba permitido hacerlo al Fobaproa".

Vicente Bello en su sección "Tren Parlamentario"
(v.pág.7-A del periódico El Informador del 4 de junio de 2003).

Al 31 de diciembre de 2002, las obligaciones derivadas del Programa de Capitalización y Compra de Cartera del Fobaproa ascendieron a 208,409 millones de pesos. Lo anterior representa un incremento de 1% en términos reales con respecto al mismo registrado al cierre del 2001, el cual ascendía a 195,226 millones de pesos.

Es desde todos los puntos de vista reprobable -y demuestra de qué lado está el gobierno federal- que se intente por medio de la citada controversia, que tan sólo uno de estos bancos no quiera recibir cerca de 8 mil millones de pesos de créditos fraudulentos que autorizó. Hasta ahora están muy tranquilos, o más bien litigando abiertamente o a escondidas para no verse afectados en sus intereses. Este ha sido un tema recurrente, y algunos de los banqueros han utilizado toda serie de artimañas legales e ilegales para impedir la decisión de la Auditoría Superior de la Federación.

Seguramente el Ejecutivo y sus clientes preferidos están esperando que la llegada de una nueva legislatura y, sobre todo, una nueva composición, les permita avanzar para no ejecutar las acciones ordenadas por la Cámara de Diputados. Afortunadamente la Corte negó la suspensión provisional que solicitaba el Ejecutivo para que, mientras hubiera una decisión al respecto, quedaran en suspenso los oficios de la Auditoría Superior. El ministro Castro y Castro desechó tal petición y argumentó correctamente que tal petición iría en contra de la economía nacional. Parece mentira que tenga que ser la Suprema Corte de Justicia quien enmiende la plana al ejecutivo, en un tema tan sensible como son los recursos que destina el pueblo, a través de sus impuestos, y que se pretenda que dichos recursos favorezcan a una minoría enriquecida ilegalmente.

Como bien arguye el señor ministro, las deudas eran privadas, pero al ser metidas al Fobaproa se han convertido en deuda pública y por lo tanto afectan a la economía nacional.

Si uno ve los resultados de los bancos, en la mayoría de los casos las utilidades son cuantiosas, gracias, entre otras cosas, a que estos pasivos los están pagando, o por lo menos se intenta que los paguen, los mexicanos, y esto no tendría que ser posible en un régimen que se dice democrático y, sobre todo, pretendidamente honrado. Con qué cara el gobierno federal habla del combate a la corrupción y exige que se den clases de ética a los estudiantes en las universidades y al mismo tiempo trata de ocultar y salvar irregularidades mayores cometidas por algunos de los banqueros, y solapadas por el actual y el anterior régimen presidencial. En este caso, como en muchos otros, el cambio no ha servido de nada, pues es esencialmente lo mismo. Una y otra vez se ha tratado que dichos créditos fraudulentos se devuelvan a los banqueros, para que ellos los cobren o los paguen, y una y otra vez han puesto obstáculos. Qué bueno que ahora la Suprema Corte de Justicia dará la última palabra en este conflicto, que difícilmente será en contra de la economía nacional, como argumentó el Ministro de la Corte o más llanamente, en contra de la gran mayoría de los mexicanos.

Para los bancos y sus dueños no será mayor problema aceptar estos créditos irregulares, pues cuentan con los instrumentos para cobrarlos. Ellos saben muy bien quiénes son los deudores. A muchos de éstos los vemos continuamente en las páginas de sociales de los periódicos y, en última instancia, sólo tienen que modificar los resultados de sus grandes utilidades.

Enrique del Val Blanco
(v.pág.8A del periódico Ocho Columnas del 5 de mayo de 2003).

Nadie debe beneficiarse de un acto ilícito y si el Fobaproa compró créditos vencidos de manera indebida, los bancos no deben cobrar. Esto no lo ignora el presidente Vicente Fox, por lo que su defensa desesperada de los bancos involucrados tiene el propósito evidente de validar un acto ilícito. Se supondría, por lo demás, que un Presidente debe defender la hacienda pública y no querer pagar lo que no debe ser pagado. Por lo visto, estamos viviendo tiempos muy contradictorios.

Sería del todo correcto que el gobierno federal asumiera la resolución de la Auditoría Superior de la Federación, la cual cuenta con facultades constitucionales, y permitiera que el proceso de revisión de los pagarés del Fobaproa siguiera su curso normal. Los bancos involucrados son muy fuertes, han tenido buenas ganancias y no se encuentran en riesgo de quebrar por el solo hecho de que sus pagarés sean disminuidos.

Una consecuencia posterior al retiro parcial de los pagarés a dichos bancos podría llevar a que los vendedores mexicanos tuvieran que pagar alguna indemnización a sus socios extranjeros, pero esto tampoco resulta perjudicial para el país. Los vendedores mexicanos de los bancos sobrevivientes hicieron el negocio de su vida con los pagarés del Fobaproa y no estaría nada mal que tal negocio fuera al menos disminuido.

Éste es un asunto de elemental decencia si no se quiere hablar de ética o de probidad. Pedir explicaciones políticas al Presidente de la República, como si tuviéramos una república completa, es lo que hay que hacer.

Pablo Gómez
(v.pág.21 del periódico Público del 2 de mayo de 2003).

Es decir, Fobaproa tiene trabado el presupuesto y tiene trabado el desarrollo.

Muchos exportadores se están quejando de la paridad. Siempre lo hacen, pero ya lo que se está escuchando es que los flujos de inversión hacia las exportaciones, flujos de inversión de fuera hacia actividades exportadoras, están bajando un poco, porque están viendo que no hay competitividad suficiente.

La sobrevaluación es un tema que están alegando los propios exportadores. ¿Por qué la hay? La hay porque como no hay crédito para los productores, lo tienen que buscar afuera. Traen dinero de afuera para financiarse y entramos al viejo círculo de entrada de capitales y esterilización, y con la esterilización va para arriba la sobrevaluación, y la competitividad se pierde.

Así que fue tan malo el esquema de rescate bancario, que no sólo perjudicó al esquema de desarrollo, sino también perjudicó el aliciente para exportaciones.

Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994
(v.primera plana y págs.2-A y 3-A del diario El Informador del 11 de diciembre de 2002).

Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994
(v.primera plana y pág.22 del periódico Público del 10 de diciembre de 2002).

El gobernante citadino arremetió además contra el Gobierno federal, señaló al secretario de Hacienda y al gobernador del Banco de México de ser 'empleados' de los banqueros por solapar al Fobaproa.

Es notorio que de un tiempo indeterminado pero corto, a la fecha; las instituciones bancarias del país han realizado una serie de maniobras para cobrar a los clientes todos los servicios que prestan. Reposición de tarjetas de crédito, reportes de extravío o robo de documentos, remesas de fondos, fijación de cobro discrecional por cheque devuelto. Sólo por citar algunos ejemplos, pero en general, todos los servicios que antes no se cobraban, ahora los clientes los tienen que pagar. Coincido en ciertos aspectos con los funcionarios del D.F. respecto a los calificativos, pues algunos de estos cobros son excesivos y otros tienden a ser abusivos, además del pésimo servicio que otorgan casi todas las sucursales bancarias.

El mejoramiento de los servicios que prestan las instituciones bancarias debe de ser exigido por los propios consumidores, 'basta ya' de que nos manejen dócilmente a los millones de usuarios en el país, en complacencia con las autoridades, el freno es de usted. ¿Por qué soportamos los abusos de la banca?

¿Saben ustedes por qué no opera la competencia de los bancos en nuestro país? Simplemente porque el sufrido pueblo mexicano aguanta todo.

(Comentario del webmaster: Es bien claro que el negocio de los bancos es con el gobierno [v.gr.: pagarés del Fobaproa/Ipab] los demás clientes les importan poco. Los atienden sólo para poder seguir llamándose bancos y porque requieren cajas para recibir los pagos a las tarjetas de crédito, pero si pudieran no tendrían ni sucursales abiertas. Ellos ganan con el simple transcurrir del tiempo).

Luis E. Villa Herrejón, abogado
(v.pág.5-A de El Informador del 8 de mayo de 2002).

La banca... debe abatir sus ineficiencias y comenzar a pagar la deuda moral que contrajo con la sociedad mexicana a través del Fobaproa. Los contribuyentes mexicanos estamos pagando una fortuna cada año en forma de subsidios a la banca y merecemos un sistema bancario que esté a la altura de nuestras aportaciones... El mayor negocio de los bancos mexicanos es la administración de los pagarés Fobaproa-IPAB y eso no puede ser.

Luis Miguel González
(v.pág.19 del periódico Público del 19 de abril de 2002).

Hay que leer con interés a Carlos Salinas. No es que haya recuperado credibilidad de repente, pero lo que dice está bien sustentado y en algunas cosas, tiene que ver con temas clave para México. A muchos no les gusta su voz, pero nadie puede negar que tiene razón cuando nos recuerda que no se puede dar por cerrado el caso del Fobaproa. No es el primero que lo dice, pero hasta ahora en la lista de los críticos del rescate bancario predominaban los perredistas y ciudadanos que no tienen tanta preparación técnica. Dicho de otro modo, no había un tecnócrata tan prominente y bien informado como Salinas. ¿Por qué no volvemos a investigar el rescate bancario? Son casi cien mil millones de dólares que pagaremos entre todos, a pesar de que hay varios millonarios que se beneficiaron del desorden. El Fobaproa es el gran escándalo financiero de la historia de México. No fue asunto de magia negra, sino una mezcla de buenas intenciones públicas que encarnaron en instituciones vulnerables y fueron víctimas ideales del crimen organizado de las finanzas. Hay preguntas que ahora no tienen respuesta, pero podrían tenerla si las autoridades hicieran un esfuerzo por buscarla.

Luis Miguel González
(v.pág.19 del periódico Público del 22 de marzo de 2002).

José Antonio Murillo Hernández.
(v.pág.17A del diario Ocho Columnas del 18 de junio de 2000).

Después, los bancos declaraban como deudas impagables al no existir acreedor a quién cobrar.

Para cuando salieron a la luz pública estos fraudes, los banqueros ya habían huido, dejando a los bancos con grandes pasivos.

La crisis de 1995 aumentó las tasas de interés, acrecentando aún más las deudas, y esto puso al borde de la quiebra a los bancos y también la balanza nacional de pagos.

Para evitar el colapso financiero del país, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo decide vender los bancos, pero compró la cartera vencida para sanearlos y poder venderlos, es decir, compra el dinero saqueado para que los bancos tengan a quién cobrar.

La deuda se transfirió al Fondo de Protección al Ahorro, (Fobaproa), donde el gobierno adquiere una deuda aproximada de 900,000 millones de pesos.

Luego el gobierno convierte esos pasivos en deuda pública, es decir, deuda que tiene que pagar vía presupuesto, con los impuestos pagados por el ciudadano, y sustituye los pagarés de Fobaproa por los del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

A partir de entonces, en el presupuesto de cada año se destina una cantidad importante para pagar los intereses de dicha deuda y abonar una mínima parte al capital.

El gobierno zedillista realizó esta operación sin el aval del Congreso, costo político que arrastra su administración. Se creó la ley del IPAB para darle curso legal al pago de esta deuda, esta sí aprobada por el Congreso.

El Congreso reprochó que no se hicieran auditorías a los bancos antes de convertirlos a deuda pública. El presidente Zedillo argumentó que no se podía violar el secreto bancario (por ley las instituciones bancarias se reservan la información de sus inversionistas), a lo que un fallo de la Corte dijo: "Pero sí cuando se convierte en deuda pública".

Se contrataron los servicios de un canadiense para la investigación y auditoría a los bancos defraudados, y como resultado dio una lista de personalidades que están involucradas en los fraudes bancarios. Lista que por cierto no se ha dado a conocer (presumiblemente porque gente importante de la política está implicada).

Los bancos se ampararon ante la amenaza de que las auditorías arrojaran deudas erróneamente adquiridas por el gobierno, por ser créditos irregulares que deben ser absorbidos por los bancos.

(V.pág.2-A de El Informador del 17 de julio de 2004).

Para evitar la quiebra, un banco tendría que reducir sus pasivos en la misma magnitud que perdió activos. Pero los pasivos del banco son los ahorros de sus cuentahabientes. En otros países, cuando hay una crisis, una parte del ahorro se pierde, pero en México eso no pasó, porque la ley no lo permitía. Al no poder reducir los pasivos, los bancos estaban en quiebra.

Pero si un banco quiebra, ya no le paga a nadie, y por eso tuvo el gobierno que entrar al rescate. Se trató, simplemente, de cubrir los activos que habían desaparecido con papeles garantizados por el gobierno. Pero aquí es donde aparece el problema. El Fobaproa intercambió con los bancos esos créditos incobrables por papeles gubernamentales. Pero no se realizó un trabajo cuidadoso para separar los créditos que no se podían cobrar por la crisis, de los que los bancos habían otorgado mal.

En otras palabras, los bancos aprovecharon el rescate para incluir todos los créditos malos que tenían. Algunos de esos, no hay duda, por fallas normales, pero otros, muy posiblemente, por simple fraude.

Así, al mismo tiempo que se rescataba el sistema bancario, algo indispensable, se financiaban errores de los banqueros, sin distinguir entre una cosa y otra. Y eso es lo que nunca se ha diferenciado. A la fecha, seguimos sin saber cuánto fue de cada cosa...

Macario Schettino
(v.pág.4C del periódico Ocho Columnas del 11 de agosto de 2003).

Debido a la grave crisis económica de 1994, el Gobierno Federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores, esto sin ninguna afectación a la riqueza de los banqueros.

Después de ejercido el fondo de contingencia del Fobaproa empezaron a surgir evidencias de irregularidades en cuanto a la aplicación de dicho fondo, en el sentido de que fueron incluidos como beneficiarios del rescate bancario, empresarios y banqueros que de manera indebida incorporaron sus propios débitos en el rescate; a partir de esta situación, la Cámara de Diputados acordó la aplicación de una auditoría especial al Fobaproa con un costo de 20 millones de dólares, la cual fue encargada al auditor Michael Mackey; el resultado fue una investigación de carácter general, que no esclareció de manera suficiente las dudas sobre las irregularidades y por ende, no estableció las posibles responsabilidades y en particular, no llegó a conclusiones que posibilitaran la reducción del costo fiscal de los pasivos del Fobaproa.

En 1998 la Cámara de Diputados aprobó el decreto que convirtió los pasivos del Fobaproa en deuda pública; de igual manera posteriormente se constituyó el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el cual sustituyó al Fobaproa y tiene su sustento legal en la Ley de Protección al Ahorro; constituyéndose el IPAB como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, es objeto de revisión fiscal por parte de la instancia gubernamental correspondiente, siendo que actualmente le corresponde esta labor a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El 28 de julio del presente año la ASF informó que inició el trámite para que el Gobierno Federal "recupere y en su caso descuente" 50,316 millones de pesos a cuatro instituciones bancarias, por créditos que no debieron incluirse en el Fobaproa; no obstante que el monto a recuperarse señalado en el informe del Auditor Superior es importante, hay voces que señalan que el monto de los recursos irregulares indebidamente registrados como pasivos del Fobaproa sería del orden de 300,000 millones de pesos; ha trascendido también que la ASF tiene contemplado presentar denuncias penales y administrativas contra quienes integraron el comité técnico del Fobaproa que otorgó el aval a Bancomer, Banamex, Banorte y Bital, para beneficiarse con el Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Además, la ASF aún investiga el destino de 13,018 millones de pesos autorizados para el rescate bancario, cuyos intereses actualizados podrían alcanzar los 30,000 millones.

En este orden de ideas es muy reveladora la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que señala que entre diciembre de 2000 y mayo de este año, el gobierno de Vicente Fox destinó a la banca comercial 64,656.8 millones de pesos como pago de los intereses generados por el endeudamiento asumido con ella mediante el IPAB, esa cantidad equivale a 70.1% de las ganancias netas de las instituciones bancarias en el mismo periodo, que ascendieron a 92,156 millones de pesos, según sus reportes financieros; con esto queda demostrado que los banqueros no están del lado de México, y que su principal objetivo es lucrar, no importando si esto es a costa de los más pobres. El quebranto del Fobaproa ha sido el más cuantioso en la historia de México y su rescate ha sido asimismo el que más ha sangrado al erario público: actualmente nos cuesta a los mexicanos más de 800,000 millones de pesos, cantidad equivalente a 15% del Producto Interno Bruto actual.

Las resoluciones de la ASF tienen como base las facultades que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación le señala, en particular las que se encuentran en su Título Tercero, Cuarto y Quinto; no obstante, se ha suscitado una serie de presiones extralegales de diversos actores políticos y económicos afectados por las resoluciones del informe, que tratan de descalificar el trabajo de la ASF y frenar, en el mejor de los casos, el impacto y las consecuencias legales que ellas implican.

Salvador Caro Cabrera
(v.pág.6/A del periódico El Occidental del 10 de agosto de 2003).

DINERO

Enrique Galvan Ochoa $ Un negocio genial $ Citibank, numero uno.

Cuando el banquero Roberto Hernández le prestó la residencia de Reforma 706 al presidente electo Fox para que instalara sus oficinas provisionales no nos contaron la historia completa. Tal vez ya estaba negociándose la venta de Banamex a Citibank. Sin duda es uno de los negocios más brillantes que se han hecho en México. Pedro Aspe narra en su libro "El camino mexicano de la transformación económica" que Salinas de Gortari -de quien Aspe fue secretario de Hacienda- vendió Banamex al grupo de inversionistas encabezado por Roberto Hernández y Alfredo Harp el 30 de agosto de 1991. Una década después los entonces poco conocidos pero hoy celebérrimos financieros deciden revenderlo a Citibank, quedándose como accionistas minoritarios y con la administración. Vean ustedes: (Dólares) venden en: 12,500 millones; compraron en: 9,744 millones. Utilidad: 2,756 millones.

No faltará quien advierta que al renglón de la utilidad faltaría añadir lo que ganaron a lo largo de los 10 años que tuvieron el banco bajo su control. Buen punto. Pero recordemos que 3 años después de que lo tomaron a su cargo estalló la crisis, y los clientes dejaron de pagar; el gobierno, para evitar su quiebra, hubo de comprarles las cuentas incobrables. Sin embargo, no tenía cash y a cambio les dio pagarés. Banamex fue beneficiado con uno de los más cuantiosos. Pero aún hay más. Don Roberto le presto 35 mil millones al Fobapan -el heredero del Fobaproa- para que apoyara el salvamento de otros bancos. En resumen, según la página del Fobapan en internet, el gobierno le debe a Banamex alrededor de 90 mil millones de pesos. Pero su cobranza ha sido cuestionada en el Congreso, como todo el rescate bancario.

Al asociarse con Citibank, bajo la sombra de los banqueros -y el gobierno- estadunidense, ahora está segura.

Los intocables. Hace un año por estos días se publicó una noticia estimulante: el Fobapan había cubierto anticipadamente su pagaré Fobaproa a Citibank por 25,000 millones de pesos. Era el primer banco en ser liquidado por completo. Para asombro de todos, la noticia puso furioso a Citibank. La razón no era tan difícil de entender: al recibir el pago adelantado perdía el subsidio en forma de intereses que esperaba embolsarse a lo largo de los siguientes años. Citibank amenazó con recurrir a los tribunales, vino Kissinger con cara de pocos amigos y ¿qué creen? Zedillo dobló las manitas. Le dio una disculpa, corrió a Vicente Corta, entonces director del Fobapan y lo compensó generosamente. No era la primera vez que Citibank probaba su fuerza. Recuerden que fue el único al que López Portillo no se atrevió a tocar con la nacionalización. Ahora, al comprar Banamex, se convierte en el número uno del país. ¿Quién va a pagar a los bancos?

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